narcotrÁfico y trÁfico de armas en la triple frontera
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NARCOTRÁFICO Y TRÁFICO DE ARMAS EN LA TRIPLE FRONTERA:
EVOLUCIÓN DEL SUBCOMPLEJO REGIONAL DE SEGURIDAD DEL CONO SUR
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
DICIEMBRE 2020
NARCOTRÁFICO Y TRÁFICO DE ARMAS EN LA TRIPLE FRONTERA:
EVOLUCIÓN DEL SUBCOMPLEJO REGIONAL DE SEGURIDAD DEL CONO SUR
DANIEL FELIPE QUIROGA PETRELLI
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C
2020
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………….1
1.1.Metodología ………………………………………………………………………...5
1.2.Marco Teórico ………………………………………………………………………6
2. ANTECEDENTES DEL NARCOTRÁFICO Y TRÁFICO DE ARMAS EN LA
TRIPLE FRONTERA Y DE LAS POLÍTICAS DE PARAGUAY, ARGENTINA Y
BRASIL ……………………………………………………………………………11
2.1.Narcotráfico y tráfico de armas en la Triple Frontera ………………………………11
2.2.Agendas y políticas previas para afrontar el tráfico de drogas y de armas en la TF .13
2.2.1. Respuestas individuales ………………………………………………………..13
2.2.2. Respuestas conjuntas …………………………………………………………..19
3. MANIFESTACIÓN CONTEMPORÁNEA DEL NARCOTRÁFICO Y EL
TRÁFICO DE ARMAS EN LA TRIPLE FRONTERA (2015-2018) …………….24
3.1.Narcotráfico en la TF ………………………………………………………………24
3.2.Tráfico de armas en la TF ………………………………………………………….28
4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ACTUALES FRENTE AL NARCOTRÁFICO Y
EL TRÁFICO DE ARMAS ………………………………………………………..30
4.1.Políticas actuales de seguridad contra el narcotráfico y el tráfico de armas ……….30
4.2.Dinámicas de relacionamiento del Sub-CRS del Cono Sur ………………………..35
5. CONCLUSIONES …………………………………………………………………39
1
1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de la Guerra Fría, las dinámicas de la seguridad internacional experimentaron
múltiples modificaciones. El principal cambio consistió en la preponderancia que adquirieron
en la agenda de seguridad las denominadas nuevas amenazas, caracterizadas por su
transnacionalidad y su escasa relación con un territorio específico, las cuales provienen de
actores no estatales. Anteriormente, el desafío primordial para la seguridad de los países
estaba constituido por los demás Estados del sistema internacional, es decir, la seguridad y
defensa se articulaban alrededor de la posibilidad de agresión y/o conflicto con algún país
vecino, o en algunos casos, con un Estado extrarregional.
En la actualidad, si bien permanecen las amenazas tradicionales, es decir, la posibilidad de
confrontación entre Estados, los países están siendo amenazados por unidades no estatales
que resaltan por su carácter transnacional puesto que no se encuentran establecidos en un
único territorio, sino que operan a lo largo de múltiples países, con especial actividad en las
zonas fronterizas. En nuestro hemisferio los Estados se ven afectados por diversas
representaciones de estas nuevas amenazas, en el caso de Colombia, Perú y Bolivia por el
tráfico de cocaína; los países del Triángulo Norte quienes padecen el tráfico de armas y de
drogas de las maras; así como la presencia de grupos armados internos que afrontan Brasil y
Colombia (Rodríguez G. , 2018).
El crimen organizado transnacional es la manifestación de estas nuevas amenazas, y consiste
en (de) actividades ilícitas que presentan un especial desenvolvimiento y concentración en
las zonas periféricas donde los gobiernos tienen poca presencia y, consecuentemente, no
ejercen un total control del territorio. Frente al crimen organizado como asunto de seguridad
Moreno (citado en Cuervo, 2018) plantea:
“El crimen organizado transnacional se ha convertido en un grave problema para la
seguridad, ya que no solo atenta contra las instituciones democráticas y la actividad
económica de los Estados, sino que, al momento de traspasar las fronteras, se
convierte en un fenómeno que logra atentar contra la estabilidad y la seguridad del
hemisferio” (p.14).
2
Por lo tanto, el crimen transnacional organizado se ha consolidado en la actualidad como
prioridad en las agendas de seguridad de los Estados, tanto a nivel individual como colectivo,
debido a los impactos negativos que tiene sobre la estabilidad de los gobiernos al minar la
soberanía estatal y generar afectaciones económicas, sociales y de seguridad que perjudican
a los Estados como conjunto.
Aquellas zonas del territorio donde el Estado es incapaz de ejercer su soberanía son definidas
por Pablo Dreyfus (2005) como “espacios de inseguridad” y los concibe como “áreas del
territorio de un Estado donde el gobierno no tiene la capacidad de imponer su autoridad a
través del monopolio legítimo de la fuerza y donde la autoridad gubernamental es
abiertamente desafiada por grupos no estatales” (p.11). Estos territorios también son
entendidos como zonas grises, Buelvas (2019) los percibe como “espacios geográficos que
hacen parte del territorio de un Estado (…) sobre las cuales el Estado que debería ejercer su
soberanía, no lo hace, o lo hace de manera imperfecta” (p.8), es decir, porciones del territorio
ajenas al control gubernamental que da paso a la presencia y dominio de organizaciones
criminales.
Tal es el caso de la Triple Frontera (TF), un territorio fronterizo tripartito entre Argentina,
Brasil, y Paraguay, en el cual se desarrollan múltiples casos de crimen organizado como el
contrabando y la falsificación, tráfico y trata de personas, lavado de dinero, narcotráfico y
tráfico de armas. Estos diversos crímenes transnacionales son llevados a cabo por
organizaciones criminales nativas y no nativas de la región, dentro de las cuales destacan el
Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de Brasil, junto con las
mafias rusas y chinas (Devia & Ortega, 2018, pág. 18)
La TF posee ciertas características que fomentan y prolongan el desarrollo de crímenes
ilegales transnacionales en la frontera y las zonas aledañas. Primero, la frontera tripartita
detenta una gran infraestructura, poco característica de las zonas periféricas, que conecta a la
región entre sí, y con las dinámicas comerciales y financieras globales. Segundo, la
corrupción institucionalizada, tanto en los funcionarios como en las organizaciones
gubernamentales, sumado a la debilidad de los tres Estados en la región que se manifiesta en
un estadio de controles mínimos sobre el territorio. Tercero, su particular ubicación
geográfica goza de cercanía a los principales mercados de Suramérica (Bello, 2013).
3
Frente a la infraestructura, las tres ciudades de la región, Ciudad del Este (Paraguay), Foz de
Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina), cuentan con múltiples entidades bancarias y
aeropuertos que conectan la zona con los principales centre urbanos del Mercosur (Bello,
2013, pág. 108). Asimismo, la TF cuenta con obras viales y navales que enlazan los tres
centros urbanos, destinados principalmente a la movilidad de personas y a las actividades
comerciales, donde para 2005 se presentaban al día 15240 flujos de peatones y 40380 de
vehículos (IIRSA, 2005, pág. 19). Las organizaciones criminales allí establecidas utilizan
esta infraestructura para el desarrollo de sus ilícitos, es decir, el transporte de los bienes o
mercancías, el blanqueo de capitales, entre otros; a lo que se suma el uso de puertos fluviales
clandestinos y pistas aéreas del mismo tipo.
En cuanto a la corrupción y la debilidad de los Estados, el escaso dominio y poder con el que
cuentan los gobiernos en la frontera tripartita (Bello, 2013, pág. 116) facilita el progreso del
crimen organizado al no manifestarse obstrucción alguna por parte de las instituciones,
contando incluso en algunas ocasiones con la anuencia gubernamental, principalmente de
funcionarios paraguayos (p.,113). Lo anterior se evidenció en 2017, tras una serie de redadas
orientadas al control del contrabando en la TF donde se comprobó que funcionarios de la
Fiscalía, la Marina, la Policía Nacional y la Secretaria Nacional Antinarcóticos cooperaban
con los grupos de crimen organizado en el desarrollo de los ilícitos en la zona (InSight Crime,
2019). Por último, la TF cuenta con una ubicación predilecta para el traslado de bienes y
operación de los grupos criminales transnacionales en los principales centros urbanos de la
región.
Dentro de los fenómenos ilegales transnacionales que allí se desarrollan, destacan el
narcotráfico y el tráfico de armas, puesto que sostienen el accionar de los grupos criminales
al proporcionarles mecanismos de financiamiento, así como los instrumentos para llevar a
cabo sus operaciones delictivas. El narcotráfico en la frontera se fundamenta en el tráfico de
cocaína y marihuana para su comercialización y consumo en los países de la región, o bien
como plataformas de envío de los estupefacientes a otros mercados globales como África y
Europa. Respecto al tráfico de armas, está cimentado en el ingreso ilegal de armas para su
transporte a mercados negros, principalmente de Brasil y Argentina (Devia & Ortega, 2018).
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Por lo tanto, es importante estudiar las estrategias que han implementado los tres Estados con
el propósito de controlar los crímenes transnacionales del tráfico de armas y de drogas, de
manera individual y colectiva, teniendo en cuenta que son de los principales desafíos a la
seguridad que afrontan muchos de los países en la región y que repercuten en su estabilidad.
De igual modo, es relevante identificar las dinámicas de relación entre los tres países del
Cono Sur en la cooperación destinada a enfrentar el narcotráfico y tráfico de drogas, teniendo
en cuenta interacciones amistosas u hostiles entre ellos. Asimismo, es conveniente analizar
la influencia que puedan tener actores externos a la región en las posturas adoptadas por los
tres países frente a los dos fenómenos ilegales, concretamente, la injerencia de Estados
Unidos en las políticas y planes adoptados por cada Estado, al igual que sobre los procesos
de cooperación entre Brasil, Paraguay y Argentina.
La pregunta central propuesta y que sustenta el presente trabajo es la siguiente: ¿Cómo ha
evolucionado el Subcomplejo de Seguridad Suramericano del Cono Sur en relación con los
fenómenos transnacionales ilegales del tráfico de armas y tráfico de drogas y las respuestas
de los Estados en la TF Argentina-Brasil-Paraguay en el periodo 2015-2018? La elección del
periodo de observación está determinada por los cambios presidenciales y de gobierno en
Brasil y Argentina, los cuales pueden acarrear una variación en el enfoque y estrategias
implementados para afrontar los dos crímenes transnacionales a estudiar. Igualmente, este
cambio gubernamental tiene la posibilidad de incidir en las relaciones entre los países del
Cono Sur y, consecuentemente, en los programas de cooperación dirigidos a la lucha contra
el narcotráfico y el tráfico de armas.
Por lo tanto, el objetivo general del trabajo es analizar los cambios que haya tenido el
Subcomplejo de Seguridad del Cono Sur en consideración al tráfico de armas y de drogas
presentes en la TF. Como objetivos secundarios, es necesario establecer un contexto histórico
del narcotráfico y tráfico de armas en la región, sumado a los antecedentes de las políticas y
programas, individuales y conjuntas, implementados por los países para combatir los dos
crímenes transnacionales. Posteriormente, se examinará la manifestación actual del tráfico
de armas y de drogas en la zona trifronteriza para determinar los cambios que hayan tenido.
Asimismo, se examinarán las agendas de seguridad y políticas de Argentina, Brasil y
Paraguay frente a los dos fenómenos ilegales transnacionales durante el periodo 2015-2018.
5
Se plantea como hipótesis que las diferentes estrategias individuales y conjuntas
implementadas por Argentina, Brasil y Paraguay no han sido eficaces ni han tenido éxito en
la contención del narcotráfico y el tráfico de armas a nivel nacional y regional. Sin embargo,
se propone que la cooperación orientada al combate de los ilícitos ha fomentado los procesos
de integración del Cono Sur, al igual que, ha permitido fortalecer la autonomía en las políticas
y perspectivas regionales frente a los intentos de injerencia de la potencia del hemisferio,
Estados Unidos.
1.1 METODOLOGÍA
Para el trabajo de investigación los aspectos para tener en cuenta son las agendas puestas en
funcionamiento por Paraguay, Brasil y Argentina para afrontar el narcotráfico y tráfico de
armas en la zona trifronteriza; la expresión de los dos crímenes transnacionales ilegales en la
TF, y las características propias del Subcomplejo de Seguridad del Cono Sur. En este caso,
la variable dependiente del modelo será la evolución o cambios en el Sub-CRS del Cono Sur
dentro de la cuál estarán incluidas las dinámicas de la relación entre los países de la región,
las injerencias o presiones de unidades del sistema internacional que se encuentran fuera de
la región, así como los procesos de securitización de Brasil, Paraguay y Argentina frente al
narcotráfico y el tráfico de armas. En cuanto a la variable independiente, esta se encuentra
representada por la manifestación de los dos crímenes transnacionales a estudiar en la región
trifronteriza. Por último, las políticas implementadas de manera individual o conjunta
conforman la variable interviniente del modelo.
