numero 1989 de proceso

8/20/2019 Numero 1989 de Proceso

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Índice

CISA / Co mu ni ca ción e Información, SA de CV

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ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. [email protected]

DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra

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semanario de información y análisis

No. 1989 • 14 de diciembre de 2014

NARCOTRÁFICO

34 Coahuila tuvo su Ayotzinapa /Juan Alberto Cedillo 38 El Cártel de Sinaloa hace negocios con el

extremismo islamista /J. Jesús Esquivel

INTERNACIONAL42 ALEMANIA: Diagnóstico desde Berlín: El Estado

mexicano pierde el control /Yetlaneci Alcaraz

48 CHILE: Agustín Edwards, desclasificado /Francisco Marín

ANÁLISIS52 Insulto gubernamental, empresarial y militar

/Jesús Cantú

53 Página heroica /Naranjo 54 La batalla por México /John M. Ackerman

CASO AYOTZINAPA

6 La historia no oficial /Anabel Hernández y Steve Fisher 12 Intento de soborno de la Segob para “superar”

la tragedia /Gloria Leticia Díaz

16 Iguala-Cocula-Taxco: el corredor de lasdesapariciones /Marcela Turati

19 Los diputados quieren quitarle la calle ala gente /Jesusa Cervantes

CORRUPCIÓN

24 Angélica Rivera es, en sí misma, un conflictode interés de Peña Nieto /Jenaro Villamil 28 Para Hinojosa Cantú, una tajada del acueducto

Monterrey VI /Luciano Campos Garza 31 Fiscalía anticorrupción: a la búsqueda de un

Eliot Ness independiente /Álvaro Delgado

Fo to tomada con un telé fono ce

lular por un

es tudian te de A yo tzinapa

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VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle,Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Barbara López, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual

Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 20249 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Rosa Morales.

ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro,Betzabé Estrada, Javier Venegas

ALMACÉN y PRO VEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia

MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez

CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, RaquelTre jo Tapia

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OFICINAS GENERALES: Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF

CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000

FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción.

AÑO 38, No. 1989, 14 DE DICIEMBRE DE 2014

IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF

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55 Las rutas divergentes de América Latina /Olga Pellicer

56 ¿Por siempre jamás o nunca más? /Ariel Dorfman

CULTURA58 Las voces de la cultura por Ayotzinapa

/Columba Vértiz de la Fuente

62 Los sindicatos del INAH y el INBA /Judith Amador Tello

65 Páginas de crítica

ARTE: Conaculta en el mercado del arte /Blanca González Rosas MÚSICA: La paloma y el ruiseñor

/Mauricio Rábago Palafox

TEATRO: Obra Reunida de José Revueltas /Estela Leñero Franco

CINE: Navajazo /Javier Betancourt

TELEVISIÓN: Sistema público deradiodifusión del Estado /Florence Toussaint

LIBROS69 Censura de Planeta en España

/Alejandro Gutiérrez

DEPORTES /ADMINISTRACIÓN

72 Un pedazo menos a la Ciudad Deportiva de laMixhuca /Raúl Ochoa

75 El regalo de la UNAM a Harp Helú /Beatriz Pereyra

78 Palabra de Lector

82 Mono Sapiens / Calendario de fotos famosas para un país lleno de fosas /Helguera y Hernández

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La historia

no oficialANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHERF

uerzas federales participaronen el ataque contra los estu-diantes de la Normal de Ayotzi-

napa la noche del pasado 26 deseptiembre en Iguala, Guerrero,durante el cual murieron tres

normalistas y 43 fueron desaparecidosen una sucesión de hechos conocida entiempo real por el gobierno federal.

Un trabajo realizado con el apoyo delPrograma de Periodismo de Investigaciónde la Universidad de California en Berke-ley con base en testimonios, audiovideos,informes inéditos y declaraciones judicia-les muestra que la Policía Federal (PF) par-ticipó activa y directamente en el atentado.

Aún más, de acuerdo con la informa-ción obtenida por Proceso en la Normal de

Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los

estudiantes fue dirigido específicamente ala estructura ideológica y de gobierno de lainstitución, pues de los 43 desaparecidos

uno formaba parte del Comité de Lucha Es-tudiantil, máximo órgano de gobierno dela escuela, y 10 eran “activistas políticos enformación” del Comité de Orientación Polí-tica e Ideológica (COPI).

Hasta ahora la versión oficial es que elentonces alcalde de Iguala, José Luis Abar-ca, ordenó la agresión, preocupado por laposibilidad de que los estudiantes inte-rrumpieran el informe de actividades desu esposa, María de los Ángeles Pineda Vi-lla, titular del DIF municipal.

Según esta versión, policías municipa-les de Iguala y del vecino ayuntamientode Cocula atacaron y capturaron a los es-

tudiantes, mientras Guerreros Unidos los

asesinó y quemó, con el desconocimien-to de los agentes federales y los soldadosdestacados en la zona. Sin embargo, los

documentos y testimonios obtenidos re-velan una historia diferente.

Un informe inédito del gobierno deGuerrero, fechado en octubre, entregadoa la Secretaría de Gobernación (Segob) ha-ce más de un mes y obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de sep-tiembre, señala que desde su salida de lasinstalaciones de la Normal de Ayotzina-pa los estudiantes eran monitoreados poragentes de las administraciones estatal yfederal.

El documento reporta que a las 17:59horas el Centro de Control, Comando, Co-municaciones y Cómputo (C4) de Chilpan-

cingo informó que los normalistas partían

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La noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Co-cula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, ataca-ron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres ya otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupoque presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la ver-sión oficial. Pero una investigación periodística, basadaen documentos, audiovideos y testimonios, cuenta otrahistoria: El ataque fue orquestado y ejecutado por laPolicía Federal, con la complicidad o franca colabora-ción del Ejército.

de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00horas la PF y la Policía Estatal llegaron ala autopista federal Chilpancingo-Iguala,

donde los estudiantes empezaban a haceruna colecta. A las 21:22 horas el jefe de labase de la PF, Luis Antonio Dorantes, fueinformado de la entrada de los jóvenes ala central camionera y a las 21:40 el C4 deIguala reportó el primer tiroteo.

El informe añade que desde el pasado 28de septiembre la Fiscalía General de Guerre-ro ordenó a la PF informar si sus agentes par-ticiparon en los hechos del 26 de septiem-bre; pidió el registro de entrada y salida delpersonal de su base de operaciones y exigióel número de patrullas y el registro del ar-mamento usado del 24 al 28 de septiembre.

De acuerdo con la averiguación pre-

via HID/SC/02/0993/2014, la PF no entregó

esa documentación. El 4 de octubre, antela presión política el gobierno de Guerrerodeclinó su competencia y desde entonces

la administración de Enrique Peña Nietotiene el control de la investigación.

Los videos

Este semanario pudo ver 12 videos grabadospor los estudiantes con sus teléfonos celu-lares durante el ataque. En uno de ellos lasvíctimas identifican claramente la presen-cia de la PF. “¡Ya se están yendo los policías...se quedan los federales y nos van a quererfastidiar!”, es la advertencia de un estudian-te que se escucha en una de las grabaciones.

En la historia reciente los normalis-tas de Ayotzinapa ya habían sido atacados

por la PF.

El 11 de diciembre de 2011, durante unamanifestación en la autopista México-Aca-pulco los federales dispararon contra ellosy mataron a los estudiantes Jorge AlexisHerrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.El expediente CNDH/1/2011/1/VG consignaque varios normalistas fueron detenidos ygolpeados por la Policía Ministerial de Gue-rrero y por la PF.

Hasta ahora el gobierno de Peña Nie-to ha ocultado la información que tie-ne acerca de la participación de la PF y elEjército en los acontecimientos.

La tarjeta informativa número 02370,

firmada por el coordinador operativo de la

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región Norte de la Secretaría de SeguridadPública y Protección Civil de Guerrero, JoséAdame Bautista, fechada el 26 de septiem-

bre, afirma que a las 17:59 horas “reporta-ron vía telefónica desde el C4 Chilpancin-go sobre la salida de dos autobuses de lalínea Estrella de Oro con números econó-micos 1568 y 1531 con estudiantes de laescuela rural Ayotzinapa con dirección ala ciudad de Iguala”.

La Normal Rural Raúl Isidro Burgos es-tá en el municipio de Tixtla, a una hora porcarretera de Chilpancingo y dos de Igua-la. Se reportó a los tres niveles de gobier-no la salida de los estudiantes en tiempo

real; esto indica que había vigilancia sobreellos antes del ataque.

La tarjeta informativa de Adame agrega

que los dos camiones llegaron a las 20:00horas a la caseta de cobro número tres deIguala. Un camión se quedó ahí y el otro,frente al restaurante La Palma en la carre-tera federal Iguala-Chilpancingo, a dondellegaron las policías Estatal y Federal.

“Por lo antes narrado el suscrito (Ada-me Bautista), con tres elementos más,se trasladó a la caseta en mención, lugardonde se coordinó con personal de la Po-licía Federal sector Caminos al mando deloficial Víctor Colmenares Campos con cin-

co elementos más en tres unidades proce-diendo a monitorear las actividades de di-chos estudiantes”, señala el documento.

El informe de la esposa de Abarca co-mo presidenta del DIF municipal conclu-yó a las ocho de la noche –dos horas antesde que los estudiantes entraran a la ciu-dad–, según declaraciones judiciales de la

averiguación previa HID/SC/02/0993/2014abierta por el gobierno guerrerense –de lacual se tiene copia– y testimonios obteni-dos por este semanario.

