régimen jurídico de las aa.pp. y procedimiento...
TRANSCRIPT
Régimen Jurídico de las AA.PP. y Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
Todos los nombres propios de
programas, sistemas operativos,
equipos hardware, etc. que aparecen en
este manual son marcas registradas de
sus respectivas compañías u
organizaciones.
Reservados todos los derechos. De
conformidad con lo dispuesto en el
Código Penal vigente, podrán ser
castigados con penas de multa y
privación de libertad quienes
reprodujeren o plagiaren, en todo o en
parte, una obra literaria, artística o
científica fijada en cualquier tipo de
soporte, sin la preceptiva autorización
del editor.
CÓDIGO: F12_00030
Edita: Interconsulting Bureau S.L.
Imprime:
Depósito Legal:
PRÓLOGO
La profunda experiencia de profesionales dedicados a la enseñanza ha
hecho posible la elaboración de este manual. Se caracterizan por su
hondo conocimiento sobre las necesidades del alumnado, por el uso de
una innovadora metodología de aprendizaje así como por aplicar
diferentes técnicas de motivación garantizando de este modo el éxito de
la formación que imparten.
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica.
La estructura del manual en módulos, temas y epígrafes facilita la
comprensión de los contenidos, que pueden estar apoyados por
ilustraciones, esquemas, resúmenes, bibliografía, glosario,…
Además, también puede incluir diferentes tests, cuestionarios de
evaluación, actividades o casos prácticos con el objeto de que el alumno
asimile los conceptos teórico-prácticos del curso.
Para lograr la calidad educativa se ha precisado del asesoramiento de
pedagogos, profesionales de la enseñanza y expertos conocedores en
cada una de las disciplinas, con el objeto de que el resultado final sea
óptimo y el más apropiado a las necesidades educativas.
Desde la humildad del formador, queremos aportar a este apasionante
mundo en el que vivimos, caracterizado por profundos cambios
tecnológicos, de mentalidad y de actitud ante los acontecimientos,
herramientas que faciliten la adaptación a un futuro condicionado por el
cambio continuo.
Por último, agradecer la colaboración de todos los compañeros en este
proyecto, sin la cual éste no habría sido una realidad.
prólogo
MÓDULO 1: Régimen Jurídico
TEMA 1. Introducción
Introducción
Evolución Histórica del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas
Razón de Ser de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Estructura de la Ley
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 2. Las Administraciones Públicas y sus Relaciones
El Principio de Lealtad Institucional
Las Conferencias Sectoriales
Los Convenios de Colaboración
Planes y Programas Conjuntos
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 3. Los Órganos de las Administraciones Públicas. Los
Órganos Colegiados
Los Órganos Administrativos
Principios de Organización de los Órganos Administrativos
Creación de los Órganos Administrativos
Centralización y Descentralización
La Competencia de los Órganos Administrativos
Supuestos en que la Titularidad de la Competencia no Cambia
Supuestos en que Sí Hay Cambio en la Titularidad de las Competencias
Abstención y Recusación
Los Órganos Colegiados
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 4. Los Interesados en el Procedimiento
El Concepto de Ciudadano
La Capacidad de Obrar
El Concepto de Interesado
Potestades y Sujeciones
Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos
Lo que hemos aprendido
Test
índice
TEMA 5. Actos de las AA.PP. Términos y Plazos
Concepto de Acto Administrativo. Sus Elementos
Caracteres de los Actos Administrativos
Clases de Actos Administrativos
Efectos del Acto Administrativo
La Notificación
Términos y Plazos
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 6. Jerarquía y Competencia
Introducción
El Principio de Competencia
El Principio de Jerarquía
Relaciones entre el Principio de Jerarquía y el Principio de Competencia
Lo que hemos aprendido
Test
Anexo Glosario Bibliografía Cuestionarios de Evaluación
Régimen Jurídico de las AA.PP. Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
módulo 1
Régimen Jurídico
TEMA 1. Introducción
TEMA 2. Las Administraciones Públicas y sus Relaciones
TEMA 3. Los Órganos de las Administraciones Públicas. Los
Órganos Colegiados
TEMA 4. Los Interesados en el Procedimiento
TEMA 5. Actos de las AA.PP. Términos y Plazos
TEMA 6. Jerarquía y Competencia
1
2
Régimen Jurídico de las AA.PP. Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
tema 1
Introducción
♦ Introducción
♦ Evolución Histórica del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas
♦ Razón de Ser de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común
♦ Estructura de la Ley
Objetivos:
♦ Adquirir una idea general de la Ley 30/1992: razones que la
motivan, fundamento, estructura y contenido.
3
4
Introducción
La Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, tal y como la conocemos en la actualidad, ha
sufrido amplias modificaciones desde su entrada en vigor.
De entre ellas cabe señalar a título de ejemplo, las siguientes:
• La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social: establece distintas modificaciones en materia de caducidad, fijando
el plazo de ésta en seis meses en los procedimientos de declaración de lesividad;
igualmente, establece diversas modificaciones en los procedimientos especiales.
Modifica el art. 103.3.
• Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local: esta norma viene a colmar el vacío legal existente hasta el momento en
materia de potestad sancionadora municipal en aquéllas esferas que no
encontraban apoyo en la legislación sectorial. Se establecen criterios de
tipificación para las infracciones y sus correspondientes escalas de sanciones, de
acuerdo al principio de legalidad, adaptadas a las singularidades locales, y
siempre en defensa de la convivencia ciudadana en los asuntos de interés local y
de los servicios y el patrimonio municipal. Esta regulación contempla la
modificación de los artículos 127.1 y 129.1 de la Ley 30/1992.
• Ley Orgánica 14/2003, de 20 de Noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
Diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley
3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal: el artículo cuatro de esta norma
introduce una nueva disposición la adicional decimonovena en la Ley 30/1992,
con la finalidad de incorporar al texto, con carácter expreso, una remisión a la Ley
Orgánica 4/2000, para a que los procedimientos regulados en ésta se les apliquen
las peculiaridades procedimentales que en la misma se introducen con carácter
novedoso.
• Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social: esta norma vino a añadir una disposición adicional a la Ley
30/1992, regulando la presentación de solicitudes y comunicaciones a la
Administración por medio de servicios telemáticos; por otra parte, modifica la
regulación de determinados procedimientos administrativos especiales, tanto en
lo que se refiere a los plazos para su resolución como al sentido del silencio
administrativo a las solicitudes presentadas. Añadió en el art. 38.9, art. 59.3 y la
disposición adicional decimoctava. Actualmente estos artículos junto al articulo
45 (apartados 2, 3 y 4) y esta disposición, se encuentran derogados por la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
5
• Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común: esta Ley, la que más ampliamente modifica la norma que tratamos, tiene
como finalidad solventar los problemas que la aplicación de aquélla planteaba en
diversos sectores: la proliferación de normas reguladoras de los procedimientos
administrativos, los problemas surgidos en la regulación de ciertos artículos
(como los referidos al silencio administrativo), la supresión del recurso de
reposición, etc.
Los artículos y disposiciones que modifica dicha Ley son: artículos 3, 4, 5, 6, 7,
10, 13, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 54, 58, 59, 62, 71, 72, 102, 103, 105, 107,
108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118,119, 127, 140, 141, 144, 145 y
146; Disposiciones adicional quinta, adicional undécima, adicional duodécima,
adicional decimotercera, adicional decimocuarta, adicional decimoquinta,
adicional decimosexta, adicional decimoséptima y final.
En el proceso de reforma de la Ley 30/1992, se tomó como orientación general la
idea de que los modelos administrativos deben construirse siempre en función de
los ciudadanos, y no al revés; esta máxima es la que debe presidir todas y cada
una de las manifestaciones de la reforma administrativa, puesto que ya la
Constitución exigía que la Administración Pública sirviese con objetividad los
intereses generales.
Los objetivos principales de esta reforma fueron:
o La regulación del silencio administrativo.
o El sistema de revisión de actos.
o La responsabilidad patrimonial.
o La regulación de la suspensión del acto administrativo.
Ya en su Título Preliminar se introducen dos principios de actuación en las
Administraciones Públicas:
o El principio de buena fe, aplicado por al jurisprudencia contencioso-
administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del
Código Civil.
o El principio de confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las
Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente,
sobradamente conocido en el derecho procedimiental administrativo europeo
y también reconocido por la jurisprudencia contencioso-administrativa.
Por su parte, el Título I, en su desarrollo del principio de buena fe aplicado al
derecho público, incluye el principio de lealtad institucional como criterio rector
que facilite la colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones,
recogiendo de esta forma los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
6
Otra importante modificación se produce en el artículo 36, de forma que se da
cabida en la Ley a la realidad plurilingüística del Estado.
Del mismo modo, se procede a impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y
medios informáticos y telemáticos por parte de la Administración, con la
modificación del artículo 38.
Importante es también la modificación llevada a cabo sobre el artículo 42, pues
establece los supuestos en los que es obligatorio dictar resolución expresa,
incluyendo en el mismo los casos de prescripción, renuncia del derecho,
caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud y desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento.
En el mismo artículo también quedará establecido como plazo máximo general
supletorio de duración de los procedimientos administrativos el de tres meses,
sin que en ningún caso puedan superarse los seis meses (salvo que una norma
con rango de Ley así lo establezca o se prevea por al normativa europea).
De gran trascendencia es la modificación operada en el artículo 43 respecto del
silencio administrativo: como regla general se prevé el silencio positivo,
exceptuándose sólo cuando una norma con rango de Ley o norma comunitaria
europea establezca lo contrario. El objetivo de la regulación del silencio es la
prevención de patologías en el procedimiento ajenas al correcto funcionamiento
de la Administración. Quedan exceptuados de la norma general los siguientes
procedimientos:
o Procedimientos de ejercicio del derecho de revisión.
o Los de revisión de actos administrativos.
o Los iniciados de oficio.
o Procedimientos de los que pudieran derivarse para los solicitantes o terceros
la adquisición de facultades sobre el dominio o servicios públicos.
Con la nueva regulación el silencio positivo producirá un verdadero acto
administrativo eficaz; el silencio administrativo negativo se constituye como una
ficción legal para permitir al ciudadano interesado acceder al recurso
contencioso-administrativo.
Las consecuencias de la inactividad de la Administración en los procedimientos
iniciados de oficio, quedan establecidas en el modificado artículo 44.
7
Se vienen a diferenciar aquéllos casos de los que se pudieran derivar para los
interesados el reconocimiento o constitución de derechos o situaciones jurídicas
individualizadas, en los cuales los interesados podrán entender desestimada su
petición, de aquéllos otros en los que la Administración ejerce potestades
sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o
de gravamen, en cuyo caso los interesados podrán entender caducado el
procedimiento.
En cuanto al régimen de notificaciones, queda modificado el artículo 58, en el
sentido de recuperarse la convalidación de la notificación aunque reduciendo el
plazo a tres meses.
En cuanto al régimen de recursos se establecen importantes modificaciones,
pues se establece el recurso de reposición con carácter potestativo; por otro lado,
se recupera el recurso de alzada en su configuración tradicional.
En materia de responsabilidad patrimonial se amplia la regulación de la
responsabilidad concurrente de diferentes Administraciones públicas,
distinguiendo el régimen de las actuaciones conjuntas de otros supuestos de
concurrencia. Por otra parte, se unifica el régimen jurídico sustantivo de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, sin discriminar su actuación en
régimen de derecho público o privado en concordancia con la unidad de fuero.
• Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: esta norma introduce una serie de cambios necesarios,
motivados tanto por la creación de los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo. La Ley eleva las cuantías de los casos que tendrán acceso a
casación para la unificación de doctrina, pues las cuantías fijadas por la Ley
30/1992, no permitían reducir la abrumadora carga de trabajo que soporta la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Deroga el art. 110.3.
• Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado: en su Disposición derogatoria única procede a
derogar la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1992.
• Real Decreto Ley 14/1993, de 4 de Agosto, por el que se modifica la disposición
adicional tercera y la disposición transitoria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común: la Disposición Adicional Tercera de la Ley
30/1992, preveía que, en el plazo de 6 meses, a partir de su entrada en vigor, se
llevaría a cabo la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los
procedimientos administrativos.
8
Evolución Histórica del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Un primer intento de unificación de la materia lo hallamos en la Ley de 19 de Octubre de
1889, que constituyó un paso significativo en la evolución del Derecho público español,
aunque en realidad no fuera más que un amasijo de Reglamentos departamentales.
La única regulación del régimen jurídico y del procedimiento administrativo como tales
en nuestro ordenamiento era la contenida en los artículos 22 y siguientes de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones del Estado, de 26 de Julio de 1957, y en la
Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de Julio de 1958.
El marco jurídico que diseñan estas normas tenía como fin la unificación de la normativa
preexistente, reuniendo en un único texto aplicable a todos los departamentos
ministeriales y que garantizase una actuación común en el funcionamiento interno de la
Administración.
Con la Constitución de 1978 se genera un nuevo concepto de Administración, sometida
a la Ley y con un eminente carácter instrumental: puesta al servicio de los intereses de
los ciudadanos; así mismo, se dota al gobierno de responsabilidad política como ente
responsable de dirigir a aquélla.
Razón de Ser de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
La Constitución recoge en su Título IV los principios inspiradores de la actuación
administrativa y garantiza el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho.
Por su parte, el artículo 97 de la Carta Magna recupera para el Gobierno el ámbito
político de la función de gobernar; de esta forma quedan perfilados con nitidez los
rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administración como instituciones
públicas constitucionalmente diferenciadas.
El artículo 149.1.18ª de la Constitución distingue tres grandes bloques:
• Las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que habrán de
garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas.
• El procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de las CCAA.
• El sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
Con base en el artículo 149.1.18ª de la Constitución se hace necesario distinguir entre
las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que habrán de
garantizar al administrado un tratamiento común ante las mismas; para su delimitación
se permite que las CCAA dicten sus propias normas, siempre y cuando se ajusten a las
bases estatales.
9
Y, por otro lado, el procedimiento administrativo. Respecto de éste y del sistema de
responsabilidad de las Administraciones Públicas, la Constitución los contempla como
una competencia normativa plena y exclusiva del Estado.
Esta Ley viene a operar reformas profundas respecto del régimen anterior. Así mismo,
era necesario adaptar dicha normativa a la coexistencia de la Administración del Estado
con las Administraciones Autonómicas y las de las Entidades Locales, de forma que se
propiciase un acercamiento eficaz de los servicios administrativos a los ciudadanos.
En esta realidad plural y compleja de las Administraciones Públicas, el principio de
cooperación entre ellas resulta un principio no sólo deseable, sino indispensable en su
funcionamiento. La cooperación es un deber general, la esencia del modelo de
organización territorial del Estado autonómico, configurándose como un deber de
recíproco apoyo y mutua lealtad.
Las nuevas corrientes de la ciencia de la organización aportan a esta ley un enfoque
adicional en cuanto mecanismo para garantizar la calidad y transparencia de la
actuación administrativa.
Estructura de la Ley
La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se estructura del siguiente modo:
• Título Preliminar: dedicado al ámbito de aplicación de la Ley y a sus principios
generales.
• Título I: denominado “De las Administraciones Públicas y sus relaciones”, aborda
temas tales como:
o Conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación.
o Convenios de colaboración.
o Planes y programas conjuntos.
• Título II: “De los órganos de las Administraciones Públicas”. Se divide en estos
Capítulos:
o Principios generales y competencia: regulando, entre otros, la competencia y
su delegación, la avocación, encomienda de gestión, delegación de firma,…
o Los órganos colegiados.
o La abstención y la recusación.
• Título III: “De los interesados”. Se regula en este título el concepto de los mismos,
su capacidad de obrar, la representación, etc.
10
• Título IV: “De la actividad de las Administraciones Públicas”. Se establecen las
denominadas “Normas generales”, que son las relativas a los derechos de los
ciudadanos, la lengua de los procedimientos, el derecho de acceso a los archivos
y registros, la colaboración y comparecencia de los ciudadanos, la obligación de
resolver, el silencio administrativo, etc.
En este mismo Título se establecen los términos y plazos, así como las normas
en cuanto a su cómputo y obligatoriedad.
• Título V: “De las disposiciones y los actos administrativos”. Los Capítulos de este
Título vienen a establecer el régimen jurídico de:
o Las disposiciones administrativas: jerarquía y competencia, publicidad e
inderogabilidad.
o Los requisitos de los actos administrativos: producción, contenido,
motivación y forma de los mismos.
o Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad, efectos, notificaciones y
práctica de las mismas, etc.
o Nulidad y anulabilidad: se regula la nulidad de pleno derecho y la
anulabilidad, así como sus efectos y posible convalidación.
• Título VI: “De las disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos”. Los Capítulos que componen este Título hacen referencia a:
o La iniciación del procedimiento: sus clases, la subsanación y mejora de
solicitudes, medidas provisionales y la acumulación.
o La ordenación del procedimiento: entendiendo por tal el impulso, la celeridad,
el cumplimiento de trámites, etc.
o La instrucción del procedimiento:
Disposiciones generales: actos de instrucción y alegaciones.
Prueba: estableciendo los medios y su práctica.
Informes.
Participación de los interesados: trámite de audiencia, información pública,
etc.
o Finalización del procedimiento: con especial incidencia en:
Disposiciones generales a cerca de la finalización.
Resolución.
Desistimiento y renuncia.
11
Caducidad.
o Ejecución.
• Título VII:”De la revisión de los actos en vía administrativa”. En este Título se
establece la revisión de oficio de los actos, así como el régimen de recursos:
o Principios generales aplicables a los recursos.
o Recurso de alzada.
o Recurso potestativo de reposición.
• Título VIII: “De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y
laborales”.
• Título IX.”De la potestad sancionadora”. Tienen cabida en este Título los
principios de la potestad sancionadora y aquellos que son de aplicación al
procedimiento sancionador: garantía de procedimiento, los derechos del presunto
responsable, la presunción de inocencia, etc.
• Título X: “De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus
autoridades y demás personal a su servicio”.
Un total de 146 artículos, a los que acompañan 19 Disposiciones Adicionales, 2
Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.
12
LO QUE HEMOS APRENDIDO
La Ley 62/2003, de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social: establece distintas modificaciones en materia de caducidad, fijando
el plazo de ésta en seis meses en los procedimientos de declaración de lesividad;
igualmente, establece diversas modificaciones en los procedimientos especiales.
La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local viene a colmar el vacío legal existente hasta el momento en
materia de potestad sancionadora municipal en aquéllas esferas que no
encontraban apoyatura en la legislación sectorial.
La Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común es la que más ampliamente modifica la norma que
tratamos, tiene como finalidad solventar los problemas que la aplicación de
aquélla planteaba en diversos sectores.
Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: esta norma introduce una serie de cambios necesarios,
motivados tanto por la creación de los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo.
Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado procede a derogar la Disposición Adicional
Novena de la Ley 30/1992.
La Ley de 19 de Octubre de 1889, que constituyó un paso significativo en la
evolución del Derecho público español.
Con la Constitución de 1978 se genera un nuevo concepto de Administración,
sometida a la Ley y con un eminente carácter instrumental.
La Constitución recoge en su Título IV los principios inspiradores de la actuación
administrativa y garantiza el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al
Derecho.
13
ANOTACIONES
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
14
TEST
Marcar la respuesta correcta.
1. ¿Qué objetivo ha tenido el proceso de reforma de la Ley 30/1992?
La regulación del silencio administrativo y el sistema de revisión de actos.
La responsabilidad patrimonial y la regulación de la suspensión del acto
administrativo.
Ambas respuestas son correctas.
2. En el Titulo preliminar la Ley 32/1992 introduce dos principios de actuación, ¿cuáles
son?
Principio de coordinación y cooperación.
Principio de buena fe y confianza.
Principio de igualdad y revisión.
3. Con la Constitución de 1978 se genera un nuevo concepto de Administración,
sometida a la Ley y con un eminente carácter instrumental: puesta al servicio de los
intereses de los ciudadanos; así mismo, se dota al gobierno de responsabilidad
política como ente responsable de dirigir a aquélla:
Verdadero.
Falso.
4. La Ley 30/1992, se estructura del siguiente modo:
Tiene un total de 146 artículos, 19 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones
Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.
Tiene un total de 145 artículos, 18 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones
Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.
Tiene un total de 147 artículos, 19 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones
Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.
5. El Título I de la Ley 30/1992, aborda temas como:
Conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación.
Convenios de Internacionales.
Ambas respuestas son correctas.
6. La Constitución recoge los principios inspiradores de actuación administrativa en el:
Título III.
Título IV.
Título V.
15
16
Régimen Jurídico de las AA.PP. Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
tema 2
Las Administraciones Públicas y sus Relaciones
♦ El Principio de Lealtad Institucional
♦ Las Conferencias Sectoriales
♦ Los Convenios de Colaboración
♦ Planes y Programas Conjuntos
Objetivos:
♦ Conocer el contenido y alcance del principio de lealtad
institucional.
♦ Distinguir los diferentes instrumentos de colaboración entre
Administraciones.
17
18
El Principio de Lealtad Institucional
El artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que
éstas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional.
De ello se desprenden las siguientes consecuencias:
• Cada Administración deberá respetar el ejercicio legítimo de las competencias de
las demás Administraciones.
• En el ejercicio de sus competencias propias, la Administración deberá ponderar la
totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, de aquéllos cuya
gestión esté encomendada a otras Administraciones.
• Deberá facilitar a las otras Administraciones la información que necesiten sobre la
actividad que desarrollan en el ejercicio de sus propias competencias.
• Deberá prestar, en su ámbito, la cooperación y asistencia activas que otras
Administraciones pudieran recabar para el efectivo y eficaz ejercicio de sus
competencias.
A los efectos de lo establecido en los dos últimos supuestos, las Administraciones
Públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se encuentren
a disposición del Ente al que dirijan su solicitud. Podrá también solicitar asistencia para
la ejecución de sus competencias.
La asistencia y cooperación, entendidas como consecuencia del principio de lealtad
institucional, únicamente podrá negarse cuando la Administración a la que se soliciten
no esté facultada para prestarlas, o no disponga de los medios suficientes para ello; del
mismo modo, cuando de hacerlo se causaren perjuicios graves a los intereses cuya tutela
tiene encomendada o al cumplimiento de las funciones que le son propias.
Si, con todo, se produjere tal negativa a prestar asistencia, será necesario que la misma
se comunique de forma motivada a la Administración solicitante.
El mismo artículo establece como otra consecuencia del principio de lealtad institucional,
el deber de colaboración y auxilio entre la Administración General del Estado, la
Administración de las CCAA y las de las Entidades que conforman la Administración
Local, para todas aquellas ejecuciones que hayan de tener lugar fuera de sus respectivos
ámbitos territoriales competenciales.
Dada esta necesidad básica de cooperación, los tres grandes principios que deben
inspirar el funcionamiento del estado autonómico son, no sólo la lealtad institucional,
también la solidaridad y la subsidiariedad:
19
• La lealtad institucional exige que la gestión de los propios intereses tenga en
cuenta que cada gobierno dispone de libertad de actuación, aunque todos deben
respetar el legítimo ejercicio de la libertad de actuación de otros gobiernos.
La lealtad institucional obliga a que se consideren las competencias de los otros
gobiernos en el desempeño de la competencia propia.
Este principio supone, por tanto, una autolimitación del ejercicio autónomo de los
propios poderes.
En este punto se hace necesario observar lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo tenor es el que sigue:
“Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativa, la
Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y de las
entidades locales, de otro, deberán, en sus relaciones recíprocas:
a. Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.
b. Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los
intereses públicos implicados, y, en concreto, aquellos cuya gestión esté
encomendada a otras administraciones.”
• El principio de solidaridad surge como expresión de la imposibilidad de
coincidencia entre el círculo de intereses de cada instancia y el ámbito de
competencias que tiene atribuido, dado que, normalmente, el primero es más
amplio que el segundo.
Siempre será habitual la tendencia de cada nivel de gobierno a ocupar todo su
espacio, con una pretensión de competencia universal en su territorio.
No obstante, esta propensión debe atemperarse con la necesidad de dividir las
competencias sobre una determinada materia o sector para que su gestión sea
eficiente.
Esta inevitable tensión lleva a cada nivel de gobierno a querer intervenir y
participar en el ejercicio de las competencias de los otros gobiernos que puedan
afectar a los intereses propios de su comunidad.
Otra manifestación del principio de solidaridad la hallamos en el artículo 138 de la
Constitución Española, expresado en la necesidad de conseguir el equilibrio entre
las partes más fuertes y las más débiles.
• La subsidiariedad supone que debe ser la autoridad más cercana la que sea
responsable de una competencia. Este principio nos sirve para ubicar al gobierno
local en el sistema de relaciones intergubernamentales.
20
El gobierno local se encuentra con la continua paradoja de ser quien mejor
conocimiento del medio tiene, dada su cercanía con los problemas; sin embargo,
carece de las competencias y recursos para solucionarlos, pues éstos se hallan en
otros niveles de gobierno que, por lo general, cuentan con menos información
para tomar decisiones.
Una forma correcta de entender y aplicar el principio de subsidiariedad es la de
suponerlo como presunción universal de competencia, a favor de los municipios,
en todo aquello que les afecte.
Entre la Administración General del Estado y la Administración de las CCAA el deber de
colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que tales
Administraciones hayan establecido de forma común y voluntaria.
Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperación, tengan como finalidad la
toma de decisiones conjuntas que permitan, en aquellos asuntos que afecten a
competencias compartidas o exijan articular una actividad común entre ambas
Administraciones, una actividad más eficaz de los mismos, se ajustarán a los
instrumentos y procedimientos de cooperación a que se refieren los artículos 5 y
siguientes.
Las Conferencias Sectoriales
Bajo esta denominación reconocemos los órganos de cooperación que pueden crear la
Administración General del Estado y la Administración de las CCAA. Su composición
puede ser: bilateral o multilateral. Su ámbito: general o sectorial, para aquellas materias
en las que exista interrelación competencial. Sus funciones: de coordinación o
cooperación.
Ya en 1983, el Tribunal Constitucional, por Sentencia nº 76/83, de 5 de Agosto,
manifestaba que estos órganos son necesarios para hacer compatibles los principios de
unidad y autonomía, en los que se apoya la organización territorial del Estado
constitucionalmente establecida. Como límites a los mismos, dispone que éstos no
podrán reemplazar a los órganos autonómicos ni anular su poder decisión.
Por otra parte, la Sentencia 18/82 del mismo Órgano establece que estas Conferencias
constituyen un deber implícito en la Constitución, siendo necesarias para el buen
funcionamiento del Estado de las Autonomías.
En una definición negativa de estos órganos, no se deben confundir estos instrumentos
de cooperación con aquéllos otros órganos colegiados creados por la Administración
General del Estado para el ejercicio de sus competencias y en cuya composición se prevé
participen representantes de la Administración de las CCAA.
21
Se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperación aquéllos órganos de composición
bilateral y de ámbito general, compuestas tanto por miembros del Gobierno, en
representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de
Gobierno, en representación de sus respectivas CCAA.
Para la creación de las anteriores será necesaria la existencia de un Acuerdo, el cual
determinará los elementos esenciales de su régimen.
Las Conferencias Sectoriales son órganos de composición multilateral y ámbito sectorial,
en los que se reúnen miembros del Gobierno, en representación de la Administración
General del Estado, y miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las
Administraciones de sus respectivas CCAA.
Para su creación será necesario un Acuerdo de institucionalización en el que se
establezca el régimen de cada Conferencia Sectorial, así como un reglamento interno.
El ministro o ministros que tengan competencia sobre la materia que vaya a ser objeto de
la Conferencia Sectorial será el órgano encargado de promover su convocatoria.
Esta deberá realizarse con antelación suficiente y acompañada del orden del día, así
como de la documentación que vaya a ser necesaria para su preparación.
Los acuerdos que surjan del seno de una Conferencia Sectorial se formalizarán bajo la
denominación “Convenio de Conferencia Sectorial”; será necesario que éste venga
suscrito por el ministro o ministros competentes y por los titulares de los órganos de
gobierno de las correspondientes Comunidades Autónomas.
En cada Conferencia Sectorial será posible acordar la creación de comisiones y/o grupos
de trabajo que preparen, estudien y desarrolles las concretas cuestiones de su ámbito.
En aquellos casos en los que las materias de ámbito sectorial de un órgano de
cooperación de composición multilateral afecte o se refiera a competencias de las
Entidades Locales, a través del Pleno, podrán acordar la asociación de aquéllas que
presenten mayor implantación para ser invitada a las reuniones.
En el desarrollo de los principios constitucionales de cooperación y colaboración fue
relevante uno de los denominados acuerdos políticos-administrativos a los que llegaron
el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en febrero de 1992. En virtud de
este acuerdo las Conferencias Sectoriales son consideradas como medio habitual y
normal para articular las actuaciones de las diversas Administraciones públicas.
De forma expresa y reiterada se reconoce también que, tanto su constitución como el
contenido de sus normas de funcionamiento, dependen de la voluntad de las partes.
22
Por otra parte, se tomaron unos criterios concretos, como son los que siguen:
• Las Conferencias tendrás el carácter de consultivas o de participación en la toma
de decisiones. Estas últimas serán las que garanticen la participación de las
CCAA en las tareas estatales, las políticas comunes y las que permitan integrar
los problemas regionales en los intereses de todo el Estado.
• Las asistencias de todas las CCAA a sus reuniones.
• Basar su funcionamiento en el principio de consentimiento de las partes,
adoptándose los acuerdos por unanimidad., como regla general.
Según los criterios que hemos visto se fueron estableciendo las siguientes Conferencias
por sectores:
• Cultura, en 1992.
• Infraestructuras y Ordenación del Territorio, e Industria y Energía, en 1993.
• Pesca, en 1994.
• La Mujer y Comercio Interior, en 1995.
• Asuntos Laborales, en 1996.
• Pequeña y Mediana Empresa, en 1997.
• Administración de Justicia, en 1999.
• Política de Seguridad, en 2005.
• Política Universitaria, en 2007.
Y, también se aprobaron los siguientes reglamentos de régimen interior:
• Por las Conferencias Sectoriales de Industria y Energía, y de Asuntos relacionados
con las Comunidades Europeas, en 1994.
• Por las de Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, y Turismo, en 1995.
• Por la de Pesca, en 1996.
• Por la de Asuntos Laborales, la Mujer, y Consumo, en 1997.
• Por la Administración de Justicia, en 1999.
23
La amplia infraestructura de las Conferencias Sectoriales fue utilizada por el legislador
estatal cuando en la Ley de Medidas de 1996 las asoció a la gestión de los créditos
existentes en los Presupuestos Generales del Estado, para el cumplimiento de planes y
programas conjuntos referentes a competencias de las Comunidades Autónomas, que
no se puedan territorializar en aquéllos.
