Históricamente el Estado colombiano ha utili-zado de manera recurrente –bien sea directamen-te o a través del estímulo y tolerancia de grupos ilegales– estrategias represivas que incluyen des-de las detenciones arbitrarias y las sindicaciones de terrorismo hasta la elaboración de listas ne-gras y la eliminación física de miembros de la co-munidad universitaria, con el objetivo de silenciar las voces críticas e implementar una política de homogeneización del pensamiento1, limitando por esta vía la libertad de cátedra y la vocación pluralista del Alma Mater.

Un poco de historiaUno de los primeros crímenes con que se in-

auguró en las décadas recientes las agresiones contra la comunidad universitaria, fue el cometido contra el abogado y profesor de la Universidad Nacional Alberto Alava Montenegro, el 20 de agosto de 1982. Reconocido por su compromiso con la defensa de los presos políticos este cate-drático fue asesinado por miembros de los escua-drones del naciente MAS (Muerte a Secuestrado-res), una de las organizaciones pioneras de los grupos paramilitares, que contó en sus orígenes

con el auspicio de narcotraficantes y sectores li-gados a las Fuerzas Militares.

Con el asesinato del profesor Alava se inicia un largo ciclo de agresiones a la comunidad univer-sitaria que tendrá en 1987 uno de sus momentos más críticos: En la madrugada del 14 de agosto, en su propia casa y a escasas cuadras de la IV Brigada de Medellín, fue acribillado delante de su esposa y algunos de sus hijos, el catedrático de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Pedro Luis Valencia. El docente que en ese momento se desempeñaba como parlamentario de la Unión Patriótica (una organización político-legal amplia con perfiles de izquierda) se disponía a participar en una mani-festación pacífica por el derecho a la vida, orga-nizada por los estudiantes de la Universidad de Antioquia.

El 25 de agosto del mismo año fue asesinado el dirigente magisterial de Antioquia y presiden-te de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Luis Felipe Vélez. Ese mismo día, once horas más tarde, muy cerca del lugar del crimen, fueron acribillados Héctor Abad Gómez y Leo-nardo Betancur Taborda. El primero, un desta-

reconstrUyendo memoria: Universidad pública y persecUción al pensamiento crítico* Porque hay y ha habido

quien creyó y cree que, asesinando personas, asesina también los pensamientos y los sueños que en veces son palabras y en veces son silencios. Quien así cree en realidad teme. Y su temor adquiere el rostro del autoritarismo y la arbitrariedad. Y en la resaca de la sangre busca la máscara de la impunidad y el olvido.No para que todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrá de nuevo hacer actuar su temor sobre los que le son diferentes.Sub comandante Marcos

Universidad Pública

Memoria

ue

q ho al

cs eo m

m o

o ss [...]

Colombia, septiembre de 2014 Número Cero

1

Alberto Alava MontenegroPedro Luis ValenciaJorge Freytter

cado investigador en el campo científico de la medicina preventiva desarrollaba una importante labor en defensa de los derechos humanos, mien-tras que el segundo ejercía la vicepresidencia de la mencionada Asociación de Institutores.

En el último trimestre de 1987 la lista de pro-fesores y estudiantes asesinados se amplió: en el mes de octubre fue asesinado el candidato presi-dencial de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal quien era también un ilustre jurista y maestro de la Universidad Nacional; a este crimen siguió el de Luz Marina Rodríguez, estudiante de Quími-ca y Farmacia de la Universidad Nacional, sede Medellín; Rodrigo Guzmán Martínez, vicepre-sidente de la Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes de la seccional Antioquia; Orlando Castañeda Sánchez, estudiante de VIII semestre de la Facultad de Medicina de la Univer-sidad de Antioquia; Francisco Gaviria Jaramillo, estudiante de último año de Comunicación Social de esta misma universidad y Luis Fernando Vélez Vélez, docente e investigador de la Universidad de Antioquia2

En la comisión de estos delitos estuvieron vincu-lados miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares colombianas, escuadrones paramilita-res organizados y financiados por hacendados, narcotraficantes así como políticos nacionales y regionales. No obstante, la gravedad de estos hechos, a la fecha muchos de estos crímenes per-manecen en la impunidad, y aunque en los años

inmediatamente siguientes las agresiones contra la comunidad universidad parecieron disminuir muy pronto recobraron la dinámica del período anterior.