Omar García, líder del COPI de Ayotzi-napa, entrevistado por Proceso en las ins-talaciones de la Normal, explica que esteaño a su escuela le tocó “recolectar” 20 ca-miones para que ésta y otras normales ru-rales fueran a la marcha del 2 de octubreen la Ciudad de México. Antes de ir a Igua-la ya habían “capturado” ocho camiones eiban por más. Contra la versión de la Pro-curaduría General de la República (PGR),afirma que no tenían intención de protes-

tar contra el alcalde o su esposa.Sostiene que en la carretera federal

Iguala-Chilpancingo los normalistas toma-ron un autobús, pero el chofer no quiso bajar al pasaje y dijo que les daría la unidadal llegar a la central. Pero cuando llegó a laestación, encerró en el vehículo a 10 estu-diantes, quienes llamaron a sus compañe-ros para pedir ayuda.

Los refuerzos llegaron y rompieron lapuerta del camión para sacar a sus compa-ñeros. “Se armó el jaleo y llamaron a la po-

En torno al caso del ataque a los nor-malistas de Ayotzinapa, actas dela Procuraduría General de la Re-pública (PGR) prueban que al me-

nos cinco de los supuestos integrantes de

Guerreros Unidos detenidos y que declara-ron contra el exalcalde igualteco José Luis

Abarca y contra las policías de Iguala y Co-cula fueron previamente torturados por ma-rinos y policías federales.

Sidronio Casarrubias, a quien la PGRseñala como máximo líder de GuerrerosUnidos, fue detenido el 15 de octubre entrelas 21:00 y las 22:00 horas en un restau-rante, aunque la procuraduría dijo que fueatrapado mientras circulaba por la carreteraMéxico-Toluca. Aceptó ser hermano deMario Casarrubias, acusado de narcotráfi-co, pero negó pertenecer al grupo criminal.

La PGR usó su testimonio para decirque entre los estudiantes había miembrosdel grupo criminal Los Rojos y que estabanarmados, así como que el alcalde de Igualadaba al grupo una cuota millonaria bimes-

tral o mensualmente.Según la dependencia fue Sidronio

quien confirmó que los estudiantes estabanmuertos, aunque no ofreció pruebas.

Raúl Núñez Salgado, quien tiene unacarnicería en Iguala y se dedica a organi-zar bailes y jaripeos, fue detenido el 16 deoctubre cuando salía de un centro comer-cial en Acapulco. La PGR lo acusa de seroperador financiero de Guerreros Unidos yafirma que “confesó” el pago de sobornosa la policía de Iguala y al alcalde.

En la “fe de integridad física” levantadaen la PGR se asienta que antes de decla-

Declaracionesa base de torturas

ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

rar, Núñez presentaba más de 30 tipos de

lesiones, entre ellas hemorragia interna enlos ojos, huellas de golpes en los oídos,moretones de 12 por ocho centímetros enla mejilla, marcas en el cuello y brazos ygolpes en las costillas. Por esas contusio-nes presentó una queja contra los marinosque lo detuvieron.

Carlos Canto, El Pato, profesor desecundaria y propietario del bar La Perinola,fue detenido en Iguala el 22 de octubre alas 03:00 horas por la Marina y la PolicíaFederal (PF). La PGR lo acusa de delincuen-cia organizada y de la desaparición de losestudiantes. Fue obligado a declarar contraNúñez Salgado, contra profesores amigos

suyos y contra Abarca. El 29 de octubredijo en su declaración preparatoria que fuetorturado con toques eléctricos y golpes porla Marina para declarar con base en una listade nombres preparada por ellos.

El 7 de noviembre, durante la confe-rencia de prensa para informar acerca delpresunto asesinato y cremación de losnormalistas, el procurador general JesúsMurillo Karam presentó el testimonio deotro individuo igualmente apodado El Pato,Patricio Reyes Landa, visiblemente gol-peado, quien supuestamente confesó quehabía matado y quemado a los estudiantes.

G e r m á n C a n s e c o

Omar García. Testimonio

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Insectos eléctricos

Francisco Lozano y Eury Flores fuerondetenidos el 27 de octubre por la Marina enun departamento de Cuernavaca, Morelos,aunque según los marinos el arresto ocurrióa las 5:00 horas del día 28, cuando inter-ceptaron su coche, donde supuestamentetraían armas y cartuchos. Están acusadosde delincuencia organizada, delitos contrala salud y violación a la Ley Federal de

Armas de Fuego. Flores declaró que perte-necía al grupo de Guerreros Unidos y queNúñez Salgado y Abarca también.

Según las constancias de integridadfísica de la PGR, Flores presentaba hema-

tomas en las costillas, en un ojo y un labio,y dijo querer presentar denuncia contraquien lo golpeó. Lozano tenía una herida enel tórax y las muñecas amoratadas, “y enla parte trasera de la espalda, arriba de losglúteos, se aprecian picaduras, al parecer dealgún insecto con terminación puntiforme”…huellas del arma eléctrica con la cual loatormentaron. Lozano declaró al MinisterioPúblico que fue torturado por los marinosque lo detuvieron.

Néstor Napoleón Martínez, empleadode contabilidad e hijo de un funcionario dela Secretaría de Salud guerrerense, tuvo la

costra en el muslo, cerca de la ingle. Acusó

de las lesiones a los policías que lo detuvie-ron y se reservó su derecho a declarar.

La fuente de la PGR a la que recurrieronlos reporteros se limitó a responder que esainstitución “desconoce los hechos”.

misma suerte. Lo detuvo la PF el 27 de oc-

tubre en Iguala a las afueras del Centro Cris-tiano Nueva Vida. Cuando fue presentadoen la PGR tenía al menos 10 lesiones, entreellas un hematoma de 13.5 por seis cen-tímetros en el vientre y cuatro heridas con

licía”, apunta Omar. De la central tomaronotros camiones. Dos se fueron hacia Peri-férico Sur y otros tres debían tomar haciaPeriférico Norte, pero equivocaron la ruta.

Testigos afirman que cerca de las 22:00horas vieron circular tres autobuses depasajeros por la calle Juan N. Álvarez y ala altura de la catedral los estudiantes co-

menzaron a bajar. El chofer que manejabael primer camión, Hugo Benigno Castro,asentó en su declaración judicial que los jóvenes bajaron para preguntar a la gentepor la salida a Chilpancingo.

Se escucharon entonces los primerosdisparos y la gente corrió. El policía mu-nicipal Raúl Cisneros declaró que tras serinformado de un posible asalto acudió a lazona. Dijo que en el lugar forcejeó con dosestudiantes que supuestamente lo quisie-ron desarmar, y su supervisor de turno,Alejandro Temescalco, y él dispararon alaire. Ahí no hubo heridos.

Los estudiantes ahuyentaron a las pa-

trullas a pedradas. Los tres vehículos si-guieron por la Juan N. Álvarez rumbo alPeriférico.

Federales

El ahora exsecretario de Seguridad Públi-ca municipal de Iguala, Felipe Flores Ve-lázquez, en su declaración judicial el 27 deseptiembre dijo que a las 21:22 horas reci-bió un reporte telefónico de que los estu-diantes estaban tomando camiones. Ase-

guró que inmediatamente llamó a LuisAntonio Dorantes, jefe de la base de la PF,quien le dijo que estaría alerta.

“A las 21:30 horas los radioperadores dela Policía Estatal del C4 Iguala y del CuartelRegional me hacen del conocimiento quelas operadoras del servicio de emergencias066 han recibido llamadas telefónicas don-

de advierten que estudiantes de la NormalRural de Ayotzinapa están haciendo des-manes en las centrales de autobuses Estre-lla Blanca y Estrella de Oro”, indicó AdameBautista en su tarjeta informativa.

Al mismo tiempo que la Policía Estatalrecibía el reporte, también lo recibieron laPF, el Ejército y la Policía Municipal de Igua-la, instancias a las cuales el C4 les reporta.Desde ahí se controla la red de cámaras devigilancia, algunas de ellas instaladas en elcentro de la ciudad. Pero aun cuando la Fis-calía General del Estado pidió las imáge-nes, nunca le fueron entregadas.

En el documento citado se afirma que a

las 21:40 horas el C4 de Iguala recibió el re-porte de “detonaciones de arma de fuego”.Según Adame Bautista su policía no aten-dió la contingencia por órdenes del subse-cretario de Prevención y Operación de laPolicial Estatal, Juan José Gatica Martínez.

Natividad Elías Moreno, operador deradio de la policía de Iguala y quien tra-bajaba en el Palacio Municipal la nochedel 26 de septiembre, explica en entrevis-ta que el C4 del municipio está conectadoal Sistema Nacional de Seguridad Pública,

controlado por la Segob. Afirma categóricoque todos los reportes que llegan al C4 vansimultáneamente a la PF, al Ejército y a lasinstancias federales de seguridad.

El pasado 7 de noviembre el procura-dor general Jesús Murillo Karam afirmóque el “operador de radio de la central depolicía de Iguala, David Hernández Cruz”,

declaró que fue Abarca quien ordenó elataque a los estudiantes. De acuerdo conla copia obtenida por este semanario de la“orden de los Servicios Operativos de Vigi-lancia, así como de los Servicios Adminis-trativos”, ningún empleado de dicha cor-poración tiene ese nombre.

Los documentos obtenidos indican quedesde el 28 de octubre la Segob y el sena-dor priista Omar Fayad –cabeza del grupode trabajo encargado de indagar lo ocurri-do en Iguala– recibieron el informe porme-norizado del gobierno de Guerrero.

El segundo ataque

El segundo ataque tuvo lugar unas cua-dras antes de llegar al Periférico de Igua-la. Las balas impactaron los vidrios de losvehículos, poncharon las llantas y una pa-trulla municipal le cerró el paso a la ca-ravana de tres autobuses. En una accióncoordinada y táctica los estudiantes que-daron atrapados entre dos fuegos, sin po-sibilidad de escapar.

Algunos estudiantes intentaron mo-ver la patrulla municipal, pero les dispa-

M i g u e l D i m a y u g a

Murillo Karam. Contradicciones

CASO AYOTZINAPA

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raron. El normalista Cornelio Copeño dijo que ese fue el momento en el cual sucompañero Aldo Gutiérrez recibió el dis-paro en la cabeza.