Se armonizan así, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia
13/1992), el poder legislativo del Estado que, en ejercicio de su soberanía financiera,
puede consignar créditos en los estados de gastos de sus Presupuestos Generales para
cualquier acción de política económica y social, y el orden constitucional y estatutario de
competencias, cuando la programación y/o la ejecución de tales políticas correspondan a
las Comunidades Autónomas y las consignaciones presupuestarias de crédito no
puedan territorializarse en la propia Ley de Presupuestos Generales.
Con esta reforma legislativa se formalizó y extendió a todas las Conferencias Sectoriales
una función que, en términos equivalentes, ya estaba recogida en las normas de
organización y funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales de 1990.
Por su parte, la Ley 4/1999, dio una nueva versión al artículo 5 de la Ley 30/1992,
regulador de Conferencias Sectoriales. Con la nueva versión del mismo se sistematizan y
ordenan los principios y contenidos propios que son característicos de las Conferencias
Sectoriales desde su inicio.
Si en algo se caracterizan todas las Conferencias Sectoriales es en su marcado carácter
político; son órganos en los que la colaboración y la coordinación voluntaria entre los
distintos miembros gubernamentales se institucionaliza.
Los Convenios de Colaboración
Establece el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que sigue:
“La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la
misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas
competencias.”
El desarrollo del principio de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas
ha venido teniendo su expresión, entre otras facetas, en la suscripción de convenios
entre tales instancias, con una importancia creciente en estos últimos años.
Con el fin de asegurar que por parte de la Administración del Estado se utilice este tipo
de instrumento de colaboración, tanto de forma ajustada a pautas de actuación
sistemática y homogénea como coherente con los demás instrumentos de la política
autonómica del Gobierno, se han establecido por éste ciertas reglas sobre la suscripción
de convenios.
24
En un primer nivel, las establecidas por el propio artículo 6, según el cual, en todo
Convenio se ha de especificar lo siguiente:
• Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa
cada una de las partes.
• La competencia que ejerce cada Administración.
• Su financiación.
• Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.
• La necesidad o no de establecer una organización para su gestión.
• El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes
firmantes del convenio.
• La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la
forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.
En un segundo nivel, las establecidas en el denominado Acuerdo sobre Convenios de
colaboración entre la Administración del Estado y las CCAA, de entre las que señalamos
las que siguen:
• En aras de una mejor articulación de las relaciones de colaboración entre la
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas y en orden a evitar su
excesiva fragmentación, los convenios que se promuevan tenderán a contemplar
de forma completa un área sectorial específica y a comprender, con el mayor
grado de integración factible, las diversas técnicas de colaboración:
o De asistencia técnica y apoyo instrumental.
o De coordinación en el ejercicio de las respectivas competencias.
o De cooperación o actuación conjunta.
• Al objeto de perfeccionar su calidad técnico-jurídica y de asegurar su
funcionalidad como instrumentos de colaboración, los convenios se ajustarán al
esquema formal ya visto, y además:
o Definirá el objeto del mismo, entendiéndose por ello sus bases, objetivos y
ámbitos materiales del régimen de colaboración.
o Definirá los mecanismos de asistencia técnica, coordinación y/o actuación
conjunta previstos para hacer efectiva la colaboración contemplada en los
mismos.
o En cuanto a la financiación, se expresarán las cuantías de los compromisos
tomados, así como su periodificación e identificación presupuestaria.
25
o Se establecerán los mecanismos de seguimiento de la ejecución del contenido
del convenio:
Mediante el intercambio de información.
Mediante la elaboración de documentos de evaluación.
Mediante órganos mixtos. En su caso, estos órganos resolverán los
problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse
respecto de los convenios.
Para la suscripción de convenios de colaboración con las CCAA por parte de los
Departamentos Ministeriales, de los Organismos autónomos del Estado y por las
Entidades de la Seguridad Social, se establece un régimen general de autorización en
virtud del cual, aquélla deberá ser autorizada con carácter previo por la Comisión
Delegada del Gobierno para Política Autonómica.
Tal autorización tiene por finalidad, de un lado, valorar si se respeta el ámbito
competencial de la Administración del Estado en la actividad objeto del convenio y, de
otro, estimar la oportunidad de la celebración del mismo dentro del marco de
colaboración establecido por la propia Comisión delegada.
Los convenios de colaboración presentan una variedad amplia de modalidades. Los
modelos de convenio no se suscriben, sólo se informan: es decir, se incorporan a la
actividad de cooperación. Sólo son un patrón que sirve de orientación para elaborar los
convenios concretos que se ajustan a ese modelo.
Los denominados Acuerdos poseen un rol específico dentro de este instrumento de
cooperación, pues suscrito el convenio pueden firmarse al mismo tiempo addendas, o
con posterioridad, protocolos que desarrollen o modifiquen el texto del convenio original.
En ciertas ocasiones, estos convenios se van a limitar a establecer pautas de orientación
política sobre la actuación de cada Administración en una cuestión de interés común o a
fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la colaboración en un área de
interrelación competencial o en un asunto de mutuo interés; en estos casos, los
convenios se denominarán Protocolos Generales.
En realidad, se trata de un convenio normal, pero de carácter muy genérico y formal,
pues establece el marco en el que desarrollarán las actuaciones conjuntas; de ahí que se
denominen también convenios marco.
El convenio marco requiere, normalmente, de la posterior suscripción de convenios
específicos en los que se concrete su contenido y los compromisos de las partes
relacionados con las actuaciones previstas en el mismo.
26
Planes y Programas Conjuntos
El artículo 7.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, establece lo siguiente:
“La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades
Autónomas pueden acordar la realización de planes y programas conjuntos de actuación
para el logro de objetivos comunes en materia en las que ostenten competencias
concurrentes.”
La iniciativa para acordar la realización de planes o programas conjuntos corresponde,
dentro del respectivo ámbito sectorial, a las Conferencias Sectoriales. Igualmente, son
materias de su competencia:
• La aprobación de su contenido.
• El seguimiento.
• La evaluación de su puesta en práctica.
El acuerdo aprobatorio de un plan o programa conjunto deberá especificar los siguientes
elementos de su contenido:
• Los objetivos de interés común a cumplir.
• Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.
• Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración.
• Los compromisos de aportación de recursos financieros.
• La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y
modificación.
Dicho acuerdo tendrá eficacia vinculante para la Administración General del Estado y
para las CCAA participantes que lo suscriban.
Para su plena eficacia podrá ser completado con convenios de colaboración con cada una
de las CCAA, a fin de concretar cada uno de los extremos que deban especificarse de
forma bilateral.
27
LO QUE HEMOS APRENDIDO
Las AAPP actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad
institucional.
Cada Administración deberá respetar el ejercicio legítimo de las competencias de
las demás Administraciones.
La lealtad institucional obliga a que se consideren las competencias de los otros
gobiernos en el desempeño de la competencia propia.
El principio de solidaridad implica la necesidad de conseguir el equilibrio entre las
partes más fuertes y las más débiles.
El principio de subsidiariedad supone que debe ser la autoridad más cercana la
que sea responsable de una competencia.
Las Conferencias Sectoriales son los órganos de cooperación que pueden crear la
AGE y la Administración de las CCAA.
Los Convenios de Colaboración se establecerán entre la AGE y los Organismos
públicos vinculados o dependientes de la misma con los órganos
correspondientes de las Administraciones de las CCAA, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Los Planes y Programas conjuntos de actuación son instrumentos de
colaboración entre la AGE y la Administración de las CCAA, realizados para el
logro de objetivos comunes en materias en las que ostenten competencias
concurrentes.
28
ANOTACIONES
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
29
TEST
Marcar la respuesta correcta.
1. El principio de lealtad institucional se recoge en el artículo:
102 de la Constitución Española.
103 de la Constitución Española y 3 de la Ley 30/1992.
4 de la Ley 30/1992.
2. La asistencia y cooperación solicitada a una Administración únicamente podrá
negarse:
Cuando la Administración solicitada no esté facultada para prestarlas.
En el caso anterior o cuando no disponga medios para ello.
En los casos anteriores o cuando se causen graves perjuicios a los intereses cuya
tutela tiene encomendada.
3. Las Conferencias Sectoriales podrán ser:
Bilaterales o multilaterales.
Generales o mixtas.
De ámbito autonómico o local.
4. Las materias sobre las que pueden versar los Convenios de Colaboración son:
Las respectivas de cada Administración interviniente.
Concurrentes.
Exclusivas del Estado, pero de gestión autonómica.
5. Las materias sobre las que pueden versar los Programas y Planes Conjuntos son:
Las respectivas de cada Administración interviniente.
Concurrentes.
Exclusivas del Estado, pero de gestión autonómica.
6. Un Convenio de Colaboración deberá incluir necesariamente:
Su financiación, compromisos tomados, periodificación, etc.
Sus mecanismos de seguimiento de la ejecución.
Ambas respuestas son correctas.
30
Régimen Jurídico de las AA.PP. Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
tema 3
Los Órganos de las Administraciones Públicas. Los Órganos Colegiados
♦ Los Órganos Administrativos
♦ Principios de Organización de los Órganos Administrativos
♦ Creación de los Órganos Administrativos
♦ Centralización y Descentralización
♦ La Competencia de los Órganos Administrativos
♦ Supuestos en que la Titularidad de la Competencia no Cambia
♦ Supuestos en que Sí Hay Cambio en la Titularidad de las
Competencias
♦ Abstención y Recusación
♦ Los Órganos Colegiados
Objetivos:
♦ Reconocer los distintos tipos de órganos administrativos.
♦ Conocer el alcance de los términos centralización y
descentralización.
♦ Identificar y distinguir: encomienda de gestión, delegación de
firma, suplencia.
♦ Identificar y distinguir: delegación de competencias, avocación,
desconcentración.
♦ Adquirir nociones básicas sobre el concepto, estructura y
funcionamiento de los órganos colegiados.
31
32
Los Órganos Administrativos
La organización interna de cualquier Administración Pública se descompone en
determinadas unidades que se denominan órganos administrativos, a los que se les
asigna una parte de las competencias que son propias de dicha Administración; del
mismo modo, se distribuyen a sus órganos derechos materiales y personales.
Los distintos tipos de órganos administrativos que existen, se clasifican según diferentes
criterios:
• Según que los órganos administrativos estén previstos en la Constitución
Española o no, pueden ser:
o Órganos administrativos constitucionales (por ejemplo, el Consejo de
Ministros regulado en el artículo 98 de la Constitución Española o el Consejo
de Estado).
o Órganos administrativos no constitucionales (por ejemplo, el rector de una
Universidad).
• Según el número de titulares por el que el órgano administrativo esté compuesto,
se distingue entre:
o Órganos administrativos unipersonales o individuales, que son aquellos que
se integran por una sola persona, (por ejemplo: Delegado del Gobierno, rector
de Universidad...)
o Órganos administrativos colegiados, que son aquellos que están formados
por un colegio o pluralidad de personas (por ejemplo: Pleno de los
Ayuntamientos, Juntas de facultad de Universidad).
• Según tengan o no los titulares del órgano administrativo carácter democrático,
se distingue entre:
o Órganos administrativos representativos, que son aquellos donde los titulares
se hayan legitimados por la elección directa por un cuerpo electoral (por
ejemplo: los Concejales del Ayuntamiento, el rector de una Universidad).
o Órganos administrativos no representativos, que son aquellos donde los
titulares no se hayan legitimados por la elección de un cuerpo electoral (por
ejemplo: los vicerrectores de una Universidad, que son elegidos por el propio
rector; los Ministros, que son elegidos por el Presidente del Gobierno).
• Según que la competencia del órgano administrativo se extienda a todo o parte
del territorio nacional, se distinguen entre:
o Órganos administrativos centrales: son aquellos que su actuación se extiende
a todo el territorio nacional.
33
o Órganos administrativos locales o periféricos, que son aquellos cuya función
se encuentra limitada por sus fronteras (por ejemplo: Delegado del Gobierno,
Alcalde).
• Según el tipo de funciones que desempeñan los órganos administrativos, se
distinguen:
o Órganos de gestión, que son los que desempeñan funciones de este tipo; son
los que actúan u ordenan.
o Órganos administrativos de consulta: son los que desempeñan funciones de
consulta o de información.
o Órganos de control, que son aquellos cuyas funciones son la vigilancia de los
otros órganos administrativos (y en especial, los de gestión).
Principios de Organización de los Órganos Administrativos
La organización administrativa está presidida por unos principios reconocidos
explícitamente en el ordenamiento jurídico. Se diferencian dos tipos de principios:
• Aquéllos que regulan las relaciones entre los distintos órganos de una misma
administración, estos son:
o Competencia.
o Jerarquía.
o Desconcentración.
o Colegiación.
o Coordinación.
o Eficacia.
o Buena fe.
o Confianza legítima.
Estos principios están reconocidos en los artículo 103.1 de la Constitución y 3.1 de la
Ley 30/92; ésta última ha sido modificada por la Ley 4/99 del 13 de Enero, la cual ha
incluido los dos últimos principios.
34
• Otros principios son aquéllos que atienden a las relaciones entre las
Administraciones Públicas; estos principios son iguales a los citados, sólo que en
su proyección intersubjetiva:
o Competencia.
o Coordinación.
o Descentralización.
o Autonomía.
o Lealtad institucional.
Estos principios que se refieren a las Administraciones Públicas, se encuentran
regulados en el artículo 4 de la Ley 30/92. Con la modificación hecha por la Ley 4/99, se
incluyó el último principio de los citados.
Creación de los Órganos Administrativos
Dentro de su ámbito de competencia, cada una de las Administraciones públicas deberá
delimitar los órganos administrativos que las conforman, así como las unidades
administrativas que correspondan a cada especialidad derivada de su organización. En
este sentido se pronuncia el artículo 11.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para crear estos órganos administrativos, se exige de la Administración el cumplimiento
de los requisitos siguientes:
• Será necesario que se determine su forma de integración en la Administración
Pública de que se trate.
• Será necesario establecer su dependencia jerárquica.
• Deben delimitarse sus funciones y competencias.
• Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
La Ley 30/1992, delimita también en sentido negativo esta facultad de creación de
órganos administrativos estableciendo en su artículo 11.3 la prohibición de duplicar
órganos ya existentes sin suprimir o restringir debidamente las competencias de los
primeros.
35
Centralización y Descentralización
En sentido estricto, la centralización sería aquella forma de organización pública en la
que una sola administración, la del estado, asumiría la responsabilidad de satisfacer
todas las necesidades de interés general, y atribuyéndose todas las potestades y
funciones públicas necesarias para ello. En este sistema, las posibles divisiones del
territorio que se pudieran efectuar, no supondrán la consiguiente existencia de otros
entes públicos, sino que serían simples circunscripciones de una misma administración
que situaría en ellos a sus agentes periféricos sujetos a la autoridad central por vínculos
de jerarquía.
Históricamente este modelo de organización de la administración basado en el principio
centralizador estuvo vigente en Francia tras la revolución francesa, y de allí se trasladó a
lo largo del siglo XIX a otros países entre los que se encuentran España e Italia.
Por contra a este principio, la descentralización puede describirse como un proceso
histórico que se inicia cuando el proceso centralizador está agotado. Inicialmente la
descentralización se planteó como una cuestión distribución del poder entre el estado y
los entes locales, pero en la actualidad se ha plasmado no sólo en la autonomía
reconocida a éstos, sino también en la creación de un nivel regional.
En la actualidad la descentralización alude a uno de los supuestos de transferencia de
competencias que tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. En concreto es aquella
transferencia de competencias intersubjetiva, es decir, que tiene lugar entre personas
jurídico públicas.
En virtud de esta transferencia los entes descentralizados (a los que vienen transferidas
a competencias de los entes superiores) pasan a ser auténticos titulares de tales
competencias.
C l a s e s d e D e s c e n t r a l i z a c i ó n
• Territorial: entre dos territorios de tal forma que el ente superior descentraliza sus
competencias en otro ente territorial inferior. (CCAA y Provincias).
• Funcional: Cuando el ente superior descentraliza sus competencias sobre un ente
institucional creado al efecto. Es el caso de RENFE, la Universidad...
En todos estos supuestos, el fin de la descentralización es otorgar una mayor libertad de
gestión a los responsables de un servicio público o de una actividad administrativa.
Implica reconocer personalidad jurídica a diversos servicios públicos, o actividades
administrativas.
La ventaja de la descentralización funcional es que administración territorial se libera de
la responsabilidad de prestar servicios y se convierte en mera controladora. Junto a la
descentralización existen otras técnicas de transferencia de competencias, delegación,
desconcentración, avocación, etc.
36
La Competencia de los Órganos Administrativos
El Derecho Administrativo es el derecho que atiende al estudio de aquellas normas
jurídicas que dentro del orden jurídico se refieren a la Administración. El Derecho
Administrativo es el derecho que regula la organización, funcionamiento y relaciones
entre las distintas Administraciones Públicas.
Dentro del Derecho Administrativo destacan las normas de organización, como por
ejemplo aquellas que crean, modifican o extinguen, normas que regulan las
competencias de las distintas Administraciones Públicas, etc.
Las normas de organización:
• Existen en Derecho Administrativo y en otras disciplinas jurídicas, como por
ejemplo en derecho civil: las normas de tutela...; en derecho canónico: las que
regulan la Iglesia...
• El rango formal puede ser de distintos tipos: normas de organización
constitucional (previstas en la Constitución); normas de organización de rango
legal; normas de organización de rango reglamentario.
La potestad organizativa es la posibilidad de toda Administración de configurar su propia
estructura; es decir, de auto-organizarse. La atribución de auto-organización de las
Administraciones Públicas es un principio general de derecho y además está reconocido
en el artículo 11.1 de la Ley 30/1992.
La competencia de un órgano administrativo es el conjunto de funciones que le han sido
atribuidas por el ordenamiento jurídico, es decir, la capacidad que tiene ese órgano para
llevar a cabo las funciones que se le han concedido. La competencia supone la
habilitación previa y necesaria para que el órgano administrativo pueda actuar
válidamente.
Existen varios criterios para distribuir las competencias entre los órganos de las
Administraciones Públicas:
• Criterio material: atribuye competencias atendiendo a los distintos sectores de
materias en que se divide la actuación administrativa.
• Criterio territorial: atribuyen competencias atendiendo los distintos marcos
territoriales.
• Criterio jerárquico: implica la atribución de competencias en función del escalón
de cada órgano administrativo.
La atribución de competencias por el órgano jurídico, siempre va acompañada de la
atribución de facultades y potestades necesarias para que puedan cumplirse tales
competencias.
37
Respeto de dicha competencia se establece una primordial característica en ésta: su
irrenunciabilidad. De ahí que se establezca, como regla general, que dicha competencia
deba ser ejercida por aquellos órganos administrativos que la tengan atribuida como
propia.
Dicha regla general no queda desvirtuada en los casos de encomienda de gestión,
delegación de firma e incluso suplencia, pues en ningún caso suponen una alteración en
la titularidad de la competencia; en estos casos lo que varía es el ejercicio de dicha
competencia.
Las excepciones a la regla general la suponen la delegación y la advocación, siempre y
cuando sean efectuadas de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente.
No obstante lo anterior, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Común, prevé la posibilidad de que las Administraciones
desconcentren la titularidad y el ejercicio de determinadas competencias atribuidas a
determinados órganos a favor de otros jerárquicamente dependientes de aquéllos.
Los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias propias ajustarán su
actividad en sus relaciones con otros órganos de la misma o de otras administraciones a
los principios establecidos en el artículo 4.1 de la Ley 30/1992:
“1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de
lealtad institucional y, en consecuencia, deberán:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses
públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las
otras Administraciones.
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad
que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.
d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras
Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. “
Del mismo modo, se establece la obligación de que dichos órganos administrativos
coordinen sus competencias con las de aquéllos con los que deban relacionarse,
pudiendo recabar para ello cuanta información precisen.
En virtud de lo anterior y de los principios manifestados, las normas y actos dictados por
los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus propias
competencias deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos,
independientemente de que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a la
misma o a otra Administración.
38
Supuestos en que la Titularidad de la Competencia no Cambia
E n c o m i e n d a d e G e s t i ó n
Las competencias de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público
podrán ser encomendadas a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta
Administración para la realización de actividades de carácter:
• Material.
• Técnico.
• De servicios.
El régimen jurídico de la encomienda de gestión no será de aplicación cuando la
realización de las actividades enumeradas haya de recaer sobre personas físicas o
jurídicas sujetas a derecho privado. En este caso, se ajustará, en lo que proceda, a la
legislación correspondiente de contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a
personas o Entidades de esta naturaleza actividades que, según la legislación vigente,
hayan de realizarse con sujeción al derecho administrativo.
En cualquier caso, se requiere que dicha encomienda de gestión venga avalada por
razones de eficacia o porque la administración que posea la competencia carezca de los
medios técnicos idóneos para su desempeño.
• Encomienda de gestión realizada entre órganos administrativos o Entidades de
derecho público pertenecientes a la misma Administración:
Deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia; en su
defecto, por acuerdo expreso entre los órganos intervinientes en la misma.
Tanto el instrumento de formalización de la encomienda de gestión como su
resolución deberán ser publicados en el Diario Oficial que corresponda, para su
plena eficacia.
• Encomienda de gestión entre órganos y Entidades de distintas Administraciones:
Se formalizará mediante la firma de convenio entre dichos órganos, como regla
general. De lo anterior se exceptúa el caso de la gestión ordinaria de los servicios
de las CCAA por las Diputaciones Provinciales o, en su caso, Cabildos o Consejos
insulares, en cuyo caso la formalización se regirá por lo previsto en la
correspondiente normativa de Régimen Local.
39
D e l e g a c i ó n d e F i r m a
Entendemos por tal la facultad que asiste a los titulares de los órganos administrativos
para delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos, siempre en materias
de su competencia, a los titulares de los órganos o unidades administrativas
dependientes de ellos.
Rigen en este caso las mismas excepciones que para el caso de la delegación de
competencias:
• En asuntos que se refieran a relaciones con:
o La Jefatura del Estado.
o Presidencia del Gobierno de la Nación.
o Cortes Generales.
o Presidencias de los Consejos de Gobierno de las CCAA.
o Presidencias de las Asambleas Legislativas de las CCAA.
• La adopción de disposiciones de carácter general.
• La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso.
• Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
Aunque la delegación de firma no supone un traslado de la competencia entre
órganos, será necesario que en los actos y resoluciones que se firmen por
delegación conste la autoridad de procedencia.
El artículo 16.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, establece taxativamente la prohibición
de delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador.
S u p l e n c i a
Regula el artículo 17 de la Ley 30/1992, la posibilidad de suplencia temporal, en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, de los titulares de los órganos
administrativos.
La competencia para designar al titular del órgano administrativo suplente
corresponderá al órgano competente para su nombramiento.
40
Cuando se produzcan vacantes, ausencias, etc., sin que designe suplente, la
competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano
administrativo inmediato de quien dependa.
Supuestos en que Sí Hay Cambio en la Titularidad de las Competencias
D e l e g a c i ó n d e C o m p e t e n c i a s
Se define como la facultad de los órganos de la administración de delegar sus
competencias a otros órganos de la misma Administración o a las entidades de derecho
público vinculadas a aquéllas, incluso cuando no sean dependientes por una relación
jerárquica.
El artículo 13.2 de la Ley 30/1992 delimita los casos en que la delegación de
competencias no podrá llevarse a cabo:
• En asuntos que se refieran a relaciones con:
o La Jefatura del Estado.
o Presidencia del Gobierno de la Nación.
o Cortes Generales.
o Presidencias de los Consejos de Gobierno de las CCAA.
o Presidencias de las Asambleas Legislativas de las CCAA.
• La adopción de disposiciones de carácter general.
• La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso.
• Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
• La delegación de competencias que se ejerzan por delegación, salvo autorización
expresa de una Ley (artículo 13.5)
Acordada la delegación de competencias de un órgano administrativo, será
necesaria su publicación en el BOE, en el de la CCAA o en el de la Provincia,
según la Administración a la que pertenezca el órgano delegante y su ámbito de
competencia territorial. De la misma forma se procederá en el caso de revocación
de dicha delegación.
41
Por otra parte, será obligatorio que, en las resoluciones administrativas que
provengan del órgano que asume las competencias delegadas, se indique
expresamente estas circunstancias.
En cuanto a su efectividad, dichas resoluciones serán consideradas de la misma
forma que si las hubiese dictado el órgano delegante.
A v o c a c i ó n
Se entiende por dicho término la facultad de los órganos administrativos de traer hacia sí
el conocimiento de un asunto cuya competencia corresponde ordinariamente o por
delegación a otro órgano dependiente de aquéllos.
La advocación ha de hallarse justificada en causas que la hagan conveniente: de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial.
Formalmente, la advocación requerirá un acuerdo motivado, frente al que no cabrá
recurso, aunque sí podrá impugnarse en el recurso que se interponga contra la
resolución final del procedimiento.
Este acuerdo necesariamente habrá de ser notificado a los interesados en el
procedimiento, si los hubiere. Dicha notificación habrá de realizarse con anterioridad a la
resolución final que se dicte.
D e s c o n c e n t r a c i ó n
Está prevista, además de el artículo 103.1 de la Constitución Española, en el párrafo 2
del artículo 11 de la Ley 30/1992. Es una transferencia de competencias interorgánica,
en el seno de una misma persona jurídica y de un órgano superior a un inferior.
Se realiza en vía principal o por norma jurídica, es una técnica que modifica el orden de
competencia con carácter permanente, y además la desconcentración transfiere a la
titularidad del ejercicio de las competencias desconcentradas. Este último hecho hace
que los actos dictados por el órgano desconcentrado se entiendan dictados por él a
todos los efectos.
Tradicionalmente se ha visto la desconcentración como una técnica de poca
importancia, un sucedáneo autoritario y centralista de la descentralización, sin embargo,
podemos decir que tiene una doble virtualidad:
• Descongestiona la actividad de los órganos superiores acercando la
administración a los administrados.
• Traslada el peso de las decisiones desde los cargos políticos a los funcionarios
profesionales.
42
Abstención y Recusación
Ambos institutos jurídicos se regulan en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992.
Respecto de la abstención se establece que las autoridades y personal al servicio de la
Administración podrán abstenerse de intervenir en un procedimiento cuando se den en
ellos alguna de éstas circunstancias:
• Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél ser administrador de sociedad o entidad interesada, o
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
• Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de
entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato.
• Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
• Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que
se trate.
• Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales
de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
La autoridad o el personal de la Administración en quien concurra alguno de estos
motivos de abstención deberán comunicarlo a su superior inmediato, quien resolverá lo
procedente.
La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en
los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de
los actos en que hayan intervenido.
Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las
circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
En cuanto a la recusación, dispone el artículo 29 de la Ley 30/1992, que procederá en los
casos previstos como motivos de abstención.
Esta podrá plantearse por los interesados en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento. Se debe formular por escrito manifestando la causa o causas en las que
se funda.
43
El procedimiento continuará de la siguiente forma: al día siguiente el recusado
manifestará a su superior si:
• Se da en él la causa alegada: en este caso, su superior podrá acordar acto
seguido su sustitución.
• Por el contrario, no se da en él la causa alegada: el superior resolverá en el plazo
de tres días, previos los informes y las comprobaciones que considere oportunos.
Contra las resoluciones que se adopten no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad
de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto administrativo
con el que finalice el procedimiento.
Los Órganos Colegiados
Son órganos administrativos colegiados aquéllos que están formados por una pluralidad
de personas. En estos órganos la formación de su voluntad resultará de las reglas de
funcionamiento y formación de mayorías que para cada uno de ellos se establezca.
Los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establecen el reglamento aplicable
con carácter general a los órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
No obstante lo anterior, existen dos excepciones:
• La Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1999, de 16 de abril, donde se
declaran no básicos determinados preceptos de los artículos citados.
• La Disposición Adicional 1ª de la Ley 30/1992, que establece respecto de los
órganos colegiados de gobiernos que estas disposiciones no serán de aplicación
al Pleno y, en su caso, Comisión de Gobierno de las Entidades Locales, a los
Órganos Colegiados de la Nación y a los Órganos de Gobierno de las CCAA.
Por otro lado, existe otra normativa de aplicación a los órganos colegiados como es la
siguiente:
• En el caso de órganos colegiados del Estado, les será de aplicación lo dispuesto
por los artículos 38 a 40 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
• A los órganos colegiados de carácter local, se les aplicarán los artículos 46 y 47
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
• En cada caso, el Reglamento de funcionamiento interno de cada órgano
colegiado.
44
E s t r u c t u r a y F u n c i o n a m i e n t o d e l o s Ó r g a n o s C o l e g i a d o s
Todo órgano colegiado ha de tener un Presidente: el presidente es quien representa al
órgano colegiado y el que cumple las funciones de nexo de conexión del órgano
colegiado con otros órganos administrativos.
Además, le corresponde convocar las sesiones del órgano (fijar día y hora para que el
órgano se reúna) y establecer el orden del día (cuestiones a tratar en la sesión), dirige las
intervenciones, es el encargado de garantizar la observancia de la legalidad en todo lo
que hace referencia a la decisión del órgano colegiado.
Como norma general, también se encuentra entre sus funciones, la de dirimir con su
voto los empates, visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano, así como
todas aquéllas funciones que sean inherentes a su condición.
En caso de ausencia, vacante, enfermedad, y otra causa legal, el Presidente será
sustituido por el Vicepresidente que corresponda; en su defecto, por el miembro del
órgano colegiado que tenga mayor jerarquía, antigüedad o edad.
Corresponderán a los miembros de los órganos colegiados los siguientes derechos:
• Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria
conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas
que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual
plazo.
• Participar en los debates de las sesiones.
• Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las
votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las
Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros de órganos
colegiados.
• Formular ruegos y preguntas.
• Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
• Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
No obstante, como miembros de este órgano, no podrán atribuirse funciones de
representación, salvo que se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo del propio
órgano.
En los casos de ausencia, enfermedad, o, en general, cuando concurra una causa
justificada, los miembros titulares de estos.
45
Pleno del órgano colegiado; conjunto de todos los miembros del órgano reunidos forman
el pleno. Todos tienen derecho a participar en las reuniones del pleno, tienen derecho a
tomar parte en las deliberaciones del órgano colegiado y derecho a participar en la toma
de decisiones del órgano colegiado (derecho a votar), a efectos de que estos derechos se
hagan efectivos, también tiene toda una serie de derechos complementarios (que le sea
notificada la convocatoria de la reunión del pleno y el orden del día, derecho a formular
preguntas, a recibir información sobre todos los aspectos a tratar en la reunión del
órgano colegiado, etc.
