sobre la reparación colectiva en colombia -el caso de las zonas de reserva-

8/8/2019 Sobre la Reparacin Colectiva en Colombia -El caso de las zonas de reserva-.

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Memorias

SOBRE LA REPARACIN COLECTIVA EN COLOMBIA-El caso de las zonas de reserva-

Serie Documentos deTrabajo VI


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Serie Documentos de Trabajo VI

Noviembre de 2007


Consultor:Arturo Garca Durn

Embajada del Reino de losPases Bajos

Con el apoyo de:


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Introduccin

En la perspectiva de la superacin del conflicto armado que ha padecido el pas, lareparacin es un aspecto fundamental para la reconciliacin de vctimas con victimarios yla sociedad en general. Tambin para romper cadenas de odio y venganza que tienden areproducir la violencia. Adems es la nica forma en que se hara aceptable, nacional einternacionalmente, un proceso de paz.

El conflicto armado en buena medida se puede interpretar como un proceso se solucin deproblemas o apropiacin de bienes pblicos y privados en funcin de intereses particulareso grupales, en una situacin donde no se respeta un marco normativo que rige para elconjunto de la sociedad, ni los procesos all establecidos para dirimir diferencias, por partede un grupo que pretende suplantar o suplanta parcialmente al Estado.

Las formas de victimizacin de la poblacin son mltiples y se dan a dos niveles:individual y colectivo. A nivel individual se tienen asesinatos, desapariciones, torturas,lesiones, desplazamiento, terrorismo, amenazas, secuestro, extorsiones, boleteo,apropiacin de tierras, etc., que suele ser a lo que primero se refiere cuando se piensa en el

tema de la reparacin.

Hay menos conciencia de los costos del conflicto y la necesidad de reparacin cuando losactos de violencia y sus acciones colaterales recaen sobre bienes colectivos. Atentadossobre el medio ambiente, el robo de los presupuestos de los gobiernos nacional,departamentales o municipales, las amenazas y los atentados contra la justicia, laapropiacin de rentas asociadas a manejo preferencial de la regulacin o los serviciospblicos (servicios pblicos domiciliarios, seguridad, ordenamiento territorial,infraestructura, etc.) que terminan afectado sensiblemente ciertos bienes como por ejemplola tierra, son todas formas que afectan a grupos de poblacin o la poblacin en su conjuntoy que tambin deberan conllevar programas de reparacin.

La reparacin busca hacer una compensacin para quienes sufrieron cualquieras de estasviolaciones en tanto hayan sido cometidas por alguno de los grupos armados al margen dela ley que hagan parte de un proceso de negociaciones de paz. En tal sentido, la reparacindebe por un lado ser individual para resarcir al menos parcialmente los efectos del conflictoarmado. Pero por otro lado, debe existir una reparacin colectiva, la cual es la que enltimas va a dar sostenibilidad a todo el proceso. A esta segunda clase de reparacin poconfasis se la ha dado. A una de estas formas de reparacin, la que tiene que ver con laproteccin de zonas de reserva, se dedica este trabajo.


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Reparacin en Colombia: el debate actual

Luego de la sancin y reglamentacin de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), eltema de la reparacin de las vctimas del conflicto armado ha adquirido un posicionamientonotable. En los anteriores procesos de paz en Colombia no existi ningn tipo de reparacinindividual a las vctimas de los grupos guerrilleros que se desmovilizaron, fuera del perdnpblico que realizaron algunos de sus dirigentes.

Sin embargo, existieron de manera marginal iniciativas dentro de los acuerdos finales depaz para garantizar el desarrollo regional en las zonas donde estos grupos haban operado.

Muestra de ello se evidencia en el acuerdo con la Corriente de Renovacin Socialista y sucaptulo 1 en donde se estableca que para impulsar el desarrollo de las comunidadesafectadas por el conflicto armado, el Gobierno Nacional y la Corriente de RenovacinSocialista acuerdan un Programa de Inversin Social cuyo objetivo es contribuir a mejorarlas condiciones de vida en determinadas zonas del pas. El programa se fundamentar enla participacin comunitaria como espacio de concertacin y decisin, mecanismo propiode una democracia participativa. El Programa de Desarrollo Regional tendrcomplementos en materia de vivienda y de tierras1.

Desde luego, dicha figura no es asimilable a la reparacin colectiva de vctimas, peroconstituye un antecedente para interpretar, desde lgicas ms amplias e incluyentes,

distintos aspectos que deberan considerarse dentro de un acuerdo marco de paz con gruposarmados ilegales: el entorno donde se desarroll y tuvo su impacto la violencia.

La Ley de Justicia y Paz -Ley 975 de 2005- surge como un complemento jurdico a la Ley782 de 2002 para los casos en que las conductas delictivas cometidas por los miembros delos grupos armados organizados al margen de la ley durante y con ocasin de supertenencia al grupo, no queden cobijadas por sta. Es decir, que aplica cuando no seaposible conceder el indulto, la cesacin de procedimiento, la resolucin de preclusin de lainstruccin o la resolucin inhibitoria, por estar stos vinculados en investigaciones oprocesos relacionados con actos atroces, de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro,genocidios, homicidios cometidos fuera de combate, o colocando a la vctima en estado de

indefensin.

Para acogerse a los beneficios de la ley los miembros de estos grupos deben cumplir unconjunto de requisitos, que pueden clasificarse en tres grupos: unos requisitos deelegibilidad para ser considerados como futuros beneficiarios; unas condiciones dentro delproceso mismo; y unos compromisos despus de cumplirse la pena alternativa. Dentro delsegundo grupo de requisitos se inserta el tema de la reparacin.

1 Acuerdo Poltico Final, Gobierno Nacional - Corriente de Renovacin Socialista. Flor del Monte, abril 9 de1994.


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Formalmente, la Ley de Justicia y Paz incluye cinco formas de reparacin, concurrentes ycomplementarias, cuya aplicacin la determina el juez de justicia y paz.

1. La restitucin, definida como las acciones que propenden por regresar a lavctima a la situacin anterior a la comisin del delito;

2. La indemnizacin, que se refiere a la compensacin de los perjuicios causadospor el delito;

3. La rehabilitacin, que comprende las acciones que buscan recuperar la saludmental y fsica de las vctimas;

4. La satisfaccin, que es definida en la Ley como una compensacin moral ycomprende las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la vctima y a ladifusin de la verdad y, finalmente;

5. La garanta de no repeticin2, que se manifiesta principalmente en ladesmovilizacin y el desmantelamiento de los grupos armados.

Lo anterior se traduce en: la entrega al Estado de bienes obtenidos ilcitamente para lareparacin de las vctimas; la declaracin pblica que restablezca la dignidad de la vctimay de las personas ms vinculadas con ella; el reconocimiento pblico de haber causadodaos a las vctimas; la declaracin pblica de arrepentimiento; la solicitud de perdndirigida a las vctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles; la colaboracineficaz para la localizacin de personas secuestradas o desaparecidas, la localizacin de loscadveres de las vctimas y la bsqueda de los desaparecidos y de los restos de personasmuertas.

En relacin a la devolucin de bienes el Decreto 4760 (artculo 13) uno de los decretosreglamentarios de la Ley 975/05- autoriz a la Fiscala para aplicar el principio deoportunidaden el caso de terceros ajenos al grupo armado organizado al margen de la leyque exclusivamente hayan participado en las conductas relacionadas con la adquisicin,posesin, tenencia, transferencia y en general con la titularidad de los bienes ilcitos quesean entregados para la reparacin de las vctimas, garantizado de esta forma la seguridadjurdica de los testaferros. Bajo este contexto el tema de la reparacin colectiva, en trminosmateriales, no aparece con claridad, y existe una apuesta decidida por individualizar elproceso de reparacin.

Ahora bien, en el caso de violaciones sistemticas y masivas la individualizacin de losprocesos de reparacin no resulta tan efectiva. En estos casos, en los que las vctimas delos crmenes se cuentan por miles e incluso millones, no es posible garantizar a cada unade ellas una reparacin integral y proporcional al dao sufrido. La puesta en marcha de

2 El concepto de No repeticin se refiere a: i)Que la vctima no puede ser nuevamente victimizada por lamisma persona que en anterior(es) oportunidad(es), ii)Que la vctima no puede ser nuevamente victimizadapor el mismo grupo al cual perteneca la persona que le infringi el dao, y iii)Que la vctima no puede sernuevamente por victimizada por otro grupo armado ilegal. La primera situacin se suele garantizar cuando enel marco de un proceso judicial se identifican vctimas y victimarios. La segunda en complemento a laprimera cuando los procesos de desmovilizacin son totales y permanentes. La tercera solo si se da unaconsolidacin institucional que desestimule la constitucin de nuevos grupos armados ilegales.


