proceso 1843:los zetas infiltran al ejÉrcito, la pgr, la afi, la pf

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La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procura-

ción de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presi-

dente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es

algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por

asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo

los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el

que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo

los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo

protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas,

halcones, informantes, pagadores y hasta sicarios.

diaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de ma-nera temporal a combatir al narco.

Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débi-les a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, inclui-das las anónimas.

En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pa-go de la narconómina a los policías estata-les o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.

En Coahuila, el teniente coronel Ma-nuel de Jesús Cícero Salazar, quien se de-sempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era reco-mendado del secretario de Defensa, Gui-llermo Galván Galván.

La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era cono-cida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.

La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detu-vieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desa-parecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciu-dad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.

El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nues-tra propia dependencia. Somos los prime-ros en poner el ejemplo y tenemos (ac-ciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes fede-rales de investigación, contra los minis-terios públicos, contra quien sea en cual-quier nivel (que sean corruptos)”.

Morales adelantó que hay más impli-cados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expe-

diente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también im-plica a otros integrantes de la PGR.

En cuanto a la corrupción militar, el do-mingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los va-lores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.

Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran ma-yor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las des-apariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Oji-naga, así como la implicación en ejecucio-nes del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Bata-llón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Sal-tillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.

Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y proban-zas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernán-dez Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.

Galván Galván

NARCOTRÁFICO / COAHUILA

La detención de cuatro integran-tes de la organización crimi-nal de Los Zetas puso al descu-bierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo sola-padas, por elementos del Ejér-cito Mexicano, la Procuraduría

General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA Federal (PF), así como por las policías esta-tales y municipales, tanto de Coahuila co-mo de Nuevo León.

A cinco años de iniciada la guerra de Fe-lipe Calderón contra el narco, que ya acu-muló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de se-guridad federales no escaparon a la corrup-ción que el presidente atribuye insistente-mente a policías e instituciones locales.

De acuerdo con la averiguación pre-

via PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integra-da apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciu-dadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.

La indagatoria añade que lo mismo ha-cían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversa-rios de Los Zetas, colocaban puestos de vi-gilancia donde éstos les indicaban y custo-

infiltrada

Toda la estructura de seguridad,

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tas detenidos, informar sobre todas las de-nuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información en-viada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delin-cuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Salti-llo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuer-pos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas per-sonales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.

No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada Gonzá-lez López tuvo que explicar personalmen-te lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, man-do de la PF en Coahuila y antes en Nue-vo León. De acuerdo con Sérpico, el capi-tán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregar-le la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejér-cito el 25 de enero de 2011 en Monterrey.

Escorpión afirma que conoció a Val-buena en 2008 y que en Nuevo León reco-gía también la nómina para Coahuila, en-tidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.

El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enri-que González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Sal-tillo en enero de 2011, y al jefe de inteli-gencia regional. En esa reunión los man-dos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estan-cia en los dos estados.

Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrup-ción de ministerios públicos locales en Ar-teaga, Coahuila, para liberar a delincuen-tes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsque-da de Pepito Sarabia en Nuevo León, don-

de escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.

El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.

Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras cor-poraciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehícu-los, vuelos, horarios y cantidad de perso-nas, así como del objetivo de los operati-vos federales en la zona.

El capitán también “resolvía los pro-blemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le en-tregó más de 1 millón de pesos, ya que to-da la corporación se encuentra compro-metida con Los Zetas”, señala Escorpión.

Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los benefi-ciarios. El testigo Sagitario le atribuye al ca-pitán el robo de cinco camionetas blinda-das en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.

La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciu-dades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chi-nas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.

Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Sen-da y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues ade-más de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbue-na tiene gasolineras en Monterrey y le en-tregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles

Por la información de los testigos mencio-nados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de represen-tantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licencia-

do Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.En Coahuila el peón de Los Zetas era el

teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a media-dos de 2008 fue designado titular de Segu-ridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.

El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvi-de, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayo-res y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entrega-ron todas las jefaturas de seguridad públi-ca municipales.

Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes mi-litares, dentro de este modelo, vienen co-misionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañe-ros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.

Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresuel-

Moreno Aviña. Ejecuciones

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Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la cla-ve confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaracio-nes de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confia-ble, por haber sido de utilidad para la cap-tura de otros integrantes de Los Zetas”.

En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Ro-dríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ga-naban” 50 mil pesos, y a Marcos Augus-to Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.

Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francis-co Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallar-do Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Va-lencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.

Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entre-gaban 20 mil. La función de Montes con-sistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.

Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, co-nocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infante-ría con la organización criminal y se en-cargaba de pagar la narconómina.

Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un te-niente de apellido Hoyos.

A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subtenien-te Francisco Javier Beltrán Luna, los sar-gentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cué-llar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.

En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pe-sos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargen-to Treviño Ríos asentadas en el expedien-te, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.

“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rum-bo) se encargaba de levantar y desapare-cer a personas contrarias a la organiza-ción de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.

Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), le-vantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de pro-fesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.

El martes 21, el diario Reforma publi-có otras revelaciones de Treviño, asenta-das en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Mali-brán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomi-sada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.

Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al gene-ral Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general or-denó matarlo.

Narcosueldazos

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Je-sús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, deteni-do el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.

Ante el Ministerio Público Sarabia na-rró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nue-vo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a “la operativa”, es decir, a la escol-ta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, lucha-ba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Val-dez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.

En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir co-mo “tranca” o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en jefe de pla-za de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo tam-bién como jefe de plaza,

pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dóla-res mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quie-nes responden al mando de Nuevo Laredo.

En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sér-pico asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandan-te segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les re-galaban costosos vehículos.

Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres le-tras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subde-legada de la PGR en Saltillo, Claudia Gon-zález López.

Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agen-tes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del minis-terio público y la subdelegada.

En febrero de 2010 la subdelegada Gon-zález López y la MP Leyva Quintero se en-contraron con Sarabia y El Gerry en la agen-cia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de do-ble cabina.

Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconó-mina, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.

Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está im-plicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ba-llesteros Huescas, a quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este úl-

timo responsable estatal de la AFI, radicado en To-rreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales pa-ra repartirlos entre los po-licías asignados a Coahui-la. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.

Además, los elemen-tos de la PGR y la AFI de-bían liberar mercancías vehículos y armas ase-guradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los ze-

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Cícero Salazar. Recomendado

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Vallejo Malibrán. Corrupción


La guerra entre cárteles del narcotráfico produce perso-

najes que siempre están en medio de los enfrentamien-

tos más violentos, entre disparos, sangre y muerte. Uno

de ellos es el Comandante Pepito, un zeta recientemente

aprehendido que en su declaración ante la PGR da deta-

lles, entre otros, de dos sonados episodios: el tiroteo du-

rante una carrera de caballos en el que murió un jefe de

su organización y el asesinato del agente estadunidense

Zapata, del ICE, hace un año.

La averiguación 051/2011 establece que Sarabia pidió a El Toto que explicara lo ocu-rrido y le ordenó reunir a El Piolín con su “es-taca (comando) para darle piso (matarlo) o montarlo” (entregarlo a las autoridades).

Esto último fue lo que ocurrió, por lo que la Sedena y la Marina pudieron tener detenidos rápidamente y no por los traba-jos de inteligencia presumidos por Felipe Calderón, a quien inclusive felicitó Barack Obama tras las detenciones.

Sarabia estaba en Monclova, a donde lo había convocado Heriberto Lazcano pa-ra que se encargara de organizar una pro-testa contra la construcción de un penal federal que se realiza en esa ciudad, según se establece en la averiguación 041/2012.

El asunto había hecho crisis. La noche del 15 de febrero de 2011, horas después del asesinato del agente Zapata, L-40 y El Lazca convocaron a Sarabia para pedirle una ex-plicación, por ser el mando principal de esa región. El primero en llegar fue L-40.

De la declaración de Sarabia: “Mi com-

padre 40 me pregunta qué fue lo que pa-só en San Luis Potosí, que quién se había chingado a los de Migración, refiriéndose a los güeros del ICE, porque yo era el en-cargado, a lo que yo le dije que no sabía có-mo estaba el pedo, ya que se había queda-do encargado El Toto”.

El Piolín y otro sicario mencionado só-lo como El Tarta han sido identificados por las autoridades mexicanas como los eje-cutores del ataque. De la declaración de Sarabia se desprende que eso es cierto.

“Toto me dijo que había mandado a Pio-lín y a Tarta a robarse trocas a la carretera de San Luis a México, y al parecer había va-lido madre porque era gente del otro lado, es decir de los güeros. Después de eso, mi compadre 40 le habló a Lazcano para que checaran qué iban a hacer conmigo. Una vez que llega Lazcano le explicamos cómo están las cosas y Lazcano explica que él me había mandado llamar a Monclova para lo de las pancartas, por lo que queda mi com-padre 40 conforme con lo dicho y me dejan seguir haciendo lo de las pancartas.”

Días después, a principios de marzo, L-40 lo cambia de asignación y entonces Sarabia opta por desertar de Los Zetas.

“(L-40) me dejó dicho con El Abuelo (jefe de plaza en Monclova) que le migre para la guerra (llaman así al enfrentamiento con-tra el Cártel del Golfo en la frontera tamau-lipeca), que ya no regrese a San Luis Potosí y me ponga a las órdenes de El Gallo y La Pa-pa (ambos ejecutados y calcinados en la ca-rretera Laredo-Monterrey), pero no obedecí y a finales de marzo de 2011 dejo de formar parte de la organización de Los Zetas.”

Carreras en Fresnillo

Unos meses antes de su detención, Sara-bia empezó a tener problemas dentro de la organización criminal, según dice en su declaración.

El 15 de diciembre de 2010 hubo carreras y fiesta entre zetas. Se reunieron en un hi-pódromo en las inmediaciones del penal de

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asentado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEI-DCS/051/2011, integrada a partir de la deten-ción de El Toto y El Piolín, ya que explica có-mo se vivió la tensión por lo ocurrido en las horas que siguieron al homicidio de Zapata.

Sarabia, indiciado ahora por diferen-tes delitos federales, explicó que El Toto era el contador de la plaza y se había que-dado a cargo aquella semana cuando ata-caron a los agentes del ICE.

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San Luis. Muerte de Zapata

Sarabia. Toda la historia “El Toto”. Error fatal


Historias

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Las declaraciones de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia o Comandante Pepito, explican algu-nos hechos de violencia de los úl-timos años en regiones del nor-te del país; esto por su cercanía

con Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, su compadre, así como por su ascenso en la organización criminal de Los Zetas, de la que llegó a convertirse en asociado.

Detenido el pasado 11 de enero en un operativo incruento, Sarabia está en ca-lidad de indiciado según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, en la que se asienta que hasta marzo de 2011 fue mando regional de Los Zetas, con in-fluencia en San Luis Potosí, Zacatecas, Ja-lisco y Coahuila.

A lo largo de su declaración, Sarabia da cuenta de operaciones en las que par-ticipó directamente o de las que tuvo co-nocimiento al formar parte de la también llamada Compañía, operaciones que en su momento se convirtieron en noticias de repercusión internacional.

Uno de esos casos es el ataque a dos agentes del Servicio de Inmigración y Con-trol de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 15 de febrero de 2011.

Ese día los agentes Jaime Zapata y Víc-tor Ávila fueron tiroteados en un paraje

de la autopista federal número 57, en San Luis Potosí. Zapata murió.

El 23 de febrero de ese año la investiga-ción a integrantes de Los Zetas derivó en la detención de Julián Zapata Espinoza, El Piolín, quien según la Secretaría de la De-fensa Nacional (Sedena) era el mando de la organización delictiva en la zona.

Ricardo Treviño, vocero de la Sedena, aseguró aquel 23 de febrero que el ataque se debió a una confusión, pues por el tipo de vehículo en el que viajaban los agentes del ICE, los sicarios asumieron que se tra-taba de miembros de un cártel rival.

El 28 de febrero de 2011 el gobierno pre-sentó a Sergio Mora Cortés, El Toto, detenido por la Marina. A El Toto se le atribuyó estar a las órdenes de El Piolín. Con inusual premu-ra los zetas implicados iban cayendo.

Durante un año nadie mencionó que los agentes del ICE iban armados, hasta que el pasado miércoles 15 The Washington Post dio a conocer otros pormenores del ataque. Por ejemplo que la camioneta en la que via-jaban era blindada y hubiera podido resis-tir los disparos de AK-47 y la detonación de granadas, pero el vehículo tenía una falla técnica: al poner la palanca en “parking” se levantaban los seguros de las puertas.

Los agentes del ICE no pudieron res-ponder la agresión, pues eran superados en armamento.

Con las declaraciones de Sarabia la in-formación complementa lo que ya se había

dos que nunca se transparentaron. Su “je-fe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco An-tonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.

Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que lle-vó a Coahuila reaparecieron tiempo des-pués en otras entidades, como Tamauli-pas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Se-guridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.

Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue con-tra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las insta-laciones de la Policía Municipal porque te-nía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegi-dos se desprende que Pepito Sarabia le en-tregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.

Otro implicado era Emanuel Alma-guer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y re-cibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hi-jo de 12 años.

Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (her-mano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocu-rador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ains-ley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.

Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un au-tomóvil BMW y un Mustang.

El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Cal-derón a Humberto Moreira, quien lo ig-noró y mantuvo al funcionario en el car-go desde 2010.

Pese a estos antecedentes y a las con-fesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en po-der de la PGR, esta dependencia no ha in-tegrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto ca-so alguno de desaparición forzada de per-sonas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde media-dos de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.

de sangre


cos, donde se vigilaban las nuevas leyes a aprobarse. En ese lapso se tipificó el deli-to de desaparición forzada que no cumple los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas.

“La definición está amañada para sa-lirse por la tangente. Vamos pa’trás, de-jaron muy ambiguos los castigos a los responsables directos del delito y la res-ponsabilidad del estado para garantizar la justicia”, señala.

El desencanto no es nuevo. Confor-me pasa el tiempo y las familias peregrinan de institución en institución para solicitar la búsqueda de sus seres queridos, se han ido dando cuenta de las complicidades en-tre autoridades y delincuentes. Sin embar-go, hasta este momento se hizo explícito.

“Mucho tiempo confiamos en la pala-bra de esas personas que, dicen las noti-cias, están inmiscuidas. A nosotros Dios nos iluminó: el 27 de abril de 2009 nos di-mos cuenta de que el fiscal no iba a hacer nada. Descubrimos que los nuevos datos que llevábamos, las sábanas telefónicas, las fotografías, no las incluía en la averi-guación previa, aunque le dábamos todo en sus manos. Además nos paralizaba, diciéndonos que no buscáramos porque nuestro hijo corría peligro”, dice la madre de Jorge Antonio.

La familia del ingeniero decidió acudir a la PGR; hasta ahora la institución no ha avanzado en el caso de su hijo. La familia Robledo-Fernández y los demás miem-bros de Fuundec tuvieron pláticas con el subsecretario de Gobernación, Felipe Za-mora, con quien planeaban la creación de una fiscalía estatal que se dedicara a la búsqueda de los desaparecidos. Pero todo se interrumpió cuando él murió en el ac-cidente aéreo con el secretario Francisco Blake Mora.

“Nos interesa que se investigue a es-tas personas que ahora son señaladas, porque puede ser el hilo de esta madeja tan dolorosa para nosotros”, dice la seño-ra María Guadalupe.

Fresnillo los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, L-40 y L-42, respectivamente; Iván Velásquez Caballero, El Talibán o Comandante 50; El Diamante, operador de Zacatecas; otro sujeto conocido como El Gordo, quien se ha-ce cargo de los caballos de la organización, y La Ardilla, jefe de plaza en Zacatecas.

El Talibán le preguntó a Sarabia si le ha-bía hecho algo a su compadre L-40, porque andaba muy enojado y le quería montar “a aquel hombre”, refiriéndose a Lazcano.

“Yo lo único que le dije fue que esta-ba enojado porque me había visto con una muchacha que yo traía y que era de Vera-cruz, era una teibolera, pero al parecer le ha-bía gustado a mi compadre Miguel (L-40)”, explicó Sarabia.

No hubo reclamo, porque de repente recibieron reportes de la presencia de mi-litares en la zona y se acabó la fiesta.

El Ejército reventó la carrera, pero todos los zetas lograron escapar y enfrentaron a los militares a lo largo de la carretera esta-tal Jerez-Fresnillo. Sólo murió un pistolero. L-40, L-42, Lazcano y La Ardilla volaron en aviones privados a Monclova. Sarabia huyó por tierra y se fue a esconder a Saltillo.

La información oficial sólo dio cuenta de que un grupo de hombres armados había enfrentado un convoy militar que los repe-lió, dejando como saldo un sicario muerto.

Villarín y Cañada Park

El gusto por las carreras de caballos de Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño ha sido ampliamente referido, sobre to-do porque en diferentes ocasiones se han visto atacados o cercados por el Ejército al ser espectadores de justas ecuestres.

Una de las primeras menciones sobre esa afición ocurrió en El Villarín, Veracruz, cuando un desencuentro entre los apos-tadores terminó en balacera. Aquella vez se especuló con que uno de los muertos podría ser Heriberto Lazcano, pero en rea-lidad se trataba de Efraín Teodoro Torres, Comandante 14 o Z-14.

Villarín es un rancho cuya carretera re-ducida apenas está pavimentada. Al transi-tar por ahí es frecuente que salgan al paso gallinas o cerdos, antes de penetrar el breve y paupérrimo caserío. Sin embargo en ese lugar se instaló un hipódromo abatible, con capacidad para unas 10 mil personas y que entre sus curiosidades contaba con arran-caderos profesionales.

La bolsa era de unos 9 millones de pe-sos, pero al final de la carrera los aposta-dores no quedaron conformes con el re-sultado. De ahí surgió la balacera en la que murió el Z-14.

Dos años después, en el Futurity 2009 del Cañada Park, en Ramos Arizpe, Coahui-la, asesinaron a balazos a Javier Urióstegui Román, El Gato Urióstegui, un tahúr profesio-nal originario de Morelos.

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Dos días después, en una finca de Allende, Nuevo León, donde lo velaban, un comando acribilló a los dolientes. Ahí mu-rió su hermano José Carmelo, además de que otros familiares y amigos del aposta-dor –procedentes de Teloloapan, Guerrero– resultaron heridos.

En su huída del Cañada Park, un convoy encabezado por el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, entonces director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, se encontró con los delincuentes. Su vehículo iba equipado con cámara y grabó el enfren-tamiento. Bajo el fuego se escuchan las de-sesperadas peticiones de apoyo por radio a otras corporaciones. La ayuda no llegó.

De acuerdo con las declaraciones de Sarabia, fue El Gato Urióstegui quien ma-tó al Z-14 o al menos así lo entendía L-40.

“Conocí a esta persona (Cícero) el 30 de agosto de 2009 ya que hubo una balace-ra entre la escolta de Cícero en contra de la gente de la Compañía, entre los que nos encontrábamos mi estaca (comando) y yo.

“Fue en la carretera Los Pinos, ya que ese día hubo carreras de caballos a las que fue El Comandante 40, porque sabía que en ese lugar iba a estar un apostador que un año antes (en realidad dos años antes), ha-bía matado en unas carreras de caballos que se hicieron en Villarín, Veracruz, al Co-mandante 14.”

Sarabia estaba estacionado en las in-mediaciones de un convento ubicado por la carretera a Los González, en Salti-llo, cuando recibió la orden de acercarse al Cañada Park, pero en el trayecto se dio cuenta de que había patrullas esperando el convoy de L-40 que ya había ejecutado a El Gato Urióstegui y venía de regreso. Sara-bia fue quien hizo la custodia del convoy de L-40, haciendo frente a los policías y re-sultando herido.

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Los Robledo

“El Piolín”. Autor intelectual


C uando se enteraron por las noti-cias de que al exfiscal de Coahuila Jesús Torres Charles y a la subdele-gada de la PGR en el estado, Clau-

dia González, se les relaciona con Los Ze-tas –el primero por parentesco, la segunda por brindarles protección–, a cientos de fa-milias de todo el país se les heló la sangre.

Entendieron que a la par que aportaban nuevos datos a los funcionarios para que buscaran a sus familiares desaparecidos es-taban entregando información a los propios criminales. Comprendieron también por qué, a pesar de sus esfuerzos, el gobierno no ha encontrado a ninguna de las personas repor-tadas como desaparecidas en la entidad en estos tiempos de la guerra contra el narco.

“Siento frustración por la impunidad, por la omisión, por el cochinero y la colusión de todas las autoridades procuradoras de jus-ticia del estado de Coahuila, no nada más las personas que ya aprehendieron, sino las que nos pusieron innumerables obstáculos a las familias que hicimos pesquisas, inves-tigamos con esfuerzos sobrehumanos por ser simples ciudadanos. Y seguramente to-do lo que presentábamos al fiscal lo tiraba a la basura”, dice indignada la señora María Guadalupe Fernández Martínez.

Es madre del ingeniero Jorge Antonio Robledo Fernández, un defeño desapare-cido en Monclova el 25 de enero de 2009. Tenía 32 años y trabajaba en ICA Fluor Da-niels, en el Proyecto Fénix de Altos Hornos de México. Desde entonces la pareja Roble-do-Fernández se volcó en la búsqueda de su hijo y viajó cada semana a Coahuila para entregarle pruebas al fiscal.

Le dieron un video del antro sospechoso,

Funcionarios de doble caraMARCELA TURATI

de ventanas selladas, que comparte estacio-namiento con la tienda de autopartes donde desapareció su hijo. Las llamadas que, du-rante un año, se hicieron desde los dos telé-fonos celulares de su hijo y hasta la ubicación de los dos cajeros automáticos en los cuales se hicieron retiros bancarios con sus tarjetas. Pero no hizo nada, ni siquiera incluyó los da-tos en la averiguación previa 002/2009.

“Siempre nos preguntaban qué cosas nuevas habíamos investigado y muchas ve-ces les dijimos: ‘Ustedes tienen que inves-tigar; esa es su labor, no la nuestra’”, dice a Proceso esta mujer, que forma parte de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), que tiene 230 casos documentados en el estado de 2007 a enero de 2011.

Los cálculos preliminares del gobierno estatal arrojan que en el estado han desapa-recido más de mil 600 personas durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Nosotros hacíamos esfuerzos sobrehu-manos por obtener información: hicimos un análisis de las llamadas que salían del ce-lular de mi hijo y se los llevábamos cada 10 días para mostrarles que estaban activos, que los recargaban, que tenían dados de alta como amigos a varios celulares; llevá-bamos estados de cuenta de tarjetas ban-carias y les avisamos la semana en la que ininterrumpidamente se presentaron a sacar dinero. Nosotros estábamos esperanzados de que iban a poner a un agente encubierto a esperarlos, porque Monclova es una ciu-dad pequeña. Pero llegó el sábado y esos animales-infelices-desgraciados que habían sacado de 3 mil en 3 mil le sacaron los últi-mos 100 pesos que quedaban”, dice.

El asco, la desilusión, la indignación, la sensación de estafa es compartida por las familias que, como la suya, se dedicaron a juntar pistas que ayudaran a las autoridades a ubicar a sus seres queridos. Sin saber que tenían a los enemigos en casa.

La directora del Centro de Derechos Hu-manos Fray Juan de Larios, de la Diócesis de Saltillo, Blanca Martínez, también aseso-ra de Fuundec (hoy Fuundem, porque aglu-tina ahora a desaparecidos en todo Méxi-co), informa que, ante la noticia reciente, las familias están desconcertadas e indignadas.

“Ya entendemos por qué estos años no se encontró a nadie a pesar de que la gen-te ha puesto información que no ha servido para nada.”

Crece el desencanto

La Fuundem programó varias asambleas re-gionales urgentes con el propósito de tomar una postura sobre ese caso. Sin embargo, queda claro que pedirán que se investigue al exgobernador Humberto Moreira que sostu-vo a Jesús Torres Charles en el cargo a pe-sar de su negligencia.