Los 12 videos obtenidos captaron laagresión. En un audio sin imagen se escu-chan las ráfagas. En otro se ve a Aldo tira-do al lado de una patrulla agitando los bra-

zos. Y en una grabación más se escuchaque los estudiantes reclaman a los policíaspor qué recogen los casquillos percutidos.

El tercer autobús fue el más dañado.Asientos y pasillos quedaron manchadosde sangre, como se ve en las fotografíastomadas por los estudiantes. Fue de ahíde donde se llevaron a algunos de los 43desaparecidos.

El estudiante Francisco Trinidad Chal-ma declara que durante el segundo ata-que “policías municipales” bajaron a suscompañeros y en el costado izquierdo delcamión los tenían sometidos. “Eran como17 o 18 y policías eran alrededor de 60. Al

parecer había compañeros heridos por-que los tuvieron un rato en el suelo”.

Otros testimonios de los mismos estu-diantes hablan de “patrullas municipales”y “más patrullas”, y afirman que algunosatacantes estaban equipados con peche-ras, rodilleras, cascos, coderas y pasamon-tañas, y una patrulla traía un soporte paraametralladora desde donde un uniforma-do los encañonó. Otros agregan que lospolicías adoptaron posición de tiro. Se in-vestigó que la Policía Municipal de Igualano usa ese equipo ni éste forma parte delos objetos asegurados por la fiscalía.

“Pregunté quiénes habían sido los

que les habían disparado, manifestándo-me los compañeros que habían estado enel lugar de los hechos que primeramentefueron los policías municipales, quienescon un vehículo tipo patrulla les obstacu-lizaron la circulación, y unos compañerosse bajaron a hacer la patrulla a un lado pa-ra que los dejaran pasar, y que al momen-to de que intentaron mover la patrulla (…)llegaron elementos de la Policía Federal y

ellos fueron los que dispararon en contrade mis compañeros, hiriendo a varios deéstos, y resultó muerto uno de ellos, sinsaber el nombre de éste, por lo que los de-más compañeros se bajan de los autobu-ses y salen corriendo para protegerse delas balas de los federales, por lo que se pu-sieron atrás de los autobuses y otros se ti-

raron al piso, y que uno de los federales sepuso a fumar un cigarro en una esquina, yhaciendo ademanes de que se arrimaran,ya de ahí los federales empezaron a reco-ger los casquillos para no dejar evidenciasde los hechos”, declaró a la fiscalía el estu-diante Luis Pérez Martínez.

Un testigo entrevistado por Proceso se-ñala que fue a ver qué pasaba. Cuando lle-gó, la calle estaba cerrada por policías en-capuchados, con armas largas, uniformesoscuros y se fijó en el detalle de que nousaban pantalones como los de los poli-cías municipales. Uno de los videos revisa-dos por los reporteros demuestra que en-

tre los atacantes sí había agentes de la PF.Se buscó en la Normal de Ayotzinapa a

los estudiantes que estuvieron durante lostres ataques ocurridos en la calle Juan N. Ál-varez, pero no fue posible localizarlos puesa la mayoría de ellos sus padres los sacaronde la escuela poco después de que los jóve-nes declararon ante las autoridades, la ma-ñana del 27 de septiembre, a las cuales, portemor, les dieron nombres falsos.

Vidulfo Rosales, abogado de los nor-malistas y de los padres de los desapareci-dos, dice a Proceso que tras el ataque hu-bo confusión y miedo, pero que desde uninicio los estudiantes declararon que la PF

participo en el ataque. En los últimos díasde noviembre los jóvenes ampliaron susdeclaraciones ante la PGR para dar másdetalles de la participación en los hechosde la PF y el Ejército.

Municipales y Ejército

La base de la policía de Iguala está en el nú-mero 109 de Rayón, un callejón. La PGR sos-

tuvo que esa noche los 43 estudiantes fue-ron trasladados ahí en patrullas y despuésfueron entregados a Guerreros Unidos.

La base tiene una sola entrada y por suportón no caben las camionetas con roll bar que usa la Policía Municipal. Esto se verifi-có pues la PF, que ahora resguarda esas ins-talaciones, usa el mismo tipo de unidades

y éstas no pueden pasar. Los detenidos sonbajados en la calle y entran caminando.

Por dentro las oficinas de una sola plan-ta forman una especie de escuadra y todastienen vista a un patio abierto con formatriangular al cual también tienen vista lascasas aledañas. Los vecinos afirman a estesemanario no haber visto ni escuchado na-da fuera de lo común esa noche.

Ante diputados federales, el secretariode la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmóel 13 de noviembre que el 27 Batallón de In-fantería supo del ataque dos horas despuésde ocurrido. Pero según esta investigación,los militares sí fueron informados a través

del C4 y comandos del batallón estaban enla zona cuando todo pasó.

Luego del segundo ataque, entre las23:00 y las 24:00 horas, un capitán del quesólo se conoce el apellido, Crespo, del 27Batallón de Infantería, llegó a la base de laPolicía Municipal de Iguala junto con otros12 militares.

Crespo habló con el juez de barandi-lla Ulises Bernabé García y con el pretextode buscar “una motoneta blanca” se metióa inspeccionar las celdas, oficinas y el pa-tio. Testigos de la visita del capitán dijeronque después de que se supo de la desapa-rición de los estudiantes, les pareció más

sospechosa.El 21 de noviembre Bernabé García fue

citado a declarar por primera vez por unaautoridad desde que ocurrieron los he-chos. Dijo a la PGR lo ocurrido con el ca-pitán Crespo y afirmó que los estudiantesde Ayotzinapa nunca fueron llevados a labase de la Policía Municipal.

El 30 de octubre a las afueras de Igua-la fue colocada una manta dirigida a Peña

Audiovideos disponibles en www.proceso.com.mx

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Nieto supuestamente firmada por un nar-cotraficante apodado El Gil. En ésta se res-ponsabilizó de la muerte y desapariciónde los estudiantes de Ayotzinapa, entreotros, al “capitán Crespo”, a quien se acu-só de trabajar para el crimen organizado.

A las 23:00 horas Omar García y otrosestudiantes de Ayotzinapa llegaron a Igua-

la luego de recibir llamadas de auxilio desus compañeros. Hubo una hora sin dis-paros y ya no se veía a ningún policía. Losnormalistas llamaron a la prensa y mien-tras daban una conferencia en la esqui-na del Periférico y Juan N. Álvarez, un co-mando abrió fuego contra ellos a distancia.Cuando echaron a correr hubo varios he-ridos y dos estudiantes cayeron muertos:Daniel Solís y Yosivani Guerrero.

El cuerpo de Julio César Mondragón,el tercer estudiante asesinado, aparecióal día siguiente en las inmediaciones delC4 con el rostro desollado y con un globoocular desprendido. No tenía ningún dis-

paro y según la necropsia murió por frac-tura de cráneo.

García dice a este semanario que quie-nes dispararon era gente entrenada: “Esobvio que era gente muy capacitada; hesido testigo de muchas balaceras en mu-chos lugares”, afirma.

“El Ejército llegó rápidamente. Entró.Cortaron cartucho a modo de que iban,no sé, contra delincuentes, nos acusó deque estábamos allanando morada, quenos iban a llevar a todos, pues que éramosdelincuentes”. Señala que los obligaron aquitarse la camisa, revisaron si traían ar-mas, les tomaron fotografías y les pidie-

ron sus nombres reales.“‘No quiero que me den nombres falsos

porque si me dan un nombre falso, nuncalos van a encontrar’. Eso lo dijo así, textual-mente”, afirma Omar. “Nos estaban insi-nuando que nos iban a desaparecer o quenos iban a tener en algún lugar”.

Simultáneamente al tercer ataque hu-bo una cuarta agresión contra uno de loscamiones de normalistas que tomó hacia

Periférico Sur. De acuerdo con el informede la Fiscalía de Guerrero, el camión Estre-lla de Oro fue atacado en el tramo Iguala-Mezcala, tenía vidrios rotos y llantas pon-chadas. Se localizaron piedras, un suéter,un pañuelo y ocho playeras, una de ellascon sangre y residuos de gas lacrimógeno,el cual tampoco usa la policía de Iguala.

Tras los hechos del 26 y 27 de septiem-bre, el jefe de la base de la PF en Iguala, LuisAntonio Dorantes y el oficial Víctor Colme-nares fueron removidos de sus cargos, seinformó a Proceso en la base policiaca.

Se solicitó a la PGR y a la Segob un co-mentario sobre la participación de la PolicíaFederal y el Ejército en el ataque a los nor-malistas. En nombre de la procuraduría, unfuncionario aceptó fijar una postura “insti-tucional” y exigió su anonimato personal.

Dijo que el procurador Jesús MurilloKaram ya había señalado que “las investi-

gaciones continúan y que van a llegar has-ta sus últimas consecuencias”. La respues-ta a las preguntas planteadas forma partede esa investigación, agregó la fuente, y“por tanto nada podemos decir”.

CASO AYOTZINAPA

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Intento de

soborno de la Segob para “superar”

la tragedia

Al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya imagen se desmo-rona ante los ojos del mundo, le urge dejar atrás el casoAyotzinapa. Y ni siquiera cuando está más desacreditadopor las sospechas de corrupción que lo envuelven, aban-dona prácticas innobles, como la petición del mandatariode “superar” la tragedia. De ahí también el intento de lasubsecretaria de Gobernación Lía Limón de sacar la che-quera y repartir dinero entre los familiares de las vícti-mas, estrategia a la que antes recurrió infructuosamenteel gobernador sustituto de Guerrero. Los padres de losnormalistas dejan muy claro que no quieren dinero. Quie-ren a sus hijos vivos.

Conf er encia de los padr es de los nor malist as


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GLORIA LETICIA DÍAZ

A poco más de dos meses delataque contra los normalis-tas de Ayotzinapa el gobiernode Enrique Peña Nieto intentainfructuosamente cerrar esecapítulo de barbarie que ya

marcó su sexenio, mientras los padres delos estudiantes desaparecidos siguen sinconfiar en las investigaciones de la Procu-raduría General de la República (PGR) y nodejan de exigir justicia.