Es importante saber, respecto del órgano colegiado, que las personas físicas no tienen,
como tales, entidad orgánica propia.
Se establece que la convocatoria se ha de notificar como mínimo con 48 horas de
antelación a la hora de la reunión, pero de todas maneras es posible que la convocatoria
sea válida sin cumplir este requisito de antelación, siempre y cuando todos los
miembros lo acuerden por unanimidad.
A la vez, para la constitución de la reunión se fija un quórum (quórum de constitución)
de miembros (la mitad de los miembros colegiados, siempre que estén presentes el
Presidente y el secretario. En la práctica lo que sucede es que el propio órgano colegiado
establece reglas de funcionamiento y por ejemplo, prevén segundas convocatorias (no
exigencia de un número mínimo de miembros). Las sesiones se han de llevar a cabo
respetando el orden del día (excepción; será posible tratar y decidir una cuestión no
prevista en el orden del día cuando los miembros presentes acuerden por mayoría la
urgencia del asunto).
Las decisiones se toman por el sistema de mayoría y concretamente mayoría simple
menos cuando se exige mayoría cualificada, todos los miembros del órgano tienen
derecho a votar (a favor, en contra o abstenerse), no pueden abstenerse los que tienen la
condición de funcionario o autoridad. De las decisiones que toma el órgano y son
imputables a la Administración no podrán responder aquellas personas que hagan
hecho constar su voto en contra o abstención.
Secretario; puede ser un miembro del órgano colegiado o una persona externa. Si no
tiene la condición de miembro, en cualquier caso sí que es necesario que sea una
persona al servicio de la administración dentro la cual se integra el órgano (en este caso
el secretario tiene voz pero no voto, si es miembro, el secretario tiene voz y voto).
¿Cuál es su función? Garantiza que se notifiquen las convocatorias y el orden del día,
custodiar los documentos y expedientes sobre los que ha de tratar el órgano colegiado,
expedir certificaciones sobre los acuerdos adoptados por el órgano colegiado,… y el resto
de competencias establecidas por el artículo 25 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
46
Cada órgano establecerá las normas de aplicación para la designación y el cese, así
como para la sustitución temporal del Secretario (ausencia, vacante, enfermedad, etc.).
El Secretario levantará Acta de cada sesión que celebre el órgano colegido. En ella se
especificará:
• Los asistentes.
• El orden del día de la reunión.
• Las circunstancias de lugar y tiempo en que se haya celebrado.
• Los puntos principales de las deliberaciones.
• El contenido de los acuerdos adoptados.
Cuando así lo soliciten los miembros del órgano colegiado, su voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen, podrá figurar en el acta.
Del mismo modo, los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario adoptado podrán
formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas; el mismo se incorporará al
texto aprobado.
Obviamente, los miembros que voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de
toda responsabilidad derivada de la toma de los acuerdos.
Las actas serán aprobadas en la misma o en la siguiente sesión del órgano colegiado.
47
LO QUE HEMOS APRENDIDO
La organización interna de cualquier Administración Pública se descompone en
determinadas unidades que se denominan órganos administrativos, a los que se
les asigna una parte de las competencias que son propias de dicha
Administración.
La organización administrativa está presidida por una serie de principios que
regulan las relaciones entre los distintos órganos de una misma Administración:
competencia, jerarquía, desconcentración, colegiación, coordinación, eficacia,
buena fe y confianza legítima.
Otros principios son los que atienden a las relaciones entre las Administraciones
Públicas: competencia, coordinación, descentralización, autonomía y lealtad
institucional.
La centralización sería aquella forma de organización pública en la que una sola
administración, la del estado, asumiría la responsabilidad de satisfacer todas las
necesidades de interés general.
La descentralización alude a la transferencia de competencias intersubjetiva, es
decir, que tiene lugar entre personas jurídico públicas.
La potestad organizativa es la posibilidad de toda Administración de configurar
su propia estructura.
Se produce un cambio en la titularidad de competencias en los casos de:
delegación de competencias, avocación, desconcentración.
No hay cambio en la titularidad de competencias en: la encomienda de gestión,
delegación de firma, suplencia.
48
ANOTACIONES
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
49
TEST
Marcar la respuesta correcta.
1. Según el tipo de funciones que desempeñan los órganos administrativos
distinguimos entre:
Unipersonales y colegiados.
De gestión y de consulta.
Autonómicos y locales.
2. Los criterios distribuidores de la competencia entre órganos administrativos son:
Criterio funcional, territorial y material.
Criterio material, jerárquico y territorial.
Criterio funcional, jerárquico y territorial.
3. No hay transferencia en la titularidad de la competencia en el caso de:
Delegación de competencias.
Descentralización.
Delegación de firma.
4. La transferencia de competencias interorgánica, en el seno de una misma persona
jurídica y de un órgano superior a uno inferior se denomina:
Desconcentración.
Descentralización.
Avocación.
5. Las decisiones de los órganos generales:
Se toman por mayoría.
Se toman siempre por mayoría cualificada.
Se toman siempre por mayoría simple.
6. Convocar las sesiones del órgano colegiado es una facultad de:
El presidente.
El secretario.
Los vocales.
50
Régimen Jurídico de las AA.PP. Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
tema 4
Los Interesados en el Procedimiento
♦ El Concepto de Ciudadano
♦ La Capacidad de Obrar
♦ El Concepto de Interesado
♦ Potestades y Sujeciones
♦ Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos
Objetivos:
♦ Asimilar el concepto de interesado y su evolución histórica.
♦ Aprehender los principales derechos y obligaciones de los
interesados.
♦ Poder distinguir entre los derechos de participación, derechos
fundamentales de los ciudadanos y derechos procedimentales.
51
52
El Concepto de Ciudadano
En los últimos siglos la posición del individuo frente al poder público ha cambiado
mucho: en un primer momento se parte del vasallo del Estado feudal, que pasaría en
segundo lugar al súbdito del Estado moderno (sometido a la Administración Pública).
En el Estado contemporáneo (a partir de la revolución francesa), aparece la figura del
administrado como el titular de situaciones jurídicas activas frente a las
Administraciones Públicas, como son Derechos del ciudadano y sobretodo garantías
jurídicas avaladas por textos constitucionales.
Esta figura no se queda aquí, porque hoy en día ya se habla de ciudadano, no de
administrado. Las tendencias modernizadoras de la Administración Pública se están
asimilando a modelos organizativos privados en los que el cliente puede y debe exigir
más y mejores servicios, cuestión que va a ocupar a toda la actuación administrativa,
desde la puramente técnica o material hasta la jurídica.
Al lado del reconocimiento de los Derechos políticos del ciudadano y de los Derechos
sociales y económicos del ciudadano, en la doctrina administrativa se habla de una
tercera generación de Derechos del ciudadano: los Derechos administrativos, que serán
los ejercidos ante las administraciones.
En cualquier caso, toda relación jurídica regulada por el Derecho Administrativo deberá
tener como uno de sus sujetos a una Administración Pública, siendo la otra parte de la
relación una persona privada (física o jurídica), que se encuentra además, casi siempre,
en una posición pasiva en relación con la Administración Pública.
En cuanto a esta posición del ciudadano con la Administración Pública, de ella
dependerán distintos nudos de relación de intensidad variable y de carácter recíproco.
Cuando la posición del ciudadano con la administración es la genérica que mantienen
todos los restantes ciudadanos, se habla de administrado o ciudadano simple, como
aquél se encuentra bajo una relación de supremacía general; esto ocurre con la potestad
sancionadora o con la expropiatoria.
A este ciudadano simple se le contrapone otro tipo de ciudadano: cuando la posición del
ciudadano con la administración deriva en una relación jurídica peculiar y más intensa,
se dará lugar a unos poderes y deberes más enérgicos; es el caso del administrado o
ciudadano cualificado, que está sujeto a situaciones de supremacía especial
(funcionarios).
En virtud de la pertenencia a un territorio, los ciudadanos se clasificarán de distinto
modo: nacionales o extranjeros; los nacionales se rigen por el estatus personal, mientras
que los extranjeros lo hacen por el estatus territorial, es decir, las normas españolas por
el hecho de residir en España. Al margen de esta segunda categoría de ciudadanos,
encontramos el tercer tipo: regional (Comunidades Autónomas) y residencia o vecindad
(ambas de ámbito local).
53
La Capacidad de Obrar
La personalidad o condición de persona lleva al reconocimiento de alguien como sujeto
de derechos y obligaciones.
Desde la perspectiva civil se diferencia entre ser titular de derechos y obligaciones, y ser
capaz de ejercitarlos:
• Capacidad jurídica:
o Tener la aptitud para ser titular de derechos y/u obligaciones.
o No es susceptible de graduaciones: se tiene o no se tiene (se es persona o no
se es).
• Capacidad de obrar:
o Posibilidad de una persona de ejercitar o poner en práctica los derechos y
obligaciones que le sean imputables (la capacidad jurídica).
o Permite graduaciones y subdivisiones según el tipo de acto:
A un menor de edad se le permite hacer testamento a los 14 años.
No basta con ser mayor de edad para poder adoptar.
o Permite dilucidar si el sujeto de derecho puede realizar o no un acto con
eficacia jurídica.
El artículo 30 de la Ley 30/92 establece cuáles son las condiciones para esta capacidad
de obrar.
Así, este precepto señala que tendrán capacidad de obrar quienes tengan capacidad de
obrar con arreglo a las reglas civiles y también los menores de edad para el ejercicio y
defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el
ordenamiento jurídico-administrativo sin asistencia de la persona que ejerza la patria
potestad, la tutela o la curatela.
Este artículo 30 también establece que no tendrán capacidad de obrar aquellos menores
incapacitados cuando su extensión afecte al ejercicio y defensa de los derechos e
intereses de que se trate.
54
El Concepto de Interesado
Paralelamente a la definición de capacidad de obrar está el concepto de interesado
(artículo 31 de la Ley 30/92), que se define como aquella persona a la que la
administración la considera un ciudadano cualificado en un determinado procedimiento.
Se van a considerar como interesados por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
• Aquellos que promuevan el procedimiento, como titulares de Derechos o
intereses legítimos individuales o colectivos.
• Los que sin haber iniciado un procedimiento, tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el procedimiento se adopte.
• Aquél cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento mientras no haya
recaído resolución definitiva.
El artículo 31.2 de la ley 30/92 considera que cuando la ley lo establezca se deberán
tener en cuenta como interesados a aquellas organizaciones representativas de intereses
económicos y sociales en los términos que la ley establezca.
Indica el artículo 31.3 que cuando la condición de interesado derive de una condición
jurídica transmisible, el causante sucederá en esa condición cualquiera que sea el estado
del procedimiento.
Al tratar el instituto jurídico de la representación, el artículo 32 de la Ley 30/1992,
establece que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de
representante. En este caso, todas las actuaciones administrativas se realizarán por
medio de éste, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
Se permite que cualquier persona pueda actuar como representante de otra ante la
Administración, siempre y cuando goce de capacidad de obrar.
El artículo 32 de la Ley 30/1992, exige la acreditación de la representación, cuando se
trate de realizar alguno de los siguientes actos o trámites ante la Administración:
• Formular solicitudes.
• Entablar recursos.
• Desistir de acciones.
• Renunciar a derechos.
55
Esta acreditación exigida deberá realizarse por cualquier medio válido en derecho que
deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia del interesado.
En aquellos casos en los que la acreditación de la representación sea necesaria y no se
lleve a cabo o se realice de forma insuficiente, el acto se entenderá realizado, siempre
que se subsane este defecto en el plazo de diez días.
Para los actos y gestiones de mero trámite, la representación se presumirá.
En cuanto a la pluralidad de interesados, la Ley 30/92 señala que las actuaciones que
hayan de realizarse respecto de las solicitudes, escritos o comunicaciones en las que
figuren varios interesados, éstas se efectuarán con el interesado que expresamente se
haya señalado en el escrito o en su defecto con el que figure en primer término.
Por lo que respecta a la identificación de los interesados, en el artículo 34 se dice que si
durante la instrucción de un procedimiento se advierte de la existencia de personas que
sean titulares de derechos e intereses legítimos cuya identificación resulte inexistente y
que puedan resultar afectados por una resolución, se les comunicará a dichas personas
la tramitación del procedimiento.
Potestades y Sujeciones
La potestad es un poder efectivo atribuido por el ordenamiento con un carácter previo a
toda relación jurídica y que cuenta con plena capacidad de desplegar efectos jurídicos.
Es un poder genérico que sólo a través del ejercicio singular puede concretarse
convirtiéndose en un derecho subjetivo. La potestad es previa a la relación jurídica ya
que no forma parte de ésta.
A partir de la potestad, la administración podrá imponer a los particulares determinados
comportamientos y actitudes a los que éstos deberán estar sujetos. Las potestades, en
unas ocasiones, significarán deber u obligación y en otros entrañarán posibilidades que
pueden ser utilizadas por los ciudadanos. En estos últimos casos (cuando la potestad
implica posibilidades o facultades en poder de los ciudadanos), los ciudadanos podrán
exigir el respeto de sus derechos subjetivos.
Tipos de potestades administrativas.
• Potestad de exigir un comportamiento en un determinado sentido.
• Potestad que deriva del deber de abstenerse de obrar.
• Potestad que deriva del deber de soportar la actuación de un tercero.
56
A partir de este sistema de poder activo, aparecen 3 situaciones de poder pasivo a las
que se somete el ciudadano y por lo tanto, éste, tendrá:
• Derecho a poder obrar en un determinado sentido.
• Derecho a oponerse al obrar de otra persona.
• La posibilidad de exigir de la administración una cosa o una determinada acción.
Cada vez que estemos ante una de estas tres potestades nos encontraremos con tres
situaciones de poder pasivo o sujeciones.
D e r e c h o s S u b j e t i v o s e I n t e r e s e s L e g í t i m o s
Los intereses legítimos son una categoría que, sin determinar un Derecho subjetivo para
el sujeto, le otorgan una legitimación para actuar.
El Derecho subjetivo, a diferencia del interés legítimo, se identifica con la titularidad de
un bien o de un Derecho. Así pues, el titular de un Derecho subjetivo va a ser el
propietario del bien o Derecho afectado por un procedimiento. Sin embargo, quien
ostenta un interés legítimo no va a ser el titular de este bien o Derecho, sino que, en su
caso, podrá alegar en un procedimiento que su propio bien o Derecho puede resultar
afectado por la resolución de un determinado asunto administrativo.
La diferenciación conceptual entre Derecho subjetivo e interés legítimo únicamente goza
de importancia a efectos procesales y nunca a efectos procedimentales.
D e r e c h o s d e P a r t i c i p a c i ó n
El objetivo principal va a ser el ciudadano. La participación ciudadana garantiza el acierto
de una determinada decisión y, a tales efectos, la intensidad de esta participación deberá
ser siempre proporcional al nivel de intereses generales en juego.
Así la participación ciudadana en la elaboración de disposiciones generales será máxima
y, sin embargo será menor en los procedimientos de planificación pública. No obstante,
pero será necesaria y obligada la participación ciudadana en todos los procedimientos
administrativos singulares en los que deberá estar limitada a aquellos ciudadanos
directamente afectados.
El artículo 105 de la Constitución Española impone esta participación ciudadana en los
procedimientos administrativos, y la Ley 30/92 en sus artículos 84 y 86, especifica en
qué deberá consistir esta participación.
Establece el artículo 84 que en todos los procedimientos, antes de redactar la propuesta
de resolución, se deberá poner en conocimiento de los ciudadanos afectados, o de sus
representantes, todos los datos que afecten al asunto. Por su parte, los interesados, en
un plazo de entre 10 y15 días, podrán alegar y presentar a la administración cuantos
documentos y justificaciones estimen pertinentes.
57
El artículo 86 establece la información pública: ésta se abrirá por parte de la
administración cuando la naturaleza del procedimiento así lo requiera. Cuando el
procedimiento recaiga en asuntos de interés general, la administración estará obligada a
abrir el periodo de información pública y a publicarlo en el Boletín Oficial
correspondiente.
En el anuncio se deberá señalar el lugar de exhibición del contenido del procedimiento y
el plazo para formular alegaciones que no podrá ser inferior a 20 días.
La incomparecencia de los ciudadanos al trámite de la información pública no impedirá
que los interesados puedan interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales
contra el procedimiento.
Quienes presenten alegaciones tienen Derecho a obtener de la administración una
respuesta razonada, la cual podrá ser común para todas las alegaciones que presenten
los ciudadanos y que sean sustancialmente iguales.
A c t o s J u r í d i c o s d e l o s C i u d a d a n o s
En la relación jurídica administrativa se producen actos que emanan de los ciudadanos
en el ejercicio de las potestades y demás Derechos que reconoce el ordenamiento, como
van a ser las peticiones, las solicitudes, los recursos, las reclamaciones, las renuncias o
las alegaciones.
Actuaciones éstas que se van a regir por el Derecho Administrativo al enmarcarse en
una relación jurídico-pública.
La ley que regula la actuación de los particulares en relación a estas cuestiones es la ley
30/92 en su título VI, el cual dedica buen número de artículos a la participación
ciudadana en los procedimientos definiendo las condiciones de los cuatro tipos de actos
jurídicos de los ciudadanos:
• Peticiones y solicitudes: el artículo 29 de la Constitución Española contiene un
precepto específico que distingue entre peticiones graciables (aquéllas que no se
basan en un Derecho objetivo). Y las distingue de las solicitudes de Derecho que
son las amparadas en normas positivas, frente a las que, en todo caso, la
Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y, en concreto, dando respuesta a cuantas solicitudes se
formulen por los interesados (artículo 42.1 de la Ley 30/92).
• Aceptaciones: en cuanto a éstas van a ser actos del ciudadano que suponen una
sumisión y aseguran la debida cooperación del particular que suele ser condición
indispensable para la eficacia de un acto administrativo.
58
• Recursos y reclamaciones: son actuaciones por las que se impugnan actos de la
administración. No son lo mismo unos que otras:
o Los recursos tienen un cauce procedimental distinto ya que las reclamaciones
se elevan a los órganos administrativos sin forma especial y sobre las cuales
la administración no resolverá como en el supuesto de los recursos.
o Las reclamaciones gozan de muy diversas modalidades como pueden ser las
quejas, rectificaciones de errores materiales o aritméticos, o las meras
alegaciones.
o Los recursos sin embargo, únicamente podrán gozar de efectos si se trata de
recursos formulados conforme a la ley y serán los únicos que podrán
contribuir a depurar la legalidad de una actuación administrativa.
• Renuncias: actos del ciudadano por los que éste abdica de su titularidad ante una
actuación pública. Esta renuncia debe ser aceptada por la administración.
Respecto de los requerimientos, señalar que son actos que no producen ni nacimiento ni
extinción de una relación jurídica, pero a menudo inciden en esa relación jurídica.
En cuanto a las declaraciones, son aquellas actuaciones de la administración por las que
se confirma o no una serie de hechos que afectan al ciudadano. Las declaraciones sirven
como sistema para probar los hechos que se aleguen en un procedimiento.
Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos
En su Exposición de Motivos, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya establecía
como uno de sus objetivos primordiales formular los derechos de los ciudadanos en los
procedimientos administrativos.
En el artículo 35 y siguientes de esta Ley se proclaman los Derechos de los Ciudadanos:
• Derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en que
seamos interesados y a obtener copia de los documentos contenidos en los
procedimientos.
• Derecho a identificar a las autoridades y el personal al servicio de la
administración bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
• Derecho a obtener copia sellada de los documentos que portemos y presentemos
así como de la devolución de éstos, previa constancia de los mismos en el
expediente.
59
• Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad
Autónoma.
• Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del
procedimiento antes del trámite de audiencia.
• Derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al
concreto procedimiento o documentos que ya se encuentren en poder de la
administración actuante.
• Derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o
solicitudes que se propongan realizados.
• Derecho a acceder a los registros y archivos públicos.
• Derecho a ser tratados con respeto por las autoridades y funcionarios que habrán
de facilitar al ciudadano el pleno ejercicio de sus Derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones.
• Derecho a exigir responsabilidades de las Administraciones Públicas y del
personal a su servicio.
• Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes
A estos derechos de los artículos citados, se debe añadir el artículo 86 de la misma Ley,
en cuyo párrafo tercero se establece el derecho a obtener una respuesta razonada de
quien comparezca en un procedimiento administrativo, aun cuando no sea un interesado
(caso de la información pública). La Administración está obligada a contestar a cada una
de las alegaciones formuladas por los particulares.
Por otro lado, tenemos las operaciones de gravamen: la Administración tiene a su
servicio un poder administrativo singular, consistente en la posibilidad, no sólo de
obligar al cumplimiento de sus normas, sino de imponer sanciones en los supuestos de
incumplimiento de las cargas ciudadanas previstas en el ordenamiento.
Para el aseguramiento de los derechos y el cumplimiento de las operaciones de
gravamen, disponemos de una serie de garantías:
• La Administración cuenta con procedimientos internos de autocontrol que
garantizan la legalidad de una decisión. Estos controles consisten en la
profesionalidad y especialización de los funcionarios públicos.
También cuenta con órganos colegiados consultivos como los servicios jurídicos
de las Administraciones Públicas, los interventores, el Consejo de Estado u
órganos consultivos equivalentes en las CCAA.
60
• Recursos administrativos y jurisdiccionales:
o Recursos administrativos: contempla el artículo 103 de la Constitución el
sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Esta garantía se
consagra a través de:
Recurso de alzada: se interpone frente a actos administrativos que no
ponen fin a la vía administrativa.
Recurso de reposición: de carácter potestativo, se interpondrá frente a
actos que sí agotan la vía administrativa.
Recurso extraordinario o de revisión: frente a actos firmes gravemente
viciados.
o Recursos jurisdiccionales: La Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, establece los recursos que caben en vía
jurisdiccional:
Recurso Contencioso-Administrativo, en sus procedimientos ordinario y
abreviado.
Recurso de Apelación, ante los Tribunales Superiores de Justicia.
Recurso de Casación, ante los Tribunales Superiores de Justicia o el
Tribunal Supremo.
Recurso Extraordinario o de revisión: en casos concretos con vicios muy
graves.
• Garantía externa: en materia administrativa, el artículo 136 de la Constitución
atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la gestión económica de la
administración y de todo su sector público.
Esta fiscalización va a ser muy amplia y alcanzará al sometimiento de la actividad
económica financiera del sector público, a los principios de legalidad, eficiencia y
economía.
Al depender de las cámaras legislativas, el Tribunal de Cuentas emite exhaustivos
informes y enjuiciamientos contables respecto de las cuentas que deben rendir
quienes recauden, intervengan, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos
públicos.
También tenemos el Defensor del Pueblo y sus homólogos autonómicos que
tendrá eficacia cuando cualquier ciudadano le reclame la tutela de sus Derechos
fundamentales o la aplicación de la legalidad administrativa en su calidad de
supervisor de las Administraciones Públicas.
61
D e r e c h o s F u n d a m e n t a l e s d e l o s C i u d a d a n o s
El Derecho Administrativo se caracteriza porque la administración ostenta una posición
de supremacía sobre los ciudadanos. Sin embargo, este ius eminens de la
administración no va a poder penetrar con facilidad en la esfera íntima de los
ciudadanos, ya que dicha esfera está constitucionalmente protegida frente a posibles
agresiones del poder público.
A tales efectos, en el artículo 53 de la Constitución Española se consagra que los
Derechos y libertades reconocidos en el capítulo II, título I de la Constitución Española,
vincula a todos los poderes públicos ya que sólo por ley podrá regularse el ejercicio de
los Derechos y libertades ciudadanas teniendo el resto de Derechos un grado de
protección menor.
Así pues, del artículo 53 se concluye que:
• Los Derechos y libertades de la sección I, capítulo II y título I de la Constitución
Española, más el artículo 14 y la objeción de conciencia del artículo 30 gozan del
máximo nivel de protección.
• Los restantes Derechos y libertades del capítulo II, título I tienen un grado de
protección intermedio.
• Los restantes Derechos y libertades del capítulo III del título I tendrán un sistema
de protección muy atenuado.
De forma paralela, existen unas garantías que protegen estos Derechos:
• Recurso de amparo: que requerirá agotar la vía judicial ya que sólo serán
recurribles ante el Tribunal Constitucional sentencias o actos judiciales.
• Defensor del pueblo: (artículo 54 CE) podrá, en determinados casos, intervenir en
procesos constitucionales en defensa de los particulares.
• Ley de protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la persona: de
26 de diciembre de 1978, que establece un procedimiento en materia C-A
sumario.
• Reserva de ley: sólo por ley se podrán regular estos Derechos Fundamentales
(53.1 CE), en ocasiones a través de ley orgánica, en otras por medio de ley
ordinaria y por último, por ley ordinaria ayudada por un reglamento vinculado a
esta ley.
62
D e r e c h o s P r o c e d i m e n t a l e s d e l o s C i u d a d a n o s
El procedimiento administrativo es el modo de producción de los actos administrativos;
es el cauce formal por el que se desenvuelve la acción administrativa.
Por lo tanto, el procedimiento va a comprender una serie de actos concatenados
destinados a un fin que va a ser la producción de un acto jurídico normativo o no
normativo procedente de la administración.
Además este procedimiento es el medio para asegurar la eficacia administrativa e
instrumento de garantía de los intereses públicos y de la igualdad de trato que merecen
los ciudadanos en su relación con la administración.
Los tribunales de Justicia consideran las normas procedimentales como normas de
orden público y han recalcado tres elementos en relación con el procedimiento:
• Las normas procedimentales no pueden ser eludidas ni por la administración ni
por los ciudadanos aún en el caso de que hubiera un acuerdo entre ellos al
respecto.
• Cuando se infringen los trámites esenciales del procedimiento, el juez debe
declarar la nulidad de las actuaciones.
• El juez contencioso deberá examinar en cada caso que se han observado las
normas de procedimiento administrativo antes de cualquier otra cuestión de
fondo.
Como “Principios básicos del procedimiento " se conocen los siguientes:
o Principio de contradicción: intervención activa de todos los interesados y que
todos los intereses en juego sean tenidos en cuenta.
o Principio de oficialidad: la administración está obligada a realizar todas las
actuaciones necesarias para llegar a la actuación final, para ello los artículos
68, 69, 74 y 80 de la ley contemplan, por ejemplo la iniciación de oficio del
procedimiento.
o Este principio supone que el órgano competente deberá decidir en la
resolución que ponga fin al procedimiento tanto de las cuestiones planteadas
en el expediente como de aquellas que se deriven del mismo, hayan sido o no
alegadas por los particulares.
o Principio de gratuidad: todo procedimiento administrativo es gratuito salvo
dos excepciones:
Los gastos de las pruebas propuestas en un procedimiento son de cargo
del que las propone.
63
Las tasas que generen las actuaciones de un procedimiento se regularán
según lo que disponga la normativa aplicable, aunque deberán ser
exigidas por aquellos procedimientos que impliquen la realización de
estudios por parte de los servicios técnicos administrativos.
o Principio de legitimación: salvo en casos de acción popular (125 Constitución
Española), para que el particular participe es necesario que se den unos
requisitos sobre capacidad de obrar y legitimación donde se concretará la
titularidad al menos de un interés legítimo que pueda verse afectado por la
resolución final.
o Principio de imparcialidad: (artículos 28 y 29 de la ley 30/92) establece las
causas de abstención y recusación de los intervinientes en el procedimiento.
o En cuanto a estas causas, se predican especialmente del personal al servicio
de las administraciones en quien concurra una de las siguientes
circunstancias:
Tener interés personal en el asunto del que se trate. Se incluye ser
administrador de sociedades interesadas o tener cuestión litigiosa
pendiente con algún interesado.
Tener parentesco o consanguinidad dentro del 4º grado o tener afinidad
dentro del 2º con cualquier de los interesados o con los asesores de éstos
o sus representantes y mandatarios, así como compartir despacho
profesional o estar asociados con éstos para su asesoramiento.
Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el interesado o con las
personas que sean parientes en el 4º grado de consanguinidad y 2º de
afinidad.
Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se
trate.
Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto o haber prestado en los dos últimos años
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o
lugar.
En el caso de que no se cumplan estas causas, los particulares podrán
promover recusación en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento.
o Principio de celeridad y economía procesal: se deberán seguir todas las fases
del procedimiento sin demoras injustificadas convalidando cada una de las
fases.
64
o Principio in dubio pro actione o antiformalista: los trámites deberán ser
favorables al ejercicio del Derecho de acción. La administración está obligada
a comunicar a los particulares la caducidad de un procedimiento.
o En el caso de defectos en una solicitud de un interesado, la administración
debe conceder la posibilidad de subsanar esos errores al particular. De la
misma manera, la administración, en el caso de que se haya saltado algún
trámite podrá subsanar este hecho antes de llegar a la resolución final.
o Principio de publicidad: (artículos 105 Constitución Española, y 35 y 37 de la
Ley 30/92) reconoce el Derecho de acceso a los registros y archivos.
Para acreditar el estado del procedimiento, la identificación de las personas
que lo tramitan, la obtención de copia sellada de los documentos o el Derecho
a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del
procedimiento antes de la resolución final.
65
LO QUE HEMOS APRENDIDO
Tendrán capacidad de obrar en el ámbito administrativo quienes tengan
capacidad de obrar con arreglo a las reglas civiles y también los menores de edad
para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación esté
permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin asistencia de la persona
que ejerza la patria potestad, la tutela o la curatela.
Interesado es aquella persona a la que la administración la considera un
ciudadano cualificado en un determinado procedimiento.
Los intereses legítimos son una categoría que, sin determinar un Derecho
subjetivo para el sujeto, le otorgan al ciudadano una legitimación para actuar.
El Derecho Administrativo se caracteriza porque la administración ostenta una
posición de supremacía sobre los ciudadanos.
El procedimiento administrativo es el modo de producción de los actos
administrativos; es el cauce formal por el que se desenvuelve la acción
administrativa.
Las normas procedimentales no pueden ser eludidas ni por la administración ni
por los ciudadanos.
Son principios básicos del procedimiento administrativo: el principio de
contradicción, el principio de oficialidad, el de gratuidad, legitimación,
imparcialidad, celeridad y economía procesal, principio in dubio pro actione o
antiformalista y principio de publicidad.
66
ANOTACIONES
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
67
TEST
Marcar la respuesta correcta.
1. Son principios básicos del procedimiento administrativo:
La obligatoriedad para la administración de los términos y plazos.
La garantía de recurso de amparo frente a ciertas resoluciones.
La publicidad del mismo.
2. El procedimiento administrativo será gratuito, salvo:
En los gastos que supongan las pruebas, que son de cargo de quien las propone.
