silencio forzado. el estado, cómplice de la violencia contra la prensa en méxico

8/2/2019 Silencio forzado. El Estado, cmplice de la violencia contra la prensa en Mxico

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Silencio orzadoEl Estado, cmplice de la violenciacontra la prensa en Mxico

Inorme 2011


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Este documento ha sido elaborado porARTICLE 19. Ocina para Mxico y CentroamricaDaro RamrezDirector

Ricardo GonzlezOmar RbagoJuan Carlos RomeroPrograma de libertad de expresin y proteccin a periodistas

Paulina GutirrezAna Cristina RuelasPrograma de Acceso a la Informacin

Cynthia CrdenasIvn BezAbi WainwrightPrograma Legal

Antonio MartnezLuca VergaraSebastin AguirreComunicaciones y contenidos digitales

Hctor BautistaDulce RamrezDesarrollo Institucional

Diseo: Edgar Senz Lara

Mxico D.F., marzo de 2012

Se autoriza a reproducir el contenido del presente documento siempre que se cite la uente.

ARTICLE19 promueve el uso de un lenguaje no discriminatorio y/o sexista. La violencia contra las y losperiodistas en Mxico, posee particularidades insoslayables de acuerdo a la identidad de gnero de las vc-timas. Orecemos una disculpa a las lectoras y lectores si en el presente inorme empleamos genricos parareerirnos a todos.


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ARTICLE19 agradece a las siguientes undaciones privadas y representaciones diplomticas enMxico, por el generoso apoyo para la investigacin, elaboracin e impresin del presente inorme.

Angelica Foundation

British Foreign and Commonwealth Oce

Ford Foundation

Free Press Unlimited

Media Legal Deense Initiative

National Endowment or Democracy

Open Society Institute (OSI)

Real Embajada de Noruega en Mxico

William and Flora Hewlett Foundation

World Press Photo

www.articulo19.org

En Twitter: @Article19Mex

En Facebook: Article XiX

Este inorme ue nanciado en parte por una subvencin del Departamento de Estado de los EstadosUnidos. Las opiniones, resultados y conclusiones del presente son de ARTICLE 19 y no necesariamente

refejan las del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Agradecimientos


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ndice1. Introduccin 7

2. Agresiones a la libertad de prensa en 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Mujeres Volenca derencada 15Veracruz, goberno ausente, cmplce y agresor 15Uso de recursos pblcos 17137 mllones, el gasto en smulacn 18

. El avance de la violencia en los ltimos aos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Cras sn credbldad 21Dscrepancas graves 21

Cuntos asesnados, cuntos desaparecdos? 22La escalada de ataques 37Atacar a uno para slencar a todos 38Una dcada, 33 ataques 40El narco, presente en los medos 40Publcar o pagar las consecuencas 41Qu queren de nosotros? 41El crmen organzado, coartada del Estado 42Autorregulacn contra unormdad 44La poscn de ARTICLE 19 45La censura a cudadanos en nternet 46

Nos han dejado abandonados 48Medos en la red, slencados 48El resgo de los reporteros grfcos 49

4. La respuesta del Estado. Simulacin y discurso sin acciones. . . . . . . . . . . . . . La pobre rendcn de cuentas de la CNDH 54Una Fscala Especal sn capacdades y sn logros 57Federalzacn Oportunsmo e ndolenca del Legslatvo 60Una Comsn ornamental 61Un mecansmo de proteccn nexstente 62Preocupacn smulada 63Sn explcacn, 24 mllones de pesos 65

Crmnalzacn de la lbertad de expresn 67Leyes retrgradas 70El trste papel del Mnstero Pblco 71Reserva de uentes 73

. Conclusiones y recomendaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


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1Introduccin


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Mxico vive una indita crisis de seguridad pblica, que tiene su origen en el crecimiento y expansin de losgrupos de la delincuencia organizada, las pugnas cada vez ms violentas entre ellos y el rol central que hanasumido la polica ederal y las uerzas armadas en la estrategia para enrentarlos y renarlos, apoyando yaun desplazando y sustituyendo a los cuerpos policiacos locales.

La dicultad para restablecer las condiciones de seguridad en varias zonas del territorio nacional ha obli-

gado al Gobierno Federal a iniciar operativos coordinados entre Marina, Ejrcito y Polica Federal, que hanimplicado el despliegue de unos 49 mil 650 eectivos militares, segn datos de la Secretara de la DeensaNacional actualizados hasta 2010.

En ese contexto se ha registrado un notable incremento en el nmero de desplazados al menos un cuartode milln desde 2006, segn un inorme del Centro Internacional de Monitoreo de Desplazados (IDMC, porsus siglas en ingls)1 y de violaciones a los derechos humanos. A decir de organizaciones como HumanRights Watch, hablamos de decenas de casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales per-petrados por miembros de las uerzas de seguridad2, de las cuales (cira reconocida por el Estado mexicano)un total de 6,065 se habran traducido en quejas en contra de personal militar.

Fenmeno agravado por los problemas de inseguridad que actualmente aectan al pas, ARTICLE 19 haadvertido tambin un incremento preocupante de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios.En los ltimos aos, el patrn de la violencia contra la prensa ha cambiado sus caractersticas. Si en algnmomento se habl de comunidades totalmente silenciadas, dado el eecto de las amenazas sobre las em-presas periodsticas que se impusieron la autocensura como principal medida de supervivencia, en algunasetapas de esta historia los propios medios le mostraron a los criminales el valor que tienen los espaciosperiodsticos. Fue entonces que ellos tambin quisieron entrar y tener voz.

As transitamos al escenario de los periodistas rehenes, a una nueva poca en que garantizar la seguridad delas instalaciones y la integridad de la plantilla laboral pasa por diundir los mensajes que los delincuentes de-sean transmitir. Todo, ante la inecacia del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacionesal derecho a la libertad de expresin, lo cual ha motivado el incremento y perpetuado estas violaciones.

El presente inorme tiene como n hacer un recuento de las agresiones contra periodistas y medios decomunicacin durante 2011, pero tambin se propone ser una memoria ms amplia de aos recientes (es-pecialmente de 2009 a 2011) y orecer una lectura de cmo las represalias que tradicionalmente se dirigan

contra quien desaaba a la gura presidencial o cuestionaba la actuacin de los encargados de la uncinpblica, se transormaron y escalaron en magnitud y recuencia, merced al control que las autoridades laslegalmente instituidas y las de acto, ejercen sobre la inormacin en varias regiones.

De 2009 a 2010, el nmero total de agresiones present una cada que pudo haber sido atribuida inge-nuamente a que el problema haba venido a la baja o empezaba a resolverse. Sin embargo, el enmenono mostr una tendencia sostenida a la baja. En realidad, el alto nivel de violencia empleada por el narco-trco avoreci durante una poca el avance de la autocensura, los vacos de inormacin en relacin conlos hechos noticiosos cotidianos, pero particularmente en lo que se reere a los incidentes que involucrana medios y periodistas.

Aun as, en 2011 las ciras volvieron a elevarse. Durante el ao pasado se presentaron 172 agresiones re-lacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa, entre las cuales se encuentran nueve asesinatos contraperiodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agre-

siones con armas de uego o explosivos contra instalaciones de medios, slo para hablar de los casos demayor impacto.

1 Internal Displacement Monitoring Centre. Internal Displacement: Global Overview o Trends and Developments in 2010. Oslo: IDMC, marzo 2010.2 Human Rights Watch. Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotrfco de Mxico. Estados Unidos:

HRW, noviembre de 2011.


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Entre las entidades que presentaron el mayor nmero de periodistas y medios agredidos se encuentran Ve-racruz (con 29 agresiones), Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11). El casode Veracruz merece detenerse en l no slo porque las agresiones se hayan incrementado 200% respectodel ao anterior, sino porque la violencia contra la libertad de expresin se present en todas sus acetas.

El territorio veracruzano ue escenario de asesinatos y desapariciones de periodistas; de ataques violentos

contra medios de comunicacin, abusos de las autoridades contra reporteros en coberturas y aun de ac-ciones penales emprendidas por el propio gobierno estatal contra la libertad de expresin. El caso presenttales peculiaridades que permiti a ARTICLE 19 advertir una alta incidencia e incorporar a sus categoras deanlisis un enmeno que si bien, puede no ser nuevo, se present de manera masiva en la entidad duran-te el pasado ao: el desplazamiento orzado y la reubicacin de inormadores en otras entidades, ante elriesgo para su vida y seguridad.

Por otro lado, el eecto intimidatorio contra la prensa nacional comenz a extenderse uera del pas y alcan-zar a reporteros que realizaron coberturas en Mxico durante los pasados meses. Agresores sin rostro, perocon evidente inters en renar la investigacin de asuntos en los que la impunidad parece tener su origenen la complicidad de las autoridades especialmente en el estado de Chihuahua, enviaron mensajes deamenaza a redacciones de medios en el exterior, los cuales se vieron obligados a replegarse.

El papel de los gobiernos estatales y ederal no ha sido el esperado en una crisis como la actual. Abundanlos ejemplos sobre la creacin de instancias intiles que carecen de capacidades reales para atender el pro-blema y proteger a quienes ejercen la libertad de expresin desde los medios de comunicacin, pero que sepresentan como acciones relevantes, para esconder la inoperancia del Estado.

En el mejor de los casos, se ha protegido inadecuadamente a los periodistas en riesgo. En el peor de ellos,son los propios uncionarios encargados de las investigaciones y la procuracin de justicia quienes encabe-zan acciones contra el libre ejercicio periodstico, en muchas ocasiones envileciendo a las vctimas, deses-timando la posibilidad de que hayan sido atacadas en razn de su trabajo o acusndolas de delincuentes sinhaber iniciado siquiera las indagatorias.

