reducción de la pobreza y desigualdad en américa latina

La evolución de la pobreza y la desigualdad en los países

de América Latina

El Banco Mundial y otras instituciones internacionales emplean usualmente líneas de pobreza de uno y dos dólares al día ajustadas por Paridad del Poder Adquisitivo (PPA).

Sin embargo, estos índices de pobreza son en general inadecuados para reflejar los niveles de pobreza según los estándares de vida en países de ingreso medio como lo son la mayoría de los países en América Latina. Por ello, los países guían sus políticas a partir de índices de pobreza basados en líneas de pobreza nacionales.

Afortunadamente, los dos tipos de índices concuerdan en la evolución y patrones de la pobreza en la región. Independientemente del método utilizado, en los últimos quince años, el progreso en la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe ha sido limitado.

La pobreza moderada básicamente se estancó durante los noventas y principios de ésta década, hasta que recientemente bajó modestamente con el repunte de crecimiento de la región.

Usando el indicador de 2 dólares PPA al día, la pobreza permaneció en torno a un 25% durante los noventa, y bajó a un 20,6% según los datos más recientes (2004-2005).

Con el crecimiento de la población, el número de pobres se incrementó en unos 1,2 millones de personas cerca de mediados del 2005. Usando el indicador de un dólar al día, la extrema pobreza se redujo desde un 11% en 1990 a un 8,5% en 2004-2005, mientras que el número de personas que viven con un dólar PPA al día cayó en unos 1,6 millones durante este período.

La pobreza extrema una medida de la incapacidad de adquirir la canasta alimentaria básica que cubre los requerimientos nutricionales mínimos en cada país– cayó ligeramente de un 19,5% a principios de la década de los noventa a un 14,3% alrededor de mediados de los años 2000, una caída más importante que la registrada según el indicador de pobreza de 1 dólar estadounidense PPA. El número de personas bajo pobreza extrema en la región se sitúa actualmente en torno a los 73 millones.

Según los índices de pobreza basados en líneas de pobreza nacionales, el porcentaje de personas en pobreza varía entre tasas por encima del 60% en Honduras y Bolivia (y hasta un 80% en Haití), y por debajo del 30% en Chile, Jamaica, Costa Rica y Uruguay.

En los noventa, la pobreza cayó durante la mayor parte de los períodos de crecimiento, pero hubo un retroceso cuando muchos países experimentaron crisis a finales de la década.

La tendencia a largo plazo ha sido la de un relativo estancamiento del proceso de reducción de la pobreza, con excepciones notables y fluctuaciones en función del ciclo económico. Por ejemplo, en Chile y El Salvador los avances han sido constantes y significativos; en Jamaica y Brasil también se observan reducciones, mientras que en Argentina, República Dominicana, Paraguay, Perú, Haití y Ecuador la pobreza actualmente ha sobrepasado los niveles de principios de los noventa.

Aunque la estabilidad macroeconómica de la región en los últimos 15 años ha mejorado, las crisis económicas de comienzos de la década en países como Argentina, República Dominicana resultaron devastadoras para los pobres. La pobreza se incrementó de 30,8 a 58,0% en Argentina entre 1999 y 2002, y de 26,6 a 42,2% en la República Dominicana entre 2002 y 2004.

La pobreza también manifiesta variaciones muy significativas al interior de cada país. Las diferencias son particularmente notables entre distintos grupos étnicos.

Por ejemplo, en México, el 90% de la población

indígena vivía por debajo del umbral de la pobreza nacional en 2002, comparado con el 47% de la población no indígena. En Guatemala estas cifras eran de un 76% y un 47% respectivamente. En Brasil, la pobreza entre los afrodescendientes es de un 41% y de solamente un 17% entre los blancos.

En Perú, los índices de pobreza son menores entre la población mestiza predominantemente blanca que entre los mestizos predominantemente indígena.

La elevada desigualdad es

persistente

América Latina y el Caribe es la región con mayor desigualdad del mundo junto a África (véase el gráfico IV.4) y esta situación no ha cambiado significativamente recientemente (Banco Mundial, 2006b). El coeficiente de Gini de la desigualdad en los ingresos, permaneció constante en ocho de los 19 países de América Latina entre los principios de los años noventa y la primera mitad de la década de 2000.

En siete países la desigualdad se incrementó y solamente en cuatro se manifiesta una pequeñísima reducción.

