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RECURSO DE APELACIÓN
ACTOR:
OMAR VERDUGO BARBA Y OTROS.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR.
TERCERO INTERESADO:
NO EXISTE.
EXPEDIENTE:
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS
ACUMULADOS.
MAGISTRADO PONENTE:
AUGUSTO RAÚL JIMÉNEZ BELTRÁN.
SECRETARIA:
MARISOL CERVANTES ARANDA.
La Paz, Baja California Sur, a diez de marzo de dos mil quince.
VISTOS, para resolver, los autos del recurso de apelación
identificado con número de expediente TEE-BCS-RA-008/2015
interpuesto por el C. Omar Verdugo Barba, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur,
y sus acumulados los expedientes identificados con número TEE-
BCS-JDC- 001/2015, TEE-BCS-JDC-002/2015, TEE-BCS-JDC-003/2015,
TEE-BCS-JDC-004/2015, TEE-BCS-JDC-005/2015 y TEE-BCS-JDC-
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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006/2015, relativos a los Juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, promovidos por los CC.
Benjamín De La Rosa Escalante, en su carácter de Aspirante a
Candidato Independiente para la elección de Gobernador para el
Proceso Local Electoral 2014-2015, Jorge Luis Godínes Orozco, en su
carácter de Aspirante a Candidato Independiente para la
elección de Gobernador del Estado para el Proceso Local Electoral
2014-2015, Baldemar Sicairos, es su carácter de Aspirante a
Candidato Independiente para la elección de Diputado por el
Principio de Mayoría Relativa al Distrito Electoral I para el Proceso
Local Electoral 2014-2015, José Lorenzo Cota Martínez, en su
carácter de Aspirante a Candidato Independiente para la
elección de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa al Distrito
Electoral III para el Proceso Local Electoral 2014-2015, María
Herlinda Torres Gutiérrez, en su carácter de Aspirante a Candidata
Independiente para la elección de Ayuntamiento del Municipio de
Mulegé para el Proceso Local Electoral 2014-2015, y Jorge Ramírez
Martínez, es su carácter de Aspirante a Candidato Independiente
para la elección de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa
al Distrito Electoral V para el Proceso Local Electoral 2014-2015,
mediante los cuales impugnan el Acuerdo identificado CG-0010-
FEBRERO-2015 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL QUE SE
DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE
PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y
SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES DE LOS PRECANDIDATOS,
CANDIDATOS, ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ASÍ
COMO EL LIMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2015, emitido por el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, en fecha
catorce de febrero de dos mil quince, y
R E S U L T A N D O
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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I. Antecedentes.- De la narrativa que la recurrente hace en su
escrito por el cual interpone Recurso de Apelación, así como de las
constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
1. Reforma constitucional en materia político-electoral. El diez de
febrero de dos mil catorce se publicó, en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral.
2. Reforma legal. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se
publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, los Decretos para
expedir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos.
3. Tope de gastos de campaña para la elección Gobernador del
Estado del año dos mil diez. El veintiocho de octubre de dos mil
diez, el Consejo General del entonces Instituto Estatal Electoral
aprobó el acuerdo CG-0042-OCTUBRE-2010, por el cual determinó
el tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado en
el dos mil diez, el cual fue de $9, 278,548.23 (nueve millones
doscientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos
23/100 M.N.).
4. Financiamiento público a distribuir entre los candidatos
independientes para el dos mil quince. El veintiuno de agosto de
dos mil catorce, mediante acuerdo CG-0007-AGOSTO-2014, el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral determinó las cifras
del financiamiento público a distribuir entre los candidatos
independientes para el dos mil quince.
6. Acuerdo controvertido. El catorce de febrero de dos mil quince,
se emitió el acuerdo identificado CG-0010-FEBRERO-2015 ACUERDO
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES
DE LOS PRECANDIDATOS, CANDIDATOS, ASPIRANTES Y CANDIDATOS
INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL LIMITE INDIVIDUAL DE LAS
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2015.
II. Recursos de apelación. El diecinueve de febrero de dos mil
quince, el Partido Acción Nacional, por conducto de sus
representantes ante el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral, presentó en Instituto escrito de demanda, a fin de
controvertir el acuerdo precisado en el apartado 6 (seis) del
resultado uno (l) que antecede.