Para la realización del trabajo se hará uso de una metodología de tipo cualitativo. Por lo tanto,
se hará una revisión documental con el propósito de recaudar información acerca de los
antecedentes y manifestaciones actuales de los fenómenos transnacionales ilegales del
narcotráfico y el tráfico de armas presentes en la TF, al igual que de las políticas y planes de
seguridad de Brasil, Paraguay y Argentina para afrontar estos ilícitos. Por una parte, se
estudiarán fuentes oficiales de los tres países que proporcionen información acerca de las
estrategias, programas e instrumentos puestos en marcha para hacer frente a los dos
fenómenos ilegales. Además, se hará una revisión de fuentes académicas que examinen las
características del tráfico de armas y de drogas en la frontera tripartita del Cono Sur, así como
aquellas que estudien las tácticas y la logística movilizadas por los tres Estados, de manera
6
individual y/o conjunta, con el objetivo de confrontar estas dos manifestaciones del crimen
organizado transnacional.
Frente a la inferencia de los cambios en el sub-CSR de seguridad, los patrones de
relacionamiento entre las unidades se analizarán en base a las interacciones entre Argentina,
Brasil y Paraguay para luchar contra el narcotráfico y el tráfico de armas; la distribución de
capacidades en la región; el papel de Brasil como potencia regional; así como la participación
o asistencia de potencias externas, en este caso, Estados Unidos que permita comprender los
cambios en la influencia de la potencia en el Cono Sur.
Por lo tanto, se hará uso del método comparado para el establecimiento de los cambios que
haya tenido el Sub-CRS del Cono Sur a partir del análisis de las variaciones en las dinámicas
de relacionamiento entre las unidades determinado por los acuerdos de cooperación entre
Paraguay, Argentina y Brasil frente al narcotráfico y el tráfico de armas; así como un análisis
de los cambios en las capacidades de los países frente a la distribución de poder en la región
y los pactos establecidos con la potencia del hemisferio, Estados Unidos, que permita
comprender la variación de su influencia en la región. Sartori define el método comparado
como una herramienta para el control de las generalizaciones por medio de la búsqueda de
características constantes o variables en un estudio de caso (Sartori, 1984). Se hará uso del
método de la diferencia al presentarse cierta similitud en las variables independientes, pero
con ciertos cambios en las variables intervinientes y dependientes (Paradela & Llamazares,
2017). En este caso, se realizará una comparación con base en las diferencias al contrastar
aquellas variaciones que se hayan presentado tanto en las dinámicas del Sub-CRS del Cono
Sur, como en las agendas y políticas implementadas por los tres Estados en respuesta al
narcotráfico y el tráfico de armas, haciendo uso del análisis de contenido que permita inferir
el discurso o las ideas reflejadas en el texto (López F. , 2002, pág. 173), en este caso, la
percepción y definición que tienen Argentina, Brasil y Paraguay frente a los crímenes
transnacionales.
Igualmente, se trata de una comparación de carácter diacrónico, al ser longitudinal y entre
distintos periodos de tiempo (Nohlen, 2008) teniendo en cuenta que se estudiará la evolución
del Sub-CRS del Cono Sur al confrontar las variaciones en los procesos de securitización, las
relaciones entre los tres Estados y la posible influencia de potencias extrarregionales.
7
Igualmente, diacrónica puesto que se estudiará la evolución en las políticas puestas en marcha
por Paraguay, Argentina y Brasil para combatir el narcotráfico y el tráfico de armas, así como
los cambios que se han presentado en la manifestación de estos ilícitos en la zona fronteriza.
Sincrónica, dado que se confrontarán en un mismo periodo las percepciones y estrategias de
los tres países frente a los dos crímenes transnacionales.
1.2 MARCO TEÓRICO
Tradicionalmente los análisis de seguridad se han efectuado en dos niveles, la seguridad
nacional y global. Sin embargo, durante la década de 1990 surgió un modelo de seguridad
regional fundamentado en los Complejos Regionales de Seguridad. Esta teoría permite que
relacionen las condiciones internas de una unidad, con las relaciones de los actores de una
región, las relaciones entre regiones y los vínculos de la región con potencias mundiales
(Buzan & Wæver, 2003).
Para los autores de este modelo, la dinámica de la seguridad es intrínsecamente relacional, la
seguridad de ninguna nación es autónoma, y, por lo tanto, la región es la unidad de análisis
precisa debido a que es en este espacio donde ocurren la gran mayoría de las interacciones
entre los actores internacionales, en su mayoría Estados (Buzan & Wæver, 2003, p.43).
Asimismo, dada la cercanía geográfica, las distintas unidades tienen una mayor probabilidad
de compartir una gran cantidad de desafíos o amenazas a la seguridad.
La teoría de los Complejos de Seguridad incluye dentro de sus premisas algunos postulados
de los paradigmas realista y constructivista de las Relaciones Internacionales. El modelo de
Buzan y Wæver toma la estructura del sistema internacional y los patrones de
amistad/enemistad entre los actores como elementos que influyen en los complejos de
seguridad, percibidos como una subestructura del sistema.
Buzan y Wæver definen los Complejos de Seguridad Regional como “conjunto de unidades
en el cual los procesos de securitización/desecuritización están tan vinculados que los
problemas de seguridad de los unos no pueden ser estudiados/resueltos sin tener en cuenta
los de los otros” (citado en Frasson-Quenoz & Piñeros, 2014, pág. 17). Por lo tanto, el hecho
de que las unidades del sistema compartan los problemas de seguridad genera que estos deban
8
abordarse como conjunto, tomando en consideración, por un lado, las respuestas unilaterales
o conjuntas, y, por otra parte, la injerencia que puedan tener actores externos en el complejo.
Por otro lado, el crimen organizado fue definido en la Convención Internacional de Palermo
de la ONU de 2001 como:
“un equipo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (…)
con miras a obtener directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden
material” (citado en Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2011, pág.
16).
Consecuentemente, el carácter transnacional de los delitos aumenta la interdependencia entre
los países donde se encuentran asentadas estas redes ilícitas al compartir amenazas a su
seguridad. En este caso, la interdependencia de los Estados se encuentra dada por las
dimensiones de sensibilidad y vulnerabilidad frente a las políticas implementadas para
combatir el crimen organizado. La vulnerabilidad es entendida como los costos que acarrea
adoptar una alternativa, es decir un cambio de política mientras que la sensibilidad hace
referencia a la respuesta de un actor a los cambios en su entorno (Keohane & Nye, 1988,
págs. 26,27). Es decir, la sensibilidad implica que tanto afecta a cada Estado las políticas
implementadas por sus vecinos para luchar contra el crimen organizado, mientras que, la
vulnerabilidad es el gasto político, social y económico, de poner en marcha estrategias contra
los grupos criminales transnacionales.
Por otra parte, la categoría de Complejo Regional de Seguridad no puede ser otorgada a
cualquier conjunto de actores del sistema internacional, se requiere de un patrón regional de
seguridad particular que está determinado por su distribución de poder y las relaciones de
amistad-enemistad (Buzan & Wæver, 2003, pág. 47). Igualmente, un CRS puede dividirse
en subcomplejos puesto que estos representan patrones distintivos de interdependencia de
seguridad que están atrapados en un patrón más amplio que define al CRS como un todo
(Buzan, 2000, pág. 144).
En el caso de Suramérica, está se concibe como un Complejo de Seguridad de tipo estándar
puesto que posee dos o más Estados, al igual que una estructura anárquica y una agenda
9
predominantemente político-militar, donde la potencia más importante posee un alcance
regional (Buzan & Wæver, 2003, pág. 55), en este caso Brasil. También, se presenta una
multipolaridad porque las dinámicas de seguridad no están dominadas por la potencia
regional, la cual busca ejercer un rol de líder, sino que se deriva principalmente de la
interacción de los Estados de la región que poseen capacidades similares. Por último, se debe
resaltar el papel de Estados Unidos en el Complejo, puesto que al influir en las dinámicas de
seguridad lleva a cabo el mecanismo de penetración mediante el cual una potencia externa
interviene en un CRS diferente al suyo.
Ahora bien, la securitización es un concepto estrechamente relacionado con la Teoría de los
Complejos Regionales de Seguridad puesto que es el procedimiento mediante el cual se
definen los asuntos de interés de los actores internacionales en el campo de la seguridad1. La
militarización es entendida como un “tipo de securitización que se lleva a cabo por medio de
un proceso intersubjetivo que institucionaliza el predominio de lo militar sobre lo político,
con una serie de efectos excepcionales” (Verdes-Montenegro, 2019, pág. 7). De modo que,
la militarización se encuentra estrechamente relacionada con la securitización puesto que es
en el marco de esta institucionalización de la excepción que los Estados adoptan las
respuestas de carácter militar para afrontar las amenazas (Verdes-Montenegro, 2019, pág. 6).
La militarización se encuentra justificada como respuesta a diversos factores que provocaron
la necesidad de su desarrollo. Una de estas es el aumento de los que fenómenos ilícitos
transnacionales, en el marco del proceso de globalización, lo cual ha contribuido al desgaste
de las instituciones. Consecuentemente, los países han recurrido al uso de las Fuerzas
Militares con el propósito de combatir al crimen organizado transnacional debido a una
percepción incremental donde la inclusión de las fuerzas castrenses garantizará una mayor
cobertura del territorio y suplirá las deficiencias del sistema judicial y de la Policía (Amaya,
2012).
Para Hall y Coyne, se debe diferenciar entre la militarización directa y la indirecta puesto
que la primera hace referencia a la inclusión de las Fuerzas Militares en misiones de
1 Buzan define la securitización como el proceso mediante el cual una situación o problema entra en la agenda
de seguridad, lo anterior mediante la definición del problema como una amenaza existencial que requiere de
medidas extraordinarias para su abordaje y, por lo tanto, se justifican maniobras que escapan a los límites del
procedimiento político (Buzan, 1998).
10
seguridad interna, mientras que la segunda consiste con aquellos casos en que los cuerpos de
seguridad civil, la Policía, adquieren atributos propios de los militares en cuanto al
armamento y las tácticas implementadas (citado en Morales & Pérez, 2015). Por lo tanto, la
militarización no solo es entendida como la inmiscusión de los militares en las tareas de
control interno, sino que también se refiere a la adopción, por parte de las fuerzas policiales,
de cualidades propias del combate correspondiente en años anteriores a las grupos castrenses.
Por otro lado, la protección de la integridad y la búsqueda de la estabilidad de los Estados se
efectúa tanto a nivel interno como externo, siendo concebida la primera tarea como seguridad
y la segunda como las acciones de defensa. Tanto la seguridad interna como la defensa
nacional provienen del monopolio legítimo de la violencia de toda unidad política, si bien, la
divergencia se origina por el empleo de la capacidad de poder que distingue los ámbitos de
cada Estado. Asimismo, cada una se diferencia por el tipo de fuerza aplicada, por un lado, de
carácter ordenadora y protectora para la seguridad, y, por otra parte, defensiva y letal en el
exterior para la defensa. Para una efectiva aplicación de estas dos tareas vitales para la
existencia y supervivencia de una organización política, cada una posee una normatividad
propia con funcionarios capacitados para cumplir con las funciones que les han sido
atribuidas. Dado el caso de que algunas de las funciones sean desarrolladas de manera
inadecuada, el gobierno debe garantizar restauración, muchas veces recurriendo de las
instituciones responsables de la otra labor (Saint-Pierre, 2012, pág. 43).
En toda organización política, el hecho de poseer el monopolio de la fuerza en manos de los
gobernantes tiene una orientación a organizar y amparar a la sociedad. Por lo tanto, la
ejecución interna de la soberanía consiste en la protección de los ciudadanos, evitando el
surgimiento de conflictos en los individuos o colectivos. Las instituciones encargadas de
cumplir y alcanzar este objetivo son el sistema judicial y los cuerpos policiales, puesto que
están orientados a conservar el orden social. Asimismo, estas organizaciones políticas, los
Estados, se encuentran inmersas en un entorno internacional donde no existe el monopolio
de la violencia y con quienes compite para defender su existencia y reivindicar su soberanía.
Aquí el uso del monopolio de la fuerza por medio de su proyección frente a las amenazas
externas es lo que se conoce como defensa. Las organizaciones encargadas de esta área son
las fuerzas militares, entrenados para liquidar al enemigo (Saint-Pierre, 2012, pág. 42).
