polÍticas pÚblicas y derechos humanos - … · hacia los grupos cínicos basados en valores...

Revista d e Trabajo Social No. 3 2001

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS

EN LOS GRUPOS ÉTNICOS

LUZ Marina Donalo Molina Profesora Asistente

De par tomento de Trabajo Social Universidad Nacional de Colombio

Resumen

Los derechos humanos de los grupos étnicos cu Colombia requieren una aproximación específica, lanío filosófica como política y normativa. Estos sectores sociales de gran particularidad histórica y sociocultural tienen derechos específicos en cuanto a la protección de su cultura, su autonomía y sus territorios. Poblaciones indígenas y negras han sido brutalmente atacadas y perjudicadas por las bandas armadas de izquierda y derecha enfrentados en la guerra que se libra en Colombia. Las instituciones oficiales, y las universidades deben proponer e implcmcntar políticas públicas hacia los grupos cínicos basados en valores humanistas y en una comprensión informada de los Derechos Humanos colectivos de éstas poblaciones.

Abstrae!:

Human riglils ofelhnic groups in Colombia require bolh philosophical and political specific nonnative approach. Thcsc social scclors vvith greal histórica! and socioculiural particularices llave specific rights regarding thc protcclion of their culture, aulononiy and lerritories. ludían and black popula I ions havebecii brutal ly atiackcdby rigluisl and leflist-armcd bandsthat fíglil cach olhcrin (lie Colombian wat Thcuiiivcrsityandstatc ínstiiutions mus) propose and implcnient publie policios toward cthnic groups. Thesc policics have tobebasedon humanistic valúes and in an informed comprchension of thcsc populalions' collcciivc human rights.

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Devista de Trabajo 6ocfa\ No. 3. 2001

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS r

EN LOS GRUPOS ÉTNICOS

Luz Marina Donato Molina Profesora A sisteme

Departamento de Trabajo Social Universidad Nacional de Colombia

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en formo de República unitaria,

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, partícipativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el

trabajo y ¡a solidaridad de tas personas que la integran y en la prevalencia del interés general"

Art. I Constitición Politica de Colombia.

Introducción

Si se hace Un recorrido por el territorio nacional, con los ojos puestos sobre los pueblos indígenas colombianos, las comunidades de afrodescendientes o negras, es decir, en aquellos conciudadanos poseedores de culturas diferentes y ancestrales, y a quienes la Asamblea Constituyente reconoció en el texto constitucional su calidad de importante componente de la nación, nos encontramos con una visión que estremece. Los atropellos con que son victimizados estos compatriotas, las violaciones sistemáticas y permanentes de sus derechos humanos y colectivos a los cuales están sometidos, entre otras causas por el conflicto armado, constituyen un hecho de suma gravedad, pero por otro lado nos recuerdan la responsabilidad de asumir los retos constitucionales de construir un Estado Social de Derecho participativo, pluralista y multicultural Reto que implica, construir nación, basada en políticas culturales de reconocimiento y políticas sociales de redistribución, como lo manifiesta Nancy Frascr1,

reconocimiento que se debe plasmar en un sistema político e institucional que represente la variedad de identidades culturales y sus necesidades y aspiraciones, y redistribución, necesaria para aportar soluciones a situaciones de grandes injusticias y desequilibrios sociales de naturaleza económica.

En este articulo se propone que un cabal reconocimiento y realización de los derechos humanos de los grupos étnicos colombianos debe darse a través de una actividad institucional informada filosófica, legal y sociológicamente y apoyada por acciones reflexivas, investigativas y prácticas desde la universidad. El artículo es una compilación de los elementos necesarios a los que debe acceder cualquier persona o institución que se proponga trabajar con los grupos étnicos en un marco de los derechos humanos.

Un trasloado filosófico: virtudes y valores

Heller y Fehér comentan sobre el concepto de virtudes como aquellas actitudes reconocidas como ejemplares por una colectividad. Estas actitudes se expresan en acciones concretas, en actos percibidos

FKASI-K. Nancy lustitia interritpta. Reflexiones criticas desde la posición "postsocialista" Bogotá Siglo del Hombro Editores, Universidad de los Andes, 1997, pág,5.

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como correctos, en la persistencia de ejecución de dichos actos. La continuidad de tales prácticas aparece entonces como la adquisición de características ejemplares. Estas valoraciones y percepciones están inscritas en la escala de los valores los cuales son a su vez bienes, tal como pueden también ser bienes elementos de la cultura material, del patrimonio intelectual, de la memoria colectiva, de las instituciones sociales, del cosmos que imagina una comunidad Son elementos a los que la comunidad reconoce como poseedores de un valor esencial, intrínseco2.

Para estos pensadores, en el terreno del ejercicio de la ciudadanía, estas prácticas y rasgos paradigmáticos se traducen en las virtudes del ciudadano. Estas virtudes trascienden afiliaciones particulares de tipo partidista e incluso religiosas, trascienden orientaciones y aspiraciones de diferente tipo. Son basadas en valores referidos a lo público, al espacio de lo común. Heller dice que los bienes que sostenemos que son de valor intrínseco, o aquellos que sostenemos en común, no pueden ser inventados por los teóricos, sino ser resaltados, dado que tales virtudes cívicas están (actualmente practicadas, desarrolladas y aprobadas por personas reales en los conflictos y situaciones contemporáneas \

Los bienes que consideramos como verdaderas condiciones de la buena vida para todos, es decir el valor de la libertad y de la vida constituyen los valores auténticos con los que se relacionan las virtudes cívicas. Esta interpretación requiere la participación de lodo el que esté implicado en el establecimiento de las instituciones, de la "cosa común", y puede

' HELLER, Agnes y FERENC Fchér. Políticas de la Postmodernidad. Ensayos de crítica cuitara!. Ediciones Península. Barcelona. 1998. pág. 24.

3 Ibid.

resumirse del modo siguiente: "Igual libertad para todos e igualdad de oportunidades de vida para todos". Aquí los valores universales de la libertad y la vida están combinados con el valor universal de la igualdad.

"...Cuáles son las virtudes cívicas que todos los ciudadanos deben cultivar si atribuyen un valor intrínseco a instituciones comúnmente compartidas formadas por los valores universales de libertad y vida, por el valor condicional de igualdad y por el valor procesal de la racionalidad comunicativa? Las principales virtudes cívicas relacionadas con tales valores son las siguientes: tolerancia radical, valentía cívica, solidaridad, justicia y las virtudes intelectuales de la disponibilidad a la comunicación racional y fronesis (prudencia)'4.

