Siempre! • 27 de enero de 2013

Martín Esparza

Libres de las presiones ejercidas por Felipe Calderón Hinojosa y su gabinete, los ministros de la

Suprema Corte de Justicia de la Na-ción (SCJN) parecen devolver al Poder Judicial, en el nuevo gobierno encabe-zado por Enrique Peña Nieto, su auto-nomía y credibilidad, puestas en tela de juicio en el anterior sexenio.

Uno de los dos casos emblemáti-cos que demostrarían en el terreno del Estado de derecho si los miembros del Alto Tribunal retomaban el sentido que la Constitución les marca como guar-dianes de la aplicación exacta de las leyes, negando someterse a los de-signios del Ejecutivo en la ilegal salva-guarda de oscuros intereses persona-les y políticos, era sin duda alguna el polémico caso de la francesa Floren-ce Cassez.

Como se recordará, el asunto puso en un brete a los miembros de la Se-gunda Sala del máximo órgano de jus-ticia del país, el pasado año, cuando

saltó a la palestra del desaseado pro-ceso en contra de la extranjera, acu-sada de secuestro, el burdo montaje mediático realizado en diciembre del 2005 por el entonces director de la AFI, y después titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Durante el juicio persistió en el pa-sado sexenio el fantasma de la duda sobre la presión ejercida por la admi-nistración de Felipe Calderón para que los ministros encabezados por Artu-ro Zaldívar Lelo de Larrea protegieran con su fallo los errores cometidos por uno de los funcionarios consentidos del expresidente, que pasó por alto no sólo los básicos fundamentos proce-sales sino además los tratados inter-nacionales que obligan a la asistencia consular en caso de delitos cometidos por extranjeros.

Fue evidente que ante tal avasalla-miento a los derechos humanos de la procesada, la aplicación de la ley no dejaba otra salida que la liberación de Cassez. Y en ese sentido iba a tomar camino la decisión de los ministros,

pero todo indica ahora que la arbitra-ria e impositiva injerencia del expresi-dente para evitar un daño de propor-ciones mayúsculas a la imagen política de su partido y su gobierno, que aca-baron por irse a pique en las eleccio-nes de julio pasado, terminó alargando el proceso hasta remitirlo a la esfera de un nuevo gobierno que nada tuvo que ver con el monstruoso desaseo jurídi-co armado en torno a este asunto que provocó, en 2011, una grave crisis di-plomática con el gobierno de Francia.

El pasado miércoles, y con la mira-da de los medios nacionales y extran-jeros puesta en el caso de Cassez, la Corte recobró parte de esa dignidad y autonomía que parecían perdidas al otorgar el amparo liso y llano en pro de la liberación de la extranjera, con tres votos a favor de los cinco ministros de la Primera Sala que coincidieron en su argumentación jurídica sobre las múlti-ples violaciones al proceso y a los de-rechos humanos de la ciudadana fran-cesa, que además transgredieron de manera flagrante los convenios inter-nacionales en la materia.

Después del caso Cassez

SME: en las manos y en la conciencia de la Corte

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Siempre!38 • 27 de enero de 2013

Martín Esparza

Libres de las presiones ejercidas por Felipe Calderón Hinojosa y su gabinete, los ministros de la

Suprema Corte de Justicia de la Na-ción (SCJN) parecen devolver al Poder Judicial, en el nuevo gobierno encabe-zado por Enrique Peña Nieto, su auto-nomía y credibilidad, puestas en tela de juicio en el anterior sexenio.

Uno de los dos casos emblemáti-cos que demostrarían en el terreno del Estado de derecho si los miembros del Alto Tribunal retomaban el sentido que la Constitución les marca como guar-dianes de la aplicación exacta de las leyes, negando someterse a los de-signios del Ejecutivo en la ilegal salva-guarda de oscuros intereses persona-les y políticos, era sin duda alguna el polémico caso de la francesa Floren-ce Cassez.