“No van a poder con nosotros hasta

que nos entreguen a nuestros hijos; ahí sínos derrotan”, advierte Felipe de la Cruz,vocero de los padres de los normalistas,en entrevista con Proceso.

Los esfuerzos del gobierno federal pordejar atrás la tragedia empezaron inclu-so antes de que Peña Nieto, al presentar elPlan Nuevo Guerrero el jueves 4 en Coyu-ca de Benítez, llamara a hacer “un esfuer-zo colectivo”, mirar “hacia adelante y (…)superar este momento de dolor”.

En la última quincena de noviembre lasubsecretaria de Asuntos Jurídicos y Dere-chos Humanos de la Secretaría de Gober-nación (Segob), Lía Limón García, ordenóa sus subalternos organizar una reunióndel Comité Técnico del Fideicomiso parael Cumplimiento de Obligaciones en Ma-teria de Derechos Humanos a fin de in-demnizar a las familias de los 43 norma-listas desaparecidos.

De acuerdo con fuentes que pidieron elanonimato, la pretensión de la funcionariaera abrir la chequera para resarcir a los fa-miliares de los normalistas desaparecidosy así presentar ante instancias internacio-nales “avances” en el caso Ayotzinapa, elcual rebasó las fronteras y ha dejado mal-trecha la imagen de Peña Nieto.

Los cuestionamientos a México en elmundo por los crímenes de Ayotzinapafueron palpados por Limón García, quienrepresentó al Estado mexicano en una se-sión de la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH) el pasado 30 deoctubre en Washington y en otra de la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos

(Coidh) en San José de Costa Rica, el 21 denoviembre.

En ambos actos la sombra de Ayotzi-napa siguió a la delegación mexicana. Co-misionados de la CIDH y jueces de la Coi-dh tocaron el tema mientras activistasacudieron a manifestarse con pancartas.

Al regresar de Costa Rica, Limón orde-nó la reunión del comité técnico del fidei-comiso, del cual ella forma parte, con fun-cionarios de la Segob: el subsecretario LuisMiranda, el oficial mayor José FranciscoMárquez Montes y la comisionada nacionalpara Prevenir y Erradicar la Violencia contralas Mujeres, Alejandra Negrete.

El propósito: Analizar la disposición derecursos del fondo del fideicomiso, que en2014 tuvo un presupuesto de 51 millonesde pesos, y para 2015 contará con seis mi-llones adicionales.

Sin embargo, “la sesión del comité nose llevó a cabo porque la subsecretaria fueadvertida: Hablar de reparación en estecaso era aceptar la responsabilidad del Es-tado, sin haber de por medio una senten-cia de la Corte Interamericana o una re-comendación de la Comisión Nacional delos Derechos Humanos, que es para lo quese estableció el fideicomiso”, apunta unade las fuentes consultadas.

Otra más acota: “Por el caso de Igua-la sólo hay medidas cautelares emitidaspor la CIDH dirigidas a la búsqueda de losestudiantes. No hay forma de justificar elgasto a menos que la orden venga directa-mente del secretario (Miguel Ángel) Oso-rio Chong y por supuesto que los repre-sentantes y los familiares acepten”.

Proceso solicitó una entrevista con lasubsecretaria Limón para conocer los deta-lles de su propuesta; hasta el cierre de estaedición no había respondido a la solicitud.

También Ortega

Sin conocer el planteamiento del gobier-no federal, Felipe de la Cruz sostiene quehasta ahora ni los padres de los desapare-cidos ni los de los asesinados han acepta-do dinero.

“Estamos todos unidos en nuestra es-peranza. Somos muy pobres pero no esdinero lo que queremos. Ni siquiera elseñor Ezequiel (Mora), papá de Alexan-der, que ya fue identificado; él nos dijoque va a continuar al lado de nosotroshasta que sepamos la verdad y haya jus-ticia”, afirma el vocero de los padres delos normalistas.

Entrevistado el martes 9, De la Cruzcuenta que días después de los ataquesen Iguala, funcionarios del gobierno deÁngel Aguirre “llegaron a las casas de losmuchachos que mataron primero, pero noaceptaron (dinero). Lo que ellos quieren es justicia”.

Una vez que Aguirre fue sustituido por

Rogelio Ortega, apunta, integrantes de suequipo fueron a las casas de los desapa-recidos para “ofrecer 1 millón y medio depesos por muchacho; ofrecieron casas, be-cas… pero a quien va, los señores los co-rren de sus casas”.

Notoriamente cansado tras más de 70días de búsqueda de su hijo Ángel, de 19años, y de participar en movilizaciones entodo el país, cuenta que el 31 de octubre eldirector de la Normal Rural Raúl Isidro Bur-gos, José Luis Hernández Rivera, se acercóa los padres de familia en nombre de la es-posa del gobernador Ortega Martínez, RosaIsela Ojeda Rivera.

El director “llegó con la propuesta dellevarnos recursos, para empezar 10 milpesos como apoyo, pero que a cambio de-bíamos dejar que la señora estuviera en laescuela con nosotros; los padres dijeron:‘No queremos nada del gobierno. Quere-mos a nuestros hijos, y mientras no noslos entreguen, no queremos dinero’”.

Hernández Rivera ha insistido en acer-car a los padres con el gobernador y su es-posa, señala De la Cruz, “porque dice queestudiaron juntos y se conocen desde ni-ños, que quiere ayudarnos; pero los pa-dres no podemos confiar en el gobernadorporque fue impuesto y ni siquiera se atre-

ve a buscarnos, manda a su mujer”.Felipe de la Cruz dice que para ellos,

detrás de las ofertas está la intención deacallar el movimiento y dar carpetazo alas investigaciones, sobre todo después deque el domingo 7 el procurador general, Jesús Murillo Karam, confirmó la muertede Alexander Mora.

“No creemos lo que dice la PGR. Haycuestiones que no están claras. No pode-mos aceptar, como quiere el gobierno, quelos 43 muchachos fueron quemados en unbasurero porque identificaron a Alexan-der; no creemos porque nuestros peritos(el Equipo Argentino de Antropología Fo-rense) dijeron que ellos no vieron de dón-de salió ese hueso”, sostiene.

Las dudas en cuanto a la veracidad dela versión oficial fueron alimentadas conun análisis científico realizado por los in-vestigadores Jorge Antonio MontemayorAldrete y Pablo Ugalde Vélez, del Institu-to de Física de la UNAM y de la UAM-Azca-potzalco, respectivamente.

Con base en la revisión de los materia-les gráficos mostrados por la PGR y las fo-tografías publicadas en el número 1985 deProceso, cotejados con informes científi-cos de métodos tradicionales y modernos

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de cremación, así como de la resistenciade materiales, los investigadores conclu-yeron que la hipótesis de la PGR no tienesustento.

Inconsistencias en la investigaciónPara los representantes legales, en el ex-pediente abierto por la PGR están los mo-tivos de la resistencia de los padres de fa-milia a aceptar la versión gubernamental.

El abogado del Centro de Derechos Hu-manos de la Montaña Tlachinollan, Vidul-fo Rosales Sierra, advierte que la hipótesisde Murillo Karam tiene inconsistencias jurídicas graves y sólo se sostiene portres alfileres: los testimonios de los pre-suntos ejecutores –Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez y Agustín ReyesGarcía–, quienes están arraigados.

En entrevista el abogado describe al-gunas de las fallas detectadas en la revi-sión del expediente de 18 tomos. Destacala falta de concordancia entre los hechosnarrados por los normalistas sobrevi-vientes y las declaraciones rendidas porlos tres detenidos ante la Subprocuradu-ría Especializada en Investigación de De-lincuencia Organizada, de quienes Muri-llo Karam presentó un video editado en laconferencia de prensa del 7 de noviembre.

En su declaración ministerial, señalaRosales, los presuntos integrantes de Gue-rreros Unidos aseguran que a las 22:00 ho-

ras del 26 de septiembre policías de Coculales entregaron a los estudiantes en el para- je denominado Loma de Coyotes, pero “noprecisan el número, dicen que entre 30 y32; repiten mucho la frase ‘la verdad no me

fijé’ y en el video presentado por Murillohay quien dice que 44; de acuerdo con es-ta versión, una vez en manos de GuerrerosUnidos llevan a los estudiantes al basurerodonde se daría el desenlace”.

Sin embargo, apunta, “a las 22:00 ho-ras se estaba dando la primera agresión alos estudiantes en Iguala, en la que poli-cías municipales les dispararon y se lleva-ron solamente a los estudiantes que viajaban en el tercer camión, de los cuatro enlos que iban, y cada uno no llevaba más de25 estudiantes, y en ese específicamentelos sobrevivientes dicen que viajaban en-tre 15 y 17”.

Tiempo después, continúa, “a las24:30 horas vendría la segunda agresión,en la que hombres armados vestidos decivil dispararon contra los estudiantesque daban una conferencia de prensa; enese momento los estudiantes se disper-san y es cuando desaparece el resto de losmuchachos”.

En la revisión de la línea de tiempo, “deser cierto lo que dicen los arraigados, losnormalistas que habrían llevado a Lomade Coyotes y habrían tenido ese desenlaceen el basurero de Cocula, serían aquellosque viajaban en el tercer camión. La pre-

Para el senador y exjefe del gobier-no de la Ciudad de México Alejan-dro Encinas la crisis reciente delPRD tiene dos fechas clave: 2008,

“cuando el gobierno de Felipe Calderón leentrega la dirigencia a Jesús Ortega” –suexcontendiente por la presidencia de ese

Los narcomunicipios “modelo zeta”JENARO VILLAMIL

O c t a v i o G ó m e z

partido–, y poco antes de las elecciones fe-derales de 2009, “cuando el narcotráficocambia su política de ‘plata o plomo’ paraprivilegiar el cobro de derechos y empiezaa definir las candidaturas” en el sol azteca yotros partidos.