El ejercicio de la virtud ciudadana no puede estar restringido a aquellos que actúan desde posiciones en la sociedad civil. Debe poder extenderse a quienes trabajan dentro de las instituciones estatales, que al fin y al cabo supuestamente tienen su sentido en la resolución del bien común. Esto implica una actitud proactiva y creativa por parte de los funcionarios en donde las formas de vida diferentes sean de nuestro interés, y reconozcan como injustas e incompletas aquellas leyes, programas o acciones que excluyan dichas formas de vida. Supone que "alcen la voz" por las víctimas de la injusticia, y tomen decisiones para la acción desde el buen juicio y la ayuda activa. Implica que en el desempeño administrativo debe haber una racionalidad humanista y no simplemente instrumenta! o funcional.

En el caso particular de los distintos procedimientos oficiales relacionados con los grupos indígenas y negros se requiere un conocimiento y un interés para

'' Ibid.

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poder interactuar en un marco de respeto y de comunicación con los representantes de las poblaciones indígenas y negras. Los derechos de las poblaciones étnicas se basan en el respeto a la diferencia y por lo tanto están protegidos por legislaciones especiales, las cuales deben ser estudiadas e interpretadas en la situación especifica de cada grupo étnico y de esta forma poder interactuar, dialogar y contribuir a los planteamientos de las autoridades indígenas y afrocolombianas. Se requiere una voluntad de comprender y de acertar, de obtener lo mejor de las acciones emprendidas, de procurar los mejores escenarios para el bien común.

Legislación y diversidad cultural.

El reconocimiento de Colombia como un país pluriétnico ymulticultural por parte de la Constitución Política la ha llevado a ser calificada como una de las constituciones más avanzadas en el conjunto mundial. Como comenta Sotelo, la Constitución de 1991 introduce tres principios:

"está el principio del reconocimiento y de la protección a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (art. 7 Const.) F.n segundo lugar, el reconocimiento déla igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país (art. 70 ibídem). Por último, está el principio de la autonomía normativa y judicial consignado en el artículo246 de la Constitución en los siguientes términos: "Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la república..."s

Sotelo recuerda como este importante cambio en la normatividad y en la orientación de la actitud hacia los contenidos legales respecto de los derechos

de las minorías étnicas han sido el producto de la movilización política e incluso en algún caso insurreccional de las organizaciones.6

Continúa este autor argumentando cómo además de los múltiples derechos humanos individuales y colectivos reconocidos en el ámbito constitucional referentes al bienestar físico, a las libertades de conciencia y de forma de vida, a las garantías judiciales, y al acceso a servicios básicos públicos, los miembros de los conglomerados étnicos poseen derechos específicos a través de los cuales se hace posible la continuidad de la existencia de estas poblaciones como entes sociales con complejos culturalesysocialesdiferenciados. Surge así, continúa Sotelo una innovación considerable en cuanto a los derechos colectivos que suscitan importantes controversias en cuanto las posibles contradicciones entre los derechos a la igualdad y el trato especial que da la constitución a los gaiposétnicos al reconocerles derechos especiales. Algunos de los interrogantes sobresalientes mencionados por Sotelo son:

"¿Hasta donde pueden llegar los derechos propios de las comunidades indígenas0 ¿Debe el estado multicultural tolerar toda clase de decisiones autónomas de las comunidades indígenas, incluso aquellas que vulneren derechos individuales de sus miembros o que se opongan a intereses de la mayoría numérica de colombianos?

¿Qué mecanismos políticos y jurídicos son más adecuados y más legítimos para garantizar que las decisiones externas que

SOTELO, Carlos Luis. Derechos Humanos en una república multicultural. La supervivencia cultura/ de lo diferente. Programa Mundial de Alimentos PNUD- Red de Solidaridad Social. Bogotá, pág. 113.

"ibid. pág. 114.

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Guataquí, Cudinamarca. Folografia de Mauricio Rodríguez.

afecten a las comunidades indígenas no vulneren sus derechos fundamentales a la autodeterminación, a la existencia y a la integridad cultural?

¿Cómo armonizar la política de globalizar los derechos humanos individuales e "inalienables de la persona" (art. 5 Constitución) con la de reconocer la fragmentación cultural a la nación, fragmentación representada en los derechos diferenciales?" 7

Estas tensiones entre el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia son expresadas en

Tbid.,pág. 114. Ibid., pág. 115.

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posiciones encontradas frente a la autonomía de las poblaciones indígenas y de otros grupos étnicos. Las organizaciones indígenas persiguen una maximización de su autonomía. Mientras que otras opiniones, más afectas a una tradición liberal centrada en el individuo y en el estado, son reticentes a aceptar excepciones a la igualdad generalizada ante la ley y a la uniforme integridad del régimen territorial nacional expresadas en regímenes especiales para las minorías étnicas. Los reparos a los derechos especiales de los indígenas y a su autonomía territorial son particularmente enfáticos cuando los territorios indígenas son objeto de consideraciones estratégicas por parte del estado o de perspectivas económicas para empresas mineras u otros proyectos.8

A este respecto el estudio de Sánchez, Roldan y Sánchez también señala que los logros contemporáneos en materia de derechos indígenas son la consecuencia de los quinientos años de la prolongada gesta de resistencia por parte de las comunidades aborígenes en contra de distintas políticas deculturadoras, en contra de la pérdida de sus territorios ancestrales y del olvido de sus tradiciones. Estos autores subrayan que los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades étnicas son accedidos plenamente sólo a través de la integridad y vigencia de su patrimonio cultural. La desarticulación de los sistemas culturales indígenas son en general fragmentos de un proceso del que forman parte también la pérdida del territorio, la drástica reducción del uso de los recursos naturales y el tránsito de los miembros del grupo hacia posiciones de extrema pobreza como parte de la población más desaventajada del país.

