PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO PERMANENTE DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FUERZAS

MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL (MPT)

La Mesa de Trabajo Permanente (MTP) del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, ha venido estudiando con suma preocupación los graves efectos causados por la guerra política y jurídica que en forma gradual y sistemática se ha venido desarrollando contra distintos agentes del Estado y particularmente contra miembros de nuestra fuerza pública, sin que hasta el momento se haya tenido una respuesta efectiva por parte del gobierno, y sobre todo, de las instituciones que han resultado mayormente afectadas.

Para empezar, haremos una referencia inicial a la forma como se manifiesta la guerra jurídica que hemos venido enfrentando en los últimos años, la cual no es otra cosa que el uso habilidoso de la normatividad jurídica existente, junto con la combinación de otros medios y distintas acciones contra miembros de la fuerza pública, para someterlos al cuestionamiento social y evitar el debido proceso, contra quienes por circunstancias del conflicto armado, puedan verse involucrados en posibles o supuestas conductas al margen de la ley.

Su propósito u objetivo fundamental, es el de obtener victorias psicológicas (guerra psicológica) contra militares y policías, a fin de desmotivarlos o desmoralizarlos, gradual y sistemáticamente, hasta lograr la pérdida total de su voluntad de lucha en el cumplimiento de sus misiones institucionales, fijadas claramente por la carta magna de la nación.

A base del engaño, la desinformación y otros artificios jurídicos, reconocidos colectivos de abogados, en alianza con algunos funcionarios judiciales y organizaciones de extrema izquierda radical, pretenden derrotar a la fuerza pública, sin necesidad de que esta sea confrontada en el campo de combate por los grupos armados ilegales. Tal circunstancia, por razones obvias, produce gravísimos efectos en la seguridad nacional, magnificando significativamente las distintas amenazas que nos acechan.

Mediante esta estrategia, simplemente lo que se busca es intimidar y minar la moral y espíritu de lucha de nuestros combatientes.

Como complemento de estas acciones, se conduce también la llamada guerra política, la cual se materializa por la acción sistemática y persistente de diferentes organizaciones nacionales y extranjeras en contra de las distintas instituciones del Estado. Sus principales actores corresponden a diferentes Ong’s que se identifican como supuestas defensoras de derechos humanos y otras de carácter político, algunas de estas, ampliamente comprometidas con la extrema izquierda radical o movimientos “socialistas o progresistas” de reciente aparición, tales como el llamado Foro de Sao Paulo o la Coordinadora Continental Bolivariana. De estas dos organizaciones, el grupo terrorista FARC, forma parte desde el momento mismo de su aparición.

En cuanto al Foro de Sao Paulo y la Coordinadora Continental Bolivariana, vale la pena recordar que desde el momento mismo de su creación, se tomó entre otras de sus decisiones, la determinación de actuar contundentemente para destruir la unidad, el prestigio y la moral de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la región, buscando el cambio de su identidad y la sustitución de su doctrina tradicional, por nuevos conceptos de su plataforma política (Socialismo Siglo XXI).

El caso más emblemático es el de Venezuela, donde se obliga a los militares a gritar como consigna permanente: “Patria, Socialismo o Muerte”. Se pretende con esto, convertir a las Fuerzas Armadas en guardias pretorianas al servicio de los regímenes políticos que puedan ser establecidos en diferentes países de la región.

Esta guerra política, y en especial la guerra jurídica a la que se ha hecho referencia, últimamente han venido produciendo en el país, varios hechos de suma importancia, con los cuales está demostrado su efectividad y el gran daño que viene causando a las instituciones legítimas del Estado. Estos son algunos de sus logros más relevantes:

La preocupante desmotivación que se ha generado en nuestros militares y policías con el amenazante “síndrome de Fiscalía General de la Nación y rama judicial”, que en muchísimos casos los procesa en forma irregular y drástica, cuando se producen bajas en combate o como resultados de diferentes procedimientos en el ejercicio de autoridad policiva.

El reciente informe del Centro de Memoria Histórica cuya autoría por parte de un grupo de investigadores de izquierda radical, muestra mal intencionadamente a la fuerza pública como una organización criminal y como principal responsable de la violencia armada que ha sufrido el país en los últimos cincuenta años. Este documento, como ha sido usual en otros países, podría convertirse en “verdad jurídica” y “auto cabeza de proceso”, en contra de muchos miembros de nuestras instituciones castrenses y policiales.

La intensificación de una insistente ofensiva judicial y mediática contra miembros de las FF.MM. y Policía Nacional, con el argumento de “priorización” y búsqueda de “máximos responsables”, por hechos motivo de indagación en viejos procesos o casos ya precluidos, con carencia evidente y suficiente de nueva verdad jurídica, respecto a lo que se investiga.

