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@madrid15m madrid15m madrid.tomalosbarrios.net madrid15m.org madrid.tomalaplaza.net PERIÓDICO DE ASAMBLEAS DEL 15M Nº 53 DICIEMBRE 2016 [email protected] [email protected] EJEMPLAR GRATUITO madrid 15m MENTIRAS, FALACIAS Y MEDIAS VERDADES SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZAPág. 7 4ojos.com 4OJOS.COM Págs .2 y 3 POBREZA ENERGÉTICA MATA ---- POBREZA MATA ---- CAPITALISMO MATA PÁGS. 2 Y 3 PÁG. 4 PÁG. 10 Estudio ‘Te quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos’ ¿Un presupuesto municipal más social y participativo? No es para tanto JUAN CARLOS GÓMEZ

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PERIÓDICO DE ASAMBLEAS DEL 15M

Nº 53 DICIEMBRE

[email protected]

[email protected]

EJEMPLAR GRATUITOmadrid15m■ Mentiras, falacias y Medias verdades sobre la ‘derogación de la ley Mordaza’ Pág. 7

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Págs .2 y 3

POBREZAENERGÉTICAMATA----POBREZAMATA----CAPITALISMOMATA PÁGS. 2 Y 3

PÁG. 4 PÁG. 10

Estudio ‘Te quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos’

¿Un presupuesto municipal más social y participativo? No es para tantoJUAN CARLOS GÓMEZ

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Nº 53 DICIEMBRE 2016

madrid15m

SOMBRAS DE POBREZA ENERGÉTICA y LUCES qUE SEñALAN EL CAMINOJosé María Gallego López15M Coslada

a primeros de año co-nocimos que Endesa e Iberdrola realiza-

ron un total 506.481 cortes de luz por impago en 2015. A es-tos datos habría que añadir los cortes efectuados por otras empresas que no han publica-do resultados. Esto supone un incremento del 5,9% respec-to a los cortes hechos en 2014.

Lo cierto es que desde hace muy poco es conocida esta faceta de la pobreza, tratándose de un concepto desconocido en España hasta 2012, año en el que la Asociación de Ciencias Ambientales publicó su primer informe sobre pobreza energética en España, con datos de 2010, alertando de que en nuestro país había cinco millones de personas (12,6% de la población) en esta situación. En el segundo informe, publicado en 2014 con datos de 2012, la situación había empeorado sensiblemente, y ya eran siete millones de personas (un 16,6% de la población) las que eran pobres en materia energética.

Los principales colectivos que sufren pobreza energética son las personas desempleadas, ya que según la el Informe Pobreza Energética en España 2014, en 2012, uno de cada tres hogares cuya persona de referencia estaba en paro, destinaba más del 10% de sus ingresos anuales al pago de las facturas de la energía doméstica. También las y los pensionistas, pues el mismo informe alude a que en 2012 el 21% de los hogares en que la persona de referencia era una persona con pensión contributiva, eran hogares con pobreza energética. Hay que incluir a las personas en exclusión, personas atendidas por entidades sociales, ya que el 41,4% de las familias atendidas por Cruz Roja se ha enfrentado a la pobreza energética este invierno; y a las personas sin techo o en infraviviendas, aunque no hay datos referidos específicamente a este colectivo, porque constituyen seguramente la expresión más radical de pobreza energética. En España hay cuarenta mil personas sin techo y un millón y medio de personas viven en infraviviendas (viviendas ocupadas, chabolas, naves…).

Esta pobreza energética tiene consecuencias no solo en el calor de la casa, sino en muchas otras facetas que nos parecen cotidianas (acceso a Internet, en casos extremos de casas sin luz cosas como el frigorífico, dificultades para cargar el móvil…) y en la salud. En el artículo Causas y consecuencias de la pobreza energética, que aparece en el periódico madrid15m nº 43, se explica cómo el frío y la humedad permanentes pueden conllevar problemas respiratorios como asma, bronquitis y alergias, y agravar enfermades o problemas de salud ya existentes. También se apunta a repercusiones a nivel

de salud mental, dado que vivir en malas condiciones puede causar ansiedad, exclusión, insomnio, inestabilidad familiar e incluso aislamiento social. Según el referido informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, en España se producirían unos 7.000 fallecimientos prematuros cada invierno a causa de la pobreza energética.

Por otro lado, el informe Estudio de víctimas de incendios en España 2014, realizado por la Fundación MAPFRE en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, afirma que el número de incendios en hogares en 2014 fue de casi

15.000, un 30% más que el año anterior, y el número de personas muertas en incendios y explosiones del hogar fue de 162, un 22% más que el año anterior. Detrás de muchos de estos incendios está el uso de artilugios que gente sin recursos usa para cocinar o calentarse, según el artículo La pobreza energética cuesta vidas.

Los datos para Madrid resultan devastadores: según el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales en 2012 había 765.000 personas en situación de pobreza energética, de las que casi medio millón no podían mantener su hogar a una temperatura adecuada, y el

número de muertes asociadas a pobreza energética en promedio fue de entre 200 y 800 personas al año entre 1996 y 2011. De confirmarse estas cifras, la pobreza energética podría situarse como una causa relevante de mortalidad en la Comunidad de Madrid, y ocupar así un puesto entre el 11º y el 13º en la escala de causas de mortalidad, con cifras similares a las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias y a las muertes por enfermedades del sistema osteomuscular y del sistema conjuntivo.

Aportando algunas luces entre las sombras

Desde ámbitos municipales se están poniendo en marcha proyectos pequeños que pueden servir de inspiración para ámbitos mayores. En el proyecto Ni un hogar sin energía de ECODES en Zaragoza se hacen visitas a hogares con pobreza energética, se analiza la situación de la vivienda y los aparatos, se monitoriza el consumo eléctrico, y a partir de esta información se adecúa el tipo de contrato y la potencia contratada con la compañía y se dota el hogar de soluciones de eficiencia eléctrica. Un proyecto

similar pretende impulsar la Asociación de Ciencias Ambientales en Azuqueca de Henares, acompañado de talleres formativos para voluntariado.

En los movimientos sociales es notable la labor que se está realizando, entre otros muchos colectivos, desde la Alianza contra la Pobreza Energética, nacida para presionar y denunciar a las Administraciones públicas por su inmovilismo ante la usura de las empresas suministradoras de de energía y agua. La Alianza organiza cada dos miércoles asesorías colectivas en las que activistas y personas afectadas ponen en común experiencias e informan de los pasos a seguir ante la amenaza de cortes de suministro. Se puede acceder a muy valiosa información en la sección de documentos de la página web de la Alianza contra la Pobreza Energética.

Desde EAPN Madrid se ha elaborado una guía disponible en Internet, llamada Guía para el Ahorro Energético. ¿Qué puedo hacer para aumentar la eficiencia energética en mi hogar?, en la que se dan algunas pautas para la autoevaluación de la situación energética de la vivienda o que puede servir para realizar auditorías energéticas en casas de familiares y en el vecindario. ■

DERECHOS HUMANOS

La pobreza energética mata, ¡la ley 24/2015 salva vidas!PLATAFORMA AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH)

l unes. Rosa, una mujer de 81 años, murió en Reus a causa de un in-

cendio provocado por una ve-la con la que se iluminaba por-que hacía dos meses que Gas Natural había ordenado cor-tarle la luz por impago. Des-de esta concentración quere-mos enviar el pésame a sus familiares y amigos, lamen-tando profundamente una muerte que se podría haber

evitado si Gas Natural hubie-ra cumplido la Ley 24/2015 de Medidas Urgentes Contra la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética en vi-gor en Cataluña desde agosto del año pasado, gracias al im-pulso de la iniciativa legislati-va popular contra los desahu-cios y la pobreza energética.

El principio de precaución de la Ley 24/2015 obliga a las empresas suministradoras, que al final son las que tienen la información de las personas que tienen impagos, a consul-

tar a Servicios Sociales antes de efectuar un corte para ver si la persona está en situación de vulnerabilidad y, de ser así, no lo puede efectuar. El ayun-tamiento de Reus dice que no tenía constancia de los impa-gos de las facturas, lo que de-muestra que la compañía ha incumplido de forma flagran-te la ley, y lo que es más grave, que esta muerte se podría ha-ber evitado.

Desgraciadamente el ca-so de Rosa no es un caso ais-lado: muchas familias se

encuentran en situaciones si-milares. Los bomberos denun-ciaban hace tan solo unas se-manas que seis de cada diez incendios con víctimas morta-les que se producían en Cata-luña tenían que ver con la po-breza energética.

Y aquí hay que hacer una aclaración, porque hay cier-ta confusión sobre qué está vigente y qué no de esta ley: es cierto que, obedeciendo a la banca, el PP impugnó gran parte de las medidas de vi-vienda y que el Tribunal Cons-titucional las ha suspendido hasta dictar sentencia, y eso nos indigna. Pero hay que te-ner presente que las medidas de pobreza energética las sal-vamos del recurso gracias a la presión social y que están ple-namente vigentes.

En la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) no nos hemos cansado de de-nunciar, desde el día siguien-te de la entrada en vigor de la ley, los incumplimientos fla-grantes por parte de las com-pañías eléctricas y de gas que han hecho caso omiso a una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Catalu-

La preocupación por este tema en todo el Estado es general. | 15M CÓRdObA

El APE y la PAH convocaron una concentración para exigir res-ponsabilidades por las muertes que causa la po-breza energética y que se podrían haber evitado

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Nº 53 DICIEMBRE 2016

madrid15mDERECHOS HUMANOS

ña. Hemos hecho acciones de denuncia reiteradas contra las eléctricas, y también he-mos exigido muchas veces a la Generalitat que actúe de oficio, que inspeccione estas compañías y que no se que-de sentada esperando que lle-guen las denuncias. La Gene-ralitat tiene constancia de los incumplimientos diarios por parte de estas compañías por-que los hemos denunciado desde la sociedad civil y des-de los propios ayuntamien-tos, pero lo único que ha he-cho es abrir un centenar de expedientes por los que ha puesto dieciocho sanciones de importe mínimo, 10.000 euros, y no ha tomado ningu-na acción de oficio.

Es por este motivo que exigimos responsabilida-des, en primer lugar y sobre todo, a Gas Natural, que ha in-cumplido el principio de pre-

caución y la obligación que tiene de ponerse en contac-to previamente con Servicios Sociales; y en segundo lugar a la Administración, Genera-litat y ayuntamientos, que en definitiva son los garantes de que se cumplan las leyes apro-badas en el Parlamento de Ca-taluña. Estamos estudiando iniciar acciones legales contra todos aquellos que han incum-plido la ley.

Asimismo, exigimos a la Generalitat que aplique una sanción ejemplar a Gas Natu-ral imponiendo una multa de máxima cuantía, un millón de euros, por tratarse de una infracción muy grave. Asi-mismo, pedimos una reunión de urgencia con el conseje-ro Jordi Beiget, de Empresa y Conocimiento, para que nos explique de primera mano cuáles serán los próximos pa-sos que darán.

Evitar los cortes de sumi-nistro y hacer que se aplique el principio de precaución es el primer paso para afrontar la emergencia, pero las obli-gaciones que se establecen en la ley no quedan ahí. También establece un mecanismo para hacerse cargo de la deuda que se genera a las familias que no pueden hacer frente a las fac-turas. No tiene ningún sentido que los ayuntamientos, como explicaba el de Reus en rueda de prensa, continúen pagan-do con presupuestos munici-pales las facturas impagadas de familias vulnerables y si-gan engordando los benefi-cios de compañías que hacen negocio con la gestión de de-rechos básicos. De nuevo la responsabilidad recae sobre la Generalitat, que más de un año después de la entrada en vigor de la ley no ha firma-do los convenios con las com-

pañías suministradoras, que deben garantizar que sean éstas las que se hagan car-go de las deudas de las fami-lias aplicando ayudas a fondo perdido y descuentos signifi-cativos, tal como marca el ar-tículo 6.3.

El invierno está aquí, el lunes murió una mujer en Reus por culpa de un corte de Gas Natural, mañana pue-de ser cualquier otro lugar de Cataluña y cualquier otra empresa suministradora. No tiene ningún sentido que si tenemos una herramienta co-mo la Ley 24/2015 se permi-ta que situaciones como ésta vuelvan a suceder.

La Ley 24/2015 salva vi-das, y no podemos permi-tir ni un incumplimiento más por parte de ninguna empre-sa suministradora.

Ni sed, ni frío ,ni oscuri-dad. ■

Sin derecho a casa, ni a electricidadTer García y Gladys Martínez López Diagonal

a lrededor de 200 familias, con más de 300 niños. Dos

meses sin electricidad. Estamos en la calle Toledo número 15, en Parla (Madrid).

El 26 de septiembre, Iberdrola decidió cortar el suministro de electricidad por impago, dejando a cientos de familias sin calefacción, sin luz, sin nevera, hasta el 23 de noviembre.

“Lo han pasado bastante mal. Nosotras hemos estado allí todas los días, con velas, pasando mucho frío”, explica a Diagonal Lola Andújar, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Parla. Esta plataforma, desde hace meses, acude al edificio a acompañar a los menores de edad y ayudarles con las tareas escolares.

El caso de Toledo 15 es uno más de pobreza energética, pero también de vulneración del derecho a la vivienda. La promoción, planeada para vivienda joven bajo el gobierno de Tomás Gómez, fue adjudicada a una constructora que quebró en 2012, dejando la construcción sin terminar y con un solo contador de luz para sus 296 pisos. El complejo pasó a la Sareb.

Decenas de familias entraron en estos bloques ante la falta de otra alternativa de vivienda. Una ONG llamada Todo Ayuda, a través de un convenio con el Ayuntamiento, regularizó hasta 270 contratos de alquiler social en el edificio y coordinó desde 2003 los pagos de luz, recaudando entre los

vecinos las sumas de 75 euros para pisos de una habitación, 90 en el caso de viviendas de dos habitaciones, según señalan a Diagonal desde PAH Parla.

El convenio entre el ayuntamiento de Parla y la ONG se rompió en junio de este año. La versión del Ayuntamiento: rescindido por supuestos incumplimientos de la organización. La de la ONG: fueron ellos los que renunciaron a continuar con el convenio tras años de pasividad del Ayuntamiento. En el medio, una factura de electricidad cercana al medio millón de euros de la que ni el consistorio ni la Sareb se quieren hacer cargo.

“El Ayuntamiento denunció por usurpación a los vecinos de Toledo 15, y entonces les cortaron la luz”, señala Andújar. Iberdrola decidió mandar a dos operarios para que volvieran a subir la palanca y restaurar el

abastecimiento eléctrico dos meses después, cuando los vecinos reunieron más de 2.000 euros para pagar a la eléctrica como señal. Pero, como apunta la activista, “la deuda sigue ahí”.

No es el único caso en el que la pobreza energética

se suma a la vulnerabilidad en la vivienda. En el mismo municipio, Parla, un centenar de familias que viven en cinco bloques ubicados en la avenida de las Estrellas llevan semanas intentando evitar que les corten el suministro eléctrico.

Estos bloques son parte del parque de vivienda pública que el IVIMA vendió a Goldman Sachs. Muchos de sus inquilinos siguen con contrato, aunque el precio del alquiler se encareció de los 400 iniciales hasta unos 600 euros.

Otros entraron a ocupar estos bloques al no contar con otra opción de vivienda. “Hemos acudido mil veces para que les hagan un alquiler social, y no hay manera”, explica Andújar.

Aunque varias comunidades han desarrollado leyes para paliar la pobreza energética, éstas no dan solución a la situación de miles de familias que se han visto obligadas a ocupar una vivienda y que en muchas ocasiones se enfrentan a cortes de luz y también de agua. “Esa gente sí está en situaciones dramáticas, porque no tienen un contrato a su nombre, muchas veces pinchan la luz, ¿y cómo van a pedir ayuda si legalmente no están pagando?”, señala Nacho Escartín, diputado de Podemos en las Cortes de Aragón.

“En Aragón sabemos que existe gente en esta situación porque hablamos con las PAH, pero esta ley [la ley de pobreza energética aprobada en Aragón a principios de noviembre] no recoge estas situaciones, la gente que está pinchando sigue quedándose fuera”, lamenta. ■

desde la Pla-taforma de Afectados por la Hipoteca denun-cian que las em-presas eléctricas están realizando cortes de luz en cientos de viviendas en las que viven fami-lias vulnerables

La conexión entre los 'bonus' y la calefacción apagadaMarta Luengo

y a casi es Navidad, y eso significa que los bonus y demás au-

mentos salariales de fin de año están muy cerca. Enhorabuena Endesa, enhorabuena Iberdro-la, vuestros balances son ma-ravillosos; adelante con ellos, no hay de qué avergonzarse. Ambas compañías, en vista de los buenos resultados que iban cosechando este año, han au-mentado el dividendo que pa-gan por acción, y sus beneficios este año serán considerables. No vamos a aburrir a nadie po-niendo aquí los miles de mi-llones que suponen o si serán unas cuantas décimas mayores o menores que el año pasado.

Quizá sería de mal gusto aguarles la fiesta hablando de esos pequeños daños colaterales que surgen inevitablemente en el eficiente desempeño empresarial del oligopolio que es el mercado eléctrico en el reino español. Estos daños colaterales son, ni más ni menos, las clásicas ineficiencias microeconómicas que todo oligopolio conlleva, hasta este inocente mercado, supuestamente liberalizado, para mejorar la eficiencia y bajar los precios [risas]. Sí, hablemos mejor de ineficiencias, neguemos la pobreza energética, invisibilicemos una vez más el dolor, dormiremos más tranquilos.

Los que duermen, claro. Con el frío no es tan fácil, ni tan seguro.

Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales —con datos del 2014—, más de cinco millones de personas son incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en invierno. El escalofriante aumento en relación a los datos del anterior informe (de 2012) es del 22%. Desde el inicio de la crisis, las facturas de la luz y el gas, no es un secreto para nadie, se han disparado: la primera ha subido un 73% desde 2008, el segundo un 67%. Continúan los beneficios, se extiende la pobreza, los sueldos menguan, aumentan los bonus y dividendos, la desigualdad estalla. La ecuación es clara, unos ganan porque otros pierden, no hay que ser un genio, ni tampoco un maniqueo; no es cuestión de buenos y malos, sino de un sistema —o chiringuito— que han montado en función de su propio interés. ¿Cuándo y por

qué empezamos esta sombría espiral?

La liberalización del mercado eléctrico comenzó allá por 1997 en clara continuación de la actividad privatizadora comenzada por Felipe González en los años 80. Estos procesos, que se anunciaron como síntoma de modernidad y desarrollo económico, son el origen de que hoy los recibos del agua, la luz y el gas supongan una amenaza para muchas familias en nuestro país. Poco a poco se ha ido configurando una situación jurídica privilegiada, cuya máxima expresión es el déficit de tarifa, creado en el 2000 con el fin de mantener bajos los precios de la energía [risas].

En realidad, este déficit no es más que otra de las decenas de subvenciones que el Estado otorga a este sector (ésta encubierta, como muchas otras), al reconocer que entre los costes hay partidas que no tienen que ver con la generación y la distribución de la luz o al avalar las emisiones de títulos para financiar esta deuda. En realidad, producir energía en nuestro país ha estado subvencionado y primado prácticamente desde que dejamos de usar antorchas.

Además de la continua alza en los precios, las facturas intencionadamente opacas y los mecanismos de subasta trucados para que siempre haya beneficio (parando y encendiendo plantas eléctricas en función de la demanda de cada momento), otra de las complejas estrategias empresariales solo aptas para los valientes emprendedores de este sector consiste en el esmerado engrasado de las puertas giratorias. Han de estar siempre a punto para que políticos de todo pelaje se vean tentados por ellas; de esta manera podrá continuarse con el amparo estatal de prácticas abusivas o incluso para rescates de última instancia.

El invierno no es igual para todos y, en clara conexión, mientras unos recibirán complacidos sus bonus, otros no podrán encender la calefacción. Para los que acusen de demagógica la anterior afirmación, un último dato del informe citado arriba: en 2014 más de 7.000 fallecimientos prematuros en invierno pudieron estar asociados a la pobreza energética. ■

ACCIÓN dE LA PAH EN LA SEdE dE GOLdMAN SACHS EN MAdRId ı Álvaro Minguito

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Nº 53 DICIEMBRE 2016

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Diego, 6 años, describe un desahucio: ‘Es el miedo a saber que te quedarás en la oscuridad’María F. Sánchez Cuarto Poder

llegaban al taller con la luz apagada y se senta-ban en silencio. Con el

amparo de la oscuridad, los niños tenían menos obstácu-los para manifestar sus emo-ciones. Poco a poco, las luces comenzaban a encenderse y se les pedía que describie-ran a sus compañeros: de qué color era su ropa o sus zapa-tos. Después, hablaban de sus alegrías y pensaban en jugar al fútbol, bailar o ir al cam-po con la familia, como haría cualquier niño o niña. Lue-go, se les preguntaba por sus tristezas o sus miedos, y en-tonces aparecían testimonios fuera de los común y desga-rradores como el de Diego, de 6 años, que describió su experiencia de vivir un des-ahucio como “el miedo a sa-ber que te quedarás en la os-curidad, a que te olviden”.

Cada día se siguen produciendo en España una media de 159 desahucios y se estima que alrededor del 70 por ciento de los desalojos tienen lugar en hogares con menores de edad, según UNICEF. Sin embargo, es nula la atención o ayuda que reciben esos niños y adolescentes, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que sufren las consecuencias de una situación traumática. El impacto es palpable en los testimonios que recaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid en su estudio Te quedarás en la oscuridad, presentado a finales de noviembre.

Durante los talleres realizados por la PAH para recopilar testimonios de la experiencia de los niños al sufrir un desahucio o estar a la espera de ser desalojados,

los menores explicaban que sus “tristezas” eran tales como: “Nos van a poner una multa por no poder pagar el ascensor”, “que nos quiten la casa” o “espero que el mes que viene no tengamos que irnos de casa”. Otros decían cosas tan duras como ésta: “Me hace sentir pena que venga la Policía con la cosa esa que tira la puerta”.

En referencia al miedo de los pequeños, los expertos pudieron observar que muchos de ellos sufrían pesadillas a diario y, como era de esperar, estos trastornos del sueño no se correspondían con fenómenos comunes a todos los niños, como podrían ser las películas de terror. Uno de los miedos era: “Que venga la Policía con martillos de esos que son muy peligrosos y pueden dar a una persona”, mientras que uno de los menores contaba: “En una pesadilla de esta noche soñé que nos desahuciaban y nos quedábamos en la calle”.

La plataforma también ha observado que los niños y niñas también conocían mucho mejor la situación de lo que sus familias esperaban, ya que incluso se sentían partícipes del fracaso, utilizaban vocabulario específico cuando hablaban de desahucios o eran perfectamente conscientes de la falta de recursos económicos en el hogar. En una serie de entrevistas a familias que también han sido recabadas para el estudio, Nilda relataba una conversación con su hija pequeña:

— Pero mamá, ¿por qué repites siempre lo mismo, si ayer comiste esto? En el cole no se repite.

— Es que a nosotros nos encanta esta comida, es que esta comida es exquisita.

— ¿Mamá, te pasa algo?— Ay no, hija.— Mamá, pero es que

estás llorando.— No, es que me estoy

acordando de mis padres.— Ya mamá, pero es que

tú tienes aquí papeles, tienes esto… ¿Te ha hecho algo el banco? ¿Qué te ha dicho el banco, mamá?’

Y después, Nilda contaba cómo su hija le pedía dinero:

— Mamá, ¿me puedes dar un euro para irme a comprar

esto…? Que el viernes es el cumpleaños de fulanito, ¿me puedo ir al cumple?

— No hija, es que vamos a ir donde la prima.

— Vale. Yo lo que creo es que no tenéis dinero para comprar.

Esta dura conversación pone de relieve cómo los niños se hacen conscientes del tema de los recortes económicos en el hogar, a pesar de que los padres intenten ocultar el problema. Una estrategia que es totalmente ineficaz, tal y como contaba Bibiana. Su

hijo pequeño un día le dijo a ella y a su pareja: “Dejad de discutir”, a lo que le contestaron: “No, Sebastián, no estamos discutiendo: estamos hablando”. “¡Ya, pero dejadlo, dejadlo ya, porque yo no lo aguanto!”, les contestó.

También Nilda poco a poco fue consciente de que esconderle a su pequeña los problemas económicos traía consecuencias desastrosas. Un día se dio cuenta de que otros niños habían estado pegando a su hija en el colegio y ella no le había contado nada. “Es como si dijera: ‘Mamá llora por dentro, vale, yo también voy a hacer lo mismo’”.

Aún así, según los testimonios recabados, los niños pequeños se sentían más seguros bajo la protección de sus padres que los adolescentes, quienes eran más conscientes de la amenaza del desahucio. En este grupo de menores, las mayores preocupaciones eran las ideas de “pérdida” y de “fracaso”, mientras que expresaban miedos como: “Me da tristeza perder a mis amigos, me dan ganas de llorar hasta llenar una piscina”, “que mi abuela se sacrifique” o “fracasar es como los desahucios perdidos, porque la gente pierde sus casas y los recuerdos que se han ido formando con el tiempo”. A su vez, los menores tienen un alto sentido de la justicia, la igualdad, el bien común o la no discriminación por las experiencias dolorosas que han sufrido.

El colegio, un espacio hostil

Por otro lado, la mayoría de las familias coincide en señalar que ni el personal de los centros educativos, ni los compañeros de colegio, han sido un apoyo para sus hijos en la mayor parte de los casos. “En el colegio es verdad que los niños son muy malos, y a mi hija mayor (11 años) este año le han dicho que si es una pobre porque no tiene casa y cosas así”, contaba Belén, una de las madres.

“Mi hija está muy mal en el colegio, repitió, no se

habla con los compañeros, está totalmente antisocial, los niños decían que si era pobre (…), le daban ataques de ‘histeria’, me llamaban y yo tenía que coger a mi hija y llevármela a mi casa y llamar a Psicólogos Sin Fronteras para que vinieran ellos (…)”, explicaba Belén.

Sin embargo, hay excepciones, como la hija de Elena, de 7 años, que se sintió respaldada por sus compañeras cuando se decidió a recoger firmas en el colegio para evitar el desahucio de su familia. “Ella sí ha hecho partícipe a la gente, a todos. Se recorrió todo el colegio, profesores, los de la cocina, las cuidadoras, algunas madres… Ella no ha escondido nada, totalmente participativa en ese sentido. Luego, cuando recogía las firmas, yo la veía que se sentía muy orgullosa. Es que se recogió seis hojas, 120 firmas, que es un currazo (…): todas sus amigas iban con ella cuando recogía las firmas”.

Según recuerda la PAH, los niños y las niñas “también son víctimas de la estafa hipotecaria” y, además, sufren una vulneración de derechos humanos de la que es responsable el Estado, que desoye la Convención de Derechos del Niño de 1989. Actualmente, solo existe una moratoria especial de dos años en desalojos hipotecarios para familias con niños de tres años. Para esta normativa, sin embargo, pasan desapercibidos el resto de los menores.

Por otro lado, la plataforma denuncia la ausencia de datos que les permitan conocer en mayor profundidad la situación en la que se encuentran estos menores, e incide en aspectos como que los niños puedan sufrir fracaso escolar, ya que se enfrentan a una pérdida de recursos económicos. En este sentido, exige abrir el diálogo con los centros educativos, que el Estado garantice la educación de los más pequeños y “la incorporación de ayudas específicas a las familias que han sido víctima de la estafa hipotecaria”. ■

DERECHOS HUMANOS

Estudio ‘Te quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos’después de dos años de trabajo entre PAH Madrid, Enclave de Evaluación y Enfoque de derechos de la Infancia, y Qiteria, el martes 29 de noviembre, a las 18:00, se celebró en la Casa del Reloj (Metro Legazpi) la presentación del estudio Te quedarás en

la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos. Con esta investigación participativa sobre el impacto de los desahucios en la infancia, hemos querido recoger las voces de las niñas, niños, adolescentes y familias en riesgo de desahucio,

para compartir cómo lo viven sus protagonistas y visibilizar las implicaciones que tienen en la infancia. desde el mismo día de la presentación, el informe ya está disponible en PdF en la web: https://goo.gl/ZEb4Md

JUAN CARLOS GÓMEZ

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Nº 53 DICIEMBRE 2016

madrid15mRACISMO | MIGRACIÓN

El racismo y la xenofobia no vienen solo de la mano de la extrema derechaBegoña Blázquez ParroActivista en SOS Racismo Madrid

d iariamente nos lle-gan noticias que ha-cen cundir la alarma

ante el auge de la extrema de-recha y los populismos nacio-nalistas en Europa. Se recalca que la actual crisis socioeco-nómica es el caldo de culti-vo para el auge de grupos y partidos de ideología “neo-fascista”. Además, y puesto que su discurso imagina co-mo enemigo común de la na-ción a inmigrantes y mino-rías étnicas, se atribuye a la actividad de dichos movi-mientos el aumento de inci-dentes racistas y xenófobos.

Los delitos de odio son aquellos en los que se elige a la víctima atendiendo a la identidad colectiva que ostenta en función de su raza, origen, género, religión, etc., y según el Informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, publicado por el Ministerio del Interior, en 2015 la motivación más numerosa para este tipo de delitos fue el racismo y la xenofobia, con 505 casos (el 38% del total de delitos de odio registrados). Así pues, España, a pesar de

encontrarse fuertemente afectada por la crisis económica y no contar con partidos de extrema derecha importantes, no está libre de actitudes de discriminación y delitos de odio contra minorías por motivos racistas y xenófobos.

Es un error centrarse únicamente en el auge de la extrema derecha cuando se buscan las causas del aumento de los delitos de odio y la exclusión social de minorías en Europa. Éstos se deben más bien al fracaso de las políticas de integración que se han puesto en práctica en las últimas décadas y a las actitudes de rechazo de algunos sectores de la población hacia el diferente. Además, hay que recalcar que las actitudes y agresiones xenófobas y racistas no son nuevas: ONG y asociaciones llevan décadas de intensa lucha contra el racismo y la xenofobia, también durante periodos de bonanza económica.

Por otro lado, la criminalización de inmigrantes, refugiados y minorías étnicas no se está llevando a cabo solo por parte de partidos radicales:

muchos partidos europeos tradicionales han adoptado discursos similares en su competición por el voto del miedo de la población,

asustada ante el deterioro de las condiciones de vida y ante la posibilidad de atentados terroristas. Es difícil saber si la retórica de

dichos partidos tradicionales ha influido en la ciudadanía o si, por el contrario, han adaptado sus programas a nuevas demandas sociales que se sitúan más a la derecha. En cualquier caso, partidos como el socialista en Francia, o Nueva Democracia en Grecia, han adoptado con carácter general medidas próximas a partidos de extrema derecha, destacando la radicalidad de sus políticas antiinmigración. En nuestro país, el Gobierno de Mariano Rajoy e importantes sectores de la sociedad defienden el cierre de las fronteras, la deportación de inmigrantes o la restricción

de derechos y libertades de los ciudadanos, y encuentran así una justificación en la crisis económica actual y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana.

Urge combatir la discriminación y el odio hacia las minorías en el campo de las ideas y también a través de iniciativas políticas y sociales que propugnen los valores de la tolerancia, la solidaridad y la inclusión. España, que es país receptor neto de inmigrantes desde fechas mucho más recientes que otros países de Europa y que no cuenta con partidos de extrema derecha influyentes, tiene la oportunidad de convertirse en un país multicultural y tolerante, como lo fue en otras épocas de su historia.

Aún hay margen para llevar a cabo políticas de integración exitosas. Para ello es necesario fomentar una identidad multicultural y apelar al pasado nacional de convivencia entre distintas culturas. La identidad común y el sentido de pertenencia, tan importantes para todas las personas, han de construirse desde los valores de diversidad, integración y convivencia. La inmigración y las nuevas diversidades que la acompañan deben ser consideradas como una oportunidad para repensar qué sociedad queremos. De no convertirse en un modelo de tolerancia y convivencia, nuestro país podría seguir una deriva política y social parecida a la de otros países de nuestro entorno. ■

Se recalca que la actual crisis socioeconómica es el caldo de cultivo para el auge de grupos y partidos de ideología 'neofascista'

Migrantes de la crisis ecológica Serlinda Vigara/Ecologistas en Acción

en los próximos 50 años, entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares según ACNUR.

Esta crisis migratoria sin precedentes forma parte de una serie de síntomas de una mis-ma enfermedad. La crisis económica, social o de cuidados son algunas de las señales que in-dican que el sistema capitalista es una dolen-cia profunda que debemos combatir. La crisis ecológica es uno de sus síntomas más invisibi-lizados, dado tanto por su complejidad como por sus planteamientos que cuestionan las mis-mas bases del modelo económico que nos enfer-ma. ¿Qué ocurre si analizamos la relaciones en-tre el medio ambiente y los flujos migratorios?

Estamos ante una urgencia climática a escala global, desbordados por el cambio climático que es, junto con el modelo productivo capitalista, corresponsable de grandes migraciones. Según el último informe del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), en 2014, más de 19 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares por desastres como inundaciones o tormentas. Según sus cálculos, desde 2008, una persona cada segundo se ha

visto obligada a dejar su hogar por alguna de estas razones. Este aumento progresivo de “desastres naturales” se encuentra totalmente ligado al aumento de los niveles de emisión de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que trae consigo el aumento de las temperaturas globales, sequías, tormentas o ciclones, según el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático (IPCC).

Uno de los casos más paradigmáticos y recientes donde podemos vincular el medio ambiente ambiental con la crisis migratoria es el caso de la guerra en Siria. En los años previos al conflicto, concretamente entre 2006 y 2011, el 60% del territorio sirio sufrió una de las mayores sequías que han azotado la región desde el inicio de la agricultura. A esto, además, se sumó que el régimen sirio estuvo incentivando el cultivo de algodón y trigo en regadío, lo que agotó los acuíferos del subsuelo y las reservas en superficie.

Una de las consecuencias de la sequía fue que, en el noroeste del país, alrededor del 75% del campesinado perdió sus cosechas y el 85% del ganado falleció, afectando a alrededor de 1,3 millones de personas. Este hecho fue un factor clave en el desplazamiento de población desde el campo hacia las ciudades, donde

crecieron los núcleos de población empobrecida. Se calcula que el éxodo fue de unas 800.000 personas desde 2010. Ante estas situaciones, teóricos como Harald Welzer, autor de Guerras climáticas, manifiestan la difícil tarea de “distinguir razonablemente entre los refugiados climáticos y los refugiados de guerra, porque las nuevas guerras están condicionadas por el clima”.

A la situación de tensión cada vez más creciente en la zona de Oriente Medio se sumó que Siria pasó en 2012 de ser un país exportador de petróleo a ser un país importador, con una importante caída en su consumo. Se fortaleció así la crisis económica y supuso una merma añadida de su capacidad agrícola, fuertemente petro-dependiente. De este modo, los factores ambientales fueron un eslabón en la cadena del empobrecimiento y el desarraigo, sumados a los problemas políticos y sociales.

Si el cambio climático ya forma parte de las relaciones de causalidad de las migraciones forzosas, no podemos dejar en un segundo plano el cuestionamiento del sistema productivo que saquea sistemáticamente los recursos naturales del sur global en pro del libre mercado y que también tiene consecuencias migratorias. La socióloga experta en globalización y

migración, Saskia Sassen, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales en el 2013, denunció este hecho: “Estos flujos bien pueden ser los inicios de nuevas historias y geografías hechas por hombres, mujeres y niños en la huida desesperada de condiciones insostenibles. Para ellos no hay hogar al que volver, su hogar se ha convertido en una plantación, en una zona de guerra, una ciudad privada, en un desierto o en una llanura inundada”. Sassen añade más causas a la idea generalizada de que los refugiados y los desplazados son siempre víctimas de fuerzas incontrolables, y amplía el foco a otras acciones como el modelo de producción agrícola o la privatización del suelo.