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un esfuerzo de este tipo superara la capacidad institucional y presupuestaria de cualquier

Estado y, principalmente, de uno que est intentando (re) construir el orden jurdico,poltico y econmico devastado por un conflicto armado de larga duracin. Por lo dems,tampoco parece viable que cada una de las vctimas presente ante un tribunal, seanacional o internacional, una demanda para hacer efectivo su derecho a la reparacin ()los mecanismos judiciales funcionan bien cuando el nmero de vctimas es restringido,pero resultan poco adecuados en casos de violaciones masivas de los derechos humanos3.Por esta razn, La Comisin de Derechos Humanos de la ONU a travs del Conjunto deprincipios actualizado para la proteccin y la promocin de los derechos humanos mediantela lucha contra la impunidad, recomend que tambin pueden proporcionarsereparaciones mediante programas, basados en medidas legislativas o administrativas, financiados por fuentes nacionales o internacionales, dirigidos a individuos y a

comunidades4.

Al respecto Pablo de Greiff del ICTJ (Centro Internacional de Justicia Transicional) colocaen sus reales dimensiones lo que significa un proceso de reparacin, lo cual resulta deinters para el tema de la reparacin colectiva5:

o Las vctimas tienden a esperar una reparacin exactamente proporcional alsufrimiento que han padecido. Vale la pena anotar que,desafortunadamente, no hay ningn caso en el mundo que haya logrado eso.

o Una de las preguntas fundamentales que surge aqu es la siguiente: si elcriterio de restitucin en proporcin al dao -que es el criterio utilizado por

los mecanismos judiciales para calcular las compensaciones- no puede serutilizado en los programas de reparacin masiva, cul es el criterio que sedebe utilizar? Cmo hacemos para distinguir entre un esfuerzo sincero dereparacin y un esfuerzo que es simplemente una farsa? En esto incidedecididamente el tipo de fines que se le atribuyen al programa dereparaciones y, en mi concepto, hay dos fines que son absolutamente fundamentales: Uno es el de proporcionar reconocimiento a las vctimas() El segundo objetivo que, en mi concepto, es absolutamente fundamentalen el diseo de un programa de reparacin, es el de dar un estmulo a lasvctimas, as sea modesto, una razn para confiar en las instituciones delEstado.

o Otro de los retos que enfrenta un programa de reparacin, en conexin coneste amplio espectro de posibilidades de reparacin, puede describirse entrminos de la coherencia del programa. Esta coherencia tiene dosdimensiones: una interna y otra externa. Puede decirse que un programa dereparacin es internamente coherente si disea un abanico de beneficios

3Fundacin Social. Una mirada hacia delante: elementos para la reparacin colectiva en Colombia. Bogot:Fundacin Social- Fundacin Honrad Adenauer, 2006.4United Nations. E/CN.4/2005/102/Add.1. 8 de Febrero de 2005.5 Pablo de Greiff. Elementos de un programa de reparaciones. En: Fundacin Ideas para la Paz, Justicia,verdad y reparacin en medio del conflicto. Bogot: Legis, 2005; p. 10 -14.


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relacionados entre s de forma estable y armnica: si el elemento de

compensacin material, por ejemplo, guarda un estrecho vnculo con lasdiferentes formas de reparacin simblica, o si la compensacin materialest acompaada de beneficios de salud y de educacin, etc. () Lasegunda dimensin de la coherencia de un programa de reparaciones es loque puede llamarse la coherencia externa, que hace referencia a laconcordancia entre el programa y otras iniciativas que buscan superar elconflicto, relacionadas, por ejemplo, con la justicia y la verdad.

Hablar entonces de objetivos y coherencia de un programa de reparaciones en un contextocomo el colombiano se traduce en considerar todas las posibles expectativas para hacer realel derecho a la reparacin. De igual forma, si se acoge la nocin de coherencia externa de

un programa de reparaciones como un factor crucial a la hora de garantizar eficacia ypropender por la no repeticin, resulta consecuente extender y considerar la reparacin msall de la reparacin individual de las vctimas.

Ahora bien, en la implementacin de este marco los problemas en materia de reparacinindividual- no han demorado en aparecer: la indefinicin de un universo de vctimas, fallasen el diseo institucional, la sostenibilidad financiera del modelo judicial de reparacin yla zona gris que representa la iliquidez de los paramilitares.

El proceso de reparacin de las vctimas depende en gran medida de los bienes y dinero quelas autoridades logren reunir a partir de la recuperacin de bienes, lcita o ilcitamente

obtenidos por parte de los victimarios. Estos bienes provenientes de los victimariosingresan al Fondo Nacional de Reparacin para posteriormente ser proporcionado a lasvctimas, va sentencia judicial de los Tribunales de Justicia y Paz, al final del proceso(tiempo an indefinido).

Pero, como el propio de Greiff lo seal: En el contexto colombiano, estrictamentehablando, eso quiere decir que el proyecto de reparacin no debe depender de laposibilidad de recuperar bienes de los grupos armados para su financiacin. Aqu quieroser bastante claro. Pienso que, desde luego, el Estado debe hacer todos los esfuerzosposibles por recuperar bienes ilcitos. Pienso, adems, que hay algo perfectamente justo enque todos esos fondos que recupere el Estado se dediquen precisamente al resarcimiento

de las vctimas. Pero eso no significa que si el Estado no logra recuperar bienes suficientespara el programa de reparaciones, ste no deba llevarse a cabo. Afirmo, entonces, tanto elderecho de las vctimas de recibir reparaciones, como el derecho del Estado de tratar derecuperar fondos para financiarlas. Lo que no es aceptable es que uno de estos dosderechos se convierta en condicin del otro.

Por ello la ruta para acceder a la reparacin conlleva varias dificultades en su concepcin.La primera de ellas, es no conocer a priori, el monto total de dinero con el que cuentan lasautoridades judiciales para distribuir en las reparaciones. Este monto depender de lasextinciones de dominio y las entregas de bienes que deberan hacer los desmovilizadosdentro del proceso. Recuperar tales bienes no slo est sujeto a lentos procesos judiciales


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sino que tambin a intereses polticos que buscan entorpecer dichas expropiaciones yfavorecer a los desmovilizados para que stos conserven las propiedades arrebatadas a lapoblacin. Lo cual crea un escenario proclive para que el papel subsidiario del Estado enmateria de reparacin a las vctimas deje de tener tal naturaleza y se convierta en aras dehacer efectivas las sentencias judiciales- en elemento primario.

En ese sentido, es importante mencionar que la Ley permite que las vctimas, si loprefieren, acudan a la jurisdiccin civil para recibir su reparacin. Con la sentencia C-370/06 la Corte Constitucional modul el tema de la reparacin y determin, entre otrostemas:

o La excepcionalidad del procedimiento de justicia transicional no es

suficiente para romper el principio general que permite perseguir elpatrimonio del victimario para reparar a las vctimas.

o La razn para declarar que los victimarios deben responder no solo con losbienes adquiridos ilcitamente, tambin con los adquiridos lcitamente, es ladiferencia que existe entre restitucin y reparacin. Como los bienesadquiridos ilcitamente no son suyos, sino de las vctimas de las cualesabus para conseguirlos, no puede reparar a las vctimas con estos bienes,sino con los que son de su propiedad.

o Establece el principio de reparacin solidaria, cuestin que afectadirectamente a los comandantes de las estructuras, ya que genera unescenario en el que por falta de recursos para indemnizar a la vctimas, el

mando medio o patrullero raso culpable de una o varias victimizaciones,podr acudir de manera solidaria ante sus comandantes para solventar dichareparacin.

Sin embargo, actualmente, y luego del inicio de los procesos judiciales, este proceso dereparacin presenta dos dilemas:

o La puja por el diseo e implementacin de un programa administrativo dereparaciones como complemento o reemplazo al modelo judicial previsto enla Ley de Justicia y Paz.

o La definicin de una o varias rutas de reparacin: reparacin judicial,

administrativa y el ya diseado proyecto piloto de reparaciones colectivas.

En el actual escenario poltico, un posible colapso del proceso judicial de Justicia y Paz,podra traducirse en la adopcin de un modelo administrativo de reparaciones, en dondesera el Estado el primer responsable de la reparacin, y ya no solo de manera subsidiariacomo la actual legislacin lo prev. Es a esto a lo que actualmente estn apuntando muchasde las iniciativas al interior de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin(CNRR) que cre la propia Ley de Justicia y Paz.