El inexplicable hundimiento en la Corte Constitucional del reciente acto legislativo sobre ampliación del fuero penal militar con la utilización de argumentos no ciertos ni comprobados sobre supuestos vicios de trámite, para favorecer exclusivamente algunas demandas interpuestas por Ong’s nacionales y extranjeras de extrema izquierda radical. Sobre este particular, el magistrado Jorge Pretelt, miembro de esta misma Corte, denuncio públicamente “que los cinco colegas que lo aprobaron, mediante un procedimiento inaudito, se inventaron un vicio de procedimiento inexistente para evitar un análisis de fondo a este proyecto”

La sorpresiva decisión de algunos funcionarios de alto rango del gobierno nacional, en la cual, en fecha reciente, asumieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin defensa alguna, una responsabilidad penal contra agentes del Estado por supuestas desapariciones y excesos de la fuerza pública en la masacre perpetuada por la organización terrorista M-19 en el llamado holocausto del Palacio de Justicia. En este caso se desconocieron inexplicablemente, muchas pruebas existentes en diferentes procesos que demuestran lo contrario. También se hizo evidente la extraña posición asumida por altos funcionarios del gobierno de la época, que declararon públicamente ante esta Corte, no tener responsabilidad alguna sobre los hechos imputados, por ser “del resorte exclusivo de los mandos e integrantes de la fuerza pública”.

Dentro de esta confrontación política y jurídica, otras organizaciones de cierto peso nacional e internacional, constituidas principalmente por Ong’s, algunas de estas, tal como ya se dijo, de extrema izquierda radical, de clara posición antimilitarista, tales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos relatores de la Naciones Unidas, Colectivos de Abogados y otras asociaciones de carácter similar, han impulsado en distintos ámbitos, diferentes procesos de carácter penal, la mayor parte de estos adelantados en forma irregular, contra las fuerzas armadas de la nación.

A nivel regional, lo acontecido especialmente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala y el Salvador, constituyen hechos evidentes que muestran la forma exitosa como han conducido esta guerra silenciosa contra el Estado y los estamentos armados de estos países. En Brasil y en el Ecuador, no obstante los continuos intentos para lograr este mismo cometido, no han podido hasta el momento coronar con éxito las intenciones que han tenido en tal sentido. La firme posición de sus mandos institucionales, al interior de las respectivas fuerzas armadas, han impedido este tipo de intromisión.

De esta manera han logrado sustituir la derrota militar sufrida en el campo de combate, por grandes victorias en diferentes estrados judiciales. Si analizamos dentro de este contexto lo que sucedió en la República Argentina, país donde se experimentó con éxito esta guerra política y jurídica, podemos concluir en términos comparativos, que lo que está sucediendo en Colombia, no es otra cosa que una réplica de lo que allí aconteció, donde los militares y policías fueron juzgados y condenados a exageradas penas, mientras los terroristas causantes de esa gran tragedia nacional, hoy en día ocupan importantes cargos de poder y dominan las distintas instituciones del Estado.

Hay que recordar que en la historia de la humanidad, hay muchos casos en que las victorias militares, no fueron suficientes para ganar la guerra. Para los terroristas, cuando no es posible la victoria militar, buscan la toma del poder a través de las mismas vías democráticas. Cada paso en tal sentido constituye una gran ganancia para alcanzar su objetivo final. La guerra política y jurídica, constituye el arma más letal para este propósito.

En estas circunstancias es fácil observar que lo que actualmente acontece, no es ni puede ser, producto de la casualidad. Todo obedece a un plan muy bien concertado por la extrema izquierda nacional e internacional, para favorecer a las organizaciones terroristas. Se pretende liberarlas de todo tipo de responsabilidad por sus cruentas acciones criminales, trasfiriendo habilidosamente estos excesos a la fuerza pública, mediante informes amañados de distintas “Comisiones de la Verdad” y de “Centros de Memoria Histórica”, como es el caso colombiano.

La nueva estrategia aplicada por los gestores de esta guerra política y jurídica, se conduce a través de dos acciones principales:

- Determinación de máximos responsables, priorización de los diferentes procesos y búsqueda de unidad de contexto, tratando de demostrar supuestas políticas de estado o de carácter institucional, en ciertos hechos punibles para calificarlos como crímenes de lesa humanidad y evitar así su prescripción.

- Utilización de falsas pruebas, falsos testigos, campañas mediáticas de desprestigio y otras formas de engaño y de distorsión de la realidad jurídica.

Para terminar, podemos afirmar categóricamente que la guerra jurídica y política que estamos padeciendo en este momento, es sin duda alguna, el arma más letal que jamás se hubiera utilizado contra el país y su seguridad nacional.

Esta es nuestra gran preocupación como miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.