Si, al hilo de Sassen, realizamos un ejercicio más profundo y raspamos la corteza de cualquier conflicto actual, encontramos que la mayoría de las migraciones forzosas tienen como origen causas ambientales, pero no solo las “visibles” como las inundaciones o los huracanes (condicionados a su vez por el cambio climático), sino que habría que añadir a la denuncia las apropiaciones de recursos naturales o sobreexplotación de tierras, que no son otra cosa que el alimento del sistema capitalista que debemos de poner en duda. ■

ECUAdOR ETXEA

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15MpaRato emprende acciones legales contra la cúpula del Banco de España15MPARATO

como 15MpaRato, abriendo el caso Ban-kia como campaña y

como acusación particular, desde el principio hemos con-cebido la lucha judicial pa-ra sentar a Rato en el banqui-llo como una herramienta para acabar con la mara-ña de complicidades que te-jió la estafa de Estado que fue el hundimiento de las cajas y la salida a bolsa de Bankia.

Siguiendo esta estrategia hemos conseguido sentar en el banquillo a casi 100 investigados entre políticos y banqueros de todos los bandos. Pero siempre hemos hablado de complicidad institucional. No es la primera vez que pedimos que se investigue a las cúpulas de los órganos reguladores y de control como cómplices de la trama. De hecho, fuimos los primeros en denunciar esta complicidad en el caso del BdE y la CNMV en abril de 2013. También apuntamos a la cúpula de Hacienda en el caso de las tarjetas black. Nuestra denuncia a la cúpula del BdE pone de manifiesto la continuidad de los Gobiernos del PSOE y del PP arropando, facilitando y encubriendo el saqueo del país.

Es noticia que, en auto del pasado día 28 de noviembre, el juez Andreu rechazó citar como investigados al exgobernador del Banco de España y otros siete directivos del organismo por la salida a bolsa de la entidad. Lo estábamos esperando y compartimos su criterio. En su auto no excluye la posibilidad de delito, aunque lo desvincula de lo que está investigando.

Así, tal y como anunciamos, como 15MpaRato y a la luz de las nuevas pruebas, volvemos a denunciar en los tribunales a la cúpula del Banco de España. Pedimos que se investigue:

— ¿Quién decidió omitir el importante y reiterado análisis del sr. Casaus, alertando de los peligros de la salida a bolsa de Bankia, en los informes sobre la misma emitidos por el Banco de España?

— Si esta actuación no hubiese sido delictiva, ¿por qué el Banco de España

omitiría justamente los correos del señor Casaus en la entrega de pruebas requeridas por el juez que instruye sobre la salida a bolsa de Bankia?

Hemos decidido acudir a la justicia ordinaria por tres motivos:

— Apoyamos los esfuerzos del juez Andreu y no alargar los plazos de la instrucción, y no compartimos las actuaciones de Herzog, más dadas al gesto mediático y menos al resultado estratégico, que pueden poner en peligro los resultados hasta aquí conseguidos. La última vez que solicitamos la investigación por complicidad de la cúpula, el juez nos contestó en julio que la instrucción de la causa se encuentra “prácticamente conclusa” tras una instrucción “minuciosa y rigurosa que ha durado nada menos que cuatro años”.

— De ningún modo queremos aportar elementos a los que puedan aferrarse las defensas, que han basado toda su estrategia en trasladar toda la responsabilidad a las instancias superiores de los órganos reguladores y de control.

— En este sentido, nos negamos a avalar que se sigan buscando culpables entre los trabajadores y profesionales del entorno, ya que, aun encontrándose algún profesional corrupto, las órdenes claramente llegan desde arriba y responden a un diseño político elaborado al más alto nivel.

Nuestra denuncia apunta a estas personas:

— Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de

España durante el Gobierno Zapatero/Solbes/Salgado y la salida a bolsa de Bankia, que ha hecho oídos sordos a todos los informes sobre la inviabilidad de la misma y la dudosa gestión de la entidad.

— Luis Linde, actual gobernador del Banco de España; y Fernando Restoy, ex subgobernador y verdadero gobernador en la sombra hasta su dimisión este verano tras el escándalo de las presiones a los inspectores que en sus informes daban la razón a nuestra querella inicial, omitiendo las pruebas sustanciales de estos informes que les habían sido requeridas. Son muestra de la continuidad de esta connivencia y complicidad.

— Pedro Comín Rodríguez, jefe de grupo de Inspectores; Julio Durán Hernández, director general de Regulación y Estabilidad Financiera, coetáneo a Mariano Herrera García–Canturri, director general de Supervisión en las fechas de los hechos.

Consideramos que hay indicios inequívocos de delitos de no cumplimiento con sus funciones legales, y ello pese a disponer de suficientes elementos encima de la mesa para corregir la situación existente, así como de prevaricación administrativa, aprovechamiento de funciones para facilitar la participación, influencia por funcionario o autoridad y falso testimonio. Unos delitos de los que aportamos pruebas y solicitamos diligencias, que han contribuido a hundir la economía y la vida de un país, y que como tales han de ser castigados. ■

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Nº 53 DICIEMBRE 2016

madrid15m ECONOMÍA | MEDIO AMBIENTE

CuMbre del CliMa 2016: Otra pElOta hacia DElantE DE las ÉlitEs

Marta Luengo

la Cumbre del Clima de este año (del 7 al 18 de noviembre) comenza-ba con cierto optimismo que, sin embargo, poco a poco fue desvanecién-dose. Justo antes del inicio de la cumbre se había conseguido que un nú-

mero suficiente de países (en concreto, 55 países que sumaran el 55% de las emisiones globales) ratificaran el acuerdo y, de esta manera, entrara en vi-gor. No había que perder de vista, por otro lado, la insuficiencia de aquel pacto que ya comentamos en estas páginas hace un año: París habían sido palabras bo-nitas y brindis al sol, faltaban las medidas concretas en la lucha contra el cam-bio climático. La cumbre de este año estaba llamada a fijar dichas medidas.

Sin embargo, los resultados de la Convención de las Partes de este año (COP22) han sido muy escasos y no se han dado pasos sustanciales más allá de renovar los compromisos y las promesas. Una de las consecuencias de que no se hayan establecido medidas vinculantes es el temor que desató la elección del, hasta ahora

al menos, negacionista Donald Trump. Como presidente de los EE UU, éste puede dirigir la política climática de la superpotencia por cualquier derrotero, nada se lo impide.

Otro elemento aplazado fue la financiación del Fondo Verde destinado a ayudar a países sin recursos suficientes para afrontar las consecuencias del cambio climático (que no han provocado ellos). El retraso es más que notorio, puesto que la creación data de 2010 y, además, la cantidad establecida no es tan grande (100.000 millones de doláres), sobre todo si tenemos en cuenta que los financiantes son todas las mayores potencias globales y que, como señalan Amigos de la Tierra, solo “el G7 junto a Australia, ofrecen subsidios 20 veces mayores a empresas de energía sucia que los que ofrecen al Fondo Verde”.

Pasa algo parecido con el otro fondo previsto en París, el dedicado a reparar las pérdidas y daños ya producidos en muchos países, sobre todo en los pequeños estados isleños. Tal fondo se ha empezado a diseñar de acuerdo con el llamado “Mecanismo de Varsovia”, y corre serio riesgo de convertirse en un mero producto financiero en manos del Banco Mundial. Ya se sabe que éstas son las soluciones preferidas por los organismos internacionales que confían en soluciones “de mercado” para solucionar el cambio climático sin hablar en absoluto de la industria fósil o la cárnica, responsables de la mayoría de las emisiones.

Pero ya estamos muy cerca de llegar al límite establecido en París: las temperaturas de 2015 se situaron ya un grado centígrado por encima de la era preindustrial, según la Organización Meteorológica Mundial. El “objetivo París” fue limitar el aumento de las temperaturas en 1,5 grados, por lo que ya casi no hay margen de maniobra, y, como estamos señalando aquí, aún no hemos empezado a activar medidas de calado. 2016 lleva camino de mantener la tendencia del caluroso 2015. Sin embargo, los líderes reunidos en Marrakech consideraron que podía aplazarse el diseño de herramientas para detener el ascenso de las temperaturas a las próximas COP23 y 24 (en Bonn y Polonia, respectivamente).

Este tipo de encuentros internacionales acaban siendo reuniones de las élites con una presencia aplastante de empresas transnacionales, de aquí el escepticismo y la desconfianza que generan en muchos. No obstante, la lucha contra el cambio climático no puede ser sino una acción internacional que requiere la coordinación del mayor número de actores, también Gobiernos, por lo que la presión social es prácticamente un deber para la sociedad civil, que camina más rápido y a nivel más humano que las instituciones internacionales. ■

El Roto

15MPARATO

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Mentiras, falacias y medias verdades sobre la ‘Derogación de la Ley Mordaza’No Somos Delito

no podemos quedar-nos calladas frente a las mentiras, falacias

y medias verdades que he-mos estado escuchando so-bre la “Derogación de la Ley Mordaza”. Las noticias y de-claraciones difundidas du-rante los últimos días están manipulando y confundien-do a la sociedad, dando fal-sas esperanzas a la ciudada-nía y, sobre todo, a aquellas personas que luchan de for-ma constante por los dere-chos y libertades de todas.

Queremos arrojar luz so-bre lo que realmente ocurrió en el Congreso en relación a este tema. Pocas palabras bastan para desmontar mu-chos de los titulares que se han difundido estos días res-pecto a la votación de una moción presentada por el PSOE para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudada-na, una de las Leyes Morda-za contra las que No Somos Delito lleva luchando des-de hace varios años. Se trata de una iniciativa que no tie-ne cumplimiento obligatorio para el Gobierno, así que no vamos a parar hasta lograr la derogación íntegra e inme-diata de la Ley Mordaza, y no nos contentamos con volver a la Ley Corcuera (ley ante-rior), sino que queremos ade-más avanzar hacia una nue-va ley que se construya con la participación de la socie-dad civil y que nos permi-ta avanzar en una democra-cia más real. Denunciamos la aplicación de todas las Leyes Mordaza y, por tanto, exigi-mos tanto la derogación to-tal de la Ley de Seguridad Ciudadana como de la refor-ma del Código Penal + Pac-to Antiterrorista y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ■

Euríbor: la mafia del interésTribunal Ciudadano de Justicia 15M

el pasado 7 de diciem-bre, la Comisión Eu-ropea multó con 485

millones de euros a los mayo-res bancos europeos, JP Mor-gan, HSBC y Crédit Agrico-le, por manipular el Euríbor. La multa se suma a los 1.712 millones impuestos en 2013 y 2014 a Deutsche Bank, Ro-yal Bank of Scotland, So-ciété Générale, JP Morgan, Citigroup, RP Martin y Rabo-bank. Barclays y UBS, al ser descubiertos, delataron al resto de los bancos para evi-tar la multa. Así queda acre-ditado que los mayores ban-cos europeos, en lugar de competir entre sí, han actua-do como un cártel mafioso.

La Comisión Europea es incapaz de cuantificar la enorme magnitud del fraude, y su dictamen permite que cualquier persona pueda demandar a los bancos ante los tribunales de cualquier Estado miembro por los intereses cobrados, lo que siempre han mantenido los compañeros de OpEuribor. Establece que el fraude queda acreditado como un hecho probado, sirviendo como prueba y fundamento jurídico en cualquier proceso judicial, derrotando lo que pretendió el anterior comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, a la hora de anunciar las primeras multas en 2013 y 2014. La diferencia entre las sanciones de 2013 y 2014 y las impuestas ahora es que entonces la Comisión Europea cerró la puerta a las denuncias de particulares para recuperar los intereses pagados indebidamente o anular las cláusulas abusivas al respecto. Joaquín Almunia, el comisario apagafuegos de los banqueros, se ocupó de evitar que las entidades devolvieran lo que habían robado infravalorando en “miles y miles”, en un alarde de cinismo, el número de víctimas dañadas por la estafa. En realidad eran millones y millones. Más del 80% de los préstamos europeos habían sido manipulados.

Antes de conocer estas multas, conocimos la sentencia del Juzgado 1 de lo Mercantil de Sevilla de 28 de octubre de 2016 contra la entidad CaixaBank, que había absorbido el arruinado Barclays. La jueza, sin “pedir permiso”, sentenció la nulidad de las cláusulas abusivas relativas

a los intereses, habiendo sido estimados a partir del Euríbor manipulado. Ahora la protección de la banca internacional está impugnada por la presión de algunas pocas, —poquísimas— sentencias y, sobre todo, por la acción incansable del pueblo organizado.

El Euríbor fue creado en 1997 para ofrecer una referencia unificada para las operaciones interbancarias de préstamo en toda la Unión Europea. Supuestamente resumiría cada mañana el interés medio que los principales bancos europeos utilizarían para prestarse dinero entre ellos, mediante los datos aportados a un panel de cálculo sobre operaciones reales realizadas en los días anteriores por las propias entidades. El Estado español lo implementó a partir del 1 de enero de 2000. Inmediatamente pasó a ser el índice de referencia para los préstamos hipotecarios con interés variable, que se calculaba añadiendo un porcentaje fijo de margen al Euríbor (+1,5, +2...).

En 2012 aparecieron informes oficiales que mencionaban indicios de “errores” masivos desde, al menos, 2004. Se detectaron fluctuaciones súbitas en los datos aportados cada mañana por algunas entidades, los cuales suponían miles de millones de euros de intereses fraudulentos. Un estudio de los datos entregados concluyó que no se basaban en operaciones reales. Era imposible que la negociación de crédito interbancario permaneciera inmóvil durante, como pretendía alguna entidad, 67 días consecutivos, o que una entidad tuviera cambios del 100% o 1000% en 24 horas. Se demostró que los bancos pactaron los

valores aportados al panel de cálculo, intercambiando correos electrónicos cada mañana para fijar el precio de ese día. Barclays y UBS aportaron esos correos, así como testimonios de trabajadores.

Los bancos, y sus defensores afines, han propiciado millones de ejecuciones vulneradoras de los derechos humanos, fundamentadas en el impago de intereses fraudulentos. Hay millones de familias y personas arruinadas mediante la presión implacable, sin piedad, de los cobradores de frac de los bancos.

El Euríbor afecta a la actividad económica del conjunto de la sociedad, que se basa en la financiación crediticia. El poco importe de las multas es ridículo, aunque dicen lo contrario los vasos comunicantes que ligan a la Comisión Europea y los medios de comunicación hegemónicos con la banca internacional. Una vez más, se intenta difuminar la responsabilidad apelando a la generalidad del fraude y a la necesidad de velar por la “salud” económica del sistema.

Continúa la lucha para que los bancos devuelvan íntegramente lo robado a la sociedad, mientras se acredita una y otra vez que son los gestores bancarios los principales responsables de la catástrofe que vivimos. Cada día queda más claro el origen ilegítimo, odioso e ilegal de la deuda que han creado. ■

LINkS dE INTERéS:— Nota de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2016 (en inglés): https://goo.gl/RgxcxB— Sentencia del Juzgado Mercantil de Sevilla: https://goo.gl/oThBYW

SITUACIÓN DE LA qUERELLA CONTRA EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE CAJAMADRIDTRIbUNAL CIUdAdANO dE JUSTICIA 15M

Tras la presentación de nuestro recurso ante el Tribunal Supremo, gracias al crowdfunding de septiembre, el TCJ continúa reuniendo pruebas para la reapertura en el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional de la querella por los

delitos de estafa, administración desleal, malversación, etc. Seguiremos trabajando y os invitamos a venir a la asamblea o incorporaros a los grupos de trabajo. Si buscáis información detallada, visitad nuestro blog: https://tribunalciudadanodejusticia.wordpress.com/

LA LEY MORDAZA NO SE HA DEROGADO

NI SIQUIERA SE HA APROBADO INICIAR LOS TRÁMITES PARA DEROGARLA

El GOBIERNO NO HA QUEDADO JURÍDICAMENTE OBLIGADO A DEROGARLA

NO SE HA APROBADO ABSOLUTAMENTE NADA QUE TENGA ALGÚN TIPO DE VALOR JURÍDICO

EL PSOE ESTÁ A FAVOR DE MODIFICAR LA LEY MORDAZA, NO DE DEROGARLA

La votación del Congreso no ha sido más que una declaración de intenciones

¡Queremos hechos!

YA TIENEN MAYORÍA EN EL CONGRESO, Y SE COMPROMETIERON A DEROGARLA

¡EXIJAMOS QUE DEROGUEN LAS LEYES MORDAZA!

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madrid15mDEMOCRACIA | ECONOMÍA

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Nº 53 DICIEMBRE 2016

MADRID COMUNIDADmadrid15m

PAh VALLEKAS

Asesoría colectiva de la PAH, un espacio de apoyo mutuo

redacciónLa Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un colectivo que lucha desde el año 2009 “por el derecho a la vivienda del conjunto de la ciudadanía y por la segunda oportunidad para los hogares endeudados”. Con una reco-

nocida trayectoria también en Vallecas, sus principios son “el apoyo mutuo, el empodera-miento de los hogares y perso-nas en dificultades y la acción y asesoramiento colectivos”.

Después de una expe-riencia de ocho años, sus in-tegrantes declaran saber “que

los peores extremos (la pérdi-da de la vivienda o las situa-ciones de convivencia forzosa y/o hacinamiento) se pueden atajar a tiempo mediante la lu-cha y la acción colectiva”, por lo que PAH Vallekas se ha pues-to en contacto con este periódi-co para difundir una de sus he-

rramientas orientadas a este fin: la Asesoría Colectiva de la PAH.