Encinas ubica el cambio fundamen-tal en las relaciones del narcopoder y lospartidos justamente cuando se expande “elmodelo zeta” a buena parte de los munici-pios del país: “Para ellos es más importantegarantizar el cobro del derecho de pisoy el control de los cuerpos de seguridadmunicipales. Ellos son los que comienzan aimponer a los candidatos”.

La definición de muchos alcaldes enMichoacán, Morelos, el Estado de Méxicoy Guerrero “fue decidida por los narcos,no por los partidos. Sus ramificacionesestán por todas partes”, advierte.

Entrevistado días antes de que Cuauh-témoc Cárdenas renunciara al PRD el

pasado 25 de noviembre, Encinas tambiénes muy claro en su diagnóstico sobre esepartido y la crisis por la penetración delnarcopoder.

Sentencia: “El PRD está herido demuerte”, y si “quisiera revertir este deterio-ro de su relación con la sociedad, el puntode partida es saber cuál ha sido el nivel depenetración de estos grupos delictivos ensu estructura y si financiaron algunas cam-pañas a algún grupo o algún dirigente”.

Encinas conoció bien del fenómeno depenetración del crimen organizado en lasestructuras del PRD desde su campañapor la gubernatura del Estado de México

en 2011. En esa época, recuerda, “habíamás presencia de La Familia Michoacanaen municipios como Luvianos, Tlatlaya o

Amatepec”.Por ese vínculo con el Estado de Mé-

xico Encinas emprendió una investigaciónpropia sobre la matanza de los 22 jóvenes

gunta es: ¿dónde está el resto de los es-tudiantes que desapareció en la segundaagresión?”.

Entre las lagunas detectadas en la re-visión de los expedientes es que “no hay

un nexo causal entre la primera parte delas investigaciones, por las que se detuvoa 22 policías de Iguala y están procesadospor homicidio, con la segunda, en la queaparecen los policías de Cocula. Se trozala línea secuencial entre una y otra tesis”;además se duda que los testimonios de lospresuntos agresores sean espontáneos,debido a las huellas de maltrato en el ros-tro de Patricio Reyes Landa.

Una inconsistencia más: los arraiga-dos aseguran que “los tres accionaron susarmas, que efectuaron ocho disparos a unmismo número de estudiantes, lo que ha-bría ocurrido en la parte superior del ba-surero; pero la PGR reporta la localizaciónde 70 casquillos percutidos en el fondo delbasurero, sin que en los testimonios ha-ya una referencia de que hubieran recogi-do los casquillos y los hubieran lanzado alfondo del basurero”.

Otro elemento siembra dudas: “No hayuna evidencia física que vincule los res-tos del basurero con los localizados en elrío San Juan. Sólo hay evidencia testimo-nial porque los testigos lo afirman, peroen términos probatorios debe haber unaevidencia física que lo confirme y al día dehoy no existe”.

Encinas. Diagnóstico pesimista

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en Tlatlaya, perpetrada el 30 de junio últi-mo, que fue ignorada por el presidente ensu mensaje del 27 de noviembre.

“Hay un gran vacío en la investigaciónsobre estos hechos. El Ejército ha recono-cido que no se respetaron los protocolos yfalta aclarar muchas cosas. No se sabe si

fueron Los Rojos o Guerreros Unidos. Noveo indicios claros de que fueran guerrille-ros”, puntualiza Encinas.

Al senador también le ha pegado elcosto de la crisis de Iguala. El pasado 10de noviembre, durante una visita a Xalapa,fue agredido por manifestantes del FrentePopular Revolucionario, cercano al PRI,quienes le gritaron “¡asesino, asesino!” y lorodearon mientras daba una conferencia deprensa en el café La Parroquia.

Héctor Yunes Landa, senador del PRI porVeracruz, dijo lamentar lo sucedido y ofreciódisculpas al legislador perredista. El casofue discutido en el pleno del Senado y las

distintas bancadas se manifestaron contra lasagresiones a Encinas y a otros legisladores.

Municipios intervenidos

Hay 16 municipios “intervenidos” por lasfuerzas federales a raíz de la crisis de Igua-

la en la zona conocida como Tierra Calien-te. Ocho son gobernados por el PRD, sietepor el PRI y uno por el PAN.

Para Encinas la penetración de loscárteles de la droga en esas localidades es“una crisis del Estado mexicano, no sólode los partidos”, y más allá de las siglas lo

delicado es que las autoridades estatales yfederales “han sido incapaces e ineficacesen su respuesta”.

De los municipios guerrerenses interve-nidos, Encinas menciona como importanteslos casos de Coyuca de Catalán y Teloloa-pan. El primero, gobernado por Rey HilarioSerrano, del PRD, se identifica desde haceaños como territorio de los Beltrán Leyva.En el segundo gobierna Ignacio de JesúsValladares, del PRD también, con presuntosvínculos con La Familia Michoacana.

Los otros municipios investigadostambién por organismos de inteligencia yde seguridad son Cuetzala del Progreso,

Apaxtla de Castrejón, La Unión, Tlacotepecy Leonardo Bravo, gobernados por perre-distas. Están asimismo los casos de Taxco,Zihuatanejo, Chilapa de Álvarez y Chilpan-cingo, gobernados por priistas.

En Cuetzala del Progreso, el edil Felicia-no Álvarez Mesino ha sido señalado por sus

posibles vínculos con La Familia Michoaca-na. Durante su gestión, al menos ha sufridoun ataque de un grupo armado.

En el caso de Apaxtla de Castrejón,el Congreso local y la Unión de Pueblosy Organizaciones del Estado de Guerrero(UPOEG) sostienen que el acalde Efraín

Peña Damacio tiene vínculos con GuerrerosUnidos. Antes dominaba la zona La FamiliaMichoacana.

En Tlacotepec, gobernado por Mario Alberto Chávez Carbajal, denunciaronante la prensa local la presencia del cártelde Los Rojos. Miembros de este grupocriminal han sido detectados en munici-pios que administra el PRI, como en Chi-lapa de Álvarez, cuyo alcalde, FranciscoJavier García González, es acusado porel Frente de Defensa Popular de incluir amiembros de la delincuencia en la policíarural. Al edil de Chilpancingo, Mario More-no Arcos, se le señala por sus presuntos

vínculos con Los Rojos.En cuanto a Taxco, el alcalde priista

Salomón Majul González ha sido acusadopor sus posibles vínculos con GuerrerosUnidos. Sólo en 2014 se han descubiertoahí varias fosas con 32 cadáveres. En 2013habían hallado otras siete.

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Iguala-Cocula-Taxco:

el corredor de las desapariciones

Dedicado desde 2007 a apoyar a familias de desapareci-dos en Guerrero, el Taller de Desarrollo Comunitario (Ta-deco) sostiene que la entidad está llena de fosas clandes-tinas. Los municipios de Iguala, Cocula y Taxco, asegura,son corredores mortales, y en la zona la descomposiciónno se inició con la desaparición de los normalistas el pa-sado 26 de septiembre, sino que ya se había hecho visibledesde 2010.

Rosales refiere que a la indagato-ria le falta asentar las detenciones de12 supuestos integrantes de GuerrerosUnidos que colaboraron con los tresarraigados para ejecutar y carbonizara los estudiantes, así como la captu-ra del operador del grupo delincuen-cial, Gildardo López, además de las de

quienes fueran secretario de Seguri-dad Pública de Iguala y director de laPolicía Municipal, Felipe Flores y JesúsValladares, respectivamente, y la con-signación del exalcalde y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ánge-les Pineda, el primero procesado porel asesinato del luchador social ArturoHernández Cardona y la segunda aúnarraigada.

Pero la omisión más grave, alerta, esque la PGR no toma en cuenta los tes-timonios de sobrevivientes quienes “in-dican que hubo una participación acti-va del Ejército mexicano, que consistió

en neutralizar y someter a los estudian-tes en una colaboración plena con la po-licía preventiva”.

Contra la intención del gobierno fe-deral de circunscribir la responsabili-dad de los hechos en el crimen orga-nizado y en autoridades municipalescoludidas, Rosales sostiene que por lostestimonios de los sobrevivientes y porla magnitud de la tragedia, no hay dudade que la noche del 26 y la madrugadadel 27 de septiembre pasado se ejecutó“un operativo sumamente grande e im-presionante para controlar toda la ciu-dad de Iguala, del que necesariamente

tuvo que estar enterado el entonces go-bernador (Ángel Aguirre) y las autorida-des federales, el Ejército y la Policía Fe-deral, que tienen base ahí”.

Por esas inconsistencias, faltas yomisiones es que los padres de los nor-malistas de Ayotzinapa no están dis-puestos a admitir que sus hijos fueronreducidos a cenizas, insiste Felipe de laCruz.

“La posición de los padres es lamisma: No estamos aquí por dinero, si-no por nuestros hijos. Es cierto que nodormimos bien, que no comemos bien,es muy pesado… pero no nos van a de-tener. No vamos a tener vacaciones yno va a haber vacaciones para el presi-dente”, dice.

Sobre las palabras de Peña Nieto,quien pidió “superar el dolor” por el ca-so, De la Cruz apunta que de estar en sulugar el presidente “no lo superaría, por-que esto no se supera. Toda la vida quetengamos nosotros lo vamos a llevarpresente. Y él también lo va a tener pre-sente toda la vida, porque vamos a es-tar en todos lados. Antes sólo éramos 43;ahora somos miles o millones los quereclamamos a los muchachos”.

O s c a r A l v a r a d o

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MARCELA TURATI

Las investigaciones sobre el pa-radero de los 43 estudiantesnormalistas de Ayotzinapa handejado al descubierto que losmunicipios de Iguala, Cocula yTaxco forman un corredor don-

de la desaparición de personas se ha con-vertido en una epidemia, sea por los se-cuestros extorsivos y las levas de jóvenesperpetrados por grupos delincuenciales,así como por las desapariciones forzadascometidas por fuerzas públicas.