En el año de 1999 la comunidad universitaria se vio estremecida por el asesinato de tres do-centes universitarios, vinculados todos a la investi-gación en el campo las ciencias Sociales y espe-cíficamente con los temas del Conflicto armado y social colombiano: fueron ellos, el antropólogo Hernán Henao, docente-investigador de la uni-versidad de Antioquia (Medellín); Jesús Antonio Bejarano, catedrático de la Universidad Nacio-nal y Darío Betancur profesor de la Universidad Pedagógica Nacional3. Este último fue desapare-cido el 30 de abril de 1999 y meses después fueron hallados sus restos en un alejado paraje de la capital.

la “segUridad democrática” y los “montajes jUdiciales”

contra profesores UniversitariosLa aplicación de la mal llamada política de

“Seguridad Democrática” del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) incrementó la vio-lación de los derechos humanos en el país y propi-ció el fortalecimiento de un esquema de gobierno autoritario desde el que se pretendió acallar las voces críticas a través de los “montajes judiciales” realizados contra algunos dirigentes de la oposi-ción y profesores universitarios como en el caso de los docentes William Javier Díaz, Miguel Án-gel Beltrán, Fredy Julián Cortés, y la socióloga y activista de derechos humanos Liliany Obando4, quien todavía se encuentra privada de la libertad, utilizando en su contra pruebas ilícitas e ilegales.

A finales del 2008 un fiscal especializado de Bogotá dispuso que se revisaran las hojas de vida de estudiantes y docentes de diferentes universi-dades públicas del país (desde 1992) con el fin de investigar posible infiltrados de organizacio-nes guerrilleras en las Universidades Públicas; a tiempo que la ministra de educación de ese momento, Cecilia María Vélez, afirmaba en el Congreso que por orden presidencial la fuerza pública ingresaría al campus cada vez que fuese necesario para “garantizar la seguridad de los estudiantes”.

Esta sistemática persecución y silenciamiento del pensamiento crítico en las universidades pú-blicos, tuvo un doloroso antecedente en el crimen del profesor Jorge Freytter quien en los días pre-vios a su asesinato fue investigado judicialmente bajo una falsa acusación de inasistencia alimen-taria; días después se reportó su desaparición y tras ser torturado fue finalmente asesinado. Este homicidio –“se suma a una serie de crímenes que se cometieron contra miembros de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, que

ue

q ho al

cs eo m

m o

o ss [...]

2Héctor Abad Gómez

Leonardo Betancur TabordaLuis Felipe VélezJaime Pardo Leal

Jesús Antonio Bejarano,Darío Betancur

han manifestado ser opositores de las últimas ad-ministraciones y que se caracterizaron por denun-ciar irregularidades y situaciones de corrupción al interior de esta institución educativa”5(pág. 101)

La detención y posterior muerte del profesor de las Universidades del Norte y “Simón Bolívar”, Alfredo Correa de Andreis, de la cual conmemo-raremos 10 años, el próximo 17 de septiembre, es un grave suceso en esta dolorosa cadena de agresiones contra la comunidad universitaria. Co-rrea, quien además de sociólogo era ingeniero fue acusado de ser un importante ideólogo de las FARC y judicializado por el supuesto delito de

“rebelión”. Al no encontrarse pruebas en su contra recuperó su libertad y pocas semanas después fue asesinado. Tanto en este caso, como en el del profesor Jorge Freytter, se demostró la participa-ción directa de agentes del Estado Colombiano.

el gobierno de santos y la persecUción

a la Universidad públicaPese a la apertura de caminos de paz con

la insurgencia armada, el actual presidente Juan Manuel Santos ha mantenido en pie algunos pos-tulados de la política de “Seguridad Democrática” de la administración anterior, en la cual se desem-peñó como ministro de Defensa, viendo compro-metida su responsabilidad en actos que merecie-ron el rechazo de la opinión pública nacional e internacional como los llamados “Falsos positivos” y la “Operación Fenix” desarrollada en el vecino territorio del Ecuador y que cobró la vida del jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes.

Algunos estudiantes y profesores que se movi-lizaron en contra del nefasto proyecto de reforma a la ley de educación superior impulsado por el gobierno nacional y que finalmente fue derrota-do, se hallan hoy privados de la libertad en dife-rentes cárceles del país acusados de “rebelión” y

“concierto para delinquir”, mientras que otros han sido amenazados por grupos paramilitares. Los casos de Omar Alfonso Cómbita (miembro de la Federación de Educadores de Colombia -FECO-

DE), Omar Marín (integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU), Carlos Lugo (can-ta autor de música de protesta) y Jorge Eliécer Gaitán (miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU), quienes desde hace más de dos años se encuentran injustamente detenidos son representativos de esta persecución contra el pensamiento crítico.

En circunstancias similares se encuentran Eri-ka Rodríguez y Xiomara Torres, estudiantes de Química de la Universidad Pedagógica Nacio-nal; así como, Diego Alejandro Ortega y Cris-tian David Leiva, de las Universidades Distrital y del Valle respectivamente quienes junto al profe-sor Carlo Alexánder Carrillo, fueron falsamente incriminados en hechos delictivos, por un agente de inteligencia militar infiltrado en la comunidad universitaria.