El coeficiente de Gini promedio en la región se ha mantenido en torno a 0,55 durante los últimos 15 años. Brasil, Guatemala y Bolivia se encuentran entre los países con mayor desigualdad del ingreso del mundo.

la propiedad de activos y el

acceso a los servicios y mercados básicos

La desigualdad de oportunidades surge de las diferencias existentes en la propiedad de activos, incluyendo el nivel y la calidad de la educación y la salud que se cristalizan en el capital humano de un individuo, así como el acceso a los servicios sociales básicos y a infraestructura tales como carreteras, energía eléctrica fiable, agua potable y tratamiento de aguas residuales.

La igualdad de acceso es también fundamental en los servicios de crédito, derechos de propiedad, la justicia y la seguridad.

¿Cómo enfrentar la pobreza?

Para poder salir de la pobreza de manera sostenible, los pobres necesitan igualdad de condiciones iníciales, para poder acumular capital físico y humano, innovar y gestionar mejor el riesgo, y de este modo incrementar sus niveles de productividad.

Las políticas públicas deben de abordar las restricciones que enfrentan los pobres para acceder a la educación, salud, tierra, infraestructuras, crédito, seguridad, justicia y protección contra riesgos.

Finalmente, la nivelación de las condiciones iníciales también requiere en muchos casos la puesta en marcha de políticas redistributivas ‘inteligentes’.

Estas políticas comprenden acciones concertadas entre la política social y las políticas a favor del crecimiento y la competitividad, consistente con un enfoque integral de la reducción de la pobreza.


Para poder salir de la pobreza los pobres necesitan:

Igualdad de condiciones iniciales, para poder acumular capital físico y humano.


Las políticas públicas deben de abordar las restricciones que enfrentan los pobres para acceder a la educación, salud, tierra, infraestructuras, crédito, seguridad, justicia y protección contra riesgos.


Dado que los pobres generan la mayor parte de sus ingresos en el mercado laboral, también es necesario emprender acciones para eliminar las barreras existentes para acceder a trabajos bien remunerados.

Oportunidades para los pobres: Mejorando el acceso a activos básicos y a los mercados

A continuación examinaremos algunas experiencias prometedoras que faciliten el acceso a:

Los servicios financieros. Los derechos de propiedad mediante la

regularización de la titularidad y la liberalización de la pequeña empresa.

La infraestructura básica mediante la implementación de programas territoriales, y a la educación y la salud.

Los servicios financieros

La expansión de las instituciones financieras formales con la actual tecnología y el actual marco institucional aporta muy pocos beneficios directos a los pobres.

Los programas de créditos subvencionados o de préstamos estatales directos han estado plagados de captura por parte de las elites nacionales y casi siempre acaban favoreciendo a la población no pobre.


La “banca social” en la India establece una red nacional de sucursales bancarias cuyo objetivo es incrementar y equiparar la presencia de sucursales en todos los estados y hacer que los bancos abriesen más sucursales en aquellos estados con menor desarrollo financiero inicial y en las zonas rurales.

Este programa tuvo un efecto positivo en el empleo en los sectores agrícolas y en la pobreza rural (Burgess y Pande, 2005).


En AL un gran ejemplo es el Banco Azteca donde su ingrediente esencial de su éxito alcanzado ha sido el de los cambios introducidos en las tradicionales regulaciones bancarias relativas a las credenciales necesarias para obtener un crédito, acomodándose al perfil de ingreso bajo característico de su clientela.


El banco invirtió en investigaciones sobre calificaciones crediticias y sistemas de recaudación para reducir los riesgos implícitos en las operaciones bancarias al por mayor y a pequeña escala.

El banco empezó sus operaciones el año 2001 y en sólo tres años alcanzó la cifra de 1,75 millones de clientes en toda la nación.

Derechos de Propiedad

Reforzar los derechos de propiedad para la población pobre y reformar los mercados de la tierra facilitan un mayor acceso de los pobres a la titulación (incluyendo los acuerdos de arrendamiento).

Sino poseen la titularidad de sus tierras, casas y pequeñas empresas, los pobres no pueden vender sus activos ni tienen incentivos para invertir en mejorarlos.


Los programas de registro y titulación de la tierra centrados en las áreas rurales y periurbanas otorgan derechos de propiedad y regularizan los asentamientos irregulares.

Este programa ha conseguido importantes mejoras en la titulación de la tenencia de tierras urbanas, incluyendo una reducción en los plazos requeridos para la obtención de títulos de propiedad.