Los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos y formalizados en numerosos foros internacionales. Las Naciones Unidas y algunas de sus organizaciones filiales han expedido piezas de


normatividad de alcance internacional inscritas dentro del derecho internacional público a través de acuerdos, conveniosy Iralados. Los textos de estos convenios son suscritos por numerosos países y luego ratificados por sus órganos legislativos. Los anteriores autores citan algunas de estas disposiciones que ya han hecho curso en la legislación colombiana:

" el numeral 3 del articulo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por Colombia según la ley 13 de 1945, el convenio 107 de la OIT. aprobado en Ginebra en 1957, y adoptado en Colombia por la ley 31 de 1967, los artículos 2,26 y 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Diciembre de 1966 y ratificado en Colombia por la ley 74 de 1968 y el Convenio 169 de 1989 de la OIT. reformatorio del 107 ya citado, y también ratificado por Colombia según la ley 21 de 1990'"-'

Estos autores enfatizan que lo que puede aparecer como una excepción ventajosa o fastidiosamente excepcional para ciertas minorías constituye en realidad una serie de medidas indispensables para que las realidades socioculturales particulares de las poblaciones étnicas no se erijan como circunstancias que les impidan el ejercicio y respeto de sus derechos fundamentales.1"

nacionales no se beneficia de políticas específicas que doten de recursos y de opcratividad a esos principios adheridos en los escenarios multilaterales. Organismos como la ONU y la OEA han tenido entonces que desarrollar tanto marcos de referencia para las políticas hacia los grupos étnicos como modelos procedimentales para que los grupos indígenas y otras poblaciones ancestrales puedan adelantar sus reclamos en pro de derechos fundamentales y de la defensa y promoción de sus especificidades culturales. Señalan estos autores que entre los principales puntos de tales acuerdos internacionales para la defensa de los grupos étnicos merecen destacarse los siguientes

Abolición de todas las formas de discriminación por motivos de raza, de religión, color, origen nacional o social, nacimiento.

Reconocimiento, en cada nación, de la existencia de sociedades menores, étnicamente diferenciadas entrest y respecto a las sociedades mayores, con capacidad y facultad de mantener el patrimonio físico y cultural que les da identidad y hace posible su vida independiente.

Capacidad de las minorias o grupos étnicos para mantener y desarrollar sus propias instituciones, formas de organización, de gobierno interno, y sus propias formas de justicia y control social.

Sánchez, Roldan y Sánchez anotan también que a pesar de que los gobiernos nacionales suscriben dichos tratados internacionales, frecuentemente la realidad de los grupos étnicos dentro de sus fronteras

SÁNCHEZ/. Enrique. ROLDAN . Roque y SÁNCHEZ. María Fernanda. Derechos e Identidad. Los pueblos indígenas y negras en la Constitución Política de Colombia. Disloque Editores. Bogotá, 1993. pág. 29.

Ibíd, pág. 30. M

Acceso de los grupos étnicos al pleno dominio de las tierras que han constituido el ámbito de su vida económica y cultural, de acuerdo con sus propios modelos de tenencia y uso, asi como sobre los recursos de tales áreas que demanden para su vida.

Derecho, como los demás nacionales, a recibir los servicios básicos del Estado, en especial


los de salud y de educación, pero dentro del pleno respeto de sus características culturales propias.

Facultad plena para participar en la decisión, manejo y fiscalización de los asuntos públicos de sus propias comunidades y de la sociedad nacional a la que pertenecen."

E1 discurso de los derechos humanos cada día ocupa un lugar más importante y prioritario en la comunicación nacional e internacional, en el rol desempeñado por los organismos y Ongs de derechos humanos internacionales y en la literatura sobre desarrollo. Sin embargo como lo señala Amartya Sen1', es notable también el escepticismo sobre la legitimidad y la coherencia de este enfoque. Coherencia en tanto que los derechos solo son realizables, si están respaldados por las correspondientes obligaciones que acarrean. En cuanto a los derechos colectivos, los Estados se han mostrado a través de los tiempos renuentes a reconocerlos, lo que se refleja en el derecho internacional. El borrador de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, propende y trata de posicionar en el discurso internacional el reconocimiento de los derechos colectivos como un "elemento esencial e inherente de los derechos indígenas", definiendo los siguientes derechos colectivos: el derecho a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos, protección frente al etnocid ¡o y el genocidio cultural, el derecho a determinar su ciudadanía indígena, el derecho a mantener y desarrollar sus propias características e identidades, y el derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades. Este reconocimiento de

"lbid.,pp. 31-32. SEN Amartya, Desarrollo y Libertad. Editorial

Planeta, Bogotá. 2000, pág. 227.

as

los derechos colectivos de los pueblos indígenas es, como lo comenta Mackay

"la gran importancia del Borrador de la Declaración, desde la perspectiva histórica de los derechos de los pueblos indígenas y su status en el derecho internacional, es su legitimación y afirmación del valor de protección de las formas de vida y las culturas de los pueblos indígenas per se..."I3

Descentralización y territorialidad

Las transformaciones de las últimas décadas de la estructura del Estado colombiano han estado caracterizadas por la descentralización y el fortalecimiento de los entes territoriales locales, particularmente de las municipalidades. Los municipios han pasado a ser luego de la reforma municipal y de la constitución de 1991 receptores de transferencias del presupuesto nacional para implementar sus propias políticas públicas especialmente en salud y educación y de las inversiones generales guiados por la elaboración obligatoria de los planes de desarrollo y de los planes de ordenamiento territorial. La misma constitución (CP art.357, ley 60 1993 art.25, 111 de 1996) al otorgar carácter de entidades territoriales a los resguardos indígenas establece las transferencias presupuéstales hacia éstos en cabeza de los cabildos. Las políticas de descentralización y municipalización se constituyen sobre una filosofía participativa la cual supone que los ciudadanos de manera creciente se involucraran en la toma de decisiones y en la administración de los recursos públicos.

MACKAY, Fergus, Los derechos de los pueblos indígenas en e! sistema internacional. Una frente instrumental para las organizaciones indígenas. Asociación Pro derechos Humanos y Federación Internacional de Derechos Humanos. Impresión Global. Lima, Law Ássociation, I999,pág. 55.


No obstante Forero argumenta que lo que en realidad ha ocurrido es una desconcentración de las funciones de ejecución del estado hacia las entidades locales, las cuales pasan entonces a ser unas simples ejecutoras de unas políticas determinadas en el nivel central. Pero incluso en esta transferencia de funciones, que no es realmente una descentralización de los procesos decisorios, las herramientas conceptuales e institucionales de las municipalidades son muy precarias lo cual ha resultado en una descomunal desorganización y despiltarro de los dineros públicos.

