Minería de oro sostenible y responsable en Colombia: las tecnologías del

extractivismo

ERNESTO A. SASTOQUE

Introducción

El desarrollo dejó de ser entendido sólo como "progreso", "modernización" y "crecimiento

económico" hace más de 40 años, desde que la teoría de la dependencia en los años sesenta fue

enunciada. Aproximadamente dos décadas más tarde autores como Feenberg (1991), Sachs (1992),

Esteva (1992), Escobar (1998), entre muchos otros pensadores e intelectuales del Sur global,

explicaron cómo la idea de "El Desarrollo" y el "Tercer Mundo" se inventaron con el fin de llevar

a cabo la dominación cultural, social, económica y política de los países que en aquellos años

fueron llamados "países periféricos". Entre los postulados de estos autores, el fin del desarrollo fue

anunciado, argumentando que con base en esta idea de desarrollo, un modelo global de vida social

marcado por la competitividad, la industrialización, el antropocentrismo, el racionalismo, el

patriarcado y la degradación del medio ambiente se ha venido imponiendo. Esta perspectiva crítica

en torno al desarrollo llamada "post-desarrollo" (ESCOBAR, 2005) perdió resonancia en el siglo

21, aunque algunas corrientes de pensamiento sostienen este punto de vista de superación del

desarrollo como paradigma deseable de conducción de la existencia humana, entre otros: el

pensamiento de modernidad / colonialidad / descolonialidad, las narrativas sobre el buen vivir, el

postextractivismo (ESCOBAR, 2014). A pesar de la contundencia de esas ideas en algunos

escenarios académicos, como dice Esteva (2009), la idea convencional de desarrollo todavía

“contamina” la realidad social. Gudynas (2011) y Escobar (1998, 2005 y 2014), en línea con Esteva

(2009), han argumentado que el desarrollo siempre se reinventa, y hoy más que nunca, estamos

frente a un fenómeno en el que el desarrollo no muere, debido a dos razones: i) tiene una base

ideológica que mantiene un vínculo visceral con la idea teleológica de progreso (NISBET, 1981;

BURNS, 1990 en GUDYNAS, 2011); y ii) porque como ideología el desarrollo se expresa a través

de una matriz de afirmaciones y sanciones que se materializan (THERBORN, 2005) entre muhcas

otras cosas, en proyectos extractivos. Este asunto de la reinvención del desarrollo y su materialidad,

Estudiante de doctorado en gobernanza del conocimiento y la innovación de la Universidad de Twente,

departamento de Estudios de Ciencia, Tecnología y Política (STePS) Enschede – Países Bajos. Master en estudios

interdisciplinarios sobre el desarrollo (CIDER) y antropólogo de la Universidad de Los Andes, Bogotá-Colombia.

no ha sido descrito de manera profunda, de ahí que esta contribución pretenda indagar en esto,

rastreando su carácter ideológico-material, entendiendo dicha reinvención como un proceso

dinámico, diseñado y co-construido en dinámicas socio-técnicas que probablemente están dando

forma un modelo de desarrollo que puede denominarse como sostenible/extractivista.

La investigación que subyace a esta contribución, se realizó en la intersección de dos campos de

estudio que normalmente no están vinculados entre si: los estudios de desarrollo y los estudios de

la ciencia y la tecnología y es tangencialmente coincidente con el horizonte epistemológico de

enfoques críticos de desarrollo generados entre 1990 y 2000 (ESCOBAR, 2014). Así que a partir

de la construcción social de la tecnología (SCOT) (BIJKER y PINCH, 1987 y BIJKER, 1990, 1995

y 2005), la investigación reveló cómo el desarrollo se reinventa en un proceso complejo de

ensamblaje de prácticas, discursos y artefactos de sostenibilidad y extractivismo.

El enfoque socio-técnico se utilizó en esta investigación para analizar 'la reinvención del desarrollo'

debido a que este "objeto", actualmente sufre una crisis que lo mantiene encriptado y banalizado;

pues las formas en que ha sido tradicionalmente analizado desde la economía, las ciencias políticas,

la ecología, la antropología, la sociología e incluso los estudios culturales resulta ser marcadamente

determinista. Así pues el análisis socio-técnico se presenta como una buena caja de herramientas,

que ofrece un análisis variado que se mueve entre la comprensión más amplia de la tecnología

como dinámica social, y su significado más acotado como artefacto. Así se analiza la estabilización

de los significados de funcionamiento de la minería sostenible y responsable como sendero de

desarrollo y las formas materiales que este adquiere, su dinámica de cambio, y su éxito o fracaso

en la puesta en marcha del mismo (THOMAS et al., 2004 en VERCELLI y THOMAS, 2009).