III. Trámite y remisión de expedientes. Cumplido el trámite de los
recursos de apelación, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal
Electoral remitió, por oficios SE-IEEBCS-0312-2015, recibido en la
Secretaria General de este Tribunal, el día veintidós febrero de dos
mil quince, el escrito original de manada y anexos.
IV. Registro y turno a Ponencia. Mediante proveídos veintitrés de
febrero de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este Tribunal
acordó integrar el expediente identificado con número TEE-BCS-RA-
008/2015, con motivo del recursos de apelación precisado en el
resultando II que antecede.
En su oportunidad, el expediente fue turnado a la Ponencia del
Magistrado Augusto Raúl Jiménez Beltrán, para los efectos previstos
en el artículo 47, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur.
V. Radicación. Por acuerdo veinticuatro de febrero dos mil quince,
el Magistrado Instructor acordó la radicación, en la Ponencia a su
cargo, del recursos de apelación mencionado.
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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VI. Admisión. Mediante sendos acuerdos de cuatro de marzo de
dos mil quince, el Magistrado Instructor admitió las demandas de
los aludidos juicios para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano para su correspondiente sustanciación,
al considerar la satisfacción de los requisitos de procedibilidad en
cada caso.
Cabe precisar que en los acuerdos de admisión correspondiente a
los juicios para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano en los expedientes identificados con número TEE-
BCS-JDC- 001/2015, TEE-BCS-JDC-002/2015, TEE-BCS-JDC-003/2015,
TEE-BCS-JDC-004/2015, TEE-BCS-JDC-005/2015 y TEE-BCS-JDC-
006/2015, el Magistrado Instructor propuso al Pleno del Tribunal el
reencauzamiento de los mismos y la acumulación de los citados
medios de impugnación al diverso TEE-BCS-RA-008/2015, en razón
de que advirtió conexidad en la causa.
VII. Cierre de instrucción. Mediante acuerdos de nueve de marzo
de dos mil quince, al no existir diligencia alguna pendiente de
desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción,
en el recurso de apelación y en cada uno de los juicios para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano
precisados en el preámbulo de esta sentencia, con lo cual
quedaron en estado de resolución, ordenando formular el
respectivo proyecto de sentencia, y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia.- Este Tribunal Estatal Electoral de Baja
California Sur, es competente para conocer y resolver este asunto,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV,
incisos b) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1º, 2, 36, base V y 36 BIS, de la Constitución Política del
Estado de Baja California Sur; 1, 2, 9, 10 fracción II, 12 fracción III y
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61 párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California
Sur; así como el artículo 1, 5, fracción X y XII y 13, fracción I, del
Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral de Baja California
Sur, respecto de los juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano es competente para conocer y
resolver este asunto, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 1º, 14, 17, 116, fracción IV, incisos b) y l), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1 y 25, de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14, párrafo 1,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 2, 7, 28,
36, base V y 36 BIS, de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur; 1, 2, 9, y 61, párrafo segundo de la Ley del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de
Baja California Sur; así como el artículo 1, 5, fracción I y III y 12,
fracción I del Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral de
Baja California Sur, ya que, de los citados ordenamientos se
desprende que las entidades federativas garantizarán que se
establezca un sistema de medios de impugnación para que todos
los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al
principio de legalidad y garantizará la protección de los derechos
políticos de los ciudadanos; y que este Tribunal Electoral resolverá
en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y
resoluciones que violen derechos político-electorales de los
ciudadanos a votar, a ser votado y a la afiliación libre y pacífica
para tomar parte en los asuntos políticos del Estado, y que en esa
función se garantizará que los actos y resoluciones que emita, se
sujeten invariablemente a los principios que rigen a la función
electoral conforme a la legislación electoral aplicable.