El 7 de mayo pasado la CNRR present pblicamente las recomendaciones (no vinculantes)sobre los criterios de reparacin a las vctimas que servirn de base para el trabajo de los


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magistrados de Justicia y Paz, es decir para los operadores jurdicos que tendrn la tarea dedictar sentencias dentro de los procesos de la Ley 975.

En este documento la CNRR manifest su intencin de adoptar una definicin integral de lareparacin: () la cual hace referencia, por un lado, a la necesidad de concebir lasreparaciones como parte del proceso de justicia transicional, que incluye adems elesclarecimiento de la verdad, la reconstruccin de la memoria histrica, la aplicacin dela justicia y las reformas institucionales; y por otro, al necesario balance que debe existirentre las reparaciones materiales y las simblicas as como entre las reparacionesindividuales y colectivas6.

Conforme a esta determinacin, la institucin plasm en su Plan de Accin 2007-2008, la

posibilidad de disear un programa administrativo de reparaciones, fundamentado en lainclusin de los diferentes grupos de inters existentes en la comunidad y a travs de unejercicio participativo de consulta de preferencias de reparacin, previa informacinacerca del contenido y el alcance de la reparacin integral y la deliberacinadministrativa o democrtica sobre las formas de reparar y las prioridades de reparacincolectiva deseadas por la comunidad7.

Y como complemento, el diseo y puesta en prctica de un Plan Piloto de ReparacionesColectivas. Este busca, a partir de una experiencia piloto en diez comunidades fuertementeafectadas por el conflicto, disear un modelo de participacin en el cual la decisin de unplan de reparacin colectiva surja de las comunidades informadas y consultadas. Que a

su vez, permitir extraer lecciones que ayuden a disear las recomendaciones que laCNRR, por mandato de la Ley de Justicia y Paz, debe brindar en materia de reparacincolectiva al gobierno nacional8. Este Plan Piloto se enfocar en las vctimas de lossiguientes hechos:

o Masacre de San Onofre, Sucre.o Masacre de El Salado, Bolvar.o Comunidad Kankuama, Sierra Nevada de Santa Marta.o Madres de la Candelaria, Antioquia.o Masacres en Putumayo.o Masacre del Naya, Cauca.o Curvarad y Jiguamiand, Choc.o Masacre del 16 de mayo, Barrancabermeja.o Masacre de La Gabarra, Norte de Santander.

6CNRR. Recomendacin de criterios de reparacin y de proporcionalidad restaurativa. Bogot: CNRR, 2007;p. 19-20.7CNRR. Plan de Accin 2007-2008. Bogot: CNRR, 2007; p. 52.8CNRR. Informe al Congreso. Proceso de reparacin a las vctimas: balance actual y perspectivas futuras.Bogot: CNRR, 2007; p. 99.


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Bajo este marco una estrategia de reparacin colectiva an sigue estando en un estadio muyprimitivo y a la espera de desarrollos.

Sobre el sentido que podra tener una reparacin colectiva

El proceso de reconciliacin y reparacin ha dado nfasis a individualizar los hechos queinvolucran tanto a vctimas como a victimarios. Eso est bien. Sin embargo, en laperspectiva de dar sostenibilidad a un proceso de reconciliacin no debe olvidarse lareparacin colectiva pues el conflicto armado tambin tiene efectos negativos para lapoblacin en su conjunto, en forma aun ms generalizada pero menos personalizada, entanto que por un lado se han predado bienes pblicos (presupuestos, desarrollo y aplicacindiscrecional de la normatividad para beneficio propio, manejo clientelista de los cargos que

restan eficiencia a los servicios pblicos, etc.), con los cuales se debera haber garantizadoparte del bienestar de la poblacin, especialmente de los grupos de estratos ms bajos. Porotro lado, la existencia del conflicto armado ha desestimulado la actividad productiva quepodra haber dado posibilidades de ingresos a grupos amplios de la poblacin. Algunasactividades son ms sensibles al conflicto que otras; por ejemplo el turismo es uno de lossectores que ms se han afectado

Por las victimas individuales ellas mismas o sus familiares reclaman. Por la reparacincolectiva, en tanto no se personaliza el dao, tiende a haber ms queja que reclamo.

En ambos casos, tanto en la afectacin individual como la colectiva, la poblacin es vctimay en ambos casos se tiene que el Estado no cumple con sus funciones bsicas en trminosde:

Reprimir las expresiones de uso de la fuerza por cuenta propia, Mediar en los conflictos entre la poblacin, Garantizar condiciones mnimas de vida.

Los estudios sobre los conflictos armados internos muestran que quienes tienen msposibilidad de recaer en un conflicto armado son quienes lo han padecido recientemente,ms an cuando se trata de un conflicto de larga duracin como es el caso de Colombia. Lahistoria de los procesos de paz en Colombia muestra que en la medida que no se ha dado unadecuado desarrollo institucional en las regiones ms apartadas, los espacios que en estaszonas deja un grupo armado ilegal desmovilizado rpidamente son cubiertos por otro (s),que igualmente van a victimizar la poblacin en general, sin que se puedan excluir aquienes ya han padecido los efectos de la violencia9.

9 Estas dinmicas de ocupacin de espacios abandonados por grupos que han hecho la paz se pueden ver en:ECHANDA, Camilo. El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia.Bogot: Presidencia de la Repblica-Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 1999. VICEPRESIDENCIADE LA REPBLICA. Colombia, conflicto armado, regiones, Derechos Humanos y DIH 1998-2002. Bogot:Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia, 2002.


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En tal sentido podra decirse que no hay garanta de no repeticin hasta que no se de unaconsolidacin del Estado, particularmente en las regiones apartadas que tradicionalmentehan cargado con el mayor peso del conflicto armado, ms all de de la presencia militar,algo de servicios bsicos y programas de proteccin de zonas de reserva.

Esto puede explicarse, en buena medida, por el hecho que al final de un conflicto no se datanta trascendencia a la reconstruccin de los bienes pblicos, que en ltimas estuvieron alorigen de todo el proceso. El Estado en su momento fall en su capacidad de mediarconflictos y/o reprimir a quienes estaban fuera de la ley.

El planteamiento anterior dejara un cierto interrogante sobre el sentido en general de lareparacin. De hecho en muchas partes del mundo los programas de atencin a las secuelas

de un conflicto se dejan para el momento de la terminacin final del mismo para evitartener gastos superfluos. Esta recomendacin aplica especialmente para pases donde setiene un colapso institucional. En Colombia nunca se ha considerado en trminos generalesque ese sea el caso, pero en las zonas apartadas s se presentan serios problemas dedesarrollo institucional que seran crticos para poder garantizar que los recursos invertidosen la reparacin ayuden efectivamente a la paz.

En tal sentido, la reparacin colectiva es un proceso necesario y complementario de lareparacin individual. Este concepto puede ser distinto al planteado por la CNRR pues elsentido de la reparacin colectiva no es solo de economas de escala, se requiere tambinuna reconstruccin de lo pblico para que la No repeticin tenga un mayor soporte

institucional.

Bajo la idea de rescatar y valorar de manera multidimensional aspectos bsicos de lareparacin colectiva, no debe olvidarse el papel protagnico de los grupos paramilitares queen su calidad de victimarios directos fueron responsables de sistemticas y execrablesviolaciones a los derechos humanos en Colombia.

Una reciente evaluacin realizada por el CINEP muestra que en el periodo que va desde1989 a 2003 los paramilitares fueron responsables de 14.476 crmenes10. As mismo, dentrodel Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden encontrarse diez sentencias defondo emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (desde 1995), en donde

se culpa a paramilitares, en asocio con Fuerzas Militares colombianas, de la comisin deviolaciones a la Convencin Americana de los Derechos Humanos, en especial pormasacres, homicidios selectivos o desapariciones. Inclusive, la misma Corte, a partir derecientes sentencias ha reconocido que el paramilitarismo parece responder a una polticade Estado del Gobierno de Colombia11.

10 CINEP. Paramilitarismo de Estado en Colombia: 1988-2003. Bogot: CINEP, 2004. Vase tambin:VARIOS AUTORES. Colombia Nunca Ms. Crmenes de lesa humanidad. Zona 14 1966.11Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 dejulio de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas).