El programa muestra que el reconocimiento de los derechos de propiedad puede llevarse a cabo mediante consenso político y estableciendo un compromiso en torno a las reformas institucionales necesarias para abordar el tema de la propiedad informal; y mediante reformas que creen normas y prácticas organizativas que conviertan la propiedad inmobiliaria en un derecho defendible y transferible.

Transferencias monetarias condicionadas

En décadas anteriores hubo mucho escepticismo respecto al rol de los programas de transferencias en estrategias sustentables de reducción de la pobreza.

Esto obedecía a la opinión de que estos programas eran simples remedios o parches a corto plazo y de que, dada la escasez de recursos y la gran masa de pobreza, los recursos nunca probarían ser suficientes ni sostenibles.


Los primeros programas innovadores fueron Progresa (ahora Oportunidades), en México, y Bolsa Familia, en Brasil, las transferencias monetarias son ahora condicionadas a que los hogares de bajos ingresos envíen a sus hijos a la escuela, y asistan a las clínicas de salud y a talleres sobre salud y nutrición.


Estos programas permiten a las familias escapar de las trampas de la pobreza causadas por las fallas del mercado (la incapacidad de superar las restricciones de liquidez) a través de abrir la oportunidad de invertir en capital humano que de otro modo no se materializaría.

Estos programas deben ser combinados con políticas e intervenciones dirigidas a enfrentar las deficiencias en el sistema educativo y fallas en el proceso de enseñanza.

Provisión de infraestructura con un enfoque territorial

Otra iniciativa es la provisión de infraestructura con un enfoque territorial a fin de explotar las economías de escala en la provisión de servicios.

La exitosa experiencia de los programas de Favela Barrio, en Brasil, muestra que es posible cambiar totalmente los barrios urbanos marginales y capitalizar las inversiones hechas por sus habitantes, fomentando su integración en las redes formales de servicios básicos y luchando para eliminar las condiciones que favorecen la violencia y la criminalidad.


Las intervenciones en estos casos incluyen:

La mejora de la infraestructura física y de los servicios públicos.

La creación de lugares de esparcimiento, educación y comercio.

Actividades generadoras de ingresos que creen oportunidades económicas para los pobres.


Estas inversiones han sido puestas en práctica de manera efectiva en un nivel subnacional mediante los Fondos de Inversión Social y enfoques integrales como los Programas de Desarrollo Impulsados por la Comunidad (Community Driven Development).

Cómo traducir los activos y las oportunidades en ingresos: El mercado laboral y la calidad del empleo

Para salir de la pobreza, las familias con bajos ingresos requieren oportunidades en el mercado laboral que les permitan traducir sus activos principales en mayores ingresos y, en última instancia, posibilitar una mejor calidad de vida.

La segmentación de los mercados laborales puede ser un obstáculo, en tanto algunos trabajadores en sectores, ocupaciones y regiones específicas enfrentan altos costos y barreras a la movilidad.


Las disparidades en el ingreso asociadas con género, la raza o el origen étnico muchas veces se atribuyen a la discriminación en los mercados laborales.

Disparidades sectoriales, ocupacionales y regionales podrían reflejar una segmentación que impide la movilidad laboral hacia empleos mejor remunerados o a diferenciales de ingresos relacionados con diferencias en las características no pecuniarias de los empleos.


Una pregunta clave es hasta qué punto los mercados laborales están segmentados entre empleos formales e informales.

En América Latina y el Caribe, la evidencia muestra que la mayor parte de la creación de empleo durante los últimos quince años se ha generado a través de empleos no calificados de bajo salario, principalmente en el sector informal.


El concepto “sector informal” se ha

utilizado con frecuencia como sinónimo de empleos con una baja productividad, principalmente en el sector servicios, con un acceso escaso o nulo a los beneficios otorgados por la legislación laboral, como seguro de salud y las pensiones.


La baja productividad dificulta el pago de impuestos y el cumplimiento con los requisitos de la legislación laboral como son las contribuciones a la seguridad social.

Esta situación genera un sistema de bienestar truncado, que deja a un amplio sector de la población desprotegido, muchos de ellos con trabajos con pocas perspectivas de crecimiento en los ingresos.

Enfrentarse a esta situación sigue siendo un reto para la región.

Financiando todo esto con los impuestos y el papel de las transferencias redistributivas

La nivelación de las condiciones iniciales que enfrentan los pobres requiere en muchos casos políticas distributivas.