Desde la plataforma se de-fine la asesoría como “un es-pacio de aprendizaje y apoyo mutuo en el que entre todas buscamos la mejor forma de enfrentarnos a los problemas. Es un grupo abierto en el que cualquiera es bienvenido; solo pedimos que se esté dispuesto a cooperar y aprender con los demás”.

La Asesoría Colectiva de la PAH celebra sus asambleas todos los lunes, de 18:00 a 21:00, en C/ Marismas 24, en el Centro de Servicios Socia-les Ramon Pérez de Ayala, y pueden acudir personas con cualquier problema relaciona-do con la vivienda (dificulta-des para pagar el alquiler o la hipoteca; para regularizar su situación, con o sin fecha de desahucio) o simplemente con ganas de colaborar. En la ase-soría os informarán sobre los mejores pasos que se pueden dar en cada situación, y acom-pañan a las personas si hay que llevar a cabo alguna ne-gociación, “pero sobre todo es una herramienta muy exitosa de empoderamiento y de paso de lo individual a lo colectivo”, concluyen.

PAVPS

Defendamos el derecho a la vivienda frente a los ‘fondos buitre’Celebrada el 27 de noviembre Asamblea General de Vivienda Pública en Carabanchel

asaMblea PoPUlar 15M de carabancHel

El domingo 27 de noviembre se celebró la Asamblea General de Vivienda Pública en una de las promociones del PAU de Cara-banchel, promociones que fue-ron vendidas por la Empresa Mu-nicipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) al fondo buitre Blackstone.

La asamblea fue organizada conjuntamente por la Platafor-ma de Afectados de Vivienda Pú-blica y Social (PAVPS) y la comi-sión de Vivienda de la Asamblea Popular de Carabanchel 15M (APC). Durante el acto se desta-

có la vigente lucha por la vivien-da pública y la importancia que tiene defender este patrimonio, objeto de mercantilización, ante el escaso parque de vivienda pú-blica y social. También se men-cionó la insensibilidad de estos fondos buitre (Goldman Sachs y Blackstone) con la parte más vulnerable de la sociedad y las mentiras con las que se escon-den para lucrarse.

Otro de los temas plantea-dos fue la incertidumbre en el fu-turo más inmediato que genera a los actuales habitantes de las vi-viendas del PAU el fin de la califi-cación de las viviendas y los cam-bios que ello puede suponer.

Para seguir luchando por el derecho a la vivienda, se conti-nuarán celebrando asambleas todos los jueves a las 19:00 en la C/ San Cosme y San Damián, 24 (PAVPS) y a las 20:00 en la C/ Ánade, 10, en el Esla Eko (co-misión de Vivienda de la APC).

OBRA SOCIAL DE LA PAh

Vecinos sin agua se concentran en la junta municipal de Puente de VallecasAmbos bloques forman parte de la campaña de Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

PaH valleKasVecinas y vecinos de Puente de Vallecas sin acceso a suminis-tro de agua nos concentramos el 17 de noviembre en la sede de la junta de Puente de Va-llecas. Pedimos medidas con-cretas al concejal presidente, Francisco Pérez Ramos (Aho-ra Madrid), para conseguir una solución de suministro para los bloques de Sierra de Llerena, 22 y Monte Perdido, 89. Ambos bloques se encuentran en situa-ción irregular y forman parte de la campaña de Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que pi-de alquileres sociales en los pi-sos vacíos de bancos y entida-des financieras.

En total, 19 hogares y 35 personas se encuentran sin acce-so a agua entre los dos bloques. En ellos viven personas en situa-ción de especial vulnerabilidad, como 10 menores de edad, una persona mayor de 70 años y tres enfermas crónicas. Desde la PAH denunciamos que esta situación se viene prolongando desde ha-ce años, pese a que está en cono-cimiento tanto de las entidades propietarias de los bloques, con

las que seguimos intentando ne-gociar un alquiler social, como de las distintas Administracio-nes afectadas, entre ellas el Ca-nal de Isabel II, que se ha nega-do repetidas veces a regularizar el suministro de agua por moti-vos burocráticos.

Los habitantes de estos blo-ques, organizados en la PAH Va-llekas, no estamos pidiendo ni caridad ni ayuda pública algu-na. Somos capaces de sufragar

nuestro suministro de agua, que en Madrid —pese a los intentos de privatización y control finan-ciero— sigue siendo un recurso público de coste relativamen-te barato. Pedimos lo más bá-sico: que mientras nos encon-tremos en situación irregular, se nos reconozca como a cual-quier miembro de la comunidad de vecinos el derecho a contra-tar suministros. No puede ser que entidades privadas como

las compañías de telecomunica-ciones no nos pongan ninguna traba para contratar teléfono e internet y que una empresa pú-blica, como sigue siendo en su mayoría el Canal de Isabel II, se niegue siquiera a recibirnos pa-ra estudiar vías legales que per-mitan el suministro regular y le-gal de este bien.

A este respecto, denuncia-mos la lentitud y las promesas incumplidas del concejal pre-sidente de Puente de Vallecas, Francisco Pérez Ramos. Desde su llegada al Ayuntamiento se le ha puesto en conocimiento la si-tuación global de estos bloques, incluido el estado de sus sumi-nistros y las reivindicaciones concretas al respecto. En la últi-ma reunión, celebrada en el mes de julio, el concejal se compro-metió en dos aspectos: mediar con el Canal de Isabel II —prin-cipal responsable de la situa-ción— para que estime la regula-rización del suministro sin coste alguno para la Administración ni para la empresa, y, por otro lado, instalar mientras tanto fuentes públicas en las cercanías de am-bos edificios, medida que redun-da en beneficio de todo el vecin-dario y que debería hacerse con independencia de la situación de los bloques afectados.

El Gobierno municipal de Ahora Madrid firmó el pasado 4 de noviembre las conclusio-nes del Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, que entre

otros aspectos considera el agua como un bien común y su provi-sión como un derecho humano, “entendido éste como un dere-cho a una provisión de servicios de abastecimiento y saneamien-to que debe ser garantizada por la Administración pública”, en que “los operadores públicos de-ben asumir consecuentemente los criterios generales, norma-tivos y específicos del derecho humano al agua y al saneamien-to en lo que atañe a la equidad y universalidad del servicio y a prohibir los cortes de agua a los hogares en situación de vulnera-bilidad social”. Es hora de que el Ayuntamiento haga realidad es-tas intenciones empezando por lo más inmediato: las vecinos y vecinos de barrios empobreci-dos como Puente de Vallecas.

Estos días los cortes de su-ministro y la pobreza vuelven a ser noticia por la muerte de una mujer anciana en Reus. Desde la PAH siempre hemos trabaja-do por cambiar las leyes, no so-lo para evitar los desahucios, si-no también estos cortes, porque ponen en peligro la salud y la vi-da de decenas de miles de per-sonas en este país. Mientras es-tos cambios legislativos por la vivienda y los suministros se ha-cen realidad, seguiremos presio-nando a las Administraciones y las empresas con nuestras mejo-res armas: la solidaridad, la des-obediencia a las leyes injustas y el apoyo mutuo.

En total, 19 hogares y 35 personas se encuentran sin acceso a agua en los dos bloques ı PAH vALLEkAS

PAH vALLEkAS

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PAh PARLA

Lazora vuelve a desahuciar en ParlaPaH Parla

Después de casi tres años, se vuelve a ejecutar un desahucio en Parla y vuelve a ser Lazora quien ejecuta.

Jessica, Toño y sus dos hi-jos de diez y tres años han sido desalojados violentamente de la casa que tenían arrendada. Con una deuda de 2.000 euros y tras haber abonado 3.000 en un proceso anterior, el fondo buitre no ha dado ninguna op-ción a esta familia, que está lite-ralmente en la calle. Queremos destacar que Lazora posee alre-dedor de diez viviendas vacías en el mismo edificio del que ha desahuciado a Jessica y Toño. Después del lanzamiento, he-mos acompañado a la familia a los Servicios Sociales de Parla, donde la concejala de Bienestar Social, Marta Varón, no ha que-rido recibir a la familia, ya que solicitaban que hubiera un por-tavoz de PAH Parla en dicha re-unión, extremo al que se ha ne-gado la concejala. Marta Varón ha dicho textualmente: “Co-mo ha venido con la PAH, que se quede en la calle con la PAH; la oportunidad de una noche de hotel la han perdido”.

Desde la PAH de Parla que-remos denunciar que el Ayun-tamiento y su consejería de Bienestar Social están desti-nando impuestos a la Ofici-na de Vivienda, que en rea-

lidad es una inmobiliaria al servicio de fondos buitres co-mo Lazora y Encasa Cibeles. La Oficina de Vivienda capta “clientes” dentro del plan mu-nicipal de vivienda para estos y otros fondos buitres, que luego desahucian desalmadamente. Del mismo modo, después de mucho tiempo de silencio res-pecto a este tema, queremos denunciar públicamente al grupo de personas que forman Stop Desahucios Parla, actual-mente asociación ADAV, for-mada por personas que deci-dieron salir de la PAH de Parla

voluntariamente antes de ser expulsadas de nuestra plata-forma por no respetar líneas rojas de la PAH y tener actitu-des como amenazar a personas mayores y mujeres alardeando de ser cinturón negro de kara-te, acudir a asambleas en con-diciones no adecuadas para estar allí, negociar a espaldas de la asamblea e incluso a es-paldas de las propias personas afectadas, rechazar alternati-vas habitacionales dignas “por ser la casa muy pequeña y es-tar el edificio lleno de moros” y un largo etcétera que decidi-

mos no publicar por cuestiones operativas.

Esta asociación, ADAV, ha sido colaboradora necesaria en este desalojo, ya que Jessica y Toño, en un principio, acudie-ron a ellos, y hemos tenido co-nocimiento por fuentes bastan-tes fiables de que miembros de esta asociación han vertido acu-saciones falsas sobre la familia que han sido decisivas a la hora de tomar la decisión de ejecutar el desahucio.

Asimismo, queremos in-formar a toda la ciudadanía de Parla de que esta asociación no pertenece a la PAH, entre otros motivos porque la PAH no co-bra cuotas de inscripción, ni tasas por acompañamientos ni por parar desahucios. Nos parece completamente deplo-rable que haya personas que hagan negocio con las desgra-cias ajenas, y aconsejamos que ninguna persona acuda a esta asociación.

Por último, y a modo de anécdota, nos gustaría hacer público el decomiso de nuestra pancarta por parte de la Policía Nacional, colgada a la entrada del edificio donde se ha produ-cido el desahucio. Según nos informan en comisaría se han abierto diligencias sobre dicha pancarta, en la que reza el lema: “Ni gente sin casa, ni casas sin gente. PAH Parla”.

SOLIDADARIDAD COSLADA

Bocadillo solidariofaMPa coslada

En las cafeterías de algunos institutos públicos, los ca-mareros tienen una lista que se gestiona discretamente. En ella están los nombres de los estudiantes que re-cogen un bocadillo a la ho-ra del recreo y que no tienen que pagarlo. El bocadillo se financia con aportaciones de profesores en huchas solida-rias, venta de papeletas, pe-tición de algunas ayudas a proyectos sociales de diversa índole, y tiene una gran im-portancia, porque es la co-mida segura que esos ado-lescentes van a tener cada día, de lunes a viernes, siem-pre que no haya puentes o festivos.

En los despachos de orientación de algunos insti-tutos públicos se derrumban padres al confesar su pobre-za, su impotencia para darles a sus hijos aquello que nece-sitan; se derrumban adoles-centes que no pueden du-charse y son marginados por sus compañeros por falta de higiene, estudiantes que lle-van una mochila más grande que la de sus compañeros pa-ra poder aprovechar las cla-ses de educación física y du-charse dos veces por semana en el instituto, porque en ca-sa no pueden hacerlo.

En los despachos de los grandes medios de comu-nicación se decide todos los días esconder la pobreza, no ponerle nombre y ape-llidos, no llevar a las porta-das la desesperación de tan-ta gente que no puede salir de la espiral de la carencia. Se ocupan y preocupan de que quienes no viven rodea-dos de los pobres oigan re-latos que no parecen reales. Lo hacen por un terrible ob-jetivo, para que sus dueños, para que sus accionistas, pa-ra que los compañeros de SI-CAV de sus dueños y sus ac-cionistas sigan viviendo en este país, que es un paraíso fiscal para los ricos y un in-fierno de desprotección so-cial para los pobres.

Repugna que quienes celebran atlisonantemen-te la Constitución de 1978, que quienes ensalzan su maravillosa gestión del po-der en estos años, no se ha-yan atrevido a establecer un sistema de recaudación fiscal que proteja, que redis-tribuya, que acabe con los bocadillos solidarios, con las duchas de las que no sale agua, con la situación de to-das las personas que viven al límite de su salud emo-cional, en una sociedad so-brada de recursos.

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MADRID COMUNIDAD madrid15m

DESIGUALDADES SOCIALES y SALUD

La salud será comunitaria o no seráÁfrica góMez lUcenaforo de MoviMientos

sociales de MadridSiendo la salud un concepto amplio, quisiera detenerme en algunas variables que pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas respecto a ella.

La edad, la infancia y la adolescencia son claves para una buena intervención en sa-lud: tabaquismo, adicciones, educación sexual, etc. Las per-sonas mayores son otro grupo especialmente vulnerable. Te-tuán es un barrio con una po-blación muy envejecida: de edad igual o mayor de 85 años hay un 6,93% (en la CAM, el 4,20%). Hay muchas mujeres mayores viviendo solas, con el agravante de que no han coti-zado o lo hicieron parcialmen-te y se encuentran con pensio-nes muy bajas. Están en riesgo de pobreza extrema.

Desde una perspectiva de género, existe para las muje-res discriminación en el ám-

bito laboral, económica, en el reparto de tareas domésticas, etc., que inciden en su salud di-recta o indirectamente. La vio-lencia de género (VG) está pre-sente en nuestras sociedades como imaginario social y cultu-ral. La salud de niñas y mujeres se ve mermada cuando la su-fren directa o indirectamente, existiendo escasos medios pa-ra promoción de la igualdad y para tratamientos cuando se ha sufrido VG.

Desde 2005 se viene uti-lizando la denominación de “diversidad funcional” para sustituir los términos “discapa-cidad” o “minusvalía”, perso-nas que por enfermedad, acci-dentes, etc., ven mermadas sus capacidades. Pero significa un paso más, el reconocimiento de que todas las personas a lo lar-go de la vida vamos cambiando de funcionalidad (por la edad, etc.) y que a nivel social exis-timos personas con diferentes capacidades/funcionalidades.

Precisa de que se valoren sus necesidades específicas.

Las personas migrantes ven aumentada su vulnerabili-dad al no serles reconocidos sus derechos en igualdad de condi-ciones que al resto de la pobla-ción (tarjeta sanitaria…).

La buena salud tiene mu-cho que ver con la prevención, con hábitos saludables, con la “buena vida”. Hacen falta me-dios y educación sanitaria, muy relacionados con las condicio-nes socioeconómicas: conoci-mientos, formación, tiempo, espacios saludables de traba-jo, de vida, de ocio, etc. Espe-cial incidencia tienen: salud medioambiental, el aire que respiramos, ciudades saluda-bles y prevención de acciden-tes; salud habitacional, ener-gética, muy relacionada con el empleo/medios económicos; la ruptura de las relaciones de ve-cindad, la soledad, que reper-cuten en el aislamiento de las personas mayores; salud ali-

mentaria, etiquetados, aditi-vos, conservantes, pesticidas, etc.

Los tratados de libre co-mercio que pretenden firmar-se aumentarán las diferencias socioeconómicas en relación a la salud, y lo que es aún más importante, a la viabilidad del propio sistema de sanidad pú-blica con cobertura universal.

El SNS está perdiendo sus se-ñas de identidadEl 30-40% del gasto farmacéu-tico actual podría evitarse y destinarse a otras intervencio-nes en salud. Entre todas las CC AA, Madrid queda entre las deficientes en servicios sanita-rios. Casi la mitad del gasto sa-nitario público va a la privada.

En 2015, en España, 1,8 millones de personas no pudie-ron comprar los medicamen-tos que les habían sido receta-dos en la sanidad pública. Un 20,39%, pensonistas; 25,9%, paradas. De 2009 a 2014 el pre-supuesto sanitario fue dismi-nuyendo hasta casi un 8%.

Con la crisis económica está aumentando la mortali-

dad por cáncer. La disminu-ción de recursos destinados a sanidad hace que se retar-den los diagnósticos y tam-bién que aumenten los errores y las complicaciones imprevis-tas. Desde 2006 se viene ob-servando un incremento de ansiedad y depresión. La pri-mera causa de ansiedad/de-presión hoy es el desempleo; la segunda, las dificultades para pagar la hipoteca/ame-naza de deshaucio. Éstas son las patologías más prevalentes en relación al suicidio.

Para el buen morir también influyen las condiciones socia-les. No hay equidad si no exis-ten unos servicios hospitala-rios y en domicilio en iguales condiciones en todas las ciuda-des y distritos, que respeten la dignidad de la persona, su in-timidad. La masificación de los hospitales no favorece espacios adecuados.

Es preciso avanzar hacia un modelo público de aten-ción comunitaria en salud, procurar la inclusión social. La población debiera participar en la toma de decisiones sobre su salud y que esta participa-

ción fuese activa, que abarca-se tanto medidas terapéuticas como de planificación y ges-tión de servicios.

También, en las deman-das de Atención Primaria, apa-recen problemas sociales que pueden ser confundidos con trastornos psicopatológicos, existiendo riesgo de medicali-zar problemas de la vida coti-diana. El mejor factor protector es la red sociofamiliar efectiva.

La presión asistencial que se está ejerciendo sobre Aten-ción Primaria (y por extensión, en toda la asistencia) empeora la situación. La accesibilidad, tiempos de espera para cita y consultas, soporte psicológi-co, la relación con el o la pro-fesional, influyen en la salud y están íntimamente relaciona-dos con los recursos humanos y materiales que se destinan a los servicios sanitarios. La solidari-dad y la contestación social ha-brán de ir de la mano.