Este inorme revisa tambin el papel de las autoridades en la proundizacin del problema, particularmenteen tres casos paradigmticos:

La Fiscala Especial para la Atencin de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresin (FEADLE) que en

seis aos de existencia ha tenido dos nombres dierentes, cuatro titulares distintos, ha ejercitado accinpenal en slo 27 casos de agresiones a periodistas y conseguido una sola sentencia condenatoria.

La Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyos registros de periodistas asesinados y des-aparecidos en razn de su ejercicio, as como de atentados cometidos en contra de instalaciones de mediosde comunicacin, carecen de criterios claros en su integracin, amn de un mnimo de recomendacionesemitidas respecto de casos no resueltos de comunicadores asesinados y desaparecidos, y un presupuestomillonario que no corresponde a sus resultados.

Un mecanismo interinstitucional de proteccin a periodistas que, con un presupuesto inicial de 25 millonesde pesos, supuestamente destinado a ejecutar medidas de proteccin para comunicadores en riesgo, repor-ta haber ejercido un porcentaje de menos de 4% en medidas cautelares, logro que se encuentra lejos deparecerse a una poltica pblica en materia de prevencin o una estrategia orientada a la erradicacin de lasagresiones contra los inormadores y las inormadoras.

A poco ms de nueve meses de que llegue a su n la actual administracin, la PGR determin relevar despus de dos aos en el puesto al scal Gusta-vo Salas Chvez para colocar en su lugar a Laura Angelina Borbolla, quien tiene como tarea resolver las decenas de casos de asesinatos y desparicionesde periodistas, pendientes de ser atendidos.


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2Agresiones a lalibertad de prensa en

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Cualquier anlisis de los ltimos aos que se reera a las violaciones a libertad de expresin de quienesejercen el periodismo, debe partir de un hecho undamental: existe un subregistro de casos que se relacionadirectamente con la autocensura que periodistas y medios han adoptado como medida de proteccin; ladenuncia pblica se ha reducido en tanto que el Estado no brinda garantas de investigacin ni sancin alos responsables.

Aun en este contexto, durante 2011 ue posible registrar y documentar 172 agresiones a la libertad deexpresin; esto es, 17 casos ms de los reportados en el Inorme 2010 de ARTICLE 19 y Cencos. La cirade periodistas asesinados y desaparecidos es similar a la del ao pasado y el nmero de atentados contrainstalaciones de medios se ubic un poco por debajo.

Una lectura optimista de esto es que hemos entrado a una etapa de estabilizacin en la que si bien la vio-lencia ya no se eleva exponencialmente, s contina dndose en rangos constantes. Por otro lado, podraser que estemos ante un problema que se ha vuelto ya demasiado grande y que los pocos casos que sonconocidos y documentados sean sucientes para que sigamos observando incrementos de un ao a otro.

Tipo de agresin Agresiones

Accones legales 8

Amenazas 20

Asesnato 11

Ataque cberntco 4

Desaparcn 2

Desplazamento orzoso 17

Detencn legal 7

Fsca/materal 73

Intmdacn/presn 24

Prvacn legal de la lbertad 6

Total 172

Fuente: ARTICLE 19

Durante 2011, el tipo de agresin ms recurrente ue la violencia sica material, que se traduce en lesionesde diversa magnitud contra quienes ejercen el periodismo, daos a su equipo de trabajo, as como ataquescontra instalaciones de medios.

De las 7 agresiones de este tipo, que representan 42.44% del total del ao, 61 estuvieron dirigidas contraperiodistas; una ms, contra un empleado de distribucin de un diario, y diez contra ocinas e instalacionesde medios. De stas ltimas, ocho ueron perpetradas con explosivos o armas de uego de alto poder.

La segunda orma de violencia, por su relevancia e impacto, ueron las amenazas, los actos intimidacin ypresin contra las empresas y sus periodistas. Estamos hablando en este caso de un rango amplio de ac-ciones que incluyen advertencias directas hechas tras la publicacin de materiales periodsticos, injerenciasarbitrarias para impedirle a los reporteros buscar o diundir inormacin, e incluso acciones para impedir la

circulacin de una publicacin.

Podra decirse que no hay sorpresas en cuanto a la tipologa y los responsables de las agresiones. Por superl proesional, ueron los reporteros, otgraos y camargraos quienes con mayor recuencia se con-virtieron en blanco de agresiones, dado el riesgo que enrentan al exponerse y tener el primer contacto conlos hechos y las uentes de la inormacin.


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Al igual que en aos anteriores, los uncionarios pblicos de los tres niveles de gobierno ueron responsa-bles del mayor nmero de agresiones a la libertad de expresin (41.86% del total). De ese universo de casosatribuibles a actores del Estado, las uerzas de seguridad (Ejrcito, Marina, policas municipales, estatales yederales) ueron directamente sealadas como culpables de seis de cada diez abusos contra representantesde los medios de comunicacin.

En contraste, las agresiones provenientes de sujetos presuntamente vinculados con la delincuencia orga-nizada representaron apenas 1.7%, aunque puede atribuirse a sus integrantes la responsabilidad pornueve asesinatos y 1 ataques directos y otros actos de intimidacin contra medios en distintas ciudades.

Hay, sin embargo, una peculiaridad que se hizo mucho ms notable en el ltimo ao. Por lo general, anual-mente se registraba un alto nmero de eventos en que el perpetrador actuaba en el anonimato total y se leinclua en una amplia categora de desconocidos.

Varios casos documentados por ARTICLE 19 en el pasado reciente obligan a introducir un matiz importante:la imposibilidad de establecer la responsabilidad de un actor especco; estamos hablando de acciones de ladelincuencia organizada en complicidad con las autoridades, tanto como de ataques a cuenta de polticos yuncionarios, coreograados para endosar la responsabilidad a la delincuencia. De ah que nuestro inormepara 2011 establezca una dierencia entre los casos en que la identidad del responsable se desconoce yaquellos en que se considera no determinado.

Sujeto agredido Agresiones Agresor Agresiones

Reporteras/reporteros 81 Delncuenca organzada 23

Camargraos/otgraos 41 Fuerzas partdstas 4

Colaboradores perodstcos 6 Funconaro pblco 72

Drectvos 5 No determnado 35

Edtores 4 Partculares 17

Trabajadores 4 Se desconoce 8

Perodstas radoncos 4 Otros 13

Medos 27 -- --

Total 172 Total 172

Fuente: ARTICLE 19

Periodistas asesinados en 2011 por razones posiblemente vinculadas con su trabajo

Nombre Fecha Medio Estado

Lus Emanuel Ruz Carrllo 25 de marzo La Prensa Nuevo Len

Noel Lpez Olgun 31 de mayo Horzonte, Notcas de Acayucan Veracruz

Pablo Aurelo Ruelas 13 de juno El Regonal de Sonora Sonora

Mguel ngel Lpez Velasco 20 de juno Notver Veracruz

Msael Lpez Solana 20 de juno Notver Veracruz


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Yolanda Ordaz de la Cruz 27 de julo Notver Veracruz

Humberto Mlln Salazar 25 de agosto A dscusn Snaloa

Marcela Yarce 1 de septembre Contralnea Dstrto Federal

Elzabeth Macas Castro 25 de septembre Prmera Hora Tamaulpas

Trabajadores de medios asesinados en 2011

Marbel Hernndez 31 de enero El Daro Chhuahua

Rodolo Ochoa Moreno 9 de ebrero Multmedos Laguna Coahula

Fuente: ARTICLE 19

Mujeres. Violencia dierenciada

Un aspecto que no puede pasarse por alto de los datos recogidos por ARTICLE 19 son las 4 agresionesdirigidas contra comunicadoras y trabajadoras de medios durante el ao pasado (cuatro ueron asesinatos).Pese a que en la mayora de los casos no parece haber un patrn de violencia por razones de gnero, en almenos tres de los casos atendidos s pudo advertirse violencia y mtodos dierenciados de presin e intimi-dacin que en el caso de las mujeres busca lastimar el entorno ntimo y amiliar.

Uno de ellos resulta preocupante, en tanto que autoridades del estado de Hidalgo ueron sealadas de ha-ber participado en una larga campaa de acoso contra una reportera local; las agresiones incluyeron el robode otograas de su hija y la diusin de un video e imgenes denigrantes de ella desnuda para desacreditarsu labor en lo proesional.

Otro incidente ms tuvo lugar en Durango. Desconocidos allanaron el domicilio de una periodista local,llevndose algunas pertenencias. Los objetos robados no eran ni cercanamente los de mayor valor, aunques incluyeron su computadora personal y ropa interior de la comunicadora, lo cual tiene una uerte carga

de violencia sexual.

Por gnero Casos Porcentaje del total

Hombres 110 6395

Mujeres 34 1976

Medos (No aplca) 28 1627

Fuente: ARTICLE 19

Veracruz, gobierno ausente, cmplice y agresor

Durante el segundo semestre de 2011, el estado de Veracruz vivi una escalada de violencia sin preceden-tes+, similar a la que hundi a Tamaulipas. En el lapso de unas cuantas semanas cuatro periodistas ueronasesinados, 1 escaparon del estado por amenazas y uno ms desapareci sin que hasta ahora se sepanada de su paradero. Poco antes de terminar el ao, la redaccin de un diario en el municipio de Crdobaue atacada por un grupo armado que penetr a las instalaciones y prendi uego a las reas de diseo,publicidad y editorial.


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A travs de diversas vas, los pobladores de Veracruz y Boca del Ro conocieron de supuestas advertenciashechas por el grupo criminal Los Zetas, quienes amenazaban con cobrarse cada muerte de sus miembros amanos del Ejrcito o la Marina con el asesinato de un estudiante.