Los mecanismos redistributivos pueden ser muy poderosos.

La política redistributiva fiscal es un elemento importante para reducir la desigualdad en los ingresos de mercado en los países latinoamericanos.

El hecho de que las economías de América Latina no han podido desarrollar un estado de bienestar eficiente refleja en parte el nivel de desarrollo económico y la falta del marco institucional necesario para moverse en esta dirección.

Si bien la evidencia empírica relativa al efecto de los impuestos y las transferencias en los niveles de desigualdad en América Latina es limitada, los pocos estudios disponibles sugieren que la redistribución fiscal no es muy grande

Como destaca Bourguignon, para que una política redistributiva sea eficaz y coherente con objetivos de crecimiento económico debería preocuparse más por la redistribución de la riqueza antes que redistribuir el ingreso o el consumo.

Ello implica centrarse en el gasto social total (es decir, incluyendo los gastos en educación y salud públicas) y no pura y simplemente en las transferencias.

En otras palabras, el proceso redistributivo debe de apuntar a asegurar igualdad en el acceso a oportunidades, entre otros en el acceso a capital humano y a activos productivos.

La mayoría de países de América Latina y el Caribe también muestran un bajo desempeño en este sentido, ya que a pesar de los grandes avances en la última década los gastos sociales son con frecuencia más bajos de lo que se espera por sus niveles de ingreso per cápita, o adolecen de graves inequidades.

Cada país tiene que decidir el nivel de carga impositiva y de redistribución sobre la base de un arreglo sostenible.

En América Latina y el Caribe, el “contrato social” implícito en la actual estructura de impuestos y transferencias no ha conseguido establecer un proceso de redistribución significativa que permita nivelar las condiciones iniciales de oportunidades.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la región es el de modificar el contrato social para desarrollar un sistema de impuestos y transferencias más inclusivo.

Desarrollo de las prioridades y consenso político: estrategias nacionales para luchar contra la pobreza

La pobreza es multifacética y los países de la región se enfrentan a la necesidad de implementar intervenciones de política en múltiples frentes.

Pero los recursos financieros y el capital político necesarios para efectuar los cambios institucionales, modificar los impuestos y gastos, y racionalizar los programas, son escasos.

Los gobiernos tienen que partir del hecho de que siempre hay ganadores y perdedores como consecuencia de cualquier programa o política, y diseñar e implementar las mismas teniendo en cuenta las limitaciones políticas existentes.

Las prioridades no siempre se definen mediante un proceso político adecuado, sino que dadas estas limitaciones los países acaban decidiendo el orden de prioridades de facto.

Esto exige un marco que permita el desarrollo de estrategias integradas para la reducción de la pobreza que pueden tener diferentes características institucionales y organizativas.

Estos procesos se han intentado en muchos países de la región con diferentes grados de compromiso y éxito.

Como parte de la iniciativa PPME (países pobres muy endeudados) iniciada a fines de los noventas por el Banco Mundial y el FMI, los países más pobres de la región de América Latina y el Caribe empezaron a desarrollar Estrategias para la Reducción de la Pobreza (ERP).

Los procesos de ERP se lanzaron en Honduras, Nicaragua, Bolivia y Guyana.

En diversos países de ingreso medio se concibieron estrategias nacionales.

Todo esto para el desarrollo o estrategias para la reducción de la pobreza con diferentes niveles de implementación y de aceptación por parte de los gobiernos, y diferentes niveles de influencia en la implementación real de las políticas.

Estas iniciativas permitieron situar a la reducción de la pobreza como una prioridad de la agenda política

Hubo la intención de vincular estrategias sectoriales con la reducción de la pobreza y de mejorar los mecanismos de información y de monitoreo de las acciones orientadas a este objetivo.

Sin embargo, la continuidad de estas estrategias y su implementación política fueron limitadas, la apropiación por parte del país no estuvo siempre clara a pesar de haberse fomentado un proceso participativo, y los mecanismos de monitoreo y de supervisión de la efectividad de las políticas fueron por lo general tímidos.

En primer lugar, hay una reafirmación del papel principal que desempeña el crecimiento para la reducción de la pobreza.

En segundo lugar, los planes y las consultas de las estrategias integradas para la reducción de la pobreza han sido, en muchos casos, ineficaces a la hora de establecer las prioridades en los factores clave que limitan el impacto sostenible del crecimiento sobre la reducción de la pobreza.