Las tasas que generen las actuaciones.
Ambas respuestas son correctas.
3. Las solicitudes, recursos y reclamaciones se consideran manifestaciones de los
derechos:
De participación ciudadana.
Fundamentales de los ciudadanos.
Derivados del principio de seguridad jurídica e imparcialidad de la Administración
en el cumplimiento de los intereses generales.
4. La capacidad de obrar exigida a los ciudadanos se contempla en el artículo:
103 de la Constitución Española.
30 de la Ley 30/1992.
Ambas respuestas son correctas.
5. La representación, para actuar ante la Administración:
No está permitida.
Sólo ha de acreditarse en los supuestos del artículo 32 de la Ley 30/1192.
Siempre ha de acreditarse, salvo en los supuestos del artículo 32 de la Ley
30/1992.
6. Son actos jurídicos de los ciudadanos:
Las peticiones y solicitudes.
Las anteriores y los requerimientos.
Las peticiones, solicitudes y requerimientos, así como los recursos y
reclamaciones.
68
Régimen Jurídico de las AA.PP. Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
tema 5
Actos de las AA.PP. Términos y Plazos
♦ Concepto de Acto Administrativo. Sus Elementos
♦ Caracteres de los Actos Administrativos
♦ Clases de Actos Administrativos
♦ Efectos del Acto Administrativo
♦ La Notificación
♦ Términos y Plazos
Objetivos:
♦ Adquirir nociones básicas a cerca del concepto, elementos,
características y efectos de los actos administrativos.
♦ Conocer la trascendencia de la notificación.
♦ Términos y plazos: su obligatoriedad.
69
70
Concepto de Acto Administrativo. Sus Elementos
La noción de acto administrativo es clave en el Derecho Administrativo ya que es, ante
todo, una conquista del Estado de Derecho, al presuponer una jerarquía de normas
cuyos mandatos desembocan en realizaciones concretas, en actuaciones.
El acto administrativo se define como la declaración de voluntad, de juicio, de
conocimiento o de deseo realizada por la Administración Pública en ejercicio de una
potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria.
El acto administrativo se va gestando a través de una concatenación de normas
jerárquicamente ordenadas, al término de las cuales surgen los actos que realizan, con
trascendencia jurídica exterior, los órganos de la Administración. A partir de la aparición
o surgimiento de un acto, la acción administrativa puede ser impugnada administrativa
o jurisdiccionalmente, de ahí que ante todo el acto administrativo remite a la sujeción de
la Administración al principio de legalidad y somete el actuar administrativo a la posible
y última intervención jurisdiccional.
Esta definición abarca no sólo a los verdaderos actos administrativos, que serán aquellas
resoluciones que ponen fin a los expedientes, sino a cualesquiera actuaciones
procedentes del poder público por los que se emite una intención, un conocimiento o un
juicio.
El acto administrativo va a ser el ejercicio singular de potestad en aplicación del
Ordenamiento Jurídico por parte de un órgano administrativo, pero en su escala de
competencias para crear, extinguir, para modificar o tutelar una situación jurídica
individualizada.
E l e m e n t o s d e l o s A c t o s A d m i n i s t r a t i v o s
• Elementos subjetivos: Alude a la fuente que produce el acto en cuestión, al sujeto
productor. De ahí que deduzcamos de forma inmediata que todo acto
administrativo deriva de un ente público, en primer lugar; en segundo lugar, que
dicho ente público tiene competencia y capacidad suficiente para dictarlo. Del
mismo modo, debe tenerse en cuenta que los actos administrativos son servidos
por personas físicas, de ahí que sea necesario que los titulares de los órganos
administrativos reúnan determinadas circunstancias personales de imparcialidad
para adoptar legítimamente los actos de que se trate.
La capacidad quiebra en estos supuestos:
o Cuando ejerce esa función quien no tiene título alguno o suficiente para ello.
o Cuanto está viciado el nombramiento del titular del órgano.
71
o Cuando, existiendo nombramiento legal, se dicta el acto antes de que este
nombramiento produzca efectos legales, o después de que se haya
extinguido.
• Elementos objetivos: Alude al contenido preciso del acto. Se distinguen cuatro
tipos:
o Elemento esencial del acto: aquél sin el cual el acto no tiene existencia.
o Elemento natural del acto: aquél que se entiende incluido en el acto aunque la
administración guarde silencio sobre él, ya que este contenido se encuentra
implícito en el propio acto.
o Elemento accidental del acto: consiste en una determinación de voluntad de la
administración dirigida a modificar o restringir los efectos del contenido
esencial del acto.
o Elemento posible, determinado o determinable: el acto administrativo deberá
facultar a algo, deberá ser posible llevarlo a cabo.
• Elementos formales: Estos elementos son los que trascienden a la forma de
integración de la voluntad expresada en el acto, a la declaración de esta voluntad
y a su ulterior comunicación.
o Integración de voluntad: para que la actuación sea válida, debe producirse
según unas reglas.
o Declaración: los actos administrativos deben exteriorizarse expresamente,
como norma general; es decir, consistirán en una declaración adoptada
consecuentemente y expresamente manifestada por escrito.
No obstante, existen los actos presuntos, en los que la Administración no se
pronuncia; pero a su pasividad, a su inactividad, el ordenamiento jurídico le
atribuye determinadas consecuencias: es el denominado silencio
administrativo.
Por otra parte, en la mayoría de los actos administrativos, la declaración de
voluntad tiene que ser motivada: razonada y justificada.
o Notificación: su importancia es tal que, cuando los particulares no sean
notificados del acto y no se enteren, pues, de la existencia de éste, no
vendrán obligados por su contenido.
Dada su trascendencia, la Ley regula de forma particular tanto el contenido de
la notificación como su práctica y lugar en que deba realizarse.
72
Caracteres de los Actos Administrativos
En cierta manera los caracteres del acto administrativo se encierran en la definición vista
en el primer epígrafe, por lo que vamos a detenernos en ella.
• En primer lugar, se trata de una declaración: Los actos administrativos son
declaraciones en cuanto que son manifestaciones con trascendencia externa, que
pueden crear derechos (concesión de una licencia) o imponer obligaciones para
los particulares (sanción, pago de una multa).
• Es una declaración unilateral: El acto administrativo encierra una actuación de
carácter unilateral, distinguiéndose así los actos de los contratos, por ejemplo.
Mientras que el acto es unilateral -existe sólo la voluntad de la Administración- el
contrato necesita, por lo menos, dos voluntades -una persona que vende y otra
que compra-.
• No son normativos: Los actos, si bien son una actuación de la Administración,
son de naturaleza no normativa. Con esto se pretende distinguir entre los actos y
las normas jurídicas procedentes de la Administración, los Reglamentos, pues
mientras el Reglamento es Derecho, crea Derecho; el acto, suele ser la aplicación
del Derecho, del Reglamento u otra norma. El Reglamento dura en tanto en
cuanto no se derogue o modifique; el acto, por lo general, se agota con su
cumplimiento.
• Tienen origen administrativo: Los actos administrativos emanan de órganos de la
Administración, y si bien esto puede parecer una redundancia, se trae aquí por
cuanto hay actos de órganos distintos de los estrictamente administrativos
(judiciales, del poder legislativo) que no son administrativos pero a efectos de su
control por los Tribunales se equiparan a aquéllos-
• Se encuentran sometidos al Derecho Administrativo: Los actos administrativos
están sometidos al Derecho Administrativo, lo que significa distinguir entre acto
Administrativo y acto de la Administración, por cuanto hay determinadas
actuaciones de la Administración no sometidas al Derecho administrativo, sino al
Derecho privado (civil, laboral, etc.), ya que la Administración es una persona
jurídica.
Clases de Actos Administrativos
En una primera clasificación, podemos hablar de estos tipos de actos administrativos:
• Aquellos que ordenan o prohíben determinados comportamientos.
• En cuanto a los sujetos administrativos de los que proceden, distinguimos entre:
o Actos administrativos de la Administración General del Estado.
73
o Actos de la Administración autonómica.
o Actos de la Administración local.
o Actos de la Administración institucional.
• En cuanto a los sujetos receptores o destinatarios, distinguimos entre:
o Actos dirigidos a los ciudadanos en cuanto tales, no sometidos a una relación
especial de sujeción.
o Actos dirigidos a un grupo de ciudadanos que están en una especial relación
de sujeción con la Administración: funcionarios, alumnos universitarios, etc.
• Aquellos configuradores de relaciones jurídicas: los que fundamentan, modifican,
eliminan una relación jurídica concreta.
• Podemos distinguir también entre los actos administrativos que se hallen o no
excluidos de la Jurisdicción contenciosa; es decir, esta distinción se basa en si
los actos pueden ser recurribles ante los Tribunales:
o Actos de trámite: son preparatorios de los actos definitivos, y, al carecer de
sustantividad propia, al tener su sentido sólo por relación con los actos
definitivos, se les excluye (salvo excepciones) de la vía revisora.
o Actos definitivos: con carácter general, la impugnabilidad de los mismos en
su nota definitoria. No obstante, es importante señalar que no todos los actos
definitivos dentro de un procedimiento son impugnables, pues algunos no
agotan la vía administrativa, es decir, son susceptibles de modificación por la
autoridad superior a través del recurso de alzada, o por la misma autoridad si
se trata del recurso de reposición.
• Aquellos actos administrativos que se califican como favorables o de gravamen:
o Favorables: son aquéllos que declaran derechos o liberan de obligaciones con
base en las normas de aplicación:
Nombramientos, otorgamientos de exenciones o beneficios fiscales,
concesión de ayudas y subvenciones, condecoraciones, etc.
o De gravamen: todos los procedimientos sancionadores y aquellos otros de
carácter cuasisancionador que restrinjan derechos previamente concedidos. El
artículo 25.2 de la Constitución establece la obligatoriedad de que estos actos
sean regulados por Ley.
74
• Actos discrecionales y reglados:
o Reglados: son aquellos en los que la Administración se limita a aplicar la ley,
otorgando o denegando derechos subjetivos en casos concretos.
Supuestos en que el particular tiene derecho a obtener lo que solicita
(pedir un permiso, una licencia, etc.)
El particular no tiene Derecho a obtener lo que solicita al no existir
posibilidades reales y presentes de conceder ese derecho subjetivo.
o Discrecionales: aquéllos por los que la Administración otorgará o denegará
derechos subjetivos dependiendo de las circunstancias y condicionamientos
que estime la propia Administración.
Este acto administrativo deberá se siempre motivado, ya que de lo contrario
estaríamos ante un acto arbitrario nulo de pleno derecho.
Efectos del Acto Administrativo
Los actos administrativos, por proceder de una administración, poseen una reforzada
apariencia de legalidad, y por lo tanto, contando con una dura resistencia a la duda o
cuestionamiento sobres su licitud.
La presunción de legalidad de los actos administrativos la hallamos en el artículo 57.1 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común:
“Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en
ellos se disponga otra cosa”
Pero, esta presunción de legalidad podrá ser desvirtuada a través de dos vías:
• Por el particular, quien deberá demostrar los vicios jurídicos en que haya
incurrido el acto administrativo, a través del oportuno recurso administrativo o
contencioso.
• Por la propia Administración, quien decida revisar de oficio sus actos.
Si ninguna de estas dos opciones se ha producido o, de haberse producido, no ha sido
efectiva, el acto administrativo es total y absolutamente legal; por lo tanto, será
susceptible de ser ejecutado inmediatamente.
Los efectos de los actos administrativos se producen, por regla general, desde la fecha
en que se dicten, salvo que ellos se disponga otra cosa. En determinados casos sus
efectos quedan en suspenso o se extenderán a momentos anteriores.
75
La Constitución Española permite la retroactividad en la eficacia de los actos
administrativos únicamente en aquellos casos que sean favorables y no restrictivos de
derechos fundamentales. En consecuencia, todas aquellas situaciones que supongan un
gravamen y, por lo tanto, no acarreen beneficios al particular, serán inaplicables de
forma retroactiva.
En cuanto a las manifestaciones de la eficacia del acto, hay que advertir que no son
otras que la posibilidad de producción de los efectos previstos, aún frente a eventuales
resistencias de los administrados. Estas manifestaciones se plasman en la ejecutividad
del propio acto y la posibilidad de su realización de oficio por la Administración.
La ejecución del acto implica reforzar las medidas tendentes a asegurar su eficacia. Ello
se logra gracias a las facultades que la Administración posee para ejercer la coacción de
forma legítima para dar cumplimiento a sus decisiones.
La recta aplicación de estas garantías tiene base en los artículos 96 y 101 de la Ley
30/1992, los cuales contemplan tres límites a respetar por la propia Administración:
• Que la ejecución del acto se refiera necesariamente a materias de la competencia
del órgano administrativo del que emana.
• Que se lleva a cabo la ejecución de acuerdo con el procedimiento legalmente
establecido.
• Que se respete el principio de proporcionalidad entre la medida y la finalidad de la
ejecución. Los medios que la Ley prevé para la ejecución son los contenidos en el
artículo 96:
o Apremio sobre el patrimonio: este es el supuesto normal de ejecución de
aquellos actos que implican para el destinatario la adopción de conductas de
contenido patrimonial, de deudas u obligaciones pecuniarias.
o Ejecución subsidiaria: es la realización por la Administración, bien por sí
misma, bien a través de determinadas personas y a costa del obligado, del
contenido del acto (por ejemplo, demoler una obra ilegal).
o Multa coercitiva. estas multas se basan únicamente en el incumplimiento del
acto, por lo que a diferencia, por ejemplo de una multa de tráfico que castiga
una infracción directamente, las multa coercitiva trata de reprimir una
conducta del particular contraria al contenido del acto.
o Compulsión sobre las personas: los actos administrativos que impongan a los
administrados una obligación personalísima de no hacer o de soportar podrán
ser efectuados mediante compulsión directa sobre las personas en los casos
que la Ley lo autorice expresamente, siempre dentro del respeto debido a la
dignidad de la persona humana.
76
De cara a garantizar el acierto de las decisiones administrativas, el artículo 72 de la Ley
30/1992, faculta a la Administración para adoptar cuantas medidas provisionales estime
oportunas al objeto de asegurar la eficacia y validez de los actos administrativos. En
estos casos la validez y eficacia de los mismos se supedita al cumplimiento de dos
requisitos:
• Que existan elementos de juicio suficientes como para adoptar esas medidas
provisionales.
• Que no se causen perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados.
En todo caso, deberán ser medidas cautelares razonadas y razonables.
A este respecto se hace importante señalar que la Ley 4/1999, modificadora de la Ley
30/1992, introdujo una importante novedad, consistente en la posibilidad de adoptar
estas medidas provisionales incluso antes de haberse iniciado el procedimiento
administrativo oportuno, siempre que razones de urgencia avalen la adopción de las
mismas de forma excepcional.
La Notificación
Es el modo de comunicar a los ciudadanos, personal o colectivamente, la existencia del
acto administrativo, lo que constituye un requisito fundamental para la seguridad
jurídica, y una condición legal de la que depende la eficacia del acto.
Así lo expresa el artículo 57.2: "la eficacia quedará demorada cuando esté supeditada a
su notificación.".
También el poder legislativo y judicial están obligados a esta comunicación o publicación
de sus actos. Por lo tanto la notificación es un deber jurídico del órgano que dictó el
acto, que no afecta a la validez del acto pero sí a su eficacia.
La propia jurisprudencia, en su abundantísimo tratamiento de las notificaciones, ha
recogido la finalidad de la notificación, como el medio de asegurar el verdadero, real e
íntegro conocimiento por parte de los destinatarios de los actos administrativos, de su
verdadero contenido. A través de la notificación se pretende asegurar el conocimiento
exacto y auténtico de los actos administrativos.
Surge a continuación el problema de determinar su naturaleza jurídica, y concretamente
si estamos en presencia de un acto administrativo o no. La solución a este interrogante
pasa por la concepción que mantengamos del acto administrativo, pudiendo defender
dos posiciones:
• Según unos, la notificación es un acto administrativo independiente del acto
notificado, y de ahí que tenga un contenido propio.
77
• Desde otro punto de vista, la notificación es una declaración de conocimiento, a
través de la cual se comunica al interesado una previa resolución.
Avala esta acepción de la notificación su contenido propio e independiente del
acto notificado, como es la exigencia de que consten en ésta los recursos
procedentes y las formalidades de su cumplimentación, ajenas, como se ha
dicho, al acto notificado, de modo que por tener vida propia e independiente, la
anulación de la notificación no tiene por qué afectar al acto primitivo.
En contra de la anterior opinión, se afirma que la notificación es sólo un trámite
de ejecución del acto, y que no afecta a su validez ni a su eficacia.
Podría calificarse con el término que utiliza el TS para referirse a ciertos actos de
comunicación, en STS de 6 de noviembre de 1959, como una "operación administrativa".
En cuanto a los elementos subjetivos de la notificación la Ley 30/1992, carece de una
regla idéntica a la establecida en la LPA de 1958, que en su artículo 78.2 imponía la
obligatoriedad de que las notificaciones de los actos administrativos se hiciera por el
propio órgano que hubiera dictado éstos.
De este modo, con la supresión de esta exigencia, la notificación habrá de cursarse por
el órgano competente, que hubiera dictado el acto administrativo o, en su defecto, por
cualquier otro. Por el hecho de que el acto no haya sido notificado por el órgano
competente, no pierde eficacia, y en todo caso estaríamos ante un supuesto de
irregularidad formal, carente de trascendencia como para provocar la anulabilidad.
En cuanto al sujeto pasivo según dispone el artículo 58.1, se notificarán a los
interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e
intereses.
La notificación a los sujetos pasivos presenta una serie de aspectos, que se hace
necesario matizar. El artículo 58 ahora no deja lugar a dudas sobre la exigencia de que
se notifiquen a los interesados las resoluciones y actos administrativos que se dicten y
que puedan afectarles.
El artículo 31 de la Ley 30/1992, contiene un concepto amplio de interesado, que es
plenamente aplicable en el ámbito de las notificaciones, máxime si lo que se pretende es
garantizar el derecho de todos los afectados a la tutela y defensa de sus intereses y
derechos.
Ahora bien, si en ocasiones el TS ha entendido que la notificación a los interesados es
indispensable cuando el número de éstos es reducido y de fácil localización (STS de 2 de
junio de 1980 -3331); más recientemente ha declarado que como quiera que no puede
equipararse la indeterminación de los destinatarios con la pluralidad de los mismos y
cuando éstos, por muchos que sean, sean conocidos, deberán ser notificados
personalmente (STS 24 de marzo de 1992 -1595).
78
Asimismo, los interesados pueden válidamente actuar por medio de representantes,
legales o voluntarios, que podrán actuar como receptores de las notificaciones.
El plazo de 10 días es indicativo, pues lo importante es que efectivamente se haga la
notificación. Si el plazo es mayor será en todo caso un error no invalidente.
El contenido de la notificación está en el artículo 58.2, y es muy importante que consten
todos los elementos pues en caso contrario la notificación es defectuosa y no produce
efectos.
Los requisitos objetivos del contenido de toda notificación son los siguientes:
• Texto íntegro de la resolución.
Se trata de una exigencia lógica, pues si lo que se pretende es garantizar el
conocimiento por parte del interesado de la resolución o acto que le afecta, sólo
conociendo íntegramente el contenido del acto podrá éste ejercitar los derechos
de defensa de sus intereses.
Con ello se excluye cualquier posibilidad de una notificación parcial, que
normalmente consistiría en la simple notificación del fallo o parte dispositiva del
acuerdo. Esta exigencia adquiere especial relevancia en el caso de las
publicaciones.
• Indicación de si el acto es o no definitivo en la vía administrativa.
Esta materia enlaza directamente con el problema arduamente debatido a nivel
doctrinal de las clasificaciones de los actos administrativos.
Parece desprenderse del término empleado la utilización como equiparable de
definitivo y causar estado en vía administrativa, pero, de una interpretación
conjunta de este apartado con el posterior, se deduciría la exigencia de que en
todo caso se haga constar la condición del acto y su susceptibilidad de ser
recurrido o no.
• Recursos procedentes, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazos para
interponerlos.
Este requisito es exigible tanto de los actos administrativos definitivos y no firmes
(esto es, aquellos resolutorios que no agotan la vía administrativa) como de los
actos administrativos definitivos y firmes en vía administrativa.
Quizá sea ésta una de los principales motivos de impugnación de los actos
administrativos, cuando la notificación cumple los demás requisitos exigidos en
la ley.
79
A su vez, el casuismo que presentan los defectos en la determinación de los recursos
procedentes es innumerable y presenta algunos problemas de orden teórico. Los más
habituales son los siguientes:
• No expresión de recursos.
• Expresión de recursos improcedentes.
• Empleo de fórmulas ambiguas o que conducen a error.
• Notificación de recursos ante órganos jurisdiccionales e invasión de sus
competencias jurisdiccionales.
Mientras que los dos primeros son supuestos claros de nulidad, los dos últimos son
más dudosos, pero en todo caso serían supuestos de notificación defectuosa.
La notificación defectuosa solo puede convalidarse si el interesado manifiesta haber
conocido la resolución o acto por otros medios o interpone un recurso. (Artículo 58.3).
En concreto, señala reiteradamente el Tribunal Supremo que por notificaciones
defectuosas se entienden aquéllas "cuyas imperfecciones han redundado
verdaderamente en perjuicio del notificado, le han producido indefensión o limitado las
posibilidades de ejercicio de sus derechos" (STS de 29 de febrero de 1984).
Viene al caso la alusión anterior en la medida en que existirá una sustancial diferencia
según se trate de notificaciones defectuosas o de notificaciones técnicamente
"inexistentes".
Así, mientras que las notificaciones defectuosas son esencialmente convalidables, las
notificaciones "inexistentes" no admiten subsanación.
En este sentido, el Tribunal Supremo, sobre la base del artículo 80.1 de la anterior LPA,
rechaza una notificación telefónica por no practicarse por alguno de los medios entonces
admitidos. De ahí la necesidad de delimitar la naturaleza de una y otra modalidad de
irregularidad y sus respectivos efectos.
En cualquier caso, la trascendencia de los efectos de la repetida distinción se ve hoy
fuertemente mermada ante la supresión de la convalidación objetiva de las notificaciones
defectuosas, anteriormente prevista en el apartado 4 del artículo 79.
Suprimida la posibilidad de convalidación de las notificaciones defectuosas por el
transcurso de un plazo, como preveía la anterior ley de procedimiento, el único medio de
convalidación de las notificaciones inicialmente viciadas es porque el interesado realice
actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto
de la notificación, o interponga el recurso procedente.
En las demás circunstancias habrá que volver a practicar la notificación hasta que nos
conste fehacientemente que el interesado la ha recibido.
80
En cuanto a la práctica de la notificación los medios para realizarla son todos los
posibles siempre que consigan su objetivo, "cualquier medio". Dice el artículo 59:
"1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y
el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorpora
al expediente."
Este es otro aspecto igualmente sensible al paso del tiempo, teniendo en cuenta que los
medios técnicos evolucionan, y que incluso mecanismos que aun se aceptan con
reticencias o abiertamente se rechazan en la actualidad, a raíz de esa evolución, es más
que probable que en un futuro próximo hayan alcanzado tal grado de perfeccionamiento
que sean subsumibles dentro de este abanico de posibilidades (correo electrónico y
demás medios admitidos en el artículo 45).
Evita la Ley 30/1992, enumerar los medios de notificación, y así, a diferencia de lo que
hacía la anterior LPA (artículo 80), que junto a una enumeración de los medios
adecuados contenía una cláusula general, el artículo 57.1 se decanta por esta última.
Sirve cualquiera de los medios previstos en el antiguo artículo 80, esto es, oficio, carta o
telegrama y cualquier otro que pudiera arbitrarse, siempre y cuando quede constancia
de la recepción, de la fecha de ésta y de la identidad del acto notificado (STS de 14 de
noviembre de 1989 -8302- ).
Desde un punto de vista práctico, dos son los procedimientos habituales para la práctica
de las notificaciones, por correo certificado con acuse de recibo o en mano, mediante
agente notificador.
No obstante debemos estar preparados para utilizar o admitir cualquier medio avanzado,
informático, electrónico, etc.
Igualmente importante es llamar la atención sobre la posibilidad que también se abre de
hacer constar en la solicitud de iniciación del procedimiento los medios preferidos por el
interesado para la práctica de las notificaciones [artículo 70.1.a)], (por ejemplo, internet),
así como la generalización de los medios a emplear, sólo condicionados por la existencia
de medios por parte de la Administración (artículo 45.2) y la constancia de su práctica
(artículo 59.1).
En el artículo 59 se especifican con mucho detalle las circunstancias de la práctica de la
notificación, haciéndose notar que se han eliminado requisitos respecto de la Ley del 58
cuando se hace cargo de ella una persona que no es el interesado.
81
Variará la notificación según el tipo de iniciación del procedimiento:
• Procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Las notificaciones se
practicarán en el lugar designado por el interesado en la solicitud [art. 70.1.a)]; en
su defecto, éstas serán realizables en cualquier lugar adecuado a tal fin, sin
restricción alguna. En este caso, será de aplicación lo que se señala en el punto
siguiente respecto de las notificaciones en procedimientos iniciados de oficio.
• Procedimientos iniciados de oficio. A falta de una regla específica, habrá que
entender aplicable la norma supletoria del párrafo primero, esto es, "cualquier
lugar adecuado a tal fin".
El lugar habitual para practicar las notificaciones, cuando no se hubiera señalado otro,
será el domicilio del interesado; al margen del domicilio, las notificaciones se podrán
hacer en cualquier lugar, siempre y cuando se garantice fehacientemente la recepción
por el destinatario del acto notificado, de lo cual habrá de guardarse constancia en el
expediente.
Debemos aplaudir la solución y proponer a los órganos administrativos un uso adecuado
de esta facultad. Con ello se supera la exigencia de que la notificación se curse en todo
caso al domicilio del interesado, debiendo admitirse no sólo la que se realiza en la sede
del propio órgano, sino cualquier otra -por ejemplo, en el lugar de trabajo-, con la
salvedad siempre de que debe garantizarse el conocimiento del destinatario del acto que
se le notifica. No prevé expresamente la ley el hecho de que la notificación se haga al
propio interesado destinatario de la misma, si bien no hay inconveniente alguno en
admitirla con toda lógica. En estos casos, los requisitos se suavizan, y la finalidad de la
notificación alcanza plenos objetivos.
Cuando se realiza la notificación en el domicilio del interesado se presentan dos
posibilidades:
• Que se entienda con el propio interesado. Como se desprende de una
interpretación a sensu contrario de los artículos 58.2, párrafo segundo, de la Ley
30/1992, y 271 del Reglamento de Correos, si la notificación se entregara al
propio destinatario, no será necesario consignar en la libreta de entrega o en el
acuso de recibo la identidad del recibidor, sin perjuicio de que por razones de
seguridad jurídica es conveniente que aun en estos casos se deje constancia en
uno de estos dos instrumentos, y preferiblemente en los dos, de la identidad del
receptor.
Como señala el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de mayo de 1991 y 11 de
diciembre de 1991, "la mera afirmación de ignorarse de quién es la firma
estampada en la tarjeta verde de aviso de recibo no es suficiente para destruir la
presunción de validez", y cuando el interesado niega que la firma que aparece en
el documento es la suya no se encuentra ante un hecho negativo a efectos
probatorios porque "era perfectamente accesible a la pericial caligráfica" (STS de
11 de diciembre de 1991).
82
Aún así, el TS viene manteniendo la necesidad de hacer constar si el firmante que
recibe el certificado es el propio destinatario (SSTS de 17 de febrero de 1984, 3
de diciembre de 1984 y 17 de junio de 1988).
• A través de tercero. Cuestión distinta es la notificación que se practica en el
domicilio del interesado, y que por no hallarse presente éste en el momento de su
realización se entrega a cualquier otra persona que de cuenta de su permanencia.
En ésta una de las razones que más abundante jurisprudencia produce y que más
notificaciones defectuosas provoca. Dentro de este precepto es igualmente
subsumible el problema de las notificaciones practicadas a personas jurídicas a
través de sus representantes y empleados, así como las notificaciones a través de
porteros y conserjes.
El artículo 59.2, párrafo segundo, contiene una expresión tradicional en nuestro
ordenamiento, basada en la exigencia de garantizar la eficacia y resultados en la
actuación administrativa.
Se trata de resolver el problema que se produce cuando, ante la ausencia de una
persona de su domicilio, se hace imposible la notificación personal de los actos
administrativos, de modo que mediante un juego de presunciones se atribuye a quien se
haya presente en su domicilio el valor de "representante", presumiéndose de la
permanencia en el domicilio del interesado un vínculo estrecho que genera una
comunicación. Y sobre la base de este vínculo y la consiguiente comunicación se
presume el conocimiento por el interesado del acto notificado.
Son varias las cuestiones que plantea esta forma de constancia:
• La notificación debe haberse intentado en el domicilio del interesado. Esto no
significa que el domicilio sea en la actualidad el lugar donde han de practicarse
las notificaciones, como ya se ha expuesto en páginas anteriores, sino que la
aplicabilidad de esta regla del artículo 59.2, párrafo segundo, está condicionada a
las notificaciones que se hubieran practicado en el domicilio del destinatario.
• Podrá hacerse cargo de la notificación cualquier persona que se encuentre en el
domicilio del interesado. La ley actual, al igual que la anterior ley de
Procedimiento de 1958, no contiene reglas específicas sobre la capacidad del
receptor.
Esta formulación amplia permitiría la práctica de las notificaciones a cualquier persona.
La amplitud de la formulación fue, en alguna medida, corregida por la posterior orden de
20 de octubre de 1958 y el Reglamento de Correos de 1964, que en su artículo 271.2,
exige que cuando la notificación se haga a través de alguna persona que se halle en el
domicilio del interesado, por hallarse éste ausente, ésta sea mayor de catorce años.
83
Pero el Reglamento General de Recaudación va mucho más lejos, porque en su artículo
103, relativo a la práctica de notificaciones, señala que cuando la notificación se
entregue a un pariente, persona que conviva con el interesado, empleado o portero,
deberán ser mayores de edad.
Por el contrario, la nueva ley de procedimiento sigue los criterios tradicionales, esto es,
admitir la recepción por cualquier persona que se encuentre en el domicilio del
destinatario, sin restricción alguna por razón de capacidad.
Ante esta situación y sin perjuicio de que pueda aclararse en el futuro por el desarrollo
normativo de los preceptos afectados, parece necesario plantearse la vigencia de las
autolimitaciones impuestas por las disposiciones inferiores.
