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PROCESO ELECTORAL FEDERAL

2017-2018

PLATAFORMA ELECTORAL

Plataforma Electoral 2018

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Presentación: Transformarse para transformar.

Hoy vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada vez más

desafiante, y nuestro país no es ajeno a estos cambios. La tecnología avanza

a una velocidad inédita que está transformando nuestra economía y nuestra

sociedad, mientras que los equilibrios geopolíticos se están modificando.

Todos estos procesos representan retos importantes, pero también ofrecen

oportunidades, si es que trabajamos en equipo para prepararnos y

aprovecharlas. Por tal motivo, este documento se presenta como una

propuesta a la acción del Partido Revolucionario Institucional.

Desde sus orígenes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido un

partido que une y suma para así poder ofrecer soluciones a los problemas más

urgentes del país. En su primera etapa, la suma era para enfrentar y superar

los retos de un país convulso, que salía de una revolución social y que debía

canalizar de manera institucional las diferencias, anhelos y esperanzas de las

personas sobre cómo hacer efectivos los derechos ciudadanos y alcanzar el

bienestar social.

A través de su constante transformación, nuestro instituto político ha realizado

contribuciones centrales para la construcción y el desarrollo de un México

mejor. Éstas dan prueba de que ha sabido construir liderazgo en democracia,

y de que sabe proponer y dialogar para llegar a acuerdos por el bien de

México.

A lo largo de su historia, el PRI ha respondido a los desafíos con instituciones

que han marcado la historia de nuestro país, y cuando éstas no han estado a

la altura de los retos que enfrenta México, también ha sabido impulsar su

renovación. Fiel a su vocación, decidió transformarse para permitir una

participación más activa de la sociedad en los asuntos públicos, y se abrió a

la posibilidad de que los simpatizantes y ciudadanos sin militancia partidista

pudieran ser postulados a cargos de elección popular.

De la mano de una sociedad organizada de manera participativa, democrática

y libre, el Partido Revolucionario Institucional se perfila a obtener no sólo una

victoria electoral, sino a consolidar una coalición legislativa y de gobierno que

se involucre en las propuestas y en la acción, dando solución a las principales


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problemáticas que aquejan al país. Más importante aún, podremos hacer de

México un país en donde siempre se respeten nuestras leyes, donde se

respete y celebre la diversidad, en todos los rubros, en donde todos puedan

participar y beneficiarse del crecimiento económico y el desarrollo, en donde

la totalidad de sus ciudadanos gocen de salarios justos que les permitan una

vida digna. En el siglo XXI, México accederá al lugar de potencia mundial que

le corresponde.


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Introducción: El punto de partida.

Frente a un escenario que propone retroceder en el tiempo, y otro que postula

un camino sin convicciones ni rumbo, se requiere una transformación con

visión de futuro. Frente a quienes no tienen más convicción que su hambre de

poder, necesitamos experiencia y vocación de servicio en beneficio de quienes

más lo necesitan. Como nación, hemos tenido avances importantes que

debemos preservar. Debemos reconocer, también, que hay una realidad que

exige soluciones diferentes.

Hoy, México es un país más próspero. Nuestro país es resultado del esfuerzo

de millones de mexicanos y de sus profundas transformaciones sociales y

económicas.

México continúa avanzado en la construcción de leyes e instituciones, de

derechos y libertades. Se sentaron bases para continuar consolidando nuestro

Estado de Derecho con un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, así

como el andamiaje institucional creado en materia de transparencia y combate

a la corrupción. Se hizo frente a los retos de seguridad que enfrenta nuestro

país con el fortalecimiento de las fuerzas del orden.

México es un país cada vez más incluyente y solidario. Hoy son más los

mexicanos que tienen certeza de que podrán proveer a su familia de

alimentación. Son más las niñas y los niños en edad escolar que estudian y

asisten a clases. Son más los adultos que pueden terminar sus estudios y así

mejorar sus oportunidades laborales. Son más los mexicanos que tienen

médico a la mano, medicina y clínica cuando les falta la salud. Son más los

mexicanos que tienen acceso a la seguridad social. Y son más los mexicanos

que tienen acceso a vivienda digna y con servicios.

Hoy, México cuenta con un Modelo Educativo que permitirá a todos los niños,

niñas y jóvenes tener la educación que necesitan para triunfar y que demanda

la sociedad del siglo XXI. Hemos alcanzado una cobertura cercana al 100%

en educación primaria y secundaria, y mayor a 80% en preescolar y media

superior. Contamos con un servicio profesional docente y se están

fortaleciendo las escuelas normales para que nuestros maestros estén mejor

preparados. El arreglo de más de 33 mil escuelas en todo el país representa


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el mayor esfuerzo de mejora en materia de infraestructura educativa en

muchas décadas.

México es hoy un actor responsable, respetado y escuchado a nivel mundial.

Los mexicanos saben que en cualquier lugar donde ondee nuestra bandera

recibirán la protección de su gobierno. En todos los diálogos de relevancia en

el mundo, México tiene ya un lugar en la mesa y en el siglo XXI estamos

llamados a ser una potencia.

Los mexicanos velamos por preservar el medio ambiente y usar nuestros

recursos naturales de manera responsable para que el desarrollo de nuestro

país sea cada vez más sostenible. Asimismo, luchamos por avanzar hacia la

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Toda mujer debe poder

contribuir y también ser beneficiaria del desarrollo y cada niño y joven de hoy

debe tener las herramientas necesarias para el día de mañana triunfar frente

a los mejores del mundo.

Debemos preservar, profundizar y acelerar los cambios de gran calado que se

han impulsado a lo largo de nuestra historia y que han permitido estos

avances. También tenemos que trabajar para que estos avances se reflejen

de manera aún más tangible en las vidas de los mexicanos y de sus familias,

así como aportar nuevas soluciones a los retos presentes y futuros. Si bien

hay que fortalecer lo que se ha hecho bien, es el momento de iniciar un gran

diálogo para el diseño y la construcción de un México mejor. Somos también

autocríticos y reconocemos que hay realidades que nos duelen, que nos

ofenden, que nos lastiman, que nos vulneran y que tenemos y vamos a

cambiar.


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Visión: México será una potencia en el siglo XXI.

Frente a los retos que tenemos por delante, los mexicanos anhelamos

construir una nación libre, justa, próspera, inclusiva y plural, con libertades y

garantías para satisfacer nuestras necesidades como personas. La nueva

etapa de consolidación y transformación del país requiere de una nueva forma

de hacer política. Una política de renovada empatía, que conecte con las

causas sociales, las necesidades, los anhelos y los sueños de los mexicanos,

y en la que el ciudadano sea factor fundamental de la transformación social.

Necesitamos una nueva forma de hacer política para lograr la unidad entre

ciudadanos y políticos, entre sociedad y gobierno. En palabras de don Jesús

Reyes Heroles, “debemos poner el énfasis en las coincidencias, en lo

fundamental: la capacidad de inclusión, de construcción de acuerdos, de

propuestas y su efectividad para ponerlas en práctica”.

Para construir una mayoría en la sociedad, debemos construir primero una

unidad de propósitos. Debemos juntos enviar un mensaje a la sociedad de que

nuestros mejores valores -el respeto, la inclusión, el acuerdo, el trabajo en

equipo- serán los fundamentos de la siguiente etapa en la construcción

nacional. En el PRI estamos convencidos de que en el principio y el fin de toda

política pública debe estar en el ciudadano y su bienestar.

Aspiramos a ofrecer una visión de futuro clara, realista y responsable, pero

también una visión ambiciosa, para todos los mexicanos. Éste es el momento

de construir consensos que fortalezcan lo que hemos hecho bien y también de

reconocer en dónde necesitamos soluciones diferentes. Avancemos en este

proyecto construyendo y no destruyendo, en diálogo y no en confrontación,

buscando coincidencias y no diferencias, planteando nuevas propuestas y no

acudiendo a viejas recetas que ya han demostrado que no funcionan.

Cerremos la distancia entre el México que somos y el México que queremos

ser.

Del rumbo que tomemos hoy dependerá que el día de mañana México sea

una potencia que permita que todos vivamos mejor. Que nuestro país se

encuentre entre las diez primeras economías del mundo. Que todas y todos

podamos tener una vida de paz y seguridad. Que no existan más el hambre y

la pobreza entre los mexicanos. Que todos los niños, niñas y jóvenes tengan


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una educación de excelencia que los prepare para triunfar en la vida y ser

felices, sin importar en dónde vivan o cuánto tengan. Que México sea

respetado y admirado en el mundo entero. Que alcancemos la igualdad

sustantiva entre mujeres y hombres. Que las futuras generaciones puedan

disfrutar de nuestro patrimonio natural. Del rumbo que tracemos en estos años

dependerá si nuestro país se convertirá, en esta generación, en referente de

prosperidad, bienestar e innovación.

De manera fundamental, tenemos que acortar la distancia entre nuestra

realidad y nuestras aspiraciones en los siguientes ejes:

1) Una economía abierta y dinámica que beneficie a las familias

mexicanas. Los trabajadores deben ganar más por su trabajo y el

crecimiento económico debe traducirse en mejoras para la economía

familiar de todos los mexicanos.

2) Seguridad pública eficaz y justicia eficiente para todos. La seguridad

y la justicia deben ser una realidad para todos los mexicanos,

independientemente de su género, dónde vivan o cuánto tengan.

Debemos acabar definitivamente con la corrupción y la impunidad; nada

ni nadie puede estar por encima de la ley.

3) Educación de excelencia para construir una sociedad del

conocimiento. La educación es el pilar de nuestro desarrollo. Tenemos

que consolidar un sistema de educación que prepare a nuestros hijos e

hijas para triunfar en el mundo desafiante del siglo XXI y ser felices.

4) México incluyente y solidario. Debemos abatir la pobreza extrema,

para que nadie nazca en esta condición. Con un estado social y una

sociedad solidaria, tenemos que garantizar el acceso efectivo a la

alimentación, la salud, la seguridad social, la educación, la vivienda de

calidad y con servicios para todos. El objetivo final de nuestro desarrollo

como país debe ser el bienestar compartido, sin ningún tipo de

discriminación.

5) México abierto al mundo. México es un país escuchado y respetado

en el mundo. En el siglo XXI, debemos aprovechar nuestras múltiples


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pertenencias geográficas, económicas y culturales para afianzar nuestro

liderazgo global y convertirnos en una potencia en beneficio de los

mexicanos.

Además de los cinco ejes que dan título a cada capítulo, la Plataforma

Electoral que sostendrá el Partido Revolucionario Institucional y sus

candidatos, contiene tres causas transversales:

a) Desarrollo sostenible. El crecimiento económico y el desarrollo deben

ser sostenibles, aprovechando, pero no abusando, ni destruyendo,

nuestro patrimonio natural.

b) Igualdad de género sustantiva. Las mujeres y las niñas mexicanas

deben tener un “piso parejo” en oportunidades y protección efectiva de

sus derechos. Necesitamos poner un alto total a la discriminación y la

violencia de género.

c) Apuesta por la juventud. México es un país de jóvenes. Debemos

enfocar todos nuestros esfuerzos para darle a nuestros jóvenes hoy las

herramientas que el día de mañana les van a permitir tener el empleo y

futuro que deseen y que merecen.


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Eje 1: Una economía abierta y dinámica que beneficie a las familias

mexicanas.

En las últimas décadas, hemos logrado consolidar una economía abierta y

dinámica. Hoy, México es una potencia manufacturera de exportación con

creciente valor agregado, cuya competitividad se ha fortalecido con el alto

desempeño de nuestros trabajadores. Sin embargo, la transición económica

enfrentó resistencias y atavismos que derivaron en un menor desempeño del

esperado. La informalidad laboral persistió y con ella la falta de seguridad

social, certidumbre en las inversiones, capacidad recaudatoria y competencia

adecuada en los diferentes mercados.

A principios del siglo XXI nuestra economía se encontraba constreñida por una

serie de barreras legales e institucionales que dificultaban la inversión, inhibían

la existencia de más empresas e impedían la adopción de nuevas y mejores

tecnologías. Nuestro sector energético era uno de los más restrictivos del

mundo y en otros sectores estratégicos, como el financiero o el de

telecomunicaciones, se presentaban prácticas anticompetitivas que

lastimaban el bolsillo de la ciudadanía.

Nuestro proyecto de desarrollo económico en el siglo XXI se ha centrado en

eliminar estos obstáculos al crecimiento. Partiendo de un firme compromiso

con la estabilidad macroeconómica, promovimos una Nueva Política Industrial

centrada en el fomento de sectores estratégicos. Con miras a convertirnos en

una plataforma logística global, hemos invertido fuertemente en infraestructura

carretera y portuaria, así como en proyectos estratégicos que contribuyan al

desarrollo de nuestro país.

Sin comprometer la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo,

emprendimos una profunda reforma energética que nos permitiera atraer

capital para incrementar la producción, al tiempo que adoptamos medidas para

comenzar la transición hacia una economía baja en carbono como la

sustitución de insumos en la producción de electricidad, la subasta de energías

limpias y la emisión de certificados de carbono.

La reforma a las telecomunicaciones ha introducido mayor competencia al

sector y se ha traducido en beneficios concretos para la población en términos


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de acceso a internet y a la telefonía móvil, así como una reducción sostenida

de los precios de estos servicios. Con la red compartida, lograremos ampliar

la cobertura de internet de alta velocidad al 92% de la población. De la misma

manera, la reforma del sector financiero ha incrementado la competencia, lo

cual ha aumentado el acceso al crédito a precios más bajos.

Para democratizar los beneficios del crecimiento económico, se impulsó la

formalización del empleo, la inclusión financiera y el acceso al crédito

productivo, lo mismo en el campo como entre las y los jóvenes. En atención a

las disparidades regionales, se crearon las Zonas Económicas Especiales,

que promoverán el desarrollo del sur-sureste.

Estas reformas han permitido atraer montos históricos de inversión extranjera

directa, mantener el mayor crecimiento económico en lo que va del siglo y

crear casi 3.5 millones de nuevos empleos, en la economía formal y con

mejores salarios, que han permitido mejorar el nivel de vida de las familias

mexicanas.

Sin embargo, necesitamos transitar hacia mayores niveles de productividad y

desarrollo para todos los mexicanos. Necesitamos crear nuevas

oportunidades de negocios, además de atraer e impulsar los sectores

económicos del futuro. Los trabajadores deben contar con un salario que les

permita acceso no sólo a lo mínimo sino a lo justo, al igual que un horizonte

de seguridad y respeto en su retiro con una pensión digna.