El temor se generaliz en la medida que la violencia creci. Durante la maana del jueves 25 de agosto, unvehculo se incendi cerca de un centro escolar, producto de una alla del sistema elctrico. Algunas per-

sonas en Twitter diundieron versiones sobre un atentado y supuestos ataques a escuelas pblicas, lo queprovoc que padres de amilia acudieran por decenas a recoger a sus hijos a los planteles, que suspendieronactividades.

La respuesta del Gobierno de Veracruz no ue ni oportuna ni proporcional con el dao que despus se dijohaba causado la diusin de inormacin alsa. Las cuentas vinculadas con la Secretara de Seguridad Pblicade Veracruz en la red de Twitter no respondieron a los rumores con inormacin til que permitiera desmentirlos hechos. No hicieron una labor de diusin coherente y se limitaron a reproducir palabras del gobernador.

El gobernador Javier Duarte y su entonces procurador, Reynaldo Escobar Prez, iniciaron una cruzada paracastigar a los supuestos autores de los rumores y de la posterior alarma, pues en Veracruz dijeron nose juega con la paz y la tranquilidad de la poblacin.

Con base en un artculo ambiguo del Cdigo Penal local y sin atender los estndares internacionales en

la materia, la Procuradura estatal detuvo a dos ciudadanos a quienes imput cargos de terrorismo equi-parado y sabotaje4, con una sancin de hasta 0 aos de prisin, para desistirse 27 das despus enmedio de una ola de crticas que advertan que el propsito de la administracin estatal era escarmentar eintimidar a otros ciudadanos que intentaran hacer circular inormacin no mediada por el gobierno estatal,que controla a los medios locales por la va de la publicidad ocial; es decir, no sancionar actos delictivosque habran alterado el orden social, sino meramente suprimir expresiones negativas sobre la situacin deviolencia en el estado.

Sin un recurso legtimo de sancin a la mano, el gobernador de Veracruz present ante el Congreso localuna iniciativa para reormar el Cdigo Penal estatal y crear el delito de perturbacin del orden pblicoel cual permitira perseguir a cualquier persona por hacer armaciones que el gobierno considere inconve-nientes o juzgue que atentan contra la paz social. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Insti-tucional, controlado por Duarte aprob el dictamen en una sesin de trmite5 en la que se le unieron cinco

diputados de oposicin

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.Las pretensiones de control se vinieron abajo ese mismo da, cuando un grupo delictivo, actuando a plenaluz del da, dej en mitad de un transitado boulevard del municipio de Boca del Ro 5 cadveres, cuya ima-gen dio la vuelta al mundo. La prioridad de la autoridad estatal ue descalicar moralmente a las vctimas,vinculndolas a todas con delitos de secuestro, extorsin, homicidio y narcomenudeo, adems de agredir acorresponsales de medios nacionales que investigaban detalles del caso7.

Treinta y dos cuerpos ms ueron descubiertos por elementos de la Marina, en tres distintas casas de seguri-dad, lo que gener el cese del procurador, pero no puso n a las amenazas. El 2 de octubre, un medio di-

4 Mara de Jess Bravo Pagola y Gilberto Martnez Vera ueron detenidos por representantes de la Procuradura General de Justicia de Veracruz el 26 deagosto. Cinco das ms tarde, la juez penal Beatriz Hernndez, con sede en Xalapa, dict auto de ormal prisin contra ambos. ARTICLE 19 presentunAmicus Curiae para ser tomado en cuenta en la decisin del juicio de amparo interpuesto en avor de ambas personas, el el cual se expona que

los cargos resultaban claramente incompatibles con los tratados sobre derechos humanos aprobados por el Estado mexicano en materia de libertadde expresin.

5 La reorma ue aprobada con votos a avor y 14 en contra, y ue publicada en una edicin especial de la Gaceta Ofcial, la misma tarde de suaprobacin. Puede consultarse en http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2011/09/Gac2011-298%20Martes%2020%20Ext.pd

6 Se trata de los diputados Gustavo Moreno, Isaac Gonzlez, Ulises Ochoa y Vernica Carren, del partido Nueva Alianza, adems de Brenda AbigailReyes, del PRD.

7 Los reporteros de W Radio, Noticias MVS y la agencia Notimex ueron agredidos y amenazados por elementos de la Agencia Veracruzana de Investiga-cin mientras documentaban las condiciones de insalubridad en que eran resguardados los 5 cuerpos en el Instituto de Medicina Forense y recogantestimonios de amiliares de los allecidos que contradecan la versin de las autoridades.


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gital ue objeto de un ataque ciberntico por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada,quienes advirtieron sobre acciones similares contra otros sitios que diunden inormacin sobre los gruposdedicados al narcotrco, el secuestro y la extorsin en el estado.

A unas horas de que el administrador decidiera dar de baja su cuenta en Blogger (plataorma desde la cualse gestionaba el contenido), por un incidente que consider que comprometa su seguridad, la inormacin

del sitio ue abruptamente sustituida por la leyenda Esto les va a pasar a todos los blog que inorme lo quepasa en Veracruz, (MUNDONARCO.com y Blog del Narco son los siguientes) Pnganse ver.., , atte. Los de laletra Zzzzz (sic). La cuenta de Twitter del medio ue cerrada unos das despus.

Uso de recursos pblicos

En Veracruz el control de la inormacin se ejerce tambin mediante la asignacin de publicidad ocial usa-da como mtodo para premiar a medios anes y arma para castigar a los crticos. En 2010, Fundar Centrode Anlisis e Investigacin y ARTICLE 19 lanzaron un proyecto para conocer el uso de los recursos pblicosen la designacin de la publicidad ocial.

Tras solicitar datos del gasto total ejercido por el Gobierno de 2005 a 2010 en comunicacin social y publi-cidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicacin al que ueron destinados losrecursos, Veracruz respondi con una negativa, pues ha clasicado la inormacin como reservada.

Un ao y nueve meses despus, tras acudir a todas las instancias necesarias en la entidad, es imposible saberqu medios han sido los beneciarios de ese uso poco claro de recursos pblicos. Ha sido necesario iniciarun largo proceso judicial, que hoy se encuentra ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, la cualejerci su acultad de atraccin en el tema para eventualmente ordenar la publicacin de la inormacin quepermitira conocer a detalle el grado de discrecionalidad con el que han actuado los dos ltimos gobiernosen la entidad.

La participacin del gobierno estatal en la crisis de derechos humanos y en particular en las agresionescontra periodistas en la entidad ha sido cardinal y ha jugado un papel activo en ello. No haban pasadomuchas horas de que se supiera del asesinato de Yolanda Ordaz, reportera del diario Notiver, el 26 de juliode 2011, cuando el entonces procurador de Justicia apareci en los medios para desechar que el crimen

tuviera relacin con el desempeo proesional de la comunicadora. Su asesinato, dijo, obedeca a la relacinque establecen algunos comunicadores con las maas.

Notiver exigi la renuncia del procurador, por lo que ste respondi exhibiendo pblicamente como pruebade sus dichos videos de interrogatorios extrajudiciales realizados por criminales a integrantes de un gruporival y subidos a YouTube. En ellos se mencionaban los nombres de algunos periodistas entre los que semencionaba a Ordaz.

Para el gobierno estatal las declaraciones de supuestos delincuentes sacadas bajo coaccin eran su pruebaconcluyente: la reportera tena nexos con bandas de la delincuencia organizada, a los que apoyaba conmanejos inormativos. La delicada posicin en que se coloc a varios reporteros mencionados en los videosortaleci la versin de que exista una lista de periodistas sealados por el crimen organizado, lo cual obliga varios (se conocen 1 casos) a abandonar el estado.

La estrategia de silenciamiento, y la avidez por controlar la inormacin ue tambin obra del gobiernoestatal.


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13.7 millones, el gasto en simulacin

Durante cinco aos, de2006 a 2011, Veracruz cont con una Comisin Estatal para la Deensa de los Pe-riodistas (Cedep), un rgano que, creado para atender las graves amenazas a la libertad de expresin en elestado, se limit a intervenir en quejas menores que terminaban en conciliacin sin el establecimiento de

polticas pblicas claras de prevencin.La Comisin recibi durante su existencia 1.7 millones de pesos y atendi 194 casos. Lo que signica quegast 70 mil 618 pesos en atender cada caso, mantenindose lejos y ajena a los de mayor trascendenciay relevancia, incluidos aquellos en los que el entonces secretario de gobierno (y presidente de la Cedep),Reynaldo Escobar, era sealado de agredir a periodistas y camargraos en el estado8.

8 En 2009, el uncionario demand por diamacin al caricaturista Alberto Morales Garca, quien cre un personaje que segn Escobar lo denostaba.Ese mismo ao ue sealado por agredir a Miguel ngel Carmona Domnguez, otgrao de Proceso y la agencia Fotover.


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El avance de laviolencia en los

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Ciras sin credibilidad

La Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sigue siendo hasta el momento la nica institucindel Estado que pblicamente asegura llevar registro de agresiones graves contra periodistas en el pas. Porello, para algunos, la actualizacin del nmero de comunicadoras y comunicadores asesinados en poco msde una dcada se limita a sumar a la ltima cira hecha pblica por la CNDH que, de acuerdo con el reportems reciente era de 76 asesinatos y 14 desapariciones desde el ao 2000.

La construccin de ciras hay que decirlo no puede responder a la lgica del mayor impacto meditico;magnicar no ayuda a dimensionar el enmeno y desvirta el objetivo con el que se recogen esos datos.Aplicar un mayor rigor en la investigacin de los casos, incluso si tienen que ajustarse los nmeros a la baja,no signica minimizar el problema; por el contrario, a mayor conabilidad en los datos ables es posibleelaborar lecturas sobre la violencia ms cercanas a la realidad.