Ahora bien, el hecho de que la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California
Sur, no prevea expresamente en su catálogo de medios de
impugnación uno que tenga por denominación juicio o recurso
para la protección de los derechos político-electorales del
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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ciudadano, es evidente que la Constitución Política del Estado de
Baja California Sur, faculta al Tribunal Electoral para que resuelva
controversias respecto a la vulneración de los derechos de esa
naturaleza, ello además que, de una interpretación gramatical,
sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene
derecho a la garantía de audiencia, así como a una tutela judicial
efectiva, y para garantizar tales derechos constitucionales, entre
otros aspectos, el gobernado debe tener certeza respecto a las
vías jurisdiccionales y formalidades procesales de los medios de
impugnación para combatir actos o resoluciones de autoridades
que considere, le vulneren su esfera de derechos. Pues solamente
con esa certeza, puede garantizarse el derecho del gobernado
para acceder a la impartición de justicia gratuita, pronta y
expedita, como lo manda la propia Carta Fundamental.
Para tal efecto, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia
identificada con número 14/20141, y que es del tenor literal
siguiente:
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA
DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL
ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR
UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO.- De la interpretación sistemática y
funcional de lo previsto en los artículos 1, 14, 17, 41, base VI, 99,
116, fracción IV, inciso l), y 122, Base Primera, fracción V, inciso f),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8,
párrafo 1, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos; así como 14, párrafo 1, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, se desprende la obligación de
salvaguardar y maximizar el derecho fundamental de acceso a la
justicia y a la tutela judicial efectiva. Si en los Estados Unidos
Mexicanos todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
1 Quinta Época.- Contradicción de criterios. SUP-CDC-6/2013 .- Entre los sustentados por la
Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en
Toluca, Estado de México y la Sala Regional correspondiente a la Segunda
Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—23 de julio de 2014.—Unanimidad de seis
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Enrique Aguirre Saldivar.- La
Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de julio de dos mil catorce, aprobó
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
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principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, resulta inconcuso que todos los órganos
jurisdiccionales, en la esfera de sus atribuciones, deben proveer lo
necesario a fin de hacer realidad, en dichos términos y conforme
a tales principios, el derecho de acceso a la impartición de justicia
y a un recurso efectivo. En ese sentido, si en la Constitución o en
las leyes se establecen derechos pero no se regula expresamente
un procedimiento específico para su protección, tal circunstancia
no puede implicar la ineficacia de lo previsto en los referidos
preceptos constitucionales e instrumentos internacionales en la
materia suscritos por el Estado mexicano, toda vez que las normas
relativas a los derechos humanos se deben interpretar de
conformidad con dichos ordenamientos, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia, lo que conlleva
el deber de adecuar las normas y prácticas internas a efecto de
garantizar tales derechos. Por tanto, en aquéllos casos donde en
la normativa electoral local no se prevea una vía idónea para
controvertir ciertos actos o resoluciones, la autoridad electoral
estatal o del Distrito Federal competente deberá implementar un
medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las
formalidades esenciales del debido proceso, a fin de abocarse en
plenitud de jurisdicción al conocimiento y resolución del asunto;
en su defecto, si el caso fuera planteado ante alguna de las Salas
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ésta
deberá ordenar su reencauzamiento a la instancia jurisdiccional
local que corresponda, a efecto de que proceda en los términos
indicados. Lo anterior, porque el procedimiento tiene
básicamente carácter instrumental y dicha insuficiencia adjetiva
no podría constituir un obstáculo de tal entidad que privara a los
gobernados de la posibilidad de defender sus derechos a través
de la garantía de acceso a la justicia efectiva, aunado a que
dicha postura es acorde con una interpretación que favorece la
protección más amplia a las personas y privilegia la garantía del
citado derecho fundamental conforme a los principios pro
persona y pro actione. Tal medida coadyuva, además, al debido
funcionamiento del sistema integral de justicia electoral, que tiene
como uno de sus principales objetivos el que todos los actos y
resoluciones en la materia se ajusten invariablemente a los
principios de constitucionalidad y legalidad.
Sin duda, lo anterior debe entenderse como una aplicación
práctica del principio pro persona en los asuntos que sean del
conocimiento de este órgano jurisdiccional especializado, para
ello, es importante precisar a qué nos referimos cuando se habla
del principio pro persona, es decir, su contenido y alcance, este
principio es, un criterio hermenéutico que informa todo el derecho
de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la
norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se
trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la
norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo
fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar
siempre a favor del hombre.2
Todas las personas son titulares de todos los derechos, por lo que
pueden exigir su protección de forma directa e inmediata ante las
autoridades competentes, dicha afirmación se ha concretado en
el principio derecho a la igualdad, consagrado tanto en nuestra
Constitución como en distintos tratados internacionales, y es
obligación de las autoridades de respetarlos, protegerlos,
promoverlos y garantizarlos.