“La primera desaparición fue hace cinco años y a la fecha no hay nada. Hay una clara responsabilidad, como mínimo, por omisión y muy probablemente una deliberación de no buscarlos, y eso implica responsabilidades institucionales y de estado. No dudamos que haya responsabilidades directas de funciona-rios de alto nivel, como la subdelegada. Por eso vamos a pedir que se investigue al exfis-cal, a todos los funcionarios involucrados en las presuntas investigaciones de los desapa-recidos y, obviamente, al exgobernador Mo-reira”, señala Blanca Martínez.

Durante todo 2011, las familias estable-cieron mesas con funcionarios estatales y federales en las que participó la subdele-gada Claudia González. “(Ella escuchó) to-dos los casos, dando su opinión, compro-metiéndose con las familias a buscar a sus desaparecidos, diciendo –con un manejo emocional poco ético– que entendía a las madres de ellos por ser mujer”.

A raíz del anuncio de la semana antepa-sada de los vínculos de los dos exfunciona-rios con Los Zetas, la desconfianza entre las familias se afianza.

“Desde que nos sentamos la prime-ra vez con Moreira, en septiembre de 2010, una de las demandas de las familias era la renuncia de Torres Charles por sus claros actos de omisión en procurar justicia. El en-tonces gobernador hizo caso omiso y cuan-do dejó la gubernatura para irse como pre-sidente del PRI todavía nos dijo: ‘Quédense tranquilas, aquí está el fiscal, él va a seguir buscando’”, dice Martínez.

A pesar del mal desempeño de Torres Charles como procurador estatal, el sucesor de Humberto Moreira, su hermano Rubén, lo nombró jefe de la Oficina de Asuntos Jurídi-

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Familiares. Informantes involuntarios


Estanzuela, en el sur de Monterrey. Estaba separado y tenía una hija de dos años. Ha-bía dejado trunca la escuela mecánica pa-ra trabajar.

En la versión de sus padres, aquel 16 de junio, a las 14:00 horas, el joven salió del taller automotriz donde trabajaba pa-ra ir a comer. Frente al local de alimentos vivía un amigo ocasional con el que Ma-rio Humberto intercambiaba películas y, cuando fue a entregarle algunas, lo detu-vieron policías federales.

Según la familia, bastó que al Gavilán le sembraran un cargador de ametrallado-ra para que lo procesaran por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y le die-ran siete años de prisión. También lo acu-saron a él y a su amigo de tener secues-trado a un Luis Maldonado Méndez, pero esto se estaba desahogando en una ave-riguación previa por privación ilegal de la libertad en su modalidad de “secuestro a un no servidor público” (sic).

Sus padres afirman que él es inocente. No tenía antecedentes penales y se dedica-

NARCOTRÁFICO / NUEVO LEÓN

ba a trabajar, pero de pronto lo encarcelaron y afirmaba que su estancia en prisión eran los ocho meses más horribles que había vi-vido. “Decía que había recibido más golpes ahí que en toda su vida”, cuenta su madre.

El día de la masacre, que primero se difundió como “un motín”, el goberna-dor nuevoleonés Rodrigo Medina estaba a unos cuantos metros del penal de Apoda-ca, brindando con los soldados en el cam-po militar. “Lo vi en las noticias levantán-dose el cuello, sentado ahí, diciendo que los penales son seguros”, añade Sofía.

“Los narcos mandan”

Sofía y Arturo son nombres falsos. Sus iden-tidades han sido alteradas por seguridad. Ella es empleada en un centro comercial y él mecánico automotriz que hace trabajos ocasionales. Durante la entrevista tienen con ellos las cenizas de su hijo, que les en-tregaron el miércoles 22 por la mañana.

“Mario me decía que cuando saliera, nada nos iba a separar. Por eso pedí que me lo cremaran y que me dieran las cenizas. Así cumplimos lo que habíamos dicho, que cuando saliéramos nadie nos iba a separar. Ahora siempre va a estar conmigo”, dice Sofía con la mirada fija en la urna.

Toda la información de los padres sobre las condiciones que prevalecían en el penal de Apodaca procede de Mario Humberto, que vivía atemorizado. Dicen que tan pron-to ingresó al presidio le ofrecieron jalar con los malos, adentro y cuando saliera.

Los padres declinan precisar quién es el grupo que manda adentro del penal, Los Zetas o el Cártel del Golfo. Sin embar-go, fue el gobernador Medina quien preci-só que Los Zetas controlan la cárcel y que habían cooptado a los mandos (incluido el director) y a los celadores con dinero.

Para Sofía, Mario Humberto rechazó la orden de unírseles y por eso lo golpeaban: “Fue muy hombre, el canijo, y les dijo que no. Por eso buscábamos el traslado, mi es-poso escribió esa hoja. Fuimos con el direc-tor y nos dijo que si no tenían problemas con él no había por qué trasladarlo; que sí trasladaban a los reos problemáticos”.

Cuando llegó al reclusorio, el mucha-cho fue asignado al ambulatorio Delta. Pre-guntó por qué, y las autoridades peniten-ciarias respondieron que se debía a que él era de La Estanzuela y que esa era una zo-na dominada por el Cártel del Golfo, así que él pertenecía a éste. Así sellaron su suerte.

“Teníamos ocho meses de estar pe-leando su inocencia. Todos nos decían que teníamos todo para sacarlo, pero que había que esperar un proceso y eso tarda-ba un año, lo que él tenía que estar para que los jueces dijeran que podía salir”, di-ce ella entre suspiros.

Ni siquiera pudieron trasladarlo y só-lo les quedó un recurso para aliviar la si-

tuación de su hijo: “Pagábamos para que lo golpearan menos. Dimos una vez 3 mil pesos. Luego nos pidieron unos tenis de 2 mil 600, de los Nike Choice, que ni cono-cíamos. Luego 500 por semana. Se los dá-bamos a él. Los otros, lógico, no iban a dar la cara”, expone Sofía.

“Lo amarraban para golpearlo. Lo sa-caban a un campo los mismos malos. Por eso digo que no es cierto que los custo-dios tenían las llaves adentro, las tenían los malos.”

Secunda Arturo: “Si mi muchacho quería ver a un amigo, tenía que pedirle permiso al comandante, pero no al de la justicia, sino al de la injusticia. Ese daba la orden y hablaba por teléfono”.

El 20 de diciembre del año pasado fue asesinado Ramón Gumaro Garza, un reo conocido en la localidad e implicado en el maxiproceso contra Mario Villanue-va, exgobernador de Quintana Roo. Lleva-ba encerrado 15 años, de una condena de 40, cuando fue asesinado con una puntilla por otro interno.

Los papás dicen que, inexplicable-mente, tras ese crimen recluyeron a Mario Humberto en su celda, bajo llave, y lo deja-ban salir nada más cuando ellos lo visita-ban. El resto del tiempo lo pasaba encerra-do y no veía el sol durante días.

En las visitas siempre tenían vigilancia, dice Arturo, “por eso queríamos trasladarlo a Cadereyta, porque se supone que ahí no es territorio de nadie. En Apodaca, en cada ac-ceso había una persona sentada con una li-breta y una pluma, anotando los movimien-tos: a dónde van, quién es, qué hace, cuántos son. No eran celadores, sino internos”.

Y cuestiona lo que todos: ¿por qué le han permitido tanta libertad a personas que están purgando penas? Los pandille-ros pueden inconformarse cuando quie-ren, queman colchones, se amotinan y asesinan.

En su afán de salvar a su hijo de la vio-lencia del penal, la pareja cayó en manos del abogado Gonzalo Reséndiz, que les pi-dió 35 mil pesos en varias entregas, con la promesa de que conseguiría la prelibera-ción del Gavilán.

Ansiosos de ver a su hijo libre o por lo menos trasladado a un penal donde no lo acosaran, Arturo y Sofía estaban dispues-tos a mudarse a cualquier estado para se-guir demostrando su inocencia. Pero des-pués de la última entrega de dinero el abogado ya no les contestó el teléfono.

“Querían destazarlos”

En el ambulatorio Delta, los internos ha-cían rondas de vigilancia durante las 24 horas. Cubrían las ventanas de sus dor-mitorios con cartones para prevenir ata-ques con bombas molotov. El propio Mario Humberto dormía de día para estar alerta

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MONTERREY, NL.- En el pe-nal de Apodaca las llaves de las celdas y los acce-sos eran controladas por los malos. Uno de ellos es-taba en cada puerta, to-mando apuntes de quién

entraba y salía. El comandante en el inte-rior no era un guardia, sino un interno de-signado por los líderes de los presos. Los locutorios eran territorio tomado, con es-pías que reportaban lo que se decía en ca-da visita personal.

Todo eso lo supieron Sofía y Arturo a partir de lo que les contaba su hijo Mario Humberto Ramírez Calderón, asesinado la madrugada del 19 de febrero junto con otros 43 internos.

Arturo había solicitado el 29 de julio de 2011 que trasladaran a su hijo de 19 años al penal de Cadereyta porque estaba en peligro. Le envió una carta a Ernesto Gar-cía Guerrero, entonces comisario general de Administración Penitenciaria, en la que le decía que quería el cambio “por motivo

de soborno y golpes que me le dan. (…) Tie-ne mucho miedo mi hijo, ya que el día que estamos con él todo parece bien, y nomás nos vamos retirando del penal lo golpean y le preguntan todo, si habló mal del penal. Por favor, ayúdenos con el traslado”.

El 1 de agosto le contestaron con un oficio firmado por José Anastacio Fuen-tes Rojas, comisario de apoyo, dirigido al director del penal, maestro Gerónimo Mi-guel Andrés Martínez, que dice: “Le solici-to realice las acciones necesarias para su debida atención y remita a la brevedad in-forme escrito de lo consumado. Sin otro particular, le reitero mi atenta y distingui-da consideración”.

Los padres dicen que nada se hizo para proteger a su hijo. Hablaron con el director para que acelerara el traslado, pero les res-pondió –dice Sofía– “que era un buen cha-vo, que para qué lo trasladaban, que esta-ba bien, que no tenían problemas… y que él (el director) no mandaba adentro; que él sólo mandaba a los azules, a los uniforma-dos. No nos dijo nombres de organizacio-

nes ni de personas, no nos dijo ni zetas ni del Golfo ni alguna otra organización que esté adentro. Nomás nos dijo que manda-ban los que estaban adentro”.

Pero lo seguían golpeando y por eso decidieron “ya no moverle”, porque po-drían desencadenar más agresiones hacia el muchacho. Cada vez que iban a visitarlo había una persona sentada a su lado para escuchar lo que platicaban. Por eso Mario Humberto tenía que hablar con sus padres en susurros o con señas; les decía que se la pasaba bien, pero tenía en la nuca mo-retones que su madre veía al abrazarlo.

“Contaba que se había golpeado por-que se caía –dice Arturo–. Uno lo cono-ce. Yo le decía: ‘A ver, si estás bien, desco-bíjate’. Pero contestaba que no podía”. Él piensa que, en caso de levantarse, el oreja lo hubiera reportado a sus jefes y la con-secuencia sería una golpiza peor que las habituales.

Mario Humberto, a quien le decían El Gavilán, fue detenido el 16 de junio de 2011. Vivía con sus padres en la colonia La

LUCIANO CAMPOS GARZA

Testimonios

Deshecha por la pena, una pareja de Monterrey relata

la estremecedora historia de su hijo, quien fue ence-

rrado a la mala por federales en el penal de Apodaca,

donde recibió maltratos y extorsiones permanentes.

Su familia sostiene que no pertenecía a Los Zetas ni al

Cártel del Golfo. Aun así, el joven fue masacrado junto

con otros 43 reos en el ambulatorio Delta. Los padres

describen el poder que los capos del narco ejercen en

las cárceles donde deberían purgar sus condenas.

desde el infierno



Los Zetas siguen

Partidos políticos, la clase empresarial de Nuevo León,

activistas locales y la propia ombudsman estatal, Miner-

va Margarita Martínez, reprueban al gobernador Rodrigo

Medina por su torpeza política y su falta de eficacia para

enfrentar a la delincuencia en el estado. Prueba de ello

es la matanza y fuga multitudinaria de sicarios de Los

Zetas del penal de Apodaca, donde son los grupos cri-

minales los que imponen su ley. Medina culpa de estos

hechos a la federación, y el PAN le pide que renuncie.

LUCIANO CAMPOS GARZA

dueños

MONTERREY, NL.- El lunes 20, al día siguiente de la ma-sacre en la que murieron 44 reos y una treintena más se fugó, un grupo de visitado-res de la Comisión de De-

rechos Humanos de Nuevo León acudió el penal de Apodaca para comprobar las condiciones de los internos.

Un funcionario del gobierno estatal que presenció la visita asegura que los ce-ladores advirtieron a los visitantes que no podían ingresar a todas las áreas debido al alto grado de peligrosidad prevalecien-te, sobre todo en las que el autogobierno impuesto por Los Zetas y por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda auto-ridad, aun la del gobierno estatal.

Luego del ataque al casino Royale el 25 de agosto último, a raíz del cual perecie-ron 52 personas, la ejecución tumultua-ria en Apodaca es el segundo ataque más oprobioso del crimen organizado.

El mismo lunes 20, pasmado aún por los acontecimientos, el gobernador Rodri-go Medina declaró a los medios que la cul-pa era de las autoridades federales “por retacar los reclusorios estatales”, si bien es cierto que su administración ha hecho muy poco para remediar el hacinamiento

y el autogobierno en ese centro peniten-ciario y en el de Topo Chico.

Y aun cuando el vocero de Seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, in-tentó limpiar la imagen del gobierno de Nuevo León, las declaraciones de Medina detonaron las inconformidades. La presi-denta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Margarita Martínez, aliada del gobernador, pidió a las autorida-des locales trabajar en serio para “tener el verdadero control de las penitenciarías”.

El alcalde de García, Jaime Rodríguez, fue más allá. Dijo que los penales son cen-tros de consumo de droga; incluso comen-tó que a Medina le ha faltado carácter pa-

ra enfrentar al presidente Felipe Calderón y solicitarle que sea el gobierno federal el que se encargue de los reos federales.

Riña, fuga y confusión

La madrugada del domingo 19 el guardia de la torre 6 del penal de Apodaca repor-tó a dos custodios que se sentía enfermo. Cuando acudieron a auxiliarlo, fueron so-metidos por varios internos. Hasta ahora se desconoce si el celador estaba amena-zado o fue presionado por ellos.

Así empezó la trifulca en este penal, ubicado a 20 kilómetros al norte de Mon-terrey. Poco después, a las 1:13 horas, el

del penal

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16 1843 / 26 DE FEBRERO DE 2012

durante la noche, por eso sus padres su-ponen que estaba despierto cuando ocu-rrió la masacre.

Ellos acostumbraban visitarlo los lu-nes, pero el de esa semana iba a tener un careo como parte de uno de los procesos que enfrentaba, así que anticiparon el en-cuentro para el domingo 19.

Precisamente esa mañana los noticia-rios matutinos de televisión informaron del asesinato masivo de reos en el penal de Apodaca. A las 9:00 horas Sofía y Artu-ro ya estaban afuera del penal. Era un caos de aglutinamiento, desesperación y exi-gencias de información.

Un empleado del gobierno de Nuevo León salió a decirles que pronto revelaría listas de fallecidos. Luego salió y dijo que había 40 muertos, todos del ambulatorio Delta, y que no había otros lesionados.

Entraban y salían elementos de la Fuerza Civil y federales.

A las 14:00 horas la pareja no tenía información concreta sobre su hijo. So-fía, igual que los demás familiares, exigía nombres, pero la información llegaba con exasperante lentitud.

Mientras esperaban, una persona que dijo trabajar en derechos humanos la

cuestionó: ¿por qué no había denunciado lo que ocurría adentro del penal? “Yo le di-je que, cuando detuvieron a mi hijo, le di una carta al propio gobernador en su ma-no para que checara el caso de mi hijo y viera que era inocente, y hasta ahorita no me han hablado de su parte. Por eso no me digas ahora que no hablé: lo hice y nadie escuchó”.

Los familiares de los internos, deses-perados, apedreaban los coches que en-traban o salían de la prisión. A Sofía le to-có una pedrada en la pierna.

A las 16:30 horas tenían claro que en el penal no les darían dato alguno y se tras-ladaron al Hospital Universitario, en Mon-terrey. Ahí se encuentra el Servicio Médico Forense, adonde se enviaban los muertos y lugar en que el gobierno estatal instaló una mesa de orientación.

A las 19:00 horas tuvieron que ver foto-grafías de los cadáveres deshechos. Vieron 36 antes de encontrar a Mario Humberto. A decir de Arturo, reconocieron el tatuaje de un dragón que tenía en el brazo izquierdo y los dibujos dérmicos de una mano. La ca-beza y el rostro eran irreconocibles.

“Nos mostraron las fotos y sí eran los tatuajes –relata Sofía–, pero por lo que nos

mostraron no se podía reconocer. Lo que-ría abrazar, verlo, pero el ataúd estuvo se-llado y no se pudo abrir. Sus amigos que-rían verlo en el velorio. ‘Ábralo, doña’, me decían, pero yo no quería que lo vieran. No lo iban a conocer. ‘Quédense con el re-cuerdo de la foto, porque lo que hay aden-tro no es su cara’, les dije.”

Arturo exigió ver el cadáver comple-to. “Hasta ahorita no se me hace que sea su rostro, no se me hace que es él… Pero sí eran su cuerpo y sus tatuajes. Su cabe-za estaba unida por una parte, pero estaba casi cortada. Sí era la de él. Pero al princi-pio yo les decía (a los empleados del Se-mefo) que no era su cabeza, porque es mi hijo y lo conozco”.

Se lo habían advertido: “Es muy duro lo que usted va a ver”. Pero él les contes-tó que “quería saber qué me estaban en-tregando. Lo descobijaron y sí estaba uni-da la cabeza, pero definitivamente no era la persona que yo conocía. Lo vi un día, y cuatro después me lo dejaron muy dife-rente. Y así estaban los cuerpos de todos los que nos enseñaron”.

Sofía se hace una idea de lo que sufrió Mario Humberto: “Me imaginaba a unos perros que les avientas un trozo de carne. Como que decían: ‘Ten, golpéalo tú. ¿Ya te cansaste? Ahora golpéalo tú’”.

Arturo piensa lo mismo: “No era cues-tión de matarlos, sino de destazarlos. Tu-vieron tiempo para soltárselo a 15, pienso. Y háganle lo que quieran, y otros 15 agá-rrense a otro. Porque tuvieron el tiempo”.

Unos trabajadores del DIF de Nuevo León que la atendieron afuera del Seme-fo aun se atrevieron a decirle a Sofía que el gobernador estaba de su lado. “Le di-je que al gobernador le entregué una car-ta en su mano y no me escuchó –recuer-da ella–; por eso no me digas que ahora el gobernador está conmigo. Aunque me di-gas que está de mi lado, cuando lo ocupé no estaba ahí”.

Les entregaron el cuerpo el lunes 20 y lo velaron en la casa de la madre de Sofía. Recibieron el ataúd sellado a las 7:00 ho-ras y la funeraria quería llevárselo esa tar-de, pero los padres pidieron más tiempo. Finalmente se llevaron el cuerpo 24 horas después. Ese martes lo cremaron.

Ahora piden que el nombre de su hi-jo sea reivindicado, que se castigue la corrupción de las autoridades peniten-ciarias estatales y federales, y que el go-bierno de Nuevo León contribuya a la ma-nutención de la hija de Mario Humberto.

Arturo y Sofía deben cuidar lo que les queda de familia. Otro de sus hijos, Ra-món Martín, desapareció el 13 de agos-to de 2010. Salió a comprar unas salchi-chas a la tienda, allá en La Estanzuela, y ya no apareció. Les queda otro de 12 años, al que se proponen educar para que sea “un buen muchacho”.

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Conferencia improvisada en Apodaca

Traslado de los cuerpos


neral Jaime Castañeda Bravo como titular de Seguridad Pública en Nuevo León.

Presión a Medina

Desde que inició la gestión de Medina, los medios locales lo han criticado por su fri-volidad e insensibilidad política. El 4 de octubre último, por ejemplo, se le vio con su familia en las instalaciones de Disney World, en Orlando, Florida, cuando debía estar trabajando.

Meses atrás, el 23 de enero de 2011, el mandatario voló a Chicago para presenciar el juego de futbol americano entre Osos y Empacadores, aun cuando la entidad esta-ba inmersa en una “crisis de seguridad”. Y en estos días, mientras se define quiénes serán los candidatos del PRI a diputados locales y federales, el PAN estatal se lanzó contra él.

En un boletín difundido el lunes 20, Ac-ción Nacional calificó al gobierno de Medi-na de ser institucionalmente frágil y débil:

“Ante su incapacidad, insensibilidad y superficialidad públicamente demostrada en numerosos ejemplos, queremos exhor-tarlo a que nos conteste a los ciudadanos una simple pregunta: ¿Puede o no puede con el manejo del estado? Estos son tiempos de sumar, señor gobernador: si de verdad en al-gún momento le importó Nuevo León, es ho-ra de que conteste esta pregunta.”

El alcalde de García, el priista Jaime Rodríguez Calderón, ha sobrevivido a dos atentados. Cuando tenía cuatro días en el cargo Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, quien se fugó de Apodaca el do-mingo 19, ejecutó a su secretario de Segu-ridad y a sus escoltas.

Consultado sobre la matanza, dice que todo indica que Nuevo León no puede con los criminales: “La autoridad tiene que atreverse a quitar a todos los que manejan; es lo que yo haría si fuera gobernador. Los penales son centros de consumo de dro-ga muy grandes, son productores de delin-cuentes. Hay que rediseñar todo esto”.

–¿Hay un autogobierno en los pena-les? –se le pregunta.

–Ya lo vimos. El problema de los pe-nales aquí es el dinero. La federación no ha dado suficientes fondos; lo que urge es que ambas instancias –la federal y la es-tatal– se pongan de acuerdo en ese tema.

Aldo Fasci Zuazua, exsecretario de Se-guridad estatal y ahora candidato a dipu-tado federal por la alianza PRI-PVEM, ase-gura que la crisis en el penal de Apodaca se originó porque no está diseñado para alojar presos de alta peligrosidad.

Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Huma-nos (Cadhac), considera que la crisis en los penales es resultado de la impunidad con que se manejan los internos y los celadores. Dice que le llegan reportes de personas que se quejan de cobros constantes ahí. “Hasta

por dormir cobran adentro, pero las autori-dades no sancionan a los culpables”, dice.

Morales Elizondo confía en que la Co-misión Nacional de los Derechos Hu-manos investigará los acontecimientos del reclusorio apodaquense, tal como lo anunció el organismo, y dice que es mejor que eso lo haga el ombudsman nacional y no el estatal, porque tiene capacidad téc-nica y mayor libertad para hacerlo.

El miércoles 22, la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos instó al Estado mexicano a “adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares”, y le pidió “investigar y sancionar a los responsables”.

Al día siguiente, la clase empresarial arreció sus críticas contra el gobierno de Medina en rueda de prensa. Sus dirigen-tes locales señalaron que los niveles de inseguridad son alarmantes y exigieron al mandatario atender con rigor los proble-mas de la entidad.

José Mario Garza Benavides, director de la Confederación Patronal de la Repú-blica Mexicana (Coparmex); Eugenio Cla-riond Rangel y Guillermo Dillon, presiden-te y director de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), y Víctor Zo-rrilla y Miguel Treviño, presidente y direc-tor del Consejo Cívico de las Institucio-nes de Nuevo León (Ccinlac), estuvieron en ese acto.

Garza Benavides expuso: “Al goberna-dor Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad es Nuevo León, no los procesos partidistas. Le exigimos ocuparse en el trabajo que la ciudadanía le asignó, además de compro-meterse de manera que responda a la gra-vedad del problema que enfrentamos”.

Lo secundó Clariond Rangel: “Hoy es-tamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al gobierno del estado. El tema de la seguridad no se deslinda a se-cretarios ni se delega a voceros. Queremos ver al gobernador liderando y resolviendo los grandes problemas que enfrentamos, en lugar de solamente aparecer en even-tos de otra índole”.

Horas antes, en la asamblea de accio-nistas, el presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, dijo que en Nuevo León la se-guridad es mediocre:

“Hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el estado y se manifiesta de esta manera; es increíble y me lastima. En general yo diría que falta muchísimo en la capacidad (…) Tenemos mucho por hacer todavía y mientras no haya personas clara-mente capaces y responsables de las áreas de seguridad en Nuevo León no vamos a avanzar con la rapidez que debiéramos.”