Las ERP formuladas por los PPME incluyen en muchos casos una serie exhaustiva de objetivos y políticas válidos y genuinos.

Pero las reformas e intervenciones requeridas sobrepasaban las capacidades de implementación dadas las restricciones políticas, institucionales y de recursos existentes.

Finalmente, las ERP en los PPME han incluido mecanismos de evaluación y control.

Algunos de ellos han llevado a una mejora en los mecanismos de recolección de datos micro en el hogar o procedentes de registros administrativos, incrementando de este modo la capacidad de supervisar el progreso en los indicadores de bienestar.

En estos y algunos otros países de la región se han realizado avances en la puesta en marcha de sistemas integrados de evaluación y control que permiten supervisar los resultados y los indicadores financieros tanto programáticos como sectoriales, y su uso posterior en los procesos de asignación presupuestaria.

Los progresos en este campo son todavía desiguales y aún queda mucho camino por recorrer antes de poder institucionalizar estos sistemas.

Sin embargo, es previsible que dicho proceso continúe, ya que responde a una presión cada vez mayor de mayor transparencia en la acción pública.

Conclusiones

La pobreza y la desigualdad siguen siendo un problema muy grave en América Latina y el Caribe.

Para enfrentarse a esta situación los países pueden avanzar en diversos frentes.

Conclusiones

En la medida en que la pobreza misma se constituye en un obstáculo para alcanzar mayores tasas de crecimiento sostenido, esto tiene a su vez el potencial de mejorar el progreso económico de todos los latinoamericanos.

Conclusiones

Las mejores políticas desde el punto de vista de costo-beneficio quizás no son las más aceptables para horizontes políticos de corto plazo o debido a razones de economía política

Conclusiones

Superar las trabas políticas que impiden crear un consenso sobre las reformas y políticas necesarias para nivelar las condiciones iniciales para los pobres es esencial para mejorar la perspectiva regional de prosperidad y crecimiento sostenido.

Capítulo 2

América Latina: la desigualdad

y su disfuncionalidad

Niveles y evolución de la desigualdad

En América Latina, la desigualdad económica es muy alta: el más rico recibe el 48% del ingreso y el más pobre el 1,6%.

En los países avanzados, en contraste, las cifras son del 29,1% y 2,5%, respectivamente.

La desigualdad en desarrollo humano también es alta.

Aunque existe menos información y consenso sobre cómo medir las dimensiones de acceso a seguridad y gozar de los derechos ciudadanos, la desigualdad en estos factores también es patente.

La desigualdad económica y social en América Latina es persistente y se origina en las características de la organización económica, social y política cuyas simientes, probablemente, fueron colocadas durante la conquista.

Se mantiene a lo largo de los siglos por la fuerza política de las élites y la resistencia de instituciones y normas sociales, económicas y políticas que, de hecho, en lugar de reducirla, la reproducen.

En América Latina, la desigualdad es ofensiva porque la riqueza coexiste con la miseria.

La desigualdad también es ofensiva porque se perpetúa a través de mecanismos inmorales como la corrupción, el tráfico de influencias, la discriminación y la capacidad de controlar la agenda de políticas públicas para beneficio propio por parte de la población adinerada o de grupos corporativos poderosos.

Desigualdad y reducción de la pobreza

Más allá de los aspectos éticos, la desigualdad en América Latina es disfuncional.

A mayor desigualdad, menor es la elasticidad de reducción de la pobreza que corresponde al crecimiento del ingreso per cápita.

Asimismo, la influencia del crecimiento del ingreso promedio en la reducción de la pobreza depende en gran medida de cómo se distribuye el ingreso adicional generado por el crecimiento.

Si el crecimiento va acompañado de un aumento en la proporción del ingreso obtenido por los más pobres, los ingresos de los pobres aumentarán más rápidamente que el promedio.

Desigualdad y crecimiento económico

La desigualdad económica también es disfuncional porque a mayor desigualdad será menor la tasa de crecimiento económico.

La desigualdad cuando coexiste con la pobreza puede constituirse en un obstáculo para el crecimiento.

Todo esto sobre todo cuando se conjugan imperfecciones en el comportamiento de los mercados (fallos de mercados, mercados incompletos, mercados no competitivos) con la existencia de indivisibilidades y costos fijos de inversión y complementariedades estratégicas.