También el Tribunal Supremo se ha ocupado en alguna ocasión del problema derivado
del error en la designación de la persona que se hace cargo de la notificación,
rechazando que éste pueda afectar, la validez de la notificación. Así, carece de relevancia
que en la tarjeta de acuse de recibo conste como cónyuge cuando en realidad se trata de
la hermana. (STS de 22 de julio de 1985).
La Ley de 1958 no contemplaba esta posibilidad, incorporada a la nueva Ley de
Procedimiento, con la evidente finalidad de garantizar la conclusión del procedimiento y
evitar que éste pueda quedar a expensas del interesado.
A pesar de la ausencia de su regulación, su posibilidad estaba perfectamente admitida,
al amparo del artículo 269.2 del Reglamento de Correos, que establece la obligatoriedad
de la firma de dos testigos -y que en ningún caso podrá ser uno de ellos el empleado de
Correos- cuando fuera imposible este medio de identificación, y sus efectos estaban
delimitados a nivel jurisprudencial.
Así, tenía declarado el Tribunal Supremo que "la falta de notificación no afecta a la
validez del acto sino a su eficacia, al tener por finalidad que las partes tengan
conocimiento de los acuerdos o actos que puedan afectarles, para así poder ejercitar los
recursos procedentes, lo que indica el artículo 59.2 de la Ley de esta Jurisdicción
determinante de los requisitos que han de revestir las notificaciones no puedan
interpretarse en todos los casos en sentido literal, sino a través del examen de las
circunstancias que concurren en cada supuesto concreto, sin que pueda quedar al
arbitrio maliciosa o pasivo de una de las partes obstaculizar la eficacia de los actos
administrativos”.
El Tribunal Constitucional tiene declarado, en sentencia de 27 de mayo de 1986, que la
estimación o desestimación del recurso ha de conectarse con la diligencia con que la
Administración actuó para garantizar el derecho a la defensa de la otra parte, otorgando
el amparo cuando dicha diligencia se considera insuficiente pero no cuando la actuación
del órgano administrativo se juzgó correcta, apreciándose sin embargo falta de diligencia
en la parte demandada en la gestión de sus intereses".
84
Y siguiendo este criterio, la STS de 6 de febrero de 1992, niega la indefensión alegada
porque el destinatario se negó a firmar.
Para que pueda hablarse propiamente de que una notificación ha sido rehusada es
absolutamente necesario que quien la deniega tenga conocimiento y conciencia de su
actuación; en suma, que sepa los verdaderos efectos de la recepción y el rechazo de la
comunicación administrativa.
Si no existe una verdadera identificación de lo que se pretende notificar, y el interesado
se negara a recibirlo, en tanto no se le indique, parece que difícilmente podrá hablarse
de que la notificación esta rehusada.
Se trata, en definitiva, de postular la exigencia de un conocimiento real y efectivo de la
identidad de lo que se pretende notificar.
La publicación se utiliza como medio alternativo o complementario:
• Cuando no se ha podido notificar personalmente luego de haberse intentado al
menos dos veces (artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
• Cuando los interesados sean una pluralidad indeterminada de personas (artículo
59.6.a. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
• Cuando se trate de procedimientos selectivos: oposiciones y concursos y lo
recoja expresamente la convocatoria (artículo 59.6.b. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).
Términos y Plazos
C o n s i d e r a c i o n e s G e n e r a l e s
Los términos y plazos que establece la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como los que
se establezcan por otras leyes, obligan a las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a
los interesados en los mismos.
El artículo 48 de la Ley 30/1992, denominado “Cómputo”, que, con salvedad de que una
Ley o la normativa europea exprese otra cosa:
• Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose los domingos y festivos.
85
• Si los plazos se señalan por días naturales, se debe hacer constar de esta forma
en las notificaciones.
• Si el plazo se fija en meses o años, se deben computar desde el día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o desde el
siguiente en que se produzca la estimación o desestimación del acto por silencio
administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en
que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
• Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
• Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por
silencio administrativo.
• Cuando el día fuese hábil en el Municipio o Comunidad en el que resida el
interesado e inhábil en el de la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se
considerará inhábil en todo caso.
• La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no
determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las
Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de
los ciudadanos a los registros.
• En el ámbito de sus respectivos calendarios, las CCAA y la Administración
General del Estado, fijarán los días inhábiles para el cómputo de plazos.
• Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario
oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su
conocimiento por los ciudadanos.
P r i n c i p i o s d e O r d e n a c i ó n
Los principios de ordenación se recogen en los artículos 74 al 77 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, son los siguientes.
• Impulso de oficio: el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites.
• Celeridad: el procedimiento administrativo se encuentra sometido al principio de
celeridad.
• Orden de incoación: en el despacho de expedientes se guardará el riguroso orden
de incoación en asuntos de naturaleza homogénea; la única salvedad a este
principio es que el titular de la unidad administrativa de una orden motivada en
sentido contrario.
86
• Cumplimiento de trámites por los interesados: los trámites que deban realizarse
por estos se realizarán en el plazo de diez días desde su notificación, salvo que la
norma correspondiente señale un plazo diferente.
Si por la Administración se considera que en alguno de estos trámites no han
cumplido o reunido por los interesados los requisitos necesarios, lo pondrá en
conocimiento de éstos y les concederá un plazo de 10 días para su
cumplimentación.
Si los interesados no cumplen con los trámites en los plazos previstos o no
proceden a la subsanación de los mismos, tal y como se establece en el párrafo
anterior, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente;
sin embargo, si la actuación del interesado se produjera antes o dentro del día en
que se notifique la resolución en la que se le comunique que el plazo se tiene por
transcurrido, ésta se admitirá y producirá los efectos legales oportunos.
• Cuestiones incidentales: todas aquéllas que se produzcan en la tramitación del
procedimiento (incluso las referidas a la nulidad de actuaciones) no suspenderán
la tramitación del mismo; la única excepción se produce en el caso de la
recusación.
I n i c i a c i ó n
• Iniciación de oficio: Los procedimientos iniciados de oficio darán comienzo por
acuerdo del órgano competente, adoptado por:
o Iniciativa propia.
o Como consecuencia de la orden de un superior.
o A petición razonada de otros órganos.
o Por denuncia.
• Iniciación a solicitud del interesado: Los interesados con capacidad de obrar
podrán actuar por medio de representante. Para presentar solicitudes, formular
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona,
deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho.
La falta o insuficiencia de esta acreditación no impedirá que se tenga por
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el
defecto dentro de los diez días que se concederán al efecto por el órgano
administrativo.
Las solicitudes deberán ajustarse al contenido mínimo que marca la Ley 30/1992
y el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado,
la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de
las oficinas de registro.
87
Cuando las solicitudes de iniciación no reúnan los requisitos que en estas normas
se señalan, así como los que exija la legislación específica aplicable, se requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos.
Será necesario que se le indique así mismo que el efecto de la falta de
subsanación será el tenerle por desistido en su petición, archivándose sin más
trámites su solicitud.
I n s t r u c c i ó n
• De oficio, los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho:
o Apertura del período de prueba: cuando la Administración no tenga por
ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del
procedimiento así lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un
período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior diez, a fin
de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
o Práctica de la prueba: comunicación a los interesados: la Administración
comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las
actuaciones necesarias para la realización las pruebas que hayan sido
admitidas. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se
practicará la prueba.
A u d i e n c i a a l o s I n t e r e s a d o s
La audiencia de los interesados se encuentra recogida en los artículos del 84 al 86 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados. Estos, en un plazo no inferior a
diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen convenientes a sus intereses.
De este trámite se podrá prescindir cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por el interesado.
Cuando la naturaleza del procedimiento así lo requiera, el órgano al que corresponda su
resolución podrá acordar un período de información pública. A estos efectos, se
anunciará en el Boletín Oficial del Estado, de la CCAA o en el de la Provincia respectiva, a
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte
del mismo que se acuerde.
88
El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular
alegaciones, que en ningún caso será inferior a veinte días.
Quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener
de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas
alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
F i n a l i z a c i ó n d e l P r o c e d i m i e n t o
• Resolución:
o Obligatoriedad: la Administración está obligada a dictar resolución expresa
sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados, así como en los
procedimientos iniciados de oficio. En ningún caso podrá abstenerse de
resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos
legales aplicables al caso.
El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa, en función de lo
indicado por el artículo 42.2 y .3 de la Ley 30/1992, es de tres meses, salvo
que la norma reguladora del correspondiente procedimiento fije uno diferente;
en todo caso no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con
rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto por la normativa
comunitaria europea.
Este plazo se contará de la siguiente forma:
En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de
iniciación.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación.
A la Administración Pública se le impone el deber de informar a los
interesados del plazo máximo normativamente establecido para la
resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos
que pueda producir el silencio.
Con esa finalidad, la Administración debe publicar y mantener actualizada
la relación de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de
duración de los mismos.
De la misma forma, en los procedimentos iniciados de oficio, la
Administración debe incluir esa información en la notificación o
publicación del acuerdo de iniciación.
En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, la
Administración debe incluir esa información en la misma comunicación
que les dirija informando de la fecha en la que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
89
El incumplimiento del plazo máximo de resolución tiene lugar cuando la
Administración:
No dicta la resolución.
No notifica (ni intenta hacerlo) la resolución, dentro del plazo máximo.
En ambos casos se produce el silencio administrativo.
La regla general es el silencio positivo, en virtud del cual los interesados
podrán entender estimadas sus solicitudes. La estimación por silencio
administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto
administrativo finalizador del procedimiento.
La resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá
dictarse de ser confirmatoria del miso, tal y como previene el artículo 43.3
de la Ley 30/1992.
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán
hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona
física o jurídica, pública o privada. Su existencia puede ser acreditada por
cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado del
silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para
resolver; en el caso de que dicho certificado sea solicitad, habrá de
emitirse en el plazo máximo de quince días.
Por excepción, el silencio será negativo cuando así lo establezca una
norma con rango de ley o una norma de Derecho Comunitario Europeo.
La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de
permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o
contencioso-administrativo que resulte procedente. En estos casos, la
resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
o Contenido: la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las
cuestiones planteadas por los interesados y aquéllas otras derivadas del
mismo.
Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por
los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas,
poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince
días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en
su caso, medios de prueba.
• Otras formas de terminación:
o Imposibilidad material de continuación.
90
o Desistimiento y renuncia: todo interesado podrá desistir de su solicitud o,
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos.
La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y
declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el
mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de
diez días desde que fueron notificados del desistimiento.
o Caducidad: en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando
se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración
le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del
mismo.
Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo
de las actuaciones, notificándoselo al interesado. No podrá acordarse la
caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de
trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha
inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido
trámite.
La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del
particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no
interrumpirán el plazo de prescripción.
Cuando sean procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir
actos favorables a los ciudadanos, se entenderán caducados y se procederá al
archivo de las actuaciones (excepto en los casos en que el procedimiento se
hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se
interrumpirá el plazo para resolver el procedimiento), el Tribunal Supremo ha
fijado doctrina legal advirtiendo que la caducidad y archivo no extingue las
acciones de la Administración si no hubieren prescrito.
o Terminación convencional. Las Administraciones Públicas podrán celebrar
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho
público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento
Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance,
efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición
que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de
los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y
territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su
naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
91
Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los
acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho
órgano.
Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias
atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que
correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de
los servicios públicos.
E j e c u c i ó n d e l a R e s o l u c i ó n
Ejecutividad y ejecutoriedad: Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos
competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución
forzosa de los actos administrativos.
Los actos de las Administraciones Públicas (salvo los de carácter sancionador) serán
inmediatamente ejecutivos, salvo que, de oficio o a solicitud del interesado, y previa
ponderación de los perjuicios que se puedan causar al interés público o de terceros y el
que se causaría al recurrente, se acuerde su suspensión, cuando:
• La ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
• La impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno.
El acto impugnado se entenderá suspendido en su ejecución si transcurridos treinta días
desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el órgano competente para
decidir sobre la misma, éste no ha dictado la resolución expresa, sin necesidad de
solicitar certificación.
Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su
ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los
solicitantes formular recurso contencioso-administrativo.
R e c u r s o s A d m i n i s t r a t i v o s
Los recursos administrativos tienen plazos de presentación distintos, según el recurso
de que se trate:
• El recurso de alzada: El plazo para la interposición del recurso de alzada será de
un mes, si el acto fuera expreso.
Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros
posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzca el acto presunto.
92
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será
firme a todos los efectos, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
• El recurso potestativo de reposición: Será de un mes, si el acto fuera expreso.
Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros
posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzca el acto presunto.
Transcurrido dicho plazo únicamente podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
• El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa
primera (Dictados incurriendo en errores de hecho), dentro del plazo de cuatro
años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento
de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
• Las reclamaciones civiles y laborales no tienen un plazo establecido para su
presentación. Por consiguiente, hay que estar a lo que la legislación establece en
cada caso para la prescripción de acciones civiles y laborales.
R e s o l u c i ó n d e R e c u r s o s
La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones
formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.
Los plazos para dictar la resolución varían en cada recurso:
• Recurso de alzada: Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado. Ello no obstante,
cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación presunta de una
solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el recurso si llegado
el plazo de resolución de éste el órgano administrativo competente no dictase
resolución expresa sobre el mismo. Entendida la desestimación, quedará expedita
la vía procedente.
• Recurso de reposición. El plazo para resolver y notificar es de un mes.
• Recurso extraordinario de revisión: Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado, quedando
expedita la vía jurisdiccional contenciosa administrativa.
93
L a s R e c l a m a c i o n e s P r e v i a s a l a s A c c i o n e s C i v i l e s y L a b o r a l e s
• Acciones civiles: Si la Administración no notificara su decisión en el plazo de tres
meses, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación al efecto de
formular la correspondiente demanda judicial.
• Acciones laborales: Transcurrido un mes sin haber sido notificada resolución
alguna, el trabajador podrá considerar desestimada la reclamación a los efectos
de la acción judicial laboral.
Las reclamaciones que formule el personal civil no funcionario al servicio de la
Administración Militar se regirán por sus disposiciones específicas.
94
LO QUE HEMOS APRENDIDO
El acto administrativo se define como la declaración de voluntad, de juicio, de
conocimiento o de deseo realizada por la Administración Pública en ejercicio de
una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria.
Los actos administrativos tienen un elemento subjetivo: la fuente que produce el
acto en cuestión.
Un elemento objetivo: alude al contenido del acto.
Y un elemento formal: aquéllos que trascienden a la forma de integración de la
voluntad expresada en el acto.
Los actos administrativos se caracterizan por ser una declaración, unilateral, de
carácter no normativo, de origen administrativo y sometido al Derecho
Administrativo.
Los efectos de los actos administrativos se producen, por regla general, desde la
fecha en que se dicten, salvo que ellos se disponga otra cosa.
La ejecución del acto implica reforzar las medidas tendentes a asegurar su
eficacia.
La notificación es el modo de comunicar a los ciudadanos, personal o
colectivamente, la existencia del acto administrativo, lo que constituye un
requisito fundamental para la seguridad jurídica, y una condición legal de la que
depende la eficacia del acto.
El contenido de la notificación está en el artículo 58.2, y es muy importante que
consten todos los elementos pues en caso contrario la notificación es defectuosa
y no produce efectos.
95
ANOTACIONES
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
96
TEST
Marcar la respuesta correcta.
1. Los elementos formales de los actos administrativos aluden:
Al contenido del acto.
A su procedencia de un ente público con competencia y capacidad suficiente para
dictarlo.
A la exteriorización de una manifestación de voluntad, generalmente por escrito.
2. Los actos administrativos:
Son declaraciones de voluntad.
Son unilaterales o plurilaterales.
Son normativos.
3. Son actos reglados:
Los que restringen derechos previamente concedidos.
Los que provienen de la estricta aplicación de la Ley por la Administración.
Los actos definitivos, que ponen fin a la vía administrativa.
4. La ejecución subsidiaria supone:
La adopción de conductas de contenido patrimonial para su destinatario.
La imposición de multas coercitivas por incumplimiento de actos administrativos.
La realización por la Administración del contenido del acto.
5. El plazo general para las notificaciones, de 10 días, es:
Inamovible.
Indicativo.
Sólo ampliable por acuerdo motivado del órgano emisor.
6. Cuando las solicitudes del interesado no reúnan los requisitos señalados por la Ley:
Se archivarán sin más trámites.
Se requerirá al interesado para que subsane las faltas en plazo de 10 días.
Se requerirá al interesado para que subsane las faltas en plazo de 15 días.
97
98
Régimen Jurídico de las AA.PP. Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
tema 6
Jerarquía y Competencia
♦ Introducción
♦ El Principio de Competencia
♦ El Principio de Jerarquía
♦ Relaciones entre el Principio de Jerarquía y el Principio de
Competencia
Objetivos:
♦ Diferenciar ambos principios y conocer las interrelaciones en los
mismos.
99
100
Introducción
Señala el artículo 103.1 de la Constitución Española:
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”
La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales. Esta afirmación,
contenida en el artículo citado, es el eje sobre el que debe gravitar la actuación de la
Administración.
El interés general se configura de esta manera como un principio constitucionalizado,
que debe estar presente y guiar cualquier actuación de la Administración.
La consecuencia inmediata no es otra sino la de que la Administración no goza de un
grado de autonomía de la voluntad similar al que es propio de los sujetos de derecho
privado. La actuación de la Administración deberá estar guiada por la búsqueda y
prosecución del interés público que le corresponda, lo que le impedirá, por imperativo
del artículo 103.1 de la Constitución, apartarse del fin que le es propio.
El ordenamiento jurídico establece figuras y mecanismos tendentes a evitar desviaciones
de la Administración respecto de lo que, en cada momento, y en función de las
circunstancias, deba considerarse como interés público a alcanzar.
El artículo 103.1 garantiza de esta manera que las potestades administrativas
reconocidas por el ordenamiento jurídico no se utilicen con fines distintos de aquellos
que justificaron su creación y reconocimiento en favor de la Administración. Conductas
penales tipificadas, por ejemplo, la prevaricación, o ilícitos administrativos como la
desviación de poder (artículo 63.1 de la Ley 30/1992) encuentran su engarce y cobertura
en la referida afirmación contenida en el artículo 103.1 de la Constitución a la que ahora
nos referimos.
Pero que la Administración sea garante del predominio y consecución del interés general
o público, no significa que dicha meta pueda alcanzarse por cualquier medio y a
cualquier precio.
En realidad, habría que distinguir medios y fines. En cuanto a estos últimos, es claro
que, como se ha dicho, el interés público general se erige en el norte a alcanzar por la
Administración.
Sin embargo, ni el artículo103 ni ningún otro precepto de la Constitución ofrecen una
definición de lo que deba considerarse como tal interés público. Apartarse del recto
entendimiento de tal concepto jurídico puede hacer quebrar la estructura sobre la que se
asienta la actuación de una Administración en un Estado de Derecho.
101
A fin de evitar cualquier interpretación del “interés público”, diferente a aquello que el
artículo 103.1 de la Constitución pretende garantizar, se establecen los medios (o
límites) que podrá utilizar la Administración para alcanzar el interés público rectamente
entendido.
En efecto, el artículo 103.1 de la Constitución impone explícitamente a la Administración
que sirva al interés público, pero que lo haga con "objetividad" y con "sometimiento pleno
a la ley y al Derecho".
Estos dos límites, junto con otros no explícitamente citados en el precepto constitucional
aunque intrínsecamente unidos a ellos, garantizan la interdicción de la búsqueda del fin
sin atender a los medios. La objetividad en el actuar de la Administración exigida en el
artículo 103 excluye la utilización de medios discriminatorios o justificados en razones
meramente subjetivas. De igual manera, aunque con una formulación más amplia, esa
prosecución del interés público sólo podrá materializarse dentro de la legalidad, es decir,
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
El Principio de Competencia
La competencia es el elemento más característico de cada órgano administrativo; el que
define al ente y al órgano y los sitúa en la organización administrativa.
En términos muy elementales, la competencia puede definirse como la medida de la
capacidad de cada órgano y también como el conjunto de funciones y potestades que el
ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano, y que unos y otros están autorizados y
obligados a ejercitar.
Según expone el artículo 12.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
“La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos
administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o
avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes…”.
Los criterios fundamentales de distribución de competencia son tres: jerárquico,
territorial y material, lo que da origen a otras tantas clases de competencias
denominadas de igual forma.
• La competencia jerárquica es la medida de la distribución de las funciones y
potestades entre los diversos grados de la jerarquía, se trata de un reparto
vertical.
• La competencia territorial supone una distribución horizontal en razón del
territorio de las funciones y potestades y en relación con otros órganos que se
encuentran situados al mismo nivel jerárquico.
• La competencia material supone una distribución por fines, objetivos o funciones.
102
Uno de los perfiles más equívocos del concepto de competencia, es la competencia
exclusiva, expresión referida a una de las formas de distribución de competencias a las
Comunidades Autónomas por los Estatutos.
Las Comunidades, por la exclusividad, tendrían atribuidas todas las funciones sobre una
materia (legislativa, reglamentaria y de ejecución), con reserva al Estado únicamente de
las derivadas de títulos constitucionales. Un grado mayor de reparto sería el de la
competencia compartida, en la una misma materia se distribuye en función de criterios
materiales entre el Estado y diversos Entes públicos.
Diverso es el supuesto de atribución conjunta que supone la intervención forzosa y
obligada de dos Entes públicos, cuando esa intervención se articula en fases sucesivas,
el procedimiento en que se actúa recibe el nombre de bifásico.
Por último, cabe hablar también de una competencia alternativa cuando la atribución a
dos o más entes se hace de modo conjunto pero excluyente, de tal modo que si es
utilizada por uno de ellos no puede ejercerla el otro.
La falta de competencia origina un vicio del acto administrativo que produce su
invalidez. Pero la incompetencia puede ser manifiesta o no manifiesta, dando la primera
a la nulidad de pleno derecho y la segunda a la simple anulabilidad. Estas clases de
incompetencia vienen a coincidir con la clasificación doctrinal de la incompetencia
absoluta y relativa pudiendo afirmarse que la primera se origina por falta de competencia
material o territorial y la segunda por falta de competencia jerárquica.
El Principio de Jerarquía
Por lo que se refiere específicamente al principio de jerarquía, éste no se predica en el
marco de las relaciones entre Administraciones Públicas, menos aún cuando se trata de
Administraciones que gozan, con un mayor o menor grado, de autonomía propia.
El principio de jerarquía previsto en el artículo 103.1 de la Constitución hay que ponerlo
en conexión con la estructura interna de cada Administración Pública como principio
general de organización administrativa, precisamente por considerarse que la jerarquía
constituye un instrumento útil para alcanzar una mayor eficacia en la actuación
administrativa.
Dos condiciones son necesarias para que pueda hablarse de jerarquía:
• La primera, la existencia de una pluralidad de órganos con competencia material
coincidente y escalonados por razón del nivel en el seno de la estructura
organizativa.
• La segunda, la garantía a través de un conjunto de poderes de la prevalencia de
la voluntad del órgano de grado superior sobre el inferior, de modo que aquél
pueda en cualquier asunto dirigir y sustituir la actividad del inferior, así como
modificar y anular sus decisiones.
103
A él se alude como principio general en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
“Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza
legítima.”
De la misma forma, lo hacen otros preceptos del mismo texto legal, como el artículo 11:
1. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito
competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos
propios de las especialidades derivadas de su organización.
2. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se
trate y su dependencia jerárquica.
b) Delimitación de sus funciones y competencias.
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.”
La jerarquía entre órganos administrativos incidirá también para la delimitación de
competencias cuando no estén atribuidas específicamente a un órgano determinado o
para resolver conflictos de competencia, positivos o negativos.
“Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el
órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los
expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y
del territorio, y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico común.” Artículo 12.3
Igualmente, permitirá la utilización de técnicas como la avocación:
1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya
resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos
dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o
territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en
órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser
avocado únicamente por el órgano delegante.
2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser
notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la
resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque
podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del
procedimiento.” Artículo 14.
104
Del mismo modo opera en cuanto a la delegación de competencias, aún en favor de
órganos no jerárquicamente dependientes:
“Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de
las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración,
aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de aquéllas.” Artículo 13.1
La técnica más elemental, y tradicional, de distribución de las competencias en una
organización es su reparto y adecuación al principio de jerarquía, es decir, con arreglo a
un sistema de estructuración escalonada, y normalmente piramidal, de los diversos
órganos y en virtud del cual los del nivel superior mandan sobre los del inferior, cuya
actividad dirigen y controlan.
A modo de resumen podemos señalar que la jerarquía implica estas facultades o
poderes:
• El poder de impulso y dirección de la actividad de los órganos superiores sobre
los inferiores a través de normas de carácter interno.
• El poder de inspección, de vigilancia o control sobre la actividad de los inferiores,
ejercitable de oficio o a instancia o queja de parte interesada.
• La facultad de anular los actos de los inferiores a través de la resolución de un
recurso de alzada.
• La facultad disciplinaria sobre los titulares de los órganos inferiores.
• La posibilidad de delegar las competencias o, inversamente, la de avocar o
resolver por ellos en determinados asuntos.
• El poder de resolver los conflictos de competencias entre los órganos inferiores.
Relaciones entre el Principio de Jerarquía y el Principio de Competencia
El artículo 103 de la Constitución proclama que la Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación.
El artículo 104 de la Constitución establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El orden público no se
concibe como fruto de la coacción policial, sino como el respeto a los derechos y
libertades.
105
La Constitución va a posibilitar un nuevo modelo de organización territorial del Estado, al
reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que
integran la Nación española, en cuya indisoluble unidad se fundamenta la Constitución.
La difícil negociación del Título VIII de la misma permitió que, en 1983, estuviesen en
vigor 17 Estatutos de Autonomía, con competencia legislativa para otras tantas
Comunidades Autónomas; que se creara el llamado Estado de las Autonomías y que
España pasara de un modelo de organización territorial unitario, centralizado,
concentrado y uniforme, inspirado en el siglo XIX por el modelo francés, a otro complejo,
descentralizado, autonomista y diverso, que es el actualmente en vigor.
Las consecuencias para el Derecho Administrativo de este nuevo modelo han sido
enormes.
El principio de jerarquía opera entre órganos que ejercen en distinto nivel la misma
competencia dentro de la línea operativa. Pero no es aplicable sobre órganos que, no
obstante subordinados o inferiores, han sido creados con una cierta vocación de
neutralidad en razón de que ejercen funciones consultivas o cuasi jurisdiccionales o
actividades técnicas muy especializadas.
La Constitución se encuentra a la cabeza de los capítulos del Derecho Administrativo. El
tema de las fuentes del Derecho en general y del Derecho Administrativo en particular ha
sufrido una profunda transformación, exponente de una potestad normativa compartida
hacia arriba y hacia abajo.
En 1986 entramos en Europa, pero Europa también entró en nosotros y se produjo un
hecho revolucionario al ser el Derecho Comunitario de rango superior al ordenamiento
español.
Surgieron figuras tan desconocidas como las cuestiones de prejudicialidad, la
transposición, los Reglamentos y las Directivas surgidos de las instituciones
comunitarias.
Hacia abajo también surgió una profunda transformación con las leyes de las
Comunidades Autónomas, que vinieron a romper una de las normas tradicionales del
sistema anterior napoleónico: la quiebra del monopolio de la ley por el Estado.
Junto a las leyes del Estado están las de las Comunidades Autónomas sobre una misma
materia, y la relación entre ellas no es sólo la jerarquía, sino la competencia.
A nivel de técnica jurídica el principio de jerarquía resulta de difícil operatividad. Además,
la relación de jerarquía tiende a desparecer por la llamada relación de supremacía. Es
ésta la que explica hoy la relación entre Entes públicos autónomos, pero de diverso nivel,
como la que se da entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El principio de
autonomía protege a éstas frente al nivel territorial superior. Según el Tribunal
Constitucional la Constitución coloca al Estado en una posición de superioridad sobre las
Comunidades Autónomas, superioridad, sin embargo, que no es jerárquica.
106
Surge la competencia estatal para regular las condiciones básicas para garantizar la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes
constitucionales, que consagra el artículo 149.1 de la Constitución.
En las diversas materias se distingue entre las bases cuya promulgación corresponde al
Estado y las normas complementarias cuya competencia corresponde a las
Comunidades Autónomas. También en la mayoría de los supuestos, el contenido de
estas leyes es de Derecho Administrativo.
El concepto tradicional de ley sufre una triple crisis:
• El sometimiento de la misma al ordenamiento comunitario.
• La posibilidad del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes.
• Y la potestad legislativa de los Parlamentos autonómicos.
Por ello se puede hablar de jerarquía debilitada. Pero lo cierto, es que al margen de esta
modalidad, el principio mismo viene sufriendo un proceso de deterioro en todas las
administraciones modernas, tanto públicas como privadas.
107
LO QUE HEMOS APRENDIDO
La técnica más elemental, y tradicional, de distribución de las competencias en
una organización es su reparto y adecuación al principio de jerarquía.
El artículo 103 proclama que la Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación.
El principio de jerarquía opera entre órganos que ejercen en distinto nivel la
misma competencia dentro de la línea operativa.
El interés general se configura de esta manera como un principio
constitucionalizado, que debe estar presente y guiar cualquier actuación de la
Administración.
Pero que la Administración sea garante del predominio y consecución del interés
general o público, no significa que dicha meta pueda alcanzarse por cualquier
medio y a cualquier precio.
La Constitución impone explícitamente a la Administración que sirva al interés
público, pero que lo haga con "objetividad" y con "sometimiento pleno a la ley y al
Derecho".
La competencia es el elemento más característico de cada órgano administrativo;
el que define al ente y al órgano y los sitúa en la organización administrativa.
108
ANOTACIONES
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
109
TEST
Marcar la respuesta correcta.
1. La distribución de competencias en una organización suele atender al principio:
Territorial.
De jerarquía.
De especialización.
2. El principio de jerarquía se expresa en institutos jurídicos como:
La avocación.
La avocación y los conflictos de competencia.
Los anteriores y la recusación.
3. El principio de jerarquía supone:
La prevalencia de la voluntad de un órgano de grado superior sobre el inferior.
La existencia de una pluralidad de órganos con competencia material coincidente.
Ambas respuestas son correctas.
4. Respecto de las CCAA y el Estado, las competencias pueden ser:
Exclusivas y compartidas.
Exclusivas, compartidas y concurrentes.
Exclusivas, aunque con gestión autonómica.
5. Los criterios de distribución de la competencia son:
Jerárquico y material.
Además, funcional.
Y además, territorial.
6. La principal característica de la competencia es:
El servir con objetividad al cumplimiento del interés general.