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Desde luego, dicha responsabilidad directa o indirecta se debe traducir en una reparacin alas vctimas, entendiendo que desde las nociones clsicas del Derecho Penal dicharesponsabilidad debe ser individualizable as como tambin su reparacin. Recientemente yuna vez realizado el desmonte formal de las estructuras paramilitares han salido a relucirtestimonios desgarradores y fidedignos sobre la barbarie y el profundo impacto de laviolencia paramilitar en Colombia12.

Articulado a esta violencia, subyace otro fenmeno no menos importante, caracterizado asu vez por varios componentes. En primer lugar la evidente transformacin desde unmodelo basado en esquemas contrainsurgentes y de ejrcitos privados de narcotraficantes,hacia un modelo que suma a estos dos factores su idea de adquirir un poder poltico en suszonas de influencia. Es lo que actualmente se conoce como el fenmeno de laparapoltica

cuyas bases han sido explicadas suficientemente:() los paramilitares y las autodefensas [recuperaron] el control de reas en lasque antes ocurran no slo problemas de seguridad para los propietarios locales einversionistas externos, sino agudos conflictos polticos y una intensa movilizacinsocial por derechos y reconocimiento. Esta capacidad de los paramilitares paraimplantar estabilidad y orden en las regiones donde se ubican ha creado un slidoapoyo de sectores de las lites regionales para su organizacin. Sin embargo laaceptacin lograda por las AUC debilit la autoridad del gobierno central en esosterritorios y exacerb el declive del Estado colombiano13

la transformacin poltica que Colombia no haba tenido en un siglo, se concret

en seis aos: de 1997 a 2003. Diversas alianzas entre plata de la mafia, armas deparamilitares y clientelismo poltico se tomaron por lo menos una tercera parte del poder local, regional y nacional. Es lo que en ltimas es la parapoltica. Y ellareconfigur el mapa del poder poltico desde las alcaldas hasta el Congreso. Esofue lo que se cocin durante dos dcadas y se concret en esos seis aos14.

Otro de los componentes, no suficientemente estudiado, es el de la construccin deeconomas regionales articuladas al poder poltico, que progresivamente han venidocaminando del campo a la ciudad:

tras la codicia de los jefes de autodefensa se esconde toda una nueva forma deorganizar la economa para maximizar el flujo de ingresos hacia las comunidades

que dominan. Los recursos provenientes de la droga, del contrabando, de la

12 Vase por ejemplo: Varios autores. El poder para, Qu? Bogot: Intermedio editores, 2007. JosGabriel Jaraba. Confesiones de un paraco. Bogot: Intermedio, 2007. CINEP. Paramilitarismo de Estadoen Colombia: 1988-2003. Bogot: CINEP, 2004. MADARIAGA VILLEGAS, Patricia. Matan y matan yuno sigue ah: control paramilitar y vida cotidiana en un pueblo de Urab. Bogot: Universidad de Los Andes(Ediciones Uniandes) -Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales -CESO Facultad de CienciasSociales -Departamento de Antropologa, 2006. TORRES, Mara Clara. El surgimiento y apuntalamiento degrupos paramilitares. En: Controversia, No. 183, Diciembre de 2004; p. 49-80.13ROMERO, Mauricio. Paramilitares y autodefensas (1982-2003). Bogot: IEPRI Temas de Hoy, 2003; p.15-16.14Claudia Lpez. Merecemos lo que nos espera?, en revista Cambio, 25 a 31 de octubre de 2007; p. 28.


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corrupcin en la administracin pblica y dems actividades delincuenciales, les

reportan en el corto plazo cuantiosos ingresos a regiones que en condicioneslegales tendran que llevar a cabo profundas transformaciones para producir ycomerciar bienes lcitos. Los bienes transables que podran producir estascomunidades -es decir, aquellos bienes que pueden ser exportados a otras regionese incrementan el consumo y la inversin ms all de los ingresos que produce su poblacin localmente- no han podido recuperarse de la crisis de las dos ltimasdcadas. En especial la agricultura, que constitua la principal fuente de recursosen las regiones menos urbanizadas del pas15.

Es decir, identificar al fenmeno paramilitar como el factor preponderante que ha permitidola irrupcin masiva de redes mafiosas en las ciudades, gracias a su apoyo logstico,

militar y financiero16. Es lo que Duncan (2005, 2006) ha denominado como la irrupcin delos Seores de la Guerra17. Esta progresiva construccin de una economa mafiosa no solotiene implicaciones en materia de seguridad. Significa una transformacin estructural delEstado en donde existe una tensin entre fuerzas urbanas que pretenden construir unasociedad regida por principios democrticos con un capitalismo moderno, versus fuerzasrurales que quieren dispersar el poder del Estado para construir gobiernos regionalesbasados en la inmunidad de empresas criminales. Esta tensin se traduce en que elfenmeno paramilitar ha logrado enquistarse en esferas de la sociedad que anteriormenteeran reacias a establecer alianzas de largo aliento con grupos armados ilegales, y cuyopoder est intrnsicamente relacionado con las finanzas del narcotrfico. De esta manera secrean un sinnmero de redes mafiosas, en donde resulta ingenuo pensar que la

desmovilizacin de un grupo significativo de hombres armados signifique la superacindefinitiva del fenmeno18.

En definitiva debe reconocerse que el problema del desmantelamiento del paramilitarismoes de orden poltico y econmico:

() la imposicin del orden paramilitar en las regiones es el resultado de un proyecto de organizacin poltica y econmica en las sociedades perifricas enColombia. Un proyecto sin duda catico y fragmentado, pero exitoso en la prctica.Por eso la solucin del problema paramilitar no es esencialmente militar. De nadasirve batir el record de bajas de miembros de grupos de autodefensas en un ao,

que no son ms que campesinos y desempleados a sueldo, si mientras tanto seexpande la apropiacin del Estado local por parte de estos grupos: si continancobrando impuestos, administrando justicia, y definiendo el orden social de las

15 DUNCAN, Gustavo y JARAMILLO, Sergio. De la transaccin a la construccin: el proceso con lasautodefensas. Bogot: Corporacin Nuevo Arco Iris-FESCOL, 2006; p. 9.16 DUNCAN, Gustavo. Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltracin urbana de los seores de laguerra. Documento CEDE 2005-2. Bogot: Universidad de los Andes, 2005.17 DUNCAN, Gustavo. Los seores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia.Bogot: Planeta, 2006.18GAMBETTA, Diego. La mafia Siciliana. El Negocio de la proteccin privada. Mxico: Fondo de CulturaEconmica, 2007.


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comunidades (definiendo la interaccin entre individuos y entre grupos, las formas

de produccin y distribucin econmica, y la relacin con el sistema poltico)19.

A su vez, en palabras de Duncan (2006) la mafia urbana en Colombia se intensific cuandolos jefes de los grupos paramilitares proyectaron su orden hacia las ciudades aledaas a suszonas de dominio:

la manifestacin del fenmeno mafioso adquiri una caracterstica de red por laestructura que vinculaba al centro, que era el santuario rural desde donde seposea el control real, con los nodos, que eran las clulas operativas encargadas deregular las transacciones urbanas. En principio, la infiltracin se traz en doscategoras de espacios susceptibles al control mafioso: los negocios legalesvinculados a transacciones ilcitas y los vecindarios marginados...20.

La evidencia de las dinmicas de control territorial de los grupos armados ilegales mas allde las expresiones tradicionales tipo ejercito muestra la posibilidad de construir escenariosreales que hagan posible la reparacin colectiva en Colombia, donde se de unfortalecimiento de lo pblico, es perfectamente articulable al diseo de programas dereparacin individual, y sobre todo, representa un instrumento coherente para facilitar la norepeticin de un fenmeno que como el paramilitar, tuvo races fuertes en diferentesdimensiones de la vida social en la ciudad y en el campo colombiano.

Requerimientos y Fuentes de financiacin para la Reparacin

Existen varios ejercicios acadmicos sobre los costos de la reparacin de las vctimas. Paranuestro trabajo se toma esta informacin secundaria haciendo un anlisis crtico de lamisma con el propsito bsico de llegar a algn orden de magnitud de los costos dereparacin. Tambin se tomar informacin secundaria para le estimacin de los costos queel conflicto armado genera sobre temas colectivos.

Reparacin Individual

Recientemente se tienen dos trabajos que pueden servir de referentes sobre los estimativosde costos que podran tener las reclamaciones de las vctimas del conflicto armado en

Colombia:

1. CERAC: Centro de Recursos para el anlisis del conflicto21

19 DUNCAN, Gustavo y JARAMILLO, Sergio. De la transaccin a la construccin: el proceso con lasautodefensas. Bogot: Corporacin Nuevo Arco Iris-FESCOL, 2006; p. 9.20 DUNCAN, Gustavo. Los seores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia.Bogot: Planeta, 2006; p.336. para el autor: el mximo nivel de infiltracin de una red mafiosa en una ciudadse daba cuando accedan al control de sus instituciones de gobierno.21RICHARDS, Mark. Quantification of the financial resources required to repair victims of the Colombianconflict in accordance with the Justice and Peace Law. Documentos de CERAC No. 3. June - July 2006.