11
2. ANTECEDENTES DEL NARCOTRÁFICO Y TRÁFICO DE ARMAS EN LA
TRIPLE FRONTERA Y DE LAS POLÍTICAS DE ARGENTINA,
PARAGUAY Y BRASIL
2.1 Narcotráfico y tráfico de armas en la Triple Frontera
El narcotráfico en la TF del Cono Sur ha estado basado en el transporte de cocaína
proveniente de Colombia, Perú y Bolivia, al igual que de la marihuana originaria de
Paraguay, con destino a las principales ciudades del Mercosur, así como a otros mercados
globales, específicamente Europa y Estados Unidos (Hudson, 2010, pág. 40). Frente al
tráfico de armas, este ilícito se fundamentó en el contrabando del armamento para el uso de
los grupos criminales organizados que han operado en la región y el continente,
principalmente adquirido por las mafias de Brasil (Hudson, 2010, pág. 39).
En la cadena del narcotráfico transnacional en la región, Paraguay se consolidó como país
productor y país de tránsito de los estupefacientes al estar en medio de los principales
productores de Suramérica, es decir, los países andinos, y los Estados de distribución de la
droga como lo son Argentina y Brasil. Por un lado, a territorio guaraní ingresa la cocaína
proveniente los grandes productores andinos Colombia, Perú y sobre todo Bolivia, la cual es
acopiada en Ciudad del Este y trasladada a Brasil y Argentina para su distribución a los
centros de consumo globales, con una pequeña parte reservada para el consumo interno
(Lynn, 2008). Por otro lado, Paraguay se consolidó como país productor de marihuana desde
las décadas de los sesenta y setenta cuando se inició el cultivo de cannabis en los
departamentos de Amambay y Alto Paraná, en la frontera nororiental con Brasil. En aquellos
años, con la participación corrupta del gobierno central (1954-1989) en el narcotráfico, la
frontera agrícola se expandió en el noroeste y se establecieron nuevas rutas de transporte
hacia Brasil (Garat, 2016, pág. 5). Finalmente, en la década de los años noventa el cultivo de
cannabis se afianzó en todos los territorios a lo largo de la frontera con Brasil, donde los
campesinos vendían el producto a los “socios”, intermediarios encargados del acopio,
traslado y venta del estupefaciente en la zona fronteriza (2016, pág. 9).
Brasil desde la década de 1980 es concebido como corredor para el envío de cocaína a los
principales centros de consumo a nivel global, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, desde
los años noventa, el gigante suramericano también se erigió como territorio consumidor de
12
estupefacientes, llegando a ser considerado el segundo país en consumo de cocaína en el
mundo. Por otra parte, desde finales de la década de 1970 surgió dentro de las cárceles de
Brasil uno de los principales grupos de crimen organizado, el CV, como medida de
autoprotección ante la represión aplicada por la dictadura en las prisiones (InSight Crime,
2018). Una vez fuera, los exconvictos del régimen dictatorial iniciaron el establecimiento de
células en las favelas para después expandirse a lo largo del territorio, incluyendo los
territorios de frontera, con el propósito de acaparar el negocio del narcotráfico en el país
(Rodrigues, 2016, pág. 242). Posteriormente, en los años noventa y principios del nuevo
milenio surgirían los otros dos grupos de crimen organizado más relevantes de Brasil, el PCC
junto con la Familia do Norte (FDN), respectivamente2.
Por último, la participación de Argentina en la red regional y global del narcotráfico está
basada en su carácter de territorio de tránsito con un consumo y mercado interno minorista,
pero en crecimiento y expansión (Sain, 2009). Igualmente, se trata de un Estado de
reembarque, puesto que la cocaína proveniente de los países andinos, junto con el cannabis
boliviano y paraguayo, son enviados a los mercados de Europa y Estados Unidos, si bien
parte de la marihuana se distribuye en el territorio (Calderón, 2014, pág. 10).
Dentro de los grupos organizados ilegales dedicados al tráfico de drogas y de armas en la TF
existen tanto organizaciones nativas como no nativas. Resalta la presencia de grupos
colombianos, especialmente de la desmovilizada guerrilla de las FARC, y de organizaciones
criminales rusas, principalmente de origen checheno. Estas mafias rusas han estado presentes
en la TF desde la década de los años noventa, en el marco de los procesos de globalización,
los cuales implicaron la apertura económica y nuevas tecnologías de comunicación y
transporte que permiten a los grupos criminales actuar como redes internacionales (Bermejo,
2009). Algunas de las mafias allí asentadas son Podolkaya, Mazukinskaya y Tambovskaya,
dedicadas al contrabando de armas y al narcotráfico. Estas bandas arribaron al territorio
suramericano buscando articularse al comercio global de drogas, específicamente mediante
el tráfico de los estupefacientes al continente europeo por medio de barcos de carga y
pesqueros que zarpan desde los puertos brasileños. Frente al tráfico de armas, las mafias
2 Al igual que el CV, los dos grupos surgieron en los penales brasileños para después dedicarse a negocios
ilícitos, incluyendo el narcotráfico, en el caso del PCC se asentó en la frontera occidental del territorio mientras
que la FDN se radicó en el noroeste del país (Insight Crime, 2018).
13
rusas, especialmente las provenientes de Chechenia, llevan a cabo el contrabando de
armamento pequeño y de tipo militar, como lo son rifles AK-47 y misiles aéreos, el cual está
destinado a equipar los grupos criminales de Brasil (Hudson, 2010, pág. 46; GDA Grupo de
Diarios América La Nación Argentina, 2000). En cuanto a la organización colombiana, su
presencia en la zona trifronteriza respondió a los vínculos con las organizaciones criminales
brasileñas para la venta de drogas, especialmente cocaína proveniente de los países andinos.
2.2 Agendas y políticas previas para afrontar el tráfico de drogas y de armas en la TF
2.2.1 Respuestas individuales
En el caso del narcotráfico, la definición del fenómeno ilegal y su consecuente abordaje por
los tres países fueron influidos por la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Esta
perspectiva surgió en 1971 durante el gobierno de Richard Nixon, quien calificó a las drogas
como el principal enemigo público, es decir, una amenaza a la seguridad y, por lo tanto, debía
librarse una guerra para su combate (Cepeda & Tickner, 2017)3. En el caso de los tres países
del Cono Sur, adoptaron el enfoque punitivo y prohibitivo frente al problema del narcotráfico,
sin embargo, se mostraron renuentes al uso de las Fuerzas Militares en su combate una vez
superados los regímenes dictatoriales.
Asimismo, se debe tener en cuenta que los tres países del Cono Sur tienen vínculos de
cooperación con Estados Unidos en el ámbito de seguridad y defensa, tanto de tipo financiera
como técnica, con programas dirigidos a compartir la doctrina y estrategias de seguridad de
la superpotencia hemisférica.
Tabla 1. Asistencia al Sector Seguridad (2004-2014)
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Arge
ntin
a
$1.520
.558
$1.729
.546
$2.013
.601
$3.744
.541
$6.400
.872
$2.956
.987
$2.846
.610
$1.150
.750
$1.157
.748
$777
.132
$672
.213
$24.97
0.558
Bras
il
$11.22
7.738
$10.18
0.762
$8.496
.439
$6.173
.235
$3.798
.544
$4.372
.536
$4.112
.558
$5.232
.748
$4.844
.405
$3.8
38.0
79
$4.0
61.3
58
$66.33
8.402
Para
guay
$1.605
.230
$1.913
.874
$3.337
.792
$2.854
.740
$3.829
.523
$9.004
.041
$4.171
.092
$1.890
.699
$1.737
.129
$1.3
$937
.167
$32.65
2.858
3 Posteriormente en la administración de Ronald Reagan se centró la atención sobre la oferta de los
estupefacientes, esto es el combate de la producción y el tráfico de los narcóticos (Rosen & Zepeda, 2016).
14
71.5
71
Fuente: Elaboración propia a partir de Security Assistance Monitor (2020) (miles USD)
Tabla 2. Entrenamiento Sector Seguridad (2004-2014)
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Argentina 679 363 446 939 564 658 929 167 144 71 106 5066
Brasil 66 88 103 1221 269 223 427 659 487 221 233 3997
Paraguay 237 525 341 343 239 106 291 205 488 187 207 3169 Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank Open Data (2020) (No. efectivos entrenados)
Las datos muestran la influencia que mantiene Estados Unidos en los asuntos de seguridad y
defensa de los Estados pertenecientes al Cono Sur y, consecuentemente, el carácter permeado
del Sub-CRS. En el caso del entrenamiento de efectivos en estrategias de seguridad y defensa
resalta la asistencia recibida por Argentina en comparación con Brasil y Paraguay. Asimismo,
evidencia que a pesar de la oposición de Brasil y Argentina frente a las posiciones o
estrategias pro-militarización de Estados Unidos en los asuntos de seguridad y defensa,
mantuvieron relaciones de cooperación para capacitaciones de sus fuerzas.
- Argentina
En el caso argentino, su marco jurídico frente al narcotráfico ha tenido un carácter punitivo
y prohibitivo desde 1920, pero es en la década de los setenta donde se endureció la
normatividad con la Ley 20.771 de 1974, donde se consideró el tema de las drogas como
parte del ámbito de la seguridad nacional y, por tanto, un delito federal. Esta fue
complementada por la Ley 23.373 de 1989, que no alteró la tipificación de los delitos, sino
que aumentó la duración de las condenas (Transnational Institute, s.f.).
El combate que efectuó el Estado argentino desde los años ochenta, una vez finalizada la
dictadura, estuvo enmarcado por el uso y asignación de esta tarea a las fuerzas de seguridad
de la nación, es decir, los cuerpos policiales, mientras las organizaciones castrenses fueron
restringidas al ámbito de la defensa. Lo anterior debido a la Ley No. 23.554 de 1988, o Ley
de Defensa Nacional, y la Ley No. 24.059 de Seguridad Interior de 1992, en las cuales se
estableció la diferenciación entre defensa nacional y seguridad interior, se encargó a la
Policía, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval las tareas de seguridad interior
15
(Gobierno de Argentina , 1992), mientras que las fuerzas castrenses responderían a amenazas
externas de otros Estados.
Sin embargo, durante los periodos presidenciales de Cristina Kirchner (2007-2015) empezó
a modificarse la estrategia nacional de combate a los dos crímenes transnacionales estudiados
por medio de la participación de fuerzas militares en las operaciones destinadas al control de
los ilícitos debido a la creciente influencia del general del Ejército Cesar Milani sobre el
gobierno (Sain, 2019, pág. 77)4. Consecuentemente, los cuerpos castrenses cooperaron con
los organismos encargados de la seguridad interior por medio del Operativo Fortín en el
marco del Operativo Escudo Norte inaugurado en 2007, una táctica clásica de interdicción
fronteriza que tenía el propósito de consolidar la supervisión y el control sobre los territorios
septentrionales de Argentina para la captura de grupos criminales dedicados a diversos
ilícitos transnacionales, entre estos, el tráfico de drogas y de armas (Sain, 2019, pág. 66).
Las zonas específicas donde se efectuó el Plan fueron el noroeste y el noreste de Argentina,
encontrándose en esta última la región de la TF con Paraguay y Brasil. Consecuentemente,
en 2011 el Ejército inició el despliegue de individuos de manera coordinada con las fuerzas
de la Gendarmería Nacional Argentina, orientados preliminarmente a la ampliación del
control y visualización de los territorios por medio radares RASIT, que son de carácter móvil,
lo cual implicó actividades de patrullaje del Ejército y la Fuerza Aérea para su monitoreo
(Sain, 2019, pág. 71).
Esta militarización del combate al crimen organizado resultó de la creciente influencia que
tuvo el general César Milani sobre la ministra de seguridad Nilda Garré y, consecuentemente,
sobre la cartera y las decisiones gubernamentales tomadas en este ámbito (Sain, 2018, pág.
39). El general Milani fundamentó la inclusión de las Fuerzas Militares en el combate del
narcotráfico en la alta permeabilidad de la frontera norte por el crimen organizado, sin
embargo, el objetivo último era otorgar nuevas misiones a las organizaciones castrenses, a la
par de su modernización, evitando su declive (citado en Sain, 2019, pág. 74-76).
A partir de aquel año “no solo se incrementó la cantidad de militares intervinientes, sino que
se modificó en la operatividad mediante la conformación de unidades mixtas integradas por
4 El general Cesar Milani se encontraba en aquel momento al mando de la Jefatura II de Inteligencia y posterior
jefe del Ejército.