Para ello, debemos preservar los logros históricos alcanzados y profundizar

en las transformaciones iniciadas, al mismo tiempo debemos proteger el

patrimonio y el empleo de las familias con propuestas responsables que

brinden certeza a los emprendedores y actores económicos para detonar más

oportunidades de negocio, la actividad industrial y el crecimiento de la

productividad.

De la misma forma en que la estabilidad alcanzada a través del buen manejo

de las finanzas públicas, de la independencia del Banco de México y de una

regulación financiera adecuada son prerrequisitos para el crecimiento

económico, la seguridad jurídica y el estado de derecho son esenciales para

tener mayores niveles de ahorro, financiamiento e inversión en la economía.


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La certidumbre y seguridad sobre la propiedad son esenciales para que las

familias estén dispuestas a ahorrar, y que ese ahorro se destine al

mejoramiento de la tierra, a la adquisición de maquinaria y equipo, a la

construcción de fábricas e infraestructura, a la mejora de procesos y al

desarrollo de nuevos conocimientos.

Para fortalecer la competitividad, la sana competencia sin monopolios u

oligopolios, el crecimiento económico sin desigualdades y el empleo en las

diversas regiones del país debemos generar un sistema de planeación que

detone círculos virtuosos de medios productivos. Nuestra planta productiva,

nuestros trabajadores y empresarios deben estar mejor preparados para poder

competir en mundo globalizado y así no sólo conservar el mercado interno sino

también conquistar más mercados en el exterior.

El crecimiento del futuro tiene no sólo que ser sostenido; también debe darse

de manera sostenible e incluyente. Así, a nuestra necesidad histórica de

democratizar la productividad y expandir las oportunidades laborales, se

agregan los retos de la siguiente generación, de proteger nuestros recursos

naturales y al mismo tiempo asegurar el desarrollo de quienes más lo

necesitan.

Un proyecto de desarrollo basado en la productividad, la inclusión y la sana

competencia nos permitirá aprovechar nuestra gran diversidad en recursos

naturales, la fuerza histórica de nuestras trabajadoras y trabajadores, y la

inversión acumulada en capital. Sólo así podremos consolidarnos como una

economía fuerte en la que las familias mexicanas cuenten con lo que necesitan

y puedan desarrollar su talento en cualquier sector que les interese.

Líneas de acción:

1. Preservar la estabilidad macroeconómica. La economía mundial está

cada vez más integrada y por tanto es fundamental conservar los avances

históricos que hemos logrado. Lo que más ha afectado a las familias en

situación de pobreza y a las familias trabajadoras de nuestro país han sido

la inflación, la inestabilidad cambiaria y la falta de confianza en nuestras

finanzas públicas. Es por eso que debemos de trabajar por continuar siendo


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un referente de estabilidad y de gasto público equilibrado, buscando

aterrizar estos logros en la economía familiar.

2. Mantener una economía abierta y dinámica que promueva la inversión,

el comercio y el empleo. Millones de familias mexicanas viven de trabajos

relacionados con los bienes y servicios que se exportan al resto del mundo,

gracias a que nos hemos convertido en un destino competitivo para las

inversiones. En ese sentido, debemos enfrentar los desafíos de un contexto

internacional cambiante y proteger nuestros intereses en América del Norte,

al mismo tiempo que ampliamos nuestros vínculos económicos con otros

países emergentes, particularmente en Asia y América Latina. De manera

más específica, debemos apoyar a nuestras empresas para identificar

oportunidades de negocio en nuevos mercados.

3. Continuar promoviendo la competencia para beneficiar la economía

familiar de los mexicanos. Cuando hay pocos proveedores de un bien o

servicio, es probable que los precios que se pagan sean más altos de los

que podrían estar disponibles. Por lo tanto, la diversidad de alternativas

para los consumidores es una de las formas como se logra que la población

obtenga más por su dinero. En ese sentido, debemos seguir fomentando la

competencia económica en todos los sectores, como el de las

telecomunicaciones, la banca o la energía para que más mexicanos tengan

acceso a mejores bienes y servicios a precios más bajos.

4. Promover el desarrollo regional para reducir desigualdades. Hasta que

no logremos la reducción de las desigualdades entre regiones, nuestro país

no estará aprovechando todo su potencial. Por ello, debemos impulsar los

sectores productivos con ventajas competitivas por las condiciones y

recursos disponibles en cada región para detonar el crecimiento

económico, el desarrollo y la creación de empleo. De manera general, todos

los esfuerzos que apuntalan el desarrollo deben atender prioritariamente

las regiones más rezagadas del país, como es el caso en las recién creadas

Zonas Económicas Especiales. Todo esto implica necesariamente una

planeación conjunta y coordinación estrecha entre sectores y órdenes de

gobierno, así como una alta participación incluyente de los sectores

productivo y social.


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5. Un ordenamiento territorial que promueva el desarrollo de manera

sostenible. Debemos fortalecer la política de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial con una óptica regional de equidad y sostenibilidad.

Es necesario armonizar las necesidades habitacionales, recreativas,

comerciales e industriales de cada región, con la conservación de nuestros

recursos naturales y del medio ambiente. Ello requiere un gran esfuerzo de

coordinación para alinear los esfuerzos de los diferentes sectores y órdenes

de gobierno.

6. Ampliar el acceso a vivienda para todos. Contar con una vivienda digna

es un derecho social básico que además de brindar un resguardo

fundamental, mejora la calidad de vida de las familias al cubrir sus

necesidades básicas de protección. Por ello, debemos fortalecer las

hipotecas de los afiliados al INFONAVIT y FOVISSSTE, mejorar esquemas

de financiamiento a los no afiliados y diversificar las opciones de los

esquemas de vivienda en renta y autoconstrucción social. Un desarrollo

urbano ordenado nos permitirá tener ciudades competitivas y sostenibles,

así como gozar de mayor riqueza patrimonial y bienestar social.

7. Ampliar la disponibilidad de energía impulsando las fuentes limpias.

Todas las industrias utilizan algún tipo de energía como insumo y, por tanto,

en la medida en la que haya más energía disponible y a menor costo,

quienes la utilizan podrán crecer mucho más rápido. La energía asequible

y no contaminante es fundamental para construir ciudades y comunidades

sostenibles en las que haya industria, innovación e infraestructura. México

necesita energías limpias, y vamos a asegurar que las tenga.

8. Mejorar la infraestructura para aumentar la productividad de nuestra

economía y el bienestar de los mexicanos. El desarrollo de la

infraestructura es uno de los factores más importantes para detonar la

productividad, el intercambio y el acceso generalizado a productos y

servicios y, de manera más general, el desarrollo de nuestro país y el

bienestar de las familias mexicanas. Por ello, debemos buscar nuevos

esquemas de financiamiento y presupuestación para incrementar la

inversión en la infraestructura básica y de servicios en todos los sectores

(hidráulico, carretero, portuario, aeroportuario, transporte,

telecomunicaciones, agricultura, turismo, educación, salud etc.)


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garantizando transparencia absoluta y rendición de cuentas en el uso de

recursos públicos.

9. Alcanzar el acceso universal a internet. El acceso a internet es un factor

indispensable para el desarrollo y la participación plena en el mundo

globalizado y la sociedad de conocimiento del siglo XXI. Por ello es

fundamental impulsar la Red Compartida que podría facilitar que más de

100 millones de mexicanos se conecten a la red. Internet al alcance de

todos es nuestro objetivo, porque representa una oportunidad inédita para

que la inclusión digital se traduzca en mayores oportunidades de

comunicación, educación y empleo.

10. Fomentar el desarrollo de industrias de mediana y alta tecnologías.

El cambio tecnológico que estamos enfrentando representa retos

importantes para las empresas y los trabajadores, pero también grandes

oportunidades. De manera específica, industrias de alta tecnología tienen

un potencial de crecimiento superior a otros sectores y cada vez crearán

más empleos bien remunerados. Para aprovechar las oportunidades en

áreas como la cibernética, biotecnología, tecnologías de la información,

nanotecnología o energías alternativas, es necesario un esfuerzo

coordinado del Estado mexicano y de los sectores productivo y social para

desarrollar nuestro capital humano, infraestructura e innovación. México

tiene todo para lograrlo y debemos buscar ese liderazgo en innovación y

desarrollo tecnológico de punta.

11. Apoyar al campo y detonar nuestro potencial agroalimentario de

manera sustentable. El campo ha sido motivo de orgullo para nuestro país

y debe seguir siéndolo. Debemos rescatar nuestro campo, repoblar

nuestros bosques, cuidar nuestros recursos pesqueros y reducir la

dependencia agroalimentaria. Somos un país megadiverso con un gran

potencial para aprovechar de manera responsable nuestros recursos. Por

ello, debe seguir siendo prioritario el apoyo al campo, en particular de los

pequeños productores que más lo necesitan, para detonar su productividad,

a través de políticas como la investigación científica, la modernización

tecnológica, un mayor acceso al crédito, el apoyo en la comercialización y

la tecnificación responsable del riego. Al mismo tiempo, debemos tener en

cuenta las dimensiones sociales, culturales y de género del campo para


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mejorar la calidad de vida de todas las personas en las zonas rurales. De

manera complementaria, debemos buscar esquemas creativos para reducir

el desperdicio de alimentos y garantizar la solvencia alimentaria de todas

las familias mexicanas.

12. Continuar con la expansión de nuestro sector turístico como motor

del desarrollo. El turismo es uno de nuestros sectores más dinámicos y

somos una potencia turística indiscutible a nivel mundial. Para apoyar su

crecimiento y la generación de empleos de calidad, debemos fomentar el

sector y buscar nuevas oportunidades de negocio con un enfoque regional

y local, respetuoso del entorno natural y cultural, con la participación

coordinada de los tres órdenes de gobierno. Es necesario fortalecer la

promoción turística de nuestro patrimonio cultural y natural, así como

invertir en la profesionalización de sus trabajadores y la infraestructura de

nuestros destinos turísticos. Al mismo tiempo, es indispensable garantizar

la seguridad pública para que el sector pueda seguir creciendo.

13. Potenciar las oportunidades de los jóvenes para aprovechar el

bono demográfico. Como país, tenemos que ser capaces de aprovechar

el talento de nuestros jóvenes e incorporarlos a la vida productiva. Esto

requiere no sólo una educación de calidad, sino de una estrecha vinculación

entre la educación y el sector productivo para mejorar la pertinencia de su

formación. De la misma manera, debemos promover su capacidad creativa

y de innovación mediante esquemas de apoyo, orientación y financiamiento

a los emprendedores.

14. Apoyar las pequeñas y medianas empresas y fomentar el

emprendedurismo. La gran mayoría de las familias mexicanas a lo largo y

ancho del país viven del trabajo en empresas pequeñas y medianas de

diversos sectores. Por ello, debe seguir siendo prioritario detonar su

productividad mediante esquemas que promuevan su formalización,

mejoren su acceso al crédito, ayuden en la adopción de tecnologías,

modernicen sus procesos y, de manera más general, apoyen su

crecimiento sostenible. En paralelo, debemos fomentar el espíritu

emprendedor para incentivar la creación de nuevas empresas que a su vez

generen empleo y sean fuente de innovación. Para ello, es necesario

ofrecer asesoría, orientación y capacitación, así como apoyos económicos


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y materiales a emprendedores de manera incluyente para impulsar

proyectos rentables.

15. Impulsar la economía social. Las iniciativas comunitarias y sociales

están conformando ya un cuarto sector de la economía formal, apoyado en

herramientas innovadoras y formas de producción sustentable y comercio

solidario y responsable. Debemos implementar novedosos mecanismos

para apoyarlas, cuidando que éstos sean incluyentes y beneficien a los

distintos sectores sociales.

16. Mejora regulatoria y simplificación de trámites. La regulación no

debe ser un obstáculo a la inversión y la creación de empleo. Por ello,

debemos desplegar una política continua de simplificación de trámites y

mejora de las regulaciones que incentiven la inversión, la apertura de

negocios y la actividad económica en general. Al mismo tiempo,

necesitamos garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de

los trabajadores, así como la protección al consumidor.

17. Transitar hacia formas de producción y consumo responsables que

incorporen la gestión eficiente de recursos a lo largo del tiempo. Los

retos de la sostenibilidad implican no sólo cuidar el medio ambiente, sino

repensar en todas las formas en que nos relacionamos con el sector

productivo y con el consumo de bienes y servicios. Tenemos que aprender

a producir y consumir en un entorno completamente diferente al que

estamos acostumbrados, con el fin de reducir la generación de residuos,

disminuir el desperdicio de productos perecederos y no perecederos y

garantizar, de esa forma, que nuestros recursos duren y sigan sirviendo a

la siguiente generación.


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Eje 2: Seguridad pública eficaz y justicia eficiente para todos.

La situación de seguridad en nuestro país se ha visto afectada de forma

profunda por cambios en la dinámica del crimen organizado internacional.

Cuando a mediados de la década pasada se cerraron las rutas del Caribe

mediante las cuales se traficaban estupefacientes desde América del Sur a la

costa este de los Estados Unidos, se detonó un proceso de infiltración del

territorio nacional con objeto de establecer otros canales de entrada a ese

mercado. Como parte del mismo proceso, comenzaron a ingresar armas a

nuestro país, principalmente provenientes de nuestro vecino del norte.

Más recientemente, los cambios en patrones de consumo hacia opiáceos y

metanfetaminas han incrementado la demanda por estupefacientes que

pueden producirse o canalizarse a través del país. El fortalecimiento del crimen

organizado le ha permitido su expansión por el territorio nacional y el

surgimiento de nuevas actividades delictivas, como el robo de combustible, así

como una mayor incidencia de crímenes de alto impacto, como el secuestro y

la extorsión. La violencia resultante ha lastimado profundamente el clima de

convivencia en el país y la tranquilidad de las familias mexicanas.

En el combate frontal a la delincuencia que los mexicanos hemos dado en

años recientes, se ha mejorado la coordinación entre dependencias y órdenes

de gobierno, al mismo tiempo que se ha fortalecido la infraestructura para

recopilar y procesar inteligencia. Esta coordinación e inteligencia renovadas

permitieron neutralizar a 107 de los 122 objetivos prioritarios de la delincuencia

organizada, en su mayoría sin un solo disparo. Además, para fortalecer la

seguridad ciudadana, se puso en marcha el número de emergencias 911 y un

programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres.