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Asumiendo que todos los daos puedan ser probados y que los predadores se

desmovilizan bajo la ley de justicia y paz, un estimativo factible de la suma quedebera pagarse por parte de todos los grupos armados ilegales es entre$55,544,152 y $96,359,032 millones de pesos de 2006. Esto representa entre el19% y el 33% del PIB de 2005. La distribucin de estos montos entre losdiferentes grupos armadas ilegales sera:

Costos individuales derivados del accionar de los grupos armados ilegales 1964-2005GRUPOS Mnimo Mximo

GUERRILLA 36.307.264.000.000 63.704.093.000.000

%PIB 2005 12,7% 22,3%

PARAMILITARES 19.236.888.000.000 32.654.939.000.000

%PIB 20056,7% 11,4%

TOTAL 55.544.152.000.000 96.359.032.000.000

19,5% 33,8%

Promedio anual 1.322.479.809.524 2.294.262.666.667%PIB 2005 0,46% 0,80% Fuente: Documentos de CERAC No. 3. June - July 2006

En este trabajo se analiza un periodo de tiempo que va de 1964 hasta 2005, definiendo unrango de costos con un mnimo y un mximo para el periodo. La diferencia que se presentacada ao con un piso y un techo est determinada bsicamente por el nmero que se tomede las personas en condicin de desplazamiento.

Al discriminar las acciones que podran ser objeto de reparacin individual, por parte deguerrilla o paramilitares, el autor estima que el mayor peso corresponde a los gruposinsurgentes (65%), que entraron en escena a mediados de la dcada del sesenta del siglopasado, mientras que los grupos de autodefensa tienen una participacin menor en el total(35%), principalmente por su entrada en el escenario nacional a principios de los aosochenta.

Segn el clculo de Richards, los costos individuales del conflicto armado tendran unaparticipacin anual promedio en el PIB entre 0,46% y 0,8 %.

2. INDEPAZ22

Valoracin reparacin total de las vctimasCorte IDH y CGR 1964-2004

22 GONZLEZ POSSO, Camilo. El Mito de la quiebra del Estado por la Reparacin. En: Punto deEncuentro No. 39, 2006.


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Valor

Unitario Valor ReparacinValor

Unitario Valor Reparacin

Homicidios de civiles (CINEP) 50.227 64.000 3.214.528.000 128.000.000 6.429.056.000.000Desaparecidos (Asfades) 7.138 235.000 1.677.430.000 470.000.000 3.354.860.000.000"lntolerancia" social (CINEP) 6.509 2.500 16.272.500 5.000.000 32.545.000.000Secuestro extorsivo 29.497 12.000 353.964.000 24.000.000 707.928.000.000

Desplazados, hogares de 5,7 personas646.942 12.000 7.763.304.000 24.000.000 15.526.608.000.000

Terrorismo 2.154 8.500 18.309.000 17.000.000 36.618.000.000Masacres (4.270 casos) 23.543 235.000 5.532.605.000 470.000.000 11.065.210.000.000Torturas (1966- 2004) 11.043 12.000 132.516.000 24.000.000 265.032.000.000Amenazas (1997 - 2004) 10.672 2.500 26.680.000 5.000.000 53.360.000.000Detenciones arbitrarias 84.133 2.500 210.332.500 5.000.000 420.665.000.000Restituci n de tierras (promedio entreCGN y otras fuentes). 3.500.000 1.000 3.500.000.000 2.000.000 7.000.000.000.000

22.445.941.000 44.891.882.000.000%P IB 2005 15,7%

Promedio anual 41 1.094.923.951.220

0,38%

Dlares Pesos

Tipo de Victima segn violacinNmero

Total

Fuente: Indepaz con base en la investigacin Las cifras del conflicto, septiembre de 2006

El trabajo de Indepaz hace una estimacin de los costos de las acciones derivadas delconflicto que podran ser objeto de una reparacin individual. Se analiza un periodo de 41aos comprendidos entre 1964 y 2004. Segn este trabajo, los costos individuales de laactividad criminal de los grupos armados ilegales tienen una participacin anual promedioen el PIB cercana a 0,38%, un tanto inferior al clculo estimado por Richards. Separando lareparacin derivada de la actividad de los paramilitares se calcula una participacin en elPIB anual promedio de 0,51%, teniendo como referencia un periodo de tiempo de apenas11 aos.

Valoracin de la indemnizacin a vctimas de los paramilitares1994-2004

Valor

UnitarioValor Reparacin

Valor

UnitarioValor Reparacin

Hogares Desplazados 230.989 12.000 2.771.868.000 24.000.000 5.543.736.000.000Ejecuciones sumarias Masacres 8.386 235.000 1.970.710.000 470.000.000 3.941.420.000.000Valor Tierra 1.270.439 1.000 1.270.439.000 2.000.000 2.540.878.000.000Desaparecidos (50% del total) 3.294 235.000 774.090.000 470.000.000 1.548.180.000.000Asesinatos 18.514 64.000 1.184.896.000 128.000.000 2.369.792.000.000

7.972.003.000 15.944.006.000.000%P IB 2005 5,6%

Promedio anual 11 1.449.455.090.9090,51%

Total

Dlares Pesos

Concepto Nmero


Reparacin Colectiva

En cuanto a la reparacin colectiva, en este apartado se presenta un intento decuantificacin de los costos sociales derivados del accionar de los grupos armados ilegales,con el propsito de tener un orden de magnitud que permita estimar el monto de losrecursos requeridos para abordar una eventual reparacin, que vaya ms all de loindividual y se ocupe de los costos asumidos por la sociedad como un todo.


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Tomando como periodo de referencia los seis aos comprendidos entre el 2000 y el 2005,se tiene que las actividades criminales que afectan de forma colectiva y directa23 lasociedad son las siguientes:

Actividad criminal generada por los grupos armados ilegales(Casos registrados)

Actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ataques contra oleoductos 207 263 86 184 98 146

Ataques contra torres de energa 421 254 483 329 121 227Ataques contra torres decomunicaciones - 5 62 19 2 4

Ataques Vias y puentes 121 211 348 146 141 95

Hurto combustibles barriles diariospromedio

4.501 5.846 7.270 5.777 2.942 1.601

Terrorismo casos 1.549 1.172 1.645 1.257 724 612


Ordenados segn su valor acumulado durante el periodo de referencia, los mayores costoscolectivos derivados de la actividad criminal de los grupos armados al margen de la ley,provienen de hurto de combustibles (71%), los atentados terroristas (17%), el petrleoderramado y los costos de reactivacin del bombeo (8%) y por ltimo, los ataques contra lainfraestructura vial y de comunicaciones (4%). Estas acciones generan los siguientescostos:

Costos colectivos derivados de la actividad criminal grupos armados ilegales(Millones de pesos corrientes)2000 2001 2002 2003 2004 2005

Valor combustible hurtado 180.808 234.837 306.197 211.689 113.468 99.793Terrorismo $ 82.547 31.057 67.570 50.000 21.600 23.314

Oleoducto petrleo derramado $ 15.200 19.200 5.600 5.200 5.986 8.918

Oleoducto Reactivacin $ 9.000 14.000 12.600 9.400 5.959 8.878

Ataques contra torres de energa 10.165 6.370 14.043 8.548 3.173 4.540

Ataques Vias y puentes 4.109 1.717 8.749 3.075 3.112 2.097

Ataques contra torres de comunicaciones - 100 1.240 380 40 80

TOTAL 301.829 307.281 415.998 288.292 153.339 147.621

Actividad criminal

Fuente: Clculos Indepaz con base en la investigacin Las cifras del conflicto, septiembre de 2006

De forma adicional se considera importante contabilizar como un costo colectivo, derivadodel accionar de los grupos armados ilegales, la depredacin que estos grupos realizan a los

presupuestos pblicos municipales y a las regalas. En esa direccin, tambin para elperodo de referencia, se intenta calcular el monto de los recursos que obtienen estos grupos

23 Adems de los costos directos del conflicto armado, existen varios trabajos que dan cuenta de los efectosindirectos sobre el aparato productivo nacional y regional, en particular sobre las decisiones de inversin y elatraso en capital humano que a la postre terminan impactando negativamente el PIB. Ver: PARRA, ClaraElena. Determinantes de la inversin en Colombia: nueva evidencia sobre el capital humano y la violencia.Bogot: DNP, Mimeografiado, 1997. TRUJILLO, Edgar y BADEL Martha. Los costos econmicos de lacriminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996. Bogot: DNP, Archivos de Macroeconoma, 1998.RUBIO, Mauricio. Crimen y crecimiento en Colombia. EN: Coyuntura Econmica, Volumen 25, No. 1, pp101-127, Bogot, 1995. QUERUBIN, Pablo. Crecimiento departamental y violencia criminal en Colombia.Bogot: Universidad de Los Andes, Documento CEDE 2003-12, 2003.