Este artículo es parte de un pro-grama en Radio Almenara so-bre desigualdades sociales y sa-lud. Para oírlo: https://goo.gl/Msehs6

PAH PARLA

Page 10: POBREZA ENERGÉTICAmadrid15m.org/publicaciones/madrid15m_n_53.pdfsensiblemente, y ya eran siete millones de personas (un 16,6% de la población) las que eran pobres en materia energética

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asambleas barriales de participación ciudadana

ASAMBLEA 15M CIuDAD LINEAL Posiblemente sería un logro si el actual Gobierno munici-pal pudiera revertir la diná-mica que durante tantos años impregnó de oscuridad y abso-lutismo el anterior Gobierno, que impedía la participación ciudadana y cuya máxima en estos aspectos consistía en apli-car lo que fue su regla de oro: “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”.

La participación ciudadana, a través de sus ideas, informa-ción, propuestas y capacidad pa-ra decidir es un potencial que de-beríamos aprovechar, para que impulse nuevos y mejores mode-los de escucha activa e inteligen-cia colectiva entre la ciudada-nía y nuestro ayuntamiento. Por ello, nos alegra comprobar que iniciativas como los Presupues-tos Participativos suponen una conquista y un éxito de todas y todos, que necesitamos afianzar, extender y fortalecer.

Sin embargo, comproba-mos desafortunadamente que

a estas iniciativas, impulsadas también desde otros “ayunta-mientos del cambio”, se enfren-tan importantes resistencias de quienes defienden los intereses de un poder económico y polí-tico diseñado para las élites; en muchos casos, a través de una legislación hecha a su medida y alejada de las necesidades de la inmensa mayoría de la ciuda-danía. Así, pudimos observar cómo, desde el primer día de gobierno, lanzaron campañas alarmistas, con total falta de respeto a la verdad, exagerando o manipulando los hechos a tra-vés de sus medios de comunica-ción, con el fin de alertar, des-informar y generar miedo entre la ciudadanía, sin justificación ni fundamento. Persiguen que desistamos antes de intentar-lo, porque realmente temen la demostración de que las cosas se pueden hacer de otro mo-do, para solucionar nuestros problemas y no para enrique-cer a esas élites minoritarias. El Ayuntamiento, con esta políti-

ca, se enfrenta a las élites y no saldrá adelante sin ayuda, aun-que sí podrá si se sustenta sobre un proceso de participación y empoderamiento generalizado, para que esa mayoría social de gente común, sin apenas poder real, pueda expresarse, apoyar-se y organizarse para conseguir la soberanía social y política que le corresponde.

La ciudadanía sigue sien-do soberana para opinar, pro-poner, participar, crear o deci-dir; y aunque muchas personas puedan sentir que gran parte de su soberanía ha sido arrebatada por esas élites, somos nosotras y nosotros, a través de nuestras asociaciones, entidades o mo-vimientos sociales, quienes he-mos demostrado que podemos organizar e impulsar innume-rables proyectos, gestionar es-pacios públicos, servicios, fies-tas, y también entre otras cosas desarrollar procesos partici-pativos (asambleas populares, consulta por la sanidad, consul-ta del agua…).

Por ello, proponemos que el Ayuntamiento impulse la cons-titución de asambleas barria-les de participación ciudadana para fomentar la implicación y participación, como medio pa-ra mejorar el gobierno de la ciu-dad o para que las decisiones

tomadas por el Ayuntamien-to sean también representati-vas de las opiniones expresadas por la ciudadanía. Porque una persona más informada puede defender mejor sus derechos, tomar mejores decisiones y, po-siblemente, también podría co-laborar para conseguir un ayun-tamiento más participativo y representativo.

El Ayuntamiento, con estas asambleas, se acercaría a los barrios para facilitar y conocer la opinión de los vecindarios, que en general consideran las juntas municipales institucio-nes lejanas y enrevesadas. De igual modo podría ocurrir con los nuevos foros locales, que también pueden percibirse un tanto alejados físicamente de sus barrios, convocados con poca frecuencia o concebidos fundamentalmente por y pa-ra las entidades sociales del distrito, aunque sean abiertos también a personas inscritas previamente.

Estas asambleas barriales, cuya periodicidad por ejemplo podría ser una vez al mes en ca-da barrio (La Elipa, La Concep-ción, San Pascual, Quintana…), pueden convertirse en una he-rramienta de participación fun-damental, siendo un canal de comunicación muy participati-

vo, bidireccional, directo y sin intermediarios, que ayuda al dialogo y la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía y al Ayuntamiento.

Convendría definir un plan de acción con el máximo con-senso posible, que garanti-ce apoyos y medios suficien-tes para sacar esta iniciativa adelante, y que sea un éxito de participación vecinal. Pen-samos que esta propuesta su-pone un buen punto de parti-da que busca abrir este debate, también relacionada con as-pectos concretos, por ejem-plo, sobre qué cuantía necesita presupuestarse para impulsar-la, cómo pueden constituirse estas asambleas de dinamiza-ción vecinal, cuál puede ser su reglamento, quienes pueden colaborar en su convocatoria, organización, impulso y difu-sión, o cómo garantizamos que las asambleas barriales tengan carácter decisorio, además de informativo.

Así, aunque habría que definirlo tras más debate y detalle, proponemos que puedan ser convocadas, or-ganizadas, y dinamizadas por una representación del Ayuntamiento y represen-tantes elegidos de la propia asamblea.

Queremos que las asam-bleas sean impulsadas y di-fundidas por el Ayuntamiento (con medios materiales especí-ficos; por ejemplo, a través de carteles colocados en portales y lugares visibles que conten-gan la convocatoria) o que ade-más puedan colaborar en su di-fusión otras entidades sociales y de participación vecinal.

Consideramos que el regla-mento de estas asambleas ba-rriales podría ser debatido con la máxima garantía de partici-pación posible, aunque poste-riormente sea refrendado por el Ayuntamiento y las propias asambleas barriales.

Somos conscientes de la necesidad de definir y concre-tar todos los detalles, que sin duda saldrán y se aclararán después de un periodo de de-bate. Consideramos necesario abrirlo también en las propias asambleas barriales para que lleguemos al máximo consen-so posible, tanto político como ciudadano.

Pedimos tu colaboración para debatir, mejorar y apo-yar esta propuesta, con el fin de conseguir una ciudad e ins-tituciones más participativas, cercanas y respetuosas con las opiniones que la ciudadanía po-damos expresar.

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PARTICIPACIÓN

¿Un presupuesto municipal más social y participativo? No es para tanto

carlos Pereda (sociólogo, invisibles de tetUÁn)

Hace un año los grupos 15M de la Red de Invisibles presen-tamos un manifiesto reclaman-do que la elaboración del Pre-supuesto de Madrid de 2016 fuera más participativa y se die-ra prioridad a las emergencias sociales. Proponíamos aumen-tar el gasto social y descentra-lizar la gestión dando más com-petencias y recursos a las juntas de distrito a fin de acercar el Ayuntamiento a los vecinos. Llamamos insistentemente a las puertas del área de Equidad, pe-ro Marta Higueras no nos qui-so recibir. Sin embargo, el res-ponsable del área de Economía, Carlos Sánchez Mato, nos reci-bió con los brazos abiertos, re-conociendo enseguida que la participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto es-taba siendo prácticamente nula, pero que eso lo querían resolver en los próximos años; también nos adelantó que iban a am-pliar el gasto social en un 26% y que dedicarían una parte mayor a las juntas de distrito, aspecto este último que no se cumplió.

Al cabo de un año, el pasa-do 3 de noviembre, se presentó el Presupuesto de 2017, y, una vez más, el punto focal fue el aumen-to del “gasto social” en un 22%, aspecto positivo que recogieron todos los medios. También se re-cogió con amplitud la reducción de la deuda del Ayuntamiento ge-nerada por Gallardón, cuyo pe-so en el conjunto del Presupues-to bajaría del 21 al 11%, y que habría una nueva edición de los Presupuestos Participativos, que dispondrían de 60 millones de euros, lo mismo que el año ante-rior. Sin embargo, no se hizo nin-guna referencia a la ausencia de participación ciudadana en el di-seño global del Presupuesto y tampoco al escaso trasvase de re-

cursos a los distritos, cuya partida presupuestaria, pese a incremen-tarse en más del 10%, solo supo-nía aumentar un dígito sobre el total del gasto municipal, pasan-do de algo menos del 12 al 13%.

Con la perspectiva de dos años, nos situamos ya en la mitad de la legislatura de Ahora Ma-drid, que tantas esperanzas ge-neró en la población madrileña afectada por la crisis, y podemos hacer un primer balance de su política presupuestaria desde el punto de vista social. A continua-ción se recogen algunos puntos.

Reorientación social: bien, pe-ro insuficienteEl conjunto de “gastos sociales” del Ayuntamiento ha pasado de 508 millones de euros en 2015 a 640 en 2016 y 798 en 2017. Una evolución que hay que valo-rar positivamente, pero cuyo pe-so en el conjunto del Presupues-to es todavía muy bajo (17% en 2017). ¿Tiene sentido, por ejem-plo, que el área de Movilidad si-ga teniendo más presupuesto (913 M€) que todo el gasto social (798 M€)? ¿O que la suma de las

dos áreas de gestión económi-ca (Economía y Gerencia de la ciudad) cuenten con más dine-ro (457 M€) que el área de Equi-dad, Derechos sociales y Empleo (440 M€)? ¿O que el gasto en Policía Municipal (366 M€) sea el doble que la suma de Familia e Infancia, Personas Mayores e Inclusión Social y Emergencias (172 M€)? En mi modesta opi-nión, que creo es compartida por los grupos de Invisibles, la cre-ciente desigualdad y exclusión existentes en nuestra ciudad exi-ge dar un vuelco mayor a la rí-gida estructura del Presupuesto Municipal si de verdad se quie-ren abordar esos problemas con eficacia y dignidad. Queda toda-vía mucha tela que cortar.

Descentralización municipal: le cuesta despegar Históricamente, la descentrali-zación territorial fue una aspira-ción de los nuevos ayuntamien-tos democráticos, hasta lograr la mayor cota del 22% para los dis-tritos bajo la alcaldía de Tierno Galván. En los años siguientes el consistorio invirtió el proceso

y se volvieron a centralizar mu-chas competencias, reduciendo la tasa distrital al 11% y dando entrada a la gestión privada en la mayoría de los servicios mu-nicipales. En las elecciones loca-les de mayo de 2015 se produjo un nuevo punto de inflexión, ya que los programas de todas las fuerzas políticas incluían, con diversos matices, el objetivo de dar más competencias y recur-sos a las juntas de distrito, lo que dio lugar a un “Plan estratégi-co de descentralización munici-pal” y a la creación de una mesa de grupos políticos con la inten-ción de dar forma concreta a di-cho plan. Se pretendía llegar al 25% al final de la legislatura, pe-ro hasta ahora el proceso apenas ha despegado, avanzando solo 1,5 puntos sobre el último presu-puesto de Ana Botella.

Participación ciudadana: que no nos metan gato por liebreEl nuevo consistorio ganó las elecciones con el compromiso de “gobernar escuchando”, es-pecialmente a las vecinas y veci-nos que se encontraban en peor situación. Sin embargo, la ela-boración de los presupuestos, momento decisivo en el que se pone en juego el alcance real de las medidas de política social, la llevan a cabo en la más estricta soledad los y las responsables políticos y sus asesores más di-

rectos, hasta que llega el mo-mento, el pasado 3 de noviem-bre, de presentar un proyecto de Presupuesto en 10 tomos con miles y miles de páginas que pa-ra el ciudadano común se vuel-ven imposibles de digerir. ¿Se-ría tan difícil someter a debate público la orientación general del Presupuesto de Madrid, par-tiendo quizás de algo tan senci-llo como plantear cómo nos gus-taría que fuera nuestra ciudad? Y hacerlo con tiempo suficiente, con los recursos necesarios pa-ra favorecer la deliberación, sin miedo a segundas, terceras y las vueltas que hagan falta, hasta llegar a acuerdos.

A cambio, se han ofrecido varias vías de participación con-trolada: Presupuestos Participa-tivos para decidir sobre el 1,2% del Presupuesto; web “Decide.Madrid” donde los vecinos in-ternautas proponen y votan me-didas concretas; foros locales de los distritos de Madrid en pro-ceso de constitución, consultas sobre temas concretos como la plaza de España… Todas estas iniciativas no carecen de inte-rés, pero su alcance es muy cor-to si se comparan con el poder infinitamente más real de dise-ñar el Presupuesto Municipal, que sigue siendo competencia exclusiva —y coto— de la junta de gobierno de Ahora Madrid y, porque necesitan su apoyo, del grupo socialista.

Page 11: POBREZA ENERGÉTICAmadrid15m.org/publicaciones/madrid15m_n_53.pdfsensiblemente, y ya eran siete millones de personas (un 16,6% de la población) las que eran pobres en materia energética

TRANSPORTE PúBLICO

El abono social de transportes ya tiene una primera propuesta

Madrid en transPorte PúblicoLa mesa técnica resultado de la PNL que instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a estu-diar y crear un abono social im-plantado en diferentes fases ha concluido la primera fase de los trabajos presentando ya una pri-mera propuesta de abono social entre cuyos primeros destinata-rios se encontrarían las cerca de 30.000 personas que son recep-toras del RMI. Madrid en Trans-porte Público (MTP) celebra este primer paso por avanzar hacia un abono social.

El 15 de septiembre, con el voto favorable de Podemos, PSOE y Ciudadanos, salió ade-lante la Proposición No de Ley promovida por Madrid en Trans-porte Público (MTP) para poner en marcha en 2017 el abono so-cial en la Comunidad de Madrid.

Como consecuencia, se procedía a la constitución de una mesa técnica formada por “miembros de los partidos polí-ticos representados en la Asam-blea de Madrid para acordar los criterios económicos (costes y fi-nanciación) y sociales” para que, en el plazo máximo de dos me-ses, presenten una propuesta de “un abono social de transporte a precio reducido, dirigido a per-sonas desempleadas o con esca-sos recursos, y el establecimiento de un abono social de transporte gratuito para las personas perte-

necientes a sectores de la pobla-ción en riesgo de exclusión social y en situación de pobreza extre-ma”. El objetivo es que en 2017 las personas desempleadas de larga duración cuenten con un abono social y que a lo largo del año se establezcan los requisitos para el resto de personas con de-recho al mismo.

Los trabajos de la mesa téc-nica, en la que han participa-do representantes de los grupos parlamentarios Ciudadanos, So-cialista y Podemos, junto con MTP, acaban de hacer públi-ca la primera propuesta con vis-tas a implementarse ya en 2017, cumpliendo así con los plazos propuestos.

En esta primera fase para la implementación del abono so-cial tendrían derecho al mismo y de manera gratuita todas las personas receptoras del RMI en 2016, y las nuevas del 2017 de to-da la Comunidad de Madrid. El coste estimado de la propuesta es de diez millones de euros, por lo que es necesario que se aprue-be su inclusión en los presupues-tos de la CAM para el 2017. Por ello MTP reclama al Gobierno del PP en la CAM que cumpla con la PLN, asuma la propues-ta de la mesa técnica y no blo-quee la implementación de la misma mediante el uso intere-sado de los presupuestos para el 2017.

MTP celebra que por prime-ra vez en la CAM vaya a haber un abono social de transportes, como ya existe en más de vein-te ciudades españolas. Empezar por las personas que se encuen-tran en una mayor vulnerabili-dad económica es, sin duda, el primer paso necesario. Este pri-mer abono social no habría sido posible sin el intenso trabajo des-empeñado por las personas y or-ganizaciones que hace tres años crearon MTP, así como por el apoyo recibido por tantas otras organizaciones que en todo es-te tiempo nos han mostrado su apoyo y han caminado a nues-tro lado.

Sin embargo, MTP es ple-namente consciente de que to-davía son muchas las personas a las que debería proporcionar-se un abono social: el Consor-cio Regional de Transportes de Madrid estimaba en 700.000 las personas que por motivos econó-micos podían ser susceptibles de dicho abono.

Por esta razón, MTP conti-nuará impulsando y movilizan-do la consecución de un abono social de mayor alcance, que impida lo que ocurre en la ac-tualidad: que el transporte pú-blico madrileño resulte un lujo para una gran parte de la po-blación madrileña como conse-cuencia de la falta de recursos económicos.

CENTROS SOCIALES

Represión policial a la mani del 18N por La Enredadera

la enredaderaEl viernes 18 de noviembre, un centenar de personas marcha-mos desde Estrecho hasta la junta municipal de Tetuán para compartir con el barrio las lu-chas de La Enredadera y de los centros sociales autogestiona-dos de los barrios.

Acompañadas de consignas como “Unión, acción y autoges-tión” y “La Enre no se vende, la Enre se defiende”, llegamos pa-cíficamente a nuestro destino, en donde se leyó un breve co-municado. Minutos después ter-minó la manifestación, la gen-te se dispersó e inició la vuelta a sus respectivos lugares.

Para nuestra sorpresa, el dispositivo policial que hasta hacía poco nos había seguido durante todo el recorrido de la marcha, nos esperaba a la altu-ra del Metro de Tetuán con los furgones parados y las luces apagadas. Nos fueron siguien-do por la calle de Bravo Murillo hasta que decidieron cambiar de sentido para iniciar el aco-so, de manera violenta y ame-nazante, dejando claro una vez más cuál es realmente la acti-tud policial, pero haciéndolo con nocturnidad y alevosía, con persecuciones por las calles ale-dañas, donde evidentemente era menos visible la represión policial.

Se sucedieron persecuciones porra en mano, intimidación, ac-titud hostil y desafiante mientras se realizan las identificaciones, llevando a cabo cacheos según la vestimenta y la apariencia. La noche acabó con 17 personas identificadas, de las cuales una fue retenida en comisaría.