A pesar de estos avances, es necesario reconocer que el país enfrenta graves

problemas de violencia, corrupción, inseguridad y acceso a la justicia. Así

como ha evolucionado el entorno bajo el cual opera el crimen organizado,

también tienen que cambiar nuestras estrategias de combate a la criminalidad.

Una de las demandas más sentidas de la ciudadanía es que el Estado

garantice su integridad física y su patrimonio, y de manera más general sus

derechos humanos y libertades ciudadanas. Esta demanda nos obliga y


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compromete a replantear las estrategias y políticas públicas en materia de

seguridad y mejorar los sistemas de prevención, procuración y administración

de justicia.

Una estrategia integral en materia de seguridad y justicia debe restar recursos

financieros, fuerza y presencia a las organizaciones criminales. Debemos

prevenir que los recursos vinculados al crimen organizado encuentren uso y

tengan cabida dentro de nuestra economía. Tenemos que incautar las armas

y cerrar los canales de distribución y venta de las mismas y, de manera

destacada, aquellas que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

También necesitamos continuar fortaleciendo nuestras corporaciones

policiacas. Es indispensable contar con policías especializadas y con

autonomía técnica, que sean capaces de llevar a cabo investigaciones

contextuales orientadas a combatir la violencia en contra de las personas.

La problemática del crimen organizado tiene una dimensión internacional

significativa. Para poder combatirlo de forma efectiva, además de detener el

flujo de recursos y de armas, necesitamos robustecer nuestra cooperación con

las autoridades de otros países.

Por otra parte, la impartición de justicia sigue siendo un problema de seguridad

pública, debido a la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones y al

aparato de justicia. Por ello deberá perfeccionarse el marco legal e institucional

para construir un sistema de justicia eficiente, moderno, ágil y transparente,

que otorgue certeza y seguridad jurídica plenas y garantice el resarcimiento y

reparación del daño a las víctimas del delito. El nuevo sistema debe contar con

jueces ocupados plenamente de su función jurisdiccional y no en funciones

administrativas, así como tribunales de justicia en los que ya no exista rezago

judicial, la atención al público sea de calidad y los litigios se resuelvan

ágilmente. Además, el nuevo sistema de justicia debe permitirnos conocer la

verdad, con todas las repercusiones para los culpables y libertad y protección

para los inocentes.

El establecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatoria implica un nuevo

paradigma en la relación con el ciudadano y fue un avance importante en la

dirección correcta. No obstante, necesitamos seguir refinando el sistema para


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que funcione con mayor eficacia, además de realizar una reingeniería en otros

aspectos. Los juicios orales requieren una mayor preparación por parte de los

investigadores, peritos y fiscales, lo cual tenemos que robustecer en todo el

país. Nuestro modelo de procuración de justicia debe permitir el

esclarecimiento de los hechos, pues sólo así es posible proteger al inocente,

castigar al culpable y reparar los daños causados por el delito.

Todos los mexicanos somos iguales ante la ley y el acceso a la justicia no

debe depender de dónde se ubique una persona, ni de sus creencias, ni de

sus condiciones socioeconómicas o su género. Con respecto al marco

institucional, debemos homologar la impartición de justicia en todos los

estados del país. En un contexto de bandas criminales que operan y se

mueven con facilidad entre jurisdicciones, resulta fundamental contar una

coordinación efectiva entre autoridades, así como una tipificación uniforme del

delito, cuando menos en aquellos que más afectan la libertad y el bienestar de

las personas.

Un México con seguridad y justicia implica que no haya impunidad. Tenemos

que fortalecer una cultura de la legalidad en la cual la ley sea respetada por

todos, sin excepción, y quienes cometan un delito sean castigados. En este

sentido, los ciudadanos exigen que se abata la corrupción y erradique la

impunidad, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso,

habrá cero tolerancia a la corrupción. Es necesario recuperar la confianza de

la ciudadanía en un servicio público digno, transparente y honorable, que

cumpla con lo que la ley demanda a todos los ciudadanos, sin distinción.

En corresponsabilidad con la sociedad civil y los tres poderes de la Unión, en

los últimos años se han cimentado dos pilares para consolidar el Estado de

Derecho: el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional

Anticorrupción. Estas instituciones permitirán promover la rendición de

cuentas, evitar la impunidad y llevar a los culpables a la justicia. Esto requerirá

de medidas procesales, normativas y de fiscalización orientadas

primordialmente a inhibir y castigar con las mayores penas y el máximo rigor

todo camino que propicie la obtención de patrimonio ilícito por parte de quien

ostente cargos públicos. De igual forma, debe castigarse toda ganancia que

tanto funcionarios como particulares puedan generar por vínculos que

trastoquen el marco normativo, a costa del erario.


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Será necesario construir, dentro de las instituciones públicas, esquemas de

control interno que sistematicen la información fiscal, financiera y patrimonial

de los servidores públicos, a fin de detectar conductas fuera de la ley. Como

parte de los esfuerzos para inhibir la obtención ilícita de recursos en el ejercicio

público, es fundamental reducir el uso del efectivo. Por ello, se promoverá la

bancarización de beneficiarios de programas de gobierno, a través de

instituciones de banca de desarrollo o comercial. De la misma manera, el uso

de la tecnología nos puede ayudar para generar mecanismos expeditos de

denuncia ciudadana, garantizando la protección de los denunciantes, ante

toda pretensión de servidores públicos de exigir dádiva o cuota fuera de la ley.

En la inhibición de actos de corrupción con particulares, debemos diseñar

esquemas de contrataciones públicas consolidados que respondan de manera

uniforme e imparcial a las necesidades de obra, compras o servicios de

gobiernos, poderes e instituciones. En todos los casos, los procesos de

contratación pública tienen que someterse a criterios de gobierno abierto. Es

decir que deben ser transparentes de cara a toda la ciudadanía desde la

planeación, el concurso, la designación, la ejecución y la evaluación de los

resultados de los contratos. Ello implicará consolidar auditorías y propiciar

mejoras continuas en el uso del erario, así como en la transparencia de la

información.

De manera paralela al combate a la corrupción, debemos asegurar la

dignificación y reconocimiento al servicio público. Así como tenemos que

acabar con la impunidad y castigar a funcionarios corruptos, es importante

reconocer a los trabajadores del estado que se desempeñan con eficiencia y

honradez. Para lograrlo, necesitamos continuar en la institucionalización de

mejores prácticas y la profesionalización de nuestros funcionarios públicos.

Asimismo, es fundamental avanzar en la simplificación administrativa para

cerrar espacios a la corrupción.

La seguridad y la justicia son fundamental para impulsar el desarrollo

sostenible que anhelamos como nación. Por eso, seguiremos impulsando el

fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad,

justicia y combate a la corrupción, con un enfoque garantista, inclusivo y

centrado en el ciudadano.


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Líneas de acción:

1. Aplicar una estrategia integral, multidimensional e interinstitucional

de seguridad y justicia para reducir la inseguridad, violencia e

impunidad. Debemos cuidar todo el proceso, desde la prevención del

delito, el procedimiento penal, la investigación, la persecución del delito y

la impartición de justicia, incluyendo la atención a las víctimas y la ejecución

de sanciones. Las políticas públicas de seguridad y justicia tienen que estar

centradas en las necesidades de las personas y las familias mexicanas.

2. Profesionalizar y dignificar la labor de los profesionales de seguridad

y procuración de justicia. Tenemos que desarrollar esfuerzos importantes

en una amplia gama de temas que van desde la capacitación en temas

fundamentales como los derechos humanos y el nuevo sistema penal,

hasta el equipamiento, robustecimiento de los controles de confianza y la

dignificación de la labor policial. Ello implica desde luego condiciones

laborales y una remuneración más atractivas, mejores mecanismos de

reclutamiento, promoción y permanencia, así como beneficios y

prestaciones en función del desempeño y la trayectoria.

3. Fortalecer las corporaciones policíacas locales. Debemos impulsar un

modelo policial fortalecido y estandarizado en los estados, en cuanto a

capacitación y recursos, para hacer frente con más eficacia a la

delincuencia, que permita vigorizar la capacidad de respuesta de las

autoridades ante el crimen, erradicar la violencia y abatir los índices de

inseguridad.

4. Robustecer los sistemas de inteligencia. Necesitamos mayor

infraestructura, equipamiento y capacitación en el ámbito de la inteligencia,

en todos los órdenes de gobierno. Sólo así podremos dar sustento a

decisiones más efectivas en el combate a la delincuencia y el crimen

organizado y limitar el uso de la fuerza de que dispone el Estado.

5. Centrar el combate al crimen organizado en el desmantelamiento de

sus estructuras financieras. con medidas como la modernización integral

de las áreas de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y


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Crédito Público, la aplicación y cumplimiento de las disposiciones

internacionales sobre lavado de dinero y un mayor control sobre las

aduanas del país y modernizar y fortalecer los cuerpos policiacos con

jurisdicción en las zonas fronterizas.

6. Articular los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para

reducir los delitos de mayor impacto. Las diversas acciones que

realizamos para combatir homicidios, secuestros y extorsiones tienen un

gran potencial de sinergia si las planteamos como un plan integral. Esta

coordinación debe incluir la modernización, depuración y profesionalización

de los sistemas de seguridad y justicia en los tres órdenes de gobierno.

7. Transitar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a una política

de Estado. Para lograr una seguridad pública eficaz, es indispensable que

haya corresponsabilidad entre poderes, órdenes de gobierno y ciudadanía.

Además de coordinación entre autoridades, es fundamental que se abran

los espacios para que la sociedad civil y las comunidades aporten

información sobre las problemáticas específicas que enfrentan, y se

vuelvan copartícipes de las decisiones y de las acciones que ocurren para

mejorar la seguridad en su comunidad.

8. Focalizar la prevención del delito. Sabemos que hay situaciones

específicas que contribuyen activamente a que los entornos familiares y

comunitarios se deterioren. Por ello, es necesario focalizar de manera

coordinada todos los esfuerzos del Estado mexicano que contribuyen a

fortalecer el tejido social y a prevenir la violencia en las regiones, ciudades

y comunidades que presenten altos índices delictivos, fortaleciendo los

programas de desarme, así como instrumentando reformas legales y

políticas encaminadas a disminuir la presencia de armas exclusivas de

fuerzas de seguridad en las calles.

9. Velar por la correcta instrumentación de los juicios orales a nivel

federal y estatal. La transformación más importante que se ha realizado a

la justicia en México durante los últimos cien años requiere un gran esfuerzo

para su implementación exitosa. Es importante que todos los poderes,

todos los ámbitos de gobierno y todos los sectores asuman un papel

estratégico en este proceso que la ciudadanía ha demandado. En


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particular, tenemos que profundizar y acelerar la capacitación adecuada de

los actores que lo harán posible, así como separar plenamente las

funciones jurisdiccionales de las administrativas en el poder judicial.

10. Impulsar la profesionalización del Ministerio Público con el fin de

dotarlo de una auténtica autonomía técnica en la investigación y mayor

capacidad para investigar y defender las causas públicas y propiciar certeza

respecto a su función como pieza fundamental para la investigación y

persecución de los delitos.

11. Involucrar a los sectores sociales en el proceso de procuración e

impartición de justicia. Para aumentar la confianza ciudadana hacia las

instituciones de seguridad y justicia deberemos fortalecer los mecanismos

que posibilitan la participación social en la orientación y aplicación de las

políticas, la rendición de cuentas, la transparencia y evaluación de

resultados, internos y externos, tales como los consejos ciudadanos y la

defensoría de oficio.

12. Consolidar al juicio de amparo como el mejor medio de defensa y

control constitucional de los derechos humanos. El juicio de amparo es

reconocido tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales,

como una herramienta fundamental para salvaguardar los derechos de los

mexicanos. Para fortalecer este mecanismo y avanzar en la protección de

los derechos humanos, deberemos eliminar tecnicismos y formalismos

excesivos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su

ámbito de protección.

13. Fortalecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (INAI). Es importante que

el INAI cuente con las facultades necesarias para promover la

transparencia y la rendición de cuentas en la actuación de del Poder

Ejecutivo, tanto de la administración pública centralizada como de la

paraestatal, así como el Poder Legislativo y Poder Judicial, al igual que los

órganos autónomos del Estado.

14. Promover el fortalecimiento de las áreas de información del

gobierno. Para mejorar la transparencia del Poder Ejecutivo, incluyendo


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sus órganos desconcentrados y descentralizados, así como las empresas

productivas del Estado, PEMEX y CFE, los poderes Legislativo y Judicial, y

los órganos autónomos constitucionales, deberemos capacitar mejor a los

funcionarios responsables de las áreas correspondientes. Tienen que

contar con un claro dominio en la clasificación de la información que está

en manos del Estado, así como los medios legales para responder en

tiempo y forma.

15. Construir un registro integral de proveedores. Para fortalecer la

transparencia y la rendición de cuentas, es necesario crear un registro

robusto y amplio de las empresas proveedoras de todos los órdenes de

gobierno, en el que se incluya información sobre su naturaleza corporativa,

sus propietarios, accionistas y representantes legales, así como de su

situación financiera, y sus antecedentes y evolución.

16. Promover la implementación efectiva de las políticas del Sistema

Nacional Anticorrupción. Hemos iniciado la construcción de un nuevo

andamiaje institucional que será clave para fortalecer el Estado de Derecho.

Parte de su exitosa implementación, dependerá de que demos

transparencia, pero también mayor flexibilidad a los criterios para las

adquisiciones, contrataciones y licitaciones del sector público. Debemos

simplificar y precisar los distintos tipos de faltas, infracciones y delitos en

que pueden incurrir los servidores públicos ya sea cuando no cumplen con

sus responsabilidades o cuando cometen actos de corrupción.

17. Simplificación administrativa. La sobrecarga regulatoria representa un

incentivo a la corrupción. Por ello, toda institución pública, en todos los

órdenes de gobierno, debe impulsar la racionalidad administrativa y

avanzar en la simplificación de sus trámites para el público en general y en

particular aquellos vinculados con registros públicos o la apertura de

negocios o comercios. En este esfuerzo, hay que aprovechar las enormes

oportunidades que nos brinda la tecnología para responder a las

necesidades de la ciudadanía.

18. Rediseñar el Servicio Profesional de Carrera para mejorar la función

pública. Es fundamental que avancemos en la profesionalización de

nuestros funcionarios. En ese sentido, debemos reformar el Servicio


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Profesional de Carrera para otorgar mayor relevancia al conocimiento, la

experiencia y los resultados en la función pública, considerando sus

aportaciones a las decisiones públicas y a la especialización a favor del

buen gobierno.