La indivisibilidad ocurre cuando es necesario realizar un mínimo de inversión antes que la misma sea rentable.

Cuando existen “equilibrios malos” o disfuncionales hay espacio para poner en marcha políticas de una sola vez que lleven la economía a equilibrios más eficientes con mayor crecimiento y mayor equidad.

Por supuesto, hay que asegurarse de que estas políticas no generen incentivos perversos y sean fiscalmente sostenibles.

Desigualdad y restricciones para la acumulación de capital físico y humano

Es común que la población pobre soporte mayores dificultades de acceso al crédito por la presencia de altísimos costos de transacción y altas tasas de interés que hacen al crédito no rentable.

El costo del crédito aumenta por la presencia de selección adversa y riesgo moral unido al hecho de que los pobres carecen de garantías adecuadas.


La selección adversa ocurre porque el que otorga crédito no puede distinguir entre proyectos de mayor o menor riesgo.

Ante esa situación el prestamista se protege aumentando la tasa de interés

Así, la selección adversa puede ocasionar que algunos individuos que desean y son elegibles para obtener un préstamo enfrenten racionamiento del crédito.


El riesgo moral surge porque al no tener garantías, la población pobre tiene incentivos para poner un esfuerzo menor al necesario para un rendimiento óptimo y tomar decisiones más arriesgadas.

Por ello, el que otorga créditos ve necesario subir la tasa de interés para compensar el mayor riesgo.


Asimismo, la pobreza y la desigualdad pueden afectar la acumulación de capital humano a través de varios canales.

Para las familias pobres la inversión puede ser poco atractiva sobre todo por el costo de oportunidad de los niños y jóvenes que pueden trabajar en el hogar o recibir remuneraciones en el mercado de trabajo.


La acumulación de capital humano puede verse afectada también por deficiencias en la nutrición en la edad temprana.

Estos niños tienen una mayor probabilidad de morir y su potencial de recuperación es limitado después de los dos años, por lo que tienden a seguir sufriendo de desnutrición en su vida adulta.

Desigualdad y restricciones para innovar

La adopción de nuevas tecnologías está influida por el stock de capital humano y la posibilidad de asegurarse contra el riesgo.

Por ejemplo, plantar una nueva especie de cultivo puede incrementar los ingresos pero también enfrentar al productor a mayores siniestros frente a situaciones climatológicas desfavorables o a los vaivenes del mercado.

Desigualdad y restricciones para innovar

Otra restricción a la innovación productiva y tecnológica surge porque la población pobre no tiene acceso a formas de aseguramiento.

Desigualdad, conflictos y violencia

La injusticia social y la falta de canales de participación política pueden llevar a estallidos sociales o incluso violencia sostenida, que afectan de manera negativa al crecimiento.

La injusticia social y la falta de canales de participación política pueden llevar a estallidos sociales o incluso violencia sostenida, que afectan de manera negativa al crecimiento. También se ha demostrado que la frustración asociada con la pobreza puede desembocar en comportamientos disfuncionales y males sociales, como delitos, alcoholismo, drogadicción, violencia doméstica, etc., que además de entrampar a la población pobre tiene altos costos económicos.

De acuerdo con un estudio, los costos de la violencia y el crimen en América Latina alcanzan alrededor de una décima parte del PIB regional.

La exclusión social está asociada (como causa y efecto) a la desigualdad de la distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades y a los menores precios y retornos que los grupos socialmente excluidos reciben de sus actividades productivas, muchas veces como resultado de abierta discriminación o porque la condición de exclusión impide explotar externalidades en la producción.

Los efectos de la exclusión y la discriminación en la situación socioeconómica pueden persistir a lo largo de las generaciones sin ser eliminados por las presiones competitivas del mercado

El único caso relativamente reciente en que hubo un cambio radical en los niveles de desigualdad económica es el de Cuba. Sin embargo, prácticamente a nadie se le ocurriría proponer una revolución armada para instalar un régimen socialista como solución a la desigualdad.

Entonces ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué la desigualdad extrema persiste a través de los siglos? Porque cuando pasamos a analizar el margen de maniobra de la acción en América Latina nos enfrentamos a los límites de la política. En general, en los países de la región estamos estancados en un pacto social disfuncional por no llamarlo perverso.

En parte, la disfuncionalidad del pacto social se refleja también en la presencia endémica de corrupción, la falta de transparencia, el fomento y protección del rentismo y la arbitrariedad.

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