Queremos expresar nuestra alegría por recuperar la calle sin pedir permisos, como derecho que sabemos fundamental. Es-ta demostración de libertad nos da fuerzas para seguir luchando por La Enre y la okupación de otros centros sociales.

También desde aquí toda nuestra solidaridad a las iden-

tificadas en la marcha que el mismo día y a la misma hora tenía lugar en La Elipa en apo-yo a La Dragona. Por último, dar las gracias a los vecinos del barrio, que con su apoyo y ánimo nos animan a seguir creando espacios de libertad y autogestión.

SOLIDARIDAD

El delito que sí ha cometido Lagarder Danciu15M coslada

El pasado 6 de diciembre de 2016, Día de la Constitución española, Lagarder Danciu fue detenido cuando recla-maba, en un acto público, el derecho a una vivienda dig-na y adecuada (artículo 47 de dicha Constitución). Tras pasar la noche en el calabo-zo, salió del mismo con una orden de expulsión de Espa-ña. El ¿motivo? de la deten-ción, según la Policía, resis-tencia a la autoridad.

Si usted quiere tener la conciencia tranquila y pen-sar que vivimos en un país con unas instituciones en las que cabe confiar y que garan-tizan los derechos de todos, deje de leer los siguientes pá-rrafos y siga disfrutando de su vida.

Si por el contrario, tiene alguna sospecha y se decide

a seguir leyendo, le seguire-mos contando: tras visuali-zar el vídeo de la detención del activista, no se aprecia “agresión” alguna a los agen-tes del orden, y tampoco que, en ningún momento, Danciu sea una amenaza para la Po-licía. De hecho, es puesto en

libertad sin cargos 27 horas después de su detención.

Volvamos al principio en-tonces. El ¿motivo? de la ex-pulsión del país.

Quizás sea organizar un campamento de personas sin techo en un turístico paseo sevillano para reclamar de-

rechos para las personas sin hogar…

Quizás visibilizar por toda España a este colectivo absolu-tamente olvidado…

Quizás servir de prece-dente para que grupos de vecinos y ciudadanos se or-ganicen para ayudar a las per-sonas sin techo en sus barrios y ciudades…

Quizás denunciar la priva-tización, a las ONGs y el lucro que se mueve en torno a la ex-clusión social…

Quizás no caer bien a nin-gún partido político…

Quizás no estar en las instituciones…

Quizás criticar a las insti-tuciones por su falta de acción y a la sociedad por nuestra fal-ta de empatía…

Pero puede que en esta ocasión se condene, por en-cima de todo, el quebranta-

miento del orden y el simbo-lismo que lo envuelve.

Más allá de sus accio-nes, Lagarder tiene miles de seguidores en las redes y es un potencial elemento des-estabilizador de un orden es-tablecido en el que, ya hace tiempo que algunas lo veni-mos denunciando, interesa mantener a un sector de la población en perenne exclu-sión y cultivar en la sociedad un sentimiento de indiferen-cia hacia los más excluidos, delegando estos “problemas” a empresas como las que ya controlan los albergues, por ejemplo.

Según le han comunica-do, supone un peligro social para los intereses del país. “¿Para qué intereses?”, nos preguntamos.

Quebrantar un “orden” a través del cual se comercializa y negocia con la exclusión so-cial de las personas, de “los na-dies”, de “los invisibles”, es el verdadero delito de Lagarder Danciu.

GRACIAS15M COSLAdA

Agradecemos a todas las personas que cada día se ponen en contacto con nosotras para donar ropa, man-tas, sacos de dormir, calzado, entre otras cosas, sobre todo en esta épo-ca de frío.

Queremos deciros que en bastan-tes ocasiones es complicado gestio-nar todas las donaciones, porque no disponemos de local, de ahí que ten-gamos que guardarlo en nuestras ca-sas hasta que podemos entregarlas.

Gracias a todas las personas que nos escribís dando fuerza y a todas las que os ofrecéis para ayudar.

Dado el elevado número de men-sajes que recibimos, a veces no po-demos contestar con la rapidez que nos gustaría, por lo que os rogamos paciencia. 

Para nosotras es prioritario la atención a las necesidades más ur-gentes: facilitando información y ase-soramiento, orientación, gestionando recursos, acompañando a organis-mos oficiales, contacto y comunica-ción con asociaciones, grupos y co-lectivos de apoyo…

Miles de gracias.

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MADRID COMUNIDAD madrid15m

LA ENREdAdERA

InfORMACIón:

laenredaderade-tetuan.blogspot.com.es @La_Enre_tetuan

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PERIODISMO

XIII edición seminario de periodismo solidario, 'Fronteras y soberanías en el orden global'Conferencia 'Los diferentes efectos de la globalización'Fecha y lugar: viernes 11 de noviembre de 2016, La Casa Encendida Ponente: Carlos Taibo (profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid)

feliPe sanz JiMénezLa sesión de clausura de la XIII edición del seminario de periodismo solidario tuvo como colofón la conferencia Los diferentes efectos de la globalización. Se trata de un tema que nos afecta a todas y todos y que está causando una gran cantidad de problemas en el mundo. El profesor Carlos Taibo enumeró y expli-có sus principales efectos. En primer lu-gar, citó tres afirmaciones del ámbito económico: “la primacía radical de la especulación”, “la aceleración de la fu-sión de capitales” y “la deslocalización de empresas en otros países”. Después habló de dos consecuencias preocu-pantes: “la desregulación por elimina-ción de normas y leyes” y “el incremen-to de las redes de crimen organizado”. Además ahondó en el aspecto moneta-rio, al referirse al sistema como un “pa-raíso fiscal de escala planetaria”.

Taibo subrayó que la globaliza-ción es un proyecto controlado de forma no uniforme por Estados Uni-dos, la Unión Europea y Japón. Tam-bién recalcó que hay unas cifras es-peluznantes de pobreza, hambre y desigualdad. El medio ambiente tam-poco se salva, ya que existe un grave problema de contaminación, acrecen-tado con el cambio climático. Otros efectos de este voraz capitalismo son la occidentalización en la dimensión cultural y el engordamiento militar represivo, mediante un gasto abusi-vo en armas. Todo ello contribuye a un retroceso de las funciones econó-micas y sociales de los Estados, que se dejan llevar por los intereses pri-vados. Se trata de un proceso muer-to debido al auge del proteccionismo. Un ejemplo de esta debacle lo esceni-fica el controvertido TTIP.

Por último, el ponente expuso nueve realidades surgidas como con-secuencias o respuestas a la situación actual. Algunas aluden a la economía, a la política y a lo social, mientras otras hacen referencia a la ecología y a las energías. La globalización capi-talista ha supuesto una disminución del gasto público en sanidad, educa-ción y pensiones. Se ha producido un auge innegable de los nacionalismos, tanto periféricos como estatales. Tam-bién han aparecido movimientos so-ciales alternativos, como el 15M y al-gunos sindicatos minoritarios. Taibo asevera que se sopesan dos respuestas diferentes frente al capitalismo termi-nal. Una de ellas son los movimientos por la transición ecosocial, y la otra es el ecofascismo o darwinismo so-cial militarizado. Desgraciadamente, también hay una desatención total al tercer mundo desde el 11-S. El colap-so medioambiental se avecina con el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas. En definitiva, hay una triple crisis: demo-gráfica, social y financiera.

ESPACIO COMúN 15M

18D Día Mundial: de las Personas MigrantesLa conmemoración tendrá lugar en la plaza de Ópera, desde las 13:00 hasta las 17:00

esPacio coMún 15MEl 4 de diciembre del 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el Día Internacional del Migrante. La resolución decía lo siguiente:

“La Asamblea General, to-mando nota de la decisión 2000/288 del Consejo Económi-co y Social, de 28 de julio de 2000, considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres hu-manos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y li-bertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en par-ticular de raza, color u origen na-cional, teniendo en cuenta el nú-mero elevado y cada vez mayor de migrantes que existe en el mun-do, alentada por el creciente inte-rés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamen-te los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la ne-cesidad de seguir tratando de ase-gurar el respeto de los derechos humanos y las libertades funda-mentales de todos los migrantes:

1. decide proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante.

2. Invita a los Estados miem-bros, así como a las organizacio-nes intergubernamentales y no gubernamentales, a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante, entre otras cosas, di-fundan información sobre los de-rechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambien experiencias y for-mulen medidas para protegerlos.

3. Pide al secretario general que señale la presente resolución a la atención de todos los Gobier-nos y organizaciones interguber-namentales y no gubernamentales apropiadas.”

18 de DiciembreYa sabemos por experiencia que son las personas sencillas las que luchan por las libertades, por la dignidad, por los derechos, mu-cho antes de que se redacten esas resoluciones oficiales. Son perso-nas que en su vida cotidiana rea-lizan acciones de solidaridad por-que se sienten unidas a los demás, en los momentos de necesidad y

en los momentos de dar. Estas ac-ciones consiguen que la dignidad humana siga siendo lo que mueve el mundo, lo que da calor y color a la vida, y no esperan a que sean las instituciones las que proclamen la necesidad de salvaguardar los de-rechos humanos y de la Tierra.

El 18D, por cuarta vez, gru-pos de todo el mundo que habi-tualmente trabajan con personas migrantes o están formados por ellas se unen en solidaridad con las personas migrantes.

Las políticas europeas en ma-teria de inmigración son causan-tes de explotación y muerte. Y frente a ello se reivindica el de-recho de toda persona a emigrar, y el derecho a no tener que emi-grar. Apelamos al compromiso de toda la gente en la lucha contra las causas del hambre, la miseria y las guerras, y al compromiso de trabajar contra la injusticia que suponen las fronteras en el mun-do actual.

La solidaridad, el sentirse unido al otro, es una actitud que pone al ser humano como valor y preocupación central, que afirma la igualdad y reconoce la diversi-dad personal y cultural, que asu-me la libertad de ideas y creen-cias y repudia la violencia y la imposición porque reconoce la intención y la libertad en otros. Es comprometerse a generar nue-

vas realidades de forma no vio-lenta contra la discriminación y la violencia.

Declamación de los derechos humanos y maquiavelismo

Hay que diferenciar entre la declamación de los derechos hu-manos y su efectivo respeto. En materia de declaraciones de in-tenciones, declamaciones, do-cumentos y otros actos de carác-ter puramente formal, Occidente ciertamente lleva la delantera y además es cada vez mayor la bre-cha entre lo dicho y lo hecho.

La buena gente no confunde la prosperidad de Occidente con el respeto a los derechos huma-nos. La Organización de las Nacio-nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su con-greso de Roma de 1996, se pro-puso reducir a la mitad el núme-ro de hambrientos en el mundo hacia el año 2025. Se sabe desde hace tiempo que el mundo dispo-ne de suficientes recursos tecno-lógicos y materiales para acabar con el hambre en el mundo. Pero se sabe también que si esto no se realiza es porque falta la voluntad política de implementarlo.

Se forman comisiones de es-tudio, se celebran convenios, se expresa preocupación, se escriben libros y demás para acallar la con-

ciencia, distraer a los sinceros mili-tantes y apaciguar a la opinión pú-blica, siempre para que luego nada cambie aunque se tenga el poder y los medios para hacerlo. Recorde-mos que “la mala fe y el maquiave-lismo” son conceptos occidentales.

La promoción y defensa de los derechos humanos por parte de los poderes occidentales con-siste en promover el “libre” mer-cado para lucrarse, en promover la democracia formal para insta-lar y manipular a los que lo impi-dan, en promover la pluralidad religiosa para instalar su propia fe en el dinero y en promover la libertad de opinión e información para propagandear lo anterior a través de los medios de difusión.

El respeto a los derechos hu-manos no se basa en la superiori-dad de recursos materiales ni inte-lectuales, pues son solo recursos, que pueden ser aplicados tanto hacia la humanización como a la deshumanización. ¿Qué orienta el quehacer humano en un sentido de opresión o de libertad, de sufri-miento o de felicidad?

Todas las culturas han modi-ficado sus propias costumbres y visiones como resultado de la in-teracción de unas con otras. Occi-dente no es una excepción y debe mucho a otras culturas. Así, parte de lo que hoy en día Occidente sos-tiene en materia de derechos hu-manos lo ha elaborado también gracias a su contacto con otras cul-turas. La humanización del mun-do es algo que va desarrollando la humanidad como conjunto y no

por acción de una cierta cultura sobre el resto.

Derecho de toda persona a emigrar

Proponemos que todas las organizaciones que lo deseen promuevan que éste sea un día de acción en favor de las personas migrantes. Demos la voz de ma-nera especial a la realidad de la comunidad musulmana, que está sufriendo la sospecha de vincu-lación con grupos extremistas y con el terrorismo yihadista. Estos prejuicios están llevando al po-der a partidos de extrema dere-cha en toda Europa y están sien-do la excusa perfecta para que los Gobiernos cierren aún más las fronteras, endurezcan los códi-gos penales y aumenten el grado de vigilancia de las poblaciones. Reivindiquemos la solidaridad con nuestros hermanos y herma-nas de todo el mundo musulmán.

“El progreso humano nunca se habría dado sin personas que cruzaron todo tipo de fronteras a lo largo de la historia. Migración significa decir ‘sí’ a la vida. Migrar es unir y comunicar costumbres, conocimientos, culturas y religio-nes. Migrar es imprescindible para avanzar hacia una cultura real del encuentro. Reivindicamos el dere-cho de toda persona a emigrar.”

Puedes leer el manifiesto in-ternacional completo aquí: www.18dsolidarity.word-presscom

hOMENAJE

A la memoria de ManuelasaMblea 15M sierra norte

Se nos ha ido Manuel, nuestro Manuel. Un hombre bueno, de mirada limpia, transpa-rente, honesta. Se ha marchado de forma callada, discreta, sin hacer ruido, sin que-rer hacernos daño. Ha sido bondadoso hasta ese extremo, ocultándonos hasta el final su dolor. Sonrisa amable, afecto en-trañable. En la más dura de las marchas, de las manifestaciones, de las muchas y diversas acciones de protesta y denuncia, siempre tenía un gesto amistoso, una pala-bra afectuosa. Duro también en el comba-te y el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, no admitía dobleces, no entendía de medias tintas. Era franco, directo, siempre por de-recho. Le iba en ello la vida, el cara a cara era la razón de su existencia.

Solía decir que la palabra no era lo su-yo, que él eran sus manos y sus proyectos. Era arte puro organizando el espacio. Lle-gar a cualquier lugar y ya saber dónde ubi-car el escenario, la barra, las pancartas, los altavoces, los micrófonos… Qué ali-vio para los demás saber que estamos en buenas manos. Probablemente no volve-remos a ver una persona con tanta habi-lidad en ellas. ¿Artista? ¿Artesano? Qué más da. Artífice como pocos, sus dedos manejaban con igual destreza el hierro, la arcilla, la acuarela, el spray, la cinta, la te-

la, el lienzo, el grabado. Nada se le resis-tía. Daba gusto verle trabajar en su taller, que en muchas ocasiones era la calle. En sus últimos días, aún compartía ideas con sus amigos de siempre. Él eran sus botijos gigantes, sus enormes pancartas, la gran-diosidad de sus ideas expresadas de forma plástica en enormes dimensiones. Siem-pre con dos objetivos en sus últimos años: denunciar la injusticia y reivindicar la soli-daridad entre los más desfavorecidos. Por eso era también rumboso hasta decir bas-ta. Nunca dejaba pagar, en una admirable forma de decirnos: “mientras esté con vo-sotros no os faltará de nada”. Así era el al-ma de la intendencia del 15M de la Sierra Norte, Manuel López Romero.

Intentaremos honrar tu memoria, compañero, acurrucando a Consuelo, que es la que más ha perdido con tu marcha. A lo largo de estos años hemos ganado un amigo, al tiempo que un referente. Gracias por habernos permitido compartir conti-go este tiempo de combate. Sin duda, sin ti el batallar hubiera sido más arduo y can-sado. Pero de norte a sur y de este a oeste, la lucha sigue. Esperamos no defraudarte y poder construir el mundo más justo por el que tú tanto peleaste. Ha sido un pla-cer tenerte como camarada, eres todo un ejemplo.

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La canica abre sus puertas en LavapiésLa sucursal del Banco Expropiado La Canica abría sus puertas en Lavapiés el pasado 3 de diciem-bre, en el número 2 de la calle Huerta del Bayo. Para celebrarlo, durante toda la jornada han te-nido lugar diversas actividades, como un merca-dillo o una comida popular, realizándose por la tarde la presentación de la moneda social y del propio banco.

2d: todos contra La pobreza energéticaEl pasado 2 de diciembre, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de todo el Estado y la Alianza contra la Pobreza Energética convo-caron a salir a las calles y denunciar que la #PobrezaEnergéticaMata, que hay vidas en juego y que con los derechos no se negocia... En re-sumen: que nos queremos vivas y con derecho a una vivienda digna.

3d: miLes de personas por La dignidadMiles de personas se manifestaron el 3 de di-ciembre en Madrid para exigir "democracia po-lítica, social y económica" frente a unos partidos que solo miran por la banca y las multinacionales". La multitudinaria protesta, convocada por las Marchas por la Dignidad, sa-lió a las 19:00 de la plaza de España, reco-rriendo Gran Vía y finalizando en Neptuno.

ÁLvARO MINGUITO

dANI GAGO

MEdIOS

LABORAL

ADLA cumple un año de lucha contra la explotación y la precariedad laboral

asaMblea PoPUlar 15M de carabancHel

El tiempo pasa volando, más bien luchando, y ADLA, el grupo de Autodefensa Labo-ral de la Asamblea Popular de Carabanchel, celebra un año de andadura.

Desde este grupo se actúa contra la opresión, explotación y situaciones de injusticia que se generan en las empresas, en nuestros empleos. También se

encarga de difundir informa-ción sobre nuestros derechos en este sentido, porque no hay na-da mejor que conocerlos para reconocer cuándo se están vul-nerando. Y por supuesto, tam-bién se encarga de denunciar públicamente todas aquellas realidades de indefensión que se produzcan en el entorno de Carabanchel. Y toda esta lucha se realiza a través de pilares co-mo el apoyo mutuo, la autoor-

ganización, la solidaridad y des-de una perspectiva feminista.