Consecuentemente, el principio pro persona es un mandato
general de interpretación favorable que coexiste con otros
mandatos específicos. Es claro que, en el análisis del principio pro
persona en el marco de la interpretación de normas, este órgano
garantizara el respeto y protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos, favoreciendo en todo tiempo a los
ciudadanos en la protección más amplia, como lo dispone el
artículo 1º, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de manera explícita “las normas de
derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con esta
Constitución y los tratados internacionales en la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia”.
SEGUNDO. Del reencauzamiento. Se tuvo por recibidos los Recurso
de Apelación, vistos los escritos de demanda y en razón de que la
pretensión de los actores, está referida al derecho político-electoral
del actor de ser votado, pues su interés es postularse como
candidatos independientes, lo conducente es decretar el
2 Mónica Pinto, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la
regulación de los derechos humanos”, en Martín Abregú y Christian Courtis (comps.), La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos
Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales/Editores del Puerto, 1997.
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reencauzamiento para ser resueltos vía Juicios para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
TERCERO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda
presentados por los recurrentes, se advierte lo siguiente:
1. Acto impugnado. En cada uno de los escritos de apelación se
controvierte el acuerdo identificado CG-0010-FEBRERO-2015
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL
FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES
DE LOS PRECANDIDATOS, CANDIDATOS, ASPIRANTES Y CANDIDATOS
INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL LIMITE INDIVIDUAL DE LAS
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2015,
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, en fecha catorce de febrero de dos mil quince.
2. Autoridad responsable. En los escritos se señala como autoridad
responsable al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur.
En ese contexto, al ser evidente que existe identidad en el acto
impugnado y en la autoridad señalada como responsable, resulta
inconcuso que existe conexidad en la causa; por tanto, a fin de
resolver los mencionados medios de impugnación, en forma
conjunta, congruente, expedita y completa, conforme a lo previsto
en los artículos 38, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur y 32 del
Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional especializado, lo
conducente es decretar la acumulación los juicios para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEE-
BCS-JDC- 001/2015, TEE-BCS-JDC-002/2015, TEE-BCS-JDC-003/2015,
TEE-BCS-JDC-004/2015, TEE-BCS-JDC-005/2015 y TEE-BCS-JDC-
006/2015, al diverso recurso identificado con número de
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expediente TEE-BCS-RA-008/2015, por ser éste el que se recibió
primero en la Secretaria General de este Tribunal.
Por lo anterior, se debe glosar copia certificada de los puntos
resolutivos de esta sentencia a los expedientes de los recursos
acumulados.
CUARTO. Conceptos de agravio correspondientes el expediente
TEE-BCS-RA-008/2015. El Partido Acción Nacional hace valer los
siguientes conceptos de agravio:
Que la responsable violenta los principios de legalidad, certeza y
equidad que deben de regir el actuar de la autoridad
administrativa electoral en la emisión de sus resoluciones,
infringiendo los artículos 51, 56, párrafo 2 de la Ley General de
Partidos Políticos, al calcular los límites del financiamiento privado
en su vertiente de Aportaciones de Militantes, utilizando el
financiamiento público para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes de los partidos políticos para el año 2015,
sin la ratificación ordenada en el acuerdo CG-0007-AGOSTO-2015 y
sin la actualización de las variantes utilizadas en la fórmula para el
cálculo de dicho financiamiento.
QUINTO. Conceptos de agravio correspondientes a los expedientes
TEE-BCS-JDC- 001/2015, TEE-BCS-JDC-002/2015, TEE-BCS-JDC-
003/2015, TEE-BCS-JDC-004/2015, TEE-BCS-JDC-005/2015 y TEE-BCS-
JDC-006/2015, los CC. Benjamín De La Rosa Escalante, Jorge Luis
Godínes Orozco, Baldemar Sicairos, José Lorenzo Cota Martínez,
María Herlinda Torres Gutiérrez y Jorge Ramírez Martínez, hacen valer
los siguientes conceptos de agravio:
Que el acuerdo combatido esta apartado de la legalidad
contraviniendo los más elementales derechos de nuestras leyes, ya
que dispone que los candidatos independientes tienen que realizar
aportaciones propias en la etapa de captación del voto, no
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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obstante que dicha etapa ya finalizó, y aun así la menciona en el
acuerdo que emite.
