PRIVATIZACIÓN DE LOS MONOPOLIOS NATURALES EN EL PERÚ: ECONOMÍA POLÍTICA, ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO

Desde 1990, el actual gobierno viene aplicando un programa de reformas estructurales que buscan ampliar la participación del sector privado en la economía y el desarrollo de un ambiente adecuado para promover inversiones para el país. Hasta la actualidad se han privatizado, de diversas modalidades, empresas por un monto cercano a los 8,000 millones de dólares. Entre las principales privatizaciones tenemos las de las empresas de servicios públicos, monopolios naturales por excelencia debido a las economías a escala, ámbito o características de red que presentan. Destacan los casos de CPT y Entel Perú, las dos antiguas proveedoras de los servicios de telecomunicaciones, y varias empresas eléctricas (de distribución y generación) que han permitido, mediante las inversiones que se han realizado en esos sectores, una renovación tecnológica y la ampliación del ámbito de cobertura.

Estos dos casos presentan diversas importantes diferencias en cuanto a los mecanismos de privatización y sistemas de regulación. Primero, en el sector telecomunicaciones, el Estado desde un principio realizó el traslado de sus funciones al sector privado para centrarse en el rol de regulador, con la creación de OSIPTEL. En el caso de la electricidad, donde el proceso se da de una manera mucho más gradual, se tiene un Estado que se encuentra como regulador (OSINERG, CTE e INDECOPI) y como parte del sector productivo en la generación de energía (Central hidroeléctrica del Mantaro).

Por otro lado, la teoría de contratos establece una serie de hipótesis con respecto a la eficiencia de los marcos regulatorios. En general, se arguye que el desempeño de las reformas estará en buena parte condicionado por la efectividad de los incentivos y penalidades establecidos en los contratos y normatividad del sector y por la credibilidad de los mismos. Así, la normatividad deberá ser explícita, clara y completa, pero al mismo tiempo deberá contemplar su adecuación a los posibles cambios en el sector, por ejemplo de orden tecnológico. Con respecto a esto, se debe logra un difícil equilibrio entre el grado de flexibilidad y compromiso que establecen los contratos y regulación del sector. Asimismo, los incentivos y penalidades deben ser creíbles y deben existir mecanismos claros, autónomos y eficientes para la resolución de posibles conflictos. Es importante, además, considerar que eficiencia que se logre en el sector dependerá de la medida en que la responsabilidad, derechos residuales y riesgos de cada actividad del sector sean asumidos por quien tiene mayor control sobre dicha actividad. Desde las perspectivas planteadas, el estudio busca responder, entre otras, a las siguientes interrogantes: Dadas las características de las instituciones vigentes, por ejemplo del Poder Judicial, ¿qué mecanismos se crearon para brindar salvaguardas a las empresas?; ¿Cuál es la flexibilidad del ente regulador para adecuarse a los cambios del entorno y cuál es el nivel de compromiso que debe de mantener?; ¿Cuál es origen de los conflictos que han surgido en el sector ( "huecos regulatorios", presiones de grupos de poder o variaciones de las condiciones iniciales)?; ¿Ha correspondido el proceso de resolución de conflictos al planeado por el regulador?; y, ¿cuál de los sectores presenta el mecanismo de resolución más eficiente?.

El objetivo principal del proyecto es analizar desde una perspectiva institucional y comparativa los marcos regulatorios de los sectores de telecomunicaciones y de electricidad para evaluar su desempeño con respecto a los objetivos planteados por la reforma de cada sector. Adicionalmente, el estudio pretende identificar "características deseadas" de los órganos reguladores y de los marcos regulatorios que le permiten resolver los conflictos que se generan mediante soluciones que llevan a mejoras para la sociedad

RAZONES PARA NO PRIVATIZAR SEDAPALSEDAPAL, empresa de producción, generación y distribución de agua de la ciudad de Lima, constituye un monopolio natural debido al control absoluto de las redes de distribución de agua existentes en la capital, el cual, a diferencia por ejemplo de la electricidad, no puede ser dividido en partes ni generar en el futuro situaciones de competencia. Por consiguiente, en caso de privatizarse por transferencias de activos o de concesionarse, los capitales que lo adquieran tendrían un tremendo poder monopólico sobre un recurso sumamente elemental para la vida, el cual, obviamente, no puede otorgarse a un grupo que no considere al bien común como objetivo fundamental sin que tenga su lógica expectativa con fines de lucro.

Acerca del financiamiento de inversiones. Resulta imprescindible realizar cuantiosas inversiones para ampliar la cobertura del servicio y atender su crecimiento vegetativo poblacional. Sobre este tema específico de suministro de agua hay dos grandes posibilidades. En el caso de mantenerse SEDAPAL en poder del Estado, eficientemente operado, es posible acceder a financiamientos de Gobierno a Gobierno en situaciones muy ventajosas que a veces llegan a ser préstamos de largo plazo de 30 años con 10 años de gracia y tasas de interés por debajo o alrededor del 2% anual, ya que siempre los préstamos de Gobierno para agua son sumamente concesionales. En el caso del concesionario privado, en cambio, los financiamientos para este tipo de inversiones serían, con toda probabilidad, para plazos más cortos del orden de 10 a 15 años a lo sumo y tasas de interés cercanos al 8 y 9%, lo cual obligaría a trasladar el financiamiento más costoso a las tarifas que se cargan a los usuarios. Considerando que el PBI per capita en el Perú es sumamente baja, (del orden de US$ 2,160), la capacidad de pago del consumidor es muy reducida y por consiguiente no podría soportar una tarifa como la que cargaría un concesionario privado.Por ejemplo para hablar de cifras muy sencillas y sin considerar plazos de préstamos, si el diferencial de la tasa de interés entre lo que puede conseguir el Privado y el financiamiento que pueda conseguir el Estado fuera de 6% anual y si necesitaran inversiones del orden de US$ 1,000 millones, habría un mayor costo de financiamiento de US$ 60 millones anuales que tendrían que ser pagados cargándole más tarifa al usuario, costo que evidentemente el usuario peruano no está en condiciones de pagar.Acerca del financiamiento disponible. En la actualidad existen recursos para desembolsar a SEDAPAL de alrededor de US$ 433 millones de dólares por parte del Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento y Japón a tasas de interés que oscilan entre 2 y 2.5% anual; los cuales constituyen una buena plataforma de financiamiento disponible para, bien utilizados por cierto, emprender el camino de la expansión sustentable del servicio para el enorme segmento poblacional metropolitano que aún no accede a éste indispensable liquido vital.A manera de conclusión. Solo el tema del financiamiento es, en sí mismo, un factor importante a tener en consideración para adoptar un lógico planteamiento programático de no privatizar SEDAPAL; puesto que como empresa pública, por su misma naturaleza, se encuentra en mejores condiciones para acceder a líneas de financiamiento con tasas de interés preferencial que resultan mucho más bajos que las que pueda obtener una empresa privada. De esta manera se establecerá una tremenda diferencia en el precio del servicio para el usuario que se mantendrá en un rango razonable y accesible de seguir siendo SEDAPAL empresa del Estado; y que se incrementaría a rangos elevados e inaccesibles de entregarse SEDAPAL a manos privadas. Por tales consideraciones SEDAPAL debe seguir siendo, en su condición de empresa pública, patrimonio de todos los limeños