Al revisar los casos enlistados de los ltimos once aos, puede concluirse que la metodologa con la que laCNDH ha integrado sus registros es poco clara, pues no se advierte la aplicacin de cr iterios consistentes ensu construccin o en el seguimiento de los casos9.

Discrepancias graves

Jos Luis Cerda, quien ue encontrado muerto en Monterrey el 25 de marzo de 2011 con unmensaje de la delincuencia organizada. Cerda trabajaba como comediante y animador de unprograma de entretenimiento de Televisa en aquella ciudad, no como periodista.

Juan Carlos Hernndez Mundo10, asesinado el 27 de ebrero de 2009 e identicado como di-rector del peridico El Quijote de Taxco, Guerrero, de quien tambin se conrm que no eraperiodista.

Ernesto Montaez Valdivia, asesinado el 14 de julio de 2009, y de cuya actividad periodsticaslo existe como constancia una charola en la que se lea Prensa. Enoque del Sol de Chihu-

ahua. No se ha podido probar la existencia de un medio con ese nombre ni el vnculo de lapersona.

Ulises Gonzlez Garca, director del semanario La Opinin, en Jerez, Zacatecas, secuestrado el29 de julio de 2010 y liberado once das despus. La CNDH lo considera an desaparecido.

Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista Mundo Poltico, en Guerrero, ue secuestradoy declarado muerto por la Procuradura local con base en el supuesto hallazgo de los restoscalcinados del periodista a los que no se realiz ninguna prueba cientca para conrmar suidentidad. Conclusin similar tuvo el caso en Tabasco de Rodolo Rincn Taracena, al cual lasautoridades dieron carpetazo, pues sin evidencia cientca alguna, determinaron que el perio-dista haba sido asesinado y sus restos calcinados. La CNDH, sin embargo considera al primeromuerto y al segundo, desaparecido.

9 Un hecho relevante es que en la Recomendacin Genaral No. 17 de la CNDH habla de desapariciones orzadas, haciendo uso de terminologajurdica inadecuada, pues sin evidencia presume que la privacin ilegal de la libertad ue cometida por agentes del Estado o personas que actuaroncon la autorizacin de stos.

10 ARTICLE 19 pudo establecer que El Quijote era una publicacin de aparicin espordica. Hernndez Mundo era a su vez un taxista, ex agente ministe-rial, que unga como prestanombres del verdadero director y propietario, Adalberto Cataln. Segn, Jos Antonio Mundo Estrada, director del diarioSiglo XXI, de la ciudad de Taxco, el allecido no tena relacin con la actividad periodstica.


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22

Silencio forzado

En la relacin de nombres de la Comisin pueden encontrarse casos de periodistas que murieron en algnaccidente o bien, que haban dejado de ejercer el ocio por aos para dedicarse a otra actividad o con-vertirse en uncionarios pblicos (uno de ellos, por ejemplo, ue asesinado en propiedad de un auto y untelono del Cisen para el cual trabajaba) sin que se acredite un nexo causal entre el homicidio y el ejerciciode la libertad de expresin.

Si hablamos, por otro lado, de omisiones, no parece existir claridad sobre por qu los casos de Pablo AurelioRuelas, asesinado en Sonora el 1 de junio de 2011, o el de Guillermo Alcaraz Trejo, asesinado el 10 dejunio de 2010 en Chihuahua, no estn considerados entre los expedientes abiertos del organismo, pese atratarse de casos graves, haber estado activos como periodistas en las semanas anteriores a los crmenes yhaber recibido amenazas previas por su labor como reporteros.

Las inconsistencias pueden advertirse tambin en el criterio dierenciado empleado por la CNDH en el ase-sinato, el 20 de junio de 2011, de Miguel ngel Lpez Velasco y su hijo Misael Lpez Solana, uno editor ycolumnista, y el otro otgrao del diario porteo Notiver. Slo el primero de ellos qued en los registros.

Esto, como puede observarse, est ms all incluso de criterios amplios e incluyentes que obligaran a noprejuzgar sobre la actividad de la vctima hasta no establecer clara y objetivamente si la agresin se debi asu actividad proesional. En este caso, los nombres listados muestran tanto contradicciones en su integra-cin como dierencias con los casos registrados por la propia PGR.

Cuntos asesinados, cuntos desaparecidos?

Un anlisis de casos realizado por la Ocina para Mxico y Centroamrica de ARTICLE 19 permite esta-blecer, sobre la base de datos conrmados, que de 2000 a la echa, 66 periodistas han sido asesinadosy 1 ms ueron desaparecidos por razones presumiblemente vinculadas con su trabajo periodstico o encircunstancias en que el ejercicio de la libertad de expresin debera constituir una de las principales lneasde investigacin.

Estado Periodistas asesinados desde 2000 Periodistas desaparecidos desde 2000

Chhuahua 10

Guerrero 8 2

Tamaulpas 11 1***

Veracruz 9 2

Durango 3

Mchoacn 4 4

Oaxaca 4

Snaloa 3

Estado de Mxco 3

Nuevo Len 2 2

Dstrto Federal 2

Jalsco 1

Sonora 1 1Baja Calorna 1

*** Pese a que se conoce de la desaparicin en Tamaulipas de Miguel ngel Domnguez Zamora, Pedro Argello y Amancio Cant desde marzo de2010, ha sido imposible vericar el estatus en que se encuentran estos casos dadas las condiciones de inseguridad en el estado. ARTICLE 19 continatrabajando para obtener ms inormacin de ellos.


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InformeAnual 2011

2

Coahula 2 1

Quntana Roo 1

Tabasco 1 1

Total 66 1

Fuente: ARTICLE 19

Comunicadores desaparecidos

Nombre Medio Fecha de desaparicin Estado

1 Jess Meja Lechuga Rado MS-Notcas 10 de julo de 2003 Veracruz

2 Leodegaro Agulera Lucas Mundo Poltco 22 de mayo de 2004 Guerrero

3 Alredo Jmnez Mota El Imparcal 2 de abrl de 2005 Sonora

4 Raael Ortz Martnez Zcalo 8 de julo de 2006 Coahula

5 Jos Antono Garca Apac Ecos de la Cuenca de Tepaltepec 20 de novembre de 2006 Mchoacn

6 Rodolo Rncn Taracena Tabasco Hoy 21 de enero de 2007 Tabasco

7 Gamalel Lpez Candanosa TV Azteca 10 de mayo de 2007 Nuevo Len

8 Gerardo Paredes Prez TV Azteca 10 de mayo de 2007 Nuevo Len

9 Maurco Estrada Zamora La Opnn de Apatzngn 12 de ebrero de 2008 Mchoacn

10 Mara Esther Agular Cambo de Mchoacn 11 de novembre de 2009 Mchoacn

11 Ramn ngeles Zalpa Cambo de Mchoacn 6 de abrl de 2010 Mchoacn

12 Marco Antono Lpez Ortz Novedades de Acapulco 7 de juno de 2011 Guerrero

13 Gabrel Manuel Fonseca Hernndez El Maanero 19 de septembre de 2011 Veracruz

Fuente: ARTICLE 19

Asimismo, al vericar los casos de atentados cometidos en contra de instalaciones de medios de comunica-cin desde el ao 2000, debe sealarse que mientras la CNDH y la Fiscala Especial de la PGR tienen registrode apenas 25 casos, en los hechos se presentaron ataques con explosivos y armas de uego contra em-presas periodsticas; 24 de ellos ueron realizados entre 2009 y 2011.

Atentados con armas de alto poder o explosivos contra instalaciones de medios

Estado 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Coahula 1 3 5 9

Nuevo Len 1 3 2 6

Tamaulpas 1 3 4

Snaloa 1 1 2 4

Sonora 2 2

Quntana Roo 2 2

Guerrero 1 1

Yucatn 1 1

Oaxaca 2 2


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24

Silencio forzado

Nayart 1 1

Veracruz 1 1

Total 6 2 1 1 8

Fuente: ARTICLE 19

Dentro de las agresiones a la libertad de prensa hay que distinguir claramente aquellas que buscan enviar unmensaje directo y tienen un mayor impacto entre quienes ejercen la libertad de expresin desde el ejercicioperiodstico. Como lo menciona el principio 9 de la Declaracin de Principios sobre Libertad de Expresinde la CIDH el asesinato, secuestro, intimidacin, amenaza a los comunicadores sociales, as como la des-truccin material de los medios de comunicacin, viola los derechos undamentales de las personas y coartaseveramente la libertad de expresin. Con el n de destacar las agresiones que vulneran en mayor medidao tienen un mayor eecto silenciador en la prensa, hemos hecho una distincin con violaciones graves.

De acuerdo con el trabajo de registro y documentacin realizado por ARTICLE 1911, en los ltimos tres aoshay registro de 565 agresiones contra periodistas, medios y trabajadores de la prensa. A detalle, de 2009 a2011 ue posible documentar 55 violaciones graves; esto representa prcticamente una de cada diez agre-siones en contra de periodistas y medios de comunicacin.

Violaciones graves

Asesnatos de pero dstas y trabajadores de med os 27 4909%

55Ataques volentos contra medos 24 4364%

Perodstas desaparecdos 4 727%

Los uncionarios pblicos son en los hechos los principales perpetradores de agresiones contra periodistasen Mxico. En ms de la mitad de las agresiones registradas existen servidores pblicos de dierentes r-denes de gobierno o elementos de las uerzas de seguridad supuestamente implicados. A la delincuenciaorganizada, en contraste se le atribuyen una de cada siete de las agresiones en el pas.