Capturas irregulares que luego son legaliza-das por jueces “de garantías”; pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales, prin-cipios constitucionales e incluso tratados interna-cionales; evidencias adquiridas de manera ilegal; presiones para lograr la autoincriminación del sindicado; dilatación del proceso, constituyen el denominador común de estos montajes judiciales, que buscan silenciar las voces críticas, como suce-dió con la arbitraria detención del profesor Fran-cisco Toloza, a comienzos del presente año, en una clara afrenta a la academia, al movimiento social y popular, a la oposición política y a la po-sibilidad que en Colombia se abra paso una paz con verdadera justicia social, donde el derecho a ejercer la oposición sea una realidad. Esta misma modalidad de persecución ha sido aplicada con-tra reconocidos luchadores sociales como David Rabelo por su compromiso con la defensa de los derechos humanos; así como el dirigente sindical de Fensuagro Hubert Ballesteros, destacados vocero del movimiento nacional agrario.

Hoy los límites al legítimo derecho a la protesta social, así como los recortes a la libre expresión y los riesgos de investigar los temas del conflicto armado y social colombiano con una perspectiva crítica se han incrementado con nuevas modali-

ue

q ho al

cs eo m

m o

o ss [...]

3

William Javier Díaz,Liliany Obando4Miguel Ángel BeltránOmar Alfonso CómbitaDavid RabeloHubert Ballesteros

dades persecutorias como la que se viene ade-lantando desde la Procuraduría General de la Nación, organismo estatal que se ha convertido en un instrumento inquisitorial para reprimir las ex-presiones de la oposición y el pensamiento libre, buscando silenciar las por las vías disciplinarias las voces disidentes que no han podido acallar a través de los falsos positivos judiciales.

Hoy más que nunca se hace necesario levan-tar las banderas en favor de la Autonomía Uni-versitaria y la Libertad de Cátedra, que en 1918, enarbolara el movimiento universitario de Córdo-ba (Argentina) y que, desde entonces, se propa-garon por toda la América Latina. Principios que constituyen los ejes rectores de la Universidad Pública y que hoy están seriamente amenazados en Colombia por los inquisidores de la palabra y el pensamiento. La Reconstrucción de la memoria universitaria para no olvidar las víctimas del terro-rismo de Estado, es un paso importante en esta dirección y una garantía para la no repetición de estos dolorosos hechos que han pretendido deste-rrar el pensamiento crítico y la vocación pluralista de la Universidad Pública.•

notas* Miguel Ángel Beltrán Villegas. Profesor Universidad Na-

cional de Colombia. Miembro de la Asociación Sindical deProfesores Universitarios (ASPU)

1 En tal sentido, y ante la imposibilidad de abarcar el am-plio espectro de situaciones violatorias de los derechos humanos y fundamentales contra la comunidad universi-taria, haré referencia a algunos casos emblemáticos de docentes perseguidos y asesinados por su pensamiento crítico. Una versión más amplia de este texto puede en-contrarse en mi artículo: “Universidad Pública y Crimina-lización del Pensamiento Crítico” en Alexander Ugalde y Jorge Freytter (coord.). Presente y Futuro de Colombia en Tiempos de Esperanza. En Memoria al profesor Jorge Adolfo Freytter Romero. Universidad del País Vasco, 2011, pp. 133-150.

2 Andrea Aldana. “Recuerdo de otras Crisis” en ht tp://periodistasudea.com/quepasaudea/2010/recuerdos-de-otras-crisis/

3 El asesinato de estos tres académicos se sumó al de otros reconocidos investigadores sociales y defensores de De-rechos Humanos acaecidos en los meses anteriores; cabe mencionar aquí los crímenes contra Elsa Alvarado, Ma-rio Calderón, Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Ovalle

4 Además de los hechos mencionados, fue común la moda-lidad de los “falsos positivos”, o ejecuciones extrajudicia-les, consistentes en el ocultamiento de víctimas que han sido asesinadas por errores, extralimitación de la fuerza pública, o simplemente para que sus autores recibir un estímulo material por su lucha contra el terrorismo. Se trató generalmente campesinos inermes o de pobladores de bajos recursos, que hacían aparecer como guerrilleros dados de baja en combate.

5 Alirio Uribe, “La Impunidad en el Magnicidio de Jorge Adolfo Freytter Romero” en Alexander Ugalde y Jorge Freytter, Op. Cit., p. 101

ue q ho al cs eo m

m o

o ss [...] ue

q

h

o

a

l

c

s

e

o

m

m

o

o

s

s[...]

ue

qh

o

a

l

c

s

e

o

m

m

o

o

s

s

[...]

Universidad Pública

Memoria

ue

q ho al

cs eo m

m o

o ss [...]

4

Carlo Alexánder CarrilloCristian David Leiva,

Diego Alejandro OrtegaJaime Bueno

Erika RodríguezXiomara Torres

Francisco Toloza,