El sometimiento al ordenamiento jurídico en la prosecución del interés general.
Su irrenunciabilidad.
110
Régimen Jurídico de las AA.PP. Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
anexo
Anexo
♦ Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Juan Carlos I Rey de España:
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
E x p o s i c i ó n d e M o t i v o s
1. La Constitución recoge en el título IV los principios que inspiran la actuación
administrativa y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al
Derecho, y configura al Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente
político que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria.
En el ordenamiento que tuvo su origen en el régimen autocrático precedente se venía
reduciendo el Gobierno al Órgano Superior en el que culmina la Administración del
Estado y, en consecuencia, concibiéndolo como un mero apéndice o prolongación de
la misma, con la que compartiría, en buena medida, su naturaleza administrativa. El
artículo 97 de la Constitución arrumba definitivamente esta concepción y recupera
para el Gobierno el ámbito político de la función de gobernar, inspirada en el principio
de legitimidad democrática. Se perfilan así con nitidez los rasgos propios que definen
al Gobierno y a la Administración como instituciones públicas constitucionalmente
diferenciadas y los que establecen la subordinación de la Administración a la acción
política de dirección del Gobierno.
Es preciso ahora que el marco que regula el régimen jurídico de las Administraciones
Públicas sea objeto de una adaptación normativa expresa que lo configure de forma
armónica y concordante con los principios constitucionales.
La Constitución garantiza el sometimiento de las Administraciones Públicas al
principio de legalidad, tanto con respecto a las normas que rigen su propia
organización, como al régimen jurídico, el procedimiento administrativo y el sistema
de responsabilidad.
Por otra parte, la Administración Local, cuyo régimen jurídico está establecido como
básico en el mismo artículo 149.1.18. de la Constitución tiene una regulación
específica en su actual Ley de Bases que no ofrece ninguna dificultad de adaptación
a los objetivos de esta Ley y que no exige modificaciones específicas.
2. El artículo 149.1.18. de la Constitución distingue entre las bases del régimen jurídico
de las administraciones públicas, que habrán de garantizar al administrado un
tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio
de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades
Autónomas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
La delimitación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas se engloba en
el esquema bases más desarrollo que permite a las Comunidades Autónomas dictar
sus propias normas siempre que se ajusten a las bases estatales. Sin embargo,
respecto al procedimiento administrativo común y al sistema de responsabilidad de
las Administraciones Públicas, aunque su formulación jurídica sea la manifestación
expresa y la traducción práctica para los ciudadanos de la aplicación regular del
propio régimen jurídico, la Constitución las contempla como una competencia
normativa plena y exclusiva del Estado.
La Ley recoge esta concepción constitucional de distribución de competencias y
regula el procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas las
Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de
la actividad administrativa. Esta regulación no agota las competencias estatales o
autonómicas de establecer procedimientos específicos ratione materiae que deberán
respetar, en todo caso, estas garantías. La Constitución establece la competencia de
las Comunidades Autónomas para establecer las especialidades derivadas de su
organización propia pero además, como ha señalado la jurisprudencia constitucional,
no se puede disociar la norma sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que
también ha de ser posible que las Comunidades Autónomas dicten las normas de
procedimiento necesarias para la aplicación de su derecho sustantivo, pues lo
reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquél que deba ser común y
haya sido establecido como tal. La regulación de los procedimientos propios de las
Comunidades Autónomas habrán de respetar siempre las reglas del procedimiento
que, por ser competencia exclusiva del Estado, integra el concepto de procedimiento
administrativo común.
A este avanzado concepto responde la Ley que es de aplicación a todas las
Administraciones Públicas y rigurosamente respetuosa con la distribución
constitucional de competencias.
3. Con independencia de la Ley de 19 de octubre de 1889, que en su intento de
uniformar el procedimiento constituyó un paso significativo en la evolución del
Derecho Público Español - aunque se plasmará en un amasijo de reglamentos
departamentales -, la primera y única regulación del régimen jurídico y del
procedimiento administrativo de la Administración Pública, en nuestro ordenamiento,
es la contenida en los artículos 22 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, de 26 de julio de 1957 y en la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, que constituyen, ciertamente, una aportación
relevante en la configuración de nuestro Derecho Administrativo; en particular esta
última.
El marco jurídico que diseñan estas normas tiene como objeto explícito, sobre todo,
la unificación de normas preexistentes, ... reunir en un texto único aplicable a todos
los Departamentos Ministeriales..., para garantizar una actuación común, casi
didáctica, en el funcionamiento interno de la Administración, en el que la garantía de
los particulares se contempla desde la unificación del procedimiento y desde el
concepto de la autorización previa para el reconocimiento de un derecho o la
satisfacción de un interés legítimo.
La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, sometida a
la Ley y al derecho, acorde con la expresión democrática de la voluntad popular. La
Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración, puesta al
servicio de los intereses de los ciudadanos y la responsabilidad política del Gobierno
correspondiente, en cuanto que es responsable de dirigirla.
El régimen jurídico de las Administraciones Públicas debe establecerse desde este
concepto y trascender a las reglas de funcionamiento interno, para integrarse en la
sociedad a la que sirve como el instrumento que promueve las condiciones para que
los derechos constitucionales del individuo y los grupos que integran la sociedad
sean reales y efectivos.
Pero además, el régimen jurídico no es neutral en una dinámica de modernización del
Estado. El procedimiento administrativo es un instrumento adecuado para dinamizar
su avance y, por lo tanto, las reglas esenciales del procedimiento son una pieza
fundamental en el proceso de modernización de nuestra sociedad y de su
Administración.
Desde esta óptica, el cambio que opera la ley es profundo y se percibe a lo largo de
todo el articulado, en el que se ha respetado, incluso literalmente los preceptos más
consolidados en la técnica de la gestión administrativa.
La recepción que la Ley opera del anterior ordenamiento constituye en sí misma un
reconocimiento de la importancia que aquél tuvo en su día y que hoy, en buena parte
conserva.
Pero junto a ello, resulta innegable la necesidad de introducir reformas profundas en
esta materia que tengan en cuenta, tanto la multiplicidad de Administraciones
Públicas a las que la Ley va dirigida, como la necesidad de ampliar y reforzar las
garantías de los ciudadanos para la resolución justa y pronta de los asuntos.
4. La múltiple y compleja realidad que supone la coexistencia de la Administración del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las de las Entidades
Locales, proyectando su actividad sobre un mismo espacio subjetivo y geográfico,
hace necesario propiciar un acercamiento eficaz de los servicios administrativos a los
ciudadanos.
Objetivo que demanda a su vez una fluida relación entre las Administraciones
Públicas y un marco jurídico de actuación común a todas ellas que permita a los
particulares dirigirse a cualquier instancia administrativa con la certeza de que todas
actúan con criterios homogéneos.
La eficacia en el resultado de la actuación de esa realidad plural y compleja que son
las Administraciones Públicas, hace que la cooperación entre ellas resulte un
principio activo, no sólo deseable, sino indispensable a su funcionamiento.
La cooperación es un deber general, la esencia del modelo de organización territorial
del Estado autonómico, que se configura como un deber recíproco de apoyo y mutua
lealtad que no es preciso que se justifique en preceptos concretos porque no puede
imponerse, sino acordarse, conformarse o concertarse, siendo el principio que, como
tal, debe presidir el ejercicio de competencias compartidas o de las que se ejercen
sobre un mismo espacio físico. Esta necesaria cooperación institucional entre
Administraciones Públicas permitirá, en el marco de la modernización de sus
estructuras, la simplificación de todas ellas y, cuando sea posible, también la
reducción de la organización territorial de la Administración General del Estado, en
las Comunidades Autónomas que, por razón de su nivel competencial propio, hayan
asumido la gestión de las materias en que se desarrollen las funciones de aquellos
órganos territoriales.
5. Las nuevas corrientes de la ciencia de la organización aportan un enfoque adicional
en cuanto mecanismo para garantizar la calidad y transparencia de la actuación
administrativa, que configuran diferencias sustanciales entre los escenarios de 1958
y 1992. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 pretendió modernizar las
arcaicas maneras de la Administración española, propugnando una racionalización
de los trabajos burocráticos y el empleo de máquinas adecuadas, con vista a
implantar una progresiva mecanización y automatismo en las oficinas públicas,
siempre que el volumen de trabajo haga económico el empleo de estos
procedimientos. Este planteamiento tan limitado ha dificultado el que la
informatización, soporte y tejido nervioso de las relaciones sociales y económicas de
nuestra época, haya tenido hasta ahora incidencia sustantiva en el procedimiento
administrativo, por falta de reconocimiento formal de la validez de documentos y
comunicaciones emitidos por dicha vía. El extraordinario avance experimentado en
nuestras Administraciones Públicas en la tecnificación de sus medios operativos, a
través de su cada vez mayor parque informático y telemático, se ha limitado al
funcionamiento interno, sin correspondencia relevante con la producción jurídica de
su actividad relacionada con los ciudadanos. Las técnicas burocráticas formalistas,
supuestamente garantistas, han caducado, por más que a algunos les parezcan
inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la tecnificación y modernización de la
actuación administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la adaptación
permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas.
6. El título I aborda las relaciones entre las Administraciones Públicas de carácter
directo en unos casos y, en otros, formalizadas a través de los órganos superiores de
Gobierno, a partir de las premisas de la lealtad constitucional y la colaboración que
han de presidir aquéllas, consustancial al modelo de organización territorial del
Estado implantado por la Constitución.
Ello es condición inexcusable para articular el ordenado desenvolvimiento de la
actividad administrativa desde el momento en que coexisten una diversidad de
Administraciones que proyectan su actividad sobre el mismo ámbito territorial,
personal y, en ocasiones, material, actividad que a la vez debe cumplir criterios de
eficacia sin menoscabo de competencias ajenas.
Conjugar esta pluralidad de factores obliga a intensificar las relaciones de
cooperación, mediante la asistencia recíproca, el intercambio de información, las
Conferencias sectoriales para la adopción de criterios o puntos de vista comunes al
abordar los problemas de cada sector, o la celebración de convenios de colaboración,
como aspectos generales que podrán ser susceptibles de concreción en los distintos
sectores de la actividad administrativa.
La Ley recoge estos aspectos, que ya han demostrado su fecundidad en la práctica, e
introduce como novedad la figura del Convenio de Conferencia Sectorial, que
propiciará el acuerdo multilateral para acciones sectoriales, sin menoscabo de su
origen pactado, que requiere la conformidad expresa de todas las partes
intervinientes. De este modo, las Conferencias sectoriales, sin sustituir o anular las
facultades decisorias propias de cada Administración Pública, recibirán un nuevo
impulso en el decisivo papel que ya están jugando en la consolidación del Estado de
las Autonomías.
7. El título II dedica su capítulo I a regular los principios generales del régimen de los
órganos administrativos, derivados de los principios superiores de indisponibilidad
de la competencia, jerarquía y coordinación, en el marco de lo previsto por el artículo
103 de la Constitución.
Plenamente respetuosa con la potestad de autoorganización de las Administraciones
Públicas, la Ley se limita a regular el núcleo estricto de lo que constituye la normativa
básica de toda organización administrativa, cuya observancia tiene efectos directos
sobre la validez y eficacia de los actos administrativos.
La misma perspectiva relativa a la autoorganización lleva a regular en el capítulo II, el
régimen del funcionamiento de los órganos colegiados. Pero, además, la evolución
más reciente de nuestra organización administrativa hacia fórmulas participativas,
obliga a contemplar la nueva tipología de órganos colegiados cuya composición y
funcionalidad no se ajusta a la regulación establecida por la anterior Ley, dictada en
una circunstancia histórica y política en la que la participación de otras
Administraciones o de organizaciones sociales, resultaba impensable.
El capítulo III, que recoge las normas generales de abstención y recusación de las
Autoridades y personal de las Administraciones Públicas, es corolario del mandato
que la Constitución acoge en su artículo 103.1 cuando predica que la Administración
Pública sirve, con objetividad, a los intereses generales. La normación común de las
causas objetivas de abstención y recusación es tanto como garantizar el principio de
neutralidad, que exige mantener los servicios públicos a cubierto de toda colisión
entre intereses particulares e intereses generales.
8. El título III recoge las normas relativas a los interesados, con la amplitud que exige
este concepto. Se regulan las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito
del Derecho Administrativo, la legitimación para intervenir en el procedimiento, la
comparecencia a través de representantes y la pluralidad de interesados.
Con ello se da cumplida respuesta a lo previsto en la Constitución, cuyo artículo 105,
C), acoge el derecho de audiencia de los interesados como pieza angular del
procedimiento administrativo.
9. El título IV, bajo el epígrafe De la actividad de las Administraciones Públicas, contiene
una trascendente formulación de los derechos de los ciudadanos en los
procedimientos administrativos, además de los que les reconocen la Constitución y
las Leyes. De esta enunciación cabe destacar como innovaciones significativas: La
posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad
se tramiten los procedimientos - rompiendo la tradicional opacidad de la
Administración -, el derecho de formular alegaciones y de aportar documentos en
cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el de no presentar
los ya aportados a la Administración actuante, y el de obtener información y
orientación sobre los condicionamientos jurídicos o técnicos que las disposiciones
vigentes impongan a los proyectos que se propongan abordar.
Incorpora, a continuación, las normas esenciales sobre el uso de las lenguas
oficiales, regula el acceso a la información de los archivos y registros administrativos,
conforme a lo establecido en el artículo 105, B), de la Constitución, y aborda de
manera frontal y decidida - en contraposición a la timidez de las previsiones de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 1958- la instalación en soporte informático de
los registros generales, así como la integración informática de aquéllos con los
restantes registros administrativos.
En esta materia cobran especial relevancia los principios de cooperación,
coordinación y colaboración, posibilitando el que los ciudadanos puedan presentar
las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a las Administraciones Públicas
en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la
Administración General del Estado o a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, al margen de las restantes posibilidades ya establecidas o
que se establezcan. A tal efecto se prevé que, mediante convenio de colaboración
entre las Administraciones Públicas, se implanten sistemas de intercomunicación y
coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y la
transmisión telemática de los asientos.
El derecho a la identificación de las autoridades y funcionarios bajo cuya
responsabilidad se tramiten los procedimientos, a que antes se hizo referencia, se
complementa ahora con la posibilidad de solicitar la exigencia de responsabilidad por
las anomalías en la tramitación.
La Ley introduce un nuevo concepto sobre la relación de la Administración con el
ciudadano, superando la doctrina del llamado silencio administrativo.
Se podría decir que esta Ley establece el silencio administrativo positivo cambiando
nuestra norma tradicional. No sería exacto. El objetivo de la Ley no es dar carácter
positivo a la inactividad de la Administración cuando los particulares se dirijan a ella.
El carácter positivo de la inactividad de la Administración es la garantía que se
establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la Ley, que es que los
ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administración y, sobre todo, que la
obtengan en el plazo establecido.
El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico
normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacíen de
contenido cuando su administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida
las funciones para las que se ha organizado. Esta garantía, exponente de una
Administración en la que debe primar la eficacia sobre el formalismo, sólo cederá
cuando exista un interés general prevalente o, cuando realmente, el derecho cuyo
reconocimiento se postula no exista.
Lógicamente, la citada regulación se complementa con la inclusión posterior, como
supuesto de nulidad de pleno derecho, de los actos presuntos o expresos contrarios
al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Concluye el título IV con una abierta incorporación de las técnicas informáticas y
telemáticas en la relación ciudadano-Administración y resuelve los problemas que en
materia de términos y plazos se planteaban a causa de la diversidad de calendarios
de festividades.
10. Abre el título V el capítulo dedicado a las disposiciones administrativas, enunciando
los principios generales de legalidad, jerarquía, publicidad e inderogabilidad singular
del Reglamento.
El capítulo II regula los requisitos de los actos administrativos, partiendo de los
principios de competencia y legalidad, con expresión de los que requieren
motivación, recogiendo su forma escrita como regla general.
La eficacia, notificación y publicación de los actos administrativos se recoge en el
capítulo III, abriendo la posibilidad de medios de notificación distintos a los
tradicionales que, sin merma de las necesarias garantías de autenticidad, permitan
su agilización mediante el empleo de las nuevas técnicas de transmisión de
información, superándose la limitación de la exclusividad del domicilio como lugar de
notificaciones.
En el capítulo IV se regulan las causas y efectos de la nulidad y anulabilidad de los
actos administrativos. La Ley incluye, como causa de nulidad de pleno derecho, la
lesión del contenido esencial de los Derechos y Libertades susceptibles de amparo
constitucional, en virtud de la especial protección que a los mismos garantiza la
Constitución.
11. El título VI regula la estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la
realización de la actividad jurídica de la Administración.
En el capítulo I se regula la iniciación, que podrá hacerse de oficio o por solicitud de
los interesados.
Las solicitudes de los interesados se abren a la posible utilización de medios
telemáticos e, incluso audiovisuales, para facilitar su formulación, siempre que quede
acreditada la autenticidad de su voluntad.
Se regulan asimismo, en este capítulo, otras cuestiones conexas a la iniciación, como
el período de información previa, las medidas provisionales para asegurar la eficacia
de la resolución, la acumulación de asuntos y la modificación o mejora voluntaria de
los términos de la solicitud formulada por los interesados.
El capítulo II, dedicado a la ordenación, recoge los criterios de celeridad e impulsión
de oficio, y contiene un conjunto de reglas destinadas a simplificar y agilizar los
trámites del procedimiento.
La instrucción del procedimiento se recoge en el capítulo III mediante la regulación de
las alegaciones, medios de prueba e informes. Recibe tratamiento específico el
supuesto, cada vez más frecuente, de emisión de informes por una Administración
Pública distinta de la que tramita el procedimiento, previendo que su no evacuación
no paralizará necesariamente el procedimiento, a fin de evitar que la inactividad de
una Administración redunde en perjuicio de los interesados.
Recoge también este capítulo el trámite de audiencia, que se efectuará poniendo de
manifiesto a los interesados la totalidad del expediente, salvo en lo que afecte a los
supuestos de excepción del derecho de acceso a archivos y registros administrativos.
El trámite de información pública, cuando lo requiera la naturaleza del procedimiento,
se regula de modo netamente diferenciado de la audiencia, pues ni la comparecencia
otorga, por sí misma, la condición de interesado, ni la incomparecencia enerva la vía
de recurso para los que tengan esta condición.
12. El capítulo IV regula las formas y efectos de la finalización del procedimiento, a través
de resolución, desistimiento, renuncia o caducidad. Se introduce la posibilidad de
utilizar instrumentos convencionales en la tramitación y terminación de los
procedimientos.
La ejecutividad de los actos administrativos y los medios de ejecución forzosa
quedan recogidos en el capítulo V. La autotutela de la Administración Pública,
potestad que permite articular los medios de ejecución que garanticen la eficacia de
la actividad administrativa, queda en todo caso subordinada a los límites
constitucionales, debiendo adoptarse los medios precisos para la ejecución, de modo
que se restrinja al mínimo la libertad individual y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.
13. El título VII, Revisión de los actos administrativos, establece una profunda
modificación del sistema de recursos administrativos vigente hasta hoy, atendiendo
los más consolidados planteamientos doctrinales, tanto en lo referente a la
simplificación, como a las posibilidades del establecimiento de sistemas de solución
de reclamaciones y recursos distintos a los tradicionales y cuya implantación se va
haciendo frecuente en los países de nuestro entorno y que ya existen, en algún caso,
en nuestro propio ordenamiento.
El sistema de revisión de la actividad de las Administraciones Públicas que la Ley
establece, se organiza en torno a dos líneas básicas: La unificación de los recursos
ordinarios y el reforzamiento de la revisión de oficio por causa de nulidad.
La primera línea supone establecer un solo posible recurso para agotar la vía
administrativa, bien sea el ordinario que se regula en la Ley, o el sustitutivo que, con
carácter sectorial, puedan establecer otras leyes.
La revisión de oficio, por su parte, se configura como un verdadero procedimiento de
nulidad, cuando se funde en esta causa, recogiendo la unanimidad de la doctrina
jurisprudencial y científica.
14. El título IX regula los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la
potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de
tales principios se derivan para los ciudadanos extraídos del texto constitucional y de
la ya consolidada jurisprudencia sobre la materia. Efectivamente, la Constitución, en
su artículo 25, trata conjuntamente los ilícitos penales y administrativos, poniendo de
manifiesto la voluntad de que ambos se sujeten a principios de básica identidad,
especialmente cuando el campo de actuación del derecho administrativo sancionador
ha ido recogiendo tipos de injusto procedentes del campo penal no subsistentes en
el mismo en aras al principio de mínima intervención.
Entre tales principios destaca el de legalidad o ratio democrático en virtud del cual es
el poder legislativo el que debe fijar los límites de la actividad sancionadora de la
Administración y el de tipicidad, manifestación en este ámbito del de seguridad
jurídica, junto a los de presunción de inocencia, información, defensa,
responsabilidad, proporcionalidad, interdicción de la analogía, etc.
Todos ellos se consideran básicos al derivar de la Constitución y garantizar a los
administrados un tratamiento común ante las Administraciones Públicas, mientras
que el establecimiento de los procedimientos materiales concretos es cuestión que
afecta a cada Administración Pública en el ejercicio de sus competencias.
15. El título X, De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus
Autoridades y demás personal a su servicio, incorpora la regulación de una materia
estrechamente unida a la actuación administrativa y que constituye, junto al
principio de legalidad, uno de los grandes soportes del sistema. Se hace así realidad
la previsión contenida en el artículo 149.1.18. de la Constitución sobre el
establecimiento de un sistema de responsabilidad de todas las Administraciones
Públicas.
En lo que a la responsabilidad patrimonial se refiere, el proyecto da respuesta al
pronunciamiento constitucional de indemnización de todas las lesiones que los
particulares sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento
de los servicios públicos, de acuerdo con las valoraciones predominantes en el
mercado, estableciendo además la posibilidad de que hasta un determinado límite
pueda hacerse efectiva en el plazo de treinta días, siempre que la valoración del daño
y la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento normal o anormal del
servicio público sean inequívocos.
T í t u l o P r e l i m i n a r . D e l Á m b i t o d e A p l i c a c i ó n y P r i n c i p i o s G e n e r a l e s
ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY
La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento
administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas,
siendo aplicable a todas ellas.
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas:
a La Administración General del Estado.
b Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c Las Entidades que integran la Administración Local.
2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la
consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la
presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de
su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS GENERALES. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE
ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley
y al Derecho.
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de
confianza legítima.
2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de
cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio
a los ciudadanos.
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la
Administración Local, la actuación de la Administración pública respectiva se
desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del
ordenamiento jurídico.
4. Cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines
con personalidad jurídica única.
5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de
conformidad con los principios de transparencia y de participación.
T í t u l o I . D e l a s A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s y s u s R e l a c i o n e s
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE
LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de
lealtad institucional y, en consecuencia, deberán:
a Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
b Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses
públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a
las otras Administraciones.
c Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la
actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.
d Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras
Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.
2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las
Administraciones públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios
probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud. Podrán
también solicitar asistencia para la ejecución de sus competencias.
3. La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que se
solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello
o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene
encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la
asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante.
4. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las
Entidades que integran la Administración Local deberán colaborar y auxiliarse para
aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos
ámbitos territoriales de competencias.
5. En las relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de
las Comunidades Autónomas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará
a través de los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria
establezcan tales Administraciones.
Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperación, tengan como
finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan, en aquellos asuntos que
afecten a competencias compartidas o exijan articular una actividad común entre
ambas Administraciones, una actividad más eficaz de los mismos, se ajustarán a los
instrumentos y procedimientos de cooperación a que se refieren los artículos
siguientes.
ARTÍCULO 5. CONFERENCIAS SECTORIALES Y OTROS ÓRGANOS DE COOPERACIÓN.
(REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades
Autónomas pueden crear órganos para la cooperación entre ambas, de composición
bilateral o multilateral, de ámbito general o de ámbito sectorial, en aquellas materias
en las que exista interrelación competencial, y con funciones de coordinación o
cooperación según los casos.
A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, no tienen la naturaleza de
órganos de cooperación aquellos órganos colegiados creados por la Administración
General del Estado para el ejercicio de sus competencias en cuya composición se
prevea que participen representantes de la Administración de las Comunidades
Autónomas con la finalidad de consulta.
2. Los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan
a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado,
y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la
respectiva Comunidad Autónoma, se denominan Comisiones Bilaterales de
Cooperación. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos
esenciales de su régimen.
3. Los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que
reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del
Estado, y a miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, se denominan Conferencias
Sectoriales. El régimen de cada Conferencia Sectorial es el establecido en el
correspondiente acuerdo de institucionalización y en su reglamento interno.
4. La convocatoria de la Conferencia se realizará por el Ministro o Ministros que tengan
competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial. La
convocatoria se hará con antelación suficiente y se acompañará del orden del día y,
en su caso, de la documentación precisa para la preparación previa de la
Conferencia.
5. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial se firmarán por el
Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los órganos de gobierno
correspondientes de las Comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos
podrán formalizarse bajo la denominación de Convenio de Conferencia Sectorial.
6. Las Conferencias Sectoriales podrán acordar la creación de comisiones y grupos de
trabajo para la preparación, estudio y desarrollo de cuestiones concretas propias del
ámbito material de cada una de ellas.
7. Con la misma finalidad, y en ámbitos materiales específicos, la Administración
General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas podrán
constituir otros órganos de cooperación que reúnan a responsables de la materia.
8. Cuando la materia del ámbito sectorial de un órgano de cooperación de composición
multilateral afecte o se refiera a competencias de las Entidades Locales, el pleno del
mismo puede acordar que la asociación de éstas de ámbito estatal con mayor
implantación sea invitada a asistir a sus reuniones, con carácter permanente o según
el orden del día.
ARTÍCULO 6. CONVENIOS DE COLABORACIÓN. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13
DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de
la misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus respectivas competencias.
2. Los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar, cuando así
proceda:
a Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa
cada una de las partes.
b La competencia que ejerce cada Administración.
c Su financiación.
d Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.
e La necesidad o no de establecer una organización para su gestión.
f El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes
firmantes del convenio.
g La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la
forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.
3. Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control, éste resolverá los problemas
de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios
de colaboración.
4. Cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientación política sobre la
actuación de cada Administración en una cuestión de interés común o a fijar el
marco general y la metodología para el desarrollo de la colaboración en un área de
interrelación competencial o en un asunto de mutuo interés se denominarán
Protocolos Generales.
5. Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, ésta
podrá adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad
mercantil.
Los estatutos del consorcio determinarán los fines del mismo, así como las
particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero.
Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las
entidades consorciadas, en la proporción que se fije en los Estatutos respectivos.
Para la gestión de los servicios que se le encomienden podrán utilizarse cualquiera
de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones
consorciadas.
ARTÍCULO 7. PLANES Y PROGRAMAS CONJUNTOS. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999,
DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades
Autónomas pueden acordar la realización de planes y programas conjuntos de
actuación para el logro de objetivos comunes en materia en las que ostenten
competencias concurrentes.
2. Dentro del respectivo ámbito sectorial, corresponde a las Conferencias Sectoriales la
iniciativa para acordar la realización de planes o programas conjuntos, la aprobación
de su contenido, así como el seguimiento y evaluación multilateral de su puesta en
práctica.
3. El acuerdo aprobatorio de planes o programas conjuntos debe especificar, según su
naturaleza, los siguientes elementos de su contenido:
• Los objetivos de interés común a cumplir.
• Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.
• Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración.
• Los compromisos de aportación de recursos financieros.
• La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y
modificación.
4. El acuerdo aprobatorio de un plan o programa conjunto, que tendrá eficacia
vinculante para la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
participantes que lo suscriban, puede ser completado mediante convenios de
colaboración con cada una de ellas que concreten aquellos extremos que deban ser
especificados de forma bilateral.
5. Los acuerdos aprobatorios de planes o programas conjuntos son objeto de
publicación oficial.
ARTÍCULO 8. EFECTOS DE LOS CONVENIOS
1. Los Convenios de Conferencia Sectorial y los Convenios de Colaboración en ningún
caso suponen la renuncia a las competencias propias de las Administraciones
intervinientes.
2. Los Convenios de Conferencia Sectorial y los Convenios de Colaboración celebrados
obligarán a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma, salvo
que en ellos se establezca otra cosa. Tanto los Convenios de Conferencia Sectorial
como los Convenios de Colaboración serán comunicados al Senado. Ambos tipos de
convenios deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
la Comunidad Autónoma respectiva.
3. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 6.3, serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional de lo contencioso-administratívo y, en su caso, de la
competencia del Tribunal Constitucional.
ARTÍCULO 9. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Las relaciones entre la Administración General del Estado o la Administración de la
Comunidad Autónoma con las Entidades que integran la Administración Local, se
regirán por la legislación básica en materia de Régimen Local, aplicándose
supletoriamente lo dispuesto en el presente Título.
ARTÍCULO 10. COMUNICACIONES A LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (REDACCIÓN
SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26
DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Cuando en virtud de una obligación derivada del Tratado de la Unión Europea o de
los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus instituciones deban
comunicarse a éstas disposiciones de carácter general o resoluciones, las
Administraciones públicas procederán a su remisión al órgano de la Administración
General del Estado competente para realizar la comunicación a dichas instituciones.
En ausencia de plazo específico para cumplir esa obligación, la remisión se efectuará
en el de quince días.
2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones o cualquiera otra información, en
ausencia de plazo específico, la remisión deberá hacerse en tiempo útil a los efectos
del cumplimiento de esa obligación.
T í t u l o I I . D e l o s Ó r g a n o s d e l a s A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIA
ARTÍCULO 11. CREACIÓN DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
1. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito
competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos
administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.
2. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se
trate y su dependencia jerárquica.
b Delimitación de sus funciones y competencias.
c Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
3. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes
si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos.
ARTÍCULO 12. COMPETENCIA
1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos
administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o
avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La
encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración
de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su
ejercicio que en cada caso se prevén.
2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos
administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes
de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de
atribución de competencias.
3. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el
órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los
expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la
materia y del territorio, y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico común.
ARTÍCULO 13. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE
13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio
de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas.
2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a. Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia
del Gobierno de la Nación, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.
b. La adopción de disposiciones de carácter general.
c. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso.
d. Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín
Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la
Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de
competencia de éste.
4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se
ejerzan por delegación.
No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver
un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea,
como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá
delegarse la competencia para resolver un asunto concreto una vez que en el
correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo
acerca del mismo.
6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya
conferido.
7. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio
ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse observando, en todo
caso, dicho quórum.