Presuntosperpetradores

Funconaro pblco 303 5363%

6

Delncuenca organzada 77 1363%

Se desconoce/No determnado 100 1769%

Partdos/Canddatos/Fuerzas partdstas 27 478%

Partcular 26 460%

Otro 18 319%

Sndcalstas/Agrupacn Socal 14 248%

11 En 2009 y 2010 los registros se integraron de manera conjunta con Cencos.


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InformeAnual 2011

2

Agresiones perpetradas por uncionarios pblicos

2009 2010 2011 TOTAL %

Fsca/materal 71 39 32 142 4686%

Intmdacn/presn 30 12 11 1749%

Amenazas 28 15 10 1749%

Detencn arbtrara 22 8 7 7 1221%

Calumna/Injura/Damacn 2 1 8 11 363%

Prvacn Ilegal de la Lbertad 3 099%

Ataque cberntco 2 2 066%

Asesnatos 1 1 033%

Desaparcn 1 1 033%

TOTAL 1 7 7 0

Una de cada dos agresiones provenientes de actores del Estado son agresiones sicas y slo en dos casosdurante 2009 se seala a uncionarios como probables responsables de la desaparicin y asesinato de unperiodista sin que ello se haya podido corroborar ya que las investigaciones no han resultado en ningunasentencia.

Los estados donde mayor nmero de agresiones se atribuye a uncionarios pblicos son Chihuahua (47 ca-sos), Veracruz (), Oaxaca (25), Chiapas (19) y el DF (17). Los tres primeros estados por s solos acaparanlas dos terceras partes del total de las agresiones de uncionarios pblicos contra periodistas en el pas. Msan, hay que agregar que en Chihuahua cuatro de cada cinco agresiones contra la prensa son atribuidasa uncionarios pblicos, mientras que en Veracruz se les hace directamente responsables de uno de cadados incidentes.

Cuando se desagregan las ciras a nivel nacional se advierte que en su mayora, los responsables han sidoelementos de Polica Estatal (77 incidentes), Polica Federal (6), Polica Municipal (7) y Fuerzas armadas(41). Es decir, que las uerzas de seguridad son las responsables de la mitad de las agresiones que provienende uncionarios del Estado, y que del total de las agresiones de 2009 a 2011 uno de cada tres abusos ueresponsabilidad de las uerzas encargadas de guardar el orden.

Agresiones atribuidas a la delincuencia organizada

2009 2010 2011 TOTAL %

Fsca/materal 3 19 8 0 3896%

Amenazas 7 13 1 21 2727%

Asesnatos 2 2 8 12 1558%

Prvacn Ilegal de la Lbertad 6 1 7 909%

Intmdacn/presn 1 5 6 779%

Desaparcn 1 1 130%

TOTAL 1 41 2 77


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InformeAnual 2011

27

Campeche

Agresones 4

Perodstas y trabajadores de medos asesnados 0

Ataques volentos contra medos 0

AgresoresFuerzas partdstas 2

Funconaro Pblco 2

Tpo de agresn

Intmdacn/Presn 2

Fsca/Materal 1

Amenaza 1

Chiapas

Agresones 24



Agresores

Funconaro pblco 19

Se desconoce/No determnado 1

Delncuenca organzada 2

Partculares 1

Fuerzas partdstas 1

Tpo de agresn

Fsca/Materal 10

Intmdacn/Presn 4

Detencn legal 1

Deportacn 1

Amenazas 8

Chihuahua

Agresones 57



Agresores

Funconaro pblco 47

Se desconoce/ No determnado 3


Otros 1

Fuerzas partdstas 1

Tpo de agresn

Fsca/Materal 27Intmdacn/Presn 6

Detencn legal 5

Asesnatos 3

Amenazas 16


28/78

28

Silencio forzado

Coahuila

Agresones 35



Agresores

Funconaro pblco 13Se desconoce/ No determnado 3


Otros 2

Partculares 2

Tpo de agresn

Fsca/Materal 21

Intmdacn/Presn 2

Detencn legal 5

Asesnatos 2

Amenazas 5

ColimaAgresones 4



Agresores Funconaro pblco 4

Tpo de agresnIntmdacn/Presn 3


Distrito Federal

Total de agresones 40



Agresores

Funconaro pblco 17


Partculares 7

Fuerzas partdstas 1

Otro 1

Sndcalstas 7

Tpo de agresn

Fsca/Materal 18

Intmdacn/Presn 4

Asesnatos 1

Calumna/Injura/Damacn 6

Detencn legal 4

Amenazas 7


29/78

InformeAnual 2011

29

Durango




Agresores

Funconaro pblco 2

Fuerzas partdstas 1



Tpo de agresn

Fsca/Materal 4

Intmdacn/Presn 5


Asesnatos 3

Amenazas 4

Estado de Mxico

Agresones 4




Tpo de agresn

Detencn legal 1

Fsca/Materal 2

Intmdacn/Presn 1

Guanajuato

Agresones 9



Agresores

Funconaro pblco 7


Fuerzas partdstas 1

Tpo de agresn

Fsca/Materal 2

Intmdacn/Presn 2


Detencn legal 1

Amenazas 3


30/78

0

Silencio forzado

Guerrero




Agresores

Funconaro pblco 11


Fuerzas partdstas 2

Otro 1


Tpo de agresn

Fsca/Materal 5

Intmdacn/Presn 7

Detencn legal 2

Asesnatos 4

Desaparcn 2

Prvacn legal de la lbertad 1Amenazas 7

Hidalgo

Agresones 6



Agresores

Funconaro pblco 2


Otro 1

Partculares 2

Tpo de agresn

Fsca/Materal 3

Intmdacn/Presn 1

Amenazas 2

Jalisco

Agresones 13



AgresoresFunconaro pblco 12

Otro 1

Tpo de agresn

Fsca/Materal 7

Intmdacn/Presn 3

Amenazas 3


31/78

InformeAnual 2011

1

Michoacn




Agresores

Funconaro pblco 9



Tpo de agresn

Fsca/Materal 7

Intmdacn/Presn 2

Detencn legal 1

Asesnatos 1

Desaparcn 2

Amenazas 2

Morelos




Agresores

Funconaro pblco 6


Partculares 1


Tpo de agresn Fsca/Materal 6

NayaritTotal de agresones 1



Agresores Delncuenca organzada 1

Tpo de agresn Fsca/Materal 1

Nuevo Len




Agresores

Funconaro pblco 4


Fuerzas partdstas 2



32/78

2

Silencio forzado

Tpo de agresn

Fsca/Materal 7

Asesnatos 2

Detencn legal 2

Amenaza 1


Intmdacn/Presn 3

Oaxaca




Agresores

Funconaro pblco 25


Fuerzas partdstas 2

Sndcalstas 4

Ex canddatos 1

Partculares 1

Otros 9

Tpo de agresn

Fsca/Materal 36

Detencn legal 3

Amenaza 8

Intmdacn/Presn 5

Puebla




Agresores

Funconaro pblco 15

Fuerzas partdstas 1


Otros 1

Tpo de agresn

Fsca/Materal 12

Detencn legal 4

Amenaza 1

Intmdacn/Presn 2


33/78

InformeAnual 2011

Quertaro

Agresones 4



AgresoresSe desconoce/No determnado 1

Funconaro pblco 3

Tpo de agresnIntmdacn/Presn 1

Fsca/Materal 3

Quintana Roo




Agresores

Funconaro pblco 4

Fuerzas partdstas 2Se desconoce/No determnado 6

Otros 3

Tpo de agresn

Fsca/Materal 6

Ataque cberntco 2

Amenaza 2

Asesnatos 1

Intmdacn/Presn 4

San Luis Potos

Agresones 2




Tpo de agresnCalumna/Injura/Damacn 1

Fsca/Materal 1

Sinaloa




Agresores

Funconaro pblco 16




34/78

4

Silencio forzado

Tpo de agresn

Fsca/Materal 18

Intmdacn/Presn 5

Ataque cberntco 1

Asesnatos 2

Amenazas 4



Sonora




Agresores

Funconaro pblco 4

Fuerzas partdstas 1



Tpo de agresn

Fsca/Materal 5

Asesnatos 1

Intmdacn/Presn 1

Tabasco




Agresores

Funconaro pblco 9

Sndcalstas 2


Tpo de agresnFsca/Materal 11

Amenaza 1

Tamaulipas





35/78

InformeAnual 2011

Agresores

Funconaro pblco 9


Fuerzas partdstas 3


Partculares 1

Tpo de agresn

Detencn legal 1


Asesnatos 2

Amenaza 5


Intmdacn/Presn 1

Tlaxcala





Tpo de agresn Detencn legal 1

Veracruz




Agresores

Funconaro pblco 33


Fuerzas partdstas 4


Otros 2

Sndcato 1


36/78

6

Silencio forzado

Tpo de agresn

Detencn legal 2

Desaparcn 1

Ataque cberntco 1


Asesnatos 5

Amenaza 5



Intmdacn/Presn 10

Yucatn




Agresores

Funconaro pblco 4

Otro 1

Partdo Poltco 1

Tpo de agresn

Fsca/Materal 4

Amenaza 1

Intmdacn/Presn 1

Zacatecas




Agresores

Funconaro pblco 4



Tpo de agresn

Fsca/Materal 2


Amenaza 8

Intmdacn/Presn 2


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InformeAnual 2011

7

La escalada de ataques

La violencia no es algo que simplemente nos sucedi un da. En los ltimos aos, Mxico ha experimentadoun incremento signicativo en la violencia, merced a las rivalidades entre grupos delictivos, principalmentededicados al narcotrco, y las acciones por parte del Estado para combatirlos.

De acuerdo con la Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizadadada a conocer el 11 de enero de este ao, el gobierno ederal ubica en ms de 47 mil las muertes ocurri-das en los ltimos cinco aos en el contexto de rivalidad entre organizaciones delincuenciales; los nmeroses importante advertirlo muestran de ao a ao un crecimiento signicativo. Es ingenuo pensar queeste hecho no ha tenido repercusin en distintas las eseras de la vida pblica y que la violencia e incluso laestrategia de miedo que algunos grupos emplean no han terminado por alcanzar a la prensa.