16
efectivos del Ejército argentino acompañados por algunos miembros de la Gendarmería
Nacional” (Sain, 2018). Con lo anterior, se evidencia el afianzamiento y estabilización de la
militarización argentina del combate al narcotráfico por medio de la inclusión de los militares
en labores de seguridad interna, rompiendo así con la diferenciación establecida entre defensa
y seguridad.
- Paraguay
Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) se estableció el marco normativo
que regula el narcotráfico y las actividades relacionadas a este, tales como el cultivo, posesión
y consumo, en Paraguay. En 1972 decretó la Ley 357, con la cual se establecían penas de
privación de libertad por acciones de siembra y producción de estupefacientes, la venta de
estos productos, así como su importación o exportación desde territorio guaraní (Garat, 2016;
Congreso de la República de Paraguay, 1972). Posteriormente, esta ley fue modificada en
1988, con el país guaraní aún bajo el régimen dictatorial, por la Ley 1340, la cual endureció
las penas por delitos relacionados al tráfico de drogas con tiempos mínimos de 10 años hasta
los 20 años de prisión.
Paraguay cuenta dentro de su estructura gubernamental con una entidad encargada de dirigir
y coordinar la lucha contra este tipo de crimen organizado transnacional y, por tanto, debe
ejecutar la política pública nacional orientada al combate del narcotráfico. Creada en 1991
para sustituir a la Dirección Nacional de Narcóticos (DINAR) adscrita al Ministerio de
Justicia, la Secretaria Nacional Antidroga (SENAD) es el organismo gubernamental
encargado de abordar el problema de los estupefacientes en “la prevención, recuperación y
el control del lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes y
sicotrópicos y de los delitos conexos; la drogadicción, el control del tráfico de drogas
peligrosas y su prevención” (Gobierno Nacional de Paraguay, 1997).
Como antecedente del combate al narcotráfico está el Programa Nacional Integrado de
Impacto para el Paraguay 2011-2014. Este programa, que se encontraba dividido en tres
líneas de acción, incluía como primer subprograma el Crimen Organizado y los tráficos
ilícitos, orientado al fortalecimiento de las capacidades institucionales para luchar contra el
narcotráfico, ejercer un control más efectivo de las fronteras y lograr la reducción de la
producción de cannabis en el territorio paraguayo (UNODC, 2011).
17
Las principales actividades enmarcadas en este programa fueron fortalecer las capacidades
de investigación tanto de la SENAD como de las fuerzas de seguridad del país para alcanzar
una mejor caracterización de los cultivos y tráfico de estupefacientes en los diferentes
territorios, con énfasis en los espacios fronterizos del este y sureste de Paraguay (UNODC,
2011, pág. 46). Asimismo, se buscó reforzar las aptitudes de la Policía Nacional para el
combate de los grupos criminales dedicados al narcotráfico y el tráfico de armas, es decir, se
busca potenciar el poder y control de este organismo sobre las fronteras y los territorios
adyacentes.
En cuanto al tráfico de armas, los esfuerzos fueron orientados a reducir el porcentaje o
participación ilegal en el comercio de armas dentro del territorio guaraní, que contempla un
70% de las importaciones y un 100% de las exportaciones de estos objetos (Fleitas, 2009,
pág. 34). Consecuentemente, en 2010 se sancionó la Ley N.4036 sobre Armas de Fuego, que
estableció la creación del CENARA (Centro Nacional de Rastreo de Armas de Fuego)
encargado de “realizar el seguimiento sistemático de las armas de fuego, sus piezas y
componentes, municiones y explosivos, encontrados, incautados, (…) con el fin de detectar,
investigar y analizar el tráfico ilícito dentro del territorio nacional” (BACN, 2012)5.
- Brasil
Brasil contó históricamente con un marco normativo prohibitivo frente al comercio, consumo
y cultivo de drogas, aunque con cierta diferenciación entre aquellos que forman parte del
negocio del narcotráfico y los consumidores de los estupefacientes. En la época de la
dictadura (1964-1985), se estipuló el Decreto ley 385 de 1968, una nueva legislación en
materia de drogas en la cual se equiparó a los consumidores con los traficantes, rompiendo
con la narrativa de diferenciación entre estos, e igualando las penas para cualquier acto
relacionado con los narcóticos (Rodrigues, 2010, pág. 31). Posteriormente, con el proceso de
democratización se desarrollaron múltiples reformas al ordenamiento jurídico, las cuales
establecieron el tema de las drogas como un asunto de salud pública y tendieron hacia la
despenalización del consumo, manteniendo el enfoque punitivo hacia el tráfico de los
5 La creación de esta entidad se sumó a los esfuerzos por robustecer las capacidades de la SENAD y la Policía
Nacional sobre el modus operandi del tráfico de armas y la capacidad de detención y enjuiciamiento de grupos
criminales dedicados a este ilícito, inscritos en el Plan Nacional Integrado.
18
estupefacientes. Finalmente, en 2006 se estableció una nueva normatividad que formalizó la
despenalización de los consumidores al terminar con las condenas privativas para ellos,
acompañado de una diferenciación del cultivo para un consumo ocasional junto con un
aumento en la penas para los individuos dedicados al tráfico (2010, pág. 34). Sin embargo,
el marco normativo brasileño aún posee una diferenciación insuficiente entre consumo y
tráfico, teniendo en cuenta que está basada en la cantidad, el tipo de estupefaciente, y otros
elementos como el lugar y los antecedentes que dejan al criterio del funcionario la aplicación
de la normatividad (Transnational Institute, s.f.).
En el caso de la potencia suramericana, la autoridad en la cual se encuentra enmarcado el
abordaje y combate del narcotráfico es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por
medio del Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) entidad creada en
2006, encargada de coordinar las maniobras para la “represión de la producción no autorizada
y el tráfico ilícito de drogas” (Gobierno de Brasil, 2006). Igualmente, la Policía Federal y la
Marina de Brasil, dos instituciones inscritas en el SISNAD, son las organizaciones que llevan
a cabo las operaciones de vigilancia y control en los espacios fronterizos para irrumpir en las
cadenas aéreas, fluviales y terrestres del tráfico de estupefacientes.
Frente al tráfico de armas, Brasil posee dos principales legislaciones dentro de las cuales se
destaca la Ley N.10826 de 2003, por la cual se establece el Sistema Nacional de Armas
(SINARM). En su capítulo cuarto, donde se exponen los crímenes a considerar por la ley,
fija el tráfico ilegal de armas de fuego y su comercialización, como ilícitos a contrarrestar en
el territorio brasileño (Transnational Institute, s.f.). Por medio de esta ley, el gobierno federal
de Brasil buscó reducir el número de armas de las cuales no poseía registro ni documentación
el Estado, cuyo destino eran las mafias nativas del país tras su ingreso por las fronteras
(Transnational Institute, s.f.).
En este caso, existió la intervención y participación del Ejército y de la Policía con el objetivo
de abarcar todo el mercado de armas. El Ejército estuvo encargado de garantizar que las
armas oficiales no terminaran en el mercado ilegal, o dado el caso, efectuaran su rastreo en
la ilegalidad. Por lo tanto, debían custodiar las armas desde su producción hasta su transporte
para comercio y exportación a otros países. Por otro lado, la Policía Federal fue la delegada
de controlar las armas en manos de la población civil por medio de las autorizaciones de
19
compra y porte, así como el registro en las bases de datos nacionales (Mack, 2011, pág. 95).
Con lo anterior, el gobierno de Brasil buscó restringir la posesión de armas por parte de las
mafias brasileñas al disminuir la demanda y dificultar el acceso de estas a nuevo armamento.
2.2.2 Respuestas conjuntas
Por otra parte, los tres Estados de la zona fronteriza del Cono Sur han ejecutado respuestas
conjuntas para controlar los fenómenos del narcotráfico y el tráfico de armas. Gran parte de
estas iniciativas colectivas se han efectuado en el ámbito del Mercosur por medio de acuerdos
orientados a la lucha contra el crimen organizado transnacional dentro de los países
miembros, con especial énfasis en las periferias y fronteras de los Estados.
Para la creación del Mercosur debe tenerse en cuenta el cambio en las relaciones entre los
países de la región, fundamentado en la sensación de problemas y objetivos comunes. Los
anteriores contactos entre los Estados del Cono Sur se habían caracterizado por el
escepticismo y la posibilidad de conflicto, es decir, los países tomaban previsiones en el
ámbito defensivo militar. En el caso de Paraguay, Brasil y Argentina, el alcance del tratado
Itaipú-Corpus en 1979, que establecía el reparto del río Paraná para la construcción de
proyectos hidroeléctricos, permitió alcanzar un espacio de paz y diálogo entre los países
(Domínguez, 1998, pág. 21), sumado al desescalamiento de Argentina y Brasil frente a la
cuestión nuclear que culminó con su ingreso al Tratado sobre la No Proliferación de las
Armas Nucleares (Pozzo, 2017). Asimismo, con la pérdida de las dinámicas de rivalidad y
de la posibilidad de enfrentamiento, durante la década de los noventa el abordaje de las
políticas de defensa de los países estuvo orientado al cambio de doctrina de las fuerzas
armadas para redirigirla al abordaje de las nuevas amenazas, enmarcadas en el área de la
seguridad (Vitelli, 2015, pág. 16). Por lo tanto, esa percepción de desafíos y objetivos
compartidos dio paso a iniciativas de cooperación, teniendo como principales motivos, por
un lado, la consolidación de la democracia para alcanzar estabilidad en la región y constituirla
como una zona de paz, y, por otra parte, la constitución de una zona económica que permitiera
la salida de la crisis (Dri, 2010).
Asimismo, dentro del Mercosur se desarrolló una tendencia de los países miembros hacia la
concurrencia en los asuntos de seguridad derivada de la convicción de que la integración
económica del Cono Sur no podría mantenerse a largo plazo a menos de que los países
20
llegaran a convenios en el área de seguridad (Riquelme, 2013). Lo anterior conllevó a un
abandono de las concepciones tradicionales de seguridad en la cuales se percibía al país
vecino como amenaza y, por tanto, de la política de enfrentamiento marcada por los
conflictos entre Estados. Ahora, se buscaba consolidar a la subregión como un entorno de
paz y seguridad que contribuyera al proceso de integración.
Ahora bien, el Cono Sur también estuvo marcado por la manifestación y fortalecimiento del
crimen transnacional organizado en los territorios, y fueron estas amenazas comunes las que
impulsaron a los Estados a progresar en la cooperación para plantear una lucha coordinada
contra los ilícitos (Battaglino, 2008). Esta cooperación en el ámbito de la seguridad se ha
manifestado por medio de ejercicios conjuntos, cooperación técnica y programas de
intercambio. Se ha dado paso a un régimen de seguridad de tipo cooperativo, fundamentado
en la ausencia de conflictividad entre las unidades y unos objetivos comunes en el área de
seguridad que serán alcanzados por medio de respuestas coordinadas.
Con esto se evidencia un cambio del Sub-CRS del Cono Sur, teniendo en cuenta que los
Estados de la región ya compartían amenazas a su seguridad en la TF, pero luego decidieron
abordarlas de manera conjunta. De igual modo, se trata ahora de un Sub-CRS caracterizado
por patrones de amistad en las dinámicas de seguridad, una vez han sido superadas las
percepciones de amenaza entre los países, manifestado en la reorganización de los Ejércitos
hacia labores defensivas, acompañada de la cooperación económica entre sus miembros
(Buzan & Wæver, 2003, pág. 322).
Por lo tanto, los países miembros del Mercosur plantearon la necesidad de una normatividad
coincidente para combatir el crimen organizado transnacional que afecta a todos los países.
Igualmente, se propusieron sistemas de información regionales para el combate de los ilícitos
transnacionales. Tal es el caso del Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca
para la Seguridad Regional de Mercosur de 1999, donde se reconoce el nuevo carácter
transnacional del crimen organizado, así como la necesidad de modernizar las fuerzas de
seguridad de la región y la puesta en práctica de acciones coordinadas para dar respuestas
más eficientes al crimen organizado transnacional (Dirección Nacional del Sistema
Argentino de Información Jurídica, 1999). Dentro del Plan se incluyen acciones a
implementar dependiendo del ilícito, y en cuanto al narcotráfico, se plantea armonizar en la
21
región las actividades de control y fiscalización para la detección del tráfico ilícito de drogas;
realizar operaciones coordinadas para la localización de individuos y organizaciones
dedicadas al ilícito, intercambiar informes sobre los ejercicios realizados y los modos de
operación de estos grupos criminales, y, por último, la formación de una red de
comunicaciones para toma oportuna de decisiones de los países (Dirección Nacional del
Sistema Argentino de Información Jurídica, 1999).