El propósito principal de este artículo es entender cómo lo que he venido a llamar modelo de

desarrollo sostenible/extractivista se está imponiendo en Colombia, y cómo esto puede delinear

algunas dinámicas de inclusión/exclusión. Para entender esta dinámica, se analizó un caso de

minería de oro a gran escala en etapa de exploración en Cajamarca-Colombia.

La contribución se apoya en: i) la reconstrucción de la trayectoria socio-técnica de las relaciones

entre sostenibilidad y extracción; ii) la comprensión de la controversia (SISMONDO, 2004 en

MEYER, 2009; MOL, 2002) en torno a la minería de oro sostenible y responsable a nivel regional,

y iii) la presentación de una adecuación socio-técnica llevada a cabo en el proyecto minero que da

sentido de sostenibilidad a las prácticas extractivas. La primera parte de este documento muestra

sucintamente la trayectoria de las relaciones entre sostenibilidad y extractivismo, la segunda parte

aborda el caso analizado y muestra brevemente los procesos de estabilización y desestabilización

de sentidos funcionales de la minería como proyecto de desarrollo viable o no viable en Colombia;

y la tercera parte desarrolla con un ejemplo en particular de adecuación socio-técnica cómo se

materializan las relaciones de sostenibilidad y extractivismo. Por último, brevemente se dan unas

conclusiones y reflexiones en torno a las relaciones sostenibilidad y extractivismo.

Trayectoria socio-técnica de las relaciones sostenibilidad/extractivismo

Una manera de aproximarnos a la comprensión de cómo se han venido ensamblando discursiva y

materialmente las relaciones entre desarrollo sostenible y extractivismo en el caso Colombiano, es

reconstruir su trayectoria socio-técnica. La trayectoria socio-técnica, es un proceso de co-

construcción de productos, procesos productivos y organizaciones, instituciones, relaciones

usuario-productor, relaciones problema-solución, procesos de construcción de “funcionamiento” y

“utilidad” de una tecnología, racionalidad, política y estrategia de un actor determinado, o,

asimismo, de un marco tecnológico determinado (BIJKER, 1990 y 1995; THOMAS, 1999 y 2010;

GARRIDO et.al, 2010; PICABEA y THOMAS, 2010).

Por medio de la trayectoria sociotécnica, se busca mostrar la forma en que en Colombia, dado un

largo y complejo proceso de toma de decisiones y de producción de discursos verosímiles en

plataformas de dialogo global, se impuso la idea del desarrollo sostenible, con la que incluso operan

proyectos mineros de gran envergadura en el país.

Desde los años 70, Hartwick (1977) anunciaba la idea de la transformación del capital natural, en

capital construido o intangible como medida que permite resolver el problema de la agotabilidad

de los recursos no renovables, donde se plantea, la idea de convertir la riqueza adquirida mediante

la extracción de recursos naturales no renovables, en bienes y servicios que permiten la

recuperación o el uso más eficiente del capital natural futuro. En los años 80, la interpretación de

esta noción en América Latina, hizo que la idea del desarrollo asociada a la extracción de recursos

no renovables, tuviera un propósito distinto a la del mero crecimiento económico. El cambio de

mirada dio énfasis en el crecimiento para satisfacer las necesidades humanas y asegurar la calidad

de vida.

Esta aproximación así reinterpretada aparece en la primera ‘Estrategia Mundial para la

Conservación’ (UICN, PNUMA y WWF, 1981 en GUDYNAS, 2011) y luego en el denominado

‘informe Bruntland’, el cual ofrece una mirada en la que el desarrollo sostenible debe orientarse

al crecimiento económico, lo cual es posible mediante el uso de ‘nuevas tecnologías de punta’

(MARTINEZ ALIER y SCHLUPMANN, 1992). La versión para América Latina de este informe

se denomina ‘Nuestra Propia Agenda’ (CDMAALC, 1990 en GUDYNAS, 2011).

Los postulados de ‘Bruntland’ (1987) y de ‘Nuestra Propia Agenda’ (1990) instalan

definitivamente los aspectos ambientales en la agenda política mundial y regional, adquiriendo el

‘desarrollo sostenible’ un estatuto discursivo hegemónico, en el que el ambientalismo moderado

se sobrepuso sobre las miradas humanistas críticas, haciendo una mezcla de conservacionismo con

desarrollismo (PIERRI, 2005), razón por la que se vuelve necesario el desarrollo económico pero

de manera sostenible. Este giro epistemológico y ético propone un asunto fundamental: el vínculo

indisoluble entre dos ideas que se presentaban anteriormente en disputa, crecimiento económico y

cuidado del medio ambiente, para lo cual es necesaria la cooperación para el desarrollo y las

aplicaciones en ciencia y tecnología (TOMAN, 2003; HAMILTON y HARTWICK 2005;

HAMILTON y CLEMENS,1999; BANCO MUNDIAL, 2011; KHOSLA, 2011).