El enmeno, sin embargo, no es una novedad sexenal; se gest lentamente al amparo de un Estado omisoante la evidencia de complicidades entre la autoridad, el narcotrco y la delincuencia organizada, cuandovarios medios ya publicaban trabajos periodsticos sobre la corrupcin en las instituciones policiacas, en lasprocuraduras de justicia estatales y en los gobiernos del mbito municipal y estatal.

Fue en ebrero de 2006 cuando por primera vez un grupo de hombres armados atac con rifes de asalto

las instalaciones de El Maana, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y entr hasta la redaccin del peridico parahacer estallar una granada. Dos aos antes, en 2004, su director editorial, Roberto Mora Garca, haba sidoasesinado sin que las autoridades jams buscaran posibles pistas en el trabajo periodstico que haca.

Francisco Javier Ortiz Franco, editor general del semanarioZeta, en Tijuana, Baja California, ue embosca-do y asesinado en junio de 2004, tras publicar un trabajo periodstico en el cual revelaba la identidad de 71miembros de la organizacin criminal de los Arellano Flix, y mientras trabajaba en la revisin del expedientedel asesinato de su compaero Hctor Flix Miranda, ocurrido 16 aos antes, para probar que el autor in-telectual segua libre y tena en sus planes ser gobernador del estado.

Menos de un ao despus, Alredo Jimnez Mota, reportero del peridico El Imparcialde Hermosillo, So-nora, desapareci mientras investigaba sobre la operacin de grupos del narcotrco en la entidad. Sucaso se volvera emblemtico, pues las exigencias a la autoridad para encontrarlo y las denuncias sobre laspobres acciones realizadas para resolver su caso, obligaran a las autoridades ederales a crear dentro de la

Procuradura General de la Repblica (PGR) una Fiscala Especial para la Atencin a Delitos cometidos contraPeriodistas.

La descomposicin gradual de las condiciones para ejercer la libertad de expresin en algunas regiones delpas ue generando situaciones inditas. Cambio de Sonora, diario de la Organizacin Editorial Mexicana,anunci en mayo de 2007 su determinacin de suspender indenidamente su publicacin, luego de serblanco de dos atentados con explosivos en el lapso de un mes y enrentar la negativa del gobierno estatala brindarles mayores garantas.

En 2008, Alejandro Junco de la Vega, propietario del Grupo Reorma (que controla los diarios El Norte,en Monterrey; Mural, en Guadalajara, y Reorma, en la Ciudad de Mxico) cambi su residencia a Austin,Texas, desde donde dirigi al entonces gobernador de Nuevo Len una carta en la cual armaba habertomado su decisin basado en un dilema: llevar a su amilia a un lugar seguro o comprometer la integridadeditorial de su grupo periodstico.

El uso de la violencia como mtodo para silenciar a los medios, oblig a las empresas periodsticas a mo-dicar criterios en sus coberturas, obviar los crditos de reporteros y otgraos asignados a las uentes deseguridad, eliminar la autora de notas con inormacin delicada para rmarlas como Stao Redaccin, eincluso recurrir a la autocensura como medida de prevencin y autoproteccin.


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Silencio forzado

Como la advertira en su momento la Relatora Especial para la Libertad de Expresin de la CIDH, en algunosestados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacn, Nuevo Len, Sinaloa y Tamau-lipas es posible hablar de comunidades totalmente silenciadas por el eecto paralizante que genera el climade violencia e impunidad.12

En esa armacin de la CIDH est contenida justamente la mejor explicacin de lo que ocurre desde hace

aos en territorios como el de Tamaulipas, donde no ue sino hasta marzo de 2010 cuando los mediosnacionales empezaron a comprender la exacta dimensin de las rases que aseguraban que el periodismoestaba muerto ah.

Fue a inicios del 2010 cuando empez a hablarse del rompimiento de la sociedad entre el Crtel del Goloy Los Zetas, hasta entonces su brazo armado. La evidencia y los detalles de combates de hasta ocho horasque se libraban en las calles de varios municipios, (de los cuales ni medios ni autoridades inormaban) co-menzaron a circular en blogs y redes sociales, gracias a videos captados por ciudadanos.

En busca de romper el cerco, Milenio envi a un reportero y un camargrao para que testimoniaran lo quesuceda en esos das en Tamaulipas. Y lo que suceda los alcanz. Despus de un par de jornadas de trabajoen Reynosa, ambos ueron interceptados y secuestrados a plena luz del da, golpeados e interrogados porpersonas que se identicaron como integrantes del Crtel del Golo, quienes nalmente les perdonaron lavida y les permitieron irse.

A aquello se sum un reporte de The Dallas Morning News, el cual revelaba que al menos otros seis perio-distas haban sido secuestrados en la ciudad. Fueron testimonios annimos los que permitieron establecer,primero, para qu medios trabajaban: los diarios El Maana, La Tarde y La Prensa, as como el peridicodigital MetroNoticias. Al paso de las semanas surgieron tambin sus nombres, aunque hasta la echa no hasido posible conrmar cuntos de ellos volvieron a casa y cuntos continan desaparecidos.

Unos meses despus se dio el hallazgo de 72 cuerpos de migrantes centroamericanos en un rancho del mu-nicipio de San Fernando, as como la muerte en Matamoros de Ezequiel Crdenas Guilln, lder del Crteldel Golo, durante un operativo en el que participaron ms de 600 eectivos del Ejrcito y la Marina. Amboshechos tuvieron una amplia cobertura de agencias y medios internacionales, ueron nota principal de laprensa nacional; unos pocos medios locales publicaron retazos de los hechos, sin inormacin, con trminosaspticos e imprecisos como violencia, personas armadas o individuos desconocidos.

Salirse del guin, atreverse a nombrar a algn jee criminal se castiga, y los escarmientos suelen tener talnivel de brutalidad que hacen desaparecer durante semanas a los reporteros, incapaces de caminar o po-nerse en pie.

Atacar a uno para silenciar a todos

En distintas localidades de Mxico los grupos que controlan los negocios de la droga, el secuestro y laextorsin determinaron poner de rodillas a la prensa local; en la mayora de los casos lo han logrado. En2009, decenas de periodistas del sur de Morelos recibieron amenazas de muerte de las que ocialmentese conocieron slo unas pocas1. En estados como Durango y Coahuila periodistas asesinados parecenhaber sido elegidos con el ltimo objetivo de que el miedo se transmitiera a todos y el mensaje pasara de

boca en boca.

12 Inorme Anual de la Relatora Especial para la Libertad de Expresin de la CIDH 2010. Comisin Interamericana de Derechos Humanos. 7 de marzode 2011, p. 284.

1 En abril de 2010, 27 periodistas del estado de Morelos recibieron amenazas a travs de un correo electrnico. El 2 de julio, un nuevo mensaje rma-do por el CPS (Crtel del Pacco Sur) apareci en Cuautla, Jojutla, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, a travs de varias mantas que advertan sobreposibles acciones de dgar Valdez Villareal, ex integrante de la organizacin de los Beltrn Leyva, contra los reporteros locales.


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InformeAnual 2011

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A Eliseo Barrn, reportero de la uente policiaca del diario Milenio La Opinin, se lo llevaron la noche del 25de mayo de 2009; eran ocho hombres armados y encapuchados que entraron por la uerza a su domicilioen Gmez Palacio, Durango. Su cuerpo ue encontrado varias horas despus con cuatro impactos de bala.Durante su uneral, seis mantas ueron desplegadas en distintos puntos de Torren, Coahuila, con amena-zas que giraban sobre una misma idea: Ya estamos aqu periodistas, pregntenle a Eliseo Barrn. El Chapoy Crtel del Poniente no perdonan; cudense soldados y periodistas.

Cinco hombres ueron detenidos en las investigaciones del crimen. Entre ellos ue capturado el presuntoautor material, quien reconoci haberlo asesinado de un tiro, aunque dijo que Lucio Fernndez, jee deuna clula de Los Zetas en la zona, le dispar tres veces ms. Durante el interrogatorio de las autoridades,el hombre reconoci que el objetivo era darles un escarmiento a los dems comunicadores de la reginpara que no se metieran con su trabajo.

Unos meses despus, un segundo periodista ue asesinado: Bladimir Antuna, reportero de Tiempo de Du-rango, quien cubra la misma uente y mantena relacin proesional con Eliseo Barrn.

Secuestrado durante la maana del 2 de noviembre, los captores devolvieron su cuerpo 12 horas ms tarde,lo dejaron apenas a unos metros de donde lo haban privado de la libertad, en la capital de Durango, condos impactos de bala y encima de l una cartulina con un mensaje: Esto me pas por dar inormacin a losmilitares y escribir lo que no se debe. Cuiden bien sus textos antes de hacer una nota.

No lejos de ah, varios hechos se encadenaron y produjeron una nueva tragedia. El 29 de diciembre de 2009un importante jee de la delincuencia organizada con infuencia en Zacatecas, Aguascalientes y San LuisPotos, ue detenido en el motel Marbella de Saltillo, Coahuila. El 6 de enero de 2011, varios de sus lugar-tenientes ueron detenidos mientras intentaban obtener los videos de seguridad del motel que mostrabanla captura de su jee. Ambas capturas se publicaron a ocho columnas en el diarioZcalo de esa ciudad.