SEXTO. Método de estudio. En primer lugar, se debe precisar que
este órgano jurisdiccional considera que, por razón de método, los
conceptos de agravio hechos valer por los recurrentes serán
analizados de forma conjunta y en orden distinto al planteado en
cada uno de los escritos de demanda, sin que ello genere agravio
alguno.
El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por la
Sala Superior, lo cual dio origen a la tesis de jurisprudencia
identificada con la clave 04/2000, consultable a foja ciento
veinticinco, de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en
materia electoral", tomo "Jurisprudencia" Volumen 1 (uno), de este
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y
texto son al tenor siguiente:
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable
de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su
conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno
y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no
causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación
del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios
se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo
trascendental, es que todos sean estudiados.
En este entendido, este Tribunal analizará los conceptos de agravio
de la siguiente forma:
La falta de ratificación del acuerdo CG-0007-AGOSTO-2014,
por parte de la nueva integración del Consejo General, por
ende la referida actualización de la cantidad
correspondiente al tope gastos de campaña en la elección
de Gobernador del Estado inmediata anterior para el cálculo
del tope de financiamiento privado que pueden obtener los
partidos políticos, así como el límite de las aportaciones.
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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SÉPTIMO. Estudio del fondo de la litis. Conforme a la temática antes
expuesta, a continuación se hace el estudio del fondo de la litis.
En cuanto a la aplicación del artículo 56, párrafo 2, de la Ley
General de Partidos Políticos, el Partido Acción Nacional aduce
como conceptos de agravio lo siguiente, la falta de ratificación
ordenada en el acuerdo CG-0007-AGOSTO-2015 y sin la
actualización de las variantes utilizadas en la fórmula para el
cálculo de dicho financiamiento.
En este tenor, ante pluralidad de argumentos, corresponde a este
órgano jurisdiccional determinar, con la mayor exactitud posible,
cuál es la verdadera intención del promovente; por tanto se ha de
atender preferentemente la intencionalidad implícita en las
manifestaciones de lo que se duele y no sólo a lo que literalmente
se dijo.
El mencionado criterio ha dado origen a la tesis de jurisprudencia,
identificada con la clave 04/99, consultable a foja cuatrocientas
cuarenta y cinco a cuatrocientas cuarenta y seis de la
"Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia
electoral", volumen 1 (uno), intitulado "Jurisprudencia", publicada
por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo
rubro es al tenor siguiente: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL
ACTOR".
A juicio de este órgano resolutor, se debe entender que el Partido
Acción Nacional, en este particular, aduce que el cálculo se basó
en un financiamiento que adolece de legalidad y que no es
definitivo, ya que en su concepto, el acuerdo por el cual se aprobó
el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015, está sujeto a
ratificación por parte de la nueva integración del Consejo General,
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lo que en su concepto no han cumplido los nuevos consejeros
electorales.
Los actos jurídicos emitidos por el Consejo General en base al
presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal 2015 son
legítimamente válidos, pues ellos fueron decretados en su
oportunidad por la autoridad legítimamente constituida y en el
ejercicio de sus atribuciones.
En este orden de ideas, el Partido Acción Nacional señala que si su
límite al financiamiento público fue aprobado en 2014, y no en el
año en que se entrega a los partidos políticos, dicho
financiamiento debió actualizarse en el mes de enero de la
presente anualidad, tomando en consideración diversas variables
o elementos necesarios para esa determinación.
No obstante, al aplicar los topes y porcentajes previstos en el
artículo 56, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, no se
garantiza que pueda recibir una cantidad actualizada, por ende, a
juicio del apelante, ese precepto legal no se debe aplicar, ante la
falta de ratificación del acuerdo donde se señalan los montos para
realizar los cálculos.
Al respecto, este Tribunal considera que son infundados los
conceptos de agravio aducidos por el partido político apelante,
como se razona en seguida.