"... Cuando hay demasiada inflexibilidad en la asignación de los recursos provenientes de las transferencias en un proceso de descentralización, los espacios para la toma de decisión a nivel local o territorial son muy escasos y en realidad, no se está fortaleciendo la autonomía de las regiones, sino simplemente delegando a unos agentes para que ejecuten decisiones que han sido tomadas de una manera altamente centralizada... ."u

De otro lado, los procesos de descentralización, al haber abierto un "marco de mayor participación y concertación con la sociedad civil"15 y al haber los escenarios de participación local posibilitado procesos de autopercepción e identificación, se recuperan para la esfera pública las posibilidades democráticas e incluyentes que le atribuyen analistas como Habermas y Fraser.

FORERO, Clemente. "Descentralización y ordenamiento territorial". En Territorialidad indígena y ordenamiento territorial en la Amazonio. Editores Juan José Vicco, Carlos Eduardo Franky, Juan Alvaro Eeheverry. Universidad Nacional de Colombia, Fundación Gaia. 2000.

SARMIENTO. Libardo. "Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la política social." Primer Foro de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Bogotá. 1995.

No obstante Cuervo subraya que el marco de lo local, no agota el territorio y para que puedan solucionarse de manera sostenible los grandes problemas de infraestructura y servicios, "depende generalmente de contar con un marco de administración regional adaptado a las circunstancias específicas del problema a resolver"10. Sin embargo, continúa este autor, la política regional y local del estado en Colombia ha sido altamente errática, con multitud de trámites y marañas burocráticas con total descoord inación de los sectores gubernamentales en cuanto a sus procedimientos con los municipios.17

Tal como lo plantea Morin:

"...la política debe asumir la multidimcn-sionalidad y la totalidad de los problemas humanos sin llegar a ser totalitaria. Y a la inversa, no debe dejarse disolver en lo administrativo, en lo técnico, en lo económico, porque tiene

que seguir siendo multidimensional La política debería convertirse en antropolítica, es decir tendría que considerar no sólo lo cuantitativo y manipulable, sino la parte de carne, de sangre, de sueño que hay en la realidad humana."18

La situación por la que están atravesando los departamentos en las cuales se encuentran ubicadas las entidades territoriales indígenas, los pueblos indígenas y las comunidades de afrodescendienteses un caso preocupante de políticas con contenidos generales progresistas pero que al ser aplicados en contextos burocráticos insensibles a las necesidades

CUERVO. Luis Mauricio "El rompecabezas de la intervención económica territorial" en Territorios. Revista de Estudios Regionales y urbanos No. 3 Bogotá, Febrero-Julio, 1999, pág. 85.

v Ibid. MORIN, Edgar. '"Fronteras de lo Político" en Revista

Foro No. 31. Bogotá, i 997, pp. 15-22. Mayo, pág. 17.

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reales de la población terminan conviertiéndose en la causa misma de la negación de la provisión de servicios básicos a la población y de la garantía de los derechos fundamentales. Esta situación ha desembocado por un lado en la baja participación de la gente en la toma de decisiones locales, o en que sean pequeños grupos quienes deciden por todos.

De esta forma en la práctica se desconoce la diversidad de la población y se obstaculizan Sus intereses y deseos de construcción colectiva del futuro de su territorialidad, incrementado éste deseo, por las practicas tradicionales comunitaristas tanto de pueblos indígenas como de comunidades negras a través de los siglos de convivencia compartida del territorio.

En el diseño de los planes de ordenamiento territorial, uno de los pilares de la autonomía municipal, se carece de elementos conceptuales e institucionales para incluir las particularidades de la territorialidad indígena. El régimen legal vigente en Colombia se centra en disposiciones que distan de ser universales para las sociedades indígenas.

"...Por ejemplo los lugares sagrados compartidos por distintas etnias. Cómo hay que organizar el territorio cuando hay intereses compartidos. Cuando la simple división política no puede ser de zonas territoriales no puede ser una solución, cuando hay espacios que tienen que ser objeto de dedicación colectiva y no solamente dé la dedicación de la etnia? Cómo hacemos para superar esa simple traslación del concepto de propiedad privada al ordenamiento territorial?..." IV

Se da asi una sería limitación en la autonomía de las entidades territoriales indígenas para decidir sobre la destinación de la inversión local, y a la orientación

FORERO. Op. Cit. pág. 140.


de la política cultural En este punto también, la intromisión abusiva de los grupos armados ai margen de la ley, atenta contra las perspectivas de mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos y de fortalecimiento de sus instancias de autoridad y de decisión autónoma.

Durante las pasadas contiendas electorales para nuevos alcaldes, por ejemplo, algunos de los líderes políticos locales fueron asesinados por los actores del conflicto armado. Se bloquean así las nuevas tentativas alternativas del manejo de los intereses colectivos, con una ética de lo publico y con el planteamiento de crear unas nuevas virtudes cívicas de los ciudadanos multiculturales tales como la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos estatales. M

El estruendoso fracaso de las finanzas departamentales y municipales en el corto tiempo acaecido desde la puesta en vigencia de las reformas descentral izadoras y participativas pone en evidencia que se requiere una reformulación del régimen y las divisiones territoriales vigentes, los cuales se mantuvieron en sus grandes rasgos y configuraciones y que habían nacido dentro de una institucionalidad diferente en cuanto a los ámbitos de lo público y lo privado.2I

Para Boisier el fundamento de una nueva reorganización territorial-regional tendrá que darse desde la reconstrucción de identidad :

HELLF.ii.Op. Cit 1998. " BOISIER, Sergio ''Regiones pivotales y regiones

virtuales. Postmodemismo territorial y globalización" en Revista Foro "25, Bogotá, Diciembre 1994. pp. 16-27.