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provenientes de las finanzas pblicas municipales, partiendo de la hiptesis que ladepredacin por ambos conceptos es de 10% sobre el total24.

Costos de la depredacin a las finanzas pblicas municipales(Millones de pesos)

Actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005Ingresos Corrientes 3.477.196 3.937.207 4.591.127 5.840.514 6.931.757 8.063.549Regalas 345.807 420.514 470.406 587.550 642.232 694.371

Ingresos Corrientes 347.720 393.721 459.113 584.051 693.176 806.355Regalas 34.581 42.051 47.041 58.755 64.223 69.437TOTAL 382.300 435.772 506.153 642.806 757.399 875.792

Depredacin (10%)

Fuente: DNP-Banco de la Repblica. Clculos propios

Al agregar los costos colectivos se encuentra que la actividad criminal de los gruposarmados ilegales y la depredacin sobre las finanzas pblicas municipales significan enpromedio cerca del 0,4% del PIB anual, tal como se muestra en el cuadro que sigue.

Costos colectivos derivados de la actividad criminal grupos armados ilegales(Millones de pesos)

Actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005Ingresos Corrientes 347.720 393.721 459.113 584.051 693.176 806.355Actividad criminal 301.829 307.281 415.998 288.292 153.339 147.621

Regalas 34.581 42.051 47.041 58.755 64.223 69.437TOTAL 684.129 743.054 922.152 931.098 910.738 1.023.413

PIB 174.896.258 188.558.786 203.451.414 228.516.603 257.746.373 285.312.864Participacin PIB 0,39% 0,39% 0,45% 0,41% 0,35% 0,36% Fuente: Indepaz con base en la investigacin Las cifras del conflicto, septiembre de 2006

DNP-Banco de la Repblica.Clculos propios

Comparados estos costos colectivos con las estimaciones individuales mencionadas antes seencuentra que las participaciones anuales con respecto al PIB son similares en magnitud yse ubican cerca del 0,4% anualmente.

24 Sobre los montos e impactos de la depredacin sobre las finanzas pblicas se pede ver: DUNCAN,Gustavo. Violencia y conflicto en Colombia como una disputa por el control del Estado en lo local. Bogot:Universidad de Los Andes, Documento CEDE 2004-11, 2004. VICEPRESIDENCIA DE LA REPBLICA,BANCO MUNDIAL y Otros. Corrupcin, desempeo institucional y gobernabilidad: desarrollando unaestrategia anticorrupcin para Colombia. Bogot: 2002. CARDENAS Mauricio y STEINER Roberto(Compiladores). Corrupcin crimen y justicia, una perspectiva econmica. Bogota: Tercer Mundo Editores,Fedesarrollo, Lacea y Colciencias, 1998.


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La Financiacin de la Reparacin

Queda por definir el cmo se iran a financiar los costos que implica la reparacinindividual y colectiva. Al comparar las posibles fuentes de financiacin para la reparacinindividual o colectiva, se tiene que para la primera es ms incierta la fuente de recursos,toda vez que los costos anuales individuales son difciles de rastrear, mientras que, para lareparacin colectiva, la financiacin provendra bsicamente del Dividendo de Paz25. Acontinuacin se analizan las posibles fuentes de financiacin.

Financiacin de los Victimarios

Los victimarios son los responsables de compensar a las vctimas, pero en la prctica a

juzgar por las declaraciones de bienes que proponen entregar los principales jefesparamilitares, muy marginalmente se cubriran los montos que podran reclamar lasvctimas o sus familiares.

Esta primera fuente, que es la ms obvia, es lo que se incaute o sea entregado por parte delos grupos armados ilegales. Estos recursos se prev sean limitados por varias razones:

o En buena medida un conflicto armado como el de Colombia lo que se hacees dedicar recursos (en ejrcitos, armas y todos los apoyos requeridos) parabuscar cambiar el status quo, o proteger la propiedad privada. Los recursosdedicados a estas actividades equivalen a la destruccin de valor.

o Los recursos que no se dedican a la guerra no necesariamente son usadoseficientemente y con la lgica de reproducir su valor, por lo cual en eltiempo es factible que pierdan parte de su valor.

o Se buscan ocultar, lo cual har que sea muy costoso recuperar muchos de losbienes que deberan entrar.

A la fecha son muy contados los ejercicios de devolucin efectiva de bienes por parte de losvictimarios con destino al Fondo Nacional de Reparacin. Con un agravante: pese a laexistencia de variados anuncios por parte de comandantes paramilitares, no existe con

exactitud un inventario real de lo que ha entrado a formar parte de dicho Fondo.

Al respecto, la informacin disponible (no avalada oficialmente) muestra los siguienteshechos:

Comandante Fecha Nmero/conjunto de Valor total

25 Tradicionalmente la literatura define como Dividendo de Paz el ahorro generado va disminucin de gastomilitar luego de la culminacin de un conflicto armado. En este trabajo se va ms all y se entiende comoDividendo bsicamente la disminucin en la depredacin de las Finanzas Pblicas y el aumento de laactividad econmica lcita derivados de las mejores condiciones de seguridad en las regiones.


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paramilitar bienes (pesos)Carlos Mario Jimnez Naranjo(Macaco)26 (anuncio)

06-02-07 Varios 100.000.000.000

Francisco Javier ZuluagaLindo (Gordo Lindo)27(anuncio)

22-02-07 Varios 17.100.608.692

Manuel de Jess Pirabn(Jorge Pirata) (acta)28

Mayo de2007

Dos fincas, una de 910hectreas y otra de 995, tres

lotes de 200 metros cuadradoscada uno, tres camperos, 152toros criollos y dos caballos

(valor aproximado).

3.000.000.0000

Ramiro Vanoy Murillo(Cuco) (anuncio)29

26-06-07 Varios 39.785.000.000

Freddy Rendn (El Alemn)(anuncio)

10-07-07 Varios 5.500.000.000

Salvatore Mancuso(anuncio)30

17-07-07 Varios: entreg un listado de27 propiedades, 25 de ellas

rurales y dos sociedades, paraque sirvan para reparar a lasvctimas de sus actividades

criminales.Sin embargo, el magistrado de

Control, lvaro Cern, soloaval 14, que aparecen

registradas a nombre del exjefe para, y que disponen de

los respectivos registros. Lasrestantes debern ser

estudiadas con posterioridadpara determinar si pueden

formar parte del Fondo de laComisin Nacional de

Reparacin a las vctimas.Carlos Mario Jimnez Naranjo(Macaco)31 (acta)

21-07-07 2010 reses y un TV de 29

Rodrigo Prez Alzate (JulinBolvar) (anuncio)32

10-08-07 Varios 37.000.000.000

Rodrigo Prez Alzate (JulinBolvar) y Guillermo Prez

Alzate (Pablo Sevillano(anuncio)33

10-08-07 Varios 14.000.000.000

26 Carta a la CNRR. Febrero 6 de 2007.27 Carta a la CNRR. Febrero 22 de 2007.28 SNE, Fondo para reparacin de vctimas recibe primeros bienes de ex paramilitares. Mayo 25 de 2007.29 Ramiro Vanoy entreg bienes por 39 mil 783 millones de pesos,El Colombiano , junio 26 de 2007.30 27 bienes ofreci Mancuso para reparar a sus vctimas,El Heraldo, julio 18 de 2007.31 Acta 002 Recepcin de bienes. Accin Social, Fondo Nacional de Reparacin y Fiscala General de laNacin. 21 de julio de 2007.32 Segunda jornada de versin libre con alias Julin Bolvar, Fiscala General de la Nacin, agosto 10 de2007.33 Ibd.