ARTÍCULO 14. AVOCACIÓN
1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya
resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica,
social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de
competencias en órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un
asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.
2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser
notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la
resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso,
aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la
resolución del procedimiento.
ARTÍCULO 15. ENCOMIENDA DE GESTIÓN
1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público
podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta
Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos
idóneos para su desempeño.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de
los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o
Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico de
soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
3. La encomienda de gestión entre órganos administrativos o Entidades de derecho
público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los
términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso
de los órganos o Entidades intervinientes. En todo caso el instrumento de formación
de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado, para su eficacia
en el Diario oficial correspondiente. Cada Administración podrá regular los requisitos
necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa
mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la
naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas
Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre
ellas, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las
Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o
Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
5. El régimen jurídico de la encomienda de gestión que se regula en este artículo no
será de aplicación cuando la realización de las actividades enumeradas en el
apartado primero haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho
privado, ajustándose entonces, en lo que proceda, a la legislación correspondiente de
contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a personas o Entidades de esta
naturaleza actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con
sujeción al derecho administrativo.
ARTÍCULO 16. DELEGACIÓN DE FIRMA
1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su propia
competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los
titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de
los límites señalados en el artículo 13.
2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su
validez no será necesaria su publicación.
3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad
de procedencia.
4. No cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador.
ARTÍCULO 17. SUPLENCIA
1. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquéllos (no tiene carácter básico, por lo que
es contrario al orden constitucional de competencias, según expone la sentencia del
Pleno del Tribunal Constitucional 50/1999, de 6 de abril de 1999). Si no se designa
suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el
órgano administrativo inmediato de quien dependa.
2. La suplencia no implicará alteración de la competencia.
ARTÍCULO 18. COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS
1. Los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias propias ajustarán su
actividad en sus relaciones con otros órganos de la misma o de otras
administraciones a los principios establecidos en el artículo 4.1 de la Ley, y la
coordinarán con la que pudiera corresponder legítimamente a éstos, pudiendo
recabar para ello la información que precisen.
2. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el
ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los
órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o
pertenezcan a otra Administración.
ARTÍCULO 19. COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS
1. La comunicación entre los órganos administrativos pertenecientes a una misma
Administración Pública se efectuará siempre directamente, sin traslados ni
reproducciones a través de órganos intermedios.
2. Las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse por
cualquier medio que asegure la constancia de su recepción.
ARTÍCULO 20. DECISIONES SOBRE COMPETENCIA
1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto
remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si éste
pertenece a la misma Administración Pública.
2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se
encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las
actuaciones al órgano competente. Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen
competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.
3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que
no haya finalizado el procedimiento administrativo.
ARTÍCULO 21. INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Cuando
una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de
servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la
validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEGIADOS
ARTÍCULO 22. RÉGIMEN
1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en
el presente capítulo, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las
Administraciones Públicas en que se integran.
2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquéllos compuestos
por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con
participación de organizaciones representativas de intereses sociales podrán
establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Los órganos
colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración
Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta,
salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones
o de la propia naturaleza del órgano colegiado.
ARTÍCULO 23. PRESIDENTE. (NO TIENE CARÁCTER BÁSICO, POR LO QUE ES
CONTRARIO AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS, SEGÚN EXPONE LA
SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 50/1999, DE 6 DE ABRIL DE
1999)
1. En cada órgano colegiado corresponde al Presidente:
a Ostentar la representación del órgano.
b Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación
del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás
miembros formuladas con la suficiente antelación.
c Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por
causas justificadas.
d Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se
trata de los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, en
que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.
e Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del
órgano.
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será
sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del
órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre
sus componentes. Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados
previstos en el número 2 del artículo 22 en que el régimen de sustitución del
Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, o establecido
expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.
ARTÍCULO 24. MIEMBROS. (NO TIENE CARÁCTER BÁSICO, POR LO QUE ES
CONTRARIO AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS, SEGÚN EXPONE LA
SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 50/1999, DE 6 DE ABRIL DE
1999)
1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:
a Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria
conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas
que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual
plazo.
b Participar en los debates de las sesiones.
c Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las
votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las
Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros de órganos
colegiados.
d Formular ruegos y preguntas.
e Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de
representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado
por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el
propio órgano.
3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus
suplentes, si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere
el número 2 del artículo 22, las organizaciones representativas de intereses sociales
podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría
del órgano colegiado, con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus
normas de organización.
ARTÍCULO 25. SECRETARIO
1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio
órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
2. (No tiene carácter básico, por lo que es contrario al orden constitucional de
competencias, según expone la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional
50/1999, de 6 de abril de 1999)La designación y el cese, así como la sustitución
temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se
realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su
defecto, por acuerdo del mismo.
3. (No tiene carácter básico, por lo que es contrario al orden constitucional de
competencias, según expone la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional
50/1999, de 6 de abril de 1999) Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
a Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario, y con voz y voto
si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.
b Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de Presidente, así
como las citaciones a los miembros del mismo.
c Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de
escritos de los que deba tener conocimiento.
d Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las
sesiones.
e Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
ARTÍCULO 26. CONVOCATORIAS Y SESIONES
1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus
miembros, salvo lo dispuesto en el punto 2 de este artículo. Cuando se trate de los
órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, el Presidente podrá
considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si
están presentes los representantes de las Administraciones Públicas y de las
organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que
se haya atribuido la condición de portavoces.
2. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste
no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una
segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios
para constituir válidamente el órgano.
3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido
en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano
colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario
de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.
ARTÍCULO 27. ACTAS
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario,
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de
las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. (No tiene carácter básico, por lo que es contrario al orden constitucional de
competencias, según expone la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional
50/1999, de 6 de abril de 1999) En el acta figurará, a solicitud de los respectivos
miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los
motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier
miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el
texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el
acta o uniéndose copia a la misma.
3. (No tiene carácter básico, por lo que es contrario al orden constitucional de
competencias, según expone la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional
50/1999, de 6 de abril de 1999) Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que
se incorporará al texto aprobado.
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos
de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
5. (No tiene carácter básico, por lo que es contrario al orden constitucional de
competencias, según expone la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional
50/1999, de 6 de abril de 1999) Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente
sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En
las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación
del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
CAPÍTULO III. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN
ARTÍCULO 28. ABSTENCIÓN
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den
algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se
abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior
inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:
a Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél ser administrador de sociedad o entidad interesada, o
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de
entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato.
c Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
d Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que
se trate.
e Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales
de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas
en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la
invalidez de los actos en que hayan intervenido.
4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de
las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.
5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
ARTÍCULO 29. RECUSACIÓN
1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los
interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en
que se funda.
3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en
él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto
seguido.
4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres
días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de
la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el
acto que termine el procedimiento.
T í t u l o I I I . D e l o s I n t e r e s a d o s
ARTÍCULO 30. CAPACIDAD DE OBRAR
Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas
que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y
defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el
ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria
potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados,
cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o
intereses de que se trate.
ARTÍCULO 31. CONCEPTO DE INTERESADO
1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos.
b Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya
recaído resolución definitiva.
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y
sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley
reconozca.
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible,
el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del
procedimiento.
ARTÍCULO 32. REPRESENTACIÓN
1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante,
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa
en contra del interesado.
2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra
ante las Administraciones Públicas.
3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante
declaración en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de
mero trámite se presumirá aquella representación.
4. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el
defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano
administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo
requieran.
ARTÍCULO 33. PLURALIDAD DE INTERESADOS
Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las
actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que
expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.
ARTÍCULO 34. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS
Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma
legal, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses
legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar
afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación
del procedimiento.
T í t u l o I V . D e l a A c t i v i d a d d e l a s A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 35. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los
siguientes derechos:
a A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias
de documentos contenidos en ellos.
b A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones
Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con
los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales
deban obrar en el procedimiento.
d A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de
acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.
e A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del
procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta
por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
f A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al
procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la
Administración actuante.
g A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos
que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o
solicitudes que se propongan realizar.
h Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los
términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.
i A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
j A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a
su servicio, cuando así corresponda legalmente.
k Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.
ARTÍCULO 36. LENGUA DE LOS PROCEDIMIENTOS. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999,
DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado
será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los
órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una
Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.
En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si
concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en
cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los
documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua
elegida por los mismos.
2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto
en la legislación autonómica correspondiente.
3. La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos,
expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo
soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad
Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será
precisa su traducción.
ARTÍCULO 37. DERECHO DE ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que,
formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera
que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte
material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a
procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las
personas estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos
figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados,
salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme
a los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no
pueda derivarse efecto sustantivo alguno.
3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos
pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de
aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en
consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos
de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que
acrediten un interés legítimo y directo.
4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser
denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros
más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos
casos, el órgano competente dictar resolución motivada.
5. El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes:
a Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o
de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias
constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.
b Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del
Estado.
c Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.
d Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.
e Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.
6. Se regirán por sus disposiciones específicas:
a El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
b El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.
c Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral.
d Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.
e El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una Ley.
f El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.
g La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos.
7. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo de aquéllos a la consulta de los expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la intimidad de las personas.
8. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
9. Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos obrantes en poder de las Administraciones Públicas sujetos a un régimen de especial publicidad por afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los particulares.
10. Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administración.
ARTÍCULO 38. REGISTROS. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN.)
1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se
reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el mismo,
la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o
particulares.
2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas
correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la
presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del
registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen.
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los
escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida.
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin
dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde
el registro en que hubieran sido recibidas.
3. Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones
públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los
particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte informático.
El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un
número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su
presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si
procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia
al contenido del escrito o comunicación que se registra.
Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de
las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano administrativo.
4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos
de las Administraciones públicas podrán presentarse:
a En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno
convenio.
c En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
e En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que
garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los
asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que
se presenten en cualquiera de los registros.
5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artículo 35.c) de esta Ley a los
ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten
junto con sus solicitudes, escritos y comunicaciones.
Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros a que se
refieren los puntos a) y b) del apartado 4 de este artículo, será remitida al órgano
destinatario devolviéndose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en
el procedimiento, se entregará al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por
los registros mencionados y previa comprobación de su identidad con el original.
6. Cada Administración pública establecerá los días y el horario en que deban
permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la
presentación de documentos previsto en el artículo 35.
7. Podrán hacerse efectivas además de por otros medios, mediante giro postal o
telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente,
cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentación de
solicitudes y escritos a las Administraciones públicas.
8. Las Administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una
relación de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y
comunicación, así como los horarios de funcionamiento.
9. (Derogado por Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos.)
ARTÍCULO 39. COLABORACIÓN DE LOS CIUDADANOS
1. Los ciudadanos están obligados a facilitar a la Administración informes, inspecciones
y otros actos de investigación sólo en los casos previstos por la Ley.
2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a
otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de
proporcionárselos a la Administración actuante.
ARTÍCULO 39 BIS. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD. (AÑADIDO POR LEY 25/2009,
DE 22 DE DICIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN
A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU
EJERCICIO.)
1. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán
elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del
interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se
persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato
discriminatorias.
2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos
aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar,
verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades,
estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.
ARTÍCULO 40. COMPARECENCIA DE LOS CIUDADANOS
1. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será obligatoria
cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará
constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como
los efectos de no atenderla.
3. Las Administraciones Públicas, a solicitud del interesado, le entregarán certificación
haciendo constar la comparecencia.
ARTÍCULO 41. RESPONSABILIDAD DE LA TRAMITACIÓN
1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los
asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas
oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio
pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos,
disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de
procedimientos.
2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la
Administración Pública que corresponda.
ARTÍCULO 42. OBLIGACIÓN DE RESOLVER. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE
ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o
desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que
concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables.
Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de
terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos
relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación
previa a la Administración.
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la
norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de
seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga
previsto en la normativa comunitaria europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste
será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de
iniciación.
b En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
4. Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos
informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos
de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio
administrativo.
En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo
máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los
procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio
administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo
de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los
diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano
competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará
además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.
5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución se podrá suspender en los siguientes casos:
a Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio
necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su
efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo
concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente
Ley.
b Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de
las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá
de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la
Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
c Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del
contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el
tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y
la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos.
Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
d Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes
propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación
de los resultados al expediente.
e Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o
convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la
declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las
referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la
Administración o los interesados.
6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran
suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente
para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del
órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios
personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.
Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y
notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una
vez agotados todos los medios a disposición posibles.
De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior
al establecido para la tramitación del procedimiento.
Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser
notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.
7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el
despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos
competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de
sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución
expresa en plazo.
El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad
disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.
ARTÍCULO 43. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS A
SOLICITUD DE INTERESADO. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 25/2009, DE 22 DE DICIEMBRE,
DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL
LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO.)
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de
este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para
entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que
una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma
de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al
ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución,
aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público,
así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante,
cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el
mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no
dictase resolución expresa sobre el mismo.
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de
acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio
administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del
artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:
a. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del
mismo.
b. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin
vinculación alguna al sentido del silencio.
4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer
valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica,
pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo
máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma
se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de
prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido
que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado,
éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.
ARTÍCULO 44. FALTA DE RESOLUCIÓN EXPRESA EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE
OFICIO.(REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
a En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en
su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas
individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
b En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la
resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con
los efectos previstos en el artículo 92.
En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable
al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
ARTÍCULO 45. INCORPORACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS
1. Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y
el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos
medios establecen la Constitución y las Leyes.
2. (Derogado por Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos.)
3. (Derogado por Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos.)
4. (Derogado por Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos.)
5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o los que éstas emitan
como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la
validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su
autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado,
así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por ésta u otras
Leyes.
ARTÍCULO 46. VALIDEZ Y EFICACIA DE DOCUMENTOS Y COPIAS
1. Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de
documentos públicos o privados.
2. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y
eficacia que estos siempre que exista constancia de que sean auténticas.
3. Las copias de documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el
ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas, siempre que su autenticidad
haya sido comprobada.
4. Tienen la consideración de documento público administrativo los documentos
válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO II. TÉRMINOS Y PLAZOS
ARTÍCULO 47. OBLIGATORIEDAD DE TÉRMINOS Y PLAZOS
Los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes obligan a las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de
los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
ARTÍCULO 48. CÓMPUTO. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN.)
1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia
en las correspondientes notificaciones.
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por
silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a
aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del
mes.
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente
a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio
administrativo.
5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se
considerará inhábil en todo caso.
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no
determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las
Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los
ciudadanos a los registros.
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo
ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario
aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las
Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito
territorial, a las que será de aplicación.
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario
oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su
conocimiento por los ciudadanos.
ARTÍCULO 49. AMPLIACIÓN. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN.)
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición
de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la
mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican
derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los
interesados.
2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso
a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares,
así como a aquellos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún
trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de
España.
3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún
caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre
ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.
ARTÍCULO 50. TRAMITACIÓN DE URGENCIA
1. Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a
petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia,
por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación
de urgencia al procedimiento.
T í t u l o V . D e l a s D i s p o s i c i o n e s y l o s A c t o s A d m i n i s t r a t i v o s
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 51. JERARQUÍA Y COMPETENCIA
1. Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las Leyes ni
regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía
reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas.
2. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango
superior.
3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan
las leyes.
ARTÍCULO 52. PUBLICIDAD E INDEROGABILIDAD SINGULAR
1. Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas habrán de
publicarse en el Diario oficial que corresponda.
2. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o
superior rango a éstas.
CAPÍTULO II. REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 53. PRODUCCIÓN Y CONTENIDO
1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a
instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al
procedimiento establecido.
2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y
será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
ARTÍCULO 54. MOTIVACIÓN. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN.)
1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y
procedimientos de arbitraje.
c Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del
dictamen de órganos consultivos.
d Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así
como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de
esta Ley.
e Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de
plazos.
f Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que
deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de
concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las
normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados
en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
ARTÍCULO 55. FORMA
1. Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija
o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma
verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará
por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en
la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de
resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que
haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.
3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza,
tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único
acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras
circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.
CAPÍTULO III. EFICACIA DE LOS ACTOS
ARTÍCULO 56. EJECUTIVIDAD
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán
ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
ARTÍCULO 57. EFECTOS
1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que
en ellos se disponga otra cosa.
2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté
supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten
en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables
al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses
legítimos de otras personas.
ARTÍCULO 58. NOTIFICACIÓN. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN.)
1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten
a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente.
2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha
en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución,
con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los
recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.
3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los
demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha
en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido
y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga
cualquier recurso que proceda.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de
entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de
los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el
texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente
acreditado.
ARTÍCULO 59. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE
13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la
identidad y el contenido del acto notificado.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se
practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello
no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse
presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la
misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta
circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la
notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de
los tres días siguientes.
3. (Derogado por Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos.)
4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias
del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el
procedimiento.
5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar
de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio,
en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según
cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito
territorial del órgano que lo dictó.
En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la
notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del
Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.
Las Administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación
complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la
obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores.
6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación
surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:
a Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de
personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un
solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en
este último caso, adicional a la notificación efectuada.
b Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del
procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación
donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se
lleven a cabo en lugares distintos.
ARTÍCULO 60. PUBLICACIÓN
1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las
normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés
público apreciadas por el órgano competente.
2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 del
artículo 58 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la
publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo. En los supuestos de
publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de
forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos
individuales de cada acto.
ARTÍCULO 61. INDICACIÓN DE NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES
Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la
publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el
diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar
donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento.
CAPÍTULO IV. NULIDAD Y ANULABILIDAD
ARTÍCULO 62. NULIDAD DE PLENO DERECHO. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13
DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
a Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o
del territorio.
c Los que tengan un contenido imposible.
d Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de
ésta.
e Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación
de la voluntad de los órganos colegiados.
f Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales
para su adquisición.
g Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango
legal.
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango
superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales.
ARTÍCULO 63. ANULABILIDAD
1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la
indefensión de los interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas
sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del
término o plazo.
ARTÍCULO 64. TRANSMISIBILIDAD
1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del primero.
2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las
partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
ARTÍCULO 65. CONVERSIÓN DE ACTOS VICIADOS
Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de
otro distinto producirán los efectos de éste.
ARTÍCULO 66. CONSERVACIÓN DE ACTOS Y TRÁMITES
El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de
no haberse cometido la infracción.
ARTÍCULO 67. CONVALIDACIÓN
1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de
que adolezcan.
2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto
anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.
3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación
podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que
dictó el acto viciado.
4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
T í t u l o V I . D e l a s D i s p o s i c i o n e s G e n e r a l e s S o b r e l o s P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o s
CAPÍTULO I. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 68. CLASES DE INICIACIÓN
Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.
ARTÍCULO 69. INICIACIÓN DE OFICIO
1. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien
por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de
otros órganos o por denuncia.
2. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un
período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
ARTÍCULO 70. SOLICITUDES DE INICIACIÓN
1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:
a Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente,
así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos
de notificaciones.
b Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
c Lugar y fecha.
d Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada
por cualquier medio.
e Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un
contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas
en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos
específicos dispongan otra cosa.
3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las
oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que
acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure
la fecha de presentación anotada por la oficina.
4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos sistemas normalizados
de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución
numerosa de una serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarán a
disposición de los ciudadanos en las dependencias administrativas. Los solicitantes
podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o
completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en
cuenta por el órgano al que se dirijan.
ARTÍCULO 71. SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA SOLICITUD. (REDACCIÓN SEGÚN LEY
4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE
NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los
exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42.
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva,
este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del
interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos
requeridos presente dificultades especiales.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente
podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de
aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
ARTÍCULO 71 BIS. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA.
(AÑADIDO POR LEY 25/2009, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS
LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO.)
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento
suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple
con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de
manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento
mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública
competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de
un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo
70.1.
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos
que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con
carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una
actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones
Públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse
dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación
correspondiente lo prevea expresamente.
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de
la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo
ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados
modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se
facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a
distancia y por vía electrónica.
ARTÍCULO 72. MEDIDAS PROVISIONALES. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE
ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá
adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen
elementos de juicio suficiente para ello.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional
de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los
supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas
provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de
iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en
dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento
expreso acerca de las mismas.
3. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o
imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos
amparados por las leyes.
4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación
del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias
sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su
adopción.
En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que
ponga fin al procedimiento correspondiente.
ARTÍCULO 73. ACUMULACIÓN
El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido
la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde
identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá
recurso alguno.
CAPÍTULO II. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 74. IMPULSO
1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos
sus trámites.
2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en
asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad
administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El
incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de
responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del
puesto de trabajo.
ARTÍCULO 75. CELERIDAD
1. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una
impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá
consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.
ARTÍCULO 76. CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES
1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse
en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en
el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los
interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en
conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les
podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente; sin embargo, se
admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera
antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por
transcurrido el plazo.
ARTÍCULO 77. CUESTIONES INCIDENTALES
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se
refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la
recusación.
CAPÍTULO III. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 78. ACTOS DE INSTRUCCIÓN
1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución,
se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del
derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su
intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.
2. Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que se incorporen a la
instrucción de un procedimiento deberán reunir las garantías legalmente establecidas
para estas técnicas de información así como la identificación técnica del
procedimiento seguido para la obtención de estos resultados.
ARTÍCULO 79. ALEGACIONES
1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite
de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la
correspondiente propuesta de resolución.
2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente
señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la
resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere
razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
SECCIÓN II. PRUEBA
ARTÍCULO 80. MEDIOS Y PERÍODO DE PRUEBA
1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por
cualquier medio de prueba admisible en Derecho.
2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo
acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días
ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los
interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante
resolución motivada.
ARTÍCULO 81. PRÁCTICA DE PRUEBA
1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio
de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido
admitidas.
2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba,
con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para
que le asistan.
3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya
realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir
el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la
prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que
acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
SECCIÓN III. INFORMES
ARTÍCULO 82. PETICIÓN
1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que
sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para
resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la
conveniencia de reclamarlos.
2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se
solicita.
ARTÍCULO 83. EVACUACIÓN
1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no
vinculantes.
2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo
mayor o menor.
3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad
en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones
cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de
informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento,
en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos.
4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que
tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus
competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera
evacuado, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo
podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
SECCIÓN IV. PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS
ARTÍCULO 84. TRÁMITE DE AUDIENCIA
1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus
representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el
artículo 37.5.
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por
realizado el trámite.
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por el interesado.
ARTÍCULO 85. ACTUACIÓN DE LOS INTERESADOS
1. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de
practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la
medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
2. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo
consideren conveniente en defensa de sus intereses.
3. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr
el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en
el procedimiento.
ARTÍCULO 86. INFORMACIÓN PÚBLICA
1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza
de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.
2. A tal efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad
Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.
3. El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular
alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
4. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los
recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la
condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u
observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una
respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que
planteen cuestiones sustancialmente iguales.
5. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán
establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos,
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley
en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos.
CAPÍTULO IV. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 87. TERMINACIÓN
1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en
que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento
Jurídico, y la declaración de caducidad.
2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada
en todo caso.
ARTÍCULO 88. TERMINACIÓN CONVENCIONAL
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o
contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean
contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con
carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y
el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a
las que estuvieran destinados.
3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los
acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias
atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que
correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los
servicios públicos.
SECCIÓN II. RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 89. CONTENIDO
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones
planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate
de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el
órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de
manifiesto en aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las
alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será
congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda
agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de
incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.
3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se
refiere el artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma
procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.
4. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque
podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no
previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento,
sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.
5. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando
se incorporen al texto de la misma.
SECCIÓN III. DESISTIMIENTO Y RENUNCIA
ARTÍCULO 90. EJERCICIO
1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el
Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el
desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquéllos que la hubiesen formulado.
ARTÍCULO 91. MEDIOS Y EFECTOS
1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que
permita su constancia.
2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que
fueron notificados del desistimiento.
3. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general
o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la
Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado
y seguirá el procedimiento.
SECCIÓN IV. CADUCIDAD
ARTÍCULO 92. REQUISITOS Y EFECTOS
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este
plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar
la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones,
notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad
procederán los recursos pertinentes.
2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.
3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo
de prescripción.
4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada
afecte al interés general, o fuera conveniente suscitarla para su definición y
esclarecimiento.
CAPÍTULO V. EJECUCIÓN
ARTÍCULO 93. TÍTULO
1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución
de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya
sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a
notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación
administrativa.
ARTÍCULO 94. EJECUTORIEDAD
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán
inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos 111 y 138, y en aquellos
casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o
autorización superior.
ARTÍCULO 95. EJECUCIÓN FORZOSA
Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso,
podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos
administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con
la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.
ARTÍCULO 96. MEDIOS DE EJECUCIÓN FORZOSA
1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando
siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
a Apremio sobre el patrimonio.
b Ejecución subsidiaria.
c Multa coercitiva.
d Compulsión sobre las personas.
2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de
la libertad individual.
3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas
deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna
autorización judicial.
ARTÍCULO 97. APREMIO SOBRE EL PATRIMONIO
1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá
el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio
en vía ejecutiva.
2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria
que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
ARTÍCULO 98. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA
1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las
personas que determinen, a costa del obligado.
3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior.
4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la
ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
ARTÍCULO 99. MULTA COERCITIVA
1. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las
Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer
multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir
lo ordenado, en los siguientes supuestos:
a Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona
del obligado.
b Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara
conveniente.
c Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal
carácter y compatible con ellas.
ARTÍCULO 100. COMPULSIÓN SOBRE LAS PERSONAS
1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o
soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los
casos en que la Ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a
su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.
2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación,
el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se
procederá en vía administrativa.
ARTÍCULO 101. PROHIBICIÓN DE INTERDICTOS
No se admitirán a trámite interdictos contra las actuaciones de los órganos
administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el
procedimiento legalmente establecido.
T í t u l o V I I . D e l a R e v i s i ó n d e l o s A c t o s e n V í a A d m i n i s t r a t i v a
CAPÍTULO I. REVISIÓN DE OFICIO
ARTÍCULO 102. REVISIÓN DE DISPOSICIONES Y ACTOS NULOS. (REDACCIÓN SEGÚN
LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE
NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio
la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o
que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.
2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones
administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2.
3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad
de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del
artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de
que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente
iguales.
4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto,
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda
reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos
139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición,
subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la
misma desestimada por silencio administrativo.
ARTÍCULO 103. DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES. (REDACCIÓN
SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26
DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los
actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en
el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años
desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos
aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo
84 de esta Ley.
3. (Redacción según Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.).Transcurrido el plazo de seis meses desde la
iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la
caducidad del mismo.
4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades
Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada
Administración competente en la materia.
5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la
declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de
éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
ARTÍCULO 104. SUSPENSIÓN
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá
suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o
difícil reparación.
ARTÍCULO 105. REVOCACIÓN DE ACTOS Y RECTIFICACIÓN DE ERRORES. (REDACCIÓN
SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26
DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.
ARTÍCULO 106. LÍMITES DE LA REVISIÓN
Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de
acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
CAPÍTULO II. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
SECCIÓN I. PRINCIPIOS GENERALES
ARTÍCULO 107. OBJETO Y CLASES. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE
ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales
determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros
procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje,
ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones
jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley
reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.
En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los
procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter
potestativo para el interesado.
La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no
podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los
órganos representativos electos establecidos por la Ley.
3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía
administrativa.
Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad
de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse
directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos
establecidos por su legislación específica.
ARTÍCULO 108. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118.1.
ARTÍCULO 109. FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
Ponen fin a la vía administrativa:
a Las resoluciones de los recursos de alzada.
b Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2.
c Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
d Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
e Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
ARTÍCULO 110. INTERPOSICIÓN DE RECURSO. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. La interposición del recurso deberá expresar:
a El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
b El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
c Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
d Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
e Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.
2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
ARTÍCULO 111. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE
13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver
el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que
causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al
recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá
suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado
cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno
derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.
3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta
días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución
expresa al respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el artículo
42.4, segundo párrafo, de esta Ley.
4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que
sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la
eficacia de la resolución o el acto impugnado.
Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza,
aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para
responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.
La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando
exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-
administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo,
solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión
hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.
5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que
afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia
habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.
ARTÍCULO 112. AUDIENCIA DE LOS INTERESADOS
1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el
expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un
plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y
presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en
cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo
haya hecho.
2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que
en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.
3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos
a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan
aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.
ARTÍCULO 113. RESOLUCIÓN
1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones
formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.
2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se
ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido
salvo lo dispuesto en el artículo 67.
3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como
de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En
este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente
con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda
agravarse su situación inicial.
SECCIÓN II. RECURSO DE ALZADA
ARTÍCULO 114. OBJETO. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN.)
1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la
vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico
del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal
al servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de
éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al
que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los
mismos.
2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante
el competente para resolverlo.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste
deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una
copia completa y ordenada del expediente El titular del órgano que dictó el acto
recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo
anterior.
ARTÍCULO 115. PLAZOS. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN.)
1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera
expreso.
Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros
posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será
firme a todos los efectos.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso,
salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2, segundo párrafo.
3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos
en el artículo 118.1.
SECCIÓN III. RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
ARTÍCULO 116. OBJETO Y NATURALEZA. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE
ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.
2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto.
ARTÍCULO 117. PLAZOS. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
SECCIÓN IV. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
ARTÍCULO 118. OBJETO Y PLAZOS. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.
ARTÍCULO 119. RESOLUCIÓN
1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la
inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en
alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto
de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente
iguales.
2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe
pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso,
sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario
de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado,
quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
T í t u l o V I I I . D e l a s R e c l a m a c i o n e s P r e v i a s a l E j e r c i c i o d e l a s A c c i o n e s C i v i l e s y L a b o r a l e s
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 120. NATURALEZA
1. La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones
fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo
los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango
de Ley.
2. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en este Título
y, por aquellas que, en cada caso, sean de aplicación, y en su defecto, por las
generales de esta Ley.
ARTÍCULO 121. EFECTOS
1. Si planteada una reclamación ante las Administraciones Públicas, ésta no ha sido
resuelta y no ha transcurrido el plazo en que deba entenderse desestimada, no podrá
deducirse la misma pretensión ante la jurisdicción correspondiente.
2. Planteada la reclamación previa se interrumpirán los plazos para el ejercicio de las
acciones judiciales, que volverán a contarse a partir de la fecha en que se haya
practicado la notificación expresa de la resolución o, en su caso, desde que se
entienda desestimada por el transcurso del plazo.