4,La gestión de las regiones en el nuevo orden internacional: cuasi Estados y cuasi empresas" en Estudios sociales No. 72 OP U Santiago de Chile. 1991.

http://HELLF.ii.Op


"...Habiendo sido la identidad local destruida en el proceso de desarrollo desigual, su reconquista sirve entonces de vector a esa lucha, cuya finalidad es la reconstitución de una autonomía cultural y económica sobre la base de la identidad reconstruida..."-:

Rodríguez se muestra de acuerdo con los anteriores planteamientos al reiterar que los procesos de desarrollo regional requieren autonomía de gestión, reapropiación del excedente económico, movilización ambiental y autopercepción de pertenencia. a

Los estudiosos catalanes de los fenómenos locales y de las polilicas públicas Brugué y Goma señalan que los cambios contemporáneos de fragmentación social, reestructuración identitaria y transformación de los parámetros capitalistas impactan a la esfera local ocasionando articulación comunitaria de actores colectivos vulnerables a discriminación, una emergencia de una dimensión comunitaria del bienestar y la generación de estrategias económicas desestandarizadas, territorializadas y personalizadas.M

El carácter holístico de las sociedades étnicas, con su integridad entre cultura, naturaleza, cosmología y territorio así como su práctica de la autonomía y la especificidad de sus reclamos hace que las anteriores condiciones señaladas por los mencionados analistas sean particularmente favorables para aprovechar marcos descentralizados Pero aún así el desbarajuste del Estado en sus relaciones con los entes territoriales

22

Ibid., páíi. 25. RODRIGUEZ, Edilbcrto. "Desarrollo regional y

ordenamiento territorial". Ponencia IV congreso de planeación participativat Bogotá, Mayo, ! 999.

' BRUGUÉ, Quim y GOMA, Richard Gobiernos ¡ocales y politicas públicas. Bienestar social, promoción económica y territorio. Barcelona. Ariel, 1998.

plantea serios obstáculos para la ejecución de las políticas públicas desde los resguardos indígenas y los territorios colectivos negros.

Uno de los reclamos más sentidos de los grupos étnicos ante la desastrosa confrontación armada que los ha situado como victimas en medio de los bandos enfrentados es el del respeto del territorio y su independencia política. Sin embargo a lo largo y ancho del pais estas áreas son continuamente atropelladas por los actores armados al margen de la ley, y las actividades y proyectos de las comunidades seriamente perturbadas.

Servicios estatales y conflicto armado

El contraste entre riqueza y pobreza entre el centro del país y estos territorios, se acrecienta cada vez más. Esta gran brecha entre una minoría adinerada y las vastas mayorías desposeídas no es causada únicamente por las diferencias de ingresos o por diferencias en el estatus de la propiedad, sino también por intereses económicos regionales, intereses a veces también defendidos por actores armados, que abrigan grandes expectativas sobre los llamados mega proyectos que son mayormente obras de infraestructura para facilitar la actividad capitalista en gran escala. Estos proyectos casi invariablemente ocasionan la reubicación forzada de la población, abruptos cambios en las prácticas cotidianas culturales, (caso de la represa de Urrá y el pueblo embera catío. y de la Represa Salvajina en el Cauca con comunidades negras). Tales megaproyectos arruinan la disponibilidad de recursos naturales para los pobladores locales traduciéndose en cambios forzados a la gente a comprar lo que necesitan para comer y no lo que cultivan en sus tierras. Tal como se da el estado actual de la institucionalidad colombiana y de la precariedad de las políticas públicas sociales, basar las expectativas sobre un mejoramiento social en

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desarrollos infraestructurales de gran escala es una apuesta segura a la pauperización y descomposición de los pobladores locales particularmente los grupos indígenas.

Otra de las características de esta gran porción del territorio nacional habitada por grupos indígenas y de afrodescendientes es el desigual acceso a las instituciones estatales. Estos territorios se han distinguido por haber sido abiertamente ignorados y descuidados por los centros del poder económico y político nacionales y por las políticas estatales.

La presencia estatal si bien ha sido muy deficiente, por ser hasta hace poco estos territorios considerados malsanos, lejanos, atrasados, lo que impalia un acceso permanente de los profesionales de las instituciones a brindar el acceso a bienes y servicios del estado, tanlo a indígenas como a negros, hoy en día son las mismos actores armados, quienes constituyéndose en los que detentan la autoridad territorial, determinan si un alcalde puede ejercer su autoridad administrativa o quién puede quedarse a desempeñar sus responsabilidades como servidores públicos.

Un caso como el de Jurado. Chocó, es muy ilustrativo de la situación que viven los grupos étnicos colombianos. Allí desde hace dos años la alcaldía municipal, funciona desde Bahía Solano, y en donde al alcalde fue asesinado supuestamente por solicitar la presencia de la tuerza públ iea para que el municipio pudiera reíníciar sus actividades. No hay juez, no hay maestros, no hay médicos, ni enfermeras, no hay cobertura en salud para los habitantes que quedan (1.000 indígenas resistiendo en sus territorios, y 500 afrocolombianos en el casco urbano de un total de 6.000 pobladores que habían en 1998), no hay tiendas en donde comprar la comida. Sus pobladores prefirieron irse a vivir como desplazados, alejados de sus tierras, familias y vecinos, a Panamá o a las diferentes pueblos de la Costa Pacífica.

Son numerosos los pueblos en donde la prestación del primer nivel de atención en salud a la población es impedido por cualquiera de los actores armados al margen de la ley. Si no hay acceso a los servicios sociales básicos, cual puede ser entonces el acceso a la práctica de las libertades?.

Los abusos continuos de los grupos de fanáticos armados a las poblaciones indígenas y negras son de hecho un cerco de hambre y la destrucción de sus actividades productivas. Los robos continuos de los alimentos y animales producidos por estos pobladores, de los motores, lanchas, tiendas comunitarias, impuesto para los producidos agrícolas, cosechas, alevinos, el control sobre los alimentos que ingresan a ciertas zonas, ocasionando escasez de alimentos de consumo diario y quiebra de los pequeños negocios locales.

Grupos étnicos y derechos atropellados

Un rápido recorrido por el país nos permite nombrar algunos de los problemas principales que aquejan a los grupos étnicos debidos en su gran mayoría a la desidia y abandono del Estado y a las actividades genocidas de los ejércitos ilegales.

Si miramos la Costa Atlántica encontramos al pueblo Wayú en el departamento de la Guajira con problemas por sus sistemas dejusticia interna, por problemas ocasionados por las transferencias y por la explotación de las minas de carbón y gas.

En la Sierra Nevada en Magadalena, Cesar y Guajira los kankuamos, koguis y Wiwas, sufren desplazamiento de algunas comunidades. Casas de líderes comunitarios como el profesoryel promotor de salud han sido quemadas, se han presentado asesinatos selectivos de líderes. Las comunidades han sufrido cercos totales impidiendo la movilización y el transporte de víveres por meses.

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Los Yukpa entre Cesar y Norte de Santander han sido desplazados, amenazados por los actores armados, con restricciones alimentarias, sin tierra suficiente donde cultivar.

