QUE MEDIOS DE PRESION EXISTEN PARA QUE SE AGAN CUMPLIR.Los derechos humanos son exigencias elementales que puede plantear

cualquier ser humano para que se le reconozca como persona.

Al presentar estas exigencias y al reconocerlas como derechos básicos,

estamos expresando que toda persona es digna del máximo respeto y

consideración.

La legislación internacional sobre derechos humanos reconoce y protege

los derechos de todos los ciudadanos. Cuando se ataca a los defensores

del medio ambiente, ciertos derechos tienden a ser violados con mayor

frecuencia que otros. La introducción breve a la legislación internacional

sobre derechos humanos que se presenta a continuación se concentra en

estos derechos en particular. Los defensores del medio ambiente cuyos

derechos civiles y políticos están siendo violados podrían presentar

denuncias buscando reparación de organismos regionales o

internacionales de derechos humanos. Una introducción breve a dichos

mecanismos también se presenta a continuación.

CUALES SON LOS ORGANOS JURISDICCIONALES INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOSEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el más alto órgano

jurisdiccional de la Unión. En colaboración con los juzgados y tribunales de

los Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme

del Derecho de la Unión. Está integrado por un juez procedente de cada

Estado miembro.

El Tribunal General conoce en primera instancia los asuntos no

reservados a los tribunales especializados o, directamente, al Tribunal de

Justicia. También conoce de los recursos contra las resoluciones (de

primera instancia) de los tribunales especializados. Está compuesto por al

menos un juez de cada

Estado miembro.

Pueden constituirse tribunales especializados en áreas determinadas.

Pueden conocer y resolver asuntos en primera instancia, con posibilidad

de recurso ante el Tribunal General.

Los órganos jurisdiccionales de la UE tienen su sede en Luxemburgo y

son instituciones multilingües. Puede utilizarse como lengua de

procedimiento cualquiera de las lenguas oficiales de la UE. Los órganos

jurisdiccionales de la UE han de observar el principio de multilingüismo por

la necesidad de comunicarse con las partes en la lengua del

procedimiento y de garantizar la difusión de su jurisprudencia en todos los

Estados miembros.

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la aplicación del Derecho de

la Unión no es función únicamente de los órganos jurisdiccionales de la

UE, sino también de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

Unos y otros velan conjuntamente por la aplicación e interpretación

correctas y uniformes del Derecho de la Unión.

Para resolver los litigios entre la UE y sus agentes (por ejemplo, en

materia de contratación, desarrollo de la carrera o seguridad social) se ha

creado un Tribunal de la Función Pública, compuesto por siete jueces.

El Tribunal de Justicia y el Tribunal General están asistidos por Abogados

Generales, que elaboran con total imparcialidad un dictamen jurídico antes

de la resolución de ciertos asuntos.

El Tribunal de Justicia de la UE no debe ser confundido con el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Este último no es un órgano

jurisdiccional de la UE, sino un tribunal creado en el marco del Consejo de

Europa por el Convenio Europeo de Derechos Humanos para velar por los

derechos y las libertades garantizadas en el Convenio. No obstante, la

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede tener

importante influencia en el Derecho de la Unión, pues los derechos

fundamentales garantizados en el Convenio citado constituyen también

principios generales del Derecho de la Unión Europea.

SI EN CENTROAMERICA EXISTEN ORGANOS JURISDICCIONALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOSDurante la celebración del Foro sobre «Los procesos de paz en

Centroamérica y las funciones de las Cortes de Constitucionalidad», en

Barcelona, en abril de 2001, al que asistieron presidentes y magistrados

representantes de las Cortes Supremas y de Constitucionalidad de

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se observó la

necesidad de avanzar en la formación continuada de jueces, letrados y

demás personal al servicio de la Administración de Justicia en materias

relacionadas con la justicia constitucional y la protección de los derechos

humanos. A tal efecto se propuso la creación de un Centro de Estudios y

Formación Constitucional Centroamericano (CEFCCA) y se suscribió una

declaración de intenciones (Declaración de Barcelona) a propuesta del

Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana (ICCI), con el acuerdo de

presentar el proyecto a las instituciones de Cataluña y así hacer efectiva

su viabilidad. El CEFCCA fue formalmente constituido en la reunión

celebrada en San José de Costa Rica, con la asistencia de representantes

de todas las Cortes Supremas y de Constitucionalidad actoras, además de

la Corte Suprema de Panamá, de la Secretaría de Relaciones Exteriores

de la Generalidad de Cataluña y del Consejo Consultivo de la Generalidad

de Cataluña. Se eligió como Director del CEFCCA al magistrado Luis

Fernando Solano Carrera, presidente de la Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Costa Rica. Posteriormente se puso en marcha la primera

fase del proyecto, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al

Desarrollo. En esa primera fase se han organizado jornadas de estudio y

reflexión en todos y cada uno de los países integrados en el proyecto,

centradas en el examen de los problemas propios de la justicia

constitucional y muy particularmente de su actuación como jurisdicción

constitucional de la libertad, para la tutela de los derechos fundamentales.

Estamos convencidos de que, dentro de las limitaciones propias de una

actividad tan modesta, nuestra aportación ha contribuido a la mejora del

sistema judicial de los diferentes países participantes y,

consecuentemente, al avance hacia la consecución de un Estado de

Derecho que sería inimaginable sin la presencia de un Poder Judicial

independiente sometido exclusivamente a la ley y al derecho. En el

presente volumen se recogen algunas de las intervenciones realizadas en

esas Jornadas, así como aportaciones sobre las distintas materias que

han sido objeto de debate y examen en ellas, elaboradas por prestigiosos

magistrados de las diferentes Cortes Supremas y de Constitucionalidad y

por los consejeros del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña

que participaron en su preparación y ejecución. Su contenido es una clara

demostración del elevado nivel científico que se ha alcanzado en la

Preparación y realización de las diferentes Jornadas, y constituye un

acicate para mejorar y profundizar el proyecto así iniciado durante los

próximos años.