Ahora bien, el carácter de penetración del Sub-CRS del Cono Sur por un actor externo se
evidenció con el establecimiento del mecanismo de diálogo conocido como “Grupo 3+1” que
agrupa a los tres países de la TF con Estados Unidos, la superpotencia hemisférica y global.
Lynn expone que “este esquema fue creado para analizar la problemática de seguridad en la
TF que comparten los tres primeros países, que incluye el terrorismo y su financiamiento, el
tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y el control aduanero e inmigración” (Lynn, 2008,
pág. 73). Desde su creación en 2002, existió disenso entre Estados Unidos y Argentina y
Brasil por el interés de la superpotencia de imponer una visión de la región trifronteriza como
un espacio donde prima la ilegalidad y en el que resalta el terrorismo como la principal
amenaza en la zona (Miranda, 2018, pág. 34).
Lo anterior evidencia la penetración del Sub-CRS del Cono Sur por parte de Estados Unidos,
cuyo propósito fue alcanzar una alineación en el área de seguridad con los tres países de la
TF (Buzan & Waever, Security complexes: a theory of regional security, 2003), en este caso,
por medio del reconocimiento al terrorismo como la principal amenaza en la región y la
necesidad de concentrar los esfuerzos de seguridad en su combate. Asimismo, se presenta
una penetración y no una superposición, puesto que el Subcomplejo posee dinámicas propias
de seguridad con una intromisión ocasional de Estados Unidos (Buzan & Wæver, 2003). Esto
se manifestó en el hecho de que Paraguay, Brasil y Argentina participaron en el Grupo 3+1
al tratarse de una plataforma de cooperación política para el abordaje del crimen organizado
transnacional en la región, pero oponiendose al reconocimiento de la presencia de células
terroristas en la zona trifronteriza.
También, estas respuestas conjuntas tenían una orientación a la seguridad de los Estados en
detrimento del sector de la defensa, es decir, se fundamentaron en el uso de las fuerzas
policiales encargadas de garantizar la seguridad interna. Lo anterior, se dio en oposición a la
22
intención y presión de Estados Unidos por militarizar la cuestión del combate al crimen
organizado transnacional en el Cono Sur (Miranda, 2018).
Aquí también debe tomarse en cuenta el rol que juega Brasil como polo central de poder al
tratarse de la potencia de la región del Cono Sur. Se habla de Brasil como un país potencia
dado el surgimiento que ha tenido en la escena internacional, en los niveles regional y global,
debido a su poderío económico y, consecuentemente, político pasando a ser un rule-maker
en el sistema internacional (Gratius, 2008). En el caso de Suramérica, Brasil ha liderado las
iniciativas regionales con el propósito de adquirir poder económico y político, donde logró
consolidarse como la mayor economía de Suramérica, así como el principal territorio para la
inversión extranjera en la región y el mayor poder militar.
El momento clave es el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) puesto que
desde allí Brasil se comprometió con ocupar un papel internacional más activo por medio del
multilateralismo y la negociación que permita aumentar su influencia a nivel regional y
global (Gratius, 2008, pág. 138). En relación con lo anterior, el interés de Brasil en el
subcontinente suramericano está en alcanzar un entorno donde se compartan normas y
valores, e incluso se tenga una identidad, que permitan consolidar la estabilidad democrática
y el crecimiento económico (Caballero, 2011, pág. 166). No obstante, los países vecinos han
presentado oposición al papel de liderazgo pretendido por Brasil, en especial, la tradicional
rivalidad con Argentina, teniendo en cuenta que se trata de la segunda nación productiva del
Mercosur y de la histórica competitividad entre los dos países. En el caso de Paraguay, se
trata de un país con problemas de legitimidad democrática y estancamiento económico
acompañado de la carencia de una industria moderna, cuya participación en los procesos de
integración del Cono Sur se justifica en el incremento de su capacidad de negociación y
oportunidad para evitar el aislamiento (Rodríguez J. , 2001).
Tabla 3. PIB (1995-2014)
País 1995-2004 2005-2014
Argentina $ 234,838 $ 399,148
Brasil $ 691,644 $ 1.808.789
Paraguay $ 8,878 $ 26,202
Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank Open Data (2020) (miles USD)
23
Tabla 4. Gasto Militar (1995-2014)
País 1995-2004 2005-2014
Argentina $ 2,779 $ 3,382
Brasil $ 11,666 $ 27,104
Paraguay $ 125,2 $ 223,3
Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank Open Data (2020) (miles USD)
De las anteriores tablas, se puede confirmar el carácter de potencia regional que ha adquirido
Brasil que se manifiesta en el PIB más alto del Cono Sur, y el consecuente gasto militar
sustentado en tal grado de desarrollo y crecimiento. Igualmente, se muestra el rezago en las
capacidades de Argentina frente a Brasil, así como las deficiencias que posee Paraguay a
nivel económico que repercuten en otros ámbitos como la defensa.
24
3. MANIFESTACIÓN CONTEMPORÁNEA DEL NARCOTRÁFICO Y EL
TRÁFICO DE ARMAS EN LA TRIPLE FRONTERA (2015-2018)
3.1 Narcotráfico en la TF
Durante el periodo de 2015 hasta la actualidad, el narcotráfico en la TF se ha caracterizado
por el tránsito de cocaína, bien sea la pasta o el estupefaciente como tal, y de marihuana para
su distribución y comercio, por un lado, en los Estados que comparten la frontera tripartita,
y, por otro, para tráfico a otros países de la región u otros mercados globales, principalmente
Europa. En cuanto a la cocaína, esta proviene sobre todo de Bolivia, con algunos cargamentos
originarios de Colombia y Perú que son transportados a lo largo de Paraguay hasta Ciudad
del Este. Frente a la marihuana, es originaria en su totalidad del territorio guaraní, teniendo
en cuenta que se trata del mayor cultivador de cannabis en la región de Suramérica.
Devia y Ortega exponen que el crimen organizado transnacional en la TF presenta una
dinámica “cíclica” debido a que otros delitos como el contrabando y el lavado de dinero les
permiten a los grupos dedicados al tráfico de drogas y de armas aumentar sus acciones
ilegales. Por lo tanto, las mafias que llevan a cabo el narcotráfico y el tráfico de armas utilizan
las mismas rutas del contrabando o incluso esta modalidad para el transporte de sus productos
(Devia & Ortega, 2018, pág. 15)6.
Las estrategias de tráfico utilizadas por los grupos criminales transnacionales son diversas
debido a las características geográficas e institucionales que caracterizan a la región
fronteriza de la TF. Es decir, el tránsito de los estupefacientes se efectúa por vía terrestre,
dadas las conexiones físicas entre Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú por medio
de los puentes de la Amistad y Tancredo-Neves; de forma fluvial por el acceso al cauce del
río Paraná; y de manera aérea debido al desarrollo de pistas clandestinas en la zona fronteriza,
sumado a los aeropuertos con los que cuenta cada ciudad de la región (Devia & Ortega, 2018,
pág. 18). Asimismo, todas estas maniobras orientadas a la movilidad de la cocaína y la
marihuana son facilitadas por las deficiencias de las instituciones de los tres países que
impiden un efectivo control sobre sus fronteras, al igual que la anuencia de funcionarios con
relación al desarrollo de este tipo de crimen organizado transnacional.
6 A esto se suma, la estrecha relación entre tráfico de drogas y tráfico de armas en la frontera tripartita, en donde
las organizaciones criminales intercambian un artículo por otro.
25
Respecto al traslado fluvial de los estupefacientes, los grupos de narcotraficantes cuentan con
una gran cantidad de barcos o buques a lo largo del río Paraná y operan por medio de
múltiples puertos clandestinos que dificultan los controles de las fuerzas de seguridad de
Brasil, Paraguay y Argentina (citado en Devia & Ortega, 2018, pág. 17). El cannabis y la
coca son previamente almacenadas en casas o depósitos adyacentes al cauce del río en Ciudad
del Este con el objetivo de efectuar un desplazamiento más rápido de las drogas hacia Brasil.
Ahora bien, el tráfico por vía terrestre se efectúa en gran medida a través de doble fondos en
camiones que transportan soya y madera desde Paraguay, y esto, sumado al alto flujo de
vehículos que transitan a diario por los corredores fronterizos, impide la inspección por parte
de las autoridades policiales (citado en Devia & Ortega, 2018). Por último, el transporte de
las drogas por vía aérea se efectúa por medio de pistas clandestinas difíciles de localizar dada
la geografía inhóspita de la región trifronteriza.
La mayoría de los estupefacientes traficados a lo largo de la TF se encuentran en Paraguay.
La cocaína proviene en su totalidad de Bolivia (procesada y pasta), tanto la producida en este
Estado como la originaria de los países andinos de Colombia y Perú, país con el que comparte
frontera en la parte septentrional de su territorio (Mejías, 2020) y la cual es introducida a
territorio guaraní por la región del Chaco. Los cargamentos de cocaína ingresan mediante
avionetas cargadas de 300 a 600 kilos, flete que es transportado vía terrestre y aérea hasta las
regiones fronterizas de Amambay y Alto Paraná (López, 2016)7.
Sin embargo, Paraguay ha pasado de ser un país de acopio y tránsito a uno en el que también
se efectúa el procesamiento de la pasta de coca. La mayoría de los laboratorios se encuentran
en Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, principales centros urbanos en la frontera oriental
paraguaya. Pero de la gran cantidad de cocaína transportada y producida en el país,
aproximadamente el 90% es enviada al exterior, mientras el porcentaje restante es distribuido
para su consumo en el país (López, 2016).
Entretanto, Argentina con los años ha transformado su papel en la cadena regional y global
del narcotráfico, teniendo en cuenta que antes el país austral estaba constituido como corredor
7 Ante la dificultad del aterrizaje en las zonas periféricas de Paraguay, las mafias han desarrollado la estrategia
de bombardeo, la cual consiste en el lanzamiento de los cargamentos en sectores cercanos a Ciudad del Este
para que sean geolocalizados y transportados vía terrestre, bien sea a los centros de acopio o a la urbe fronteriza.
26
para el tránsito de los estupefacientes y, ahora, se ha insertado en la red criminal como
territorio que produce y provee los precursores químicos necesarios para el procesamiento
de la coca (Bartolomé & Ventura, 2019). También, los narcóticos que ingresan al territorio
ya no son solo dirigidos al consumo interno, sino que también se destinan hacia África, Asia
y Europa.
Al igual que en Paraguay, la cocaína y la marihuana que ingresan a Argentina llegan por rutas
aéreas, pero predominantemente por vías terrestres y fluviales. Los narcóticos ingresan por
medio de lanchas que pueden mover hasta 2 toneladas por la frontera norte del país, en las
provincias de Misiones (Ciudad del Este) y Formosa. Para el transporte terrestre, dada la
porosidad de las fronteras, las organizaciones criminales recurren a los llamados bagayeros,
personas residentes de la región pertenecientes a bajas clases sociales que se dedican al
contrabando entre los países (Bartolomé & Ventura, 2019, pág. 210).
Por último, en el caso de Brasil también se efectúa el ingreso de los estupefacientes por
medios terrestres, fluviales y aéreos. El carácter peculiar y preponderante de Brasil frente al
narcotráfico y tráfico de armas en la TF está dado porque los principales grupos de crimen
organizado dedicados a estos ilícitos provienen de su territorio. El PCC y el CV se han
consolidado como las organizaciones con mayor poder en la región tripartita, teniendo en
cuenta que han pasado de ser grandes compradores de cocaína y marihuana para su
comercialización dentro Brasil o hacia otros destinos, a grupos que controlan toda la cadena
del narcotráfico al dominar desde la producción de la coca en Bolivia (citado en Bartolomé
& Ventura, 2019, pág. 216) y del cannabis en Paraguay por medio del establecimiento directo
de vínculos con los clanes familiares encargados de la producción en el país andino ante la
ausencia de mafias locales (InSight Crime, 2016).
Parte de la cocaína que ingresa a Brasil tiene como destino final las zonas del sur y el este
del territorio, puesto que es donde se concentran las principales urbes y puertos marítimos
brasileños. El objetivo último de este estupefaciente son los mercados del continente europeo,
donde es enviado por vía marítima, pasando por las rutas de África occidental, siendo estas
el acceso directo a Europa con la participación de mafias nigerianas (citado en Bartolomé &
Ventura, 2019). Una vez los narcóticos arriban a la costa africana son movilizados por tierra
hacia el norte para ingresar por España a territorio europeo. Igualmente, para tener un acceso
27
directo desde Brasil a Europa, las mafias recurren a la típica práctica de enviar personas como
mulas en viajes comerciales, las cuales transportan pequeñas cantidades, pero de una mayor
pureza (Sampó, 2017).