Durante este año, se ha re-accionado frente a varios casos de explotación que han sufri-do compañeras y compañeros del Distrito tales como discri-minación por embarazo, irre-gularidades en los contratos de trabajo, impagos de sala-rio y acoso por parte de supe-riores, entre otros. Y muchos han sido los logros, ya que se

ha conseguido frenar la ma-yor parte de estas situaciones. Todo ello se ha realizado tam-bién en coordinación con otros colectivos que se centran en la lucha laboral, como por ejem-plo La Trinchera, grupo de tea-tro de lo oprimido; ATRAKA, la Asamblea de Trabajadores de Carabanchel; o La Brecha, centro social de Vallecas.

Para seguir dando a cono-cer el grupo y poner en valor su labor, ADLA celebrará una asamblea temática compues-ta de distintas actividades, que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre, a las 12:00, en la plaza de Oporto; o en ESLA Eko, si el tiempo no acompaña.

Por último, recordar que ADLA se reúne los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 20:00 en ESLA Eko (calle Ánade, 10).

AUTOGESTIÓN y CONSUMO

Entrevista al Nodo de Producción de Carabanchel

asaMblea PoPUlar de carabancHel 15M

P- ¿Qué es el Nodo de Pro-ducción y cómo surge la idea?

R- De forma muy resumi-da diríamos que es un proyec-to de colectivización de medios de producción (una máquina de coser, una olla a presión, una central hidroeléctrica, la fórmu-la de la crema de cacao), para que todas seamos capaces de producir cosas al margen de las empresas capitalistas. La idea sería ir ampliando poco a poco lo que producimos, de forma que cada vez satisfagamos un mayor porcentaje de nuestras necesidades básicas.

P- ¿Qué valor aporta al ba-rrio y a las personas que partici-pan en él?

R- En primer lugar, nos pro-porciona una creciente inde-pendencia de la economía de la explotación, entendida como explotación tanto de recursos naturales como de personas. A

quienes producimos nos aporta algunos eurillos, y así no tene-mos que vender nuestro tiem-po y esfuerzo a esas empresas en forma de un trabajo asalaria-do, habitualmente miserable. Y a todas las personas, produc-toras y consumidoras, nos pro-porciona una serie de productos que ya no adquirimos a las em-presas del turbocapitalismo im-perante, esas mismas empresas que están detrás de la penosa si-tuación económica, política, so-cial, patriarcal y ambiental que nos quieren imponer.

Pero ésa es una visión bas-tante restringida: es mucho más y más importante. Se trata de una forma de concebir las rela-ciones entre las personas, ba-sada en la igualdad de todas, el cuidado, el apoyo mutuo, la au-tonomía y el vínculo con un te-rritorio (Carabanchel, en nues-tro caso). Ponemos el foco en lo económico y la producción porque es un aspecto que se ha

descuidado tradicionalmente entre los movimientos sociales y también una de las principa-les formas en las que seguimos dependiendo de la economía de la explotación, por mucho que nuestros discursos (y ambicio-nes) vayan mucho más allá.

P- Hasta el momento, ¿qué cosas se están produciendo y qué necesidades satisfacen?

R- Desde el punto de vista material producimos cervezas, pan, hidromiel, jabones, libretas y fanzines, conservas, comidas preparadas, pequeños trabajos de costura, remedios naturales para algunas dolencias, pizzas y otras comidas veganas, y... ¡se-guro que nos dejamos algo! Ade-más hay varios talleres donde se trabaja por encargo, de carpinte-ría y de bicicletas.

Pero, como decíamos an-tes, desde un punto de vista más abstracto, lo que se está produ-ciendo es una comunidad, para resolver nuestras necesidades

de una forma común, involu-crando cada vez más aspectos de nuestra vida.

P- ¿Cómo se puede partici-par en el Nodo de Producción?

R- Para probar alguno de los productos que producimos lo mejor es pasarse por el gru-po de consumo del nodo, cada dos jueves en el ESLA Eko a las 18:30. También se puede visitar el taller colectivo de la calle Li-nares, 7, para encargar un mue-ble, reparar tu bici o degustar una deliciosa pizza vegana en buena compañía (los horarios están en la web). Para plantear un nuevo proyecto productivo dentro del nodo, hay que asistir a la asamblea mensual, el pri-mer miércoles de cada mes en el taller de la calle Linares (un mes a las 11:00 y otro a las 19:00).

P- ¿Qué retos recientes os ha-béis propuesto?

R- Nos empieza a faltar es-pacio en el taller de la calle Li-nares, por lo que a medio plazo queremos (tenemos que) bus-car un nuevo emplazamiento que aloje alguno de los proyec-tos productivos (aprovechamos para hacer un llamamiento a cualquiera que tenga un espacio en desuso y pueda cedérnoslo mientras le venga bien o inclu-so alquilárnoslo por un precio simbólico). También nos gusta-ría establecer más vínculos con los numerosos grupos de con-sumo del barrio. Y cómo no, un reto permanente es reforzar y ampliar los lazos que nos unen con muchos proyectos afines de nuestro entorno, de los que nos consideramos parte: la Asam-blea Popular de Carabanchel y sus muchas ramificaciones: vi-vienda, despensa solidaria, au-todefensa laboral…, el Centro Social Eko, la comunidad de in-tercambio y moneda social La Canica, etc.

A.P. CARAbANCHEL 15M

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madrid15m14 MADRID SIN FRONTERASNº 53 DICIEMBRE 2016

Construyendo sobre ruinas en el exilio económico Por Matías VB

En enero del 2016, el Ins-tituto Nacional de Esta-dística anunciaba que la cantidad de connaciona-

les que habían emigrado en los últimos años al extranje-ro alcanzaba los dos millones de personas. Éste es un hecho que refleja las consecuencias de un sistema político que for-zó a muchas y muchos a buscar una alternativa de vida en otro país. Es el caso de Escocia, cu-ya capital, Edimburgo, registra alrededor de treinta mil perso-nas con nacionalidad española, en una ciudad cuya población apenas supera los quinientos mil habitantes.

Hace algunos años atrás, mientras el Gobierno de Ma-riano Rajoy reforzaba el lado punitivo del Estado criminali-zando aún más los movimien-tos sociales y la pobreza, la no pasividad de las personas exiliadas por razones econó-micas en Edimburgo ante es-ta situación desencadenó que surgieran una serie de colecti-vos políticos diferentes. Ade-más del círculo de Podemos, el Punto de Información pa-ra Españoles (PIE) y la Marea Granate, surgieron grupos co-mo These Hysterical Women, Edinburgh in Protest y Spa-nish Workers in Edinburgh (SWE).

These Hysterical Women, Edinburgh in Protest y el SWE

These Hysterical Women es el nombre de un colecti-vo de mujeres que además de trabajar la perspectiva de gé-nero se propone luchar con-tra las políticas que desde el Estado (patriarcal) amenazan algunos de los derechos fun-damentales alcanzados por la lucha de la mujer en los úl-timos años. Además de pro-ponerse visibilizar y desna-turalizar ciertos conceptos machistas socialmente acep-tados como normales, entre otras cosas, este grupo nació como parte de la Marea Viole-ta contra la reforma del aborto que pretendía llevar a cabo el señor Gallardón. Desde Edim-burgo organizaron una mani-festación por el derecho de la mujer a decidir sobre su pro-pio cuerpo.

Poco después, con moti-vo de la llamada Ley Mordaza surgió el grupo conocido co-mo Edinburgh in Protest, de-dicado a la visibilización de la violencia institucional que ha tenido un llamativo incre-mento en los últimos años, no

solo en el Estado español, sino en Europa en general. Entre las actividades más destaca-das de este colectivo encon-tramos las Primeras Jornadas Antirrepresivas que tuvieron lugar en marzo del 2016 y que contaron con la participación de Ester Quintana, víctima de las pelotas de goma utiliza-das por la Policía de Catalu-ña. Dicho evento finalizó con un concierto en solidaridad con las víctimas de la violen-cia institucional donde parti-cipó Juantxo Skalari en acús-tico (ex cantante del mítico grupo Skalariak), quien via-jó desde Barcelona especial-mente para participar en el evento. El éxito de estas jorna-das desencadenó que en la ac-tualidad Edinburgh in Protest prepare las II Jornadas Anti-rrepresivas, que tendrán lugar el 4 de febrero de 2017 y que contarán con la participación de Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, víctima del caso conocido como “4F”.

Spanish Workers in Edinburgh se formó por la ne-cesidad de organizarse y politi-zarse como trabajadores y tra-bajadoras en Edimburgo. Entre las actividades más relevantes que ha realizado este grupo en-contramos dos mundialitos de fútbol “por la dignidad inmi-grante; contra la explotación laboral” y un encuentro con mi-neros de León, quienes viaja-ron a la capital escocesa pa-ra informar sobre el conflicto de la minería, ignorado por los medios masivos de comunica-ción. Entre otras cosas, lo inte-resante de este acontecimiento fue una reunión con un repre-sentante de los mineros reti-rados de Escocia. Juntos y an-te un público muy numeroso compararon las consecuencias de las políticas neoliberales en ambos países recordando que Margaret Thatcher terminó con la minería en Reino Unido. En la actualidad SWE trabaja junto al grupo escocés Living Rent para defender los dere-chos relacionados con la vi-vienda y contra el abuso de las y los propietarios, a quienes la ley beneficia especialmente.

La necesidad de una construcción colectiva

Si bien los grupos que sur-gieron en Edimburgo se for-maron todos por separado (Edinburgh in Protest, SWE, These Hysterical Women, Ma-rea Granate, círculo de Pode-mos…) debido a la divergen-cia ideológica que generaba tener prioridades diferentes, se hizo inevitable que algunos

de éstos terminaran coordi-nándose para trabajar en con-junto ciertos objetivos comu-nes. Así fue como, en el marco del triunfo del Brexit, que tra-jo aires nacionalistas de de-rechas y antiinmigrantes, se creó el Migrants in Edinburgh para defender los derechos de las personas emigrantes, no solo del Estado español, sino de cualquier otro país. Princi-palmente surge como una ne-cesidad de coordinarse entre colectivos específicamente de inmigrantes que realizaban di-ferentes actividades en la capi-tal escocesa. Entre otras cosas, el Migrants in Edinburgh rea-lizó unas jornadas informati-vas sobre el Brexit y prepara una serie de actividades sobre derechos laborales junto a uno de los sindicatos más repre-sentativos del país.

De este modo, se han con-figurado algunas redes de apoyo con grupos locales co-mo el Edinburgh Chiapas So-lidarity Group, con quien tan-to el SWE como Edinburgh in Protest colaboran permanen-temente, no solo en temas re-lacionados con lo que aconte-ce en Chiapas, sino también con las y los estudiantes des-aparecidos de Ayontzinapa y las y los maestros de Oaxa-ca. También These Hysteri-cal Women colabora con gru-pos de mujeres locales como Abortion Right Edinburgh y Femsoc, al mismo tiempo que se vinculan a otras iniciativas como las marchas del movi-miento Mujeres de Negro de la comunidad polaca.

Inevitablemente, el inten-to de conformarse como sujeto político en la sociedad escoce-sa, el aprendizaje de la expe-riencia y la no pasividad ante la situación política actual abren una puerta a lo que podríamos denominar “una construcción colectiva” que opera en opo-sición a la despolitización ciu-dadana en la que hemos esta-do todos estos años. Si bien la mayor parte de las personas in-migrantes llega a esta ciudad hipnotizada por la idea de en-contrar trabajo y tener un suel-do decente, en cierto modo la participación política en estos grupos lleva a estas personas a reinventarse a sí mismas, dis-tanciándose de la idea de la emigración solamente como una forma de acceder a cier-tos derechos que el Estado es-pañol no ofrece. Estos grupos ya forman parte del paisaje po-lítico de esta bella ciudad con-servadora, ordenada y fría, en-riquecida cada vez más por la diversidad cultural. ■

DESOBEDIENCIA

Absueltos, cinco años después, los once detenidos en la manifestación de Juventud Sin Futuro

diagonal El Juzgado de lo Penal nú-

mero 24 de Madrid ha absuel-to a once personas imputadas por desórdenes públicos —una de ellas, además, por atentado a la autoridad— en el marco de la manifestación convocada por Juventud Sin Futuro el 7 de abril de 2011 en Madrid.

Las once personas deteni-das estaban acusadas de ha-berse “puesto de acuerdo” pa-ra “alterar la paz pública”, según la Fiscalía, lanzando piedras y objetos a los agen-tes de Policía, además de que-mar contenedores y lanzar va-llas a la vía pública. A uno de ellos se le acusaba también de haber agredido a un agente de Policía. La Fiscalía pedía para ellos penas de entre uno y tres años de cárcel.

La sentencia absolutoria, a la que ha tenido acceso Dia-gonal, señala que durante el

juicio no quedó probado que los manifestantes actuaran en grupo, ni tampoco se justifica-ban los supuestos daños y alte-raciones en la vía de los que se les acusaba. Tampoco da por probado que la persona acu-sada de atentado a la autori-dad fue quien lanzó una pie-dra contra uno de los agentes.

“Estamos muy contentos con la sentencia”, señala a Dia-

gonal el abogado Daniel Ame-lang, miembro de Red Jurí-dica. “Es el único resultado posible: los policías reconocie-ron que no recordaban bien los hechos, y sus relatos se encon-traban plagados de contradic-ciones”, añade.

La manifestación, convoca-da por Juventud Sin Futuro ba-jo el lema “Contra los recortes a la juventud”, se celebró en al menos siete capitales de pro-vincia, impulsada por colecti-vos universitarios que protesta-ban contra la privatización de la educación y la precarización de la juventud. Fue una de las mo-vilizaciones que precedieron al movimiento 15M, que explota-ría un mes después en las plazas de cientos de ciudades.

En Madrid, la convocatoria reunió a más de 2.000 personas, que marcharon desde la plaza de Antón Martín hasta el Museo Reina Sofía, en Atocha. ■

La convocatoria, que precedió al nacimiento del 15M, protestaba contra la privatización de la educación y la precarización de la juventud

ALFONSO SILvA IRUJO

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OPINIÓN

■ nOTA DE LA REDACCIónEste número lo han hecho posible: Marta, Juanvi, Enrique, Waska, Cler, Dani, José Andrés, Roberto, Juan Carlos, Felipe, Juan, Raquel, Carlos, Álvaro, Fran, Diego, Santi, Mario, Berta, Ricardo, Paúl, Félix, Antonia, Byron, Heithor, Javier.Agradecimientos: ısaac Rosa, SOS Racismo, 15MPARAtO, tCJ, No Somos Delito, José María Gallego López , ter García y Gladys Martínez , Begoña Blázque, Serlinda Vigara , J. R. Mora, África Gómez , Álvaro Minguito, Jordi Borras, Juan Carlos Gómez, María F. Sán-chez, Legal Sol, Marta Luengo, Periódico Diagonal, Ágora Sol Radio, tomalatele, Red Solidaria de Acogida, Diagonal, Disopress, tCJ, PAH, Librería La Malatesta, Raúl, David, Yolanda, Juan, Alvar, A. P. Carabanchel, Eko y todas las asambleas populares del 15M y per-sonas que nos han mandado información. Madrid15M no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones que sus colaboradores expongan en sus artículos.

Por qué la violencia de género no es un asunto de Estado equiparable al terrorismo(Artículo creado a partir de 'Paralelismos entre terrorismo y violencia machista', de María del Mar Daza Bonachuela, publicado en Journal of Feminist, Gender and Women Studies, 1: 73-83, 2015)

BERTA GONZÁLEZ

Mi infancia la pasé en Madrid. Los años noventa eran felices, pero du-rante ese tiempo (y no solo) una nu-be plomiza rondaba siempre por en-cima de nuestras cabezas, sin que supiéramos muy bien cuándo iba a

descargar su próximo golpe. El terrorismo era una realidad con la que convivíamos, que nos condicionaba y que intentábamos ignorar pa-ra poder vivir con tranquilidad, en la medida de lo posible. El terrorismo mata personas, las intimida, les impide vivir en libertad, las ame-naza. El terrorismo se regenera con sus idea-rios que va inoculando, a través del miedo.

Mi madurez la he pasado un poco en cual-quier parte. Las primeras décadas de este siglo no son tan felices como mi infancia, pero duran-

te este tiempo me he dado cuenta de que una nube plomiza sigue rondando siempre por en-cima de nuestras cabezas, sin que sepamos muy bien cuándo descargará su próximo golpe. La violencia de género es una realidad con la que convivimos, que nos condiciona y que nos obli-gan a ignorar para pensar que vivimos en la tranquilidad, en la medida de lo posible. La vio-lencia de género mata personas, no solo muje-res. También las intimida, les impide vivir en libertad, las amenaza. Al igual que un grupo te-rrorista que inocula el miedo (elijan su grupo preferido y prueben a hacer la comparación), la violencia de género se regenera con sus idea-rios que va inoculando, a través del miedo y los medios. y afecta a toda la socidad, que vive amedrentada, todas las personas que no son sus cómplices o esbirros, quiero decir.

Sin embargo, hay algo que hace que no sean comparables, no son iguales, porque no matan igual (1.222 asesinatos terroristas, se-gún la Fundación de Víctimas de Terrorismo, en cuarenta y un años, y 1.235 asesinatos de mujeres en diecisiete años a manos de sus pa-rejas o exparejas) y porque no se tratan igual. La violencia de género no suscita pactos de Es-tado, planes conjuntos de actuación, aumento de presupuestos destinados a la educación en igualdad, ni funerales con personalidades que guardan minutos de silencio conmocionadas por el dolor de un país. ¿Por qué?