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$ 210,891,108,692.00

Comparado este ltimo valor con los costos de la reparacin colectiva e individual, y peseha entender que an falta mucho tiempo para conocer la totalidad de los bienes queentregarn los victimarios34, la tendencia no parece ser muy optimista, lo cual le da razn aquienes piensan que los costos de la reparacin a las vctimas acogidas a la Ley 975 enltimas tendrn que ser asumidos en buena medida por el Estado colombiano.

En esfuerzo por perseguir lo bienes de los victimarios debe ser el mximo por dos razones:una que ayudara la al financiacin de un problema sobre el cual tienen totalresponsabilidad; segundo para evitar que para la sociedad quede el mensaje implcito deque estos comportamientos al final de cuentas pagan en la medida que el costo que tienen

que asumir es marginal frente al dao que han hecho y adems terminan estndo en mejorescondiciones econmicas respecto a como empezaron.

La Cooperacin internacional

Una posible fuente alterna de recursos destinados a la reparacin de las victimas delconflicto armado la constituye la Cooperacin Internacional. Segn la Agencia Presidencialpara la Accin Social y la Cooperacin Internacional, en Colombia actualmente (2007) seestn ejecutando 1.633 proyectos con el apoyo de la Comunidad Internacional, orientadosprincipalmente hacia las reas de Paz y Desarrollo Regional, Desarrollo Social, DesarrolloAlternativo y Derechos Humanos. Estos cuatro ejes temticos, que podran hacer parte de

un escenario de reparacin, concentran el 77% de los proyectos y el 69% de los recursos.

De acuerdo al origen de los recursos, la Accin Social tiene inscritos, para los 1.633proyectos en ejecucin actualmente, 31 donatarios encabezados por la Unin Europea,Estados Unidos y Canad. En suma estos tres pases concentran el 59% de los proyectos yel 57% de los recursos en ejecucin.

Cooperacin Internacional en ejecucin segn eje temtico(2007-US $)

34 Este valor referenciado debe ser entendido como una primera aproximacin que resulta de la informacinhasta ahora conocida en trminos de la devolucin de bienes en la etapa de versin libre que estn llevando acabo varios mandos paramilitares. Segn los ltimos informes de la Fiscala General de la Nacin UnidadNacional de Fiscalas para la Justicia y la Paz hasta la fecha se han terminado 495 diligencias de versin libre,701 se encuentran pendientes de iniciacin y 97 estn en curso.


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NOMBRE # PROYECTOS COOPERACION

PAZ Y DESARROLLO REGIONAL 97 194.207.623DESARROLLO SOCIAL 369 168.546.313

DESARROLLO ALTERNATIVO 634 156.859.446

DERECHOS HUMANOS 161 95.344.583

MEDIO AMBIENTE 40 77.843.239

MODERNIZACIN DEL ESTADO 63 69.079.576

JUSTICIA 62 39.014.239

DESARROLLO EMPRESARIAL 45 28.916.985

DESMOVILIZACION Y REINTEGRACION 30 23.670.736

CIENCIA Y TECNOLOGA 9 12.779.353

INFRAESTRUCTURA 62 8.326.938

ESTUPEFACIENTES 5 5.935.259

PREVENCIN DE DESASTRES 5 5.771.136

SIN CLASIFICACIN 16 2.950.386

DESARROLLO URBANO 17 2.401.707

AGROPECUARIO 10 1.624.338

DEMOCRACIA 8 93.236TOTAL 1.633 893.365.093

Fuente: Accin Social 2007

Tambin se destaca la ayuda que brindan las agencias del Sistema de Naciones Unidas quesuman el 17% de los proyectos y el 14% de los recursos que ejecuta el pas en materia deCooperacin en la actualidad.

Cooperacin Internacional en ejecucin segn donatario(US $)

# NOMBRE # PROYECTOS COOPERACION

1 COMISIN DE LA UNIN 93 277.939.827

2 EE.UU. - USAID 851 164.585.3593 CANADA 24 66.511.130

4 PNUD-UNDP 37 55.822.506

5 PAISES BAJOS 32 55.281.917

6 ESPAA 140 43.519.336

7 PMA 1 39.818.311

8 BID 47 32.381.863

9 ALEMANIA 4 31.916.400

10 BM 13 27.650.366

11 UNODC 7 17.344.495

12 SUECIA 17 15.082.438

13 JICA 14 10.286.176

14 ONUSIDA 1 8.677.996

15 OPS/OMS 7 7.154.114

16 BLGICA 19 6.245.869

17 FAO 14 4.906.712

18 CAF 6 4.316.200

19 OIM 2 4.200.174

20 JAPON 47 4.094.785

21 ACNUR 164 2.816.489

22 ITALIA 3 2.711.080

23 UNICEF 36 1.883.963

24 SUIZA 5 1.854.071

25 UNFPA 11 1.752.997

26 FRANCIA 1 1.700.000

27 REINO UNIDO 25 1.368.958

28 OIT 1 1.032.804

29 UNESCO 9 227.100

30 ORGANIZACIN DE ESTADOS 1 201.657

31 ONUDI 1 80.000

TOTAL 1.633 893.365.093

Fuente: Accin Social 2007


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Asumiendo que los recursos en ejecucin actualmente, que corresponden a varias vigenciaspues los proyectos tienen una duracin mayor a un ao, por parte de la CooperacinInternacional se destinaran en su totalidad al proceso de reparacin, escenario pocoprobable, apenas cubriran cerca de un ao del acumulado correspondiente a la reparacinindividual o ao y medio de la reparacin colectiva.

En todo caso y pensando hacia el futuro, la estrategia de Cooperacin Internacional deColombia 2007-2010 reorganiza la demanda de cooperacin alrededor de tres reasprioritarias, todas ellas pertinentes en un escenario de reparacin: i) Objetivos de Desarrollodel Milenio, ii) Lucha contra el problema mundial de las drogas y proteccin del medioambiente, iii) Reconciliacin y Gobernabilidad. Esto significa que es una fuente para lareparacin que aparte de los recursos que pudiese aportar ser indicativa para vincular otros

recursos.

El Estado

La financiacin proveniente del Estado, se tratara de la ltima instancia sin que seescatime ningn esfuerzo en la recuperacin de bienes a los victimarios-, que a su vezpodra terminar siendo la ms importante. Si es necesario reparar y no hay los suficientesrecursos el Estado debe actuar como corresponsable.

Aparte de que el Estado es la ltima instancia y como tal debe asumir los costos que puedenser altos, hay elementos que haran pensar que en la medida que el proceso de reparacin se

d en el marco de un proceso de desmovilizacin y en general de reduccin del conflictoarmado se podran contar con un dividendo de paz.

o no va reduccin del gasto militar,

o ms probable va reduccin de la predacin de los presupuestos estatales,

o tambin seran importantes los efectos que se tienen va aumento de laactividad productiva,

o o con proyectos de desarrollo donde la regulacin e inversiones pblicas

permita el desarrollo productivo de ciertas zonas y la conservacin de otras(que difcilmente llegarn a ser realmente productivas en trminostradicionales medidos por ejemplo segn los volmenes de produccin).

Por todo esto el Estado es quien ser el responsable ltimo de la reparacin, aunque se haga(que debe hacerse) el mximo esfuerzo por expropiar los bienes, legales e ilegales, de losvictimarios. Esto sera una situacin un tanto irnica. El Estado fue depredado por losvictimarios para soportar la guerra y enriquecerse personalmente. Ahora las vctimas van aterminar recibiendo recursos del Estado, que igualmente reducirn los recursos disponiblespara su consolidacin en temas bsicos (justicia, seguridad, etc.) y para el bienestar de la


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poblacin (salud, educacin infraestructura, etc.). Claramente es un crculo vicioso que nogarantiza la no repeticin en tanto el Estado no se consolide en el proceso.

La nica alternativa es que el Estado se consolide y dejen de predarlo y que use ese ahorrode recursos como dividendo de paz para financiar la reparacin. Segn se mostranteriormente, las cuentas muestran que se tienen rdenes de magnitud similares.

As las cosas, la fuente de financiacin ms importante terminar siendo el Estado. En laperspectiva de crecimiento y desarrollo estos recursos pueden sumar o restar a los recursosexistentes dependiendo de si en el proceso se da paralelamente un fortalecimientoinstitucional en las regiones.

Con un fortalecimiento institucional es de esperar que se genere un dividendo de paz vaaumento de la produccin y reduccin del saqueo del Estado. En este caso los recursossumaran. En caso contrario la atencin de las vctimas se har en detrimento de losrecursos ya existentes para atender mltiples necesidades. Que se de uno u otro escenario asu vez depender de si se consolidan los temas de lo pblico, que bien podra considerarsela causa ltima de los problemas. Esto difcilmente se logra si en zonas que han padecido elconflicto no se dedican recursos para su (re)construccin. En esto tiene especial relevancialo que podra ser la reparacin colectiva.