Esa noche un grupo de asesinos secuestraron a Valentn Valds Espinosa, un reportero de la seccin local deldiario. Iba acompaado de otros dos periodistas, pero a ellos les perdonaron la vida. A Valentn le cobraronla publicacin de aquellas notas; le dispararon en cinco ocasiones, lo ataron de pies y manos y dejaron sucuerpo rente al motel Marbella, con un mensaje escrito en una cartulina que adverta: Esto les va a pasara los que no entiendan. El mensaje es para todos.

A unos 1,200 kilmetros, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el 27 de enero de 2010, otros recurrieron a

la misma estrategia, ensearle a los periodistas a moverse en el miedo permanente, a no sentirse seguros.Prendieron uego a un vehculo de la Organizacin Impulsora de Radio a las aueras de esa empresa radio-diusora, donde adems dejaron un costal de bra plstica con una advertencia escrita a mano: Esto lespasar a todos los reporteros. Los quemaremos.

Cada crimen est acompaado de un mensaje velado o maniesto sobre lo que quienes ejercen el periodis-mo deben hacer para salvar su vida; la burda amenaza garabateada y dejada sobre algunas de las vctimases slo una manera de hacerlo. La violencia brutal, constante y a gran escala tiene eectos multiplicadoresque impactan a todos porque se vive como amenaza permanente.

Basta mirar al norte y noreste del pas, principalmente a Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas, para en-contrarse que en 6 meses hubo casi una veintena de ataques a instalaciones de medios y acciones siste-mticas, escalonadas, reiteradas y aun simultneas contra liales de la principal televisora del pas en NuevoLaredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Piedras Negras, Torren y Monterrey, slo por orecer el ejemplo msilustrativo.


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Una dcada, 33 ataques

Enrentar a empresas de comunicacin uertes y no a una prensa pobre, mal preparada y controlada, comola de algunas entidades, requiere de mayor violencia y recursos para imponer el miedo. No slo hablamos deuna empresa como Televisa, la de mayor alcance y penetracin nacional, a cuyas puertas han sido dejadas

granadas ragmentarias e incluso un auto-bomba; la violencia reiterada se ha dirigido tambin contra o-cinas del diario El Norte, perteneciente a Grupo Reorma; Noroeste y El Debate, los dos diarios ms impor-tantes de Sinaloa; las instalaciones de El Siglo de Torren y Vanguardia en Coahuila, y empresas noticiosasde Grupo Multimedios, en el centro y norte de Mxico. As, hasta contar en poco menos de una dcada atentados contra instalaciones de medios.

El narco, presente en los medios

Los medios tuvieron parte en el proceso de descomposicin que termin por volverlos blanco y en algunoscasos le mostraron a los criminales el valor que tienen los espacios periodsticos. Los liderazgos regiona-les de los grupos criminales dejaron de imponerle el silencio a los medios para exigirles espacio. En julio

de 2009, Servando Gmez Martnez, jee segundo del grupo conocido como La Familia Michoacana secomunic a una televisora local donde cont con aproximadamente cuatro minutos para hablar de suactividad y proponer al Gobierno Federal una negociacin.

Das ms tarde, otro medio, esta vez nacional, prest micronos al mismo personaje y le dio espacio en susediciones impresas. Gmez Martnez declar cuanto quiso y pidi de nuevo a las autoridades un dilogopara lograr un pacto que les permitiera trabajar y tener a Michoacn en paz.

No es ortuito que un ao despus de aquello, en un hecho indito, tres periodistas de Televisa y Grupo Mul-timedios ueran secuestrados en Durango por personas que se identicaron como miembros de un grupodel narcotrco, mientras cubran una crisis en el Centro de Readaptacin Social nmero 2, de Gmez Pa-lacio. Los periodistas ueron retenidos por seis das, durante los cuales se dio una autntica negociacin derehenes y se impuso a sus empresas la transmisin ntegra de tres videos con interrogatorios a integrantesde los grupos rivales, como condicin para su liberacin.

Las presiones de integrantes de grupos delictivos contra directivos y reporteros de diarios para colocar susmensajes dentro de la pauta noticiosa se incrementaron. Ya no buscaban someterlos para mantenerlosuera de las coberturas delicadas; los queran trabajando para ellos. En Zacatecas, los diarios Imagen y LaJornada Zacatecas recibieron presiones para publicar inormacin contra elementos del Ejrcito Mexicanodestacados en la entidad, mientras en Tamaulipas se volvi prctica comn el envo de despachos inorma-tivos y rdenes de trabajo a algunas redacciones, adems de arrogarse la acultad de acreditar reporterospara la cobertura de eventos pblicos en los que intentan conseguir simpatas de grupos sociales pocoavorecidos y ormar con ellos una base social14.

Publicar o pagar las consecuencias

Un acontecimiento mucho ms reciente muestra la capacidad para infuir de manera decisiva en lo que losmedios publican. Apenas el 1 de noviembre de 2011, en la vspera del proceso electoral de Michoacn,

14 En abril de 2011, el grupo conocido como Los Zetas organiz en Parque de Beisbol Praxedis Balboa Ciudad Victoria una celebracin del Da del Nio,paralela a la del gobierno estatal, con comida, juegos y regalos. ARTICLE 19 conoci de voz de periodistas locales sobre reporteros que ueron escar-mentados por no acreditarse debidamente con quien haca las unciones de jee de prensa del grupo criminal.


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en la edicin del diarioAM de La Piedad apareci un mensaje sin rma, dirigido a los michoacanos, en elque se lea: A toda la poblacin le queremos decir que no queremos ms PAN en ningn nivel de Gobierno,ya que tienen pactos con grupos que roban, extorsionan, violan y secuestran a gente inocente. No usenplayeras ni propaganda del PAN no queremos conundirlos y que haya muertes inocentes. Los editores deldiario incluyeron una nota aclaratoria al margen para precisar que el comunicado haba sido publicado parasalvaguardar la integridad de su personal.

Qu quieren de nosotros?

El agravamiento de la crisis de inseguridad trajo consigo un deterioro de la relacin entre el gobierno y losmedios. Aun desde el Ejecutivo, se juzgaba que la prensa otorgaba una relevancia desmesurada a las accio-nes del crimen organizado y contribua a crear una imagen negativa de Mxico en el exterior.

La propia Procuradura General de la Repblica lleg a exponer pblicamente que la responsabilidad de losmedios ante la lucha contra la delincuencia organizada era condenar y cooperar con la autoridad para aislara los integrantes del crimen organizado y reprochaba a periodistas que se priorizara la scalizacin de lospoderes pblicos y se hiciera nasis en la ineciencia y corrupcin en stos. La prensa entonces era culpablede trivializar la criminalidad, mostrarla uera del contexto de su combate e incluso de generar desnimo yparlisis entre la poblacin, pues haca parecer invencible a la delincuencia organizada.15

La agenda de los y las periodistas se volvi entonces una disputa entre los delincuentes y los actores delEstado, cuyas investigaciones de delitos contra la libertad de expresin se han caracterizado en el mejor delos casos por sus omisiones, dilaciones y alta de diligencia en las indagatorias, mientras que cada vez conmayor recuencia se emplea el recurso de desacreditar a las vctimas, involucrndolas en actividades delicti-vas, aun antes de eectuar una investigacin.

El problema creci hasta salrsele de las manos a las autoridades mexicanas y volverse tema de particularinters en el exterior; organismos internacionales de derechos humanos han recomendado reiteradamentea Mxico adoptar medidas eficaces para combatir la violencia contra periodistas y el personal de los mediosde comunicacin, y proporcionarles mayores garantas en el desempeo de sus deberes proesionales.

En medio de ese vaco de autoridad, las empresas periodsticas iniciaron entonces un dilogo con sus lec-tores y sus audiencias, reconocieron que haban tenido que transigir con los criminales y aceptarlos comointerlocutores. Tras el asesinato en septiembre de 2010 de Luis Carlos Santiago, uno de sus reporteros gr-cos, El Diario de Ciudad Jurez, Chihuahua, se dirigi en un Editorial de primera plana a los grupos delnarcotrco que disputaban el control de aquella zona de la rontera, reconocindolos como autoridadesde acto. Queremos que nos expliquen qu es lo que quieren de nosotros, qu es lo que pretenden quepubliquemos o dejemos de publicar, para saber a qu atenernos. [...] Ya no queremos ms muertos. Ya noqueremos ms heridos ni tampoco ms intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra uncin en estas condi-ciones. Indquenos, por tanto, qu esperan de nosotros como medio, deca el texto.

El peridico Vanguardia, en Saltillo, Coahuila, tom una medida similar en noviembre de ese ao y en sueditorial, denunci la ausencia de condiciones necesarias para un ejercicio libre y proesional del periodismoen la ciudad. Sus directivos tomaron posicin respecto de la violencia. Fueron claros en que entre ganar unanota y la integridad de las personas, elegiran lo segundo, por lo que renunciaron a publicar sobre temas

que se tornaron delicados: Trabajar bajo las sombras de la amenaza a nuestro cuerpo editorial es una con-dicin ms de los das de hoy, que nos obliga en ocasiones a dejar uera alguna inormacin.

15 Ver el discurso del procurador Eduardo Medina Mora en la inauguracin del oro La responsabilidad de los medios ante la lucha contra la delincuenciaorganizada. 2 de marzo de 2009. Disponible en: http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/coms09/02009a.shtm


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Medios bajo amenaza como Noroeste en Sinaloase vieron obligados a explicar su posicin ante la violen-cia y a declarar su negativa a rendirse, a no inormar ms y pretender que algunas cosas no suceden en laregin. Tras un ataque a sus instalaciones en Mazatln, el 1 de septiembre de 2010, la empresa periods-tica llev como texto principal de su primera plana un Editorial titulado No vamos a ceder, en el cual seapuntaba que las condiciones en el estado volvan muy dicil ejercer el periodismo con la responsabilidad yproesionalismo que la tarea reclama, mientras autoridades estatales y ederales seguan incumpliendo consu obligacin de prevenir e investigar delitos contra la libertad de expresin.