Los Embera-katios en el Urabá Antioqueño lian sufrido el asesinato permanente de líderes comunitarios. Tienen paralizado la realización del censo necesario para el giro de los recursos fiscales destinados a salud y educación. Hay una comunidad entera desplazada en Polines. Hay una situación gravísima ente los Embcra de Murindó, del Uraba chocoano y antioqueño. Han sido desplazados, amenazados, padecido el asesinato de sus líderes.

Entre los Embera del Chocó de la zona de la carretera entre Quiibdó y Medellín, se han producido habido también desplazamientos y líderes asesinados, y han sufrido maltratos por la policía. Al reafirmar su autonomía trente a los grupos armados estos indígenas son tildados de ser auxiliadores de la guerrilla o de los paramilitares, lo cual acrecienta las acciones violatorias y degradantes por todas las fuerzas involucradas en el conflicto armado.

En el departamento de Nariño los Awa y los Pastos, enfrentan problemas en cuanto a servicios de salud y cumplimiento de derechos a educación especial.

En el alto Naya, desde el 26 de febrero cuando se dio el primer desplazamiento, se conocían por parte de las autoridades gubernamentales las listas que corrían para asesinar a personas de la región. Pese a esto en semana santa, asesinaron a más de 40 indígenas y campesinos ante la ausencia total de la fuerza pública.

En el Putumayo el Estado sin previa consulta, fumigó las tierras de los indígenas, sus cultivos, los de coca y todas las otras plantas y animales del bosque circundante, arruinando de esta forma su

seguridad alimentaria y con el consecuente desplazamiento hacia el Ecuador, además del asesinato de líderes de sus organizaciones.

En la Amazonia, la explotación minera por pequeñas compañías brasileras, con el consentimiento de la guerrilla amenazan los territorios indígenas. Las organizaciones indígenas están demandando que se cumplan las leyes y sentencias sobre el derecho a la educación propia.

Los Bari en el Catarumbo en Norte de Santander, han sido también objeto de fumigaciones y de desplazamiento forzados de sus territorios. Denunciaron la quiebra de su cooperativa comunitaria por parte de los actores armados que se robaron los víveres.

Los U'wa en Boy acá y Arauca continúan con la defensa de su territorio en contra de las multinacionales petroleras y luchando contra un modelo de desarrollo que riñe completamente con sus relaciones sociales y su concepción de la naluraleza.

Los territorios de las comunidades de afrodescendientes han sido también objeto de la terrible expansión de la violencia armada. El bajo Atrato desde hace cinco años y el medio Atrato desde hace tres han sitio escenario de asesinatos de líderes negros y de masivos desplazamientos de la población. En el Chocó y Atrato antioqueño han sido destruidas por ataques guerrilleros las poblaciones de Vigía del Fuerte, Bellavista, Jurado y Bagado. Las carreteras Pasto - Tumaco, Cali -Buenaventura, Cali - Popayán y Medellín - Quibdó son escenarios de intensas disputas entre los ejércitos irregulares con su secuela de asesinatos y desplazamiento. En la costa atlántica, áreas de importante población negra como los Montes de Maria han sufrido niveles exacerbados de la guerra.

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Tenemos entonces como hechos de común ocurrencia en casi todas las comunidades étnicas del país:

l.Conflicto armado : Asesinato selectivo de líderes, masacres, desplazamientos forzados, perdida de autonomía, restricciones para la utilización de radios, canoas, motores y comida. Invasión del territorio, perdida de la seguridad alimentaria, aumento de !a pobreza, Involucramiento forzado de los menores en el conflicto, robo de mujeres.

2. Narcotráfico: Perdida de las formas tradicionales de cultivo y consecuente deterioro de la seguridad alimentaria, arrasamiento y contaminación del bosque y las aguas, fumigaciones.

3. Mega proyectos sin consulta previa. Represa Urrá, Carretera Tribugá, Exploraciones y explotaciones petroleras en territorio U\va y Kofan. Vías de comunicación por ríos e interoceánicas, canal interoceánico del Pacífico, explotaciones mineras y madereras.

4. Violaciones de derechos humanos por el Estado. Negligencia con respecto del mandato constitucional de cobertura en salud y en educación. Prolección a la vida y la seguridad de los y las ciudadanas de estos grupos de población.

Otro de los panoramas preocupantes que encontramos en nivel nacional es el de la discriminación racial y étnica, observada en el no reconocimiento a la diversidad, en la no inclusión en el empleo formal a grupos de pobladores negros que ante el conflicto armado ha sido desplazados a las ciudades del país, en los bajos niveles de desarrollo humano observados en los departamentos en donde están ubicados estos grupos, en la tasa de deserción escolar, la tasa de analfabetismo, la falta de cobertura en salud. Si miramos detenidamente, éstos grupos poblacionales, también encontramos discriminación por sexo y edades, reflejada en la desigual e injusta situación de las mujeresy los niños tanto en el hogar, como en la comunidad y en las organizaciones que gestionan los asuntos políticos.

Archivo Fotográfico CINE MU'JER, Fondo de Documentación Mujer y Genero. Universidad Nacional de Colombia.

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culturales y comerciales, tanto en el nivel local, como en el nacional.

Estos diferentes puntos evidencian la inconsistencia y negligencia del Estado en la formulación de políticas públicas específicas para pueblos indígenas y para comunidades negras. El debilitamiento presupuestal y recortes de funcionarios en las oficinas encargadas de estas poblaciones en el ministerio de interior es una muestra elocuente del desinterés del Estado sobre este tema.

Factores en las políticas públicas hacia los grupos étnicos

En la implementación de políticas públicas que garanticen a todos los ciudadanos la realización de sus derechos fundamentales, y ya hemos visto como estos derechos para los grupos étnicos pasan por el respeto a sus particularidades, es necesario tener en cuenta una serie de aspectos entre los que mencionamos los siguientes:

Participación

Aun cuando en un proceso de descentralización se le otorgue poder a las autoridades locales para decidir sobre los recursos, sobre las acciones colectivas, sobre los destinos de esa parte del territorio, no habrá un gran avance si no se asegura un desarrollo paralelo de los canales de participación ciudadana, pues no se trata de sustituir el gran elefante del Estado centralista por una serie de absolutismos locales.

Se trata de que toda la población entre a participar de esos procesos decisorios y entre a determinar, en parte y mediante acuerdos con las autoridades, las orientaciones fundamentales de los distintos aspectos que tienen que ver con la vida regional y local.