19. Legislar los alcances del gobierno de coalición que ya se contempla

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de

mejorar la efectividad y eficacia del gobierno en el cumplimiento de sus

objetivos, mediante el fortalecimiento de mayorías legislativas y acuerdos

políticos estables.


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Eje 3: Educación de excelencia para construir una sociedad del

conocimiento.

La educación es motor del desarrollo nacional y el igualador social por

excelencia. Por lo tanto, reconocemos a la educación como uno de los ejes

articuladores de la política social, lo que involucra la instrumentación de

políticas públicas de alto impacto social y en un proceso de transformación

constante.

Los países que han apostado por la educación son aquellos que han logrado

alcanzar el desarrollo anhelado. Hoy vivimos en un mundo complejo e

interconectado, cada vez más desafiante, en donde la tecnología avanza a

una velocidad inédita y está transformando nuestra economía y nuestra

sociedad. Para enfrentar los retos de nuestra era y triunfar como nación en el

siglo XXI necesitamos un México volcado a la educación de calidad con

equidad, la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico. La educación es,

en suma, el arma más poderosa para cambiar a México.

La tarea educativa es una responsabilidad central del Estado mexicano. Con

la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

de 1917, se elevó por primera vez a rango constitucional el derecho de todo

ciudadano mexicano de recibir educación. El Artículo 3º constitucional

contempla una serie de principios filosóficos -laicidad, gratuidad y

obligatoriedad- que convergen con el fin de garantizar el cumplimiento de esta

obligación del Estado en un esquema irrestricto de derechos humanos.

La ampliación de la cobertura educativa fue una gran hazaña del México del

siglo XX. Gracias al esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno, logramos

construir, articular y sostener un sistema nacional de educación pública que

llevó escuelas y maestros hasta el último rincón del país. La fuerza de la

educación y su presencia en todo el territorio ha contribuido a la paz social y

al desarrollo. El derecho constitucional a la educación también ha

evolucionado, reconfirmando su obligatoriedad, laicidad, gratuidad y

confiriéndole el carácter humanista, nacional, solidario y democrático, hasta

constituirse como un derecho humano progresivo.


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Como resultado de este gran esfuerzo nacional, hoy tenemos uno de los

sistemas educativos más grandes del mundo, el quinto en cuanto a matrícula

se refiere, con más de 36 millones de alumnas y alumnos, dos millones de

docentes y 250 mil escuelas. La cobertura alcanza prácticamente 100% en

primaria y secundaria, más de ochenta por ciento en preescolar y en la

educación media superior, y cerca de 40% en educación superior.

Sin embargo, en el siglo XXI se hicieron evidentes dos nuevas prioridades. Por

un lado, dejar en claro que el Estado es el responsable de conducir la política

educativa; por otro, reformar un modelo educativo que ya no era compatible

con las necesidades y exigencias de la sociedad para hacer frente a los restos

del mundo globalizado del siglo XXI.

Reconocer en la Constitución el derecho a que la educación sea de calidad

nos brinda la posibilidad de generar las condiciones necesarias para mejorar

el desarrollo humano y profesional de las y los mexicanos. Debemos lograr,

por lo tanto, que la educación sea con equidad e inclusiva, lo que permitirá que

todas las niñas, niños y jóvenes desarrollen los aprendizajes necesarios para

ser exitosos y felices.

El Estado mexicano ejerce plenamente su responsabilidad de planear,

conducir, coordinar, orientar y evaluar la política educativa. Por primera vez en

la historia del país conocemos el número exacto de maestras, maestros y

escuelas, los maestros construyen su carrera a partir de su preparación,

experiencia y su conocimiento y, como resultado de la colaboración entre

ámbitos de gobierno, están llegando a su fin décadas de malos manejos en la

nómina educativa.

A partir de una visión de la educación como formación integral, se impulsó un

Modelo Educativo en el que se reconoce la necesidad de una educación de

calidad, con equidad e inclusiva, que respete la diversidad, genere mayor

igualdad de oportunidades sociales entre los mexicanos y que contribuya a la

justicia social. El planteamiento del nuevo Modelo Educativo representa una

revolución pedagógica para que las niñas, niños y jóvenes adquieran las

herramientas que requieren para ser exitosos y felices en el siglo XXI. Esto

implica no solamente una sólida formación académica que incluye el inglés y

las habilidades digitales, sino también una formación para tener una vida plena


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mediante del desarrollo de habilidades socioemocionales, educación para la

salud y educación artística.

Por tanto, es fundamental garantizar el éxito de este Modelo, lo cual implica

cambios profundos en el Sistema Educativo de manera integral; es decir que

no sólo conlleva la implementación de los nuevos planes y programas de

estudio, sino también la generación de las condiciones de infraestructura,

estructuras de gobernanza, familiares, sociales, culturales y educativas en

general, y esquemas de desarrollo profesional docente que sean pertinentes

y articulados para poder hacer realidad la nueva pedagogía en todas las aulas

del país.

Es fundamental que la formación y el desarrollo profesional docente también

sean compatibles con las demandas que exige la sociedad del siglo XXI:

educación de calidad con equidad, pluralidad, democracia e inclusión. Este

planteamiento exige que, tanto en lo individual como en lo colectivo, los

maestros cuenten con los apoyos y estímulos necesarios para facilitar su

quehacer como educadores y contribuir a su desarrollo personal, laboral y

profesional.

Es vital reconocer la labor de las y los maestros que, día con día, con su

esfuerzo, compromiso y vocación, dan muestra del amor por México y por sus

estudiantes. El docente debe ocupar el sitio de la más alta significación en la

sociedad y en cada una de las comunidades en donde labora. Dar prioridad a

la educación implica contribuir a la revaloración social de las maestras y los

maestros, como agentes de cambio. Por lo tanto, es necesario brindar a cada

maestra y cada maestro oportunidades de desarrollo profesional incluyentes y

de calidad, que posibiliten la mejora de su práctica pedagógica y los logros con

sus estudiantes, así como promover la mejora permanente de sus condiciones

de vida, con estricto apego a sus derechos laborales, económicos y

profesionales.

Debemos seguir ampliando el número de Escuelas de Tiempo Completo y

mantener la inversión sin precedentes en infraestructura para mejorar las

condiciones de los planteles que más lo necesitan. También tenemos que

continuar en la ruta de mejorar la organización de las comunidades escolares,

con mayor autonomía de gestión y plantillas completas de maestros y


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directores. Los docentes deben ser seleccionados y promovidos

exclusivamente por su vocación y logro profesional, a partir de una formación

inicial y continua de calidad con equidad.

Es vital proteger el derecho a la educación pública y, con base en los principios

filosóficos del artículo tercero constitucional, todos los niños y los jóvenes -sin

importar su género, origen o condición- deben tener acceso a una educación

de calidad con equidad e inclusiva. Por eso, seguiremos trabajando para

promover el respeto a la diversidad y romper así los nudos de desigualdad en

el sistema educativo, especialmente en la atención a la primera infancia, el

respeto a la diversidad de las personas hablantes de lenguas indígenas, la

inclusión de personas con discapacidad, la promoción de la igualdad de

género y el combate al rezago educativo.

México es un país de jóvenes en donde la edad promedio es de 31 años. Lo

anterior, exige una educación media superior y superior pertinente, de calidad

e incluyente es la base para que los jóvenes tengan la oportunidad de cumplir

sus sueños. Por ello, seguiremos estrechando la vinculación de la educación

y el sector productivo mediante modelos como la formación dual o los

subsistemas de educación tecnológica y politécnica. Asimismo, seguiremos

impulsando las becas para reducir el abandono escolar, ampliaremos las

oportunidades para realizar intercambios en el extranjero y fomentaremos el

deporte como una herramienta de desarrollo para nuestros jóvenes.

La educación ya no se puede limitar a lo que se aprende en las aulas y tiene

que empezar antes del preescolar, desde la primera infancia, con un desarrollo

infantil temprano impulsado desde el Estado en coordinación con las familias

mexicanas. De la misma manera, la educación tampoco debe terminar con la

Universidad, sino que debe seguir a lo largo de la vida productiva con un

sistema de formación continua para el trabajo. Sólo así lograremos construir

una sociedad dinámica y creativa, en la que el mérito y el esfuerzo sean los

determinantes principales del logro de vida, y una democracia plena y

solidaria, con una ciudadanía crítica, responsable y participativa en las

decisiones de su comunidad.

La educación debe ir de la mano de un proyecto científico nacional, apoyado

en la innovación e investigación tanto básica como aplicada. En ese sentido,


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necesitamos desarrollar un sistema nacional de investigación y desarrollo

tecnológico que nos permita convertirnos en una potencia generadora de

conocimiento. Para ello, tenemos que favorecer no sólo el uso, sino también

la gestión del conocimiento, con el fin de estimular la creatividad científica y

por ende el desarrollo de nuestro país. Al hacerlo, fortaleceremos la ciencia

mexicana para generar más talento mexicano y recuperar el talento que se ha

fugado, pero también atraer más talento del exterior.

La educación debe llevar a nuestros hijos a apreciar las artes y todas sus

manifestaciones desde pequeños. Desde la educación, debemos reconocer el

valor de nuestra nación y su carácter pluriétnico y pluricultural para preservar,

potenciar y proyectar nuestra cultura en el mundo entero. A partir de la

educación, la ciencia, la cultura y el deporte, podremos reafirmar nuestra

identidad como nación y contribuir de manera más decisiva al progreso de la

humanidad.

Transformar la educación es un proceso de largo plazo, pero tenemos una ruta

clara y hemos sentado las bases para dar un nuevo rumbo al país a partir de

una visión de las mexicanas y mexicanos que queremos formar. Estamos

convencidos de que en la educación reside la fuerza para impulsar el

desarrollo y la prosperidad de México en el siglo XXI.

Líneas de acción:

1. Mantener a la educación como prioridad central de gobierno.

Seguiremos impulsando el Modelo Educativo, a fin de consolidar a la

educación pública como fuente de movilidad y justicia social y como

principal motor del desarrollo y la competitividad del país.

2. Garantizar el derecho a la educación de calidad con equidad e

inclusión para todas las niñas, niños y jóvenes, que responda a la

diversidad de nuestros ciudadanos sin distingo alguno. Para lograrlo,

es preciso apoyar decididamente, con intervenciones que atiendan sus

necesidades específicas y estableciendo cuotas de ejercicio presupuestal

en los principales programas educativos, a grupos vulnerables como las

personas hablantes de lenguas indígenas, las personas con discapacidad,


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las y los hijos de las familias más pobres, especialmente durante la primera

infancia, y las personas con analfabetismo y en rezago educativo.

3. Avanzar progresivamente hacia un modelo de educación inclusiva que

responda a la diversidad y a las necesidades de los alumnos. Las y los

alumnos con discapacidad o con capacidades sobresalientes deben tener

la oportunidad de asistir a escuelas regulares y recibir una educación de

calidad que tome en cuenta sus necesidades, con materiales adecuados,

así como maestras y maestros capacitados para darles la atención que

requieren.

4. Consolidar el papel de los docentes como profesionales de la

educación, enfocados en el aprendizaje de sus alumnas y alumnos

con estricto respeto a la diversidad. Para lograr una educación de

calidad con equidad e inclusiva es fundamental asegurarnos de que los

maestros fortalezcan su quehacer docente con un sistema de desarrollo

profesional articulado, eficiente y pertinente, que parta de la formación

inicial y continua a lo largo de su carrera profesional. Nuestros docentes

deben tener acceso a las herramientas pedagógicas, didácticas,

emocionales e innovadoras que requieren para su crecimiento personal y

profesional, así como recibir el justo reconocimiento de la sociedad a la

importante labor que desempeñan.

5. Consolidar el Servicio Profesional Docente con estricto apego a los

derechos laborales y profesionales de los docentes. El fortalecimiento

de la profesionalización docente incluye la formación inicial y por ende la

mejora y transformación de las Escuelas Normales, así como una

evaluación formativa y contextualizada que dé pauta a una formación

continua y al desarrollo profesional a partir del conocimiento, la experiencia

y el esfuerzo. También se impulsarán estrategias innovadoras como la

conformación de trayectos formativos de los docentes.

6. Continuar ampliando el número de Escuelas de Tiempo Completo. Hoy

sabemos que en las escuelas de educación básica con jornadas ampliadas

los estudiantes aprenden más. Además de reforzar sus conocimientos

académicos, tienen más oportunidades para desarrollar actividades

artísticas, culturales y deportivas, y se benefician de una alimentación


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saludable. Las Escuelas de Tiempo Completo responden de manera

significativa a nuestra diversidad como país y generan condiciones reales

de equidad y justicia social.

7. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Nadie conoce mejor

las necesidades de cada escuela que su propia comunidad educativa,

integrada por padres y madres de familia, estudiantes, maestras y

maestros, así como sus directivos. Por eso, debemos seguir impulsando un

modelo de organización escolar que ponga a la escuela al centro y dote a

las comunidades escolares de mayores márgenes para que tomen sus

propias decisiones, tanto en los contenidos que se imparten como en la

forma de distribuir el tiempo y los recursos, en favor del aprendizaje de las

niñas, niños y jóvenes.

8. Establecer un mecanismo permanente de rehabilitación,

mejoramiento y mantenimiento de planteles educativos. Debemos

continuar invirtiendo en el mejoramiento de la infraestructura escolar para

lograr que todas las escuelas del país sean entornos de aprendizaje

seguros, accesibles e inclusivos, e incidan en el aprendizaje de todos los

estudiantes.

9. Impulsar desde la educación el conocimiento, la preservación y el

cuidado del medio ambiente. Convencidos de que el desarrollo debe ser

sustentable y sostenible, además de estar anclado en el conocimiento del

potencial de cada región, debemos impulsar un mayor conocimiento del

medio ambiente en las escuelas, a través de espacios como la autonomía

curricular. La educación es fundamental para fomentar conductas

ambientalmente responsables en nuestros alumnos, así como conciencia

sobre la dotación y potencial de los recursos de su comunidad.

10. Promover el estudio de las ciencias y las ingenierías entre niñas,

niños y jóvenes. Para aprovechar las oportunidades que representa el

cambio tecnológico para México, debemos incentivar el desarrollo de

nuestro capital humano desde temprana edad. Ello implica un esfuerzo

particular para fomentar el gusto por las matemáticas y la ciencia entre

niñas y jóvenes, empleando diversas metodologías que promuevan un

desarrollo integral y acorde a una sociedad diversa e incluyente.