Por ese corredor pasa la mayoría de lagoma de opio que baja de los municipiosserranos de Guerrero e inunda de heroínael mercado estadunidense.

La zona se ha convertido en un germi-nadero de fosas clandestinas que desde elhallazgo de 55 cadáveres adentro de unamina de Taxco, en 2010, debió haber pues-to en alerta a las autoridades.

La polémica noticia difundida hacetres semanas por la televisora France 24sobre el presunto secuestro masivo de 30estudiantes en julio de 2013 en una se-cundaria de Cocula –material que fue re-tirado de la red por el mismo medio eu-

ropeo al no considerarlo suficientementefundamentado– reavivó el interés por losplagios de ese tipo que se han registradoen los citados municipios desde antes delperpetrado contra los 43 normalistas.

César Miguel Peñaloza, alcalde de Co-cula –el municipio donde supuestamen-te fueron asesinados los normalistas–, in-

forma a Proceso que desde el 1 de octubrede 2012, cuando tomó posesión, ha enfren-tado diversas crisis por la falta de seguri-dad. Apenas llevaba dos meses en el cargoy ya habían asesinado a su director de Se-guridad Municipal, mientras que hombresarmados a bordo de camionetas se pasea-ban por la localidad. Semanas después, dosde los policías que lo escoltaban resultaronheridos en un atentado contra él.

En marzo de 2013, en una misma jorna-da, 14 personas fueron secuestradas. Cues-tionado sobre cuántas regresaron, contes-tó: “Desafortunadamente por el temor deque no regresen, muchos no denuncian y

no tenemos conocimiento. Sabemos quepor unos pidieron rescate, y a quienes die-ron los liberaron”. Según el diario El Sur, só-lo cinco regresaron.

En julio de 2013, un convoy de camio-netas con unos 50 hombres armados re-corrió la cabecera municipal y se llevó a17 personas. Cuando el hecho se hizo pú-blico, el Ejército se instaló en el munici-pio por tres meses. Tampoco sabe precisarel alcalde cuántos regresaron; se dice queseis personas.

Hace tres semanas Peñaloza negó laversión acerca del presunto secuestro de30 estudiantes de una secundaria, pero ad-

mitió que en 2013 hombres armados se lle-varon a 31 personas en dos plagios distin-tos. Una de las desaparecidas el 1 de julio deese año fue Berenice Naranjo Segura, de 19años, quien iba en moto con su novio a quela maquillaran para su fiesta de graduación.

“Por unos minutos se toparon con eseconvoy que andaba levantando gente, quese llevaron a más de 30 gentes en Cocula,pero no se hizo nada; no se dijo nada an-te el temor de que nos hicieran algo”, co-menta el alcalde.

Las familias de algunos de los desapa-recidos durante los hechos referidos, lascuales se han reunido en la iglesia de SanGerardo para denunciar sus casos, seña-lan que durante los secuestros masivosla Policía Municipal no cuidó la ciudad y,más aún, permitió el paso a los hombresarmados. Otras familias denunciaron queen mayo de 2010 integrantes del 27 Bata-llón de Infantería con sede en Iguala de-tuvieron y desaparecieron a seis jóve-nes que sacaron del bar Cherries (Proceso 1984).

“El gobierno de Guerrero y los gobier-nos municipales no sólo han sido omisos oindiferentes al problema. Cuando profun-dizamos la información hemos encontra-

do que ha habido conocimiento o interven-ción directa de los cuerpos policiacos enmuchas desapariciones”, declara el coor-dinador de la organización Taller de Desa-rrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy,dedicada desde 2007 a apoyar a familiascon desaparecidos en Guerrero.

Agentes del gobierno y ciudadanos han

destapado al menos una veintena de fosascon restos humanos en Cocula e Iguala. Elhecho evidencia que cualquier lugar podríaconvertirse en cementerio clandestino.

En mayo de 2013, en la colonia San Mi-guelito de Iguala –ubicada en la parte pos-terior del cerro de La Parota, donde en oc-tubre fueron localizadas fosas con restosde 30 presuntos normalistas– ya habíansido desenterradas 33 osamentas.

En febrero de 2014, en el camino queconduce al municipio vecino de Taxco, enMezcaltepec, fueron descubiertos 17 cuer-pos. En el cerro de San Miguelito, en abrilfueron halladas siete osamentas y en ma-

yo otras nueve. Sin mayor trabajo de iden-tificación, la procuraduría estatal enviólos restos a la fosa común, donde vuelvena desaparecerlos sin identidad.

“Cada cuatro o cinco meses nos llegala petición de la procuraduría para que lesasignemos ataúd (que dona el DIF)”, expli-có Ernesto Lome Quezada, el encargadodel Departamento Municipal de Panteo-nes de Iguala.

Según su registro, 76 personas no iden-tificadas y cuatro restos óseos han sido se-pultados en una fosa común del cemen-terio municipal de Iguala entre el 26 deagosto de 2013 y el 12 de febrero de 2014

(precisamente durante la administracióndel perredista José Luis Abarca, quien go-bernó dos años). Los cuerpos de desconoci-dos provienen de diferentes hallazgos he-chos por la procuraduría.

La descomposición en la zona no sedestapó con la desaparición de los norma-listas. Ya se había hecho visible desde 2010.

El pozo lleno de cuerpos

A inicios de 2010 los rancheros-mineros Juan Viveros y Nabor Baena encontraron unagujero en la pared de la boca donde respi-raba la mina La Concha, en Taxco, hecho agolpes de marro. Ellos acostumbraban efec-tuar rondines por el cubo de concreto queresguardaba el túnel sellado. Cuando seacercaban percibían un tufo hediondo, y deinmediato rodeaban hacia otro destino. Undía –narraron a la reportera– vieron las pa-redes chorreadas con harta sangre.

–Nabor, ira, ¿y esa sangre, qué? –pre-guntó don Juan, quien el día de la entrevis-ta vestía de campesino, machete al cinto.

–Quién sabe. Tirarían un animal –con-testó su compañero de guardia, un hom-bre con pinta de obrero. Ambos queríanespantar malos augurios, pero pronto no-

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taron que con tierra habían querido borrarlos rastros de sangre.

El respiradero sudaba el olor a muer-to. Nadie decía nada. Un día vieron que elEjército lo tenía acordonado: ProtecciónCivil había recibido una llamada anóni-ma informando que el pozo estaba llenode cadáveres. La información rememora-ba al famoso “Pozo Meléndez”, tambiénde Guerrero, que durante la llamada gue-rra sucia de los años setenta y ochenta fueuno de los sitios de desaparición de disi-dentes políticos. Los cuerpos aún no sonrescatados.

Uno de los entrevistados en 2010 agre-

gó: “Nos dimos color de que este tiro sa-lió premiado, que tenía almacén de gen-te”. Y así se descubrió que en el Pozo deTaxco había 55 cuerpos. Muchos de elloshabían fallecido con los ojos vendados, losbrazos amarrados. Conservaban el rictusde quien fue torturado.

Tras el hallazgo del pozo, en mayo de2010 comenzó un peregrinaje a la morguede Taxco de decenas de familias, quienespreguntaban por algún familiar que teníandesaparecido con la esperanza de que sucuerpo hubiera sido arrojado a la mina.

Las paredes del pequeño cuarto queservía como morgue y las del MinisterioPúblico tenían decenas de carteles con le-treros pidiendo datos sobre personas a lasque se les había perdido la pista.

Una de las mamás que buscó a su hijo –Ludwig Hernández– entre las víctimasdel pozo fue María de Jesús Cisneros Mar-tínez, a quien desde el 23 de mayo de 2007no se le ha dado respuesta en torno al pa-radero del joven. Aparentemente su delitofue haber denunciado a policías ministe-riales que lo habían extorsionado.

“Me sacaron la sangre y me dijeron (enla procuraduría) que cualquier cosa quehubiera nos iban a avisar. Nunca nos han

llamado. Ojalá ahora vuelvan a sacarnosmuestras para ver si nuestros hijos estánentre los cuerpos que están sacando”, ex-plica en entrevista.

La investigación de Tadeco

En un seguimiento periodístico realizadopor Tadeco de 2005 hasta agosto de 2013,la agrupación detectó 460 denuncias acer-ca de personas desaparecidas en el estadoy alrededor de 500 asesinatos extrajudi-ciales. Sólo sumó a ciudadanos sin indi-cios evidentes de su participación en elcrimen organizado. El resto –quizá la ma-

yoría– no fueron contabilizados.“Si era descuartizado, quemado o de-

capitado, no lo registramos”, explica Mon-roy, el coordinador.

En la entrevista lo acompaña la seño-ra Cisneros y la esposa y la hermana delseñor Jesús Bello Moreno (desaparecidoen diciembre de 2008), dispuestas a dar sutestimonio. Detrás de ellas está una man-ta con una veintena de rostros de personas–hombres, en su mayoría– desaparecidas.

La organización tiene documentadoel caso de seis jóvenes que en 2010 fue-ron detenidos por integrantes del 27 Ba-tallón de Infantería de Iguala, y de otrosseis casos en los que los familiares huye-ron por amenazas. También tiene el ante-cedente de una en Taxco que fue secues-trada y luego asesinada en Iguala. Aunquelas familias han sido informadas de lossecuestros masivos en Cocula, ninguna seha animado a dar testimonio.

Según Monroy, los gobernadores Ze-ferino Torreblanca –en cuyo periodo ubi-ca el inicio de la descomposición– y Án-gel Aguirre mostraron indolencia ante lasdesapariciones.

“Desde 2007 señalamos la existenciade fosas, lo mismo en Iguala que en Taxco,

y por ese menosprecio del gobierno no senos escuchó”, comenta.

