Nos reunimos esta noche en torno del Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación,

para dar testimonio de la simpatía, la admiración y el apoyo que suscitan en nosotros sus muy apreciables

condiciones personales y, sobre todo, la actividad ejemplar que ha venido adelantando como supremo director

del ministerio público, a cuyo cargo ha dado elocuentes lecciones de patriotismo, responsabilidad, entereza y

decoro que han dado lugar a que vastos sectores de la comunidad reconozcan en él un paradigma de

servidor del Estado que merece elogiarse y ser presentado como ejemplo digno de imitación por quienes

tienen a su cargo el manejo de los asuntos colectivos.

Rasgo distintivo de la gestión del Señor Procurador a lo largo de estos años ha sido su lealtad, esa sí

inquebrantable, al cumplimiento de los arduos deberes que le impone el oficio de velar por la integridad del

ordenamiento jurídico en representación de los intereses de la sociedad, lo que ha emprendido dentro del

marco no sólo de una rigurosa y profunda formación jurídica, sino de unas convicciones filosóficas y

religiosas que lo ubican dentro de una corriente de pensamiento que ha contribuido decisivamente a

configurar nuestra civilización occidental.

Digo con esto que el Señor Procurador ha querido desempeñarse como jurista, avezado como pocos en el arte

y la ciencia del Derecho, pero ante todo como creyente fervoroso en las enseñanzas del Evangelio, tal como

han sido desarrolladas por la tradición de los apóstoles y sus sucesores en la magna tarea de dar a conocer al

mundo la buena nueva del advenimiento del Reino de Dios y la promesa de la exaltación de la humanidad a

estadios superiores de vida espiritual libre de las ataduras de la imperfección de su naturaleza.

Lo que más ha reconocido la comunidad en él es la coherencia entre lo que prometió y ha cumplido, que

trasunta la que reina entre su pensamiento y su acción. Esta coherencia resalta más en momentos en que se le quiere hacer creer al pueblo que las políticas que lo

animaron a depositar su voto en una elección pueden cambiarse de la noche a la mañana por las contrarias, sin

que se le dé explicación suficiente del porqué de ese cambio, ni se asuman las responsabilidades políticas

pertinentes, so pretexto socavador de la moralidad democrática, según el cual quien detente el poder está

legitimado por sí y ante sí para hacer los virajes que se le ocurran para bien o para mal, como si fuera atributo

suyo y no del pueblo que lo instituyó y lo confirió.

En contraste con lo que otros vienen haciendo en medio del aplauso de dirigentes que han perdido tanto el

contacto con el pueblo, como la noción de que la solidez de las convicciones es indispensable para conducirlo

hacia la realización del bien común, el procurador Ordóñez se ha mostrado firme en defensa de sus ideas

fundamentales y lo que según la justicia y el derecho señalan que es lo mejor para el buen ordenamiento de la

comunidad.

Reitero que esas ideas fundamentales no son cualquier cosa, sino, nada más y nada menos, lo mejor del

patrimonio espiritual de nuestra civilización que hoy se ve amenazada de muerte por ideas disolventes,

nihilistas en el sentido cabal de la expresión, que las desdeñan como si fuesen asunto de un pasado ya sin

vigencia, o ideas de justicia de hace dos mil años, tal como se atrevió a decirlo en estos días un neo bárbaro

que ocupa hoy la Fiscalía General de la Nación.

Hay que tener en los tiempos que corren mucho coraje, esa fortaleza que es don del Espíritu Santo, para

confesarse cristiano y actuar de conformidad en la vida pública, pues las élites que controlan sus resortes en

la universidad, la academia, los medios de comunicación social y en general las más elevadas esferas del

poder, valiéndose de subterfugios y manipulaciones de muchas clases, ejercen una ominosa persecución, a

veces soterrada y no pocas veces explícita, contra todo lo que consideren que sea manifestación de creencias

religiosas y específicamente cristianas, con más veras si son católicas.

Esas élites, que se dicen democráticas, liberales y modernas, o quizás justas, modernas y seguras, no vacilan

en desafiar las creencias religiosas y los sentimientos morales del pueblo, que en sana lógica deberían

impregnar la fisonomía y la acción del Estado, para imponerle dizque en aras de unas concepciones de la

dignidad humana que más bien conducen a la degradación y la destrucción de nuestra especie, unas ideas de

los derechos que los desligan de todo significado espiritual y unas novedades institucionales letales para la

civilización.

Es lástima que el presidente Santos, ansioso por apropiarse de lo que dice que le dijo Su Santidad en favor de

la consolidación de sus políticas, no le hubiese informado al país todo lo que el papa Francisco le recomendó,

según consta en el Comunicado Oficial que la Secretaría de Estado del Vaticano dio a conocer, pienso que

como velada rectificación de los gozosos anuncios que hizo nuestro Presidente poco después de terminada la

audiencia que le concedió. Según el comunicado que traigo aquí a colación, el Santo Padre fue enfático en destacar varios temas que

tocan con la situación que vengo describiendo.

En primer lugar, a propósito de la canonización de la Madre Laura, evento del cuál digo que el Presidente ha

hecho una manipulación sacrílega para extraer réditos politícos inmediatos, el Santo Padre le hizo ver que la

primera santa colombiana es una “fecunda intérprete de las raíces cristianas del País”.