La noche del jueves 23 el gobernador convocó a una conferencia de prensa en la que dijo que ya fueron identificados 10 de los agresores en la riña del penal de Apodaca.


acceso a la torre, próxima al ambulatorio Coca, fue abierto. Por ahí salieron los 30 presos, 25 del fuero federal y cinco del co-mún, todos ellos pertenecientes a Los Ze-tas, quienes tienen el control del penal.

Uno de ellos es Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, operador de esa organización en la entidad, quien purga-ba una condena por su participación en la muerte del general retirado Juan Artu-ro Esparza García, secretario de Seguridad Pública del municipio de García, y de cinco escoltas el 4 de noviembre de 2009.

De acuerdo con las versiones recabadas por el reportero entre autoridades y familia-res de los reclusos, éstos subieron al puesto de vigilancia y se deslizaron por medio de sogas hacia el exterior, donde abordaron va-rios autos que los estaban esperando.

Aproximadamente a las dos de la ma-drugada, armados con objetos contun-dentes y punzocortantes, los del ambu-latorio Coca enfrentaron a los del Delta. Según los testimonios, no hubo una con-frontación abierta; al parecer las víctimas ya habían sido seleccionadas.

Domene Zambrano declaró que los muertos eran del CDG. Los cuerpos muti-lados fueron colocados en un rincón que servía de criadero de cabras. Una hora más tarde, cuando había concluido la matanza, alguien dio la voz de alerta. Los primeros en llegar fueron los agentes de la Fuerza Ci-vil del estado y los de la Policía Federal.

Para las nueve de la mañana del do-mingo 19, familiares de los internos acu-dieron al penal a pedir información acer-ca del amotinamiento; algunos lanzaron piedras contra los uniformados, sobre to-do contra los de la Fuerza Civil, que custo-diaban el enrejado de la entrada.

En medio del caos, el gobierno de Nuevo León instaló una mesa única de orientación a los familiares en el Servi-cio Médico Forense, ubicado en el Hospital Universitario de Monterrey, donde fueron trasladados los cuerpos.

Al día siguiente, Medina organizó una

conferencia de prensa en la que se de-dicó más a exaltar los logros de su go-bierno. Dijo que de 2009 a la fecha en la entidad se ha consignado a 8 mil 500 de-lincuentes, la mayoría por delitos federa-les, y culpó a la federación de los males que le ocurren a Nuevo León, en particular por el sobrecupo de internos federales que, ex-puso, fue lo que causó el homicidio masivo.

Medina afirmó que la evasión fue pro-ducto de una traición del personal inter-no, pues su administración había compro-bado que Los Zetas controlaban el penal tras haber comprado con cuotas a directi-vos y a los custodios.

Incluso cesó a Ernesto García Guerrero, comisario de la Agencia de Planeación Pe-nitenciaria; mientras que Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del penal, así co-mo el subdirector, Juan Hernández Hernán-dez, y el jefe de Seguridad, Óscar Deveze Lau-reano, permanecerán arraigados en tanto se investiga su presunta participación en los hechos. El mandatario anunció que 26 de los 70 custodios también serán interrogados.

Los reporteros le preguntaron por qué había contratado a Andrés Martínez, toda vez que en 2009 fue destituido como titu-lar del penal de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, por corrupción. Medina respondió que lo hizo porque “aprobó las pruebas de confianza”.

La tensión aumentó. El martes 21 en el penal de Topo Chico fueron asesinados con armas blancas los reclusos Alán Josué González Rojas, de 24 años; Jorge Eduardo González Salas, de 32, y Dewin Vianey Ro-jas Martínez, una mujer de 28 años; todos ellos relacionados con el CDG. Habían in-gresado al penal el día anterior.

El martes 21 por la noche el traslado de tres internos federales vinculados a Los Ze-tas –Marcos de León Quiroga, alias El Chabe-lo; Mario Andrés Alcorta Ríos, El Junior, y Jo-sé Francisco Gámiz Vega, El Extraño– provocó nuevos disturbios dentro y fuera del cen-tro penitenciario de Apodaca. En el inciden-te cuatro internos fueron lesionados; uno de

bala y los demás con armas punzocortantes.Al día siguiente el gobernador tuvo dos

actos públicos. En el del Centro Internacional de Negocios (Cintermex) dijo a los reporteros que los sistemas de seguridad de los penales de Topo Chico, ubicado al norte de Monterrey y con una población de 4 mil 500 internos, así como el de Cadereyta, 40 kilómetros al orien-te de esta capital y ocupado por mil 100 pri-sioneros, se habían reforzado.

También declaró que el estado cuenta con mil 100 celadores y que el déficit para los tres centros de reinserción social es de 4 mil. Consultado al respecto, un funciona-rio que pidió omitir su nombre dice que sólo 20% de los trabajadores penitenciarios han sido sometidos a exámenes de confianza.

El diputado local priista Héctor Gutiérrez de la Garza hace sus propios cálculos y res-ponsabiliza al gobierno federal de la sobre-población penitenciaria en la entidad. Dice que son ya 8 mil 862 los internos en los tres centros, si bien la capacidad es para 6 mil 108; de ellos, asegura, 2 mil 254 son federales.

De acuerdo con el legislador, el estado resolvería su problema de internamiento de prisioneros del fuero común si se cons-truye un penal en Mina, 50 kilómetros al oriente de la capital, que podría tener un cupo para 2 mil 300 personas.

Su correligionario Raymundo Flo-res presentó recientemente un punto de acuerdo en el Congreso local para pedir a la Secretaría de Seguridad Pública fede-ral (SSP) que se haga cargo de los presos que le corresponden, o que convierta el de Apodaca en un penal federal. Su moción fue aprobada por el pleno.

Luis Farías, presidente del partido lo-cal Cruzada Ciudadana, se sumó a los re-clamos contra la federación y señaló que es tiempo de que se haga cargo de todas las penitenciarías del país, porque es la única instancia con poder para solucionar esta emergencia nacional.

El miércoles 22, el titular de la SSP, Ge-naro García Luna, respondió al gobernador en una entrevista radiofónica que el pro-blema de las fugas masivas en los estados se debe a la corrupción, no a la sobrepobla-ción, como alega el nuevoleonés. Recordó incluso que cinco entidades –Distrito Fede-ral, Estado de México, Jalisco, Baja Califor-nia y Sonora– concentran casi 50% de los internos estatales y federales.

“Ahí no ha habido ningún incidente de este tipo –expuso García Luna–. Es decir, no corresponde que la variable donde hay fugas sea por la perspectiva de la sobrepoblación. En todas las fugas no ha sido porque tiren una pared o entre un comando por ellos, sino porque siempre hay alguien que los libera.”

El viernes 24 por la tarde García Luna anunció que el general retirado Javier del Real Magallanes, quien hasta 2010 fue co-mandante de la Cuarta Región Militar con sede en Escobedo, sustituía al también ge-

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Familiares de los presos. Indignación


cados en el corredor petrolero Coatzacoal-cos-Acayucan, en el sur de Veracruz.

Cuenta que lo plagiaron en pleno cen-tro de esta ciudad. “Ese día”, recuerda, “to-mé mi camioneta y fui al pueblo a dar una vuelta, como siempre lo hacía; de pronto me interceptaron esas personas y me lle-varon a la fuerza”.

–¿Qué le dijeron? –se le pregunta.–¿Qué me van a decir? Lo que le dicen

a la gente que secuestran. Que cooperara o me mataban. Me llevaron a dar vueltas y más vueltas. No sabía ni dónde estaba porque me vendaron los ojos y me golpea-ron. Luego me llevaron a una casa y ahí es-tuve tres días. Querían que les diera dine-ro, que le dijera a mi esposa que llevara una cantidad y se las entregara para que me dejaran libre.

–¿Cuánto le pidieron? –No quiero hablar de ese tema.–En otros casos han exigido hasta 5

millones de pesos…–Fue menos. Pero perdí lo más impor-

tante de mi vida: mi tranquilidad. Ya na-da es igual.

En medio de la constante amenaza de muerte, siempre encañonado, los plagia-rios le exigían el dinero para dejarlo libre. Pero había un problema: su esposa no tenía acceso a su cuenta bancaria. Reyes negoció con Los Zetas: les pidió que lo liberaran y se comprometió a liquidar el pago tan pron-to reuniera el dinero. Sus plagiarios acepta-ron pero le advirtieron que si no pagaba, los matarían a él y a toda su familia.

Una vez liberado le contó lo ocurrido sólo a su esposa. Luego vendió unas vacas, pidió prestado, dispuso de lo que tenía en una cuenta bancaria y finalmente pagó. Pe-ro la pesadilla no terminó ahí. Los Zetas le exigieron que les entregara el rancho, loca-lizado a un kilómetro y medio de su casa. No se pudo negar.

–Sólo te pedimos que no vuelvas al ran-cho, que no te pares por ese lugar –le dijeron.

Reyes accedió.–¿Por qué no denunció el secuestro

y el despojo del rancho? –le pregunta el reportero.

–¿Para qué? Aquí no hay justicia para nadie. Más iba a tardar en denunciar que ellos en saberlo y mi vida vale más que lo que tengo. Les di el rancho porque pensé que así podía vivir tranquilo con mi fami-lia. Es un ranchito de 10 hectáreas donde tengo un ganadito, ya no mucho porque to-do se ha ido acabando; pero yo sólo pensa-ba en mí, en mis hijos y mi esposa, y lo de-más no me importó.

–¿Desconfiaba de las autoridades?–Sí. Aquí ya no sabe uno quiénes son

los buenos y quiénes los malos. Sólo Dios sabe y a él me encomiendo todos los días.

Reyes cuenta que al paso de los días comenzó a observar que de día o de noche vehículos con gente armada y encapucha-

da entraban y salían del rancho que, su-pone, les servía de refugio. Ahí sólo vivía un matrimonio, dice el ganadero, que cui-daba la propiedad; pero no aguantaron las presiones, se asustaron y se fueron.

“A veces pasaban seguido por aquí y en ocasiones tardaban varias semanas en re-gresar. Desde mi casa yo veía que pasaban y pasaban vehículos y suponía que eran ellos. Yo no me quise enterar de nada y hasta la fecha no me he parado por el rancho.”

–¿Qué suponía usted que hacían ahí?–Que se escondían. No me quise ente-

rar porque durante todo un año y medio no se metieron conmigo y así vivía tranquilo.

–¿De verdad vivía tranquilo?–Bueno... más o menos tranquilo; no se

puede vivir tranquilo en medio de todo esto. Uno nunca sabe cuándo van a venir a ma-tarlo a uno, pero pensaba que ya no se iban a meter conmigo y yo, la verdad, me desen-tendí del rancho y me olvidé del predio.

Asegura a este semanario que no de-nunció los hechos ni piensa denunciarlos ante las autoridades porque no tiene con-fianza en la justicia.

Se autodefine como una “persona de trabajo que suele ayudar a la gente” y nie-ga estar ligado al crimen organizado, aun-que reconoce que después de su secuestro ya carga con la mala fama de estar metido en el narco y todo esto ha surgido –reco-noce– sólo “porque a veces ayudo a la gen-te, le regalo un poco de carne”.

Reyes es propietario de varias carnice-rías en Acayucan. Cada fin de año y cada 10 de mayo suele matar unas 15 vacas pa-ra vender el kilo de carne a 20 pesos o re-galar alimentos a la gente que lo necesita.

“Esto lo he hecho porque me siento bien dándole alimento a la gente pobre, pero esta decisión me ha acarreado mu-chos problemas. Un día me vinieron a ver los marinos y me llevaron a un cuartel. Me

preguntaron si yo era narco. Les dije que no, que sólo ayudo a la gente que lo necesi-ta. Y me dijeron que eso que yo hacía tam-bién lo hacían los narcos.

“Y por hacer un bien salí hasta perju-dicado, porque mucha gente ahora pien-sa mal de mí, aunque aquí en el pueblo también hay muchas personas que me es-timan. Soy muy conocido aquí porque pa-trocino equipos de futbol, beisbol y, la ver-dad, son buenos equipos.

“Como le digo, yo no tenía problemas. Aquí se vivía muy bien. Todo eso de los se-cuestros y matanzas sólo lo veía en la tele-visión y en los periódicos, pero jamás pen-sé que esta pesadilla fuera a llegar hasta acá. Hoy ya no se puede hacer nada. Aquí no hay seguridad más que la que Dios le da a uno y para eso hay que pedirle todos los días, porque uno se puede acostar tranqui-lo pero no sabe si va a amanecer vivo.

–¿Conoce usted otros casos como el suyo en la zona?

–Se oye hablar mucho de eso por aquí y no sé ahora. Eso ya tiene un buen rato, como año y medio o dos años que se des-compuso la cosa, y feo. Pero nada más se oye el ruido, yo no sé de nadie en particu-lar. Ahora parece que se está medio com-poniendo esto con la llegada de los mari-nos, que andan por todos lados; vamos a ver cómo termina todo esto porque, no se crea, está muy mal.

“Cocinados” y calcinados

René Reyes pensaba que con la entrega del rancho La Poma Rosa los sustos y las sorpresas habían llegado a su fin. Pero se equivocó. En realidad Los Zetas que lo pla-giaron no sólo usaban el predio como casa de seguridad, sino como cementerio.

En ese sitio fue enterrado un número aún no precisado de personas, hasta aho-

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“Los narcos deshacían a las víctimas”

NARCOTRÁFICO / VERACRUZ

Los primeros días de este mes se descubrieron varias

fosas con los restos de al menos 14 personas asesi-

nadas por Los Zetas en un predio de Acayucan, Vera-

cruz. Capturado poco antes del hallazgo, el jefe de los

sicarios en esa sureña región de la entidad, El Pollo H,

confesó los crímenes sin empacho; pero resulta que el

predio donde estaban las fosas clandestinas tiene un

dueño, al menos nominalmente: un ganadero que se

vio forzado a abandonar la finca para salvar su vida

y la de su familia, y sobre el que ahora se ciernen las

sospechas.

ACAYUCAN, VER.- “Yo soy gente de trabajo y me sigo preguntando por qué me pasó esto tan horri-ble. Se robaron mi tranquilidad y temo que un día vengan y me maten. Esta gente ya no respe-

ta nada. Hoy les pagas y al rato vienen y masacran a toda tu familia. Así no puede uno vivir tranquilo.”

Habla René Reyes Ramírez, ganadero y dueño del rancho La Poma Rosa, a dos ki-lómetros de esta cabecera municipal. Si-carios del cártel de Los Zetas lo secuestra-ron y luego lo despojaron de su propiedad para usarla como cementerio clandestino.

En entrevista con Proceso, René Reyes narra lo que padeció hace un año y me-dio, cuando lo secuestró “un grupo de en-capuchados” que, según se supo después, eran sicarios al servicio de Los Zetas afin-

Narcopanteón

privado

Yahir Ceballos / Procesofoto

RICARDO RAVELO


ra no identificadas, presuntamente po-licías municipales de Acayucan, sicarios que traicionaron a la organización delic-tiva o víctimas que no pagaron su rescate.

El tema de los entierros clandestinos salió a la luz entre el domingo 5 y el mar-tes 7 de febrero cuando fue detenido Juan Francisco Alvarado Martagón, El Pollo H, identificado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz como líder de Los Zetas en el sur del estado.

Según las autoridades, este hombre era el artífice de muertes y secuestros en esa re-gión ganadera, y su detención ocurrió cuan-do a bordo de un vehículo sin placas inten-tó evadir un retén a la entrada de Acayucan.

El Pollo H fue llevado a la Agencia Se-gunda del Fuero Común de la PGJ con se-de en Acayucan, donde se integró la averi-guación previa ACA/1/123/2012.

En el interrogatorio confesó ser miem-bro de Los Zetas y jefe de Los Halcones en la zona sur del estado. También dijo que en el rancho La Poma Rosa habían ente-rrado a 15 personas.

Con base en estas declaraciones las autoridades estatales y un equipo de peri-tos acudieron al predio, aún propiedad de René Reyes Ramírez, donde El Pollo H seña-ló los lugares en los que estaban enterra-dos los cuerpos. Los peritos excavaron y comenzaron a extraer restos humanos en descomposición.

Se hicieron 20 excavaciones de donde extrajeron los restos casi completos de 14 personas, aunque el número de enterrados clandestinamente podría ser mayor: en el fondo de las fosas excavadas se observó una sustancia blanca que hizo sospechar a los peritos de la procuraduría que los si-carios cocinaban a sus víctimas; es decir, las deshacían con ácido o sosa cáustica. Había también restos de cadáveres quemados.

Los peritos no han podido identificar a nadie hasta ahora, pero trascendió que

entre los 14 cuerpos que extrajeron están los que presuntamente corresponden a tres policías municipales –María del Car-men Domínguez Cadena, Ceferino Santia-go Jiménez y uno más apodado El Palillo. Los dos primeros desaparecieron en junio de 2010 luego de participar en un operati-vo para recuperar un taxi robado.

También se cree –aunque las autorida-des estatales no han podido confirmarlo– que ahí podrían estar los restos de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Cuco, de 17 años, reportero del diario local El Mañane-ro y desaparecido en este municipio desde el 17 de septiembre de 2011.

Los despojos fueron trasladados al Servi-cio Médico Forense de Minatitlán, donde aún está en curso el proceso de identificación.

Bajo sospecha

–¿Qué pensó cuando supo que su rancho servía de cementerio de Los Zetas? –se le pregunta a René Reyes.

–No lo podía creer.–¿Usted sabía de esos entierros clan-

destinos?–¡Para nada! Ni he ido al rancho desde

que me lo quitaron. A mí me dijeron: “No te pares por el rancho”. Y no he ido ni iré has-ta que un sacerdote venga a hacer una mi-sa. Ese lugar está perdido. Creo que con todo lo que pasó ni lo podré vender. ¿Usted cree que alguien pueda vivir tranquilo ahí?

–¿Lo interrogó la PGR sobre lo ocurri-do? ¿Le notificaron que su rancho podría quedar asegurado?

–A mí no me vino a ver nadie. Los ma-rinos vinieron a verme dos o tres veces, me llevaron a un cuartel y me interrogaron. Les conté todo lo que me pasó y cómo me pasó y eso fue todo. No me han dicho que el rancho está asegurado ni nada.

“Yo ya no quiero problemas, todo esto me ha perjudicado mucho y lo que deseo es vivir tranquilo con mi familia. Y aquí la voy pasando, vivo el día como Dios me lo presenta y eso es todo.”

–¿Ha pensado irse del pueblo?–¿A dónde voy a ir? Sólo sé trabajar la

tierra y criar ganado. Aquí me voy a que-dar. No tengo por qué ir a otro lado a dar lástima. Sé que estamos viviendo una dura crisis, tengo 48 años y siento que me que-dan muchas fuerzas para seguir trabajan-do y salir adelante.

“Esto fue como una maldición, y créa-me usted que no se lo deseo a nadie. Le ro-ban a uno la tranquilidad, el sueño, la vida. Después de lo que viví ya no se puede vi-vir en paz.”

–¿A qué le teme?–A la muerte. Tengo mucho miedo de

que esas gentes (Los Zetas) vengan otra vez y me maten con mi familia.

–¿Ha pedido apoyo a las autoridades para que le den seguridad?

–No.–¿Por qué?–No confío en nadie. Así está mejor.

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Peinando el rancho

El cementerio clandestino

NARCOTRÁFICO / VERACRUZ


En octubre Julián LeBarón mandó la primera señal de

inconformidad al ausentarse del segundo encuentro

con el presidente Calderón. Pero no fue sino hasta el

viernes 24 cuando envió una carta a sus compañe-

ros del Movimiento por la Paz, que encabeza Javier

Sicilia, para comunicarles que lo dejaba porque no

está de acuerdo en que dialogue con el gobierno y los

partidos y les exija soluciones. Dice a Proceso: “Estoy

dispuesto a participar en el movimiento, con cualquier

ciudadano que adopte una actitud de accionar”.

lectura muy reducida y quizás eso obede-ce a que (LeBarón) está en Chihuahua y desde allá no se ven las cosas igual. Des-de allá, por ejemplo, no toma en cuenta la campaña ‘En los zapatos del otro’, que se construye desde la sociedad y las víc-timas”, dice.

El exombudsman capitalino relata que después del diálogo con el presidente Fe-lipe Calderón y con el Poder Legislativo se avanzó en la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia y en el reconocimiento de 15 casos consigna-dos de desaparecidos en Nuevo León.

Al igual que Sicilia, considera que no cree que la salida de Julián LeBarón ten-ga un impacto negativo en el movimiento. “Lo vamos a extrañar, pero las comisiones y los trabajos tienen su ritmo. Vamos a se-guir trabajando por la paz y las víctimas, y aunque él no vaya en el mismo barco, sa-bemos que vamos por el mismo camino”.

Fines políticos

Casi siempre de botas, pantalón vaque-ro y camisa a cuadros, Julián LeBarón se convirtió en uno de los referentes del Mo-vimiento por la Paz con Justicia y Digni-dad al que dio vida el poeta Javier Sicilia en abril de 2011, luego del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia y otras seis per-sonas en Cuernavaca, Morelos.

Constructor de casas en Chihuahua, Julián se sumó de inmediato a esa organi-zación como una más de las víctimas de la violencia del crimen organizado y la gue-rra declarada por el presidente Calderón al narcotráfico desde diciembre de 2006.

En 2009, su hermano Benjamín y su cuñado Luis Widmar fueron asesinados por un grupo de secuestradores que un año antes habían plagiado a Eric, otro de sus hermanos de sólo 17 años. Los delin-cuentes dejaron una manta en la que de-

cían que las ejecuciones eran en represa-lia por el activismo de Benjamín y Luis.

Desde entonces, Julián LeBarón y su familia comenzaron con su activismo en demanda de justicia, hasta que se unió al movimiento liderado por Javier Sicilia. La mañana del 6 de mayo de 2011 enarboló una bandera nacional y al lado de Sicilia inició en Cuernavaca la marcha de la paz hacia la Ciudad de México.

A partir de entonces, asistió a las prin-cipales acciones del movimiento: estuvo en las caravanas del norte y sur; también en el primer diálogo con Calderón del 23 de junio de ese año, aunque ya no asistió al segundo encuentro con el presidente, el del 11 de oc-tubre, en el Castillo de Chapultepec. Esa fue la primera señal de su desacuerdo.

“Ya no fui al segundo diálogo porque me di cuenta de que era un desperdicio de esfuerzos. Si (Calderón) quisiera resolver el problema, ya lo hubiera hecho, pero no puede porque es imposible hacerlo con la misma herramienta, con la misma filoso-fía que crea el problema: la violencia”, co-menta LeBarón.

El líder mormón confía en que su salida no tenga efectos negativos para los demás integrantes del movimiento: “Mi decisión no es para hacerle daño a nadie, es para poner en claro mi posición. Desde un prin-cipio acordamos que (la organización) no iba a utilizarse para fines políticos y creo que ha habido mucho de eso. Yo no quiero participar así”.

–¿Puede precisar esta idea?–¡Claro! Cuando el movimiento exige

a Estados Unidos que deje de mandar ar-mas a México, estamos pidiendo algo abs-tracto; no creo que vaya a funcionar. Me parece que pone a las víctimas en una po-sición de porristas para un régimen, pa-ra ciertos fines políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso.

Dice que le incomoda que se le tome

como bandera en la caravana en territo-rio estadunidense que Sicilia prevé reali-zar en agosto próximo para exigir un alto al contrabando de armas.

“Mira, esa caravana es para exigir a los estadunidenses que dejen de mandarnos armas; creo que eso no resuelve nada. Si las armas fueran el problema, entonces Estados Unidos sería el país más insegu-ro, el más violento y tendría el nivel de se-cuestros más alto del mundo.”

E insiste en que enfocarse en ese tipo de demandas es hacerle el juego al sistema que ha propiciado el clima de violencia y muer-te en el país. “Me parece que ésta no es una forma efectiva de hacer las cosas. Creo que el gobierno es una buena herramienta pa-ra la comunicación social, pero no lo es para asuntos morales o económicos”.