Y agrega: desde 2011 tres funcionarioshan sido designados para investigar lasdesapariciones, pero ninguno consiguióresultados. El primero, el procurador Alber-to López Rosas, citó a las familias para to-marles pruebas de ADN, pero luego de que

dimitió en diciembre de 2011 por el asesi-nato de dos normalistas que bloqueaban laAutopista del Sol, las familias se enteraronde que nunca había procesado las mues-tras. Después se delegó el asunto a un en-cargado de oficina, y más tarde una fiscalcerró ésta con el argumento de la “falta detrabajo”.

Desde 2007 Tadeco ha registrado desa-pariciones en Iguala (“han sucedido mu-chas desapariciones o asesinatos en grupos,también de los casos más sangrientos”). Enla mayoría de los casos las familias identi-ficaban a los perpetradores como personascon uniformes oscuros, gorras y lentes de

sol que viajaban en camionetas sin placasprovistos de armas largas, y parecía gentecon protección del Estado.

“Los desaparecidos de Cocula fuerondesalojados de allá, porque hay muchasamenazas. Hay muchos ciudadanos que sa-lieron de Guerrero por esta situación y nohan dado su testimonio”, de acuerdo con elactivista.

Fue hasta octubre pasado, luego delescándalo por la desaparición de los 43normalistas, cuando el Congreso del esta-do desempolvó la propuesta de ley contralas desapariciones que las familias habíanexigido año con año desde 1999.

A partir de la misma crisis se han des-tapado nuevos casos. El Centro Regionalde Defensa de los Derechos Humanos JoséMaría Morelos y Pavón, con sede en Chila-pa, recibió las denuncias por las desapari-ciones de nueve personas ocurridas en ju-lio pasado en Iguala.

Las víctimas son los activistas AlbertoZaragoza Ocampo y Miguel Antonio ÁngelAntolino Navarrete (el 2 de julio); el joven José Manuel Flores Taboada (el 15 de ju-lio), a quien cinco hombres armados saca-ron de su casa; así como Félix Aguirre Ro-mán, Gregoria Martínez Delgado, IsmaelAguirre Martínez, María Guadalupe Aran-da Rabadán y Marino Aguirre Martínez (19de julio), después de haber sido detenidospor la Policía Municipal, y Julio César RealMolina (19 de julio), cuando hombres ar-mados lo subieron a una camioneta.

La búsqueda de los normalistas ha he-cho común el hallazgo de fosas: al menos11 han sido encontradas por el gobierno ymás de una decena por los policías comu-nitarios que integran la Unión de Pueblosy Organizaciones del Estado de Guerrero(Proceso 1986) y las familias de las vícti-mas que siguen buscando por su cuenta ydescubriendo nuevos restos.


Iguala. Pruebas de ADN

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Inmerso el país en marchas multi-tudinarias para demandar la apari-ción con vida de los 43 normalistasde Ayotzinapa y la renuncia de En-rique Peña Nieto, los diputados delPRI sacaron de la congeladora una

reforma constitucional promovida por elPAN desde septiembre de 2013, en un in-tento de frenar los reclamos sociales.

Ante el fracaso de la estrategia pa-ra habilitar leyes estatales que inhibieranla ola de indignación en las calles de lasprincipales ciudades, la dupla PRI-PAN lo-gró aprobar, con el acompañamiento delPVEM y el Panal, reformas constituciona-les que abren la puerta a “la represión” yaun podrían allanarle el camino a un régi-men policiaco-militar.

Los diputados

quieren quitarlela calle a la gente

El albazo de la dupla PRI-PAN en San Lázaro el martes 2no sólo es inconstitucional, pues intenta suprimir el de-recho a la manifestación, sino que complementa lo quehicieron en abril de 2013, cuando modificaron la Ley de

Amparo, que le cercenó al ciudadano su derecho de re-clamación. Activistas pro derechos humanos y legisla-dores de izquierda documentan las pifias cometidas aldesempolvar una iniciativa panista de 2013 para acallarlas protestas sociales, justo cuando el país se incendiapor la falta de información sobre los 43 normalistas deAyotzinapa desaparecidos.

JESUSA CERVANTES

O c t a v i o G ó m e z

CASO AYOTZINAPA

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E

l movimiento ciudadano que nacióen solidaridad con los 43 normalis-tas desaparecidos y ocupa las calles

de México desde hace más de dosmeses está “en pañales”, además de quelos intentos gubernamentales de reprimirlono lo inhibirán, sino que, al contrario, lo ati-zarán, asevera en entrevista el abogado Ul-rich Richter Morales.

Tras publicar recientemente el libro De la protesta a la participación ciudadana, enel cual estudia los diferentes movimientosde indignación en el planeta, observa que anivel mundial se puede constatar que cuan-do los gobiernos incurren en actos injustos

El ciudadano ya se metió en la agenda política

MATHIEU TOURLIERE

contra las movilizaciones, éstas aumentan,y al respecto recuerda que las detencionesilegales y la represión que realizaron losgobiernos de Túnez y Egipto precipitaronsus caídas.

En México, la reclusión en la Subprocu-raduría Especializada en Investigación de De-lincuencia Organizada (SEIDO) y la posteriorconsignación a tribunales de alta seguridadde los 11 detenidos durante la manifestacióndel pasado 20 de noviembre, al igual que loslevantones de estudiantes por efectivos de laDivisión de Inteligencia de la Policía Federal

vestidos de civil, resultan “verdaderamentelamentables” para el abogado, ya que “enun régimen democrático de derecho estoshechos no tienen cabida”.

Explica que tales actos se asemejan a“agarrar el Código Penal y torcerlo” paraaplicar a los manifestantes el “derechopenal del enemigo”, es decir, imputarles un“catálogo de delitos graves” que permitana las autoridades llevarlos a declarar ante laSEIDO –donde “no tenían nada que hacer”–y les impidan salir libres bajo caución.

En el caso de los 11 encarcelados, aquienes les imputaron “tentativa de homici-dio”, la autoridad realizó “un procedimiento atodas luces fuera de la ley y que culminó conun auto de libertad”, otorgado por el Juzgado17 de Distrito con sede en Xalapa, el 29 denoviembre, por falta de pruebas.

“Quisieron hacer un caso emblemático,que falló, para inhibir una serie de protestasque seguirán”, analiza.

Al abogado le indigna la detención deSandino Bucio Dovalí, ya que “en lugarde haberle enviado un citatorio (…) todos

vimos la escena en la que le hacen subira un auto compacto y luego aparece en laSEIDO”.

También autor del Manual del poderciudadano, Richter plantea que las decisio-nes que desencadenaron estos “actos ile-gales” fueron “grandes errores” y resultadode un “mal asesoramiento” de los titularesy encargados de las investigaciones,quienes a su juicio deberán ser separadosde sus cargos. “Es lo mínimo que estamosesperando”, precisa.

Para Jaime Cárdenas, abogado constitu-

cionalista y exconsejero electoral, los cam-bios a los artículos 11 y 73 de la Constituciónaprobados el martes 2 en el recinto de SanLázaro son “gravísimos”. Por principio, dice,se viola el principio pro homine, así como elde libertad de expresión, el derecho de peti-ción, la libertad de asociación y los derechospolíticos, contenidos en los artículos 1, 6, 8,9 y 35 de la Constitución, respectivamente.

Con estos cambios, puntualiza, quedaen evidencia “una visión de mano dura y proempresarial del orden”; primero se cierra ala población “la vía jurídica” para hacer re-clamos –al cancelarle su derecho al amparo–y luego se le pretende “limitar la calle”, el de-recho a expresar su inconformidad.

“Seguir por este camino abre el paso ala lucha armada a los sectores más radi-cales, mientras otros se convertirán en re-sentidos sin libertad”, advierte Cárdenas.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, ofi-cial del programa legal de la agrupaciónArtículo 19 –que junto con nueve organi-zaciones interpuso amparos contra la Leyde Movilidad Urbana del Distrito Federal–,considera que desde el 1 de diciembre de2012 hay una estrategia para criminalizarla protesta y usar de manera despropor-cionada la fuerza pública.

Maldonado Gutiérrez insiste: Hay una

tendencia a controlar e inhibir las mani-festaciones de inconformidad en variosestados. A partir de este 2014, en Quinta-na Roo, el Distrito Federal, San Luis Poto-sí, Jalisco, Chiapas, Puebla y Veracruz, porejemplo, se han promovido y avalado le-yes en ese sentido.

Sin embargo, la presión social trasla muerte del niño José Luis Alberto Te-huatlie Tamayo en julio pasado a causadel uso desproporcionado de la fuerza enuna manifestación de habitantes de SanBernardino Chalchihuapan, en Puebla,provocó que se diera marcha atrás en esaentidad, así como en Chiapas y Veracruz.

No obstante, San Luis Potosí y Jaliscoaún continúan los debates en torno a es-tas leyes, mientras que en Quintana Rooy el Distrito Federal ya se aprobaron, aun-que varias organizaciones sociales conti-núan impugnándolas.

Albazo legislativo

Y así como en algunas entidades los go-bernadores han reculado con sus leyes de“movilidad” o “regulación de la fuerza pú-blica”, desde la federación se dio ya el pri-mer paso en sentido contrario.

Apenas el martes 2 y sin que la Junta

de Coordinación Política (Jucopo) la apro-bara el día anterior, como debió ser, la Me-sa Directiva de la Cámara de Diputadospuso a discusión una iniciativa de ley pa-nista que estaba en la congeladora legisla-tiva desde el 29 de abril último, sostiene eldiputado Roberto López Suárez, del PRD.

El legislador acusa al PRI de usar alPAN para dar un “albazo” la mañana deese martes. El 24 de septiembre de 2013,detalla López Suárez, el panista MarcosAguilar presentó una iniciativa de modi-ficación a los artículos 11 y 73 de la Cons-titución con el propósito de crear una LeyGeneral de Movilidad Nacional y luego re-petirla en los estados.