La pregunta es sencilla, la respuesta do-lorosa. La violencia de género la perpetúa el Estado, que es el cómplice que respalda ca-da ataque, cada amenaza, cada asesinado. Es-to ocurre cada vez que no se responsabiliza de un anuncio denigrante, de un libro de texto machista u homófobo, de una denuncia o de una condena. El Estado es cómplice del terror que ejerce la violencia de género, porque las personas que nos rebelamos contra el patriar-cado cuestionamos los privilegios de unos se-res cuyas actuaciones el Estado se niega a per-seguir.

'Quién pillara ese salario mínimo de 707 euros...'

La precariedad hace que para seis millones de trabajadores el salario mínimo sea un inalcanzable salario máximo

Plataforma audiovisual de asambleas y colectivosEntra en los enlaces para ver la selección de vídeos de este mes

Combo CaladaHambre - videoclip

http://bit.ly/2hsUjsP

Che SudakaCuándo será - videocliphttp://bit.ly/2hi3dew

La entrevista del mesEntrevista Oscar Reina

http://bit.ly/2gvdaHg

Parrilla Ágora Sol (actualizada)

Abadesa Hipster MARTES | 21:00 - 22:00Anónimos Auténticos MARTES | 13:00 - 14:00

barrio Canino SÁBADO | 11:00 - 13:00bipartidos de Risa MARTES | 19:00 - 20:30

Cabezas de Tormenta LUnES | 15:00 - 16:00El pasajero en Seco LUnES (alt) | 19:00 - 20:30

Recuperando Memoria MIÉRCOLES | 20:00 - 21:00Espacio Común 15M JUEVES | 17:30 - 19:30

La diligencia MARTES | 17:30 - 18:30La Erótica Social DOMInGO | 23:00 - 24:00

La Oveja Negra JUEVES | 23:00 - 24:00Onda Sonora LUnES | 22:00 - 24:00

Punki Reggae Parti DOMInGO | 20:00 - 21:00Radikal Sonoro JUEVES | 20:00 - 22:00

Sangre Fucsia VIERnES | 20:00 - 21:00Satellite City SÁBADO | 21:00 - 22:00

SelfNoise MIÉRCOLES | 22:00 - 00:00Tiempo de Jazz LUnES | 16:30 - 18:30Toma la Tierra MARTES | 16:00 - 17:00

Zona del Metal SÁBADO | 17:30 - 20:00

www.agorasolradio.org

IsAAc ROsA

Cada vez que estos días Gobierno y opo-sición discuten sobre la subida del sa-lario mínimo, se oye un gran suspiro que cruza el país de norte a sur: casi seis millones de trabajadoras y traba-jadores que sueltan a la vez un hondo

“aaaay”, que significa “quién lo pillara, el sala-rio mínimo ese”. A ellos se suman unos cuan-tos millones de parados que no tienen presta-ción o solo un subsidio escaso: quién pillara los 707 euros en que se quedará el Salario Míni-mo Interprofesional (SMI) después de que Go-bierno y PSOE hayan pactado subirlo un 8%.

Otras veces, en vez de suspiro es un cru-jido de dientes: el de los mismos seis millo-nes de infraasalariados cuando oyen a la mi-nistra de Empleo decir que en España “nadie cobra por debajo del salario mínimo porque sería ilegal”. Seis millones de “nadies”, ahí es-tán: un 34% del total de asalariados no llega al SMI. De ellos, más de tres millones y medio no cobran ni medio SMI, menos de 300 euros al mes. Y eso sin contar a los autónomos: para

muchos “emprendedores”, cuando descuentan la cuota de la Seguridad Social les queda un SMI pelado, o ni eso.

El SMI es como los 120 km por hora en au-tovía. Es ilegal correr más, pero yo voy clava-do a 120 y todo el mundo me adelanta. Pues lo mismo el SMI: no se puede cobrar menos, pe-ro a mi alrededor conozco cada vez más gente que no llega a los 600 euros al mes, incluso tra-bajando más horas que nadie.

Y sin que salte ningún radar, como en la autovía: los empresarios tienen a su alcance

mil y una maneras de convertir el salario míni-mo en salario máximo. La más fácil es contra-tar a tiempo parcial y luego no pagarte todas las horas extra que acabarás echando. Media jornada, medio sueldo, y el resto by the face.

Pero no es la única manera de pagar suel-dos de miseria: echen un vistazo a las ofertas de cualquier portal de empleo y encontrarán todo un catálogo de prácticas empresariales para hundir salarios: formación, prácticas, be-carios, pago en especie, trabajar a cambio de alojamiento y el maravilloso mundo de los co-

merciales, con su fijo más comisiones, o sin fi-jo, a pelo. La selva del mercado laboral post-crisis.

A ver, que me parece estupendo que suban el SMI, cómo no me voy a alegrar. Y si en vez de 707 euros lo suben a 800, como piden los sindi-catos y como aprobó el Congreso hace unos días, todavía mejor. Pero el problema para millones de trabajadores no se llama SMI, sino precarie-dad. De hecho, la subida beneficiará sobre todo a quienes tienen mejores condiciones laborales: quienes aún pueden negociar colectivamente sus condiciones, pues muchos convenios sectoriales toman como base el SMI para calcular sueldos.

Aunque subiesen el SMI a mil euros (aque-llos sueldos mileuristas de mierda de antes de la crisis, ¿recuerdan?), seguiría habiendo millo-nes de trabajadores para los que el salario míni-mo será un inalcanzable salario máximo. Y cada vez son más: desde 2007 el número de trabaja-dores que cobra por debajo del SMI ha aumenta-do pese a que la población asalariada total se re-ducía con el paro. ¿Los oyen cómo suspiran hoy? “Quién pillara esos 707 euros...”

EL DIARIO.ES

Próxima reunión presencialMartes 20 de diciembre, a las 19:00, en la Librería La Malatesta (calle Jesús y María, nº 24).m

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5m

Page 16: POBREZA ENERGÉTICAmadrid15m.org/publicaciones/madrid15m_n_53.pdfsensiblemente, y ya eran siete millones de personas (un 16,6% de la población) las que eran pobres en materia energética

Asambleas Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Alpedrete, Malasaña, villaverde, San Juan bautista, Collado villalba, Chueca, La Conce, Carabanchel, Pueblo Nuevo, villa de vallecas, Montecarmelo, barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, barajas, Las Rozas/Las Matas, Plaza dalí, Torrelaguna, El Escorial, Chamartín, Austrias, bOCEMA, Galapagar, Alcorcón, San blas, Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe, Tetuán, L.A. Hormigonera, Chamberí, Pedrezuela, Leganés, Usera, Las Letras, Prosperidad, Majadahonda, A. G. Sol,

Predriza, Colmenar viejo, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Lavapiés, Moncloa, Getafe, Hortaleza, Aluche, Guindalera, Espacio comúm 15M y Plaza de los pueblos. d. L.: M-15672-2012

Nº 53 DICIEMBRE 2016

madrid15m

15M TETUÁN

Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en 2015 había

en nuestra región 1.319.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión y 405.000 en pobreza extrema. Estos datos, en sí mismos preocupantes, lo son más al constatar que la proporción de población en tales situaciones aumentó respecto a 2014.

La lucha contra toda for-ma de pobreza y exclusión requiere de diversas herra-mientas y sujetos, pero sin duda el sistema educativo tiene un papel en ella, sien-do el mínimo exigible que no contribuya a agravar situa-ciones de exclusión. Lamen-tablemente, para algunas fa-milias se están produciendo situaciones de exclusión en comedores escolares de cen-tros privados sostenidos con fondos públicos, a los que a partir de ahora nos referire-mos como “centros concer-tados”, a consecuencia de la normativa que rige la rela-ción entre los precios de co-medor en dichos centros y las ayudas concedidas bajo la forma de precios reducidos. Una normativa en la que hay una grieta por la que pene-tra la exclusión en la escuela para quienes ya sufren exclu-sión en la sociedad.

En efecto, dicha norma-tiva autoriza a los centros concertados a establecer precios de comedor escolar superiores al precio vigen-te para los centros públicos (“precio público”), sin que las ayudas concedidas bajo la forma de precio reducido contemplen financiar la dife-rencia entre el precio público y el superior precio privado en el centro concertado: “En los centros privados concer-tados, el comedor constituye un servicio escolar comple-mentario cuyo precio es fija-do por los propios titulares, así pues en estos centros se financiará la diferencia en-tre el precio del menú para centros públicos y los precios reducidos que se establezcan en la orden que determine el precio del comedor esco-lar para el curso 2016-2017” (resolución del director ge-neral de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, 3 de junio de 2016) y “Las reducciones del precio del menú escolar también serán de aplicación a los alumnos escolarizados en centros pri-vados sostenidos con fon-dos públicos de la Comuni-dad de Madrid, financiando la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, la di-ferencia entre el precio del menú para centros públi-cos y los precios reducidos establecidos en la presente orden” (Consejería, Orden 2276/2016, de 13 de julio).

Así, por ejemplo, si una familia es beneficiaria del precio reducido de un euro por día y alumno, en vez del precio público de 4,88 eu-ros vigente, pero el precio libre del comedor del centro concertado correspondien-te es de 7 euros, esa familia,

incluso aunque disponga de una ayuda complementaria municipal hasta el 100% del precio público, deberá pagar al menos 2,12 euros diarios por cada hija o hijo escola-rizado en dicho centro que asista al comedor, lo que para la mayor parte de ellas es imposible.

Cierto es que en algunos centros concertados, con im-plicación de las asociaciones de madres y padres, se han buscado soluciones solidarias para sufragar colectivamente esa diferencia, pero también es cierto que en algunos otros las familias afectadas están acumulando una deuda inso-portable —conocemos casos en que es superior a 2.000 euros— que les está siendo requerida por SMS en los que se comunica presentación de demanda contra ellas y en al-gunos casos se les indica una fecha a partir de la cual no se admitirá en el comedor, habiéndose llegado en algún centro a negar la entrada al comedor a estos menores sin previo aviso y ante sus pro-pios compañeros de clase, lo que representa una grave es-tigmatización pública y una situación de desatención, ya que tuvieron que avisar ellos

mismos a su familia. Lo más paradójico de la situación es que esas familias, que además del precio reducido disponían de un ayuda municipal com-plementaria, no tendrían que pagar nada en el comedor de un centro público.

Esta situación anóma-la tiene como consecuen-cia principal y más dañina la exclusión alimentaria de muchos menores, el senti-miento de segregación que genera en los menores y las demandas judiciales contra sus familias, que, aunque sean promovidas en nombre de las empresas subcontrata-das por los centros para ges-tionar los comedores, con-llevarán desprestigio público para los propios centros concertados implicados. Por otra parte, esto supone que, antes o después, estas fami-lias queden excluidas de la libre elección tan pregona-da en el ideario del Gobier-no regional, ya que, una vez que haya conocimiento pú-blico de lo que está ocurrien-do, las familias con dificul-tades económicas evitarán la escolarización en centros concertados incluso aunque en otras condiciones ésa fue-se su preferencia.

En cualquier caso, sea cual sea el talante de los cen-tros escolares, la alimenta-ción de estas niñas y niños debe estar asegurada desde la propia normativa de la Comunidad de Madrid, ya que la alimentación es un derecho básico y un requisi-to esencial para una buena salud de esas personas en crecimiento. La causa última de las situaciones descritas no es la diferencia de talante entre los centros que buscan soluciones paliativas y aque-llos que no lo hacen, sino la propia normativa vigente, que es la que permite que se den situaciones de tanta gra-vedad. Se deben tomar me-didas políticas para corregir este desequilibrio en aras del bien común, del apoyo a la población sin ingresos o con escasos ingresos y del res-peto de los derechos de las niñas y niños. De forma cola-teral, el propio Gobierno re-gional y los centros escolares concertados deberían tener interés en una solución justa, ya que lo que está ocurrien-do y en la escala en que está ocurriendo puede dañar se-riamente su prestigio.

En consecuencia, solici-tamos:

1 Que, de manera pro-visional y en tanto que la normativa al respecto siga vi-gente, se faculte y dé instruc-ciones al Servicio de Atención a la Escolarización, o a otro servicio que pueda dar aten-ción directa y personalizada a las familias, para atender de manera urgente y positiva, en cualquier momento del cur-so, las peticiones de traslado a una plaza en centro público dotado de comedor escolar en los casos en que la fami-lia está obligada a pagar el exceso del precio privado en centro concertado respecto al precio público pese a contar con precio reducido de come-dor escolar y/o ayudas mu-nicipales complementarias para ese fin. Esta propuesta debe entenderse como tran-sitoria, ya que un traslado por razones económicas una vez empezado el curso pue-de provocar dificultades en el aprendizaje, nuevos sen-timientos de exclusión, gas-tos adicionales en compra de nuevos libros y material esco-lar, etc., por lo que también y ante todo solicitamos...

2 Que se proceda con urgencia a una revisión de la normativa vigente para equi-parar el coste de los come-dores escolares en centros privados concertados al coste público en lo que se refiere a las familias de niñas o niños que se benefician del pre-cio de reducido y/o de otras ayudas públicas al efecto. De hecho, el artículo 4.2 de la or-den 2276/2016 ya establece,

respecto a la modalidad de exención de pago, algunas si-tuaciones en las que “Los cen-tros no podrán cobrar cuantía alguna en concepto de servi-cio escolar complementario a estos alumnos”, en referencia a alumnas o alumnos bajo tu-tela o guardia de la Comu-nidad de Madrid, o escolari-zados bajo ciertos convenios o acuerdos, o que tengan la condición de refugiados, ló-gica que debería extenderse a las situaciones de precios re-ducidos y otras ayudas públi-cas. Para facilitar un acuerdo político que lo permita, esta petición colectiva no hace ninguna presuposición sobre la forma de financiación que para ello adopten los organis-mos competentes, previo diá-logo con los diversos agentes sociales afectados, en la me-dida que se garantice que las familias a las que nos estamos refiriendo no carguen con la diferencia entre el precio pú-blico y el precio libre de los centros privados sostenidos con fondos públicos.

3 Que la Consejería haga las gestiones necesarias para que, en tanto se logre la solución definitiva, no se produzcan más exclusiones de los comedores escolares, más reclamaciones de pago ni más demandas judiciales en el caso de las familias y si-tuaciones a las que se refiere esta petición, en espera de las decisiones de financiación que permitan liberar a esas familias de las deudas con-traídas a causa de la utiliza-ción de comedores escolares en centros concertados y que no se habrían generado en caso de estar sus hijos en cen-tros públicos.

4 Que se tome en consi-deración que la carga sobre los centros de gran parte de la gestión administrativa y de las decisiones sobre las fami-lias que serán beneficiarias de los precios reducidos difi-culta la gestión de los propios centros al delegar en ellos tareas propias de la Adminis-tración pública, lo que podría convertirse en algunos casos en elemento de coacción de ciertos centros sobre las fami-lias en dificultades económi-cas y arrebata a las familias la capacidad de decidir si comunica o no al centro de-terminadas situaciones socia-les. En consecuencia, debería iniciarse una transición que lleve a que la Comunidad de Madrid asuma la gestión completa de los precios re-ducidos, comunicando a los centros la concesión de ese beneficio y el importe del precio reducido asignado.

5 También es necesario que se garantice que al ini-ciarse un curso cada familia conozca ya la resolución de-finitiva sobre su solicitud de precio reducido, ya que las familias con escasos o nulos ingresos tienen una nece-sidad absoluta de planifi-car sus gastos, y porque en algunos centros se ejercen presiones sobre las familias solicitantes para que adelan-ten el pago del precio com-pleto del comedor escolar en espera de la resolución de su solicitud. ■

[email protected] Invisibles

Asamblea 15M Tetuán, Asamblea 15M Hortaleza, Asamblea 15M Coslada, Asamblea 15M Villaverde, Asamblea 15M Sierra Norte, Asamblea 15M Las Rozas–Las Matas, Asamblea Barrio del Pilar, RSP Latina

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid reconoce el derecho a indemnización por retraso en el reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción

RMI:TUdERECHo.oRgEn su sentencia 203/2006, de 14

de julio (procedimiento abreviado 253/2015), el Juzgado de lo Conten-cioso-Administrativo número 31 de Ma-drid ha reconocido el derecho a obtener una indemnización por responsabilidad patrimonial por el retraso de casi un año en reconocer a una persona la Ren-ta Mínima de Inserción (RMI).

El juzgado ha considerado que se trata de un supuesto de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Ad-ministración, al entender que el incum-plimiento del plazo legalmente estable-cido para resolver las solicitudes de RMI “reviste las notas de esencial y signifi-

cativo”. Se trata, por tanto, de un daño que los ciudadanos no tienen el deber jurídico de soportar.

Legalmente el plazo es de tres me-ses desde que la solicitud de RMI llega a la Consejería de Políticas Sociales y Familia (artículo 20.3, Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid). En el caso juzgado, la solicitud de RMI se presentó en septiembre de 2012, no siendo hasta diciembre de 2013 cuando se reconoció el derecho a recibir dicha prestación. La sentencia valora el daño causado por la Administración en 3.940 euros, resultado de multiplicar 358,22 euros (la cuantía de la RMI reconocida

mensualmente) por los 11 meses del re-traso administrativo.

La sentencia es firme, al no haber sido recurrida por la Comunidad de Madrid. Como ha sido dictada por un juzgado de lo Contencioso-Adminis-trativo, no crea jurisprudencia. Pero es un importante precedente que podrá utilizarse en reclamaciones de respon-sabilidad patrimonial por retraso en el reconocimiento de la RMI. El juzgado considera que ésta es una vía adecuada, frente al planteamiento del letrado de la Comunidad de Madrid, que alegaba que debería haberse presentado un recurso administrativo y no una solicitud de res-ponsabilidad patrimonial. ■

excluSión SOciAl en cOmedOreS eScOlAreS de centrOS privAdOS SOStenidOS cOn fOndOS públicOSdichas situaciones se dan a causa de la obligación familiar de abonar la diferencia entre el precio público y el precio libre de los colegios concertados. Es necesario modificar la normativa para acabar de una vez por todas con esta injusticia.