Muestra de ello, argumenta, es que el gobierno calderonista nos ha dejado 60 millones de pobres y desde que el presi-dente declaró la guerra al crimen organi-zado tenemos 60 mil muertos y más dro-gadictos que nunca.

–¿Esencialmente es ésa su diferencia con el movimiento, la demanda de que Es-tados Unidos deje de vender armas?

–No sólo esa, hay otras más. Yo me he fijado en eso desde un principio y he llega-do a la conclusión de que no puedo seguir apoyándolo. Tampoco me gustó esa idea de la reforma política y algunas otras co-sas más que se han planteado. Yo no creo que nuestro sistema político vaya a cam-biar así; tiene que haber un cambio de fon-do, y para eso hay que ver dónde se contra-dice y dejar de apoyarlo.

–¿Por dónde cree entonces que vaya el camino?

–Precisamente por la organización ciu-dadana, por gente que ya no está esperan-do que llegue Quetzalcóatl, el mesías o el cuadillo, y asume la responsabilidad de cambiar por sí mismo su destino.

Insiste: “Creo que esta idea de delegar el poder a las autoridades que no funcio-nan no está bien. Hace unos días el presi-dente puso un anuncio en la frontera para decir que no quiere más armas de Estados Unidos, aunque de manera simultánea en Coahuila se descubrió que el Ejército ha si-do corrompido por el crimen organizado”.

–¿Observa usted que el movimien-to se está inclinando hacia un partido o candidato?

–No es tanto eso, como que tiende a esperar que el gobierno resuelva nuestros problemas. La idea de educación universal y seguro social, por ejemplo; no creo que resuelvan las cosas, porque forman parte de un sistema criminal que ve a las perso-nas como objetos. Eso es lo que se necesita cambiar de fondo. Si no se hace, nunca va-mos a salir de este precipicio.

–¿Hay una supeditación hacia la clase política y gobernante?

VIOLENCIA SOCIAL

Por considerar que el Movimien-to por la Paz con Justicia y Dig-nidad está siendo utilizado con fines políticos al recurrir al go-bierno y los partidos para resol-ver el problema de la violencia

que azota el país, Julián LeBarón, una de sus principales figuras junto con Javier Si-cilia, decidió separarse de él.

Poco antes de anunciar su decisión, el agricultor y constructor chihuahuense co-menta a Proceso: “Yo estoy dispuesto a participar con el movimiento siempre que las víctimas y los ciudadanos podamos re-solver nuestros propios asuntos. Lo que ya no quiero es que se utilicen mis esfuerzos, mi nombre y mi dolor para estarle exigien-do al gobierno y a los partidos resolver algo que no pueden”.

Comenta al reportero que habló con Ja-vier Sicilia para anunciarle de su decisión y asegura que el poeta estuvo totalmente de acuerdo: “Yo respeto mucho a Javier, es co-mo un padre para mí, lo considero un gran líder. Le dije que estoy dispuesto a partici-par en el movimiento, con cualquier ciuda-dano que adopte una actitud de accionar… Pero creo que exigirle a las autoridades só-lo es estar reaccionando; desde la reacción no podemos lograr nada”.

Aclara que no se va del movimiento por problemas personales, sino por una diferencia de posiciones ideológicas y mo-rales; e insiste en que está dispuesto a se-guir colaborando, siempre y cuando no haya de por medio algún interés político:

“No, yo no tengo ningún problema con las personas del movimiento ni tampoco problemas con los políticos como perso-nas. En lo que me estoy enfocando es en los principios, en las ideas.”

Consultado al respecto, Sicilia asegu-ra que durante un encuentro con LeBarón en la casa del poeta en Cuernavaca le expu-so que no estaba de acuerdo con sus argu-

LeBarón pinta

su raya ante Sicilia

JOSÉ GIL OLMOS

mentos, y tras recomendarle que no hiciera pública su decisión, le dijo que la respetaba.

Sicilia considera errónea la aprecia-ción de LeBarón respecto del uso políti-co del movimiento. “Se equivoca –dice–. Nunca ha habido intereses políticos en sentido partidista. El movimiento es polí-tico en el sentido de la polis, de la partici-pación ciudadana, pero no partidista. De hecho hay que recordar que rechazamos las candidaturas que nos ofrecieron”.

Sicilia se muestra asombrado por la decisión de LeBarón, quien le envió una carta el viernes 24, sobre todo porque, di-ce, lo hizo en un momento en el cual el movimiento busca fortalecerse para sen-tarse a dialogar con los candidatos a la

Presidencia de la República. No obstante, confía en que esa decisión no impacte al movimiento de manera negativa.

LeBarón, líder de una comunidad mor-mona que su numerosa familia fundó en el municipio de Galeana, Chihuahua, par-ticipó más en las marchas y caravanas, no tanto en la organización interna ni en la planeación del movimiento, puntualiza Sicilia, y reitera que seguirá teniendo las puertas abiertas para que colabore como él quiera. De manera similar se expresa Emilio Álvarez Icaza Longoria, otro de los representantes del movimiento:

“No coincido con eso de que el movi-miento ha centrado sus acciones sólo fren-te al gobierno. Me parece que esa es una

Ger

mán

Can

seco


que sólo el Estado mexicano puede proveer. No están en prisión porque compran protec-ción, pagan aparatos judiciales, corrompen corporaciones policiacas y gozan de corte-sías oficiales.

Durante los últimos seis años, en nues-tro país los cárteles de la droga se han tripli-cado. De 12 organizaciones criminales en 2006 hoy se cuentan 28. El poderío del Cár-tel de Sinaloa es reconocido por autorida-des y medios de Estados Unidos, y la vio-lencia cruenta de Los Zetas es motivo de estudios en la República y allende las fron-teras mexicanas. Las autoridades federales –el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa– encargadas de facto del combate al narcotráfico y el crimen organizado, han fallado en su estrategia de guerra. La prueba son los más de 60 mil ejecutados hasta no-viembre de 2011, los cientos de secuestra-dos. Los 69 periodistas asesinados. Los 12 comunicadores aún desaparecidos.

Melvin Gutiérrez Quiroz, el que tiene la intención de acabar con el periodismo de investigación de Zeta a partir de un crimen, es uno de esos prófugos de la justicia sin or-den de aprehensión. Al menos en México no cuenta con una.

Sirvió entrando al CAF en la célula de Gustavo Rivera, El P1, quien a su vez se inició como escolta de Enedina Arellano Félix. Otra integrante del cártel que no interesa a las au-toridades mexicanas ni a las estadunidenses.

A la detención de El P1, Melvin Gutié-rrez Quiroz, alias El Melvin, El Camacho y El Marino, entre otros, permaneció cerca de la mafia Arellano. Recientemente, ante la llega-da de elementos del Cártel de Sinaloa a Ti-juana, refrendó su posición como uno de los hombres fuertes de El Ingeniero.

En Zeta hemos dado cuenta, a partir de investigaciones especiales realizadas por un calificado equipo de reporteros y editores, de las actividades ilícitas de los narcotraficantes asentados a fuerza de corrupción y amenaza en territorio bajacaliforniano. El Melvin no ha sido la excepción. Lo ubicaron oficialmente en la restructuración del Cártel de los Arella-no Félix, y en la reorganización de los hom-bres del barrio Logan en tierra mexicana.

Desde esa posición ha trasegado droga, encabezado a distribuidores y narcomenu-distas. Arropado a asesinos y homicidas. Es parte de una de las estructuras que pelean calles y avenidas de Tijuana. Que contribu-yen a la muerte y la perdición de las drogas.

Así se ha informado, con sustento en expe-dientes, reportes de inteligencia, fotografías y documentos que en el Consejo de Seguridad del Estado son parte de una investigación.

La fotografía de Melvin Gutiérrez Qui-roz la hizo pública la DEA. Las autoridades mexicanas la replicaron para su publicación y distribución. También la de su hermano Benjamín Gutiérrez Quiroz, que le entró al negocio de la droga como quien se dedica a mantener el patrimonio familiar.

Es evidente –por la amenaza– que el pe-riodismo de Zeta es incómodo a los del ba-rrio Logan. Lo mismo el trabajo de las au-toridades que en San Diego y Tijuana los persiguen.

Nosotros, como en el pasado, ante la impunidad nos queda la publicación. El ejer-cicio de nuestra libertad de expresión y el derecho del lector a estar informados es lo que nos sostiene.

A las autoridades corresponde investi-gar, capturar, procesar y sentenciar a los cri-minales, a los prófugos de la justicia, acabar con la impunidad. Nuestro compromiso es informar. Y esto, es lo que sucede.

Directora general del semanario Zeta de Tijuana.

VIOLENCIA SOCIAL

–Sí. Pero es más que eso. Siento que queremos resolver el problema de la vio-lencia con las mismas herramientas que crearon el problema. Para un cambio ver-dadero necesitamos una conciencia social que reconozca que todos los seres huma-nos somos iguales. Los políticos nos ven como ganado, como objetos de sus experi-mentos. Yo no quiero ser eso.

Por un movimiento ciudadano

Julián LeBarón relata que aún tiene pre-sente el día de abril de 2011 en que Javier Sicilia emplazó a las autoridades de More-los a que presentaran a los responsables de la muerte de su hijo en 13 días; de lo contrario, les dijo, tendrían que presentar su renuncia.

Cuenta que le pareció que por fin la ciudadanía estaba asumiendo la responsa-bilidad de resolver sus propios problemas: “Por eso me uní al movimiento y también porque después de eso nos fuimos por to-do México a mover conciencias. Ese aspec-to de la caravana me pareció muy positivo, pero cuando nos sentamos con las autori-dades más falsas del Estado para exponer nuestras inconformidades, ya no me gus-tó… Así no se puede resolver el problema de la violencia”.

A diferencia de Sicilia y de Álvarez Ica-za, LeBarón piensa que no tiene caso se-guir buscando el diálogo con las autorida-

des, porque forman parte de un sistema “criminal” que realiza “actos dañinos de gran irresponsabilidad”.

–¿Tiene usted la idea de formar otro movimiento?

–Antes de que conociera a Javier yo ya era parte de uno. Eso es lo que me impulsó a marchar y participar con el Movimien-to por la Paz con Justicia y Dignidad, por-que observé que ellos estaban haciendo efectivo lo que pienso: que los ciudadanos empezaran a tomar el control de su pro-pio destino.

–¿Cómo ve las acciones del movimiento?–Para que pueda justificarme, ten-

go que hacer las cosas en las que creo. Yo respeto y quiero a toda la gente del movi-miento, no creo que tengamos diferencias en los fines, pero creo que es importante ser claros en nuestra posición.

–Los medios que propone el movi-miento son la resistencia civil pacífica, los diálogos con el gobierno, ¿en eso no está de acuerdo?

–No estoy de acuerdo en que se busque al gobierno para que resuelva nuestros problemas, porque no puede. ¡Es como querer reparar un auto con un serrucho!

Y pone un ejemplo: “Hace como dos semanas el presidente mandó el Ejército a Ciudad Juárez con maquinaria para re-construir el tejido social. Nada más veo eso, camiones llenos de soldados armados, y digo: es como mandar a cirujanos a ope-

“Y a los andan correteando. Los traen cortitos”, señaló la voz al otro lado del teléfono.

Inmediatamente sentenció: “Quieren darles un chingadazo”.

No de manera directa, pero sí en forma de aviso, llegó la amenaza.

A los que anuncian traer “cortitos” son a los editores de Zeta. Refieren con esa pala-bra, que los han seguido. Los han ubicado.

A la pregunta de quién es el hostigador, el anónimo interlocutor dijo sin preámbulo ni regateo: El Melvin. Se refirió así a Melvin Gutiérrez Quiroz, un hombre extraído de los fondos del barrio Logan en San Diego, Ca-lifornia, por miembros del Cártel de los Are-llano Félix (CAF).

Integrante del brazo armado de esa or-ganización desde inicios de la década de los noventa, Gutiérrez Quiroz sirvió a Ramón Arellano Félix, a Francisco Javier Arellano Félix, y cuando el primero fue asesinado y el

segundo aprehendido en 2002 y 2006, res-pectivamente, se quedó en el organigrama de la mafia comandada por Fernando Sán-chez Arellano, El Ingeniero.

Identificado ahora como cabeza de una célula criminal en Baja California, Melvin Gutiérrez Quiroz fue identificado por la DEA en 2009 en el afiche de búsqueda de miem-bros de la organización criminal Arellano Fé-lix. Aún sin una recompensa por información que lleve a su captura, los norteamericanos habilitaron números especiales (01-800-720-7775 y 001858-277-4215) y un correo electrónico ([email protected]), para recibir datos que puedan ayudar a la detención de ése y otros delincuentes.

Autoridades mexicanas confirmaron que Gutiérrez Quiroz pertenece todavía al CAF que comanda Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.

La amenaza al semanario Zeta proviene de esa estructura criminal.

“Zeta” denuncia amenazasADELA NAVARRO BELLO *

Desafortunadamente no es la prime-ra ocasión que un anónimo interlocutor in-forma de intimidaciones a personal de este semanario. En el pasado inmediato fuimos alertados de las malas intenciones de otra célula perteneciente al mismo cártel. Hoy aquellos que planearon atentar contra noso-tros, están tras las rejas. Detenidos unos por elementos del Ejército Mexicano, por la Poli-cía Municipal otros.

En México el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, se lleva a cabo aun contra las presiones de los inte-grantes del narcotráfico y del crimen organi-zado, personas que gozan de la impunidad

rar corazones con motosierras. Las cosas no jalan de esa manera”.

–¿Está de acuerdo con las acciones de resistencia civil pacífica?

–Yo no creo en la violencia de ninguna forma. Creo que en el momento en que se levanta un arma para cualquier causa, esa causa ya está perdida.

Tomada su decisión de salir del Movi-miento por la Paz con Justicia y Dignidad, Julián LeBarón refiere que por el momen-to piensa terminar un documental, Encen-der el corazón, en el que aborda la violen-cia en México.

Dice que incluso planea realizar una gi-ra por el país para promover la cinta y ha-blar de las causas de la violencia. “No más odio, no más rencor, no más política”, dice el dirigente mormón, cuya religión consi-dera la compasión como elemento funda-mental para salir del atolladero.

–¿Reiniciaría sus propias acciones ciudadanas?

–Sí, eso es lo que quisiera hacer, parti-cipar con cualquier movimiento. Me gus-taría impulsar a todos los ciudadanos para que hagan lo mismo: luchar por las cosas en las que verdaderamente creemos.

–¿Qué le propondría a la gente?–Más que nada que estemos conscien-

tes de que cada una de nuestras acciones afectan al resto de la humanidad para siem-pre, que debemos ser conscientes de que, actuemos o no, eso afecta a los demás.


y quien ya solicitó a la CNE que anule la elección, los dos hijos del expriista Mi-guel Ángel Yunes, en complicidad con el delegado de la Sedesol, Abel Cuevas Melo, utilizaron clientelarmente los programas sociales, como lo acreditan numerosas pruebas documentales y videográficas.

“No es posible que usemos el recurso de los que más lo necesitan para un propósi-to electorero”, puntualiza Vázquez Cuevas, uno de los dos principales operadores elec-torales de Josefina Vázquez Mota en el país para la elección presidencial. “El PAN no puede seguir caminando hacia el abismo”.

Consciente de la gravedad de la acu-sación, sobre todo porque Cuevas Melo es amigo de Felipe Calderón, Vázquez Cue-vas advierte sobre la aplicación de esta es-trategia interna en la elección constitucio-nal: “Es evidente que si lo hacen adentro lo van a hacer afuera. Sería estúpido no hacer esa consideración”.

Sabe que en la CNE hay quien dice que anular la elección de Veracruz sería reco-nocer el uso de programas sociales por el PAN –“que sería como hacerse el hara-ki-ri”–, pero cree que debe haber una “auto-corrección, a pesar del costo político. De lo contrario acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El dinero del pueblo que ejerce el go-bierno federal para disminuir la pobreza se está usando de manera interna en un pro-ceso electoral y eso acaba con la razón de fondo de por qué nacimos los panistas.”

–Son delitos.–Sí, el desvío de recursos es uno de los

delitos más claros y está demostrado plena-mente por la forma en que se votó, por cómo cuadra el padrón panista con el programa.

–Cuevas Melo es allegado de Calderón. ¿Cree que puede haber impunidad?

–Sí. Lamentablemente son esos riegos... Es cercano al presidente Calderón desde que fueron diputados federales. El tema de la impunidad, sin duda, está presente.

“Pero como yo actúo en conciencia (…) tengo que ir por lo que jurídicamen-te puedo probar y no detenerme por cues-

tiones de que, porque hay una relación cercana y personal, mejor cobardemente me callo y veo cómo me acomodo en una posición política. No.

“Si no somos autocríticos los panis-tas, el ciudadano sí. El ciudadano relevó al PRI del poder porque abusó de los recur-sos públicos, porque generó tanta pobreza para abusar de la misma, porque la Sede-sol se convirtió en un instrumento electo-ral, y si eso hace Acción Nacional, enton-ces se convierte en el PRI, queramos o no. Nos convertimos en lo que combatimos.”

Chihuahua impune

Estas prácticas de mapachería electo-ral, que se han multiplicado desde que el PAN llegó al gobierno federal en 2000, han ofendido a la militancia, sobre todo por-que no se sanciona a quienes las cometen.

Chihuahua es un ejemplo de esta im-punidad: En la elección para candidatos a diputados federales plurinominales, en marzo de 2009, hubo prácticas fraudulen-tas, como el voto de muertos en Batopi-las, donde nació Manuel Gómez Morín, y se identificó al entonces presidente local del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, como uno de los responsables.

“Lo que pasó en Batopilas es un escu-pitajo a la cara de Gómez Morín”, dijo Ja-vier Corral en aquella ocasión y aseguró que fue Calderón el que ordenó evitar que lograra la candidatura a diputado.

Tres años después, en la elección del do-mingo 19, Pérez Cuéllar fue el beneficiado, junto con Carlos Borruel Baquera, no sólo de un operativo de acarreo de miles de per-sonas, sino de “una cadena de delitos, pues a la compra y coacción del voto, al condi-cionamiento a través de una despensa, se le sumó el abierto y descarado rebase de los topes de campaña”, como aseguró Corral.

El mismo agrega que “cada día sale más mugrero” y ya solicitó la nulidad de la elección ante la CNE, con base en un ex-pediente de 189 fojas que documentan las prácticas clientelares y delincuenciales de

Pérez Cuéllar y Borruel Baquera, que le ga-naron en votos.

“La coalición que se armó entonces en mi contra, alentada desde Los Pinos, estu-vo integrada por Carlos Borruel y Cruz Pérez Cuéllar, ahora precandidatos”, afirma. “Son exactamente los mismos, incluido en el mismísimo Batopilas: El ejecutor del fraude, el responsable material de los 59 votos fal-sos, es ahora el presidente del Comité Mu-nicipal del PAN, el profesor Chito Aguilar”.

Corral dice que cada día que pasa se sorprende de la que supone una “confabu-lación” más amplia de lo que mucha gen-te cree. “¿Por qué se atascaron así? ¿Tan burdos? ¿Por qué alguien les dijo: de nue-vo con todo, a pararlo de nuevo? Pero de-jaron suciedad por todos lados”.

Corral se hace preguntas que arrojan indicios de los responsables del fraude en el PAN de Chihuahua que, en 1986, fue ba-luarte de la defensa del voto. “¿Quién ani-mó esto? ¿Quién financió los cientos de camiones y las miles de despensas de Bo-rruel y de Pérez Cuéllar? ¿Las televisoras? ¿Peña? No tengo elementos aún, pero na-die me quita de la cabeza esa posibilidad, porque la base de apoyo tanto de Borruel como de Cruz fueron seccionales priistas”.

Las mismas preguntas formula, y no tiene respuesta, sobre la identidad de quienes garantizaron impunidad a los au-tores del fraude de 2009: “¿Quién protegió a los responsables de Batopilas que hasta ahora no hay un sólo sancionado?”.

En Guanajuato, el estado emblema del panismo, ocurre algo análogo: En 2000 se impuso mediante métodos clientelares y fraudulentos a Juan Carlos Romero Hicks como candidato a gobernador; el presi-dente local del PAN era Juan Manuel Oliva.

Actualmente Oliva es gobernador y con su apoyo Romero Hicks resultó electo candidato a senador el domingo 19; el de-rrotado fue el diputado federal Javier Usa-biaga, secretario de Agricultura de Vicente Fox, confrontado con Calderón.

“Hemos convertido el voto en una mercancía”, acusó Usabiaga tras denun-

El Partido Acción Nacional sigue perfeccionando las tra-

pacerías que en otros tiempos denunció. Ahora, en su

proceso interno de selección de candidatos a senadores

campearon las más añejas prácticas priistas, ya usua-

les en el panismo: uso de dinero público para comprar

votos, acarreos, amenazas e inducción del sufragio. La

lista resultante de aspirantes blanquiazules incluye, so-

bre todo, a militantes que tienen alguna cercanía con el

presidente Felipe Calderón o con su hermana Cocoa.

ELECCIONES 2012

Intimidaciones, amenazas, coacción, inducción y sobre todo compra ma-siva de votos con recursos guberna-mentales, entre otras prácticas de fraude electoral, caracterizaron la elección de candidatos a senadores del Partido Acción Nacional (PAN) el

domingo 19, dos semanas después de la contienda de los aspirantes presidenciales, marcada también por el desaseo.

Con base en demandas de impugna-ción presentadas ante la Comisión Nacio-nal de Elecciones (CNE) del PAN, entrevis-tas y pronunciamientos públicos de los

ÁLVARO DELGADO

lista del PAN

Lasuciapanistas, puede afirmarse que en la jorna-da electoral no sólo se registraron prácti-cas antidemocráticas –incluyendo el voto de personas muertas–, sino conductas de-lincuenciales por el uso clientelar de pro-gramas sociales.

Oportunidades, el programa del go-bierno federal de combate a la pobreza, fue el más utilizado por candidatos, di-rigentes y militantes del PAN para la ob-tención del voto de los mexicanos más pobres, pero también entregaron leche Li-consa y estufas ecológicas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Según las denuncias de los panistas, las acciones de mapachería electoral –en-tre ellas el masivo reparto de despensas

y el acarreo de electores aun sin ser mili-tantes, como en Chihuahua– se presenta-ron en numerosos estados como Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tamauli-pas, Oaxaca y Yucatán, donde funciona-rios federales, estatales y municipales ac-tuaron de manera facciosa.

Veracruz es un ejemplo claro del uso clientelar de los programas sociales para beneficio de un candidato y una facción del PAN: Fernando Yunes Márquez, quien ganó la mayoría de los votos para la sena-duría, es hermano de Miguel Ángel, coor-dinador estatal de Oportunidades, progra-ma federal usado para comprar votos.

De acuerdo con Alejandro Vázquez Cuevas, quien contendió para senador

Hug

o C

ruz


ELECCIONES 2012

Durazo, quien fue secretario particular del candidato priista Luis Donaldo Colo-sio, afirmó que, contrario a lo que se pien-sa, los presidentes mexicanos son los más mal informados de México, y “terminan por vivir como el presidente Fox, en foxilandia, y Calderón en su propio mundo”.

El libro de Scherer García, dijo, resca-ta de la anécdota lo esencial y, “al final, nos termina presentando a un Felipe Calderón de cuerpo entero, que no obstante que se presenta en esa dimensión yo digo que si-gue siendo un Felipe Calderón realmente pequeño”.

Durazo, quien forma parte de un gru-po ciudadano que respalda al candidato Andrés Manuel López Obrador, insistió en que Calderón se entrometerá en la elec-ción presidencial en México, más que Fox.

“Una amenaza mayor que la que ya padeció nuestro país en la elección de 2006 se cierne sobre la elección presi-dencial de 2012. No obstante la intromi-sión indebida del presidente Fox en el anterior proceso electoral, creo que las dimensiones que tomará con Calderón resultarán inéditas. Espero que no. Pero hay un patrón de comportamiento y ope-ración de Felipe Calderón que refleja con toda claridad el libro de don Julio.”

ciar el uso clientelar de la estructura del gobierno de Guanajuato para derrotarlo, como ocurrió también con José Ángel Cór-dova Villalobos, precandidato a goberna-dor, en la elección del domingo 5.