“La iniciativa se envió a la Comisiónde Puntos Constitucionales, aprobándoseel 23 de abril. De ahí se quedó en la con-geladora, y ahora que estamos viviendouna crisis social, económica y política lasacan mágicamente violentando el pro-ceso parlamentario.

“Lo que se pretende con esta ley es elcontrol de las marchas y, por ende, el li-bre tránsito”, sostiene el perredista, quienademás está en contra de la Ley de Movili-dad Urbana del Distrito Federal, que entróen vigor el 14 de julio último.


Richter. Transición fallida

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Estima que, gracias a la movilizaciónde los ciudadanos en las calles y en lasredes sociales, tanto los detenidos del 20de noviembre como Sandino Bucio salieronlibres, lo cual ilustra el hecho de que “elciudadano se metió en la agenda política”,pues “antes los ciudadanos no decíannada, eran apáticos, pero ahora el súbdito

despertó y la gente quiere participar, estádespertando y hace valer sus derechos”.

Sin embargo, en las protestas quesacuden al país se encuentran reclamoscontra la corrupción, la impunidad y lainseguridad, asuntos respecto a los cuales“no hubo respuesta”.

Crisis de representatividad

“Los nuevos movimientos sociales integra-dos por la ciudadanía, por los estudiantes,han dejado a un lado a los partidos políti-cos y a los sindicatos”, afirma el abogado,y apunta que frente a dichas movil izaciones

se encuentra la clase política, representadapor los partidos, que se aferran al poder yno quieren compartirlo.

Da como ejemplos de ello el escasopresupuesto otorgado a las candidaturasciudadanas y a los instrumentos partici-pativos, así como el desdén con que elgobierno trató a la consulta popular.

“El problema –sentencia Richter– estáen el monopolio de los partidos políticos”,pues sólo responden a sus propios intere-ses, aunque uno de ellos, “el PRD, se des-

moronó; otro, el PAN, está en la bancadaviendo; Morena se mantiene cauto y esperasu momento, mientras que el PRI torea contodos los problemas que tiene.”

Al contrario, la ciudadanía no busca uncargo público, sino cambiar al país, y “estácansada de pagar los platos rotos”.

“Lo que resulta patente hoy es una

crisis de representatividad de los ciudada-nos, quienes no se sienten representadospor los partidos”, mientras acusan a laautoridad de los hechos de barbarie de

Ayotzinapa.“El partido político era el eje rector de

la vida política. Pero ya no lo es. Ahora va aser el ciudadano. Algunos (actores políti-cos) lo entienden y otros no. Ahí es dondehay fricciones.”

Richter insiste en que la transición dela fallida democracia representativa a lademocracia participativa debe pasar pormedios pacíficos y el diálogo con “quienesté”, es decir, con “la clase gobernante”.

–¿Cómo hacerlo si los que se manifies-tan no creen en esta clase gobernante? –sele pregunta.

–Por las urnas. No se debe perder lainstitucionalidad. El peor enemigo de lospartidos ahora en España es Podemos (elmovimiento político de los indignados).

–Pero la gente que está marchando de-nuncia un sistema político corrupto desdeel propio sistema electoral…

–Es responsable (igualmente) el ciuda-dano. Vas a votar y a elegir. Ahí también

el culpable es el ciudadano que se coludecon la autoridad y vende su voto. Si lacomunidad se vende, entonces tendrá ungobierno corrupto. Ante esta crisis el únicoque puede oxigenar la vida política es elciudadano.

Se le hace a Richter la observación deque no existe un esfuerzo real para reducir

la corrupción en el país, y replica: “Ya meti-mos el pie y estamos abriendo la puerta; laquieren cerrar, pero es demasiado tarde”.

Advierte que las protestas seguirán hastaque la ciudadanía obtenga espacios en la vi-da política, y que durante este periodo “habráde todo, incluso fricciones, como ocurre enOaxaca o en Acapulco”. Y evalúa que existe“una indignación que llevaba muchos añosadormecida y que hoy se manifestó”.

Añade que la ciudadanía esperaba másrespuestas por parte del gobierno, como“varias renuncias en el equipo cercano delpresidente”, e incluso del propio EnriquePeña Nieto.

Como el problema es “de raíz”, el pro-ceso de transición va a tardar, en virtud deque “no hay varitas mágicas”.

–Entonces, ¿cómo cambiar la situación?–Hay que purificar (la vida política),

invitando a los ciudadanos a participar.¿Qué otra fuerza tenemos aparte de laciudadanía? En vez de gastar el dinero pararescatar a los bancos, mejor sería rescataral mayor recurso, que es la gente.

Remata: “El ciudadano activo ya no sedeja, y esto apenas está empezando”.

Según argumentó el panista Aguilar en

su iniciativa, “los derechos humanos ex-presan nuestro profundo compromiso deque se garantice que todas las personaspuedan disfrutar de los bienes y libertadesnecesarios para una vida digna, ya que sonuniversales, inalienables e indivisibles”.

Destacó también que, si bien los dere-chos humanos se han centrado en personasvulnerables y casos como la desapariciónforzada y tortura, “es necesario avanzar ha-cia el diseño constitucional que otorgue nosólo protección de acuerdo a sus condicio-nes particulares, sino que debe valorarse ala sociedad en su conjunto y proveer de loselementos e infraestructura que permitanvivir con seguridad y tranquilidad”.

Por ello, agregó, debe ponerse atencióna “los problemas” a los que se enfrentandía a día los habitantes de nuestro país,“siendo uno de ellos la movilidad” a la quetoda persona tiene derecho. “Las personasque habitan en el Distrito Federal debenpoder realizar sus actividades en un mar-co de seguridad y tranquilidad”, expuso ellegislador.

El día que se discutió la citada reformaconstitucional –el martes 2–, la diputadaLilia Aguilar, del PT, dijo que “en aparien-cia” dicho cambio pudiera parecer bue-

Hugo Cruz

La demanda nacional

CASO AYOTZINAPA

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no, pues destaca que todo individuo tieneel derecho “a decidir libremente tanto sumovimiento como la manera de desarro-llarlo en un lugar determinado”.

Pero bajo esta premisa se puede justi-ficar la represión a una marcha sólo por-que violenta el derecho de otro, comentó

Aguilar.Para los legisladores de izquierda y

abogados que la critican, la parte que pue-de hacer peligrosa la iniciativa es el frag-mento de la página siete que dice:

“El reconocimiento constitucional delderecho a la movilidad permeará en la obli-gación para las autoridades de todos los ór-denes de gobierno del país, en implemen-tar acciones encaminadas a garantizar quelas personas realicen, en condiciones deseguridad, cada una de las actividades quedecidan realizar, así como para que tenganacceso a los servicios básicos que el mismoEstado está obligado a proporcionar.”

Además, el artículo 11 de la Constitu-ción modificado establece: “El Estado ga-rantizará el derecho de toda persona ala movilidad universal, atendiendo a losprincipios de igualdad, accesibilidad, dis-ponibilidad y sustentabilidad”.

Con la iniciativa aprobada, el Congre-so de la Unión está facultado (artículo 73)para hacer leyes “en materia de movilidaduniversal”, y en los transitorios de la mi-nuta –avalada con 287 votos de PRI, PAN,PVEM y Panal, y 87 en contra de MC, PRD yPT–, se indica que el Congreso expedirá “laLey General de Movilidad” en un plazo nomayor a 180 días.

Una vez avalada por el Senado y rati-ficada por cuando menos 17 congresos lo-cales, los estados tendrán 60 días para ha-cer sus respectivas leyes sobre movilidad.

Un cambio inconstitucional

En un análisis sobre los dos artículos yaavalados, el abogado y constitucionalis-ta Jaime Cárdenas sostiene que se viola lapropia Carta Magna.

Hay derechos preferentes en la Cons-titución, entre ellos “los derechos políti-cos, la libertad de pensamiento y de con-ciencia”, los cuales, según el artículo 29,no pueden suspenderse, aunque se decla-re un estado de sitio o se suspendan lasgarantías.

“Entonces – explica–, hay cierto carác-ter de derecho preferente de derecho delibre tránsito, de manifestación, de expre-sión, que deben ser garantizados.”

Así, para entender la importancia delas marchas y de cómo los cambios a losartículos 11 y 73 afectan a la población, re-fiere Cárdenas, deben recordarse las mo-dificaciones a la Ley de Amparo de 2013.

El entrevistado menciona que en abrilde ese año, luego de que el Poder Legislati-

vo modificó la Ley de Amparo, entró en vi-gor un cambio que le cercenó al ciudada-no su derecho de reclamación.

“En el artículo 61, fracción primera dela Ley de Amparo, se estableció que éste esimprocedente cuando es contra adicioneso reformas a la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos. Esto significaque para la gente en general las vías ju-rídicas de reclamación y de impugnaciónestán canceladas.

“Entonces, primero le cierras a la po-blación la vía jurídica, legal, para incon-formarse, y luego lo único que le queda,que es la calle, la protesta, también se lacierras. ¡Eso es una barbaridad!

“¿Qué le dejas a la gente? A los radica-les se les abre la vía armada como métodode lucha, pero, ¿y al resto que ya no puedesalir a la calle a gritar su enojo, su males-tar por la corrupción, por malas políticas,por la desaparición forzada, por los jóve-

nes de Ayotzinapa?“Si te eliminan la calle, entonces te vas

a quedar con tu enojo, con tu frustración,y se puede crear una sociedad resentida”,advierte.

Las modificaciones a los artículos apro-bados en la Cámara de Diputados implicanviolar el artículo de la Constitución que ha-bla del principio pro homine, según el cuallos derechos deben interpretarse siemprea favor de las personas. No puedes haceruna ley que limite esos derechos.

Y añade: se viola el artículo 8, que esel de petición; el 9, que es el derecho aasociarse pacíficamente; el 35, que habla

de los derechos políticos, y hasta el 136,que dice: “esta Constitución no perderá sufuerza y vigor, aun cuando por alguna re-b

numero 1989 de proceso

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