En cuanto a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de armas, los
dos grupos que más resaltan y, por ende, las más poderosas en la región trifronteriza son el
PCC y el CV (Observatorio Paraguayo de Drogas, 2017). Para estos dos grupos el
narcotráfico se erige como la principal fuente de financiación, aunque también recurren a
otros ilícitos como el contrabando (Cueto, 2020). Tras 30 años desde su nacimiento en las
cárceles de Brasil, el PCC, grupo que cuenta con aproximadamente 35.000 miembros, se ha
convertido en la organización criminal que goza de supremacía, no solo en territorio
brasileño, sino también en gran parte de la región suramericana ante el aumento de su
presencia en los países integrantes de la cadena del tráfico de drogas (Galarraga, 2020).
Actualmente el PCC tiene control total sobre la “ruta caipira”, que inicia en Perú y Bolivia,
países donde se cultiva la cocaína, cruza territorio paraguayo, donde se cultiva cannabis y se
transporta y procesa coca, y culmina en Brasil para los procedimientos orientados a su
distribución (Quirós, 2019). La expansión de esta organización responde al interés por
adherir tanto recursos logísticos como humanos (Cueto, 2020), por medio de la inclusión de
los grupos de crimen organizado de los demás países a su estructura, al igual que una mayor
participación o acaparamiento de las etapas dentro de la cadena del narcotráfico, desde su
producción hasta su exportación o distribución, dependiendo el caso.
En Argentina, los grandes carteles del continente hacen presencia para controlar el ingreso
de los estupefacientes por la frontera norte, acceder a precursores químicos para la
producción de cocaína y otras drogas de tipo sintético, y garantizar su transporte en el
territorio para finalmente enviarla a otras regiones del mundo (Sampó 2017, pág. 86). En este
caso, en el noroeste del país existen efectivos de grupos mexicanos y colombianos,
específicamente, el cartel de Juárez y los Urabeños, quienes poseen vínculos y acuerdos con
organizaciones criminales locales argentinas encargadas del transporte de los estupefacientes
28
a lo largo del territorio charrúa desde su ingreso en la frontera norte hasta los puertos ubicados
en Rosario y Buenos Aires (pág. 85)8.
En Paraguay, los grupos de crimen organizado dedicados al tráfico de cannabis y cocaína son
pequeñas organizaciones conformadas por ciudadanos paraguayos y brasileños residentes de
la frontera. Sin embargo, debido al poder y capacidades adquiridos por las mafias brasileñas,
principalmente el PCC, las corporaciones criminales paraguayas han sido absorbidas e
integradas bajo el mando de los grupos brasileños (BBC MUNDO, 2017).
3.2 Tráfico de armas
En lo relativo al tráfico de armas, en la actualidad Paraguay se ha erigido como el principal
proveedor de armamento para los grupos ilegales que operan en la TF, especialmente las
mafias brasileñas. El principal armamento traficado en la frontera tripartita es de bajo calibre,
específicamente pistolas de 9mm, aunque también se comercia de manera ilegal con armas
de asalto, de calibres 5.56 o 7.65 (El Independiente, 2020), que permiten garantizar el poder
de fuego necesario para combatir tanto a otros grupos criminales como a las fuerzas de
seguridad de los tres Estados. Parte del armamento ingresa a la región camuflado en
cargamentos de productos electrónicos, juguetes o ropa que arriban al Aeropuerto
Internacional Guaraní, a 27 kilómetros de Ciudad del Este, provenientes de Hong Kong, o
bien por medio de pistas clandestinas en los departamentos de Alto Paraná, Amambay y
Canindeyú (Devia & Ortega, 2018). Asimismo, las armas son trasladadas a depósitos ilegales
para después exportarlas por la frontera terrestre y comercializarlas en Brasil, si bien
ocasionalmente, las mafias recurren a las rutas fluviales a través del río Paraná empleando
pequeñas embarcaciones en puertos clandestinos.
Otra de las estrategias que se efectúan para el tráfico de armas en la TF es la compra de armas,
en especial fusiles en Estados Unidos, debido a la facilidad para la adquisición de los
artículos, los cuales son desarmados e ingresados como contrabando, ocultos en cargamentos
legales para su comercialización en la región (InSight Crime, 2016). Por último, se encuentra
el tráfico de armamento de guerra perteneciente a las Fuerzas Armadas de Bolivia, con
8 Aquí resalta uno de los modus operandi de los narcotraficantes en Argentina, quienes, para evitar los controles
de la Prefectura Naval en los puertos, ubican las drogas en la quilla de los barcos, y una vez estos ya han sido
revisados, los paquetes son puestos a bordo de la nave (pág.85).
29
Paraguay como corredor para el contrabando de las ametralladoras que tienen como destino
el territorio brasileño para su venta a los grandes grupos criminales (LA NACIÓN, 2016).
Ahora bien, en comparación con las previas manifestaciones del narcotráfico y el tráfico de
armas, se evidencia la hegemonía adquirida por los grupos de crimen organizado
provenientes de Brasil, en especial del PCC, en la TF. La presencia del PCC, que se ha
expandido desde los países productores como Perú y Bolivia hasta el control de Paraguay y
Brasil para el dominio de las rutas de distribución y exportación tanto de los estupefacientes
como del armamento, evidencia del poder creciente de las mafias dedicadas al crimen
organizado en la región. Derivado de este aumento del poder de las mafias brasileñas, se
refleja la creciente interrelación entre los Estados suramericanos frente a la cadena
transnacional del narcotráfico, teniendo en cuenta que ha aumentado el involucramiento de
los países, los cuales ya no son meros espacios para el transporte y la distribución, sino que
se han conectado y constituido como fases de este ilícito, orientadas al beneficio de una
organización.
Asimismo, la preponderancia alcanzada por el CV y el PCC de Brasil se constata en el tráfico
de armas, puesto que la gran mayoría del armamento comercializado de forma ilegal en esta
región trifronteriza está orientado al abastecimiento de sus miembros. Por lo tanto, el control
de las rutas entre Paraguay, Brasil y Argentina facilita la adquisición de las armas, ya sean
de tipo ligero o de carácter bélico, y su posterior distribución. Lo anterior, garantiza la
operación y el poder creciente de estos dos grupos que obtienen sus recursos de capital del
negocio del narcotráfico y a la par mantienen su fuerza y autoridad con la adquisición del
armamento.
30
4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ACTUALES DE PARAGUAY, ARGENTINA
Y BRASIL FRENTE AL NARCOTRÁFICO Y TRÁFICO DE ARMAS EN LA
TF
4.1. Planes actuales de seguridad contra el narcotráfico y el tráfico de armas
- Paraguay
Para los años 2015-2017 durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), Paraguay contó
con el Plan Estratégico Institucional de la SENAD 2013-2017 frente a los crímenes
organizados del narcotráfico y el tráfico de armas. El documento incluye dentro de sus
lineamientos los objetivos de reducir la demanda por medio del diseño de estrategias de
comunicación sobre las consecuencias del consumo y los servicios disponibles de prevención
y tratamiento; la disminución de la oferta aplicando programas de interdicción fortaleciendo
competencias de control y fiscalización; e implementar proyectos de desarrollo alternativo
adscritos a economías lícitas para contrarrestar el cultivo (Presidencia de la República del
Paraguay, 2013).
Con la finalización de la vigencia del Plan, el país promulgó finalmente la Política Nacional
sobre Drogas del Paraguay 2017 a 2022, la cual consolida la necesidad de equiparar los
esfuerzos de combate al narcotráfico tanto en la disminución de la oferta como a la reducción
de la demanda, ante el énfasis en el combate a la producción y el tráfico de estupefacientes
(Presidencia de la República del Paraguay; Ministerio del Interior, 2017); y prescribe una
estrategia de abordaje de la demanda centrada en servicios de tratamiento con escasos
programas de prevención (pág. 23). Consecuentemente, el paradigma hasta ahora dominante
centrado en la reducción de la oferta ha impedido la implementación de una estrategia
integral (pág. 31) que permita abordarlo, en parte, como un enfoque de salud pública. Estas
deficiencias se manifiestan en la falta de recursos económicos y humanos, junto con la poca
coordinación institucional que desemboca en respuestas segmentadas (pág. 32).
Por lo tanto, la estrategia de abordaje a la reducción de la demanda requiere de un cambio en
el paradigma imperante a nivel societal y gubernamental en la definición del consumo como
algo problemático, reconociendo la necesidad de proporcionar atención médica, así como su
percepción como producto de factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad (Presidencia
31
de la República del Paraguay; Ministerio del Interior, 2017, pág. 33). Consecuentemente, se
instituye una estrategia de reducción de la demanda integral y multisectorial, definida por un
enfoque de salud pública fundamentado en tres grandes estrategias. Primero, mejorar y
garantizar el acceso a la información acerca de los contratiempos relacionados al consumo
de estupefacientes; segundo, aumentar la oferta en servicios de rehabilitación orientados a la
reinserción social; y, por último, mejorar la gobernanza en el área al implementar sistemas
de información y evaluación, junto con una acción coordinada de las instituciones (pág. 34).
En cuanto a la reducción de la oferta, la estrategia de Paraguay se fundamenta en la irrupción
del cultivo, producción, tráfico y comercialización de las drogas en el territorio; enmarcada
bajo la idea de responsabilidad compartida de la lucha contra el narcotráfico (Presidencia de
la República del Paraguay; Ministerio del Interior, 2017, pág. 35), teniendo como principal
elemento en la nueva política el fortalecimiento del control económico del narcotráfico. La
estrategia de reducción de la oferta está compuesta por tres ejes; operativo, de control y
seguimiento, y de gestión de información. El eje operativo incluye la reducción de la oferta
por medio de operativos de incautación y erradicación, a la par de operaciones financieras y
de decomiso de bienes. Aquí se reconoce como prioridad la obtención continua de
información del modus operandi de los grupos de crimen organizado para consolidar, en
especial, el control de las rutas aéreas y marítimas. El área de control y seguimiento proyecta
el desarrollo de sistemas de información coordinados para evaluar las estrategias
implementadas e incrementar la efectividad en el combate de la oferta. Finalmente, la gestión
de la información para mejorar la toma de decisiones y el procesamiento de datos.
Dentro de las principales operaciones ejecutadas por Paraguay en el periodo 2015-2018, se
encuentra la Operación Nueva Alianza, liderado por la SENAD y ejecutado entre 2015-2016,
que permitió la incautación de más de 1170 toneladas de cannabis en Canindeyú y 564.000
kilos de marihuana en Capitán Bado en el primer año y la erradicación de más de 83 hectáreas
de cannabis en el 2016 (SENAD, 2015, pág. 48; SENAD 2016, pág, 34). En el 2017, en
Ciudad del Este se efectuaron un total de 48 operativos donde se incautaron 42,8 kilos de
cocaína, 190 mil de marihuana y más de 7000 dosis de crack (SENAD, 2017, pág. 32).
En cuanto al combate del tráfico de armas, Paraguay suspendió en 2018 la importación de
cualquier tipo de armamento, arma o munición, con el propósito de vigilar el mercado interno
32
y restringir su comercio ilícito en el territorio o con los países vecinos, Brasil y Argentina,
con estimaciones de entre 100.000 mil y 700.000 artículos traficados anualmente (LA
VANGUARDIA, 2018).
- Argentina
Con el cambio de gobierno en Argentina, se afianzó la militarización en el combate al
narcotráfico en el territorio. La administración de Mauricio Macri (2015-2018) promulgó la
emergencia de seguridad pública por medio del Decreto 228/16 con el propósito de superar
la situación de amenaza en el país ocasionada por el crimen organizado (Sain, 2018, pág. 63).
Esta nueva normatividad dio paso a una mayor inclusión de las Fuerzas Militares en las tareas
de seguridad interna, en especial del área de la frontera, al otorgarles la potestad del derribo
de aviones que ingresen de manera ilegal a territorio argentino, presuntamente por tráfico de
drogas o contrabando. Lo que empeora la situación es el hecho de que no presenta control o
intervención alguna de autoridades civiles puesto que son los jefes militares quienes deciden
frente al abatimiento de las aeronaves. Por lo tanto, la estrategia de monitoreo y control
fronterizo de las Fuerzas Armadas se restringió a tareas de interdicción aérea para impedir,
especialmente, el ingreso de estupefacientes al país, dejando de lado el desarrollo de acciones
terrestres o fluviales (pág. 66). Asimismo, el Decreto 228 transformó el Plan Escudo Norte
en el Operativo Fronteras en el cual se mantiene la participación de las Fuerzas Armadas con
el suministro de equipos, la capacitación a las fuerzas de seguridad y labores sociales de
asistencia a los ciudadanos locales (Calderón E. , 2019, pág. 489).