CAPÍTULO II. RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA JUDICIAL CIVIL
ARTÍCULO 122. INICIACIÓN
1. La reclamación se dirigirá al órgano competente de la Administración Pública de que
se trate.
2. En la Administración General del Estado se planteará ante el Ministro del
Departamento que por razón de la materia objeto de la reclamación sea competente.
Las reclamaciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares previstos por esta
Ley para la presentación de escritos o solicitudes.
ARTÍCULO 123. INSTRUCCIÓN
1. El órgano ante el que se haya presentado la reclamación la remitirá en el plazo de
cinco días al órgano competente en unión de todos los antecedentes del asunto.
2. El órgano competente para resolver podrá ordenar que se complete el expediente con
los antecedentes, informes, documentos y datos que resulten necesarios.
ARTÍCULO 124. RESOLUCIÓN
1. Resuelta la reclamación por el Ministro u órgano competente, se notificará al
interesado.
2. Si la Administración no notificara su decisión en el plazo de tres meses, el interesado
podrá considerar desestimada su reclamación al efecto de formular la
correspondiente demanda judicial.
CAPÍTULO III. RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA JUDICIAL LABORAL
ARTÍCULO 125. TRAMITACIÓN
1. La reclamación deberá dirigirse al Jefe administrativo o Director del establecimiento u
Organismo en que el trabajador preste sus servicios.
2. Transcurrido un mes sin haberle sido notificada resolución alguna, el trabajador
podrá considerar desestimada la reclamación a los efectos de la acción judicial
laboral.
ARTÍCULO 126. RECLAMACIONES DEL PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Las reclamaciones que formule el personal civil no funcionario al servicio de la
Administración Militar se regirán por sus disposiciones específicas.
T í t u l o I X . D e l a P o t e s t a d S a n c i o n a d o r a
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA
ARTÍCULO 127. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. (Redacción según Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.) La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
3. Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual.
ARTÍCULO 128. IRRETROACTIVIDAD
1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.
ARTÍCULO 129. PRINCIPIO DE TIPICIDAD
1. (Redacción según Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
ARTÍCULO 130. RESPONSABILIDAD
1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa
las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título
de simple inobservancia.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador
serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación
alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los
daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente,
debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que
al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial
correspondiente.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal
corresponda a varias personas conjuntamente, responderá de forma solidaria de las
infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Serán
responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones
impuestas por la Ley que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa
cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga,
cuando así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes
sancionadores.
ARTÍCULO 131. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso
podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las
infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el
cumplimiento de las normas infringidas.
3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición
de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción
aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de
la sanción a aplicar:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
ARTÍCULO 132. PRESCRIPCIÓN
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves
prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que
la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo
de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable.
3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
ARTÍCULO 133. CONCURRENCIA DE SANCIONES
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ARTÍCULO 134. GARANTÍA DE PROCEDIMIENTO
1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido.
2. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.
3. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento.
ARTÍCULO 135. DERECHOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE
Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto responsable los siguientes derechos:
A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes.
Los demás derechos reconocidos por el artículo 35 de esta Ley. ARTÍCULO 136. MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL
Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá proceder mediante acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
ARTÍCULO 137. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
2. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
4. Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.
ARTÍCULO 138. RESOLUCIÓN
1. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.
3. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.
T í t u l o X . D e l a R e s p o n s a b i l i d a d d e l a s A d m i n i s t r a c i o n e s P ú b l i c a s y d e s u s A u t o r i d a d e s y D e m á s P e r s o n a l a s u S e r v i c i o
CAPÍTULO I. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 139. PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de
actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan
el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos
legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.
4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración
de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
ARTÍCULO 140. RESPONSABILIDAD CONCURRENTE DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE
LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias
Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la
presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria. El
instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la
distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del
daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios
de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La
responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.
ARTÍCULO 141. INDEMNIZACIÓN. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO,
DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN.)
1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños
que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se
hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o
de la técnica existente en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin
perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan
establecer para estos casos.
2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos
en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas
aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el
mercado.
3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se
ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al
consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que
procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán
con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o
ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la
reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el
interesado.
ARTÍCULO 142. PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados.
2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán, por el Ministro
respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone o por los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la
Administración Local. Cuando su norma de creación así lo determine, la reclamación
se resolverá por los órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho
Público a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley.
3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá
reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento
abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el
artículo 143 de esta Ley.
4. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a
la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de
su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la
Sentencia definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5.
5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto
que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños,
de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la
curación o la determinación del alcance de las secuelas.
6. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,
cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin a
la vía administrativa.
7. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de
indemnización.
ARTÍCULO 143. PROCEDIMIENTO ABREVIADO
1. Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del
daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá
acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el
derecho a la indemnización en el plazo de treinta días.
2. En todo caso, los órganos competentes podrán acordar o proponer que se siga el
procedimiento general.
3. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de
indemnización.
ARTÍCULO 144. RESPONSABILIDAD DE DERECHO PRIVADO (REDACCIÓN SEGÚN LEY
4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE
NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado,
responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se
encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la
Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de
conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley.
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ARTÍCULO 145. EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS
AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
(REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el Capítulo I de
este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública
correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las
autoridades y personal a su servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados,
exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad
en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción
del procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes
criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la
responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas
y su relación con la producción del resultado dañoso.
3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás
personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos
cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
4. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.
5. Lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si
procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
ARTÍCULO 146. RESPONSABILIDAD PENAL. (REDACCIÓN SEGÚN LEY 4/1999, DE 13 DE
ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.)
1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas,
así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo
previsto en la legislación correspondiente.
2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las
Administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de
responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los
hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la
responsabilidad patrimonial.
Disposición Adicional Primera. Órganos Colegiados de Gobierno
Las disposiciones del Capítulo II del Título II de la presente Ley no serán de aplicación al
Pleno y, en su caso, Comisión de Gobierno de las Entidades Locales, a los Organos
Colegiados del Gobierno de la Nación y a los Organos de Gobierno de las Comunidades
Autónomas.
Disposición Adicional Segunda. Informatización de Registros
La incorporación a soporte informático de los registros a que se refiere el artículo 38 de
esta Ley, será efectiva en la forma y plazos que determinen el Gobierno, los Organos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la
Administración Local, en función del grado de desarrollo de los medios técnicos de que
dispongan.
Disposición Adicional Tercera. Adecuación de Procedimientos
Reglamentariamente, en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de
esta Ley, se llevará a efecto la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los
distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con específica
mención de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolución expresa
produzca.
Disposición Adicional Cuarta. Tasas del Procedimiento
Las tasas que generen las actuaciones del procedimiento administrativo se exigirán de
acuerdo con lo que disponga la norma que las regule.
Disposición Adicional Quinta. Procedimientos Administrativos en Materia Tributaria.
(Redacción Según Ley 4/1999, de 13 de Enero, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.)
1. Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley
General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantías de los
contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas en
su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable, regirán
supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.
En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar
resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de
la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria.
2. La revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones
dictadas en desarrollo y aplicación de la misma.
Disposición Adicional Sexta. Actos de Seguridad Social y Desempleo
1. La impugnación de los actos de la Seguridad Social y Desempleo, en los términos
previstos en el artículo 2. del texto articulado de la Ley de Procedimiento laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, así como su revisión
de oficio, se regirán por lo dispuesto en dicha Ley.
2. Los actos de gestión recaudatoria de la Seguridad Social se regirán por lo dispuesto
en su normativa específica.
Disposición Adicional Séptima. Procedimiento Administrativo Sancionador por
Infracciones en el Orden Social y para la Extensión de Actas de Liquidación de Cuotas de
la Seguridad Social
Los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por infracciones en
el orden social y para la extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad
Social se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones
de esta Ley.
Disposición Adicional Octava. Procedimientos Disciplinarios
Los procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones
Públicas respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por
una relación contractual se regirán por su normativa específica, no siéndoles de
aplicación la presente Ley.
Disposición Adicional Novena. (Derogada por Ley 6/1997, de 14 de Abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.)
Disposición Adicional Décima
El artículo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de
27 de diciembre de 1956, queda redactado de la siguiente forma:
El recurso contencioso-administratívo será admisible en relación con las disposiciones y con los actos de la Administración que hayan puesto fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición Adicional Undécima. Procedimientos Administrativos Instados ante
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares. (Redacción Según Ley 4/1999, de 13 de
Enero, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.)
Los procedimientos instados ante las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares por
ciudadanos extranjeros no comunitarios se regirán por su normativa específica, que se
adecuará a los compromisos internacionales asumidos por España y, en materia de
visados, a los Convenios de Schengen y disposiciones que los desarrollen, aplicándose
supletoriamente la presente Ley.
Disposición Adicional Dudécima. Responsabilidad en Materia de Asistencia Sanitaria.
(Redacción Según Ley 4/1999, de 13 de Enero, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.)
La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades,
servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios
concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la
asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación
administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden
contencioso-administrativo en todo caso.
Disposición Adicional Decimotercera. Régimen de Suscripción de Convenios de
Colaboración. (Redacción según Ley 4/1999, de 13 de Enero, de Modificación de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.)
En el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares de los Departamentos
ministeriales y los Presidentes o Directores de los organismos públicos vinculados o
dependientes, podrán celebrar los convenios previstos en el artículo 6, dentro de las
facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los
trámites establecidos, entre los que se incluirá necesariamente el informe del Ministerio
o Ministerios afectados. El régimen de suscripción de los mismos y, en su caso, de su
autorización, así como los aspectos procedimentales o formales relacionados con los
mismos, se ajustará al procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Disposición Adicional Decimocuarta. Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla.
(Redacción Según Ley 4/1999, de 13 de Enero, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.)
Lo dispuesto en el Título I de esta Ley sobre las relaciones entre la Administración
General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas será de
aplicación a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que
afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.
Disposición Adicional Decimoquinta. (Redacción según Ley 4/1999, de 13 de Enero, de
Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.)
En el ámbito de la Administración General del Estado, y a los efectos del artículo 42.3.b)
de esta Ley, se entiende por registro del órgano competente para la tramitación de una
solicitud, cualquiera de los registros del Ministerio competente para iniciar la tramitación
de la misma.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuya tramitación y resolución
corresponda a órganos integrados en el Órgano Central del Ministerio de Defensa,
Estado Mayor de la Defensa y Cuarteles Generales de los Ejércitos, el plazo para resolver
y notificar se contará desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en los
registros de los citados órganos.
Disposición Adicional Decimosexta. Administración de los Territorios Históricos del País
Vasco. (Redacción según Ley 4/1999, de 13 de Enero, de Modificación de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.)
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artículo
segundo, se entenderá por Administraciones públicas las Diputaciones Forales y las
Administraciones institucionales de ellas dependientes, así como las Juntas Generales
de los Territorios Históricos en cuanto dicten actos y disposiciones en materia de
personal y gestión patrimonial sujetos al derecho público.
Disposición Adicional Decimoséptima. (Redacción según Ley 4/1999, de 13 de Enero, de
Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.)
1. Para el ejercicio de la función consultiva en cuanto garantía del interés general y de la
legalidad objetiva las Comunidades Autónomas, los Entes Forales se organizarán
conforme a lo establecido en esta disposición.
2. La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados
de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a
través de los servicios jurídicos de esta última.
En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica ya sea
orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de
indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los
actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma
colegiada.
3. La presente disposición tiene carácter básico de acuerdo con el artículo 149.1.18 de
la Constitución.
Disposición Adicional Decimoctava. Presentación Telemática de Solicitudes y
Comunicaciones Dirigidas a la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos. (Derogado por Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos.)
Disposición Adicional Decimonovena. Procedimientos Administrativos Regulados en la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social, Modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
Diciembre. (Añadida por Ley Orgánica 14/2003, de 20 de Noviembre, de Reforma de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de Los Extranjeros en
España y su Integración Social, Modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
Diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de Enero,
de Competencia Desleal.)
Los procedimientos regulados en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, se regirán por su normativa específica, aplicándose supletoriamente la presente Ley.
Disposición Transitoria Primera. Corporaciones de Derecho Público
Las Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses económicos y profesionales ajustarán su actuación a su legislación específica. En tanto no se complete esta legislación les serán de aplicación las prescripciones de esta Ley en lo que proceda.
Disposición Transitoria Segunda. Régimen Transitorio De Los Procedimientos
1. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.
2. Los procedimientos iniciados durante el plazo de adecuación contemplado en la disposición adicional tercera se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicación, salvo que con anterioridad a la expiración de tal plazo haya entrado en vigor la normativa de adecuación correspondiente, en cuyo caso, los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, se regularán por la citada normativa.
A los procedimientos iniciados con posterioridad al término del plazo a que se refiere la disposición adicional tercera les será de aplicación, en todo caso, lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición Derogatoria
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
De la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de
1957; los puntos 3 y 5 del artículo 22, los artículos 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42 y 43.
De la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958: El Título
Preliminar, los Capítulos primero, segundo y cuarto del Título Primero, el Título
Segundo, los artículos 29 y 30, el artículo 34, en sus puntos 2 y 3, el artículo 35, los
Capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto del Título Tercero, el Título Cuarto, el
Título Quinto y los Capítulos segundo y tercero del Título Sexto.
De la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de
diciembre de 1956, los artículos 52, 53, 54 y 55.
3. Se declaran expresamente en vigor las normas, cualquiera que sea su rango, que
regulen procedimientos de las Administraciones Públicas en lo que no contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
4. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan
expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que
regulan la misma materia que aquéllas.
Disposición Final. Desarrollo y Entrada en Vigor de la Ley. (Redacción según Ley 4/1999,
de 13 de Enero, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.)
Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicación y
desarrollo de la presente Ley sean necesarias.
La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y
hagan guardar esta Ley.
Madrid, 26 de Noviembre de 1992.
- Juan Carlos R. -
El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.
GLOSARIO
Abstención
Las autoridades y personal al servicio de la Administración podrán
abstenerse de intervenir en un procedimiento cuando se den en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28.
Acto Administrativo
Manifestación de voluntad por medio de la cual los órganos
administrativos realizan sus funciones, creando, modificando o
extinguiendo derechos u obligaciones.
Avocación
Facultad de los órganos administrativos de traer hacia sí el conocimiento
de un asunto cuya competencia corresponde ordinariamente o por
delegación a otro órgano dependiente de aquéllos.
Centralización
Forma de organización pública en la que una sola administración, la del
estado, asume la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de
interés general, y se atribuye todas las potestades y funciones públicas
necesarias para ello.
Competencia
Medida de la capacidad de cada órgano y también como el conjunto de
funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada
órgano, y que unos y otros están autorizados y obligados a ejercitar.
Competencia Jerárquica
Medida de la distribución de las funciones y potestades entre los
diversos grados de la jerarquía, se trata de un reparto vertical.
Competencia Exclusiva
Expresión referida a una de las formas de distribución de competencias a
las Comunidades Autónomas por los Estatutos.
Competencia Material
Supone una distribución por fines, objetivos o funciones.
glosario
Competencia Territorial
Supone una distribución horizontal en razón del territorio de las
funciones y potestades y en relación con otros órganos que se
encuentran situados al mismo nivel jerárquico.
Conferencias Sectoriales
Órganos de cooperación que pueden crear la Administración General del
Estado y la Administración de las CCAA. Sus funciones: de coordinación
o cooperación.
Convenios de Colaboración
Instrumentos de colaboración que podrán suscribir la AGE y los
Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma y los
órganos correspondientes de las Administraciones de las CCAA en el
ámbito de sus respectivas competencias.
Delegación de Competencias
Se define como la facultad de los órganos de la administración de
delegar sus competencias a otros órganos de la misma Administración o
a las entidades de derecho público vinculadas a aquéllas, incluso cuando
no sean dependientes por una relación jerárquica.
Delegación de Firma
Entendemos por tal la facultad que asiste a los titulares de los órganos
administrativos para delegar la firma de sus resoluciones y actos
administrativos, siempre en materias de su competencia, a los titulares
de los órganos o unidades administrativas dependientes de ellos.
Descentralización
Alude a uno de los supuestos de transferencia de competencias que
tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. En concreto es aquella
transferencia de competencias intersubjetiva, es decir, que tiene lugar
entre personas jurídico públicas.
Días Hábiles
Días laborables de acuerdo con el calendario oficial. Cuando un día fuese
hábil en el Municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa,
se considerará inhábil en todo caso.
Días Naturales
Todos los días, incluidos los festivos.
Documentos
Los documentos administrativos son el soporte en el que se materializan
los distintos actos de la Administración Pública, la forma externa de
dichos actos.
Ejecución Subsidiaria
Es la realización por la Administración, bien por sí misma, bien a través
de determinadas personas y a costa del obligado, del contenido del acto
administrativo.
Encomienda de Gestión
Las competencias de los órganos administrativos o de las Entidades de
derecho público podrán ser encomendada a otros órganos o Entidades
de la misma o de distinta Administración para la realización de
actividades.
Interesado
Aquella persona a la que la administración la considera un ciudadano
cualificado en un determinado procedimiento.
Interés General
Principio constitucionalizado, que debe estar presente y guiar cualquier
actuación de la Administración.
Multa Coercitiva
Trata de reprimir una conducta del particular contraria al contenido del
acto.
Notificación
Es el modo de comunicar a los ciudadanos, personal o colectivamente, la
existencia del acto administrativo, lo que constituye un requisito
fundamental para la seguridad jurídica, y una condición legal de la que
depende la eficacia del acto.
Obligatoriedad de Resolución
La Administración está obligada a dictar resolución expresa sobre
cuantas solicitudes se formulen por los interesados, así como en los
procedimientos iniciados de oficio.
Órganos Administrativos
Unidades en las que se descompone la organización interna de cualquier
Administración Pública, a las que se les asignan ciertas competencias.
Órganos Colegiados
Son aquellos que están formados por un colegio o pluralidad de
personas.
Potestad
Poder efectivo atribuido por el ordenamiento con un carácter previo a
toda relación jurídica y que cuenta con plena capacidad de desplegar
efectos jurídicos.
Potestad Organizativa
Es la posibilidad de toda Administración de configurar su propia
estructura; es decir, de autorganizarse.
Principio de Celeridad y Economía Procesal
Se deberán seguir todas las fases del procedimiento sin demoras
injustificadas convalidando cada una de las fases.
Principio de Contradicción
Intervención activa de todos los interesados y que todos los intereses en
juego sean tenidos en cuenta.
Principio de Gratuidad
Procedimiento administrativo es gratuito.
Principio In Dubio Pro Actione
Los trámites deberán ser favorables al ejercicio del Derecho de acción.
Principio Lealtad Institucional
Exige que la gestión de los propios intereses tenga en cuenta que cada
gobierno dispone de libertad de actuación, aunque todos deben respetar
el legítimo ejercicio de la libertad de actuación de otros gobiernos.
Principio de Legitimación
Para que el particular participe es necesario que se den unos requisitos
sobre capacidad de obrar y legitimación donde se concretará la
titularidad al menos de un interés legítimo que pueda verse afectado por
la resolución final.
Principio de Oficialidad
La administración está obligada a realizar todas las actuaciones
necesarias para llegar a la actuación final.
Principio de Solidaridad
Necesidad de conseguir el equilibrio entre las partes más fuertes y las
más débiles.
Principio de Subsidiariedad
Debe ser la autoridad más cercana la que sea responsable de una
competencia.
Programas y Planes de Conjuntos
Instrumentos de colaboración acordados entre la AGE y la
Administración de las CCAA, para el logro de objetivos comunes en
materias en las que ostenten competencias concurrentes.
Recusación
Podrá plantearse por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento. Se debe formular por escrito
manifestando la causa o causas en las que se funda.
Renuncia
Actos del ciudadano por los que éste abdica de su titularidad ante una
actuación pública. Esta renuncia debe ser aceptada por la
administración.
BIBLIOGRAFÍA
Título: Normas Administrativas Básicas Editorial: Tecnos Año: 2005
Título: Legislación General de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Editorial: Tecnos Año: 2005
Título: Normas del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ley 4/1999, Reformadora de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Editorial: Bosch Año: 1999
Título: Teoría del Acto Administrativo Editorial: Iustel Autor: Bocanegra Sierra, R. Año: 2005
Título: Comentarios a la reforma del procedimiento administrativo Editorial: Tirant lo Blanch Autor: Sala Sánchez, P., Font de Mora Sainz, P., López Álvarez, E. Año: 1999
Título: Derecho Procesal Administrativo Editorial: Tirant lo Blanch Autor: Gimeno Sendra, V. y Otros Año: 1993
Título: Curso de Derecho Administrativo Editorial: Tirant lo Blanch Autor: Escuín Palop, C. Año: 2004
Título: Introducción al Derecho Administrativo Editorial: Tirant lo Blanch Autor: Blanquer Criado, D. Año: 1998
Título: Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Ley 30/1992, de 26 de noviembre. (3ª Edición). Editorial: Civitas Autor: González Pérez, J., González Navarro. F. Año: 2003
Título: Procedimiento Administrativo. Cuestiones Prácticas Editorial: Colex Autor: Linde Paniagua, E. Año: 2005
bibliografía
Régimen Jurídico de las AA.PP. Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
cuestionarios de evaluación
Régimen Jurídico de las AAPP y Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
Cuestionario de Evaluación 1 / 4
DATOS DEL CURSO ( a rellenar por el centro)
Nº Expediente: Nº Acción Formativa: Nº Grupo:
Denominación del curso:
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre: N.I.F.:
TÁCHESE LA RESPUESTA CORRECTA
1. Respecto de las CCAA y el Estado, las competencias pueden ser: Exclusivas y compartidas. Exclusivas, compartidas y concurrentes. Exclusivas, aunque con gestión autonómica.
2. Los criterios de distribución de la competencia son: Jerárquico y material. Además, funcional. Y además, territorial.
3. La principal característica de la competencia es: El servir con objetividad al cumplimiento del interés general. El sometimiento al ordenamiento jurídico en la prosecución del interés general. Su irrenunciabilidad.
4. La ejecución subsidiaria supone: La adopción de conductas de contenido patrimonial para su destinatario. La imposición de multas coercitivas por incumplimiento de actos administrativos. La realización por la Administración del contenido del acto.
5. El plazo general para las notificaciones, de 10 días, es: Inamovible. Indicativo. Sólo ampliable por acuerdo motivado del órgano emisor.
6. Cuando las solicitudes del interesado no reúnan los requisitos señalados por la Ley: Se archivarán sin más trámites. Se requerirá al interesado para que subsane las faltas en plazo de 10 días. Se requerirá al interesado para que subsane las faltas en plazo de 15 días.
7. La capacidad de obrar exigida a los ciudadanos se contempla en el artículo: 103 de la Constitución Española. 30 de la Ley 30/1992. Ambas respuestas son correctas.
8. La representación, para actuar ante la Administración: No está permitida. Sólo ha de acreditarse en los supuestos del artículo 32 de la Ley 30/1192. Siempre ha de acreditarse, salvo en los supuestos del artículo 32 de la Ley 30/1992.
9. Son actos jurídicos de los ciudadanos: Las peticiones y solicitudes. Las anteriores y los requerimientos. Ambas respuestas son correctas, así como los recursos y reclamaciones.
10. La transferencia de competencias interorgánica, en el seno de una misma persona jurídica y de un órgano superior a uno inferior se denomina:
Desconcentración. Descentralización. Avocación.
Firma del alumno Firma del tutor
_________ a ____ de ___________ de _______ _________ a_____de ___________de _______
Régimen Jurídico de las AAPP y Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
Cuestionario de Evaluación 2 / 4
DATOS DEL CURSO ( a rellenar por el centro)
Nº Expediente: Nº Acción Formativa: Nº Grupo:
Denominación del curso:
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre: N.I.F.:
TÁCHESE LA RESPUESTA CORRECTA
1. Las decisiones de los órganos generales: Se toman por mayoría. Se toman siempre por mayoría cualificada. Se toman siempre por mayoría simple.
2. Convocar las sesiones del órgano colegiado es una facultad de: El presidente. El secretario. Los vocales.
3. Las materias sobre las que pueden versar los Convenios de Colaboración son: Las respectivas de cada Administración interviniente. Concurrentes. Exclusivas del Estado, pero de gestión autonómica.
4. Las materias sobre las que pueden versar los Programas y Planes Conjuntos son: Las respectivas de cada Administración interviniente. Concurrentes. Exclusivas del Estado, pero de gestión autonómica.
5. Un Convenio de Colaboración deberá incluir necesariamente: Su financiación, compromisos tomados, periodificación, etc. Sus mecanismos de seguimiento de la ejecución. Ambas respuestas son correctas.
6. La distribución de competencias en una organización suele atender al principio: Territorial. De jerarquía. De especialización.
7. El principio de jerarquía se expresa en institutos jurídicos como: La avocación. La avocación y los conflictos de competencia. Ambas respuestas son correctas, y la recusación.
8. El principio de jerarquía supone: La prevalencia de la voluntad de un órgano de grado superior sobre el inferior. La existencia de una pluralidad de órganos con competencia material coincidente. Ambas respuestas son correctas.
9. Los elementos formales de los actos administrativos aluden a: El contenido del acto. A su procedencia de un ente público con competencia y capacidad suficiente para dictarlo. A la exteriorización de una manifestación de voluntad, generalmente por escrito.
10. Los actos administrativos: Son declaraciones de voluntad. Son unilaterales o plurilaterales. Son normativos.
Firma del alumno Firma del tutor
_________ a ____ de ___________ de _______ _________ a_____de ___________de _______
Régimen Jurídico de las AAPP y Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
Cuestionario de Evaluación 3 / 4
DATOS DEL CURSO ( a rellenar por el centro)
Nº Expediente: Nº Acción Formativa: Nº Grupo:
Denominación del curso:
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre: N.I.F.:
TÁCHESE LA RESPUESTA CORRECTA
1. Son actos reglados: Los que restringen derechos previamente concedidos. Los que provienen de la estricta aplicación de la Ley por la Administración. Los actos definitivos, que ponen fin a la vía administrativa.
2. Son principios básicos del procedimiento administrativo: La obligatoriedad para la administración de los términos y plazos. La garantía de recurso de amparo frente a ciertas resoluciones. La publicidad del mismo.
3. El procedimiento administrativo será gratuito, salvo: En los gastos que supongan las pruebas, que son de cargo de quien las propone. Las tasas que generen las actuaciones. Ambas respuestas son correctas.
4. Las solicitudes, recursos y reclamaciones se consideran manifestaciones de los derechos: De participación ciudadana. Fundamentales de los ciudadanos. Derivados del principio de seguridad jurídica e imparcialidad de la Administración en el cumplimiento de los
intereses generales.
5. Según el tipo de funciones que desempeñan los órganos administrativos distinguimos entre: Unipersonales y colegiados. De gestión y de consulta. Autonómicos y locales.
6. Los criterios distribuidores de la competencia entre órganos administrativos son: Criterio funcional, territorial y material. Criterio material, jerárquico y territorial. Criterio funcional, jerárquico y territorial.
7. No hay transferencia en la titularidad de la competencia en el caso de: Delegación de competencias. Descentralización. Delegación de firma.
8. El principio de lealtad institucional se recoge en el artículo: 102 de la Constitución Española. 103 de la Constitución Española y 3 de la Ley 30/1992. 4 de la Ley 30/1992.
9. La asistencia y cooperación solicitada a una Administración únicamente podrá negarse: Cuando la Administración solicitada no esté facultada para prestarlas. En el caso anterior o cuando no disponga medios para ello. En los casos anteriores o cuando se causen graves perjuicios a los intereses cuya tutela tiene
encomendada.
10. Las Conferencias Sectoriales podrán ser: Bilaterales o multilaterales. Generales o mixtas. De ámbito autonómico o local.
Firma del alumno Firma del tutor
_________ a ____ de ___________ de _______ _________ a_____de ___________de _______
Régimen Jurídico de las AAPP y Procedimiento Administrativo Común. Proceso Contencioso
Cuestionario de Evaluación 4 / 4
DATOS DEL CURSO ( a rellenar por el centro)
Nº Expediente: Nº Acción Formativa: Nº Grupo:
Denominación del curso:
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre: N.I.F.:
TÁCHESE LA RESPUESTA CORRECTA
1. No es un carácter de los actos administrativos: La bilateralidad. Su carácter no normativo. Sometimiento al Derecho Administrativo.
2. Los actos administrativos excluidos de la Jurisdicción Contenciosa son: Los actos de trámite. Actos definitivos que no agotan la vía administrativa. Ambas respuestas son correctas.
3. Los actos administrativos son válidos y eficaces desde que se dictan: Siempre. Como regla general, aunque a veces su eficacia se condiciona a la notificación o publicación. Nunca, pues siempre exigen su publicación o notificación.
4. El rechazo de una notificación: Obliga a un segundo intento de la misma. Obliga a la publicación en los Boletines Oficiales que correspondan, en función del órgano del que emane
el acto administrativo. Constará en el expediente como notificación válidamente realizada.
5. Son actos nulos de pleno derecho: Los dictados por órgano administrativo incompetente. Los que presenten defectos formales. Los realizados fuera del plazo establecido.
6. Entendemos por delegación intersubjetiva: El acuerdo entre un ente territorial superior y otro inferior para el ejercicio por éste de las competencias de
aquél. A la obligación que asiste a un órgano territorial inferior de gestionar obligatoriamente servicios de otro
superior, que mantiene la titularidad de la competencia. Al desapoderamiento que en su favor hace un ente superior del ejercicio de la competencia sobre un
asunto, y cuya competencia corresponde a un ente inferior.
7. La avocación: No es una práctica habitual en nuestro derecho administrativo, razón por la que no se regula en ninguna de
las normas vigentes. Es la asunción de la competencia de un órgano inferior por el superior. Es la asunción de la competencia de un órgano superior por el inferior.
8. La coordinación: Se establece con el propósito de asegurar la coherencia de la actuación de las administraciones públicas. Garantiza la supremacía del Estado, por la relación jerárquica de éste con las CCAA y los Entes Locales. No necesariamente ha de venir impuesta por ley.
9. La Constitución garantiza el derecho de audiencia de los interesados en su artículo: 103. 104. 105.
10. No tendrán la consideración de interesados: Quienes tengan derechos que se puedan ver afectados por la resolución que se adopte en un
procedimiento, aunque se haya iniciado por otros. Los herederos del interesado. Las sociedades o comunidades de bienes a los que pertenezca el interesado.
Firma del alumno Firma del tutor
_________ a ____ de ___________ de _______ _________ a_____de ___________de _______