En este sentido, el Partido Acción Nacional aduce que en el
Acuerdo identificado CG-0010-FEBRERO-2015 ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL
FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES
DE LOS PRECANDIDATOS, CANDIDATOS, ASPIRANTES Y CANDIDATOS
INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL LIMITE INDIVIDUAL DE LAS
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2015,
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, en fecha catorce de febrero de dos mil quince, se
aplicó el artículo 56, párrafo 2, de la Ley General de Partidos
Políticos que, a su juicio, sin haber sido ratificado el acuerdo por la
nueva integración y sin considerar una actualización.
A juicio de este Tribunal, se deban declarar infundados los
conceptos de agravio aducidos por el apelante respecto de la
alegada aplicación del artículo 56, párrafo 2, de la Ley General de
Partidos Políticos, pues esa norma cumple a cabalidad la exigencia
impuesta por el Constituyente, en el sentido de que el
financiamiento público a los partidos políticos debe prevalecer
respecto del privado, norma que se emitió con base en la reserva
de Ley prevista en la propia Constitución general, y que además se
calcula en base a un acuerdo emitido por la autoridad
administrativa electoral que en ese momento se encontraba
legamente establecida y que en base a las atribuciones y
competencias que le concede la ley emitió un acuerdo, que en
concepto de este órgano jurisdiccional, es definitivito, toda vez
que, dentro de los puntos de acuerdo no menciona, ni señala la
orden de ratificación por parte de quienes actualmente ejercen la
función de consejeros electoral e integran el Consejo General.
Ahora bien, suponiendo sin conceder, a mayor abundamiento, se
debe destacar que, conforme al artículo 53 de la Ley General de
Partidos Políticos, el financiamiento privado no sólo se compone de
aportaciones de militantes, simpatizantes, precandidatos y
candidatos, reguladas en el numeral 56, sino que, además, los
partidos políticos pueden recibir otro tipo de financiamiento no
público, como es el autofinanciamiento y los rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos, por lo que resulta conforme a
Derecho que el legislador hubiera establecido ciertos límites a
cada una de las modalidades del financiamiento no público, lo
que no se puede considerar contrario a lo previsto en el artículo 41,
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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párrafo segundo, base II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En este orden de ideas, en la correcta interpretación de los
preceptos que sustentan el acuerdo impugnado se debe hacer en
función de lo previsto en el artículo 56, de la misma Ley de Partidos
Políticos, y si el legislador hubiera querido hacer variables
dependientes, las hubiera integrado en un mismo precepto.
En este orden de ideas, este órgano resolutor, considera que la
interpretación y aplicación de las aludidas disposiciones es
conforme a Derecho.
Así las cosas, no se puede exigir que el acuerdo emitido por la
autoridad deba estar sujeto a la ratificación de un acuerdo que es
definitivo y que ha surtido los efectos legales correspondientes, y
que es deber de esa autoridad pronunciarse en base a los
preceptos legales aplicables sobre los límites del financiamiento
privado.
En consecuencia al establecer lo anterior, no se merma
indebidamente las finanzas de los partidos políticos, en tanto que
se debe ajustar, como ya se señaló, a toda la normativa aplicable,
como es el no sobrepasar el límite máximo permitido para el total
de aportaciones, previsto en el inciso a), párrafo 2, del artículo 56
de la Ley General de Partidos Políticos o cualquier otra disposición,
como es un límite individual, la entrega de comprobante, que la
aportación quede documentada, etcétera.
Por tanto, tampoco es dable aceptar, como lo aduce el Partido
Acción Nacional, que el porcentaje con base en el cual se fija el
límite al financiamiento privado se calcule realizando una
actualización sobre variables y elementos necesarios para
determinar un nuevo monto.
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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Por otro lado, tampoco asiste razón al apelante en cuanto a que la
autoridad responsable debió ratificar un acuerdo emitido por la
anterior integración, toda vez que, la referida ratificación de la que
se hace mención es vertida dentro de los considerandos, y se
advierte por este órgano resolutor que la misma no esta
considerada como punto de acuerdo, es decir, no se sujeta a una
ratificación por parte de quienes actualmente integran el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur..
En concepto de Tribunal no asiste razón al apelante, en tanto que
como ha quedado señalado, el acuerdo impugnado se sustenta
en el artículo 56, al establecer los límites del financiamiento privado.