En el caso de los grupos étnicos dicha participación debe inscribirse en sus sistemas particulares de autoridad. Estos muchas veces contienen tanto elementos tradicionales como modernos, correspondientes estos últimos a las estructuras de las nuevas organizaciones indígenas. Pero sobre todo depende de que el estado facilite los procesos internos de las poblaciones indígenas y negras y no cohoneste las múltiples prácticas de cooptación y de usurpación. Tal como lo han expresado en numerosas ocasiones las organizaciones indígenas y negras, un ejercicio válido de las libertades dentro de estas sociedades, entre ellas una legítima participación, pasa por la garantía absoluta de la autonomía.

Desarrollo

El trabajo de Escobar ha argumentado que las políticas de desarrollo son en realidad tecnologías de dominación las cuales subordinan a los grupos mas desaventajados, las someten a los designios de burocracias mediocres, les desorganizan sus instituciones políticas y económicas tradicionales y a cambio no les entregan los niveles de mejoramiento económico que les prometen, antes bien suelen comprometerlos en actividades productivas que fracasan o arruinarlos por medio de prestamos que no pueden ser pagados. Las historia de los "proyectos de desarrollo" esta plagada de casos como estos. El "desarrollo" es entonces ante todo, una manera de incorporar al mercado capitalista (en los lugares mas bajos de la pirámide) a comunidades basadas en economías tradicionales, en sistemas de reciprocidad y en producciones locales de subsistencia. Estas sociedades son vistas entonces como "subdesarrolladas" y son sometidas al asedio de distintos "proyectos" que intervienen inconsultamente en estas comunidades, proyectos que terminan tan abruptamente como irrumpieron y de cuyas consecuencias nadie se hace responsable.


Es por esto que los programas para ocuparse de los problemas que afectan a las comunidades indígenas y afrocolombianas deben poseer una filosofía y unas prácticas muy diferentes de las de los usuales "programas de desarrollo". Deben ser diseñados y ejecutados con la activa participación de las comunidades y las autoridades legítimas de los grupos, tanto las tradicionales como los cabildos indígenas y los consejos comunitarios negros, deben poder ejercer control a todo lo largo de los proyectos.

Las autoridades y organizaciones indígenas más que planes de desarrollo formulan sus Planes de Vida como cartas de navegación de las acciones colectivas en que las comunidades habrán de involucrarse en el futuro. El mismo nombre de Planes de Vida, en contraste con los Planes de Desarrollo que formulan los municipios y el país, denota la integridad de la visión y la práctica de los indígenas sobre sus propias políticas públicas. El objetivo no es el de alcanzar unos estándares o indicativos preconcebidos sino acometer las acciones necesarias para incrementar el bienestar de la comunidad afirmando sus particularidades culturales y ejerciendo su autonomía.

Los Planes de Vida contemplan el diseño de proyectos sui generis en los campos de salud, educación, producción, zonificación territorial, cultura y comunicaciones entre otros, los cuales dada la singularidad de cada sociedad indígena tienen muy poco en común con entidades sectoriales del orden nacional, departamental o municipal. Por lo tanto dichas entidades deben mostrar gran flexibilidad y disposición para apoyar y aportar a los Planes de las autoridades y cabildos indígenas, esto implica actividades de educación y divulgación sobre la legislación, los derechos y la sociedad indígena entre los funcionarios para que los entes estatales puedan asumir sus responsabilidades frente a los pueblos indígenas.

Los Planes de Vidajunto con las otras acciones de las organizaciones indígenas constituyen políticas culturales en el sentido en que las analiza Escobar,25

como procesos en los que prácticas y discursos alternativos entran en oposición con la institucionalidad y las estructuras económicas y políticas dominantes. Las políticas sociales dirigidas a los grupos étnicos deben estar entonces en capacidad de entender las políticas culturales ejercidas por las organizaciones étnicas

Territorio

Los grupos étnicos están relacionados con la tierra de una forma muy diferente a la que la economía capitalista ha generalizado y que consiste en una relación de propiedad privada e individualista en la que la tierra es vista como una mercancía y como un medio de producción. Los grupos negros e indígenas tienen una relación integral con sus territorios. El concepto mismo de territorio implica una construcción social, una relación histórica, unas prácticas productivas integrales y sostenibles. Hoffman al reflexionar sobre este tópico a propósito de las comunidades negras del Pacífico sur sostiene que:

"...Por "Territorialidad" entendemos las prácticas, concepciones y representaciones elaboradas en torno a los espacios en los que nos movemos [... ] No equivale a territorio, sino a prácticas y representaciones que tienden al reconocimiento y la apropiación de un espacio. Solo cuando culmina el proceso y existen formas peculiares de

2S

ESCOBAR Arturo, "Política cultural y biodiversidad: Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico Colombiano". En Antropología en la Modernidad. Editores María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo. Instituto Colombiano de Antropología, ICAN, 1997.

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apropiación material o simbólica de espacios concretos podernos hablar de territorio..."26

Las políticas públicas que el estado ponga en práctica destinadas a los grupos étnicos deben tener en cuenta muy seriamente las implicaciones de la territorialidad. La concepción de territorio no se refiere solamente a una relación compleja con la tierra. Abarca también las dinámicas de la vida que se dan en el territorio, dinámicas que no ven al ecosistema como una externalidad sino como una relación en la que las comunidades están profundamente involucradas. Los entornos naturales habitados por los grupos étnicos son producto de esa interacción sociedad - naturaleza. Oslender ilustra estas relaciones sociales en otro estudio sobre los grupos afrocolombianos del Pacífico:

"...un enfoque sobre las prácticas vernáculas de las comunidades negras en el Pacífico Colombiano, como el reflejado en los conceptos de espacio acuático y los significados locales de la tierra y sus límites, tiene relevancia política, puesto que en ellas se evidencia su concepto de naturaleza y la construcción de identidades negras..."27

Los sistemas productivos practicados por estas poblaciones han permitido la supervivencia de complejos conjuntos bióticos al utilizar tecnologías

* HOFFMANN, Odilc, 'Territorialidades y alianzas: construcción y activación de espacios locales en el Pacífico". En De montes, ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia. Camacho, Juana y Eduardo Restrepo Editores. Bogotá, Fundación Natura, Ecofondo, Instituto Colombiano de Antropología, ICAN, 1999.