Como se recordará, el asunto puso en un brete a los miembros de la Se-gunda Sala del máximo órgano de jus-ticia del país, el pasado año, cuando

saltó a la palestra del desaseado pro-ceso en contra de la extranjera, acu-sada de secuestro, el burdo montaje mediático realizado en diciembre del 2005 por el entonces director de la AFI, y después titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Durante el juicio persistió en el pa-sado sexenio el fantasma de la duda sobre la presión ejercida por la admi-nistración de Felipe Calderón para que los ministros encabezados por Artu-ro Zaldívar Lelo de Larrea protegieran con su fallo los errores cometidos por uno de los funcionarios consentidos del expresidente, que pasó por alto no sólo los básicos fundamentos proce-sales sino además los tratados inter-nacionales que obligan a la asistencia consular en caso de delitos cometidos por extranjeros.

Fue evidente que ante tal avasalla-miento a los derechos humanos de la procesada, la aplicación de la ley no dejaba otra salida que la liberación de Cassez. Y en ese sentido iba a tomar camino la decisión de los ministros,

pero todo indica ahora que la arbitra-ria e impositiva injerencia del expresi-dente para evitar un daño de propor-ciones mayúsculas a la imagen política de su partido y su gobierno, que aca-baron por irse a pique en las eleccio-nes de julio pasado, terminó alargando el proceso hasta remitirlo a la esfera de un nuevo gobierno que nada tuvo que ver con el monstruoso desaseo jurídi-co armado en torno a este asunto que provocó, en 2011, una grave crisis di-plomática con el gobierno de Francia.

El pasado miércoles, y con la mira-da de los medios nacionales y extran-jeros puesta en el caso de Cassez, la Corte recobró parte de esa dignidad y autonomía que parecían perdidas al otorgar el amparo liso y llano en pro de la liberación de la extranjera, con tres votos a favor de los cinco ministros de la Primera Sala que coincidieron en su argumentación jurídica sobre las múlti-ples violaciones al proceso y a los de-rechos humanos de la ciudadana fran-cesa, que además transgredieron de manera flagrante los convenios inter-nacionales en la materia.

Después del caso Cassez

SME: en las manos y en la conciencia de la Corte

Siempre! 27 de enero de 2013 •

El segundo caso ahora por dilu-cidar en el Máximo Tribunal es el del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al que de igual forma los fun-cionarios de Calderón trataron por to-dos los medios de confundir a la Su-prema Corte con una inexistente in-viabilidad financiera de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, para justifi-car el insostenible decreto de su ex-tinción, emitido por Calderón el 11 de octubre de 2009, y que arrojó a la ca-lle a 44 mil trabajadores electricistas, 16 mil 599 de los cuales rechazaron las migajas de su liquidación y gana-ron el pasado 13 de septiembre, des-pués de una ardua lucha de resisten-cia, un amparo en contra del laudo emitido el 30 de agosto del 2010 por la Junta Federal de Conciliación y Ar-bitraje.

El veredicto emitido a su favor por unanimidad de los miembros del Se-gundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y que les resarce, entre otros beneficios, su fuente de empleo, lejos de acatarse fue impugnado por Calderón Hino-

josa mediante el abogado del SAE, Humberto Cavazos Chena, cuestio-nado laborista que junto con su her-mano Baltazar han sido denuncia-dos en los medios como operado-res de la empresa Servicios Integra-les de Autopistas (SIASA), que bajo los gobiernos del PAN contribuyeron al desmantelamiento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para poner el rentable negocio del man-tenimiento carretero en manos pri-vadas. Los casi 67 millones de pe-sos cobrados por Humberto al SAE le han permitido darse lujos como el ir a cazar elefantes y leones al África, costosos gustos que sólo se creía que eran accesibles al bolsillo de personajes de la realeza como el rey de España, Juan Carlos de Borbón,

según publicó hace unos días un co-nocido medio.

Ahora los ministros tendrán tam-bién en sus manos, y en sus concien-cias, la responsabilidad de desechar los infundados alegatos esgrimidos por Humberto Cavazos en contra del amparo del Segundo Tribunal que ga-rantiza los derechos laborales de los trabajadores del SME que, como en el caso de Florence Cassez, forman par-te de sus derechos humanos, pisotea-dos de manera inobjetable por el go-bierno de Calderón.

En ambos atropellos vale citar lo reflexionado por el ministro Zalvídar en la sesión de la histórica resolución de la Corte: “El respeto a los derechos humanos es lo que diferencia la demo-cracia del autoritarismo”.

Los derechos laborales de los

trabajadores del SME [fueron] pisoteados de

manera inobjetable por el gobierno de Calderón.

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