Aunado a esto, con el Decreto 683 de 2018 se modificó la percepción de amenaza a la
seguridad puesto que está puede provenir de cualquier tipo de actor del sistema internacional,
no necesariamente de otro país (Calderón E. , 2019, pág. 491). También, se estableció la
Resolución MD N° 154/17 donde se instauraron nuevos lineamientos para la zona militar, y,
en este caso, podía hacerse uso de la fuerza contra un delito en todas aquellas zonas como
percibidas de interés del Estado, mientras la anterior idea de jurisdicción militar permitía el
actuar de las Fuerzas Armadas solo donde debían desempeñar sus funciones, de acuerdo con
la Ley de Seguridad Nacional.
Finalmente, a mediados de 2018 el presidente inició un proceso de reestructuración de las
Fuerzas Militares con el objetivo de integrarlas más en las tareas de seguridad interna,
33
específicamente, el combate al narcotráfico en la frontera norte. Macri justificó la reforma en
el carácter cambiante del entorno y en la consecuente necesidad de actualizar el sistema de
defensa del país. Con la promulgación del Decreto N° 683/18 se modificaron los lineamientos
para la intervención de los militares en las tareas de seguridad interior mediante la
transformación en la interpretación del concepto de agresión de origen externo. En este caso,
el gobierno dictó que, en un contexto de seguridad y defensa cambiante, las agresiones de
origen externo no provienen exclusivamente de los Estados, pero que igualmente afectan los
intereses de la defensa nacional (Sain, 2018, pág. 37).
Consecuentemente, se implementó una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional con
nuevos criterios para la participación de las fuerzas castrenses en las tareas de seguridad
interior, las cuales ahora deben dar preponderancia al apoyo a las fuerzas de seguridad
interior, la vigilancia y control de espacios soberanos junto con la custodia de objetivos
estratégicos. Igualmente, se reconoció al narcotráfico como uno de los factores más
importantes para abordar en el área de la defensa (Sain, 2019, pág. 128).
Frente al combate del narcotráfico en Argentina, en 2016 en el marco del operativo Galpón
Narco, la Policía Federal realizó la incautación de 5173 kilos de marihuana en la provincia
de Misiones, en la frontera con Paraguay y Brasil, con una confiscación total de 43680 kilos
a lo largo del año (El Comercio, 2016). Para el siguiente año se alcanzó una cifra récord en
el decomiso de marihuana por medio del Operativo Combinado Abierto Misiones, que
integra fuerzas federales y locales, es decir, la Policía Federal y la Policía de Misiones, donde
se detuvieron 7000 kilogramos del estupefaciente que tenían como destino la provincia de
Buenos Aires (Economis, 2017). Por último, en el año 2018 la Gendarmería Nacional junto
con la Prefectura Nacional efectuaron tres procedimientos en la provincia de Misiones, como
parte del Operativo Conjunto Abierto de Frontera, en los que consiguieron la incautación de
5.7 toneladas de marihuana (Télam, 2018).
- Brasil
En el caso de Brasil, para el periodo 2015-2018 mantiene vigente la Política Nacional de
Drogas establecida en el 2005, y en estos años resalta el Programa de Protección Integrada
de las Fronteras (PPIF) instaurado por el Decreto 8.903 de 2016 durante el gobierno del
presidente encargado, Michel Temer (2016-2018) “el cual busca fortalecer acciones de
34
prevención, control, fiscalización y represión a los delitos fronterizos” (Ramalho, 2017, pág.
136). Esta estrategia posee dos lineamientos centrales, el primero es promover un accionar
coordinado entre las fuerzas de seguridad, los cuerpos de inteligencia, el Ministerio de
Finanzas y las Fuerzas Armadas; y el segundo es fomentar la cooperación con los países de
la región (pág. 136).
Con el PPIF, Brasil busca articular las respuestas dirigidas desde el gobierno central con las
estrategias que estén siendo implementadas por cada Estado de la zona fronteriza y sus
respectivos órganos, a la par de la cooperación con los países vecinos (Marques, 2018, pág.
6). Este nuevo programa tiene como pilar central la participación y presencia de las Fuerzas
Armadas teniendo en cuenta la presencia y actuación de estos grupos a lo largo de los años
en las zonas fronterizas basados en el trinomio monitorización/control, movilidad y presencia
como fuerzas de vigilancia y disuasión (pág. 9).
La PPIF plantea dos grandes operaciones a llevar a cabo para el control de las fronteras.
Primero, la Operación Sentinela encargada en su liderazgo y coordinación al Ministerio de
Justicia con los cuerpos de seguridad de la Policía Federal y la Policía de Tráfico Federal,
orientada a tareas de exploración e inteligencia de la situación en la frontera (Marques, 2018).
Segundo, está la Operación Agatá, constituida por labores tanto preventivas como represivas,
con un despliegue de unidades terrestres, aéreas y fluviales, que permita el combate eficiente
del crimen organizado transnacional, especialmente, delitos como el narcotráfico, el
contrabando, el tráfico de armas y la explotación ilícita de recursos (La Nación, 2015).
En cuanto a los programas o estrategias desarrollados de manera conjunta, la Declaración de
Brasilia de 2016, resultante de la Reunión Ministerial del Cono Sur sobre Seguridad en la
Fronteras, determina e incentiva a los países miembros a que desarrollen iniciativas
bilaterales más que continuar la cooperación en el ámbito regional (Ramalho, 2017, pág.
141). Por lo tanto, los Estados de la TF han llevado a cabo la cooperación en Comisiones
Mixtas donde se abordan los programas implementados en temas de reducción de oferta y
demanda de estupefacientes, lavado de dinero y control judicial; y en Reuniones de Comités
de Integración donde participan los organismos de seguridad, de aduanas y migración
asentados en los puntos fronterizos donde se busca fortalecer los canales de comunicación
35
interinstitucional sobre las operaciones implementadas en los territorios de frontera
(SENAD, 2018, pág. 48).
En cuanto a los operativos para el control de los ilícitos, en 2015 en Foz de Iguazú, en el
estado de Paraná, se incautaron 5 toneladas de marihuana por medio de la acción conjunta
entre la Policía Federal y la Policía Militar, señalada como la mayor incautación del año en
la región (Gazeta do Povo, 2015). Para el año 2016, la mayor incautación fue de 4200 kilos
de marihuana en el occidente de Paraná por la Policía Federal de Carreteras, los
estupefacientes estaban escondidos en un cargamento de avena y tenían como destino el Gran
Florianópolis (G1, 2016). En 2017, la División Estatal de Estupefacientes de la Policía de
Paraná, realizó el decomiso de 68 toneladas de drogas, incluyendo cocaína, marihuana, entre
otras; con las siguientes cifras para Foz de Iguazú: 171 kilos de marihuana, 161 kilogramos
de cocaína y 1 kilo de crack (Governo do Estado do Paraná, 2018). Por último, en el año
2018 se presentó un balance de incautación de 51 toneladas de drogas en Paraná por la Policía
Federal de Carreteras, de las cuales 45.7 eran de marihuana (G1, 2019).
4.2. Dinámicas de relacionamiento del Sub-CRS del Cono Sur
Estas dinámicas de abordaje y lucha del crimen organizado transnacional de manera conjunta
por los tres países de la TF denotan el carácter amistoso que han distinguido, en su mayoría,
a las relaciones de los actores que componen el Sub-CRS del Cono Sur, marcadas por la
integración entre los países que inició con los procesos de cooperación política e integración
económica de 1986. Por lo tanto, Brasil, Paraguay y Argentina han continuado y
profundizado las dinámicas de amistad en su relacionamiento, mermando los patrones de
enemistad, soportado en los desafíos a la seguridad que comparten los países del Sub-CRS
del Cono Sur.
Asimismo, el combate del narcotráfico y el tráfico de armas en la zona trifronteriza se
encuentran enmarcadas en la idea de responsabilidad común y compartida, la cual establece
que ante un desafío común entre los actores y, por tanto, un objetivo compartido se deben
desarrollar acuerdos de cooperación donde cada unidad está obligada a cumplir con ciertas
tareas que controlen determinado nivel (espacios productores, de tránsito y de demanda) de
los crímenes transnacionales (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 2012,
pág. 1).
36
Este concepto de responsabilidad común y compartida en las relaciones de cooperación frente
al narcotráfico y tráfico de armas en la TF entre Paraguay, Brasil y Argentina se han
manifestado en operaciones conjuntas bilaterales en la zona fronteriza. En el caso de Brasil
y Paraguay, el Operativo Nueva Alianza que apunta a “disminuir los índices de violencia
(…) y afectar logística y financieramente al crimen organizado” (adn Político, 2019)
mediante procedimientos terrestres y aéreos coordinados de la SENAD y la Policía Federal
brasileña orientados a la detección y destrucción de estupefacientes y alcanzar un mayor
control de la zona (2019). Igualmente, Argentina y Paraguay por medio de la Gendarmería
Nacional y la SENAD, respectivamente, han implementado operativos conjuntos para
combatir la producción y tráfico de drogas, así como evitar el avance de los grandes grupos
de crimen organizado brasileños, el CV y el PCC (Misiones Online, 2019 & Sangiorgio,
2019).
Por otra parte, el relacionamiento entre Paraguay, Brasil y Argentina ha estado marcado por
los fenómenos tanto de militarización directa e indirecta de la Fuerza Pública la doble
militarización de las agendas y estrategias de seguridad de Paraguay, Brasil y Argentina ha
permitido una mayor sinergia en el accionar conjunto orientado al combate del narcotráfico
y tráfico de armas. Lo anterior, teniendo en cuenta los postulados de Hall y Coyne quienes
diferencian entre militarización directa e indirecta, la primera consiste en la inclusión de las
Fuerzas Militares en tareas de control interno, y la segunda hace referencia a la adopción de
armamento y estrategias de operatividad castrenses por parte de los cuerpos policiales. En el
caso de los tres países del Sub-CRS del Cono Sur, han incluido a sus Fuerzas Armadas en las
labores de seguridad orientadas a combatir el narcotráfico y tráfico de armas en operaciones
combinadas con la Policía y operaciones conjuntas con los vecinos. Asimismo, se le han
otorgado a los cuerpos policiales capacidades y funciones propias de los militares, es decir,
tácticas y armamento que les permitan operar en la región de la TF.
En cuanto a la influencia ejercida por Estados Unidos sobre los países de la TF en el ámbito
de la seguridad, las tablas 5 y 6 presentan la asistencia financiera y técnica recibida por
Argentina, Brasil y Paraguay en el periodo 2015-2018.
Tabla 5. Asistencia al Sector Seguridad (2015-2018)
País 2015 2016 2017 2018 Total
37
Argentina $ 660.244 $ 584.000 $ 624.000 $ 3.830.238 $ 5.698.482
Brasil $ 1.176.921 $ 898.000 $ 890.000 $ 623.000 $ 3.587.921
Paraguay $ 817.938 $ 568.000 $ 360.000 $ 297.000 $ 2.042.938
Fuente: Elaboración propia a partir de Security Assistance Monitor (2020) (miles USD)
Tabla 6. Entrenamiento Sector Seguridad (2015-2018)
País 2015 2016 2017 2018 Total
Argentina 106 121 266 - 493
Brasil 232 173 285 - 690
Paraguay 49 73 69 - 191
Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank Open Data (2020) (No. efectivos entrenados)
Ahora bien, las tablas exhiben la asistencia financiera y técnica recibida por los tres países
de la TF en el periodo 2015-2018 por parte de Estados Unidos en materia de seguridad. Para
el periodo de observación resalta el lugar de Argentina como el Estado que mayor ayuda
económica recibió, con un aumento exponencial en el último año coincidiendo con el proceso
de reestructuración de las Fuerzas Militares y la Nueva Directiva de Política de Defensa
Nacional, ambos orientados al aumento de las funciones de los grupos castrenses.
Igualmente, sobresale la asistencia recibida por Paraguay teniendo en cuenta el reducido
tamaño de sus cuerpos de defensa, de aproximadamente unos 16000 efectivos, en
comparación con Brasil y Argentina, los cuales cuentan con 334.500 y 48.000 miembros
activos, respectivamente.