Ahora bien, relativo a los esgrimidos por los ciudadanos en sendos
escritos de demanda, lo conducente sería que este Tribunal se
pronunciara respecto del límite de aportaciones que el candidato
independiente y sus simpatizantes podrán aportar a su propia
campaña.
Por lo anterior, resulta necesario de manera previa señalar que, los
ciudadanos tienen derecho a solicitar el registro para participar
como candidatos independientes en las elecciones
constitucionales, siempre que cumplan con las condiciones que
establezcan la ley, según lo prevé el artículo 35 de la Constitución.3
Las elecciones constitucionales, en las que pueden participar los
candidatos independientes junto a los candidatos partidistas serán
auténticas,4 lo cual, en concepto de este Tribunal requiere, entre
otros aspectos, una participación libre y una competencia comicial
equitativa.
3 3 Artículo 35.- Son derechos del ciudadano: II. Poder ser votado para todos los cargos de
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a […] así como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 4 4 Constitución. Artículo 41.- […]. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes
bases:
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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Para garantizar la defensa de una contienda equitativa, conforme
a los artículos 393 y 396 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales,5 se reconoce a los competidores en el
proceso, específicamente a los partidos y a los candidatos
independientes, entre otros, el derecho legal expreso de obtener
financiamiento público y privado, en los términos de esta Ley.
Asimismo, el artículo 1º de la Constitución establece que en los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección…, y que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos..., además de que el Estado deberá… reparar
las violaciones.6
Asimismo, dicho derecho a obtener financiamiento público y
privado debe ser efectivamente garantizado por las leyes o
reglamentos correspondientes, a través del reconocimiento
expreso de los derechos de éstos, pues sólo de esa manera se hará
5 5 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 393. 1. Son prerrogativas y derechos de los Candidatos Independientes
registrados: a) Participar en la campaña electoral correspondiente y en la elección al
cargo para el que hayan sido registrados; b) Tener acceso a los tiempos de radio y
televisión, como si se tratara de un partido político de nuevo registro, pero en forma
proporcional al tipo de elección de que se trate, únicamente en la etapa de las
campañas electorales; c) Obtener financiamiento público y privado, en los términos de
esta Ley; d) Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los términos
de esta Ley; e) Replicar y aclarar la información que generen los medios de
comunicación, cuando consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos
falsos o sin sustento alguno; f) Designar representantes ante los órganos del Instituto, en los
términos dispuestos por esta Ley; 6 Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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efectivo el derecho a ser candidato independiente, en lo referente
a su intervención frente a las autoridades y defensa de sus
intereses.
Ahora bien, la lectura funcional y constitucional de este derecho,
tiene la implicación jurídica de que los candidatos independientes
cuenten, a su vez, con los derechos necesarios para garantizar
jurídicamente la intervención y defensa efectiva de su
participación en la contienda electoral y los procedimientos
correspondientes.
Este órgano jurisdiccional advierte, que los promoventes en sus
escritos de demanda refieren sus agravios respecto del
financiamiento púbico, no así al financiamiento privado motivo del
acuerdo identificado CG-0010-FEBRERO-2015 ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL
FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES
DE LOS PRECANDIDATOS, CANDIDATOS, ASPIRANTES Y CANDIDATOS
INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL LIMITE INDIVIDUAL DE LAS
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2015,
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, en fecha catorce de febrero de dos mil quince,
acuerdo objeto de estudio en presente asunto, en virtud de lo
anterior, este Tribunal se pronuncia en los siguientes términos:
Se determina que, en el presente asunto y atendiendo a los
expresado por los ciudadanos en sus escritos de demanda, sus
pretensiones de interés jurídico al interponer un medio de
impugnación en contra de del acuerdo multicitado y emitido por
la autoridad administrativa electoral local, ya que para ello, es
necesario que quienes promuevan deben poseer un derecho
subjetivo jurídicamente tutelado y sufra la posterior violación del
mismo, por lo que para establecer cuál es el derecho
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jurídicamente protegido, debe estarse a la naturaleza del acto que
se reclama.