Pues bien, son esas raíces cristianas, que constituyen una da las más valiosas riquezas culturales de la nación

al tenor del artículo 6 de la Constitución Política, lo que las élites que menciono pretenden ignorar e incluso

erradicar, contrariando, repito, los creencias y los sentimientos mayoritarios del pueblo colombiano. Su Santidad sugiere ahí un profundo programa de esclarecimiento de nuestra identidad cultural y por ende

nacional, que no debe desdeñarse por el Estado y sus agentes. No se trata de la imposición de un Estado

teocrático, ni la vuelta a un clericalismo que ya carece de sentido, ni de negar las legítimas manifestaciones de

otros sistemas de creencias, sino del reconocimiento puro y simple de la catolicidad del pueblo colombiano.

En segundo término, Su Santidad destaca “la aportación de la Iglesia a la “cultura del encuentro” y de sus

obras al servicio del progreso humano y espiritual del País, en particular de los más necesitados y de los

jóvenes”. Un dogma torpe y perverso que ha hecho carrera en distintos segmentos de la sociedad, proclama

que las concepciones religiosas y por ende las instituciones que en ellas se inspiran no pueden tener voz en lo

que ampulosamente se denomina el escenario de la “razón pública”, por cuanto ello no es compatible con la

sociedad pluralista que pretenden instaurar las constituciones contemporáneas. Según esto, la Iglesia, de la que es hija nuestra civilización, ya nada tendría que aportarle y carecería de

legitimidad para aconsejar, instruir e incluso defender valores que considera que deben preservarse como algo

sagrado. Todo ocioso urdidor y propagador de ideologías gozaría de las carísimas libertades de conciencia y

manifestación del pensamiento, con sus corolarios de libertades de acción en el ámbito social, pero estos

derechos les estarían negados en cambio a la Iglesia y a los creyentes. El Papa ha hecho aquí un oportuno y

nítido llamado a la defensa de la libertad religiosa que corre hoy gravísimos peligros en diferentes latitudes,

sobre todo en los países que se dicen más justos, modernos y seguros. Pensemos en lo que está sucediendo en

Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Suecia y otros más, para darnos cuenta de los traumatismos que se

nos avecinan.

En tercer lugar, el Papa habló de los retos que enfrenta Colombia, sobre todo por lo que respecta a las

desigualdades sociales, que, como lo ha señalado en otras ocasiones, claman justicia al Cielo. Es un tema

ético que los colombianos debemos encarar, no con base en una equidad mal entendida, como lo que equipara

el vicio a la virtud, ni siguiendo el igualitarismo de los socialismos del siglo XXI, que son máquinas de odio

y, en últimas, de aflicción y muerte, sino profundizando en las ideas de justicia, no a la moda de hoy, sino al

tenor de una concepción de la dignidad humana que se nutre de las más elevadas experiencia espirituales de la

humanidad.

Dice el Comunicado del Vaticano que en la audiencia “tampoco ha faltado una referencia al proceso de paz en

curso y a las víctimas del conflicto, y se ha manifestado el deseo de que las partes implicadas prosigan las

negociaciones, animadas por una sincera búsqueda del bien común y de la reconciliación”. Es nítido, de

acuerdo con estas palabras, que el Santo Padre no le otorgó al Presidente el cheque en blanco que anunció en

su exultante alocución, como sí se lo otorgaron aquí algunos empresarios amigos suyos.

El Santo Padre ha condicionado su apoyo a un proceso que considere la situación de las víctimas del conflicto

y esté animado por una sincera búsqueda del bien común y de la reconciliación. Recordemos que la justicia va

de la mano del bien común y que la paz en que éste deriva es producto de aquélla. Y en la situación actual de

Colombia, las víctimas claman justicia.

Es ese clamor el que atiende hoy el procurador Ordóñez cuando pide que no haya impunidad en el proceso

que se adelanta con las Farc. L presidente Santos y sus áulicos promueven las soluciones que se insinúan en lo

que yo insisto en llamar el Marco Jurídico para la Impunidad, cuya incompatibilidad con el ordenamiento

constitucional e internacional ha puesto muy de manifiesto el Señor Procurador en sus conceptos ante la Corte

Constitucional y sus declaraciones públicas. Es un debate en el que hay que acompañarlo hasta lo último, pues

una paz injusta resulta ser un contrasentido. Si a eso se llegara, Colombia se vería abocada a nuevos y

penosísimos conflictos.

“Por último, dice el Comunicado Oficial del Vaticano, se ha reiterado el compromiso de la Iglesia en favor de

la vida y la familia”. Bien sabemos, por sus antecedentes, que este no es compromiso de quien le promete a

Colombia justicia, modernidad y seguridad, sino de creyentes y no creyentes que abrigamos firmes

convicciones acerca de que la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural es inviolable, por

cuanto es el supuesto de todo derecho, y de que la familia es núcleo fundamental de la sociedad constituido

por un hombre y una mujer, de acuerdo con el texto del artículo 42 de la Constitución, que ha sido objeto de

una abusiva interpretación, como otras muchas que su tendencia dictatorial ha impuesto, de parte de la Corte

Constitucional.

La defensa de la vida y la de la familia no es otra cosa que la defensa de la civilización, que es la razón de ser

del pensamiento conservador, hoy bastante desdibujado, por cierto. Pues bien, es por su empeño tenaz e

insomne, de todas las horas, en defensa de tan significativo patrimonio de la humanidad, que hoy aplaudimos

y acompañamos al procurador Ordóñez. Sabemos que sus enemigos están siempre prestos a difamarlo,

ridiculizarlo y hasta agredirlo, de palabra o de obra. Pero es batalla digna de un espíritu grande.

Que Dios lo bendiga, Señor Procurador.