Las anteriores dinámicas de asistencia financiera y técnica entre Estados Unidos y Paraguay,
Argentina y Brasil denota la continuación del carácter permeado del Sub-CRS del Cono Sur
puesto que mediante estas relaciones cooperación la superpotencia del hemisferio mantiene
su incidencia en los asuntos de seguridad de la región. Por medio de estas dinámicas de ayuda
financiera y técnica, Estados Unidos participa en las agendas de seguridad de los tres países
teniendo en cuenta que implican la transmisión de la doctrina de defensa y seguridad con
impacto en las políticas y programas que implementen para combatir el narcotráfico y tráfico
de armas en la TF. Sin embargo, se debe resaltar el carácter disminuido de la injerencia de
Estados Unidos en los asuntos de seguridad de la TF teniendo en cuenta que se restringe a
relaciones de asistencia, terminando con los espacios de cooperación política como el “Grupo
3+1”, el cual le permitía al superpoder compartir y pugnar por imponer sus posturas frente a
los asuntos de seguridad de la región, al igual que, los mecanismos idóneos para su combate.
38
Frente a la distribución de capacidades de los Estados miembros del Sub-CRS, a pesar de la
situación de crisis política y económica que ha afrontado Brasil desde 2015 con la
contracción de la economía, sumado a los escándalos de corrupción y crisis de gobernabilidad
del gobierno federal (Van Dyck, 2016, pág. 11), el gigante suramericano se ha mantenido
como la potencia regional al contar con el mayor PIB en comparación con sus vecinos. A
pesar de haber afrontado retrocesos en el PIB, Brasil continúa teniendo una economía
industrializada, diversificada y tecnológicamente avanzada (pág. 10), lo que repercute en un
abultado gasto militar frente a las capacidades de los demás Estados del Cono Sur.
Consecuentemente, el Sub-CRS del Cono Sur continua con el patrón o tipología estándar
fundamentado en el hecho de que la agenda de seguridad y defensa de la región se establece
a partir de la percepción de unas amenazas comunes y compartidas, en este caso, el
narcotráfico y tráfico de armas que se manifiestan en la TF. Pese a la disparidad en la
distribución de capacidades en favor de la potencia regional, Brasil, son insuficientes para
imponer sus percepciones de seguridad en las dinámicas del subcomplejo.
Tabla 7. PIB (2015-2018)
País 2015 2016 2017 2018 Total
Argentina $ 594.749 $ 557.531 $ 642.696 $ 519.872 $ 578.712
Brasil $ 1.802.000
$
1.796.000
$
2.063.000
$
1.885.000
$
1.886.500
Paraguay $ 36.164 $ 36.054 $ 39.009 $ 40.385 $ 37.903 Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank Open Data (2020) (miles USD)
Tabla 8. Gasto Militar (2015-2018)
País 2015 2016 2017 2018 Total
Argentina $ 5.483 $ 4,510 $ 5,460 $ 3.843 $ 2.334
Brasil $ 24.618 $ 24.225 $ 29.283 $ 28.177 $ 26.576
Paraguay $ 386.5 $ 343.2 $ 348.1 $ 386.5 $ 366.1 Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank Open Data (2020) (miles USD)
39
5. CONCLUSIONES
A modo de conclusión, el Sub-CRS del Cono Sur ha manifestado tanto variaciones como
continuidades en relación con los fenómenos ilegales del narcotráfico y tráfico de armas que
se desarrollan en la TF, junto con las políticas implementadas por Brasil, Argentina y
Paraguay para su control. Las continuidades dentro del Subcomplejo consisten en el
mantenimiento tanto de la distribución de las capacidades entre los países miembros como
en el fortalecimiento de las relaciones amistosas entre estos. Por el contrario, los cambios del
Sub-CRS son la disminución del carácter permeado de este frente a un actor externo, y el
debilitamiento del papel de Brasil como eje para la cooperación en materia de seguridad en
la TF.
Frente a la influencia de un poder externo sobre los países y las dinámicas del Sub-CRS del
Cono Sur, en este caso Estados Unidos, se vio que durante el periodo 2015-2018 disminuyó
la injerencia de la potencia hemisférica sobre los tres países de la TF en términos de asistencia
al sector seguridad y de cooperación en el ámbito militar, exceptuando el caso argentino
durante el último año del periodo de observación. Durante los años 2015-2018, la ayuda
económica destinada al sector seguridad recibida por Argentina, Paraguay y Brasil se vio
disminuida a lo largo de los 4 años del periodo, en comparación con años previos donde la
asistencia superaba los miles de millones de dólares para los tres Estados; lo anterior con
excepción del año 2018 para Argentina donde se presentó un aumento exponencial de las
transferencias. Este incremento en el caso argentino parece responder al establecimiento de
la Nueva Directiva de Política de Defensa Nacional durante el gobierno de Macri, con la cual
se otorgaron nuevas tareas a las Fuerzas Armadas por medio de su incorporación a las labores
de seguridad interna, acompañada por un proceso de reestructuración y modernización de los
cuerpos de defensa, en especial, las Fuerzas Militares.
Igualmente, se evidencia la perdida de espacios y mecanismos de diálogo, específicamente
el “Grupo 3+1”, plataforma que utilizó Estados Unidos para incidir en el abordaje de la
problemática de seguridad en la zona de la TF e imponer su visión acerca de las prioridades
en las amenazas y las estrategias a implementar para su solución. Esto repercute en una
40
disminución de la capacidad de injerencia de la superpotencia hemisférica y global ante la
perdida de plataformas de cooperación política donde tenia la capacidad de plasmar
orientación y doctrina frente a los problemas de seguridad en la región, este caso, el trafico
de armas y drogas en la TF.
A la par de la disminución de la cooperación económica, la asistencia técnica manifestada en
el entrenamiento de efectivos pertenecientes al sector defensa en tácticas militares se
mantuvo para los tres países, con una ligera disminución para Paraguay, es decir, la
transmisión de las estrategias de organización y combate de las Fuerzas Militares
estadounidenses fue relativamente constante en los años 2015-2018 en comparación con los
periodos anteriores. Por lo tanto, la disminución general en la cooperación económica y
técnica otorgada por Estados Unidos a los tres Estados de la TF, sumado a la perdida de
espacios de diálogo y cooperación política, repercuten en la reducción de su influencia en la
región al verse reducida la transmisión de su doctrina y estrategias en el ámbito de la defensa.
Lo anteriormente expuesto, es la manifestación de que en el periodo 2015-2018 el Sub-CRS
del Cono Sur vio reducido su carácter permeado por parte de Estados Unidos, es decir, los
Estados suramericanos establecieron su agenda de seguridad y sus estrategias para garantizar
su estabilidad más allá del alineamiento con la doctrina estadounidense.
Respecto a la distribución de las capacidades y la posición de Brasil como potencia regional
y polo de poder, el gigante suramericano ha mantenido la enorme diferencia con Argentina
y Paraguay en cuanto a capacidad económica al contar con el mayor PIB y un consecuente
mayor gasto militar en comparación a sus vecinos. Sin embargo, el papel de Brasil como polo
de poder y, en este caso, eje central para cooperar en temas de seguridad en la TF se ha visto
mermado debido al fomento de la coordinación entre los tres Estados por medio de las
Comisiones Mixtas o los Comités de Integración. Los mecanismos anteriormente nombrados,
si bien fueron incentivados desde el Mercosur, consisten en plataformas de cooperación
bilaterales para la transferencia de información y/o concertación de las operaciones a
implementar en la zona fronteriza, que han sustituido mecanismos regionales como el Plan
General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional de Mercosur.
De modo que, Brasil ha mantenido su preponderancia frente a las capacidades de poder
económico y militar pero no ha sido igual en el ámbito político como eje y líder de la
41
cooperación en seguridad frente a los desafíos comunes a la seguridad con sus países vecinos,
dando paso a mecanismos bilaterales para el abordaje del narcotráfico y tráfico de armas
presentes en la TF.
En cuanto al impacto que han tenido las nuevas políticas y estrategias implementadas por los
tres países sobre el Sub-CRS del Cono Sur es la continuidad y el fortalecimiento de las
percepciones y relaciones de carácter amistoso entre Paraguay, Argentina y Brasil al
mantener e incentivar los procesos de cooperación bilateral para el abordaje conjunto de los
problemas de seguridad, en este caso, el narcotráfico y tráfico de armas presentes en la TF.
La percepción de amenazas comunes junto con el abordaje del narcotráfico y el tráfico de
armas fundamentado en el concepto de responsabilidad compartida han generado la
necesidad para los tres Estados de luchar contra los dos ilícitos transnacionales de manera
conjunta, con el propósito de confrontar todos los niveles de estos crímenes.
Consecuentemente, los tres países han estrechado los vínculos entre instituciones encargadas
de liderar la lucha contra el narcotráfico, como la SENAD, fuerzas de defensa y de seguridad,
y organismos judiciales para efectuar un combate más eficaz de los fenómenos que repercuta
en su disminución, teniendo en cuenta que la seguridad propia depende también de la
implementación efectiva de estrategias de control de los fenómenos ilegales transnacionales
por parte de los países vecinos. Igualmente, se ha mantenido la disminución progresiva de la
desconfianza y tensiones entre Paraguay, Brasil y Argentina que marcaron su relaciones en
los siglos XIX y XX, dando lugar a espacios de cooperación para garantizar de manera
efectiva la seguridad en la región ante las nuevas amenazas de carácter transnacional.
Asimismo, la puesta en funcionamiento de medidas dirigidas al control de la oferta en el
marco de la Política Nacional sobre Drogas han dado paso a un estrechamiento en las
relaciones de los tres países destinadas a afrontar los problemas de seguridad compartidos.
En los procesos de cooperación, se han incluido organizaciones pertenecientes a los
Ministerios de Salud para efectuar tareas de educación y prevención que ayuden a un control
más eficiente de los dos ilícitos. La reciente adopción de medidas militarizantes adoptadas
por Argentina y Brasil por medio de la Nueva Directiva de Defensa Nacional y la PPIF
respectivamente, no han mermado las dinámicas de concertación entre los países de la TF
puesto que los acercamientos siguen siendo liderados por cuerpos del área de seguridad.
42
Por último, frente a la efectividad de las políticas y estrategias implementadas por los Estados
de la TF orientadas al abordaje del narcotráfico y el tráfico de armas, se evidencia la
ineficiencia de estas, teniendo en cuenta, por un lado, los cambios efectuados en Argentina y
Paraguay a las medidas anteriormente adoptadas, y, por otra parte, el fortalecimiento de los
grupos de crimen organizado presentes en la región, al igual que de las dinámicas de los
ilícitos. En el caso argentino, durante el gobierno de Macri se continuó y fortaleció el proceso
de militarización en el combate del crimen organizado, culminando con la modificación de
la definición de amenazas externas, pues ya no se requiere que provengan exclusivamente de
otro Estado, y la incorporación de las Fuerzas Armadas a la seguridad interna, debido a la
percepción del deterioro en el control de la frontera norte, cada vez más vulnerable al crimen
organizado. En cuanto a Paraguay, este pasó en 2017 a adoptar una nueva Política Nacional
sobre Drogas debido a las falencias presentadas por el anterior enfoque centrado en la
reducción de la oferta, que dejaba de lado servicios de prevención y tratamiento del consumo.
De forma que, a pesar de los procesos de militarización que han estado llevando a cabo los
tres países de la TF para controlar la oferta de drogas por medio de la interoperabilidad de
fuerzas de seguridad y defensa, también están adoptando de forma gradual enfoques de salud
pública en cuanto a la estrategia de reducción de la demanda.
Igualmente, se debe resaltar la insuficiencia en las actuales políticas para desarrollar sistemas
de información sobre el modus operandi del narcotráfico y tráfico de armas en la TF y a lo
largo de sus territorios que repercute en la eficiencia de las acciones implementadas. En
cuanto a las organizaciones brasileñas dedicadas al narcotráfico y tráfico de armas han
fortalecido sus acciones y presencia en la región, expandiendo su presencia y territorios de
operación a Paraguay, controlando así mayor parte de la cadena tráfico de estupefacientes y
de armas. Asimismo, en países que anteriormente eran de tránsito en la red del narcotráfico
se está dando paso a nuevas dinámicas como el procesamiento de la coca en Paraguay,
acompañado de un aumento del consumo; o el incremento de consumidores de drogas en
Argentina.
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ANEXOS
LISTA DE ACRÓNIMOS
CENARA – Centro Nacional de Rastreo de Armas
CSR – Complejo de Seguridad Regional
CV – Comando Vermelho
FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FDN – Familia do Norte
MERCOSUR – Mercado Común del Sur
PCC – Primeiro Comando Vermelho
PPIT – Programa de Protección Integrado de Fronteras
RASIT – Radar de Surveillance des InTervalles
SINARM – Sistema Nacional de Armas
SISNAD – Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
TF – Triple Frontera