Exsecretario de Salud de Calderón, Córdova fue vencido por Miguel Már-quez Márquez: “Lo he manifestado desde la elección anterior, ahora se corrobora la elección de Estado, donde hay participa-ción de todas las autoridades”.

Otra alta funcionaria de la Secretaría de Salud con Córdova Villalobos, la sub-secretaria Maki Ortiz, fue derrotada co-mo candidata a senadora de Tamaulipas por Francisco Javier García Cabeza de Va-ca, debido presuntamente al uso de pro-gramas sociales federales.

Desde el miércoles 15 Ortiz declaró públicamente que presentó ante el CEN del PAN evidencias de que personal de Oportunidades visitaba a militantes pa-nistas para presionarlos a sufragar en fa-vor de García Cabeza de Vaca, porque de lo contrario se les retiraría el apoyo federal.

Y luego de la elección del domingo 19 su equipo de campaña denunció que du-rante la jornada se registraron irregulari-dades, como la coacción del voto a favor García Cabeza de Vaca. En Reynosa, Alda-ma, Mante y San Fernando, dijeron, los

militantes aceptaron votar a favor del ex-diputado local porque les prometieron in-corporarlos a Oportunidades.

El área jurídica de Ortiz anunció tam-bién que documenta y sustenta las de-nuncias que presentará ante la CNE del PAN para anular el proceso.

Los mapaches de “Cocoa”

Precisamente Maki Ortiz había sido con-siderada por el CEN del PAN, junto con María Elena Álvarez de Vicencio, como su propuesta de senadora plurinominal, pe-ro Luisa María Calderón, quien fue derro-tada en la elección de gobernador de Mi-choacán, fue la beneficiaria.

Por esa razón en Michoacán no se rea-lizó elección de aspirante a senador, aun-que sí de candidatos a diputados federales plurinominales, en cuyo proceso y jornada electoral se registraron prácticas fraudu-lentas por parte del grupo de los Calderón, según la impugnación de Epigmenio Jimé-nez Rojas para la nulidad de la elección.

El diputado local aseguró que entre las “múltiples irregularidades” se encuentran el uso de programas de la Sedesol para comprar votos, como la entrega de estu-fas ecológicas, leche Liconsa y despensas. Afirmó que además del robo de una ur-

A nueve meses de dejar la Presidencia de la República, cargo que asumió “en medio de escándalos e impug-naciones”, Felipe Calderón enfren-

ta ya el juicio sobre su sexenio, y el libro de Julio Scherer García, Calderón de cuerpo entero, es un elemento fundamental para esa valoración histórica, advirtieron Carmen Aristegui, Manuel Espino y Alfonso Durazo en la presentación de la obra, el jueves 22.

Manuel Espino, expulsado del Partido Ac-ción Nacional (PAN) que presidió cuando en 2006 Calderón asumió la Presidencia de la República, afirmó que decidió aportar infor-mación al periodista, porque los mexicanos tienen derecho a saber y porque Scherer Gar-cía “quería escribir historia con la verdad”.

Testigo directo durante años de la mane-ra de hacer política de Calderón, el político duranguense aclaró que en el más reciente li-bro del fundador de Proceso, del que es pro-tagonista con sus testimonios, “no hay chis-me, no hay mitote, son páginas de historia”.

A su vez, Durazo advirtió que Calderón –“una persona que sintetiza absolutamente todos los vicios de la política nacional”– in-tervendrá en el proceso electoral aún más que el expresidente Vicente Fox, de quien fue secretario particular.

“Creo que las dimensiones que tomará con Calderón resultarán inéditas”, vaticinó Durazo, quien afirmó: “Me queda claro que Calderón ha degradado aún más la ya de por sí baja credibilidad de la política mexicana, no estaba preparado emocionalmente para llegar a esa responsabilidad y que parece no tener una línea roja que respetar. Es decir, el haiga sido como haiga sido en estado puro”.

En el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, cuyo Salón de Actos fue abarrotado por alrededor de 350 personas –otra cincuentena se quedó a las puertas-, Aristegui abrió la presentación, mo-derada por Julio Scherer Ibarra –hijo del perio-dista–, y justamente aludió al inicio de la valo-ración histórica de Calderón y su gobierno.

“El juicio de la historia, para decirlo en términos en los que se suele hablar, eviden-temente ya empezó y don Julio es de los pri-

ÁLVARO DELGADO

dencia de la República, la Secretaría de Go-bernación, el PAN y la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota:

“Yo lamento, pero al mismo tiempo ce-lebro, que los testaferros del calderonato hayan trabajado horas extras desde que se publicó el avance del libro en la revista Pro-

ceso, y de Bucareli, de Los Pinos, de una oficina de partido de la colonia Del Valle y de una oficina de campaña de la colonia Del Valle comenzaron a diseñarse jugadas de comunicación para neutralizar, contrarrestar o desprestigiar a un libro que todavía no es-taba en las librearías, pero que ya se sabía que pronto iba a aparecer.”

Añadió: “Y quienes lamentablemente co-mo periodistas reaccionan en contra del li-bro, sin haberlo siquiera conocido, evidencia-ron a quién estaban sirviendo, y periodistas a los que yo tenía aprecio y respeto por su ob-jetividad, comenzaron a poner énfasis en un tema, en un enfoque de un tema, el tema del alcoholismo, y el enfoque de que era injusto hablar del alcoholismo del presidente.

“Yo nunca le dije alcohólico al presiden-te, porque no me espanta que una perso-na tome bebidas alcohólicas (…) Ese no es el problema, el problema es que se tome de manera irresponsable, el problema es que se tome cuando se trabaje y el problema es que se tome cuando se trabaja en una res-ponsabilidad del tamaño de la Presidencia de la República. Y yo no sé si el presidente toma o no, pero sé que tomaba cuando era diputado y lo hacía cuando trabajaba.”

Y enseguida Espino reveló: “Yo conocía las inclinaciones de Felipe Calderón y por eso yo no quería que fuera el presidente o el candidato a presidente de mi partido. Eso es público y nunca lo he negado”.

Se explayó: “Cuando ya era candidato lo tuve que

apoyar, porque era mi obligación como presi-dente de un partido. Cuando era precandidato por supuesto que no quería, pero tampoco me atrevía a difundir, porque siendo presidente de un partido político nacional hubiera sido muy mal visto que, estando en el papel de árbitro, tratara de persuadir a los militantes de por qué no votar por una persona. Pero esa ya es experiencia y esa ya es historia que se plasma en los libros de don Julio Scherer.”

En su oportunidad, Durazo dijo que Scherer García se anticipa a lo que vendrá después de que Calderón deje el cargo, el úl-timo minuto del 30 de noviembre, porque a menudo esto no ocurre antes de que los pre-sidentes concluyan su periodo de gobierno.

“Es hasta que los presidentes dejan el poder que todas aquellas estructuras que los cercaban tan eficazmente para que igno-raran la realidad empiezan a ceder y es tam-bién cuando se van los presidentes que los intereses cómplices que los protegían con su silencio empiezan a romper sus ataduras con el pasado y se llenan de libertad y nos permiten a destiempo conocer la verdad.”

meros que escribe precisamente para este ejercicio”, puntualizó Aristegui. “Sin duda va a ser un sexenio a analizar de una y mil ma-neras, de todos los ángulos posibles. Desde el ángulo periodístico don Julio aporta Cal-derón de cuerpo entero”.

La conductora evocó la suspensión de su noticiario en MVS, hace “un año y días”, a raíz de que preguntó si Calderón tenía problemas de alcoholismo, a raíz de que el diputado pe-tista Gerardo Fernández Noroña desplegó en el salón de sesiones de la Cámara de Diputa-dos una manta que decía: “¿Tú dejarías con-ducir a un borracho tu auto...? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir al país?”

Expuso: “Se señalaba algo obvio: El es-tado de salud de un mandatario es, desde luego, un tema de interés público. No hubo respuestas a las preguntas específicas. Lo que hubo fue una reacción autoritaria y des-mesurada. Un berrinche de notables dimen-siones. Una personalidad retratada”.

Aristegui agregó: Scherer García, “el le-gendario periodista mexicano, ha puesto, por este y otros temas, su incisiva mirada en la figura de Felipe Calderón Hinojosa, el hombre que llegó, en medio del escánda-lo y las impugnaciones, a la Presidencia de México en 2006”.

En su libro, puntualizó, “se muestran ciertos comportamientos del hombre públi-co y algunos rasgos de personalidad inquie-tantes de quien hoy ejerce el más importan-te cargo de poder político en este país”.

Una de las “voces implacables” recogidas por Scherer García en su libro, como las llamó Aristegui, fue la de Espino, quien, dijo, no qui-so desaprovechar la oportunidad de hablar “no sólo con un gran periodista, sino con un perio-dista extraordinario que estaba haciendo histo-ria y que quería escribir historia con la verdad”.

Reveló que Scherer García lo invitó a su casa para entregarle el manuscrito, pero no quiso revisarlo antes de la impresión. Luego, cuando lo leyó, se emocionó del resultado: “Ahí se mezcla al periodista y al historiador, y a ambos personajes los une un gran mexi-cano, y los tres son la misma persona: don Julio Scherer”.

Se trata de un libro histórico, precisó, que inquietó a panistas y algunos periodis-tas aun antes de que saliera, en la Presi-

juicioya empezó

El

Ger

mán

Can

seco

Durazo, Aristegui, Espino y Scherer Ibarra


na en Ario de Rosales, en Lázaro Cárdenas votaron hasta muertos o panistas que residen en Estados Unidos.

Jiménez Rojas condenó a los pa-nistas que pretenden “ganar las can-didaturas a billetazos y no sólo eso, ofreciendo despensas, apoyos de cocinas ecológicas y de programas, aprovechándose de la necesidad de otros miembros del partido”, en re-ferencia a un audio en el que se es-cucha que Cocoa Calderón instruye a su equipo a contrarrestar con “bi-lletazo” al senador Marko Cortés, su adversario en la contienda interna.

En ese audio, filtrado por el Partido Re-volucionario Institucional (PRI) y por el cual ella anunció que presentará una denuncia por espionaje, se escucha la voz de Antonio Plaza, delegado de la Sedesol en Michoacán y operador electoral, junto con el delegado de la Sagarpa, Esteban Cruzaley.

Apenas el miércoles 22 unos 100 pa-nistas tomaron las instalaciones del PAN michoacano para exigir que se les cumpla la promesa de recursos de la Sagarpa que funcionarios de esa dependencia ofrecie-ron por apoyar a Cocoa Calderón en la elec-ción interna, hace un año, y a Cordero.

En Oaxaca el exgobernador priista

Diódoro Carrasco se impuso al exdelega-do de la Sedesol, Humberto Aldaz, presun-tamente mediante prácticas clientelares, como la compra de votos –tasados entre 200 y 300 pesos– así como a cambio de ce-mento, láminas y despensas.

El equipo de campaña de Aldaz asegu-ró también que en San Felipe Usila los mi-litantes panistas fueron obligados a vo-tar por Carrasco, con la complicidad de los funcionarios electorales. En la Costa, ade-más de la compra de voto se ofrecía traba-jo en dependencias federales.

En Jalisco además de elegirse candida-tos a senadores, se definieron aspirantes a diputados federales, locales y a alcaldes,

y la parcialidad del gobernador Emilio González Márquez fue ma-nifiesta en Lagos de Moreno, su municipio natal.

A tres días de la elección, el miércoles 15, el gobernador presidió la reunión del Comité de Festejos del 450 aniversario de la fundación de Lagos, cuya mesa fue coordinada por José Guadalupe Atilano Magda-lena, quien había renunciado a un cargo en la burocracia estatal en di-ciembre para ser candidato del PAN a presidente municipal.

No sólo eso: González Már-quez anunció más de 100 millones

de pesos en obras para ese festejo y, más tarde, visitó a la familia del candidato, hi-jo de su compadre Víctor Atilano, quien lo inició en el Partido Demócrata Mexicano.

El domingo 19, tras el acarreo de mi-litantes, ganó Atilano en medio de acu-saciones de reparto de despensas, entre-ga de dinero en efectivo en la zona rural del municipio, llamadas telefónicas inti-midatorias y promesas de empleo.

Sin embargo para el presidente de la CNE, el poblano José Espina, la jornada del domingo 19 “se desarrolló con mu-cha tranquilidad y con una importante afluencia de electores...”

Enr

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chez

Vázquez Mota y “La Cocoa”. Aplanadora

Al comenzar el año Felipe Calderón anunció un progra-

ma de 2 mil 500 millones de pesos para financiar a 23

mil aspirantes a la educación superior, y lo festejó como

un apoyo que redundará en beneficio del país. Pero las

becas tienen una trampa de tres bandas (como se ha

hecho evidente en Chile, donde se aplica el mismo mo-

delo): “beneficiarán” sólo a un reducido sector de la

clase media, no a los desposeídos de siempre; la banca

–que gestionará los créditos– acabará por cobrar hasta

tres veces lo prestado... y finalmente el dinero irá a pa-

rar a universidades privadas. Es decir, “el primer paso

en firme para privatizar la educación en México”.

res que logra emplearse en un mercado “de plena relación” con sus estudios.

De Garay lanza una pregunta. ¿Es un secreto a voces que las empresas prefie-ren contratar a los jóvenes que estudian en instituciones privadas?

El 26.1% de los estudiantes de institu-ciones públicas tiene dependientes eco-nómicos y 42.7% no podría sostener sus estudios sin trabajar. El 54.8% de los alum-nos de instituciones privadas trabaja para adquirir experiencia laboral.

“Es un problema grande. Muchos alum-nos tienen que trabajar forzosamente para pagar sus estudios, algunos no tienen tam-poco para su manutención o tienen que llevar dinero a su casa. Eso merma en gran medida el desempeño de los estudiantes y muchos terminan por desertar en algún momento de su carrera”, reconoce Ángel Cano, presidente de la Federación de Insti-tuciones Mexicanas Particulares de Educa-ción Superior (FIMPES).

Otro factor diferencial es lo que Adrián de Garay llama el “capital cultural”: el pa-sado académico de los padres marca el destino de los hijos. En tanto 70% de los padres de alumnos que atienden a la edu-cación superior particular cuenta con es-tudios profesionales, sólo 28.6% de los pa-dres del subsistema público alcanzó la universidad.

Dentro del contexto social en el que se desarrollan los alumnos, los que lle-gan a las universidades públicas “en buen número” provienen de estratos sociales de clase media y media baja, dice a este semanario el investigador de la UNAM y doctor en sociología René Jiménez. “Los más pobres no pueden estudiar. Van cre-ciendo en un contexto social desigual. Los que más recursos tienen llevan una tra-yectoria estudiantil en el sector privado

desde la educación básica hasta la supe-rior”, explica.

El tránsito a la educación superior se ha convertido en “suplicio” para los aspi-rantes al sector público, explica la doctora Carlota Guzmán, especialista del Centro Regional de Investigaciones Multidiscipli-narias de la UNAM.

“Influye todo: que tengan computado-ra con conexión a internet, que tengan di-nero para comprar libros, lo que comen, el lugar en donde viven y hasta las horas que tardan para llegar a la universidad. Las condiciones en las que estudian son muy distintas. Y esto incide”, señala.

El estudio de Adrián de Garay lo dice claro: los alumnos “padecen” un desgaste cotidiano: simplemente en transportarse, 51.4% tarda más de una hora en llegar a su universidad en transporte público. Algu-nos, tardan más. De Garay cuenta la histo-ria de un alumno suyo que, por esa circuns-tancia, abandonó la UAM-A: “(Ese alumno) hacía dos horas de ida y dos de regreso y tenía clase de siete. Se tenía que levantar a las cuatro de la mañana. El transporte le

costaba 900 pesos mensuales. Se inscribió en una universidad “patito” a 10 minutos de su casa, por los mismos 900 pesos men-suales de colegiatura”, relata el exrector y remata con el argumento del joven. “Paga-ba lo mismo, pero se ahorra cuatro horas y el riesgo de que lo asalten”.

Beneficio a particulares

El pasado 9 de enero, Felipe Calderón anunció el Programa de Financiamiento de la Educación Superior, que prevé otorgar créditos bancarios con la garantía de Na-cional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un monto de 2 mil 500 millones de pesos, eti-quetados para 23 mil plazas a distribuirse en 21 universidades privadas.

Los préstamos, que estarán a cargo de Financiera Educativa México (Fiem), Ban-co Santander, HSBC, Bancomer y Banorte, serán de 250 mil a 280 mil pesos a pagar en plazos de 15 años y medio con tasas de interés que irán de 9 a 13% anual.

Al hacerlo público en el campus del Ins-tituto Tecnológico de Monterrey, Calderón celebró esta medida en pos de un “Méxi-co más justo y más igualitario”. El financia-miento a estudiantes, dijo, “democratizará el acceso a la educación superior y acelera-rá la ampliación de la cobertura educativa”.

Según De Garay, es una “mentira” que la finalidad de esta medida responda a un interés por aumentar la cobertura educa-tiva y propiciar mayor equidad. Con la in-corporación de los 23 mil beneficiarios del financiamiento promovido por Calderón –comenta a este semanario– el aumento de la matrícula nacional de estudiantes en educación superior alcanzaría “un impac-to mínimo” de apenas 0.8%. Y se pregunta: “¿Cuántos estudiantes más podrían adhe-rirse al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) con esos recursos?” La respuesta es que se podrían triplicar los más de 300 mil apoyos que ac-tualmente otorga ese programa.

De Garay recuerda que, en noviembre de 2011, el Congreso negó 57% de los recur-

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Aspirantes. No hay lugares

EDUCACIÓN

La fragmentación social del sis-tema educativo de nivel supe-rior es clara. Profundas las dife-rencias socioeconómicas entre alumnos de instituciones públi-cas y privadas, los jóvenes que se

preparan en las de presupuesto guberna-mental se enfrentan a la desigualdad, la discriminación y la indiferencia que se fo-mentan desde el Estado, coinciden analis-tas consultados por Proceso.

A su entender, apoyos que se están ca-nalizando hacia las universidades priva-das tendrían que abrir las oportunidades en universidades públicas y respaldar las necesidades de los alumnos que menos recursos tienen para sostenerse en el es-tudio. En pugna por los favores del gobier-no, ambos subsistemas, público y privado, demandan apoyo desde dos lógicas com-pletamente distintas: La lógica mercantil

del sector privado de querer mantener su negocio y la lógica pública en la medida de poder prestar un servicio.

Autor del estudio Un sistema de educa-ción superior, dos circunstancias distintas: la universidad pública y la universidad priva-da, el exrector de la Universidad Autóno-ma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) Adrián de Garay ha dedicado años de in-vestigación a documentar el abismo entre ambas realidades.

Entrevistado por Proceso, el investiga-dor asegura que las diferencias socioeco-nómicas entre cada subsistema son refle-jo de la polarización social y cultural que hay en el país.

Estudian y trabajan

En sus investigaciones, De Garay ha mani-festado que el sistema de educación supe-

SANTIAGO IGARTÚA

rior está marcado por la necesidad. Desde su ingreso, miles de estudiantes univer-sitarios del sector público –más de 40%– no dedican su tiempo completo a los es-tudios por exigencias laborales. El 27% de los universitarios inscritos en institucio-nes privadas también trabaja.

Repercutiendo “inevitablemente” en su desempeño académico, según los da-tos del experto, de los estudiantes-traba-jadores que integran la universidad públi-ca 40% dedica entre cuatro y ocho horas diarias a su empleo. De la educación pri-vada destaca, con 37%, el sector que in-vierte de 11 a 20 horas laborando.

La desigualdad se ahonda a medida que el estudio se va explicando: 53.4% de los alumnos de educación pública está des-tinado a trabajar en algún sector ajeno a su carrera. Lastimoso el contraste con 70.9% de los alumnos de instituciones particula-

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Las becas

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sos adicionales que instituciones de edu-cación superior solicitaron a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Se-gún De Garay, “si los recursos destinados al programa de créditos para estudiantes de universidades privadas se hubieran desti-nado a las públicas” se habría conseguido 69.3% de lo gestionado, “garantizando que las instituciones públicas pudieran admitir a mucho más de 23 mil estudiantes”.

No sólo eso. De haber seguido el rol na-tural del Estado, el gobierno pudo impul-sar significativamente a diversos sectores de la educación superior pública antes de priorizar al sector mercantil. Jóvenes de universidades públicas que reclamaron por esta medida aseguran que 2 mil 500 millones de pesos serían suficientes para cubrir 56% del presupuesto de la UAM, 23% del Politécnico, cuatro veces el presupues-to anual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como ampliar 17% la matrícula de la UNAM, un equivalente a 30 mil alumnos más de nuevo ingreso al año.

El economista Salomón Rodríguez pu-blicó –un día después del anuncio– que to-mando en cuenta los intereses de un cré-dito para licenciatura por 215 mil pesos, a una tasa de 10% anual, un estudiante ter-minaría pagando más del doble. Aproxi-madamente 600 mil pesos por su pre-paración. Para posgrados, cada alumno terminaría endeudado por cerca de 750 mil pesos por los 280 mil recibidos.

Un negocio redondo para la banca y el sector privado de la educación supe-rior, dice a Proceso Carlota Guzmán. “Lla-ma la atención que es el modelo chileno, por el que vemos tantas movilizaciones por el endeudamiento de las familias, hi-potecadas por la educación. Y justamen-te se vino a escoger ese modelo. Los cré-ditos no van a ser utilizados por los miles de aspirantes que no logran ingresar a la educación pública, sino por un sector que por falta de recursos ya antes perdieron las universidades privadas”, aseguró la investigadora. Según Guzmán, no se di-mensiona la magnitud del problema.

No obstante, el subsecretario de Edu-cación Superior y encargado del despacho de la SEP, Rodolfo Tuirán, justifica el mo-delo de financiamiento, que también se aplica en países como Estados Unidos.

Sobre el endeudamiento de los estu-diantes Tuirán dice: “Son decisiones como cuando compramos una casa o tomamos una hipoteca. Tiene responsabilidades y riesgos, y también los beneficios”.

David Brooks, de The New York Times, describió a la actual como la generación de estadunidenses universitarios más en-deudada de la historia de aquel país a cau-sa del sistema de créditos, similar al que se acaba de implementar en México.

Dichos préstamos, escribió Brooks el pa-sado 10 de enero, convierten a los estudian-tes en “esclavos” de su deuda, en beneficio de universidades e instituciones bancarias.

En 2011 el monto de préstamos estu-diantiles superó 100 mil millones de dó-lares. “Estos jóvenes aceptaron el equiva-lente a la hipoteca de una casa en deuda”.

Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, cita Brooks, en 2008 67% de los egresados de escuelas de edu-cación pública estaba endeudado y 96% de las instituciones privadas también.

Esos jóvenes nutren el movimiento de indignados Ocupa, que desde el pasado septiembre protesta por el endeudamien-to y la falta de empleo.

En el sistema de créditos se dio conce-sión a 21 universidades, bajo dos criterios: que fueran grandes en cuanto a matrícula y cumplieran ciertos estándares de calidad.

Sin embargo, el presidente de la FIM-PES, instancia encargada de acreditar la calidad de las instituciones de educación superior privada, dice que el requisito pri-mordial, que es la calidad, no todas lo cum-plen: “Algunas están en proceso (de acre-ditación). Nosotros siempre insistimos en que fueran puras acreditadas para que no hubiera ninguna duda. No es una decisión que tomó la FIMPES. Ellos lo que hicieron fue buscar que tuvieran una acreditación de calidad, aunque insisto que no todas es-tán propiamente acreditadas”.

–Ellos, ¿quiénes?–Fue propiamente Nafin la que impul-

só el programa. Nafin hizo el contacto con la SHCP, que son parte de la misma ad-ministración, y entre ellos escogieron las universidades. Seguramente algo tuvie-ron que ver los bancos con los que están trabajando y la financiera (Fiem). Supongo que tuvo que ver mucho el contacto que ya tenían los bancos con las universida-des para impulsar estos programas.