Lo anterior, toda vez que, quienes promueven lo hacen en su
carácter o con la calidad de aspirantes ciudadanos, es decir, aún
no se encuentran bajo el supuesto o la hipótesis jurídica de tener la
calidad de candidatos intendentes, así, cuando el acto reclamado
no depare perjuicio alguno a los promoventes en su esfera jurídica
de manera actual y real porque no le causa, un agravio personal y
directo se dice que no le afecta su interés jurídico, o sea, que en la
actualidad los ciudadanos aún no alcanzan o han adquirido el
carácter de candidatos independientes, es decir, no son titulares
de los derechos subjetivos públicos violados y por lo tanto el acto
reclamado no vaya dirigido contra él, toda vez que, como se ha
manifestado en líneas anteriores los promoventes tienen el carácter
de aspirantes a candidatos independientes, y el acto que
reclaman refiere a los límites del financiamiento privado que
podrán recibir los candidatos independientes, por lo que bajo ese
supuesto el acto de autoridad en el presente no le afecta, caso
contrario sería que en la actualidad al haber alcanzo su pretensión
de ser postulado como candidato independiente, efectivamente
tuviera esa calidad o carácter al promover un medio de
impugnación en contra del acuerdo por el cual se determinan los
límites del financiamiento privado que podrán recibir los
candidatos independientes.
Por lo tanto, del análisis referido este órgano jurisdiccional
determina que al no encontrarse bajo el supuesto de afectación
de la esfera de sus intereses, sus pretensiones devienen infundadas.
De manera que, el órgano juridicial al emitir la presente resolución,
no genera un perjuicio, es decir, los ciudadanos que en un
momento determinado adquieran la calidad o el carácter de
candidatos independientes, estarán en posibilidad de recurrir o no
el multicitado acuerdo por medio del cual se establecieron los
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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límites del financiamiento privado que pueden recibir los
candidatos independientes.
Aunado a lo anterior, puede estimarse que la afectación al interés
jurídico se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente
colectivo que, de manera abstracta, tiene interés en que el orden
jurídico actúe de manera efectiva; lo que implica que se hable de
un interés legal colectivo pero en el entendido en que la
afectación individual sólo podrá darse en la medida en que se
forme parte de una colectividad interesada, pues de lo contrario se
estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple.
Derivado de los razonamientos vertidos por éste órgano
jurisdiccional, en la presente resolución, consecuentemente, en
mérito de lo determinado, lo que procede es confirmar, en la parte
conducente, el acuerdo impugnado.
Por lo expuesto y fundado, se
R E S U E L V E
PRIMERO. Se decreta el reencauzamiento en razón de que la
pretensión de los actores, está referida al derecho político-electoral
de ser votado, pues su interés es postularse como candidatos
independientes, para atenderse en la vía de Juicios para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
SEGUNDO. Se acumulan los juicios para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano identificados con los
números de expedientes ciudadano TEE-BCS-JDC- 001/2015, TEE-
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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BCS-JDC-002/2015, TEE-BCS-JDC-003/2015, TEE-BCS-JDC-004/2015,
TEE-BCS-JDC-005/2015 y TEE-BCS-JDC-006/2015, al diverso TEE-BCS-
RA-008/2015. En consecuencia, se debe glosar copia certificada
de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente del
recurso acumulado.
TERCERO. Se declaran infundadas las pretensiones de los
ciudadanos por lo vertido en el considerando séptimo de la
presente resolución.
CUARTO. Se declaran infundados los agravios esgrimidos por el
Partido Acción Nacional.
QUINTO. Se confirma el Acuerdo identificado CG-0010-FEBRERO-
2015, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, en fecha catorce de febrero de dos mil quince, y
por ende quedan firmes los límites del financiamiento privado que
podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes,
las aportaciones de los precandidatos, candidatos, aspirantes y
candidatos independientes, así como el limite individual de las
aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2015.
NOTIFÍQUESE, en términos de ley.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto
concluido y devuélvase la documentación correspondiente.
TEE-BCS-RA-008/2015 Y SUS ACUMULADOS
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Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, los Magistrados que
integran el H. Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Baja California
Sur, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOAQUÍN MANUEL BELTRÁN QUIBRERA
MAGISTRADO ELECTORAL
CARLOS EDUARDO VERGARA MONROY
MAGISTRADO ELECTORAL
AUGUSTO RAÚL JIMÉNEZ BELTRÁN
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
GUILLERMO GREEN LUCERO