OSLENDER, Ulrich. ''Espacio e identidad en el Pacífico Colombiano". En: De montes, ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia. Camacho, Juana y Eduardo Restrepo Editores. Bogotá, Fundación Natura, Ecofondo. ICAN, 1999.

de bajo impacto las cuales a su vez se basan en conocimientos tradicionales desarrollados a través de antiquísimas prácticas de aprovechamiento de los recursos. Es por estas razones que los grupos étnicos son tan sensibles respecto a todo lo que tiene que ver con la integridad territorial, con los recursos naturales contenidos en ellos y con el conocimiento tradicional asociado a dichos recursos. Es así como las organizaciones étnicas no sólo han adelantado esforzadas luchas por la protección legal y el reconocimiento de la propiedad colectiva de los territorios sino también por el control sobre la utilización de las investigaciones y prospecciones sobre los recursos naturales contenidos en los territorios. Estas prevenciones de las organizaciones étnicas derivan de recientes tendencias de la actividad capitalista enfocadas a comercializar, por parte de multinacionales farmacéuticas y bioquímicas, los componentes genéticos y las propiedades de especies biológicas que han sido usadas y conocidas por las poblaciones nativas.

El concepto de territorialidad comprende entonces el control de los múltiples aspectos del territorio concebida como el conjunto de las relaciones sociedad naturaleza, desde la extensión de la tierra, pasando por los recursos naturales allí contenidos y los procesos cognoscitivos y productivos de los habitantes respecto de tales recursos.

Un enfoque humanista de las políticas públicas hacia los grupos étnicos

Para la proposición de políticas públicas en general, o más particularmente aquellas orientadas a sectores específicos de población, no es posible partir de unas consideraciones simplemente tecnocráticas. La integridad y justeza de tales políticas comienza por derivarlas de posiciones filosóficas, éticas y politicas que aseguren la compatibilidad de sus resoluciones con el principio dominante de la libertad y la vida.

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Una situación de tanta emergencia en cuanto a los derechos humanos de los grupos étnicos hace necesaria la elaboración de respuestas específicas. Si no se consideran seriamente las particularidades de estos pueblos en los que los derechos humanos fundamentales dependen del respeto a sus derechos colectivos, se corre el riesgo de cohonestar el etnocidio -la desaparición del grupo como ente cultural específico-así se tenga la supervivencia física de los individuos.

En una realidad social como la colombiana, con un tejido social tan deteriorado, con una visión de lo público tan disminuida, y unos valores cívicos tan empobrecidos, es necesario volver nuestra atención hacia los principios básicos que orientan la pertenencia social y es aquí en donde cobran especial relevancia las reflexiones sobre las virtudes y los valores de Agnes Heller y Ferenc Fehér.

Con estos principios filosóficos básicos acerca de la convivenciay la responsabilidad social en mente, se impone entonces reflexionar sobre la diversidad cultural y los escenarios normativos e institucionales referentes a los grupos étnicos. De esta forma puede haber un terreno apropiado para establecer un diálogo con los planteamientos hechos por las autoridades y organizaciones étnicas, para entender las políticas culturales que los movimientos étnicos están ejercitando.

Los elementos anteriores constituyen unos fundamentos mínimos para la comunicación entre las entidades y los funcionarios con los líderes y representantes de las comunidades indígenas y negras y para poder adelantar acciones institucionales particularmente aquellas concernientes a los derechos humanos.

La universidad

Una de las instituciones de más importancia en el escenario nacional es la universidad y su potencial

como catalizador de políticas públicas de diversa índole es inmenso. La universidad es por excelencia el sitio para el debate y la reflexión, es el escenario en donde pueden ser dilucidados problemas complejos en los que intervienen variados factores. Es de la intrínseca vocación de la universidad formular las prioridades en el proceso de resolver temas sociales concretos , así como de implementar y promover nuevas pautas culturales dentro de la actividad institucional.

El estudio de la realidad de los grupos étnicos y la reflexión sobre políticas destinadas a ellos incluye reflexiones sobre lo regional, la descentralización, la recomposición territorial, el respeto a la diversidad étnica y cultural, la reconstrucción de la sociedad rural, las prioridades ambientales, la construcción de ciudadanía multicultural.

El gran reto de las instituciones, incluyendo a la universidad, en cuanto a incursionar en las políticas públicas para los grupos étnicos es el de desarrollar acciones positivas dentro de una comunicación constante con los sujetos sociales. La autonomía, como una de las políticas vertebrales de las organizaciones étnicas y reconocida por la legislación y por varios fallos de las altas cortes implica que las acciones institucionales han de ser consultadas con los legítimos representantes de los pueblos indígenas. El reconocimiento por la ley colombiana de la obligatoriedad de la consulta previa cuando se trate de medidas o disposiciones sobre los grupos étnicos ha sido una de las conquistas mas valoradas por los movimientos étnicos. Es por esto que las sucesivas etapas de actividades y proyectos deben desarrollarse de común acuerdo con las poblaciones en cuestión.

La universidad, desde una perspectiva de autonomía, y diálogos interdisciplinares se deberá vincular a los procesos de desarrollo regional o local

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en lo que tiene que ver con grupos étnicos. Esta vinculación se puede dar mediante investigaciones transdisciplinares que conduzcan no solo a la construcción de referentes conceptuales más apropiados a nuestra realidad nacional, sino a la elaboración de políticas públicas particularistas, o políticas de vida al decir de Giddens28 o étnicas, enfocadas en los derechos humanos como vía de realización, para pasarlos del papel a la vivencia cotidiana en el camino para la construcción de un país más equitativo y solidario.

Conexiones y situaciones complejas como el impacto de la globalización y de las aperturas neoliberales sobre la situación de los grupos étnicos, el nivel del impacto ambiental de diferentes políticas, el diseño de formas alternativas de mercados regionales, de la potencialidad de los sistemas productivos tradicionales, requieren de ingentes recursos institucionales y de conocimientos expertos que la universidad esta en posición de proporcionar. Pero aún mas urgentemente, la reconstitución de aspectos sociales y culturales seriamente deteriorados por la arbitraria intervención de los grupos violentos en los territorios y comunidades étnicas del país y la violación de sus derechos humanos individuales y colectivos, constituye un escenario en el que la comunidad académica podría probar su utilidad social de común acuerdo con autoridades y organizaciones de las poblaciones indígenas y afrocolombianas.

" GIDDENS, Anthony. Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Ediciones Península, Barcelona. 1991.

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