–¿Sabe el criterio para elegir los 23 mil alumnos, se busca también un perfil so-cioeconómico determinado?

–Sí. Se les pide a cada uno de los alum-nos su poder adquisitivo familiar, su es-tatus socioeconómico. Estamos partien-do de que esos alumnos puedan pagar esos créditos, aunque ahorita sólo pagan los intereses. En algunas ocasiones no es muy significativo, dependiendo de la cole-giatura de cada universidad.

–¿No podría aspirar a ese crédito un alumno de bajos recursos?

La familia necesitaría un aval para to-mar en cuenta los pagos de intereses que se tienen que hacer en este momento. Pa-ra la parte del capital, que se pagaría seis meses después de haber egresado, lo que se busca es que el alumno con su propio trabajo lo pueda pagar.

“Los créditos van dirigidos a un sector de clase media o clase media alta que an-tes podía ingresar a la universidades pri-vadas y que por cuestiones económicas en los últimos años ya no lo pueden ha-cer. Están tratando de recuperar para las universidades privadas un público que te-nían y que han perdido. O que acceden a universidades más baratas. Pero no son nuevos públicos los que acceden porque no todos son sujetos de crédito. No es un beneficio, es un endeudamiento”, según Carlota Guzmán

Para Adrián de Garay la explicación del programa de financiamiento responde a una generación gubernamental que no tie-ne claro qué es lo público. “Es inadmisible que el señor (Calderón) otorgue 2 mil 500 millones para que se beneficien la banca privada y las escuelas privadas con las cuo-tas que los jóvenes van a pagar. No acaban de entender que la principal responsabi-lidad de la educación es pública. Ahora le metieron 2 mil 500 millones de pesos. ¿Qué tal que el año que viene le meten más?”.

–Y si le meten más, ¿qué?–Ahí sí creo que iniciamos ya, con toda

claridad, un proceso de privatización de la educación.

Durante el anuncio del programa Feli-pe Calderón alardeó: “Y le vamos a meter más. ¿Cuánto? Todo lo que se necesite pa-ra que cualquier estudiante que no tenga recursos para pagar su universidad pueda obtener un crédito accesible dentro de es-te programa”.

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Educación pública. Estigmas y carencias


Convenio

N A R A N J O

ANÁLISIS

y de la impunidad, y que generaron una fuerza verdaderamente democrática en la búsqueda de la justicia, la paz y la par-ticipación ciudadana, han quedado des-hechas. Desprovistos del derecho a tener candidatos civiles, iniciativas ciudadanas, referendo, voto blanco y revocación de mandato; ajenos a la seguridad y a la jus-ticia, los ciudadanos yacemos sepultados bajo los monumentos mortuorios de esas muecas de plástico, de esa musicalidad monocorde de voces y eslóganes, y de esa autosuficiencia cosmética de los candida-tos que se diputan, no la vida democráti-ca del país, sino los sepulcros de la patria que los criminales han cavado.

Recuperar la democracia, hacerla re-sucitar, sólo será posible cuando juntos retejamos nuestras redes de solidaridad ciudadana y pongamos un coto al poder de los monumentos mortuorios que lla-mamos partidos y cuya ineficiencia nos es tan costosa como inmensa. “Nuestros sueños –hay que decir con los Indigna-dos– no caben en sus urnas”.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crí-menes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pe-dro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cam-biar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

L a documentación de los asesinados, de los desaparecidos, de los despreciados de esta nación continúa creciendo en la Comisión de Víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Lo que no crece, y es competencia del Estado, es la justicia que reclaman y que continúa sepultada en las procuradurías.

La realidad es terrible. No sólo porque las víctimas, a pesar del consuelo y de la dignidad que el MPJD les ha dado, no encuentran en el Estado ni la seguridad ni la justicia que les corresponde (ni los culpables de los homicidios y desapari-ciones están presos, ni los desaparecidos aparecen muertos o vivos), sino porque en medio de esa realidad de impunidad, de ausencia de estado de derecho que vi-ve la nación, los partidos políticos se han lanzado a la contienda electoral. Unos y otros, a través de sus respectivos candi-datos, no cesan de decir lo que siempre repiten hasta la náusea en cada elección: que ellos tienen la clave para gobernar, para sacar al país adelante, para lograr la prosperidad.

Sin embargo, bajo los rostros de los candidatos que empiezan a poblar las ca-lles y las carreteras del país –presencias ominosas del mal gusto de las agencias de imagen–; bajo sus inanes eslóganes –fru-tos podridos del despilfarro del dinero de los ciudadanos–; bajo la complicidad de los medios de comunicación que los exal-tan y bambolean en una pasarela sin fin

de vanidades –esquelas mortuorias de la vida ciudadana–, los rostros, los nombres y las historias de los muertos, de los des-aparecidos y de los que sufrimos por su ausencia no sólo continúan sepultados, sino aumentando su número.

En este sentido, las campañas electora-les que comenzaron, lejos de augurarnos una salida, son en realidad monumentos mortuorios bajo las cuales se ahoga el gri-to de miles de víctimas destrozadas por el crimen y humilladas por el Estado.

Por más que los partidos nos digan que sus gobiernos serán distintos, la realidad es lo contrario. Adondequiera que volva-mos el rostro a lo largo y ancho del país, los gobiernos con los que nos topamos –sean del PAN, del PRD o del PRI– tienen la misma impronta: el dolor, la injusticia y el rostro de las estatuas mortuorias de los gobernantes o de sus nuevas repre-sentaciones electorales levantadas sobre nuestras desgracias. Cambiar una estatua mortuoria por otra no garantiza, como quieren hacernos creer los partidos y los medios de comunicación, ni la justicia ni la paz de las víctimas. Simplemente seña-lan el tipo de gusto con el que queremos adornar y mantener sepultado el horror.

Contra lo que quieren hacernos creer el gobierno y los partidos a fuerza de dis-pendios publicitarios y virtualidad, las elecciones, en las condiciones de dolor, corrupción e impunidad en que vivimos, no son un ejercicio democrático, sino una

simulación, un monumento tan mortuorio como kitsch de la ignominia a la que un Es-tado omiso y delincuencial ha llevado a la nación, y cuyo rostro más claro en su dolor son las víctimas que no conocieron la se-guridad del Estado ni tras su muerte o des-aparición la justicia que les corresponde.

Cuando esto sucede, las elecciones, esos momentos críticos de la historia de una nación, lejos de avivar la vida demo-crática, la destruyen. Una elección demo-crática, en condiciones normales, tiene –dice Jean Robert comentando a Jean-Pierre Dupuy– por lo menos una carac-terística contradictoria: El momento en que el pueblo está más cerca de realizar la “voluntad general” es también el mo-mento en que “el ruido electoral debilita las redes sociales en las que los ciudada-nos están inmersos, actúan, deciden y ha-blan”. Es precisamente allí, escribe Claude Lefort, “en el momento en el que se supo-ne se manifiesta la soberanía popular […] que las solidaridades se deshacen y que el ciudadano se ve extraído de todas las redes en las que se realiza la vida social para convertirse en una unidad contable, en un ‘individuo estadístico’”, como las víctimas de la nación.

Esta verdad, en las condiciones de emergencia nacional que vive México, destruye nuestra vida democrática: Ba-jo el llamado electoral, las redes de soli-daridad que los ciudadanos tejimos en el 2011 para defendernos de la violencia

El sepulcro de las elecciones

J A V I E R S I C I L I A


ANÁLISIS

C ada año, al concluir la primera quin-cena de febrero, cuando la Auditoría Su-perior de la Federación (ASF) entrega a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el informe sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio antepasado (ahora se trata de la del 2010) se desatan las denuncias de los partidos de oposición y los escándalos mediáticos por el gran número de irregularidades detectadas.

La única diferencia en esta ocasión es que nos hallamos en un año electoral y, por lo tanto, los partidos que hoy son de oposición levantan un poco más la voz y amenazan con presentar más denuncias penales de lo que normalmente hacen, aunque el informe del auditor es muy si-milar a otros y sólo cambian los números y los presuntos responsables.

De acuerdo con dicho informe, se in-terpusieron mil 893 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública con el fin

Auditorías, escándalose impunidad

de que los responsables de los órganos de control interno de las respectivas depen-dencias inicien la integración de los ex-pedientes para eventualmente imponer sanciones administrativas a los servido-res públicos responsables.

Sin embargo, todavía no terminaba el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, de presentar su informe cuando el secreta-rio de la Función Pública, Rafael Morgan, ya minimizaba dichas promociones, pues señalaba que “la información ni es defini-tiva ni hay hechos consumados; todavía están en el proceso de observación y vi-gilancia, de solventación o a lo mejor de asignación de algún castigo”.

El auditor también presentó 98 denun-cias de hechos ante la Procuraduría Gene-ral de la República, cifra que rebasa todas las correspondientes a las revisiones de 1998 a 2009, y que casi triplica las 34 del 2009. Al respecto, el mismo Morgan seña-

J E S Ú S C A N T Ú

La mera celebración de elecciones no es suficiente para legitimar el ejer-cicio del poder público. Los mexicanos conocemos mejor que casi cualquier otro pueblo la farsa en que fácilmente se convierten las campañas y los pro-cesos electorales. La norma a lo largo de más de 200 años de vida indepen-diente ha sido precisamente la cele-bración de comicios carentes de valor democrático.

El IFE existe no solamente para contar boletas electorales, sino tam-bién para facilitar un contexto de par-ticipación y exigencia ciudadanas que obligue a los candidatos a rendir cuen-tas a la sociedad y a proporcionar su-ficiente información para el ejercicio de un voto razonado. Si las campañas no despiertan interés, se pone en duda la calidad del proceso electoral porque los ciudadanos nos quedamos relega-dos a ser meros espectadores de un show entre políticos.

En lugar de limitarse a organizar dos debates acartonados, maquilla-dos y sobre-producidos, así como a pu-blicar las metodologías de las mismas casas encuestadoras de siempre, los consejeros electorales deberían apro-vechar al máximo sus amplias facul-tades constitucionales para asegurar que los 90 días de campaña federal sea un periodo ejemplar de reflexión y de-bate participativo sobre el futuro de la nación.

www.johnackerman.blogspot.comTwitter: @JohnMAckerman

Voto razonado y elecciones auténticas

J O H N M . A C K E R M A N

Lo más probable es que el miér-coles 29 el Instituto Federal Electoral (IFE) tome la salida fácil de organizar únicamente los dos debates presiden-ciales requeridos por la legislación y emitir una serie de lineamientos bu-rocráticos para que universidades, medios de comunicación y grupos de ciudadanos también convoquen a en-cuentros entre los candidatos. Si esto ocurre, la autoridad electoral estaría abdicando a su responsabilidad cons-titucional de asegurar la celebración de elecciones auténticas y libres, así como a la de desarrollar la cultura de-mocrática y la educación cívica de los mexicanos.

El minimalismo burocrático y la interpretación letrista de la ley suelen presentarse como si fueran el camino más seguro y objetivo para las autori-dades. Pero la historia ha demostrado que en materia electoral este tipo de acercamientos típicamente tienen un fuerte trasfondo partidista y reflejan una parcialidad reprobable. Durante los primeros años posteriores a la re-forma electoral de 1996, los consejeros y magistrados electorales más cerca-nos al PRI utilizaban argumentos simi-lares para limitar las facultades del IFE en materia de compra y coacción del voto, fiscalización de gastos de cam-paña y control sobre la propaganda gubernamental.

Posteriormente, los funcionarios electorales más conservadores tam-bién recurrían al inmovilismo burocrá-tico con el fin de obstaculizar tanto las

históricas multas en los casos Amigos de Fox y Pemexgate como el despliegue de la “causal abstracta” de nulidad. En 2006, el entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, dio uno de los ejem-plos más claros del abuso de una lec-tura supuestamente “estricta” de la ley al enviar, el 4 de julio, un circular a los Consejos Locales del IFE con la inten-ción de limitar al máximo el recuento de los votos y la transparencia de los resul-tados electorales.

Una vez más, los consejeros del IFE se encuentran ante una decisión cla-ve que definirá su legado histórico. Si se niegan a obligar a los candidatos presi-denciales a confrontar ideas de manera sistemática y periódica, estarán faci-litando una grave afectación a nuestro derecho ciudadano a la información y poniendo en riesgo la autenticidad del proceso electoral. También estarán de-mostrando un claro sesgo hacia el can-didato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, a quien le conviene reducir al mínimo los momentos de intercam-bio libre de ideas con sus contrincantes y la ciudadanía en general.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de ninguna manera prohíbe al IFE organizar más de-bates entre los presidenciables. Dos de los candidatos, Josefina Vásquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, ya han solicitado a la autoridad electoral que haga todo lo posible para asegurar una campaña dinámica y cercana a la socie-dad. Cualquiera de los candidatos, evi-dentemente, estaría en su derecho de

no asistir a las convocatorias adiciona-les emitidas por la autoridad electoral. Sin embargo, ningún partido o candida-to cuenta con la facultad de prohibir u obstaculizar la realización de estos en-cuentros.

Más allá de convocar a debates adi-cionales, el IFE también debería infor-mar directamente a la ciudadanía sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos para todos los cargos de elección popular a nivel federal, así co-mo convocar a debates ciudadanos so-bre la problemática nacional. No hace falta que esté presente ninguno de los candidatos para que los ciudadanos re-flexionen sobre la coyuntura y analicen las propuestas de los partidos.

Por ejemplo, la exitosa experiencia de las Encuestas Deliberativas, organi-zadas en una docena de países por el Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford (http://cdd.stanford.edu/), ha demostrado que en-tre más y mejor información tienen los ciudadanos, más auténtica y razona-da es su participación electoral. Estas encuestas se levantan entre grupos de ciudadanos que previamente son infor-mados sobre las trayectorias y las pro-puestas de los candidatos y tienen la oportunidad de debatir sobre las mis-mas. No se busca medir, como en las encuestas tradicionales, el impacto de estrategias de mercadotecnia o de es-cándalos mediáticos, sino de poner en acción la inteligencia ciudadana y obli-gar a los candidatos a elevar el nivel del debate.

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, gran político guerrerense: In memoriam.


ANÁLISIS

años sin verlo o hablar con él. Que se refiere al fraude de la última elección presidencial pero ya no lo vuelve el eje central de su discurso. Que está invi-tando a empresarios a formar parte de su equipo en vez de denostarlos a cada paso. Que habla de la colaboración entre del sector público, el sector privado y el sector social. Que –sorprendentemente– acepta la posibilidad de la inversión pri-vada en telecomunicaciones. Que tal vez comprende que el proyecto de nación que ofreció en el 2006 era demasiado es-trecho, demasiado monocromático, de-masiado centrado en qué hacer con los pobres y sin propuestas claras para las clases medias.

Ahora vemos surgir a un AMLO que quiere amar y ser amado.

El problema con esta postura es que difícilmente será suficiente para remon-tar la desconfianza que generó con su comportamiento poselectoral, sobre to-do entre los electores independientes. Entre los electores indecisos. Entre los electores moderados que quieren un cambio pero no están convencidos de que el AMLO amoroso de hoy tan sólo enmascara al AMLO radical de ayer. Erich

Fromm alguna vez escribió que “el amor es la respuesta al problema de la existen-cia humana”. Pero en el caso del Peje no queda claro que sea una bandera tan an-cha como para arropar al electorado que necesita para ganar.

Porque la República del amor, con los códigos morales y las obligaciones éticas que AMLO ofrece, satisface el anhelo que muchos mexicanos tienen por un gobier-no mejor. Un gobierno menos corrupto y más decente. Un gobierno menos rapaz y más honesto. Pero el amor de AMLO no es capaz de tapar los grandes hoyos que caracterizan su propuesta de gobierno. Los besos y abrazos de AMLO no alcan-zan a llenar los huecos de su oferta eco-nómica o de combate al crimen. López Obrador hace el diagnóstico correcto de los males que aquejan a México pero no logra proponer las soluciones adecuadas. Porque para hacer crecer a la economía no basta con combatir la corrupción, prometer la austeridad republicana, con-frontar los privilegios. Porque para re-solver el problema del crimen no basta con decir que el Ejército estará fuera de las calles y los jóvenes dentro de las es-cuelas. Porque para encarar el problema

de Pemex no basta con construir cinco refinerías. Porque para lidiar con los in-tereses atrincherados AMLO tendría que reconocer que existen también en los sindicatos que él defiende.

¿Qué hará López Obrador con las tri-bus rapaces del PRD que proliferan en el Distrito Federal? ¿Con el monopolio de Carlos Slim a quien defiende? ¿Con el sindicato petrolero? ¿Con Televisa y TV Azteca? ¿Con La Familia y el Chapo y Los Zetas? López Obrador aún no logra res-ponder estas preguntas de manera clara y cabal, de frente y convincente. No logra todavía construir una izquierda capaz de remontar la imagen de intransigencia que fortalece al priismo en vez de frenar su avance. Una izquierda que sea acica-te del cambio progresista y no pretexto para la restauración conservadora. Una izquierda con ideas viables y no sólo po-siciones morales. Una izquierda que se-pa hablarle a las clases medias en lugar de alienarlas. Una izquierda que sepa ser opción viable de gobierno, porque el país la necesita. John Lennon cantaba “Todo lo que necesitas es amor”. En el caso de Andrés Manuel López Obrador resulta ser que no es así.

AMLO amoroso

D E N I S E D R E S S E R

ló que la revisión del auditor “no queda completa porque sus tiempos no le per-miten más”. Así, aunque la responsabili-dad de iniciar las investigaciones y, en su caso, integrar la averiguación previa es de la PGR, el contralor se adelantó a descalifi-car las denuncias.

Y es que de nada sirve la buena o ma-la actuación del auditor, ya que la ASF no puede imponer ninguna sanción adminis-trativa o penal, sino únicamente lograr el resarcimiento de los daños económicos, por lo cual la gran mayoría de las ilegalida-des quedan sin castigo. Cierto, como dice el mismo auditor, no puede ser la misma instancia la que revise, integre el expe-diente y sancione, pero tampoco es posible dejar la responsabilidad del castigo en ma-nos de los mismos que violaron la ley, que es exactamente lo que sucede hoy.

Es decir, esta vez el responsable de decidir la imposición de las sanciones administrativas es el titular del órgano de control interno de cada una de las de-pendencias, y aunque formalmente di-cho órgano depende de la Secretaría de la Función Pública, en realidad quien decide imponerlas es el titular de cada depen-dencia, o sea, el secretario o el director general. Así, en algunos casos el titular del órgano de control interno estaría ante la aberración de que tendría que sancionar a su jefe real. El resultado es que la gran mayoría de los casos, tal como se apresu-ró a señalar Morgan, finalmente terminan en absoluciones.

En la actualidad, el mismo auditor propone la integración de un Tribunal Federal Autónomo para respetar la divi-sión de poderes y, al mismo tiempo, evi-tar los clarísimos conflictos de interés. Otros especialistas han propuesto que sea la misma Auditoría la que imponga las sanciones, tomando en cuenta que los afectados siempre tienen la instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para recurrir dichas san-ciones, o la vía del amparo en el Poder Judicial.

La propuesta del auditor de crear un órgano autónomo que tenga incluso facul-tades para sancionar administrativamente

a los funcionarios de los tres poderes, así como de los gobiernos estatales y munici-pales, es acertada, pues se atacarían varios problemas con una misma solución. Obvia-mente, en las otras instancias de gobierno sucede lo mismo que en el federal, por lo que también empoderarían a órganos ga-rantes de la transparencia que asimismo dispondrían de una instancia autónoma para la aplicación de las sanciones.

En lo que se refiere a las responsabili-dades penales, lo que sucede nuevamente es que la PGR obedece las instrucciones del presidente y, por lo tanto, únicamen-te se integran averiguaciones previas y se consigna ante el Poder Judicial cuando existe el interés político de hacerlo, y no necesariamente cuando hay elementos para ello. En este caso la solución es mu-cho más sencilla, ya que no hay que crear ninguna nueva instancia, simplemente concederle a la misma Auditoría la atribu-ción de integrar los expedientes y consig-nar directamente ante el Poder Judicial, de modo que serían los jueces los responsa-bles de sancionar o exonerar.

La lógica es muy sencilla en ambos casos: quien acusa no debe ser el mismo que sanciona; pero quien sanciona tam-poco puede ser un subordinado de quien eventualmente será sancionado, es decir, en ninguno de los dos casos se puede ser juez y parte, que es justamente lo que hoy sucede en las instancias responsables de decidir sobre la aplicación o no de la san-ción penal y administrativa.

Como bien señala Irma Sandoval, es-tudiosa del tema, en las condiciones ac-tuales “la labor de la ASF solamente abona el aumento de la sospecha y la descon-fianza en el gobierno”, ya que se conocen las ilegalidades, pero éstas no tienen nin-guna consecuencia para los responsables, que en algunos casos son delincuentes que no sólo no reciben ninguna sanción, sino que –en muchas ocasiones– siguen viviendo del presupuesto público al brin-car de un puesto a otro. Definitivamen-te, el actual mecanismo de revisión de la cuenta pública no es funcional y única-mente contribuye a incrementar el des-crédito de los políticos y del gobierno.

AMLO amoroso, amable, afectuo-so. Intentando colocar una cara nueva sobre una imagen cansada y confron-tadora. Sabiendo que tiene demasia-dos enemigos como para crear más. Entendiendo –quizás– la necesidad de deslizarse hacia el centro del espectro político y liderar una izquierda moder-na y propositiva desde allí. Compren-diendo –quizás– que precisamente eso llevó al poder a Tony Blair y a Ricardo Lagos y a Felipe González y a Michelle Bachelet. La transformación del agra-vio histórico en propuesta práctica. La reinvención del resentimiento en plan-teamiento. El combate a la desigualdad junto con medidas para asegurar la movilidad. López Obrador nunca ha pensado de esta manera pero ahora intenta hacerlo para desmantelar la desconfianza que creó.

Porque las preguntas que persiguen a López Obrador tienen razón de ser. Las dudas que lo rodean son legítimas. Du-rante los últimos seis años, el Peje mues-tra múltiples facetas, múltiples caras, múltiples maneras de ser y de pelear. A veces cae en la provocación, a veces pro-mueve la reconciliación; a veces empuña el machete, a veces extiende la mano; a veces ha hablado de la refundación total de la República y a veces ha hablado tan sólo de reformarla. Y de allí las dudas que despierta. De allí los temores que suscita. Porque las posturas de AMLO han sido fo-gosas, combativas, provocadoras. Porque por táctica o por convencimiento, AMLO ha usado sus palabras como un sable. Las ha pronunciado para despreciar la ley, para “mandar al diablo a las institucio-nes”, para condenar a la Suprema Corte, para enjuiciar a la clase empresarial, para hablar de la mafia que manda en México, para convocar a un plantón sobre Paseo de la Reforma. En el 2006 AMLO fue un re-dentor que ofreció aliviar la pobreza pero no explicó cómo lograría crear riqueza. Fue el líder social que no supo cómo ser político profesional.

Ahora vemos emerger a un López Obrador que trata de distanciarse de René Bejarano y dice que lleva siete


Dirigentes políticos y banqueros europeos que fueron en-

trevistados para un documental recientemente divulgado

revelan la magnitud de los desencuentros y los errores

político-financieros que tienen a la Unión Europea al bor-

de de la desintegración. La crisis en esa comunidad de

naciones es producto de la negligencia y la falta de pre-

visión que antecedieron al diseño de la unión monetaria.

Francia y Alemania incumplieron requisitos político-eco-

nómicos clave, lo que derivó en una ausencia de discipli-

na en el manejo de las deudas soberanas; en tanto que

Grecia, el eslabón más débil, manipuló sus cifras para

poderse incorporar a la eurozona. Todo este conjunto de

desatinos acarrearon los desastrosos efectos que ahora

padece la región.

riamente considerada esta semana por varios líderes políticos si fracasan las ne-gociaciones que sostiene con sus acree-dores– se encontraba al borde de la ban-carrota y se propagaba el temor de un contagio a otros Estados que también es-tán endeudados.

Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo (las 17 naciones que usan el euro), negociaba con los bancos acreedo-res la condonación voluntaria de una par-te de la enorme deuda griega.