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11. Universalizar la enseñanza del inglés. El inglés ya no debe ser un

privilegio de un número limitado de estudiantes, sino una herramienta para

que todos los mexicanos puedan abrirse y conectarse con el mundo. Por

eso, continuaremos con la Estrategia Nacional de Inglés para que, en 20

años, todos los niños y jóvenes cuenten con maestras y maestros con una

certificación internacional.

12. Impulsar el desarrollo de habilidades digitales. Al igual que el inglés,

las habilidades digitales son fundamentales para poder participar y competir

en el mundo del siglo XXI. Por ello, debemos continuar con la incorporación

de la tecnología en la educación a través de esquemas diversos con

metodologías innovadoras y acordes al siglo XXI, que incluyan no sólo el

equipamiento adecuado y la conectividad necesaria de los planteles

escolares, sino también la capacitación docente y el planteamiento

pedagógico que permita cerrar la brecha digital y hacer así efectivo el

derecho a las comunicaciones.

13. Elevar la escolaridad y años de permanencia en todos los niveles

del sistema educativo. Si bien hemos avanzado de manera importante en

los niveles de acceso a la educación media superior, debemos seguir

ampliando los espacios para cumplir la obligación constitucional de

alcanzar la cobertura universal para el año 2021. Al mismo tiempo, tenemos

que mejorar las oportunidades de acceso de los jóvenes a la educación

superior.

14. Fomentar la vinculación entre las instituciones educativas y el

sector productivo. Tanto en la educación media superior como en la

superior, es fundamental estrechar el vínculo con el sector productivo. De

manera específica, debemos impulsar esquemas como las universidades

tecnológicas y politécnicas bilingües que ofrecen una formación de

excelencia en español e inglés, y el Modelo Mexicano de Formación Dual

que permite a alumnos de bachillerato combinar su formación académica

con un empleo productivo.

15. Mejorar la coordinación entre órdenes de gobierno. Las

responsabilidades del Estado mexicano en materia educativa se distribuyen


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entre los diferentes órdenes de gobierno. Por ello, es clave preservar los

mecanismos ágiles de coordinación entre ámbitos de gobierno que hemos

construido para asegurar que la educación tome en cuenta las

particularidades regionales, abatir progresivamente las disparidades en el

logro educativo e incorporar la lengua materna como factor de integración

en la enseñanza en las comunidades indígenas.

16. Impulsar la decidida participación social en la educación. La

educación es tarea de todos. Por ello, debemos seguir trabajando de la

mano –gobiernos, maestros, padres de familia, sociedad en general y

desde luego los propios alumnos- para consolidar el nuevo Modelo

Educativo y una educación de calidad como aspiración principal de la

sociedad. Para lograrlo, necesitamos fortalecer la participación de los

padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, así como facilitar su

asistencia a reuniones escolares sin que afecte su jornada laboral y

mediante programas para que asuman una mayor responsabilidad en el

proceso formativo de sus hijos.

17. Mejorar la coordinación intersectorial para hacer de las escuelas

verdaderos centros del desarrollo comunitario. Las escuelas juegan un

papel fundamental en la vida de sus comunidades y debemos fortalecer la

coordinación intersecretarial para aprovechar esa realidad y ampliar la

oferta de servicios sociales que se atienden en las escuelas, mediante

esfuerzos como Salud en tu Escuela o Cultura en tu Escuela.

18. Promover una cultura de la paz. Es importante que, desde la infancia,

los mexicanos fortalezcan los valores de la convivencia democrática, la

tolerancia y el respeto a la diversidad y a la legalidad, como sostén del

desarrollo comunitario y la cohesión social. Por ello, es indispensable

continuar con la plena implementación del nuevo Modelo Educativo que

incorpora todos estos elementos en su planteamiento pedagógico. Además,

debemos trabajar con las autoridades educativas locales para garantizar la

seguridad de los planteles, velar por los derechos de las niñas y los niños

y garantizar la protección infantil ante cualquier forma de maltrato o de

violencia, en particular el acoso escolar, la violencia de género y la violencia

intrafamiliar.


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19. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A partir de una aproximación centrada en el desarrollo de vocaciones

regionales, debemos adaptar el sistema para que premie las aportaciones

de los investigadores a los procesos productivos. También hay que

estimular la inversión de los sectores público, privado y social en ciencia,

tecnología e innovación para superar el 1% del PIB.

20. Ampliar las oportunidades de intercambio académico y científico.

Debemos brindar más oportunidades para que estudiantes, investigadoras

e investigadores tengan contacto con otros países como fuente de

innovación, crecimiento personal y descubrimiento de otras culturas, así

como fuente de solidaridad internacional y promoción del valor de México

ante el mundo.

21. Impulsar el reconocimiento, disfrute y preservación del patrimonio

cultural. México es una potencia cultural indiscutible a nivel mundial y nos

sentimos muy orgullosos de nuestra historia y de nuestro patrimonio que

nos dan identidad como nación. En ese sentido, debemos promover que

todos los mexicanos tengan acceso a nuestra riqueza y diversidad cultural

como fuente de orgullo nacional, desarrollo productivo, cohesión y paz

social.

22. Promover la activación física de la ciudadanía y su participación en

la cultura física y el deporte. La educación y la cultura físicas son parte

del desarrollo integral del ser humano y fuente de habilidades y

capacidades de sana competitividad y trabajo en equipo. Por eso,

promoveremos la participación de toda la ciudadanía en estas actividades

e impulsaremos el talento de las y los deportistas mexicanos amateur y de

alto rendimiento para que alcancen su máximo potencial.


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Eje 4: México incluyente y solidario.

Quien tiene una alimentación adecuada a lo largo de su vida tiene mayor

capacidad de aprendizaje y de realizar su potencial. Quien tiene acceso a

salud preventiva reduce significativamente las probabilidades de

enfermedades crónicas y mortales. Quien acaba la preparatoria vive, en

promedio, cuatro años más que quien no lo hace; quien tiene un título de

educación superior gana más del doble que quién tiene un título de educación

media superior. Por ello, el ejercicio de derechos sociales es indispensable

para tener un acceso efectivo a oportunidades que permiten desarrollar a cada

uno su pleno potencial.

Como herederos de la primera revolución social del siglo XX, los mexicanos

siempre hemos tenido la aspiración de construir un Estado social y una

sociedad solidaria, que garanticen el acceso efectivo a la alimentación, la

salud, la educación y la vivienda, promueva el mejoramiento constante de las

condiciones de vida de los que menos tienen y genere igualdad de

oportunidades para todos sus ciudadanos. En consecuencia, el objetivo final

de nuestro desarrollo debe ser el bienestar compartido, pleno, incluyente y

equitativo, con pleno respeto a la diversidad y sin ningún tipo de

discriminación.

Es innegable que en México hemos logrado grandes avances en materia de

inclusión. A lo largo del siglo XX logramos el reconocimiento y la ampliación

de los derechos de los trabajadores, con la creación de instituciones de

seguridad social que protegen su vida, salud y patrimonio. El combate a la

pobreza multidimensional ha rendido frutos en todas sus dimensiones:

alimentación, rezago educativo, vivienda y servicios básicos, acceso a

servicios de salud y a la seguridad social. A pesar de que todas estas

carencias sociales hoy se encuentran en sus mínimos históricos, no

descansaremos hasta erradicar cada una de ellas.

Sin embargo, en pleno siglo XXI persisten exclusiones e inequidades en la

sociedad mexicana. Cuarenta y cuatro de cada cien personas mexicanas vive

en situación de pobreza y cinco millones aún viven en pobreza extrema y

carencia alimentaria. Por lo tanto, necesitamos una política social que no se

conforme con contener el aumento de la pobreza, sino que empodere a los


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ciudadanos con herramientas para incorporarse al sector productivo y dejar

atrás la dependencia de los programas sociales.

Junto con otros 192 países integrantes de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), hemos establecido el compromiso de un país para todas y

todos. Queremos un México en el que haya un piso mínimo de seguridad social

y cada persona tenga acceso efectivo a la alimentación, la salud y una

educación de calidad, así como agua limpia y saneamiento, servicios públicos

dignos, vivienda y un trabajo decente. Nuestra visión de desarrollo incluye a

todas y todos los mexicanos. Por eso, seguiremos impulsando la erradicación

de la pobreza extrema con intervenciones directas y focalizadas para avanzar

en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.

La mejor forma de combatir la pobreza es con la actividad productiva. En ese

sentido, la fortaleza y pertinencia de los programas sociales debe medirse por

la capacidad que tengan para vincular a los beneficiarios con mejores

condiciones de inclusión productiva. Este ha sido el paradigma con el que se

ha transformado la política social para que los beneficiarios tengan una vida

productiva y plena. Por lo que seguiremos fortaleciendo el Programa Prospera

para que las familias tengan mejores oportunidades de vida a través de un

mejor acceso a educación superior, créditos para impulsar proyectos

productivos, facilidades de inclusión financiera y apoyo para su inserción al

mercado laboral. Asimismo, continuaremos protegiendo las finanzas familiares

a través de la pensión para personas adultas mayores desde los 65 años y el

Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Pero no basta con combatir la pobreza. Es fundamental impulsar políticas

concretas para romper los nudos de desigualdad en todos los ámbitos, desde

el acceso a la educación, a la salud y bienestar, hasta los niveles de ingreso y

el acceso a la justicia. Solamente así se podrá construir un verdadero estado

social y una sociedad solidaria que sea fiel a las aspiraciones de los

mexicanos. Es momento de alcanzar el fin de la pobreza, pero también

garantizar el acceso a una educación de calidad y a la salud y bienestar.

Es indispensable que toda mexicana y todo mexicano tenga acceso efectivo a

servicios de salud de calidad a lo largo de su vida. Por eficacia y eficiencia, el

sistema debe ser orientado por un enfoque predominantemente preventivo. La


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certeza alimentaria debe ser compatible con una adecuada nutrición.

Debemos dar grandes pasos del empleo informal al formal, a fin de asegurar

una cobertura más amplia de la seguridad social, pero también se hace

necesario que quienes cuentan con los distintos elementos que conforman la

seguridad social (salud, seguros y ahorro para el retiro), conozcan sus

derechos y puedan ejercerlos. Las personas deben tener acceso a una

vivienda digna, pero es necesario ir al siguiente nivel: las viviendas deben estar

en un entorno accesible, seguro, sano y sostenible.

Debemos ampliar la infraestructura y las herramientas financieras para

dinamizar el campo mexicano, fomentar la construcción de ciudades y

comunidades sostenibles, generar una política integral de producción y

consumo responsable, e integrar las políticas de inclusión laboral y productiva,

así como de economía social y de banca de desarrollo, en un esfuerzo

cohesionado por ampliar las capacidades de los mexicanos para construir sus

propias fuentes sostenibles de ingreso. También debemos fortalecer el

bienestar de los mexicanos en su retiro con pensiones dignas,

independientemente de su historial laboral.

Queremos un México en el que los privilegios no se reproduzcan

inercialmente, sino que el mérito y el esfuerzo sea lo que determina el éxito de

las personas. Convencidos de que la educación es el mayor igualador social,

seguiremos impulsando el acceso a una educación pública gratuita, laica y de

calidad, en particular entre las poblaciones que más lo necesitan. Al mismo

tiempo, aseguraremos el acceso efectivo, equitativo, incluyente y oportuno a

servicios de salud de calidad, que respondan adecuadamente a las

necesidades de las personas a lo largo de su vida, y con mecanismos

apropiados de protección financiera para que las familias mexicanas no caigan

en situación de pobreza por un problema de salud de alguno de sus

integrantes.

Queremos un México incluyente donde todas las personas,

independientemente de sus circunstancias de origen o las diferencias por su

origen étnico, género, edad, cultura, religión o condición, puedan desarrollarse

de manera plena y sostenible. Por eso, continuaremos impulsando esfuerzos

de focalización y acción afirmativa en beneficio de las poblaciones más


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vulnerables, con atención a sus necesidades de desarrollo a lo largo del ciclo

de vida.

De manera específica, debemos fortalecer nuestros esfuerzos para mejorar el

acceso a los servicios de educación, salud y trabajo de las personas con

alguna discapacidad. Asimismo, debemos mejorar la accesibilidad en los

espacios públicos y también privados, en particular en el transporte público.

Por su parte, las comunidades indígenas de nuestro país deben tener la

certeza que podrán ejercer sus derechos y participar en el proceso de

desarrollo social y económico de México y que, en todo momento, serán

respetados su identidad y su cultura.

Tenemos que hacernos cargo, como objetivo central de toda política pública y

reconociendo que todo nuestro actuar tiene al centro a la persona, que en

México el desarrollo y las oportunidades sean una realidad para todas y todos.

Mexicanas y mexicanos, por igual, deben poder ejercer cada uno de sus

derechos sociales: trabajo, salud, alimentación, educación, seguridad social y

vivienda. Nadie debe ser excluido de las oportunidades.

Líneas de acción:

1. Eliminar las carencias en la primera infancia. Elaboraremos una política

nacional para la protección integral de la primera infancia que contribuya a

eliminar todas las formas de malnutrición infantil, promueva el ejercicio libre

de la lactancia materna y garantice la atención de la salud de las y los niños,

así como de sus madres. Asimismo, impulsaremos el desarrollo infantil

temprano para maximizar las oportunidades de nuestros niños, con énfasis

en la atención de niñas y niños en condición de pobreza, comunidades

indígenas y personas con discapacidad.

2. Hacer efectivo el derecho a la alimentación en todo el territorio

nacional. Especialmente en los municipios de alta y muy alta marginación,

debemos desarrollar una estrategia que aborde la carencia alimentaria en

su problemática integral, incluyendo la demanda potencial insatisfecha

efectiva. Parte de ello implica ampliar el abasto popular en las mejores

condiciones posibles, impulsar la creación de bancos de alimentos para


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apoyar el consumo de la población de menores recursos y mejorar

sustancialmente la cultura alimentaria y nutricional.

3. Ampliar y estandarizar los subsidios focalizados y las transferencias

directas para combatir la pobreza. Debemos incrementar

progresivamente las intervenciones para garantizar el acceso de las

poblaciones más vulnerables a la alimentación, a la salud, a la vivienda

digna y a una educación de calidad. En paralelo se tienen que eliminar los

subsidios generalizados al consumo para mejorar la progresividad y

eficiencia del gasto público.