Donde concentrar esfuerzos para la reparacin colectiva?

La debilidad institucional no es general en todo el pas. Un trabajo de fortalecimientoinstitucional debe focalizarse en las regiones afectadas por el conflicto donde justamente esms dbil el Estado, aunque debe quedar claro que el problema no es solo de estas regiones,pues en Colombia ha existido una dinmica perversa que brevemente se podra resumir as:desde dentro de la frontera agrcola se generan dinmicas de expulsin que terminanimpulsando la colonizacin ms all de la frontera agrcola; dichas dinmicas suelen estarasociadas a la explotacin de recursos naturales que generan ms rentas (petrleo, minera,ganadera extensiva, etc.). En estas zonas de colonizacin no existe la infraestructura socialnecesaria por lo cual no resulta competitiva ninguna produccin tradicional, salvo loscultivos ilcitos.

Es en las zonas de frontera agraria donde se presentan los mayores vacos de la presenciaestatal, situacin que facilita el desbordamiento de la violencia, la consecuente expulsin depoblacin desplazada y la actividad del narcotrfico, tal como lo evidencia la siguientesecuencia grfica, donde se toma como referente de las zonas apartadas las reservas delSistema Nacional de Parques Naturales Nacionales35.

35 El Sistema Nacional de reas Protegidas es el conjunto de reas naturales protegidas (de carcter pblico,privado y comunitario en los niveles de gestin pblica nacional, regional y local), actores sociales y lasestrategias e instrumentos de gestin que los articulan y congregan para contribuir como un todo alcumplimiento de los objetivos de conservacin que el pas persigue.


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Debilidad institucional en zonas apartadas del pasViolencia

(Tasa de homicidio por 100 mil Habitantes)

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40

50

60

70

80

90

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PROMEDIO NACIONAL PROMEDIO PARQUES

Desplazamiento Forzado

(Tasa de expulsin por 100 mil habitantes)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Promedio Nacional Promedio Parques

Cultivos de Coca en el municipio

(Tasa hectreas por 100 mil habitantes)

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Promedio Nacional Promedio Parques

Fuente: Polica Nacional - SUR

En efecto, es en las regiones de frontera agraria, que se cruzan con algunas zonas de reservaambiental, donde hay presencia de cultivos ilcitos y los indicadores de violencia ydesplazamiento forzado estn por arriba de la media nacional.


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Cultivos Ilcitos en Zonas de Reserva 2004


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Como se observa en el mapa anterior, los cultivos de coca en Colombia estn localizados enlas reas de influencia de algunos Parques Nacionales, donde la presencia del Estado hasido poca y la debilidad institucional es la constante.

Zonas de Reserva Vs Violencia

RestoReservasHomicidioCruce

Zonas de Reserva Vs Desplazamiento

RestoReservasDesplazamientoCruce

Adicionalmente, las zonas apartadas, asociadas con las zonas de reserva presentan la menordensidad de poblacin y la mayor debilidad institucional (medida por el Idemun).


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Zonas de Reserva Vs Menor Densidad de Poblacin

RestoReservasDensidadCruce

Zonas de Reserva Vs Menor Desarrollo Municipal

RestoReservasIdemunCruce

Programas para llegar a las zonas de frontera agraria seran muy costosos y lo nico queharan sera desplazar el problema hacia zonas ms all de esta frontera con altos costosdesde el punto de vista ambiental.

Propuestas sobre alternativas de Reparacin Colectiva

Lo central en la propuesta de alternativas de reparacin colectiva es considerar que el temageogrfico es estratgico. En tal sentido, parte de los anlisis realizados previamente debenaterrizarse territorialmente. Las polticas econmicas y sociales tienden a tener el sesgo deser bsicamente transversales, cuando la esencia del conflicto es la ocupacin territorial.

Como desarrollar las zonas ubicadas mas all de frontera agraria sera muy costoso laconsolidacin institucional en zonas apartadas debe pasar por:

a. Relocalizacin de parte de la poblacin de zonas de colonizacin hacia el

interior de la frontera agrcola.b. Consolidacin de las zonas de frontera agraria con proyectos ambientales,

con zonas de reserva campesina y proyectos de ecoturismo.c. En la medida que en estas zonas tienen una participacin significativa de las

vctimas un proyecto de reparacin colectiva (sea que se relocalicen o no)podra simultneamente resolverles su problema personal y apoyar eldesarrollo institucional necesario para tener la garanta de no repeticin.


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d. Trabajo con las comunidades36, las administraciones municipales locales,pero con alto apoyo del Gobierno Nacional y la Cooperacin Internacional.

Siguiendo los planteamientos de Reyes Posada37 se tiene que bajo la perspectiva deencontrar respuestas adecuadas sobre cmo generar mejores condiciones de vida a las milesde familias campesinas colombianas vinculadas a los cultivos ilcitos, y de este modogarantizar que las FARC dejen de ser la forma armada de organizacin poltica que asumala colonizacin campesina, Reyes Posada ha sugerido la idea de relocalizar a estoscultivadores dentro de la frontera agraria y que se inserten de esta manera al mercado legal.

Para este autor la colonizacin con cultivos ilcitos se constituye en la expresin final de undesequilibrio estructural del sector agrario, en donde ciertas poblaciones, ubicadas en

regiones econmicamente integradas, son expulsadas hacia la periferia. En ltimas setratara de un problema que tendra como una de sus causas el deficiente ordenamiento dela poblacin en el territorio, caracterizado por un conflicto latente entre unos pocospropietarios extensivos en la regiones dentro de la frontera econmica y un gran nmero decolonos que viven de la coca en zonas perifricas y pobres.

La solucin a esta problemtica est atravesada por dos consideraciones. Resolver elconflicto de usos del suelo y disear-implementar una poltica de relocalizacin decultivadores, dentro de la frontera econmica y con acceso a mercados. Lo cual se traduceen la imperiosa necesidad de cerrar la frontera agraria, para lo cual los parques naturalestendran una importancia estratgica por su localizacin en zonas de frontera en muchos

casos.

Dicha relocalizacin debera ser capaz de invertir la direccin de los circuitos migratoriosque alimentan la expansin de la coca, para lo cual debera evaluarse su factibilidad social,econmica y poltica.

En la misma direccin Salomn Kalmanovitz38 plantea que las reas donde losnarcotraficantes tienen una considerable proporcin de sus propiedades, son zonas dondeexiste una buena infraestructura productiva, sin embargo stos prefieren la ganaderaextensiva, menos intensiva en administracin que los cultivos empresariales. Se presentaentonces un problema de ordenamiento del territorio segn su vocacin y perfil natural,

impulsando procesos migratorios hacia zonas de frontera sin las condiciones mnimas parapromover el desarrollo, mientras las mejores tierras estn concentradas y subutilizadas.

36 El potencial de los territorios asignados a las comunidades negras e indgenas es inmenso pues supera los35 millones de hectreas.37 REYES POSADA, Alejandro. Compra de tierras por narcotraficantes. En: PNUD Y MINISTERIO DEJUSTICIA. Drogas ilcitas en Colombia: Su impacto econmico, poltico y social. Bogot: El Ministerio,1997.38 KALMANOVITZ, Salomn. Resea al libro de Carlos Felipe Jaramillo, "Crisis y transformacin de laagricultura colombiana 1990-2000. Febrero, 2003.


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Se tiene entonces que en Colombia la reparacin colectiva estara asociada con elordenamiento territorial. De un lado, los orgenes del conflicto se remontan a la frustracinde procesos de reforma agraria y a cuestiones relacionadas con la distribucin de la tierra; ypor otro lado, su exacerbacin es el resultado de la falencia estatal, respecto a su presenciainstitucional en lugares distantes, para suplir las necesidades de una parte importante de lasociedad.

Adems de estas conclusiones, considerar el tema de las reparaciones colectivas entrminos de la construccin sostenida de institucionalidad en muchas regiones del pasafectadas por la violencia, en donde en algunas de ellas Patrimonio Natural ya tiene untrabajo adelantado, implica otorgarle importancia a la dimensin poltica de esta propuesta,y evaluar dicha implementacin como una medida eficaz y efectiva para la construccin de

legitimidad para el Estado colombiano y, sobre todo, para propender por la garanta de norepeticin a las victimas del conflicto armado interno.

sobre la reparación colectiva en colombia -el caso de las zonas de reserva-

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