COMUNIDADES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

LOS CASOS DE IXQUISIS Y SAN RAFAEL LAS FLORES, GUATEMALA

Guatemala se encuentra en una coyuntura política muy delicada que prepara el terreno para una nueva estocada al frágil Estado de derecho, creado después de los Acuerdos de Paz de 1996.

Junto al cese definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y la deslegitimación de sus logros, el gobierno guatemalteco ha puesto en marcha una serie de iniciativas que allanan el terreno a la represión de movimientos sociales y fortalecen el estado de impunidad generalizada, como son el Estado de Sitio en 22 municipios, la iniciativa de ley de ONGs para la censura y la intervención de las mismas, o la reforma del salario mínimo. Desde 2018, han aumentado el número de desapariciones y las incesantes amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos en el país y no hay garantía para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. En este sentido, el Estado tiene pendiente desarrollar e implementar una Política Pública de Protección de Defensores/as, por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero aún no hay voluntad política de llevarla a cabo.

Este es un contexto propicio para el desarrollo de actividades que privatizan los bienes comunes del país (acaparamiento de tierras, ríos, lugares naturales protegidos) y que atentan directamente contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como sus modos de vida -reconocidos por convenios internacionales ratificados el Estado de Guatemala, que velan por el bien común de los recursos naturales y que actúan en pro del sostenimiento medioambiental. Esta privatización de bienes se hace a favor de corporaciones nacionales y transnacionales con la complicidad del Estado y una buena parte de las instituciones públicas, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad (tasas de desnutrición de menores de cinco años que oscilan entre 46,5 % y 58 %, con el 70,5% bajo el umbral de la pobreza).

(San Andrés, Pojom I, Pojom II)

Con la colaboración de:

farmaceuticosmundi.orgprotectioninternational.org carea-menschenrechte.de

IXQUISIS MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

La Resistencia Pacífica de la microrregión de Ixquisis está conformada por 9 comunidades, pertenecientes a los pueblos indígenas Maya Chuj, Maya Q’anjob’al, y comunidades mestizas que defienden sus derechos territoriales y ambientales frente a la imposición en sus territorios de tres proyectos hidroeléctricos iniciados en 2009.

Los tres proyectos (San Andrés, Pojom I, Pojom II) son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.) que es propiedad actualmente de dos familias vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW.

El 21 de mayo de 2009, las comunidades de San Mateo Ixtatán llevaron a cabo una consulta comunitaria en la que 25.646 personas expresaron su rechazo a los proyectos extractivos. Aun así, los proyectos hidroeléctricos fueron aprobados con numerosos vacíos de información. Esto impide evaluar su factibilidad técnica y conocer la amplitud exacta de las obras. De la misma manera, se ha señalado que la metodología de revisión empleada por parte del Ministerio del ambiente y recursos naturales (MARN) en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, no tiene en cuenta cuestiones clave para evitar posibles violaciones de derechos humanos y ambientales en las zonas de explotación.

A raíz de su lucha pacífica, las comunidades enfrentan muchas agresiones y actos de represión por la fuerza pública, la seguridad privada de la empresa y personas particulares vinculadas a la misma. Se viene observando un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el 16 de diciembre de 2018. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017; asesinato que sigue sin esclarecerse. Además, la resistencia ha enfrentado actos de criminalización, como detenciones arbitrarias y la existencia de múltiples ordenes de captura, al igual que constantes campañas de estigmatización, difamación y desprestigio tanto en medios locales y nacionales como en redes sociales.

En reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica, en junio de 2018 la Resistencia Pacífica de Ixquisis recibió el premio Front Line Defenders.

RESISTENCIA PACÍFICA DE

SANTA ROSA, JALAPA Y JUTIAPALa Resistencia Pacífica se conformó en 2013 en varios municipios de tres departamentos (Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa) después de que en 2010 una empresa llegó al municipio de Santa Rosa con la intención de comprar tierras para una maquilla, hasta que la construcción de una mina (El Escobal) fue evidente.

La empresa Minera San Rafael, S.A. subsidiaria en Guatemala de Tahoe Resources Inc, empresa canadiense, solicitó en el 2011 la licencia de explotación de oro, plata, níquel, cobalto y otros minerales en un territorio de 19.99 Km2 en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. El Escobal es considerado por la compañía canadiense como uno de los yacimientos de plata más grande del mundo.

El proyecto minero fue aprobado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades a las que iba a afectar. Desde 2011,

Farmamundi, Protection International y CAREA, somos un conjunto de organizaciones no gubernamentales que nos hemos unido con el objetivo de incidir en el respeto de la aplicación de los convenios internacionales de derechos humanos y ambientales de empresas y fondos europeos que están presentes en Guatemala. En concreto, hemos planificado una gira en el Estado español, Alemania y Bélgica para que dos defensoras representantes de las comunidades de Ixquisis y de San Rafael las Flores puedan explicar sus casos y permitir a la ciudadanía europea dar seguimiento de primera mano a la situación actual de Guatemala.

Actualmente, el territorio guatemalteco está acechado por grandes megaproyectos extractivos como hidroeléctricas, minas, agroindustria y monocultivos (caña de azúcar, banana y palma aceitera). A continuación presentamos dos casos representativos de resistencia pacífica de las comunidades afectadas y la amenaza a la que están sometidas por parte de las empresas y el Estado.

pobladores del municipio solicitaron al alcalde que se organizara una consulta para saber si la población estaba a favor o en contra de la minería metálica en la zona. Por parte de la municipalidad la consulta nunca se realizó y los vecinos organizaron ocho consultas de buena fe para demostrar su descontento, antes de que fuera decretado el Estado de Sitio en mayo 2013. En ellas, más del 97% de la gente que participó se oponía a la explotación minera en San Rafael Las Flores.

A partir de ahí comenzó una estrategia de criminalización a personas defensoras del territorio posicionadas en contra de la minera a través de difamaciones y los señalamientos en medios afines al gobierno y a las grandes corporaciones, la estrecha vigilancia de policía especializada en el territorio, y la criminalización masiva e ilegal de miembros de la Resistencia Pacífica.

En setiembre de 2018 la Corte de Constitucionalidad emite la sentencia de suspender los trabajos de Minera San Rafael, como resultado de la fuerte Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa en contra del Proyecto. Tahoe Resources Inc decide vender las minas a Pan American Silver, una transnacional que se encuentra en Argentina, México y Perú en donde mantienen sus explotaciones con altos índice de violencia y conflictividad con las comunidades que defienden sus territorios.