4. Promover la plena inclusión de los beneficiarios de programas

sociales en el sector productivo. Fortaleceremos Prospera, el Programa

de Inclusión Social, concentrando los esfuerzos en acercar herramientas a

la población que más lo necesita para que quienes lo deseen tengan acceso

al sistema financiero formal y la oportunidad de participar plenamente en la

vida productiva y laboral para dejar atrás la dependencia de los programas

sociales.

5. Priorizar la atención a los derechos sociales, mejorar el gasto social y

evitar duplicidades. Se deben robustecer las facultades de coordinación

de la Secretaría de Desarrollo Social para consolidar la Estrategia Nacional

de Inclusión, que ha permitido alinear los esfuerzos de las diferentes

dependencias y niveles de gobierno, compactar programas, evitar

duplicidades y asegurar que los recursos se usen de forma eficiente y

lleguen a quienes más los necesitan. De manera específica, tenemos que

atender con carácter prioritario a las comunidades más pobres,

particularmente donde se concentra la población indígena, y promover la

incorporación de las personas con discapacidad en situación de pobreza a

los programas.

6. Combatir frontalmente a las desigualdades en todas sus

manifestaciones. Debemos abatir la discriminación y las desigualdades

económicas, educativas, sociales, étnicas y de género, así como aquellas

que enfrentan las personas con alguna discapacidad y los habitantes de las

regiones más rezagadas. Para lograrlo debemos utilizar todos los


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instrumentos de los que dispone el Estado, incluyendo la política social,

económica y fiscal.

7. Promover una atención integral a las personas con discapacidad.

Tenemos la obligación de buscar la inclusión, movilidad y empoderamiento

plenos de las personas con alguna discapacidad. Para ello, debemos

recurrir a las mejores prácticas y políticas públicas.

8. Elevar la calidad de los servicios de salud. Tenemos que desarrollar la

capacidad para garantizar una atención de calidad y centrada en las

personas en todos los niveles de atención, pero de manera especial la

Atención Primaria de Salud, con un enfoque que fomente la promoción de

la salud y la prevención de la enfermedad. Para ello, debemos asegurar un

financiamiento equitativo y una asignación de recursos que responda a

nuestra realidad epidemiológica y demográfica, poniendo especial atención

en la diabetes, la obesidad, así como en enfermedades cardiovasculares y

oncológicas, desde la niñez hasta la edad adulta.

9. Transitar hacia un Sistema Único de Salud con cobertura universal. Si

queremos que todos los mexicanos tengan acceso a la salud bajo las

mismas condiciones, necesitamos un solo sistema de salud. No es

aceptable que cada subsistema tenga diferencias en cobertura, calidad y

objetivos. De hecho, la fragmentación actual del sistema es uno de los

factores que han dificultado el tránsito a una cobertura universal. Por ello,

debemos reestructurar el sistema de salud hasta alcanzar progresivamente

un sistema único que reduzca las brechas en el ejercicio del derecho a la

salud, garantice una cartera común de servicios, y promueva la acción

intersectorial de alta calidad para combatir factores de riesgo y promover

estilos de vida saludable.

10. Consolidar un piso de seguridad social universal. De la misma

manera, tenemos que ampliar paulatinamente la cobertura de la protección

social a sectores aún desprotegidos, como las y los trabajadores

domésticos. Para ello, es necesario consolidar un sistema de Seguridad

Social Integral de acceso universal que incluya los seguros de riesgos

laborales, salud, invalidez y cesantía, el sistema de pensiones y otros


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servicios sociales, como guarderías y mecanismos de acceso a una

vivienda digna.

11. Fomentar viviendas firmes con espacios dignos y servicios.

Debemos mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas desde sus

hogares. Piso, techo y muros firmes, así como espacios dignos y servicios

eficientes, son indispensables para su salud y pleno desarrollo. En las

zonas afectadas por desastres naturales, la reconstrucción de los espacios

y servicios en las viviendas resulta prioritario. México es nuestro hogar y

aquí caben casas dignas para todos.

12. Promover una política pública de desarrollo en zonas rurales.

Respetando la cultura y la identidad de cada comunidad, debemos

encontrar la manera de reducir la dispersión y el aislamiento poblacional.

Ello representa un paso clave para mejorar la conectividad, facilitar el

acceso a los servicios básicos e indispensables, abatir la pobreza y mejorar

las condiciones de vivienda. Parte de este esfuerzo debe implicar apoyo al

desarrollo comunitario a través de sectores como el ecoturismo, la

silvicultura, la artesanía o el cuidado del medio ambiente.

13. Mejorar la calidad de vida en las ciudades de México. Hoy en día la

mayoría de los mexicanos viven en zonas urbanas y es urgente tomar

acción para mejorar su calidad de vida. Esto implica esfuerzos en materia

de cultura, la modernización del transporte público y la infraestructura de

movilidad urbana sustentable, seguridad pública para todos, una

recolección de basura eficiente y la accesibilidad para las personas con

discapacidad.

14. Atender las necesidades de los mexicanos a lo largo del ciclo de

vida. Debemos concebir un sistema de cuidados para atender las

necesidades de las personas a lo largo de su vida, con particular atención

a poblaciones vulnerables como niñas y niños, personas mayores,

comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con

discapacidad.

15. Priorizar la atención a las comunidades indígenas. Una priorización

radical es indispensable si queremos cerrar la brecha en los niveles de


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bienestar. Tenemos que reconocer la gran diversidad existente y procurar

la equidad de las poblaciones indígenas de todas las etnias con resto de

los mexicanos. Es prioritario lograr la plena inclusión social de las

poblaciones originarias, respetando y engrandeciendo su cultura y

reconociendo sus aportaciones a la historia de nuestro país.

16. Impulsar la igualdad de género en todos los ámbitos. Buscaremos la

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, privilegiando la igualdad en

el acceso a las oportunidades, que empieza desde luego por la eliminación

de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Al mismo

tiempo, debemos promover acciones con un enfoque de equidad como la

universalización del seguro de vida para jefas de familia y el acceso

preferencial a créditos productivos.

17. Invertir en nuestra juventud. Es importante ampliar la oferta de becas

para que las y los jóvenes no deserten y puedan concluir su formación con

el fin incorporarse al mercado laboral con un trabajo decente y bien

remunerado. De la misma manera, debemos ofrecer créditos en

condiciones preferenciales que puedan desarrollar proyectos productivos y

estimular el emprendedurismo entre los jóvenes.

18. Retribuir la contribución de las personas adultas mayores a la

sociedad. Debemos generar las condiciones para el desarrollo y la

participación activa de las personas adultas mayores en un entorno social

incluyente. Esto implica esfuerzos como universalizar las pensiones a partir

de los 65 años, establecer un sistema de cuidados a largo plazo para

garantizar su bienestar y eliminar cualquier forma de violencia o

discriminación.

19. Asegurar el acceso de los migrantes a sus derechos sociales.

Tenemos que promover las condiciones para la regularización de su

situación migratoria a nivel individual y acercarlos a programas sociales que

permitan su inserción exitosa en las comunidades de residencia y su

empleabilidad, y de manera más general mejorar su calidad de vida.

20. Sumar capacidades en favor del desarrollo. Para lograr estas metas

ambiciosas, debemos promover un nuevo pacto social entre actores


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políticos, sociales y económicos que movilice recursos y capacidades de

todos los sectores en la responsabilidad compartida de lograr un desarrollo

con equidad y la solución de problemas sociales.


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Eje 5: México abierto al mundo.

México es un país escuchado y respetado en el mundo. Tenemos un cuerpo

diplomático profesional y una política exterior con visión de Estado.

Defendemos principios de validez universal como la igualdad jurídica de las

naciones y la autodeterminación de los pueblos, hemos promovido

instituciones multilaterales fuertes y lideramos causas como el desarme

nuclear, la cooperación para el desarrollo y el combate al cambio climático.

Hoy, México participa activamente en la definición de la agenda internacional

y es uno de los principales polos de atracción para los intercambios

económicos, turísticos y culturales. En los foros internacionales, encabezamos

nuevos esfuerzos para superar los principales desafíos globales. Asumimos la

responsabilidad de participar en las Organizaciones de Mantenimiento de la

Paz, contribuimos a la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y

adoptamos la Agenda 2030 como política de Estado.

Con América Latina y el Caribe impulsamos la Alianza del Pacífico para

traducir nuestras afinidades en oportunidades de crecimiento. Con Europa,

profundizamos sustantivamente nuestras relaciones políticas, culturales,

académicas y económicas. En Asia Pacífico, la prioridad ha sido intensificar

los flujos de comercio, inversión y turismo. Hemos consolidado alianzas

estratégicas con países clave del Medio Oriente e intensificamos la

cooperación con países de África.

Sin embargo, en la última década hemos vivido en un mundo repentinamente

cambiante, complejo, caracterizado por una redefinición de paradigmas y de

las aspiraciones universalmente aceptadas con anterioridad. La sociedad

mundial se ha transformado, sus metas han cambiado e incluso sus principios

se están modificando. Esto ha propiciado un mundo más volátil e impredecible.

En este contexto, durante los próximos años nuestro país debe aprovechar

sus múltiples pertenencias, su posición geopolítica única, sus características

económicas, sociales y culturales, y su estatus como referente en diversos

temas torales del multilateralismo, para afianzar su liderazgo y continuar

promoviendo los valores, principios e intereses del país, así como los derechos

de nuestros ciudadanos, dondequiera que se encuentren.


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Estamos comprometidos a hacer de nuestra política exterior una auténtica

palanca de desarrollo, que nos permita consolidar nuestra posición como

potencia media en el mundo. Ante un sistema internacional incierto y en

transformación, queremos consolidar a México como un país abierto al mundo.

Fortaleceremos los procesos de integración en curso con América del Norte y

América Latina, actualizando la infraestructura física y jurídica que da sustento

a nuestra competitividad. Al mismo tiempo, promoveremos la diversificación

de nuestras relaciones comerciales mediante la consolidación de relaciones

estratégicas con Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico. En nuestras

relaciones bilaterales fortaleceremos la cooperación educativa, científica,

cultural y tecnológica. No cejaremos en la defensa y protección de las y los

connacionales, dondequiera que se encuentren.

En América del Norte, aseguraremos los espacios para potenciar la

competitividad compartida y cerraremos las brechas entre los derechos de

quienes viven en el país, y quienes viven fuera y aportan de manera

significativa a sus sociedades receptoras. Con Estados Unidos, la relación

tiene que ser de pleno respeto y beneficio para los mexicanos.

Con Centroamérica, debemos profundizar la integración comercial y

energética, mejorando así la matriz de desarrollo y competitividad del sur-

sureste de México y la de los países vecinos. Haremos de nuestra frontera sur

un espacio de prosperidad y seguridad compartida. Con el Caribe, tenemos

que propiciar una mejor interconexión marítima y comercial, así como

cooperación técnica y mayor coordinación en el combate a la delincuencia

organizada.

Con América del Sur, tenemos la oportunidad de encontrar mayores espacios

de coincidencia para promover conjuntamente la productividad, el comercio y

el diálogo para el desarrollo. Con Europa, fortaleceremos nuestros vínculos

históricos y encontraremos nuevos espacios de cooperación, en particular, en

materia de ciencia y tecnología, educación y cultura.

Debemos propiciar una relación más amplia con los países de Medio Oriente,

buscando mayor comercio e inversión. Intercambiaremos experiencias con los


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principales países de África en materia de desarrollo e inclusión financiera.

Finalmente, buscaremos acercamientos con las economías más grandes y

dinámicas de Asia, a fin de diversificar nuestras relaciones políticas,

comerciales, culturales y de cooperación.

En la protección de los mexicanos en el exterior, el eje rector seguirá siendo

acercar sus derechos a los de los ciudadanos de los países en donde residen.

Que nuestra bandera se mantenga para el migrante como el mejor emblema

de apoyo y protección, y de que somos una misma comunidad. Debemos

buscar mecanismos que les aseguren acceso a educación, salud y servicios

financieros.

En los espacios multilaterales, México seguirá siendo punto de referencia y

una voz poderosa en defensa de las mejores causas políticas, económicas y

sociales. Sin dejar de respetar nuestros principios constitucionales, debemos

ejecutar la política exterior con la flexibilidad que los tiempos actuales

ameritan. Seguiremos promoviendo la fortaleza de las instituciones

multilaterales para hacer frente a desafíos globales como el cambio climático,

el crimen organizado y la tentación del proteccionismo comercial.

Líneas de acción:

1. Defender la soberanía y promover el interés nacional en el exterior. En

tiempos de inestabilidad política o de alternativas poco democráticas de

gobierno, se vuelve más importante que nunca refrendar nuestros principios

como país. Tenemos que defender posturas congruentes con nuestro

interés nacional, como por ejemplo una estrategia eficaz que inhiba y

sancione el lavado de dinero.

2. Alinear la política exterior a los objetivos de la política interna. Nuestra

acción como país en el mundo tiene que estar alineada con nuestras

prioridades nacionales para convertir a México en un protagonista mundial

en beneficio de las y los mexicanos. Esto incluye el fortalecimiento del

Estado de Derecho, la seguridad pública y la procuración de justicia, así

como un crecimiento económico sustentable, la preservación del medio

ambiente, y una mayor inversión en investigación y desarrollo. Esto implica


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utilizar la red diplomática y consular para identificar oportunidades de

cooperación y desarrollo en el exterior.

3. Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

de México. A través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y

productivas con otros países, sustentadas en una política exterior vigorosa,

sustantiva y activa, debemos asumir nuestra responsabilidad en el

cumplimiento de las metas de desarrollo que nos hemos fijado. Nuestra

relación abierta con el mundo ha venido acompañada de una mayor

inversión extranjera generadora de empleos.

4. Fortalecer y mejorar la imagen de México en el exterior. Es clave que

los distintos actores globales tengan claro cuáles son los beneficios de

nuestro país como destino de inversiones o de turismo, dado que esas

actividades se traducen directamente en mejores condiciones para las

familias de nuestro país. La estabilidad macroeconómica, la diversidad de

recursos y el medio ambiente, y la amplia variedad de destinos en México

hacen que la población de otros países nos visite o bien invierta en nuestro

país. Por ello, debemos mejorar nuestra imagen a nivel mundial en los

ámbitos político, económico, turístico, de desarrollo social y seguridad.