El representante de los banqueros, Jo-sef Ackermann, quien preside el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) y el Deuts-che Bank, confiesa ante la cámara: “Fue una decisión muy difícil de tomar. Al prin-cipio, la mayor parte de los bancos no esta-ban dispuestos a renunciar a nada. Enton-ces les propuse aceptar una quita de 20%”.

Los jefes de gobierno de la UE acepta-ron, pero fue un error fatal.

Así lo admite el propio presidente del IIF: “Cuando calculamos la viabilidad de la deuda, que es el aspecto determinante sobre el que el Fondo Monetario Interna-cional (FMI) ha insistido, nos dimos cuen-ta de que no sería suficiente condonarle a Grecia 20% de su deuda”.

Papandreou, quien conoce los entre-telones de las negociaciones, asegura que faltó “instaurar desde el principio un cli-ma de confianza”. Según él, “todo mundo en la cumbre se percató de que habíamos reaccionado muy débilmente o demasia-do tarde”.

Juncker lo reconoce sin rodeos: “Para mí, lo que hemos hecho desde el verano de 2011 no lleva ciertamente la marca de un gobierno de Estado de alto nivel”.

La situación griega continuó deterio-rándose y llegó a ser tan crítica que la úni-ca posibilidad de salvar al país era aumen-tar la condonación de su deuda, lo que fue discutido en la cumbre de emergencia del 26 de octubre.

Las negociaciones con los bancos co-menzaron días antes.

Ackermann relata que en una reunión con Herman Van Rumpuy (presidente del Consejo), Olli Rehn (comisario de Econo-mía) y Juncker, la IIF les presentó un pro-grama de medidas que consideraba como necesario restructurar las deudas de Ita-lia, España y Grecia. Según Ackermann, su organismo propuso una condonación vo-luntaria de 50% en el caso griego.

El ministro de Finanzas alemán, Wolf- gang Schauble, da una versión diferente en

torno al origen de esa iniciativa: “En julio –dice–, confiados en su poder, los bancos nos dijeron: ‘No podemos conceder ningu-na ventaja; más allá de tal límite, una re-ducción de la deuda ya no será voluntaria y ustedes deberán asumir el riesgo’”.

Y añade: “En julio ese discurso nos im-presionó, pero meses después ya no. En oc-tubre les dijimos a los bancos: ‘Ni siquiera vale la pena discutir una reducción me-nor a 50% de la deuda total; sería una pér-dida de tiempo: sepan que habrá una con-donación de por lo menos 50%”.

Condonación

Los acreedores bancarios, revela Juncker, aceptaron “cargar con la mitad del sacri-ficio” sólo después de que los jefes de Es-tado europeos los amenazaran: si no lo aceptaban, expusieron en la mesa de ne-gociaciones, “la última solución sería anu-lar, pura y simplemente, el conjunto de la deuda griega”.

Pero Ackermann insiste en que propu-so tal reducción en un memorándum pre-vio a la cumbre, e interpreta las versiones de Juncker y Schauble: “Cada uno –expli-ca– quiere posicionarse según sus inte-reses. Nosotros y los dirigentes europeos habíamos llegado a una convergencia de intereses: antes de la cumbre ya estába-mos dispuestos a reducir 40% de la deu-da griega”.

Y ofrece una explicación de los hechos que, en caso de ser cierta, revelaría el enor-me poder alcanzado por el sector banca-

INTERNACIONAL / EUROPA

BRUSELAS.- Errores de cálculo polí-tico, falta de visión común, inte-reses electorales, negligencia... Estos factores han agravado la crisis económica que afecta a Europa desde hace más de dos

años, la peor desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.

Así lo exhiben los propios dirigentes europeos en el documental El efecto domi-nó: ¿el euro al filo del abismo?, creado por los realizadores alemanes Stephan Lamby y Michael Wech y transmitido el 17 de ene-ro último por Arte, el canal franco-alemán de televisión.

El documental, de hora y media de du-ración, contiene entrevistas exclusivas con algunos de los responsables de manejar la crisis, quienes imprimen a sus comen-tarios una inusual y reveladora sinceridad

La

Des-Unión Europea, cada vez más cercana...

MARCO APPEL o, de plano, se lanzan recriminaciones mu-tuas. Inicia con la cumbre de emergencia de jefes de gobierno de la Unión Europea (UE) celebrada el 21 de julio de 2011, y fina-liza con la que se efectuó el 9 de diciembre del mismo año.

En esta última ocasión, el veto britá-nico hizo fracasar el proyecto franco-ale-mán de incorporar a las leyes comunes de la UE un riguroso tratado fiscal aplicable a los 27 Estados asociados. Por consiguien-te, Francia y Alemania se vieron obligados a instrumentar un tratado entre gobier-nos que en la más reciente cumbre del 30 de enero último fue rechazado por la Re-pública Checa.

Este tratado intergubernamental esta-blece que el país que rebase un déficit pre-supuestario de 0.5% anual de su Producto Interno Bruto podría recibir sanciones au-tomáticas y una multa de hasta 0.1% de su PIB. Con base en este documento los diri-

gentes europeos esperan contener la cri-sis provocada por un insostenible endeu-damiento público.

Sin embargo, el contenido del documen-tal alemán deja muchas dudas al respecto.

“Es todo o nada: o consolidamos nues-tra integración y unimos nuestras fuerzas, o vamos hacia una rápida disolución no sólo de la zona euro sino de la UE entera”, advierte en el filme Giorgios Papandreou, quien dimitió el 11 de noviembre como pri-mer ministro de Grecia luego de su sorpre-sivo y fracasado intento por someter a un referéndum el refinanciamiento de la deu-da de su país, acordada en la cumbre del 26 de octubre por los gobernantes de la UE.

Versiones encontradas

El documental recuerda que la cumbre del 21 de julio fue convocada porque Gre-cia –cuya posible salida del euro fue se-

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Añadió: “La necesidad subyacente para reparar el déficit público significa que el cami-no hacia la recuperación será lento e incierto”.

A comienzos de febrero el Banco de In-glaterra decidió aumentar en 50 mil millones de libras (unos 80 mil millones de dólares) su programa de compra de activos para reac-tivar la economía hasta un total de 325 mil millones de libras (más de 500 mil millones de dólares).

La entidad advirtió que pese a ese es-tímulo el crecimiento seguirá siendo ba-jo, con una previsión para este año de sólo 1%, aunque podría aumentar a 1.8% el año próximo, dependiendo de la situación en la zona del euro y otros factores externos.

El fantasma de la recesión

Los temores ante una eventual recesión en el Reino Unido se sintieron con fuerza en el mundo empresarial del país.

Un sondeo del influyente Instituto de Di-rectores (ID), elaborado con base en entre-vistas a mil dueños de empresas británicas, señala que 53% de los consultados cree que existe un riesgo moderado de recesión.

La economía británica se contrajo en el último trimestre de 2011, debido sobre todo a los problemas de deuda en la eurozona, y serán las soluciones que se adopten en los países de la región las que contribuirán a evitar una recesión en Gran Bretaña, según la mayoría de los entrevistados por el ID.

Por su parte, el Instituto Nacional de In-

vestigaciones Económicas y Sociales vatici-nó que el Reino Unido entrará en recesión en la primera mitad de 2012, si bien consideró que ese ingreso a terreno negativo podría no ser tan dramático como algunos economis-tas ya están adelantando. (Una recesión eco-nómica es definida como dos trimestres con-secutivos de crecimiento negativo.)

El sondeo del ID destacó además que sólo 11% de los empresarios cree que exis-te un bajo o muy bajo riesgo de que el país entre en recesión en 2012; 43% considera que una eventual recesión será corta y lige-ra, y sólo 10% cree que la contracción será larga y profunda.

La principal fuente de preocupación de los empresarios británicos es el futuro del euro: más de la mitad de los directores de empresas temen que haya un alto o muy al-to riesgo de un quiebre de la Eurozona es-te año.

“El mensaje resonante de este sondeo es el rol crítico de la confianza en el ciclo económico”, declaró Graeme Leach, eco-nomista jefe del ID. “Si la crisis del euro se estabiliza, la confianza podría regresar rela-tivamente rápido y las compañías podrían poner en marcha planes de inversión y re-clutamiento de empleados, que estaban suspendidos desde el año pasado”, agregó.

La deuda gubernamental es de 93 mil 500 millones de libras (148 mil 270 millones de dó-lares) hasta el año fiscal vigente; en el periodo 2010-2011 fue de 109 mil 140 millones de li-bras (173 mil millones de dólares).

segunda desde la crisis de 2008. King indicó que la crisis de la Eurozona sigue siendo un gran riesgo para la economía británica.

“La consolidación fiscal, las condicio-nes difíciles de crédito y el debilitamiento de nuestros principales socios comerciales en el mundo están afectando nuestro creci-miento”, afirmó en su reporte el gobernador del Banco de Inglaterra.

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Schauble admite: “Durante los noven-ta no logramos implementar una mone-da común a partir de la unión política, a partir de una institución capaz de impo-ner límites a la política financiera de cada país y de hacerlos respetar. Esa proposi-ción fue rechazada por otros países; co-menzamos entonces con la unión mone-taria (...) Dijimos: ‘vamos a comenzar con un Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y si eso algún día no es suficiente, iremos más lejos’”.

Ese pacto de disciplina fiscal fue adop-tado en junio de 1997 como parte de la le-gislación común a los Estados socios de la UE. Nació precisamente con el objetivo de prevenir un déficit presupuestario excesi-vo en la zona del euro.

Juncker explica: “En esa época, Ale-mania y Holanda estimaban que la polí-tica económica debería mantenerse co-mo una facultad exclusiva de cada país. Hoy, cuando veo a aquellos que reclaman un gobierno económico europeo, constato que la mayoría proviene de los países que se opusieron a la puesta en marcha de esa arquitectura de base, y no puedo creerlo”.

Attali va más lejos. Acusa a Alemania de “no tener visión ni proyecto ni ambi-ción europea”. Puntualiza: “Si hubiera te-

nido una visión europea no estaríamos en crisis. Hubiéramos pensado juntos una estrategia, federal o no, pero una. Lo que

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Juncker y Schauble. Cúmulo de desatinos

Sin crecimiento, sin empleo


rio: “Yo creí –apunta Ackermann– que era justo que los políticos reivindicaran el éxi-to (de la cumbre); que pudieran mostrarse unidos y capaces de una acción coordina-da. En todo caso, nosotros no quisimos ju-gar un papel protagónico”.

La medida fue contraproducente: co-

L ONDRES.- Gran Bretaña enfrenta ac-tualmente dos problemas graves: la peor crisis económica desde la Se-gunda Guerra Mundial –lo que podría

acarrear una recesión– y un índice de des-empleo que afecta sobre todo a jóvenes y que llegó a su nivel más alto en 16 años.

El informe semestral de la Oficina Nacio-nal de Estadísticas (ONS), dado a conocer el miércoles 15, advierte que el índice de des-empleo en el Reino Unido subió a 8.4% en el último trimestre de 2011, signo inequívo-co del agravamiento de la situación econó-mica del país.

Lo anterior se traduce, indica la ONS, en 2.67 millones de personas sin trabajo, un aumento de 48 mil casos desde el trimes-tre anterior. Además señala que el número de ciudadanos que cobraron el seguro de desempleo en enero se incrementó en 6 mil 900, hasta llegar a 1.6 millones.

Respecto a los jóvenes desocupados, la ONS reporta que la cifra aumentó en 22 mil

casos y llegó a 1.04 millones, lo que elevó a 22.2% el índice de desempleo para británi-cos de entre 16 y 24 años, hecho sin prece-dente en la historia del Reino Unido.

Ante este panorama, el gobierno de coalición que encabeza el conservador Da-vid Cameron anunció una serie de medidas, entre ellas incentivos a compañías privadas y a organizaciones no gubernamentales pa-ra que se sumen a un programa nacional de empleo para jóvenes sin trabajo.

El proyecto –anunciado días después del informe del ONS por el viceprimer ministro británico, el demócrata liberal Nick Clegg– implicará una inversión de 126 millones de libras esterlinas (unos 200 millones de dóla-res) y pretende que 55 mil adolescentes britá-nicos que abandonaron los estudios por sus bajas calificaciones obtengan un empleo o un entrenamiento con salida laboral.

El objetivo “es sacar a los jóvenes de sus living rooms, lejos de la televisión y lle-varlos al mundo del trabajo”, explicó Clegg.

En Gran Bretaña, desempleo y riesgo de recesiónLEONARDO BOIX

mo los bancos abandonaban por voluntad propia esa parte de la deuda, los seguros que la cubrían no se hicieron efectivos.

Por su parte el presidente del direc-torio del Commerzbank, Martin Blessing, explica: “Si Grecia se declara en quiebra, las aseguradoras indemnizan a los ban-

cos; pero si éstos renuncian a los créditos, no. El resulta-do: no sirve de nada suscri-bir un seguro (de deuda so-berana) porque los políticos encontraron una manera pa-ra hacernos participar en el pago de la factura sin que se nos indemnice. Así, un prés-tamo de Estado no constitu-ye un riesgo que se pueda asegurar, por lo que los in-versionistas se retiran”.

Papandreou se sincera: “Después de la cumbre pen-sé: ‘La condonación es una buena noticia para Grecia... pero muy probablemente nos tengamos que volver a ver esta semana o el mes que

Sin embargo, la oposición laborista de-claró que el proyecto no ayudará a la mayo-ría de los jóvenes desempleados; muchos de ellos tienen título universitario y buenas calificaciones, a pesar de lo cual no han lo-grado ingresar al sistema laboral.

Los problemas para la economía bri-tánica parecen no tener fin este 2012; por lo menos así lo expresó el gobernador del Banco de Inglaterra (el Banco Central), Mer-vyn King, quien destacó que la evolución de ésta “será volátil” y marcará un rumbo en zigzag este año, al entrar y salir de forma al-ternada de la zona de crecimiento.

Según King, pese a los vaivenes de la economía el índice inflacionario seguirá ba-jando en los próximos meses hasta alcan-zar la marca de 1.8% en 2014, después del 5.2% de 2011. Esto explica por qué se con-solidó el aumento al IVA de 17.5 a 20%, una medida que ha sido criticada por numero-sos sectores productivos del país.

Al presentar el miércoles 15 su informe periódico sobre inflación, King subrayó que encuestas realizadas entre las empresas en los primeros meses de 2012 apuntan a un “leve” crecimiento, lo que permitiría evitar otro trimestre de retroceso.

El Producto Interno Bruto (PIB) británi-co cayó 0.2% entre octubre y diciembre del año pasado, si bien el crecimiento total en 2011 fue de 0.9%.

En caso de que en el primer trimestre de 2012 el crecimiento fuera negativo, el Reino Unido entraría técnicamente en recesión, la

viene para discutir los mismos temas’”.Y así continúa ocurriendo.

Sin visión ni proyecto

La actual crisis europea de endeudamien-to encuentra también origen en la te-rrible negligencia política mostrada du-rante la época en que se diseñó la unión monetaria.

Jacques Attali fue consejero del pre-sidente socialista François Mitterrand, quien durante los años ochenta selló con el canciller alemán Helmut Kohl la recon-ciliación entre sus países. Attali, que man-tiene cierta influencia en el Partido Socia-lista francés, declara:

“Desde el principio sabíamos muy bien que la integración monetaria sólo era una etapa de un proceso que había comenzado con la creación del mercado común (1968), y a la que seguía el Acta Única Europea (que completó la realización del mercado inte-rior en 1986), el establecimiento de la mo-neda única (2002) y finalmente una unión con base en el federalismo. Era una lógica inevitable.”

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Ackermann. Quita insuficiente


eludir las reglas euro-peas, lo han hecho sin di-ficultades. Sin embargo, lo más grave de este tex-to de disciplina fiscal es el simple hecho de que los gobiernos suscribirán, por escrito, esas medidas de austeridad”.

Geuens afirma que la voracidad de mercado es resultado de las acciones políticas de “hombres de carne y hueso” asociados a fuerzas políticas del Estado.

En Estados Unidos, se-ñala, el sistema financiero es producto de políticas imple-mentadas en la época del gobierno demócra-ta de Bill Clinton. “Él hizo votar medidas que pusieron fin, en ese momento, a los dispositi-vos antimonopolios que hacían una distinción entre la banca comercial, la de inversiones y las compañías aseguradoras”. Ello provocó el aumento de la especulación.

Abunda: “Tales ejemplos los encontra-mos a escala internacional. Son medidas económicas que nos han llevado a donde estamos. Con frecuencia escuchamos, so-bre todo de los socialdemócratas, que las culpables de tales decisiones de cho-que son las instituciones de la Unión Euro-pea (UE). Se les olvida que, desde hace 30 años, ellos han estado presentes en todos los niveles del poder, incluyendo a nivel de la UE”.

Los barones del dinero

En su libro, Geuens evoca una reunión del Foro Progresista Global (GPF, por sus si-glas en inglés), celebrada en abril de 2009 en Bruselas, que fue dedicada al análisis de la crisis. Ese foro se creó gracias a una ini-ciativa conjunta del Partido Socialista Eu-ropeo y de la Internacional Socialista, y lo dirige el español Josep Borrell, expresiden-te del Parlamento Europeo y exministro en su país de Trabajos Públicos, Transportes, Medio Ambiente y Telecomunicaciones. Borrell, remarca Geuens, también es admi-nistrador del conglomerado Abengoa, que opera en el campo de las energías renova-bles, las telecomunicaciones y la construc-ción de infraestructura.

Comenta: “En la sesión plenaria, titula-da ‘Políticas progresistas para la globaliza-ción’, participaron Bill Clinton, exasociado del magnate estadunidense Ron Burkle en su firma de inversiones Yucaipa y del sheik de Arabia Saudita y esposo de la actual se-cretaria de Estado, Hillary Clinton, quien fuera ejecutiva de Wal-Mart; Howard Dean, excandidato demócrata a la elección pre-sidencial estadunidense y consejero de la firma de negocios McKenna Long & Aldrid-ge, y Poul Rasmussen, líder del gobierno

danés (1993-2001) y ex-presidente del GPF, que entró en la historia de su país por haber reali-zado el más ambicioso programa de privatiza-ciones que haya cono-cido Dinamarca en el siglo XX”.

Rasmussen, con-tinúa el profesor, “ac-tualmente preside el Partido Socialista Europeo y es parte del Policy Network, un ‘tanque de pen-samiento’ cercano

al primer ministro laborista Tony Blair y dirigido por Lord Mandelson, exco-misario de Comercio de la UE que ahora trabaja para el banco Lazard. Rasmussen es también miembro del Consejo Consul-tor del European Policy Centre, controlado por Peter Sutherland (presidente de Gold-man Sachs, expresidente de British Petro-leum y exmiembro de la dirección de Inves-tor) y Lord Kerr, antiguo secretario general de la Convención Europea (que redactó la llamada Constitución de la UE), quien luego se convirtió en vicepresidente de la petrole-ra Shell”.

Geuens se muestra escéptico ante las comisiones y grupos de expertos que, des-de 2008, diversos políticos han creado con el objetivo de regular el mundo financiero. “Quieren regular únicamente limitando los excesos. Se pueden instaurar comisiones de regulación a nivel belga, del Banco Cen-tral Europeo o la banca internacional, pero nada cambiará si las fuerzas políticas repre-sentadas en esas instancias son las mismas que han construido el mercado europeo, trasatlántico e internacional. Es querer con-vertir a los pirómanos en bomberos”.

Pone algunos ejemplos: En 2008, la Co-misión Europea designó al francés Jacques de Larosière como presidente de un gru-po de vigilancia y de redacción de una nue-va normativa financiera. Larosière fue direc-tor general del Fondo Monetario Internacio-nal (1978-1987), gobernador del Banco de Francia (1987-1993) y presidente del Ban-co Europeo para la Reconstrucción y el De-sarrollo (1993-1998). Sin embargo, al mo-mento de preparar su reporte ejercía como consejero privado del presidente del grupo bancario francés BNP Paribas, Michel Pe-béreau, y ocupaba un puesto de dirección en la firma financiera BMB Group, propie-dad de varios sultanes y jeques.

En 2009, el gobierno belga eligió al ba-rón Alexandre Lamfalussy para dirigir el Al-to Comité para una Nueva Arquitectura Fi-nanciera. El barón había presidido el comi-té de dirección del Banco de Bruselas, fue director ejecutivo del Banco Bruselas Lam-bert (BBL, adquirido por el banco holandés ING), director del Banco de Reglamentos In-ternacionales y presidente del Instituto Mo-netario Europeo. Geuens recuerda que La-mfalussy también dirigió el comité interna-cional del banco belga Fortis (adquirido tras una crisis por BNP Paribas) y la aseguradora CNP Assurances.

Algunos miembros de ese “comité in-dependiente” eran Geert Noels, jefe eco-nomista de la sociedad de gestión finan-ciera Petercam, fundador del fondo finan-ciero Crelan Fund EconoFuture y actual director de la compañía privada de ges-tión Econopolis; Peter Praet, economista en jefe de Fortis y director del Banco Nacio-nal de Bélgica, y Daniel Gros, quien presi-día la firma de gestión de activos San Paolo IMI Asset Management, además de dirigir el Centro Europeo de Estudios Políticos, espa-cio de reflexión presidido por el exnúmero dos de Citybank, Onno Ruding.

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Geuens. Tesis de impacto

El libro de Geuens


L IEJA, BÉLGICA.- La afirmación de que los gobernantes son “víctimas” de los mercados financieros interna-cionales es un mito que ha logrado

imponer la clase política, con el apoyo de los medios de comunicación, para no ren-dir cuentas por el desastre económico ocasionado por las rigurosas medidas de austeridad que están empobreciendo a millones de personas.

“El capitalismo y la élite financiera no pueden existir sin la estructura del Estado, sin sus redes políticas y mediáticas, por lo que los gobernantes tienen una aplas-tante responsabilidad en la actual crisis económica”, afirma en entrevista Geoffrey Geuens, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Univer-sidad de Lieja y autor de un libro de título provocador: La finanza imaginaria. Anato-mía del capitalismo: de los mercados fi-nancieros a la oligarquía.

La obra, que requirió el análisis de artículos periodísticos y académicos publicados desde 1998, ha despertado gran interés en la prensa francófona y los círculos universitarios belgas.

Geuens es experto en el tema de la re-lación entre los poderes político, financiero y mediático. Ha publicado los libros Todos los poderes confundidos: Estado, capital y medios en la era de la mundialización, y La información bajo control: medios y po-der económico en Bélgica. Este año apa-reció su última obra: Las viejas élites de la nueva economía.

En entrevista con Proceso, el acadé-mico plantea que en La finanza imagina-ria –publicado en octubre de 2011– propo-ne una “línea de ruptura entre una visión dominante y otra más crítica de la globali-zación y del papel del Estado”.

Explica:“La percepción general que compar-

te un amplio espectro ideológico, desde la derecha liberal hasta una parte del movi-miento altermundista, indica que hay una separación muy nítida entre el Estado y el mundo de las finanzas. Para los liberales esta separación entre la política y las fi-nanzas, entre el interés público y el priva-do, permite que el sistema funcione co-rrectamente. Los altermundistas no están de acuerdo: consideran que el Estado es víctima de los intereses financieros y le

exigen que retome el control del mercado; sin embargo, al final comparten con los primeros la misma presunción.”

Coartada

Geoffrey Geuens comenta que acusar a los mercados financieros del origen y agravamiento de la crisis se ha vuel-to un discurso “políticamente correcto” que ofrece a las autoridades, tanto de derecha como de izquierda, un margen de maniobra “muy confortable” desde el cual pretenden deslindarse de las medidas tan impopulares de austeridad que deben instrumentar.

–¿Cómo interpreta usted el discur-so en el caso de Grecia, que se presenta como un país al que hay que salvar forzo-samente de la quiebra? –se le pregunta.

–En cada plan sucesivo de austeridad se nos hace creer que los miles de millo-nes que recibe Grecia en préstamos sirven para rescatar al país de la bancarrota. Ese discurso de austeridad nos llega a los ciu-dadanos porque los medios de comunica-ción dominantes lo retoman y lo divulgan.