El captulo ms reciente de esa larga cadena lo aport el diario Novedades de Acapulco, en Guerrero, alpublicar el 15 de octubre un Editorial, tambin en primera plana, en el tono que ya venan hacindolo me-dios de otros puntos del pas, tras haber surido la privacin de la libertad de dos de sus empleados, uno delos cuales no ha sido encontrado.

En l, sus directivos establecan que la lnea editorial del peridico impeda dar a conocer comunicados o servocero de grupos de la delincuencia organizada a travs de sus notas ni en el servicio de anuncios. El textose diriga tambin a quienes utilizando pseudnimos o rancos annimos se proponan que el peridicoles diera espacio y se involucrara en sus guerras personales. Novedades no se presta para eso, advertanlos editores, sin precisar de dnde venan las presiones recibidas.

El crimen organizado, coartada del Estado

Hace dos aos, en el marco de la presentacin del Inorme de Actividades de la CNDH, el presidente de laRepblica armaba que el tiempo en el que las agresiones a periodistas provenan de la autoridad habaquedado en el pasado. En la actualidad, asegur, esas agresiones son responsabilidad prcticamente en sutotalidad de los grupos del narcotrco.

La principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresin, proviene, precisamente, del crimenorganizado. Quienes someten, secuestran, levantan y, nalmente, asesinan, por desgracia, a los periodistas,son criminales sin escrpulos, que se sienten, precisamente, dueos de la sociedad y que no toleran ningnsealamiento y ninguna crtica. Son los criminales, con sus acciones violentas, los que ahora censuran, losque ahora amenazan, los que ahora limitan la labor de los comunicadores, aadi.16

Incapaz de respaldar los dichos presidenciales con nmeros y estadsticas detalladas y desagregadas sobrela violencia contra comunicadores y comunicadoras, el discurso ocial ha postulado sistemticamente unaidea equivocada para evadir la responsabilidad que se tiene en el problema. La violencia criminal ha impac-tado de manera importante la percepcin de la gente sobre la seguridad; en el caso de periodistas y comu-nicadores sociales, cada disparo, cada desaparicin repentina de compaeros tiene un eecto multiplicadorque silencia a todos. Eso es cierto.

Sin embargo, de acuerdo con el total de agresiones registradas por ARTICLE 19 en el periodo de 2009 a2011, en 5.4% de los casos hubo servidores o uncionarios pblicos de distinto nivel involucrados. Estosignica que uno de cada dos actos de intimidacin o ataques contra la prensa ue responsabilidad de unagente del Estado, lo cual contrasta con el 1.6% de las agresiones atribuibles a integrantes de la delin-cuencia organizada.

16 El discurso ntegro puede ser consultado en la direccin electrnica http://presidencia.gob.mx/index.php?DNA=109&page=1&Contenido=588


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Funcionario pblico Agresiones Porcentaje

Funconaro ederal 17 300%

Polca Federal 36 637%

Mltares 45 796%

Subtotal 98 17.4%

Funconaro Estatal 44 778%

Polca Estatal 77 1362%

Subtotal 121 21.41%

Funconaro Muncpal 47 831%

Polca Muncpal 37 654%

Subtotal 84 14.86%

Total 0 .62%

Fuente: ARTICLE 19

La propia a Fiscala Especial para la Atencin de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresin (FEADLE),adscrita a la PGR reconoci en su ms reciente inorme de labores que los perpetradores de violaciones a lalibertad de expresin son en su mayora, servidores pblicos de los tres niveles de gobierno, incluso algu-nos con capacidad de mando y direccin de uerzas policiales, al igual que uncionarios de procuraduras ode ayuntamientos17.

Es claro que el crimen organizado no debe ser minimizado como un actor que emplea la violencia paraimponer controles rreos sobre la inormacin, pero no puede ser sealado como el nico peligro para eltrabajo periodstico en los aos recientes. La violencia uera de control que se ha experimentado en variaszonas del pas por los enrentamientos entre crteles, dio origen a un segundo enmeno vinculado a laestrategia ederal para controlarla; los elementos del Ejrcito mexicano, la Polica Federal y los cuerpospoliciacos estatales y municipales se pusieron a la cabeza como responsables de agravios a la libertad de

expresin.

En marzo de 2008, por ejemplo, las autoridades tomaron la determinacin de iniciar una operacin coordi-nada en Chihuahua, que durante 20 meses estuvo bajo el mando de la Secretara de la Deensa Nacional,para despus pasar a manos de la Polica Federal. Inicialmente participaron en ella unos 2 mil 500 eectivosmilitares y policiales, que trabajaron como uerza conjunta para contener y disuadir a los grupos delictivos.

Sin embargo, los integrantes de las uerzas ederales se incorporaron a los patrullajes y a los operativoscontra el crimen organizado desde una lgica militar, proclive a prcticas abusivas, que entendiblementeencuentra incmoda la presencia de medios. Las agresiones sicas, la destruccin de equipos y materialperiodstico, lo mismo que las amenazas a comunicadores ueron numerosas. Del universo de 57 agresio-nes documentadas por ARTICLE 19 en los ltimos tres aos en esa entidad, ueron responsabilidad deelementos de la Polica Federal y el Ejrcito; esto es, prcticamente seis de cada diez de los casos que sepresentaron.

17 Procuradura General de la Repblica. Quinto Inorme de Labores. P 25.


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Autorregulacin contra uniormidad

No son pocos los medios que consideran inaceptable plantearse el renunciar a hablar de la violencia y pre-tender que sta no existe. Varios de ellos han asumido criterios editoriales particulares que responden a unprincipio elemental: la realidad del lugar donde desarrollan su labor no es la misma que la de otras ciudades

del pas; en uncin de ello han modicado su oerta inormativa sobre seguridad y crimen, su jerarquarespecto de otros temas, el material otogrco y de video con la que se le ilustra, el lenguaje mismo.

El 24 de marzo de 2011, 46 grupos de medios de comunicacin, propietarios de unos 700 peridicos yrevistas, estaciones de radio y televisin, rmaron un documento llamado Acuerdo para la Cobertura In-ormativa de la Violencia, que propona la adopcin de una serie de criterios editoriales comunes para eltratamiento de la inormacin relativa a las vctimas de esa violencia, empezar a impedir en lo posible adelincuentes el uso de espacios periodsticos con nes propagandsticos, reconocer los derechos procesalesde los imputados de delito y cerrar el paso a las presentaciones de detenidos en condiciones que cancelanla presuncin de inocencia.

En los das previos, el peridico Noroeste de Sinaloa hizo un esuerzo por replantear el tratamiento de lanota de seguridad pblica y asumi varios compromisos con sus lectores que incluan publicar los hechos deviolencia slo en su seccin de Seguridad y Justicia, no dar a conocer los domicilios de vctimas, presun-

tos delincuentes, o revelar la ubicacin o nombre de hospitales a donde ueran trasladadas las vctimas deun hecho violento; no diundir rostros ni nombres de menores acusados de delito, tampoco de los elemen-tos policiacos, militares o de rescate presentes en los hechos de alto impacto.

El Universal, diario capitalino, hizo lo mismo, anteponiendo un principio: las polticas editoriales debenser asumidas libre e individualmente por cada medio de comunicacin, en uso de su independencia. En loparticular, el diario comprometi hacer el mayor de sus esuerzos para erradicar la autocensura derivadade presiones o amenazas del crimen organizado y a insistir en un periodismo de hechos y uentes reales,siempre identicables.

Hubo quien no entendi as ninguno de estos anuncios, quien vio en la rma de medios y periodistas unaamenaza a la libertad de expresin y aseguraba que el acuerdo tena como avieso n uniormar lneas edito-riales para privilegiar la voz del gobierno. Otros se abstuvieron o consideraron innecesario sumarse en raznde que los criterios propuestos no respondan de manera suciente a la realidad que enrentan.

Despus de surir la desaparicin de Mara Esther Aguilar Cansimbe y Ramn ngeles Zalpa, dos de susreporteros, Cambio de Michoacn ue uno de los medios ms claros en explicar su decisin de signar elacuerdo. Lo primero ue establecer que lo suyo no era una manera de venderse a la derecha, pues enlos hechos ya hay medios que apoyan decididamente la estrategia gubernamental y avalan los operativosederales aunque pongan en riesgo la vida de personas inocentes.

Lo segundo y quiz lo ms importante que estableca la publicacin es que ms all de signar un acuerdonacional contra la violencia en sus contenidos, [los medios] requieren ver tambin hacia su estructura inter-na para cumplirlo, cdigos de tica congruentes que les ataje la otograa que incita al morbo y a la ventarpida, las ciras del escndalo sobre ejecutados y las presuntas investigaciones especiales sobre lderes delbando malo, el que pone al pas contra la espada y la pared al no saber quin es quin en esta guerra decostos materiales, humanos y psicolgicos.18

18 Medios y violencia. Editorial. Cambio de Michoacn.25 de marzo de 2011, p. 2.


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La posicin de ARTICLE 19

La violencia contra la prensa no permite escatimar esuerzos para hacerle rente a un contexto adverso paraejercer un derecho undamental en Mxico. El 24 de abril de 2011 se rm un Acuerdo para la CoberturaInormativa de la Violencia que suscribieron ms de 700 medios de comunicacin. Es la primera vez que

tantos medios acuerdan principios bsicos editoriales sobre la cobertura de la violencia en el pas. Seme-jantes procesos se han dado en Espaa, Colombia y Reino Unido. Es un acuerdo imperecto, que no quededuda. Deja de uera importantes temas que deben mejorars

silencio forzado. el estado, cómplice de la violencia contra la prensa en méxico

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