5. Defender a las personas migrantes dentro y fuera de nuestras

fronteras. En el caso de la comunidad mexicana en el exterior, en particular

en las grandes concentraciones de mexicanos en Estados Unidos,

debemos continuar reforzando los instrumentos de protección jurídica para

asegurar el respeto a sus derechos humanos y los de sus familias.

Asimismo, tenemos que promover condiciones para la regularización de su

situación migratoria a nivel individual, la organización comunitaria para la

defensa local de sus intereses y su acercamiento a programas sociales.

6. Construir una relación respetuosa con Estados Unidos. México es una

nación soberana e independiente, por eso privilegiará el diálogo

constructivo y la promoción del interés nacional para atender, de forma

corresponsable y nunca subordinada, las amenazas comunes como el

narcotráfico (siendo que hoy por hoy, Estados Unidos es el principal

consumidor de droga en el mundo), el terrorismo, el tráfico y la trata de

personas, la piratería y el lavado de dinero, entre otros. Debemos promover


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programas de movilidad laboral temporal, mejores prácticas comerciales y

aduaneras, impulso a la investigación, la capacitación y el desarrollo,

transferencia de tecnología e inversión extranjera directa, mediante

mayores garantías de seguridad jurídica, así como participación en

proyectos públicos, privados y mixtos de infraestructura.

7. Incrementar la participación ante los organismos de carácter político

y financiero como fuerza geopolítica, económica y demográfica.

México necesita ser parte activa de las decisiones en el ámbito multilateral,

pues es ahí donde pueden balancearse las posiciones más radicales en

contra de la integración. Algunos espacios en donde se podrían impulsar

los intereses nacionales son: la implementación de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible, la instrumentación del Acuerdo de París sobre

Cambio Climático, la participación en Operaciones de Mantenimiento de la

Paz, el impulso a un nuevo paradigma en el combate al Problema Mundial

de las Drogas, el establecimiento de una gobernanza de la migración

internacional a través del Pacto Global sobre Migración, y la participación

activa en las decisiones del G-20.

8. Participar en esfuerzos globales de conciencia ambiental y

sustentabilidad. La protección del medio ambiente es una responsabilidad

compartida entre naciones y, en esa medida, sólo puede ser atendida de

manera efectiva a nivel global. México es uno de los países más afectados

por el cambio climático y sus consecuencias. Por ello, debemos abanderar

de manera muy destacada esta causa a nivel internacional.

9. Promover una política exterior proactiva e incluyente. Como parte de

nuestra nueva manera de hacer política, también debemos tomar iniciativas

y buscar los consensos necesarios con las fuerzas políticas y los sectores

sociales, así como nutrirlas del diálogo con centros académicos. Queremos

ser proactivos en las causas estratégicas y construir mecanismos

transparentes y participativos para la toma de decisiones de política

exterior.

10. Proyectar en el exterior la importancia del “poder suave”. Debemos

proyectar el papel y la posición democrática de México, nuestros valores

culturales, así como la imagen de un país decidido a enfrentar sus retos y


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construir un gran futuro. En consonancia, tenemos que impulsar formas de

diplomacia más allá de la tradicional, tales como la cultural, la científica, la

académica y la parlamentaria.

11. Profundizar relaciones bilaterales y diálogo político con actores

clave. México ha expandido su relación política a todos los rincones del

mundo. En esa medida, en cuanto más diversificadas sean nuestras

relaciones, mejor será para todos los países involucrados. Entre las

oportunidades estratégicas con países selectos se cuentan: profundizar y

diversificar la relación con Argentina, Chile y Brasil; incrementar el comercio

bilateral y la inversión en infraestructura, industria automotriz y tecnologías

limpias con Japón; promover el intercambio comercial, la inversión y el

turismo con Canadá; buscar acceso de más productos mexicanos al

mercado chino; impulsar el intercambio económico tecnológico y comercial

con Corea del Sur; crear vínculos fuertes con India e Indonesia, potencias

regionales con peso económico creciente.

12. Diversificar las relaciones estratégicas con todas las regiones del

mundo. De esa manera podremos reducir los riesgos de las relaciones

tradicionalmente importantes para nuestro país. Algunas alternativas son:

diversificar el destino de las exportaciones y fuentes de inversión; más

comercio, inversión y cooperación con América Latina y el Caribe;

consolidar la Alianza del Pacífico e impulsarla como plataforma de

integración con países en otras regiones; modernizar el Acuerdo Global con

la Unión Europea; reforzar la integración comercial y el diálogo político con

Asia Pacífico; atraer inversiones de los países del Golfo Pérsico y negociar

un TLC con Jordania y Turquía; aumentar los proyectos de cooperación con

África; vigorizar la relación con las naciones anglo y francoparlantes del

Caribe; impulsar acuerdos con Centroamérica en temas como la Estrategia

de Seguridad en Centroamérica.

13. Potenciar las actividades de cooperación internacional para el

desarrollo. Debemos fortalecer nuestra Agencia de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y buscar cumplir gradualmente

el compromiso de destinar, por lo menos, 0.7% del PIB a la cooperación

internacional para el desarrollo. En particular, debemos promover la

cooperación Sur-Sur en temas como educación, cultura, tecnología, salud,


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recursos hídricos, gobernabilidad global, derechos humanos, seguridad y

justicia, y la democracia de las instituciones y organizaciones

internacionales.


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Causa transversal 1: Desarrollo sustentable y sostenible.

El desarrollo del país no puede ser entendido al margen del cuidado al medio

ambiente. En México, el medio ambiente ha tenido grandes afectaciones a

consecuencia de las diversas actividades humanas que generan

contaminación, así como del cambio climático, lo cual ha puesto en riesgo los

recursos naturales y la biodiversidad. Hemos sufrido fenómenos

meteorológicos como consecuencia del cambio climático, tales como ciclones

tropicales, huracanes de mayor intensidad, aumento del nivel del mar, al igual

que daños en el suelo por su desertificación.

Entre los principales factores que repercuten en el deterioro ambiental, se

encuentra la generación de residuos, afectando la calidad del aire, agua y

suelo, lo cual a su vez provoca severos problemas de salud y afectaciones en

los ecosistemas naturales. Somos uno de los principales consumidores de

agua a nivel mundial, por lo cual la gestión integral y sustentable del agua debe

ser una prioridad nacional, un asunto de seguridad nacional. Adicionalmente,

la generación de energía eléctrica a partir de las fuentes tradicionales como

carbón, petróleo y gas es muy costosa y contaminante. Deberemos centrarnos

en la producción y el uso de energías limpias.

Tan necesario y urgente es profundizar el crecimiento económico, como

lograrlo con una perspectiva de sustentabilidad y largo plazo. Necesitamos

adoptar una agenda medioambiental y de sustentabilidad transversal para

aprovechar el potencial de desarrollo que tenemos. Debe ser un criterio que

oriente todas nuestras políticas, desde la económica y la exterior, hasta la

social y la educativa.

Somos un país único que se distingue internacionalmente por su patrimonio

ambiental y la abundancia de recursos naturales que poseemos, reconocido y

admirado como un país megadiverso. Todos tenemos el derecho de vivir en

un entorno sano y que los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance

puedan ser aprovechados, en igualdad de condiciones, para promover tanto

el bienestar familiar y comunitario de los mexicanos hoy como también el de

las futuras generaciones.


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El derecho es compartido, al igual que la responsabilidad: el cuidado del

ambiente no es una política pública específica que pueda ser asignada a una

sola dependencia gubernamental o si quiera al Estado mexicano o incluso a

nuestro país en su conjunto. Se trata de un desafío global que tiene que ser

enfrentado a nivel global. En ese sentido, planteamos las siguientes

propuestas específicas en materia ambiental.

Líneas de acción:

1. Promover la adopción de políticas con enfoque de sustentabilidad y

sostenibilidad en todos los sectores. Por la naturaleza transversal del

reto que enfrentamos, debemos incorporar el enfoque de sustentabilidad y

sostenibilidad en todos nuestros esfuerzos como gobierno.

2. Promover la concertación entre los sectores público, social y privado.

Para enfrentar el enorme reto que representa la preservación del medio

ambiente, requerimos una mejor planeación y coordinación entre los

diferentes sectores y órdenes de gobierno, así como el sector público y

social.

3. Promover la adaptación ante el cambio climático. Al tiempo que nos

esforzamos para mitigar los efectos del cambio climático, debemos aceptar

la realidad de que la humanidad ha hecho daños irreversibles al medio

ambiente. En ese sentido, necesitamos desarrollar medidas de

adaptación, como por ejemplo fortalecer nuestros sistemas de protección

civil o invertir en infraestructura clave para proteger a la población y sus

bienes de desastres naturales inevitables, priorizando las poblaciones

ubicadas en zonas de riesgo.

4. Impulsar el combate al cambio climático a nivel internacional. Si

queremos abanderar la causa del cambio climático a nivel global, debemos

en primer lugar cumplir los compromisos que adquirimos en el Acuerdo de

París. Al mismo tiempo, debemos aprovechar las oportunidades de

cooperación y asistencia técnica para impulsar medidas de adaptación y

mitigación, así como la participación de México en mercados de bonos de

carbono internacionales.


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5. Promover la producción y el uso de energías limpias, al igual que la

eficiencia energética. Debemos incentivar la producción de energías

limpias, así como el desarrollo y la adopción de tecnologías que aumenten

la eficiencia energética por parte de instituciones públicas, empresas y

particulares. Podemos aprovechar el potencial de las energías limpias

como la solar, eólica e hidroeléctrica, entre otras. Por ello debemos

incentivar la instalación de tecnologías que permitan el uso de radiación

solar en edificios e infraestructura pública y privada, así como promover el

uso de biocombustibles de segunda y tercera generación en procesos

productivos y en el sector de transporte. Por otra parte, tenemos que hacer

más eficiente y limpia la producción de energía en el sector hidrocarburos

como por ejemplo promoviendo la recuperación de gas natural en la

producción petrolera.

6. Promover la transformación productiva de la basura en energía. En

México se generan 117 mil toneladas de basura al día, de las cuales el

70% llegan a océanos, ríos, barrancas, bosques y tiraderos clandestinos.

Se requiere adoptar una visión con responsabilidad ambiental en la

materia, que aproveche los residuos mediante la biodigestión y la

termovalorización para generar energía eléctrica y mitigar la degradación

ambiental y los daños a la salud. Para ello impulsaremos la reducción

progresiva de disposición final de residuos que son aprovechables.

7. Promover el cuidado del medio ambiente desde la educación. En el

marco del nuevo Modelo Educativo y a través de espacios como la

autonomía curricular, debemos impulsar la educación ambiental para

fomentar la conciencia de los retos que enfrentamos. La educación es

fundamental para promover conductas ambientalmente responsables en

nuestros alumnos.

8. Desarrollar nuestro talento especializado y promover la investigación

e innovación en temas ambientales. Debemos promover la formación de

especialistas altamente calificados en materia ambiental, al mismo tiempo

que fomentemos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la

innovación en el sector.


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9. Mejorar la gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera.

Debemos fortalecer las medidas para reducir las emisiones de

contaminantes priorizando los sectores que más contaminan como por

ejemplo el transporte comercial y de pasajeros. Es fundamental establecer

un sistema de cuencas atmosféricas que nos permitan atender la

problemática de manera puntual.

10. Mejorar la gestión de residuos sólidos. Debemos desarrollar políticas

e instrumentos específicos para minimizar la generación de residuos

sólidos, al mismo tiempo que fomentemos el aprovechamiento de los

mismos en minimización, reutilización y reciclaje, así como para la

elaboración de compostas y producción de energía cuando esto sea

posible.

11. Mejorar la gestión integral y sustentable del agua. Debemos

desarrollar e instrumentar una política hídrica nacional que promueva el

manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos con la

participación conjunta de sociedad y autoridades de los diferentes órdenes

de gobierno, usuarios y organismos operadores. Asimismo, tenemos que

mejorar la coordinación entre sectores productivos, en particular con el

sector agrícola. Al mismo tiempo tenemos que promover el consumo

racional de agua. Es indispensable evitar la sobreexplotación de cuencas

y acuíferos a través de la reutilización forzosa de aguas tratadas en

actividades agrícolas, industriales y riego de áreas verdes, así como de

incentivar el desarrollo de infraestructura para captación de agua pluvial.

Todo esto nos permitirá tener un mejor y mayor abastecimiento de

recursos hídricos para la población que hoy sufre de escasez. Finalmente,

debemos continuar invirtiendo en la construcción y el mantenimiento de la

infraestructura hidráulica del país, y desarrollar mecanismos de captación

y potabilización.

12. Combatir la deforestación y promover la reforestación. Como parte

de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, es crucial

que frenemos la deforestación y la degradación del suelo, protegiendo los

ecosistemas naturales mediante áreas naturales protegidas y prácticas

sustentables de manejo forestal y vida silvestre. Asimismo, tenemos que

crear condiciones e instrumentos para ampliar la cobertura forestal.


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13. Expandir las áreas naturales protegidas en el territorio nacional. Es

necesario continuar fortaleciendo el Sistema Nacional de Áreas Naturales

Protegidas.

14. Protección de animales. Tenemos que regular de manera adecuada la

comercialización y el manejo de las especies silvestres, así como de

aquellas que se poseen como mascotas o animales de compañía,

prohibiendo de manera definitiva su venta en vía pública para evitar su

maltrato. Por su parte, las especies domésticas deben estar resguardadas,

previo a su comercialización, en lugares que cuenten con la infraestructura

necesaria y el personal capacitado para su manejo.

15. Protección a mamíferos marinos. La celebración de espectáculos

públicos o privados, incluyendo los espectáculos a domicilio, fijos o

itinerantes con cualquier especie de mamíferos marinos, así como el uso

de mamíferos marinos con fines económicos de manejo, adiestramiento,

entrenamiento y terapia, ocasiona reiteradamente situaciones de maltrato

físico y psicológico que atentan en contra de su naturaleza y no existe

evidencia científica alguna de los beneficios que aporta al ser humano la

convivencia con dichas especies, por lo que este tipo de eventos no tiene

justificación.

16. Corresponsabilidad en la protección y conservación de los

recursos naturales. Se requiere una mayor corresponsabilidad de todos

los niveles de gobierno en el financiamiento de las políticas encaminadas

a la protección y conservación de los recursos naturales, por lo que será

necesario asegurar que en los tres niveles de gobierno se contemplen

partidas presupuestales para este fin.


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Causa transversal 2: Igualdad de género sustantiva.