“Hay dos puntos a observar: por un la-do, los préstamos no sirven para impedir tal ‘quiebra’, sino para resarcir a los acree-dores privados, a los bancos. Se matan dos pájaros de un tiro: se abre el flujo de dinero a la banca para protegerla de la cri-sis y, además, se impulsan las privatiza-ciones como uno de los dispositivos nece-sarios de las políticas de austeridad.”

Y agrega: “Afirmar que un Estado puede ‘quebrar’ es pura propaganda. Lo que puede ocurrir es una suspensión de pagos. Pero con el primer mensaje se de-duce que el pueblo griego debe aceptar rigurosas medidas de austeridad, y aun-que ello es terrible y provocará mucho su-frimiento, su aplicación es obligatoria; es una retórica de compasión y de represión a la vez”.

Y la misma lógica se impone en el caso del tratado de rigor fiscal que firmaron 25 de los 27 gobiernos de la Unión Europea. “El argumento que nos transmiten es que ese acuerdo va a otorgarles un mayor con-trol de la economía. En realidad, lo que su-cede en Europa está ligado a una correla-ción de fuerzas políticas: cuando los go-biernos de Alemania y Francia han querido

Los rescates sólo benefician a los bancosMARCO APPEL

hay es una canciller, Angela Merkel, que quiere ganar las próximas elecciones. Es todo lo que quiere”.

Incumplimientos

Apenas entró en circulación el euro el pri-mer día de 2002, el gobierno del entonces canciller alemán, Gerhard Schroeder, co-menzó a incumplir los acuerdos económi-cos establecidos.

El propio primer ministro luxembur-gués lo narra en el documental: “Los ale-manes se preparaban a emprender su Agenda 2010 de reformas socioeconómi-cas (que arrancaron en 2003). Pidieron permiso para transgredir provisionalmen-te el máximo déficit presupuestal autori-zado. Tenían reformas sociales que im-plementar; el gobierno alemán dijo que no podía comprimir el gasto público y, a la vez, exigir más sacrificios a la población más afectada por las reformas”.

Ackermann, el líder de los banqueros, lo ratifica: “Los dirigentes de entonces omitie-ron conferirle a los criterios de Maastricht, para entrar a la eurozona, un carácter obli-gatorio con mecanismos de sanción. Ale-mania y Francia fueron los primeros países en infringirlos, y luego siguieron otros paí-ses, lo que condujo a una ausencia de disci-plina en las deudas soberanas”.

En ese contexto Grecia manipuló du-rante años sus estadísticas económicas para estar en condiciones de cumplir con dichos criterios.

“Durante años –comenta Juncker– la Comisión Europea explicó a los ministros de Finanzas que la oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, debía tener derecho a verificar la contabilidad de cada país para asegurar un control. Pero los ministros, y yo mismo, siempre lo rechazamos.”

La razón de tal negativa, reconoce el pri-mer ministro luxemburgués, fue que los Es-tados asociados a la UE no querían que la Comisión Europea, que representa los inte-reses comunes y de la que depende Euros-tat, adquiriera más poder en detrimento de las soberanías nacionales.

“Jamás imaginé que se podían falsifi-car esas cifras sabiendo de antemano que, con base en ellas, serían tomadas decisio-nes importantes”, agregó Juncker.

“Si nos hubiéramos sujetado a las es-tadísticas reales –remató Schauble– Gre-cia no hubiera podido adoptar el euro.”

Pero Yanis Stournaras, quien fuera consejero del Ministerio de Finanzas de Grecia cuando el país ingresó a la euro-zona, niega todas las acusaciones. Asegu-ró que “en esa época existían muchas zo-nas oscuras en los presupuestos públicos” y que lo único que hizo el gobierno grie-go fue “presentar el mismo tipo de infor-maciones económicas que los otros paí-ses del euro”.


ENSAYO

lificación de tres puntos sobre 10 (3.1 en 2010); ocupa el lugar 100 entre 182 países (98 entre 178 en 2010). Según este indicador, el país es cada vez más corrupto.

En su reciente visita a México, Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, afirmaba que la corrupción es el cáncer del mundo. La gente corrupta no tiene principios morales ni autodisciplina y mues-tra actitudes egocéntricas. La brecha entre pobres y ricos gene-ra frustración. La frustración se convierte en enojo y el enojo en odio, que a su vez genera violencia, la que sólo se puede com-batir con valores éticos, necesarios para alcanzar la felicidad y la paz interiores.

De acuerdo con el diccionario, “transparencia” es todo aque-llo que tiene la condición de transparente y significa en la admi-nistración pública la perfecta accesibilidad de la información en las áreas que competen a la opinión pública.

La Government Accountability Office (GAO) de Estados Unidos, fundada en 1921, explica que el término “accountability” en la ad-ministración pública puede entenderse como “ser transparente y responsable de sus actos”, lo que significa “rendición de cuentas” ante la ciudadanía y el Congreso. La Auditoría Superior de la Fede-ración (ASF) en México es el órgano equivalente a la GAO.

A instancias del denominado Grupo Oaxaca –formado por académicos, analistas, investigadores y personas preocupadas por la falta de información de las acciones públicas– se generó la necesidad de contar con un gobierno transparente que informa-ra a la sociedad de sus actividades y de los costos de su actuación.

Con el apoyo del gobierno y del Poder Legislativo se aprobó el 11 de junio de 2002 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyo supremo postula-do implica dar la máxima publicidad a las acciones de gobierno. Esta ley cubrió un profundo vacío legal, institucional y social, pues ahora cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier parte, puede solicitar la información en posesión del gobierno, pues ésta es considerada un bien público.

En la última década hemos creado importantes instituciones: la ASF y sus equivalentes en los estados para fiscalizar el gasto público, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-rrollo Social, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-ción, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y sus réplicas en las entidades federativas, poderes y entes autónomos, como órganos garantes del derecho de acceso a la información.

Tomamos acciones trascendentes en materia de contabili-dad gubernamental, evaluación al desempeño y presupuesto basado en resultados. Se ha formado una buena cantidad de or-ganizaciones civiles que vigilan políticas públicas diversas y, sin embargo, la transparencia y la rendición de cuentas en México dejan mucho que desear por los niveles de corrupción e impu-nidad que nos ahogan.

Para analizar esta situación, este mes se organizaron me-sas de debate con la participación del IFAI, de los órganos ga-rantes de los estados, del Instituto Federal Electoral (IFE), de la ASF, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CI-DE), El Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Ju-rídicas de la UNAM, la Universidad de Guadalajara, Fundar, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, entre otros.

Tanto las instituciones públicas responsables, como las aca-démicas y la sociedad civil, en una reunión de 43 organizacio-nes acordaron en días pasados crear una Red por la Rendición de Cuentas con base en una hipótesis consensuada: “Es la frag-mentación y la desarticulación conceptual, institucional, nor-mativa y política que existe en materia de rendición de cuentas lo que genera que los esfuerzos se pierdan en el vacío”.

No se requieren más normas ni nuevos organismos, si-no generar un entramado institucional articulado, concreto y con objetivos bien definidos con el fin de construir una po-

lítica integral de rendición de cuentas del Estado mexicano. La democracia mexicana está secuestrada por los intereses

mezquinos de los partidos políticos. Se retrasó más de un año el nombramiento de los tres consejeros del IFE. No se aproba-ron las reformas fiscal, laboral, electoral, política y de seguridad nacional, entre las más importantes, por sus intereses egoístas y miopes. La Cámara de Diputados parece ser un foro de recreo para entorpecer la gobernabilidad. El teatro del absurdo de Eu-gene Ionesco está presente. Los partidos políticos sólo practican la política del agandalle.

El tema de la seguridad

Gracias a la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad pública del actual gobierno, conocemos los resul-tados siguientes:

En la exposición de motivos del proyecto de presupuesto pa-ra 2012 se señala que en 2007 el gobierno de la República gastó 88 mil 757.4 millones de pesos en justicia, seguridad pública y seguridad nacional. Para 2012 se presupuestaron 147 mil 270.5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 58 mil 513.1 millones, equivalente a 66%. Es uno de los aumentos más importantes del presente sexenio.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México se cometen 12 millones de delitos al año, de los cua-les no se denuncian 85% y sólo terminan en sentencia 120 mil, lo que significa que únicamente se castiga 1% del total de deli-tos cometidos.

Los crímenes derivados del combate a la delincuencia han sido 39 mil 210 al 10 de febrero de 2012, según el periódico Refor-ma; 47 mil 515 al 30 de septiembre de 2011, según la Procuradu-ría General de la República (PGR) y 34 mil 612 al 12 de enero de 2011, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2011 se registraron 12 mil 366 asesinatos. El “sexenio de la muerte”, escribe en su editorial Jesús Silva Herzog-Márquez.

De acuerdo con el gobierno federal, de 37 líderes crimina-les se ha anulado a 21, de los cuales cinco fueron abatidos, dos murieron por ajustes de cuentas, uno fue extraditado, uno está arraigado, uno fue capturado y 11 fueron procesados. Descono-cemos el tipo de castigos aplicados y la eficiencia de la PGR, de los jueces y de los magistrados involucrados.

No sabemos lo que se ha hecho en materia de lavado de di-nero por parte de la Unidad de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Estamos ayunos en cuanto a transparen-cia y rendición de cuentas en el combate a los capitales negros.

A finales de 2011 Human Rights Watch presentó su informe Ni seguridad ni derechos, donde señala que de 35 mil homicidios registrados por el gobierno federal sólo se han investigado 997 (2.8%) que derivaron en 22 condenas, 0.06% del total. Este infor-me desnuda la realidad de nuestra justicia.

En la VIII Semana Nacional de Transparencia, celebrada del 7 al 9 de septiembre de ese año, el presidente de México afirma-ba: “No es cierto que la transparencia atente contra la seguri-dad, lo que atenta contra el interés nacional son la opacidad, la corrupción y la impunidad. Eso es lo que daña a México y afec-ta a los ciudadanos”.

Por su parte Peter Eigen, presidente del Consejo Asesor de Transparencia Internacional, criticaba que México no haya mostrado los avances suficientes en la lucha anticorrupción. Hay que desarrollar un enorme sentido de enojo, de impacien-cia de la gente y de los medios de comunicación en cuanto a la corrupción existente.

La presidenta del IFAI aseguró por su parte que no puede existir un Estado fuerte sin transparencia. “No hay seguridad

Uno de los males fundamentales que aquejan al país es la convivencia cotidiana de nuestra so-ciedad con manifestaciones de corrupción de todo tipo y magnitud. Cuando intentamos un análisis de este fenómeno enfrentamos serias dificultades para su medición, impacto y secue-

las en nuestra vida y patrimonio.La corrupción florece en medio de la opacidad y procura no

dejar rastros. No obstante es preciso medirla para poder eva-luarla, enfrentarla y mejorar la actitud social frente a este enor-me cáncer que corroe a la sociedad.

Transparencia Mexicana, capítulo nacional de Trasparencia Internacional, ha llevado a cabo la primera serie de análisis a través de la construcción del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno en 2001, 2003, 2005, 2007 y 2010.

En este último año el índice se hizo a partir de encuestas realizadas en 15 mil 326 hogares en los 32 estados de la Repúbli-ca e incluyó la evaluación de 35 servicios públicos básicos, regis-trando la frecuencia con la que ocurren los actos de corrupción en los tres niveles de gobierno, con los resultados siguientes:

1. Se registraron más de 200 millones de actos de corrupción en el uso de 35 servicios públicos básicos (197 millones en 2007 y 115 millones en 2005);

A partir de los resultados del Índice Nacio-nal de Corrupción de 2010 elaborado por Transparencia Mexicana, Arturo Gonzá-

lez de Aragón elabora un crudo análisis de la realidad mexicana. En este ensayo exclu-sivo para Proceso (cuya segunda parte se

publicará la próxima semana) el extitular de la Auditoría Superior de la Federación des-

menuza los alarmantes factores que están condenando a la sociedad mexicana –sumi-

da en un mar de opacidad gubernamental, de impunidad y de costosa deshonestidad de fun-

cionarios públicos– al atraso permanente.

2. En promedio las “mordidas” costaron casi 165 pesos a cada hogar mexicano (138 pesos en 2007 y 180 en 2005);

3. Se pagaron más de 32 mil millones de pesos (mmdp) en sobornos por el uso de los 35 servicios públicos seleccionados (27 mmdp en 2007 y 19 mmdp en 2005);

4. Los hogares que reportan el pago de “mordidas” destinan 11% de su ingreso a este rubro (8% en 2005). En los hogares con ingresos de un salario mínimo, llega a representar hasta 33% de su ingreso (24% en 2005);

5. Los trámites que mayor incremento registraron en corrup-ción fueron los sobornos para vender o trabajar en la vía públi-ca, evitar que un agente de tránsito se lleve un vehículo al corra-lón o que ponga una multa, recuperar un auto robado, evitar ser detenido en el ministerio público e introducir objetos prohibi-dos en alguna aduana, retén, garita o puesto fronterizo.

En los resultados de la encuesta de 2010 se observa que los es-tados en los que se percibe menos corrupción son Baja California Sur, Durango y Nayarit, en tanto que los que reflejan mayor per-cepción de este fenómeno son Guerrero, el Estado de México y el Distrito Federal, siendo este último el peor calificado.

Peor cada año

Por cierto, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 que publica Trasparencia Internacional, México aparece con una ca-

ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O. *

Transparencia y rendición de cuentas

México:¿Estado corrupto? (I)


ENSAYO

(504 867.7 mdp de participaciones federales y 562 446.4 mdp de aportaciones federales).

Los estados y municipios han sido los más observados por la ASF en la fiscalización de las cuentas públicas de la última dé-cada y han sido obligados a devolver 22 258.8 millones de pesos por las prácticas indebidas detectadas en las cuentas públicas de 2001 a 2009. El total recuperado por la ASF en ese periodo fue de 43 326.3 mdp.

Las principales irregularidades detectadas por la ASF en el ma-nejo de los fondos federales que se transfieren a estados y munici-pios obedecen a las causas siguientes:

Pérdida constante de bienes, pagos efectuados con fines distin-tos a los autorizados, pagos indebidos a per-sonal y a conceptos de obra pública, pagos de obras no realizadas, carencia de docu-mentación comprobatoria, falta de aplica-ción de sanciones y penas convencionales, otorgamiento de anticipos superiores a los previstos, obras incompletas, trabajos de mala calidad e incumplimiento de estánda-res, sobreprecios en el pago de estimaciones de obra, exceso de discrecionalidad de los servidores públicos, desvío de recursos para actividades electorales, reintegros de recur-sos no efectuados o realizados extemporá-neamente, carencia de perfiles profesiona-les adecuados y falta de estabilidad laboral, prácticas de nepotismo, aumento constante de los niveles de endeudamiento, y, por últi-mo, falta de actualización de la Ley de Coor-dinación Fiscal y de las Reglas de Operación de los fondos.

Al inicio de la administración 2005-2011, Coahuila tenía una deuda pública de 196 mi-llones de pesos. Al cierre de 2010 era de 35 mil 641 millones de pesos, es decir 182 veces más. Esta información fue ocultada a la po-blación, a los bancos y a la SHCP por una ad-ministración estatal que falsificó documen-tos oficiales (decretos y autorizaciones) para obtener más recursos de créditos bancarios con el aval de la Secretaría de Hacienda.

Existen denuncias penales de diputa-dos y de la SHCP por estos hechos. Coahui-la recibió 45 mil 886 millones de pesos de participaciones federales entre 2006 y 2010. Sólo resta saber qué se hizo con tantos re-cursos.

Según Hacienda, la deuda pública en las entidades federativas y los municipios creció tres y media veces al pasar de 89 mil 501 millones de pesos en 2000 a 314 mil 13 millones de pesos al cierre de 2010, sin con-siderar la información que fue maquillada, falseada u ocultada por error o mala fe. En 1995 se entregaban a estados y municipios, entre participaciones y transferencias fe-derales, 49 mil millones de pesos, en tan-to que en 2010 se entregaron 1 billón 22 mil millones, 207 veces más en 15 años.

Ahora bien, recientemente conocimos una buena noticia. Según el Foro Económi-co Mundial, México está en el lugar 58 entre 142 países en el Índice de Competitividad Global, avanzó ocho lugares (posición 66 en el índice del año anterior). Los primeros lu-

gares son ocupados por Suiza, Singapur, Suecia y Finlandia. Las economías emergentes en mejor posición que México son: Chi-na, lugar 29; Chile, 31; Polonia, 41: Brasil, 53 e India, 56.

De acuerdo con este reporte los factores que más afectan el ambiente para hacer negocios son la inseguridad, la corrup-ción y la ineficiencia burocrática. Faltaría añadir que difícilmen-te avanzaremos si no corregimos la impunidad que tanto afecta al estado de derecho, si no aprobamos las reformas legislativas pendientes, si no mejoramos la calidad de nuestra educación y si no acabamos con los monopolios.

*Auditor superior de la Federación de 2002 a 2009.

pública sin transparencia, no hay derecho a la educación y a la salud sin transparencia, no hay derecho a un desarrollo susten-table y no hay combate a la corrupción sin transparencia”.

En el Tercer Encuentro Mundial de Valores celebrado en Mon-terrey el año pasado, el exalcalde de Palermo Leoluca Orlando afirmaba que un funcionario con familiares ligados al crimen no es digno de liderar una ciudad. Hay impedimento ético para que el servidor público se mantenga en su cargo al revelarse que tiene algún nexo con negocios ilícitos. Una persona cuya familia se re-laciona con criminales no es digna de ser alcalde de una ciudad. Todo ello a propósito de la tragedia del casino Royale.

Recientemente en Brasil, con motivo de la celebración de su independencia, miles de ciudadanos convocados por las redes sociales se manifestaron ante las autoridades gubernamentales con el grito “¡Paren de robar!”, exigiendo un profundo combate a la corrupción. La presidenta de Brasil, en su primer año de go-bierno, ha despedido a ocho ministros de su gabinete, sujetos a investigación por actos de corrupción.

Las exigencias de cambio se suceden en Túnez, Egipto, Siria, Libia, España, Gran Bretaña, Grecia, Israel, Chile, Bra-sil, Estados Unidos y, en menor medida, en México a través de convocatorias en las redes sociales para manifestar el descontento contra los gobiernos por las políticas públicas que generan pobreza, desempleo, desigualdad, inseguridad, corrupción e impunidad.

En materia de educación, la prueba ENLACE 2011 refleja que México tiene serios problemas con la calidad educativa pues más de 60% de los alumnos de primaria y secundaria salieron reprobados: no superan los niveles insuficiente y elemental. En México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 58% de la población de 25 a 34 años no tiene bachillerato, lo que nos coloca en el último lugar de la organización junto con Turquía. Requerimos con urgencia una revolución educativa sin la cual no podremos alcanzar el desarrollo esperado.

El 23 de noviembre pasado la organización Mexicanos Pri-mero presentó el estudio Metas. Estado de la educación en México 2011, destacando los resultados siguientes:

−En México de cada 100 estudiantes prácticamente ningu-no (0.8%) alcanza un nivel avanzado en matemáticas. En Chi-le lo alcanza 1.3% del alumnado; en Uruguay, 2.4%; en Canadá, 18.3% y en Corea, 25.5%.

−A pesar de que nuestro país destina hasta 20% del gasto público en educación, su calidad no es equivalente.

−México tiene un ciclo escolar de 200 días, superior a Esta-dos Unidos y Francia; sin embargo, las horas efectivas de clases son 562, en tanto que esos países reportan 710 y 875, respecti-vamente.

−Sólo siete estados tienen alta y muy alta calificación en el índice de desempeño educativo incluyente en primaria y secun-daria. Oaxaca y Michoacán están en los últimos lugares.

−De cada 100 niños que ingresan a primaria en México, 64 la terminan, sólo 60 ingresan a secundaria y 51 la concluyen. Sólo 46 inician el bachillerato y 45 lo terminan: 45% de los que inicia-ron la primaria. Finlandia y Japón reportan 95%; el Reino Unido, 92%; Nueva Zelanda, 90%; Corea del Sur, 89%; Estados Unidos, 76%; Brasil, 74% y China, 65%.

La OCDE señala que espera que en 2024 México tenga cu-bierto el nivel de bachillerato para toda la población.

Opacidad en el Legislativo

Por su parte las fracciones parlamentarias de los partidos políti-cos en las Cámaras de Diputados y Senadores son de los grupos que mayor opacidad muestran en el ejercicio de los recursos pú-

blicos. No son transparentes, no rinden cuentas públicamente y no permiten su fiscalización.

El gasto de los grupos parlamentarios no puede ser auditado por la ASF ni las contralorías de las cámaras; aquéllos sólo com-prueban sus gastos con un recibo universal. No entregan factu-ras. Los informes no se pueden subir a internet. Y mantienen congeladas dos iniciativas para transparentar el gasto. El Poder Legislativo es el único que no admite la transparencia y la ren-dición de cuentas, lo cual es vergonzoso.

Con información de 2010 un grupo de investigadores del CI-DE realizó el estudio ¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputa-dos?, que concluye lo siguiente:

“El ejercicio de su presupuesto es una ‘caja negra’, está lejos de ser un ejemplo de transparencia, la emisión de tabuladores sólo proporciona 60% de las percepciones de los legisladores, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación; la discrecionalidad y opacidad existentes propician que se distribuyan recursos pre-supuestales no ejercidos con base en decisiones unipersonales y arbitrarias de los coordinadores parlamentarios, las asigna-ciones a los grupos parlamentarios se comprueban únicamen-te con un recibo universal, sin rendir cuentas de su aplicación y destino. En 2010 el monto de esas asignaciones fue cercano a los mil 180 mdp.”

México es el país de América Latina que tiene el periodo le-gislativo más corto: 195 días, sólo debajo de Costa Rica, que es de 183 días. En Chile y Argentina descansan un mes al año, 30 días. En México 170 días, más de cinco meses; y en México hay 85 comisiones (44 ordinarias y 41 especiales), un exceso utiliza-do para subir las percepciones. Los congresos latinoamericanos muestran un promedio de 37 comisiones (23 ordinarias y 14 ex-traordinarias). Argentina tiene 67 (45 y 22), Brasil 39 (20 y 19) y Chile 32 (25 y 7).

Existen grandes resistencias de algunos estados de la Repú-blica, de los partidos políticos, del Poder Legislativo y los sindi-catos para avanzar en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos. Existen actitu-des regresivas que pretenden volver a situaciones superadas. Existe una falta de compromiso de muchos actores políticos. Los partidos políticos son los principales violadores de las nor-mas existentes.

Las fuerzas políticas deben entender que la transparencia y la rendición de cuentas son la cimentación de las instituciones públicas y el camino para recuperar la credibilidad en la políti-ca. Decía Aristóteles: “La política es la esencia de la cual se ali-menta el alma”. Seguramente esta afirmación no la entienden la mayoría de los políticos mexicanos.

Ante esta situación de resistencia a la transparencia, ren-dición de cuentas y fiscalización de recursos públicos sólo bas-ta señalar que hay principios universales en estas materias que deben ser cumplidos. Todas las instituciones públicas están su-jetas a la rendición de cuentas, sin oponer resistencias o recur-so alguno para impedirlas.

Si en México no consolidamos la transparencia y la rendi-ción de cuentas estamos expuestos a repetir los casos vergon-zosos del Fobaproa, el Pemexgate, los Amigos de Fox y La Estela de Luz, los más conocidos de los últimos tiempos. En estos casos tanto la ASF como el IFE actuaron con toda responsabilidad, hi-cieron uso de todas las facultades con que contaban y actuaron hasta el límite de sus funciones, no obstante las enormes pre-siones de las cúpulas del poder.

Otro de los grandes pendientes en materia de transparen-cia y rendición de cuentas lo representan los enormes recursos que se entregan a estados y municipios. En 2011 se asignaron 1 046 443 millones de pesos (510 938 mdp de participaciones federales y 512 943 mdp de aportaciones federales), en tanto que en el presupuesto para 2012 se aprobaron 1 067 314.1 mdp


proceso 1843:los zetas infiltran al ejÉrcito, la pgr, la afi, la pf

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