En los últimos años hemos dado pasos importantes en la ruta hacia la igualdad

de género. Como país hemos logrado la paridad en la matrícula educativa en

todos los niveles, de preescolar hasta la educación superior, y las niñas y

jóvenes tienden a obtener mejores resultados que sus pares varones. En

materia política, la reforma político-electoral hizo posible que hoy, el 42% de

los integrantes de la Cámara de Diputados y el 38% en el Senado de la

República sean mujeres. Tan sólo en los últimos cuatro años, se ha reducido

la brecha salarial entre el hombre y la mujer en un 40%.

No obstante, la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo, sin lugar a

duda, uno de los pendientes más significativos que tenemos como sociedad.

De manera específica, la violencia de género -una pandemia global que no

reconoce fronteras- afecta a la mayoría de las mujeres mexicanas: dos de

cada tres mexicanas han sufrido al menos un incidente de violencia de género

a lo largo de su vida. Esta situación es inaceptable y debemos combatirla de

manera urgente.

La igualdad de género no sólo es un acto de justicia, sino también una gran

oportunidad de crecimiento económico y desarrollo. Empoderar a la mujer es

empoderar a nuestra sociedad y darle mejores herramientas para crecer y

desarrollarse. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) afirma que, si el índice de participación laboral y

económica de las mujeres se igualara al de los hombres, para 2030 el PIB

mundial se incrementaría en 12%.

A fin de cerrar las brechas de acceso e inclusión económica, laboral,

educativa, patrimonial y de salud de las mujeres y las niñas, así como erradicar

la violencia de género, debemos emprender acciones contundentes que

involucren a todos los sectores de la sociedad, donde todos los ciudadanos y

de manera destacada los hombres tienen un papel clave que desempeñar.

Ello implica en primer lugar incrementar la capacidad institucional para

conducir una política integral de igualdad y no discriminación a nivel nacional.

Ésta no se puede limitar a una dependencia o un sector, sino que, al igual que


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el cuidado del medio ambiente, debe incorporarse como un enfoque de género

en todos nuestros esfuerzos.

Tenemos que alcanzar la equidad salarial y erradicar la brecha que aún

persiste entre hombres y mujeres. Las diferencias de género se perciben no

sólo en los puestos de trabajo que ocupan, sino que en ocasiones la

discriminación salarial en las empresas tiene que ver con el salario que

perciben. Igualmente, hay que implementar esquemas innovadores para

impulsar un mayor equilibrio entre la vida familiar y la laboral, lo cual implica

una participación más equitativa de hombres y mujeres en las tareas de

cuidado y mantenimiento del hogar. También incluye ampliar los esfuerzos de

inclusión financiera y apoyo al emprendedurismo.

Líneas de acción:

1. Combatir la violencia de género. Tenemos que impulsar procesos de

tratamiento integral que vayan desde la prevención educativa hasta la

sanción de los culpables y refugios para las víctimas, con el fin de reducir

significativamente los índices de violencia contra las mujeres. De manera

muy particular, el feminicidio es una barbarie que no puede ser tolerada

bajo ninguna circunstancia.

2. Establecer el principio de equidad salarial. Para erradicar la brecha de

género en los ingresos, debemos establecer mecanismos para asegurar

que los patrones paguen los mismos salarios a sus trabajadores, sin

discriminación de género. A trabajo igual, salario igual.

3. Promover el empoderamiento económico de las mujeres. Más allá de

la equidad salarial, tenemos que facilitar la incorporación de las mujeres a

la vida laboral, particularmente de aquellas que son madres. Capacitar a

las mujeres con el debido asesoramiento para la elaboración de proyectos

productivos viables, como parte de la estrategia de apoyo a su economía

en el marco de los programas que desempeña el gobierno para las jóvenes

emprendedoras. Ello pasa necesariamente por el involucramiento de los

hombres, pero también implica medidas que permitan conciliar la vida

laboral y familiar como programas de apoyo a la lactancia sin

discriminación.


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4. Incrementar los espacios en guarderías. De la misma manera, es

fundamental aumentar la oferta en guarderías y estancias infantiles con

preescolar que, además de educar y promover el desarrollo de los niños,

garanticen el cuidado infantil y permiten una mayor flexibilidad a las

familias.

5. Educar para la igualdad. Debemos implementar plenamente el nuevo

Modelo Educativo para promover la educación para la igualdad y que

desde temprana edad, niños y niñas aprendan a tratarse como iguales y

combatir la discriminación.

6. Promover la salud para la mujer. Tenemos que reforzar campañas y

programas de salud, así como esfuerzos de prevención para disminuir los

embarazos de adolescentes y los indicadores de mortalidad materno-

infantil. Asimismo, hay que fortalecer las campañas para la detección

oportuna y el tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino.


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Causa transversal 3: Apuesta por la juventud.

México es un país de jóvenes. Los jóvenes son el corazón y el impulso

innovador de nuestro país por lo que deberemos incentivar su participación a

través del respeto a su diversidad, la formación de su propio liderazgo y

desarrollo de capacidades. El país debe aprovechar el bono demográfico que

significa contar con 38 millones de mexicanos de 12 a 29 años. En particular,

tenemos que estimular a la juventud para que se involucre más activamente

en la vida política del país, impulsando su empoderamiento y abriendo

espacios para su participación en la toma de decisiones sobre las políticas de

gobierno y el desarrollo de sus comunidades. Por eso, el PRI se asegurará de

que por lo menos una de cada tres candidaturas la represente una persona

joven.

Debemos asegurarnos de que los jóvenes tengan las oportunidades que

necesitan a partir de una comprensión de sus necesidades y su momento de

vida. No se trata de encasillar a los jóvenes mediante la provisión de opciones

restrictivas, sino de generar nuevas alternativas para aprovechar su energía y

detonar su crecimiento personal. Por eso, las políticas enfocadas a los jóvenes

son una causa transversal de esta Plataforma Electoral y Programa de

Gobierno.

Sólo recuperando la confianza y credibilidad de los jóvenes podrá

restablecerse la confianza entre gobierno y ciudadanía. Por eso,

promoveremos la participación individual y organizada de la juventud para

canalizar las demandas y expectativas que contribuyan con su desarrollo. En

este sentido, promoveremos oportunidades para que los jóvenes participen

en los tres órdenes de gobierno y se harán valer los mecanismos para postular

el mayor número de jóvenes a cargos de elección popular.

Líneas de acción:

1. Educación de calidad y pertinente con equidad e inclusión. La educación es la herramienta más poderosa para que un joven pueda forjar su propio destino. Por ello, es clave avanzar en la transformación que plantea el nuevo Modelo Educativo para elevar la calidad y la pertinencia de la educación obligatoria. De manera más específica, debemos dar un mayor impulso a esquemas que vinculan la educación con el sector


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productivo a partir de la vocación productiva de cada región, como lo son el Modelo Mexicano de Formación Dual en el bachillerato o la Formación en Alternancia en la educación superior. De manera más general, debemos ampliar las oportunidades laborales de los jóvenes mientras estudien.

1. Fortalecer la orientación vocacional y difundir programas de becas.

En el nivel superior, debemos promover el uso de las tecnologías de la información para identificar la oferta y demanda de competencias en los principales sectores del país, promoviendo la especialización y participación de los jóvenes en los sectores más dinámicos de la economía. Por otra parte, es importante informar a los jóvenes de los programas de becas que existen tanto para estudiar en México como en el extranjero.

2. Combatir la deserción y mejorar el ambiente escolar. Además de la pertinencia de su formación, la segunda gran estrategia para fomentar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo son las becas. Por ello, debemos ampliar la oferta de becas para que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos. Al mismo tiempo, tenemos que hacer partícipes a los jóvenes en el diseño de propuestas para una mejor convivencia en los ambientes escolares, de manera que éstos no se conviertan en espacios de represión, sino de libertad para la adquisición y el goce del conocimiento.

3. Estimular la creatividad artística de los jóvenes. Debemos ampliar los

espacios para su formación artística e impulsar políticas de estímulos a quienes muestren mayores aptitudes y talento. Por otra parte, podemos involucrar a colectivos juveniles junto con los gobiernos estatales y municipales en proyectos de rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios culturales específicos para jóvenes.

4. Facilitar el empleo y promover el emprendedurismo de los jóvenes.

Debemos fomentar el impulso al empleo digno para los jóvenes con esquemas como el servicio social remunerado, tomando en cuenta en todo momento la diversidad regional y étnica de los jóvenes. Al mismo tiempo, es necesario promover el espíritu emprendedor de los jóvenes mediante apoyos y asesoría técnica, la disponibilidad de créditos blandos e insumos productivos para impulsar su potencial productivo, innovador y creativo.

5. Fomentar el ahorro. De manera complementaria, es importante fomentar

el ahorro y la responsabilidad financiera en las nuevas generaciones a fin de facilitar la construcción de su patrimonio y que tengan certeza económica en el momento del retiro laboral.


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6. Promover la salud y la activación física de los jóvenes. Un aspecto clave de la política de jóvenes debe ser el acceso a servicios de salud y programas de seguridad social flexibles y adecuados a las nuevas realidades del mercado laboral y contextos específicos que enfrentan los jóvenes en situación de calle, con problemas de farmacodependencia, trastornos psicológicos o de nutrición, de ITS y VIH-SIDA. Asimismo, debemos impulsar campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes, así como sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol tabaco y drogas.

7. Asegurar el acceso a la justicia. Tenemos que impulsar la creación de órganos especializados en el sistema de procuración e impartición para ofrecer orientación y asesoría jurídica a los jóvenes, así como simplificar los procedimientos para denunciar el atropello de los derechos juveniles e incrementar el número de centros donde éste se realiza. Asimismo, hay que incorporar criterios de interpretación que consideren la madurez psicosocial y otras características derivadas de la condición juvenil de presuntos infractores y de quienes se encuentren responsables de alguna infracción, con el objeto de garantizar la pertinencia de los procedimientos que les son aplicables. Por otra parte, se debe separar a los primodelincuentes de los reclusos que por su pasado criminal ejercerían una influencia nociva sobre ellos y replantear las penas que se aplican a los jóvenes sentenciados para dirigirlas a la reparación del daño, la readaptación social y el trabajo en beneficio de la comunidad. Debemos restablecer el tejido social involucrando a los jóvenes en su propio desarrollo.


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Siguientes pasos: Mecanismos de participación.

La nueva etapa de transformación del país tendrá que articularse no por el

designio de una sola persona, con arbitrariedad, ni desandando el camino. Por

el contrario, será garantizando el imperio de la ley, perfeccionando la

democracia y abriendo canales de diálogo y cooperación entre la sociedad y

el gobierno.

En ese sentido, la Plataforma Electoral que sostendrán nuestras candidatas y

candidatos, que aquí se presenta, no pretende ser exhaustiva; es apenas el

punto de partida. Es indispensable que, además de las propuestas

mencionadas anteriormente, recojamos las expresiones y demandas de la

sociedad para construir un proyecto de gobierno representativo. En el

desarrollo de México todas las opiniones cuentan y tienen que ser

escuchadas.

En este contexto, los sectores, las organizaciones, las diversas estructuras,

liderazgos, movimientos y organizaciones adherentes del Partido

Revolucionario Institucional también permiten generar un vínculo de

participación importante para enriquecer con su experiencia y

representatividad esta Plataforma Electoral, y reflejar en ellos las diversas

demandas sociales y regionales del país. Aprovecharemos la experiencia y la

vitalidad de nuestros dirigentes, cuadros, representantes populares y

precandidatos a distintos cargos de elección popular, para construir las

mejores estrategias de diálogo plural y acercamiento con la ciudadanía.

Construiremos respuestas a las demandas de quienes viven del campo, de

quienes laboran en nuestras industrias y de los que desarrollan su actividad

en el mundo del comercio y de los servicios. Recogeremos las inquietudes

específicas de todas las regiones y comunidades del país. Acudiremos al

mayor número posible de espacios de reflexión para fortalecer la profundidad

y visión de futuro de nuestra Plataforma Electoral, durante las precampañas y

campañas de nuestras candidatas y nuestros candidatos.

La participación ciudadana se robustecerá con la voz de los grupos específicos

de la sociedad, reflejada en las organizaciones de nuestro Partido, es decir de

mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, migrantes, personas con


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discapacidad y adultos mayores, así como quienes se desarrollan en las

Fuerzas Armadas, en el sector empresarial, académicos e investigadores, en

la cultura, el deporte y el arte. Con todos ellos nos comprometemos a defender

sus derechos y buscar su participación permanente en la vida nacional.

La Plataforma Electoral que nuestros instituto político presenta, será puesta a

consideración de la sociedad por medio de encuentros temáticos, sectorizados

o focalizados en las regiones del país, lo que nos permitirá fortalecerla y

hacerla parte de la sociedad.

En este sentido, el desarrollo de redes digitales, efectivas y propositivas, será

fundamental para conocer, analizar y discutir las propuestas, en un ánimo

positivo y creativo. Mostraremos en todo momento el sentido del gobierno bajo

una colaboración abierta y ágil que nos acerque a los mexicanos dentro y fuera

del país, para que nadie quede fuera de la construcción de nuestro proyecto

de gobierno definitivo para la transformación de México.


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Epílogo: Reflexiones finales.

La Plataforma Electoral será enriquecida por las y los militantes y

simpatizantes de nuestro Partido durante el proceso de precampaña y de

campaña. A lo largo de las próximas semanas recorreremos el país para

escuchar y, a través del diálogo, juntos construir un programa que garantice a

los mexicanos un futuro de bienestar.

Ésta será una campaña de propuestas, para construir un gobierno centrado

en el compromiso de cerrar la distancia entre nuestra realidad y nuestras

aspiraciones. Con seguridad y justicia sin impunidad, con crecimiento que se

traduzca en la mejora del ingreso familiar. Con un gobierno que ejerza sus

recursos con absoluta legalidad, transparencia y compromiso con la

ciudadanía a la que sirve. Con mujeres que tengan un verdadero piso parejo

en oportunidades y la protección de sus derechos. Con una niñez que no

conozca la pobreza y tenga pleno acceso a educación, salud y cultura.

Éste es el momento de las certezas. El país no puede dar un salto al vacío.

México es un país con un gran pasado, un presente vigoroso y está en

posibilidad de consolidar un futuro promisorio. Si seguimos en el rumbo de la

transformación, México será una gran potencia. Si continuamos por la ruta del

cambio, el siglo XXI será el siglo de México.

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