Dado este contexto en América Latina, se dan principalmente dos procesos que instalan la agenda

del desarrollo sostenible en relación con la minería en la primera década del siglo 21. El primero

tiene que ver con la preocupación por los impactos socioambientales de la minería y la relación

desarrollo sostenible – minería, recogida en el año 2003, por Tiffany & Co., Earthworks, y World

Wildlife Fund (WWF) a través de reuniones realizadas por el Centro para la Ciencia en la

Participación Pública (CSP, acrónimo para su nombre en inglés) y el Instituto de Recursos

Mundiales (WRI), con oenegés, comerciantes, inversionistas, aseguradores y expertos técnicos que

trabajan en el sector minero, para crear una base de entendimiento sobre el desarrollo de la

inversión responsable en minería. Estas reuniones, derivaron en la creación de un equipo de

investigación con experiencia en política ambiental de áreas protegidas y comunidades, cuyas

recomendaciones se encuentran en el libro ‘Framework for Responsible Mining: A Guide to

Evolving Standards’ (MIRANDA, CHAMBERS y COUMANS, 2005). Este documento presenta

los principios rectores de la minería responsable, ciñéndose en parte a lo planteado por la Agenda

21 y la declaración de Río: i. desarrollo sostenible; ii. equidad; iii. toma de decisiones participativa;

iv. rendición de cuentas y transparencia; v. precaución; y vi. el que contamina paga; y 4

componentes principales para el desarrollo de este tipo de minería: i. la necesidad de preservar

áreas ecológicas culturalmente significativas; ii. garantizar la capitalización del desarrollo minero

ambientalmente responsable evitando efectos negativos después de que se ha tomado la decisión

de explotar; iii. asegurar que la mina represente beneficios para los trabajadores y las comunidades,

tomando en cuenta la consulta previa y la reubicación como procesos necesarios para ello; y iv. el

aseguramiento de que las estructuras de gobierno corporativo sean adecuadas a los lugares donde

se desarrollan las actividades mineras (MIRANDA et.al, 2005).

El segundo proceso mencionado se relaciona con la agenda del Programa Iberoamericano de

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). En la primera mitad de la década del 2000,

CYTED se empezó a interesar por el fomento de actividades de ciencia y tecnología para el

desarrollo sostenible en el sector minero. Los principales resultados de esta agenda, se encuentran

en la publicación de tres libros y un informe de investigación que se enfocan en la relación minería-

sostenibilidad. Los libros están enfocados en minería de gran escala y el informe en minería

artesanal y de pequeña escala (MAPE). El primero de los libros se da como resultado del Congreso

Internacional de Procesamiento de Minerales (IMPC) en Estambul en el año 2006, y se publicó

bajo el título ‘Una revisión de los indicadores de sostenibilidad para las industrias de extracción de

minerales’, allí, se evidencia una preocupación del sector minero y de especialistas que se

desenvuelven en este campo, por hacer de la minería una actividad sostenible. Hendrix (2005) por

ejemplo, plantea que el sentido de sostenibilidad en la minería se asocia especialmente a la

mitigación de accidentes con reactivos en extremo tóxicos, proponiendo indicadores para hacer de

la minería de oro una actividad sostenible, basados en la reducción de tasas de emisión de los

reactivos utilizados.

Cambiando de escala, para el caso Colombiano, el tema de la sostenibilidad se instala a partir de la

nueva constitución de 1991 en el que quedan consagrados principios de corte ambientalista tales

como el derecho al goce de un ambiente sano (CPC, 1991, Art. 79) y la prerrogativa de planificar

el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, mediante la

conservación o sustitución de recursos naturales (CPC, 1991, Art. 80). Ya aquí, se hace evidente

la forma en que la narrativa sostenible de orientación desarrollista se plasma como imperativo

constitucional.

Por estos mismos años, Colciencias con el apoyo de la agencia de cooperación del gobierno de

Estados Unidos (USAID), elabora el perfil ambiental de Colombia, en el que se caracteriza la base

eco-sistémica del país y los actores que desempeñan actividades productivas que se benefician de

ella, incluidos los impactos de dichas actividades; por otra parte, en este documento, se realiza una

evaluación de los entes públicos encargados de la gobernanza del medio ambiente en el país; y

presenta una propuesta en la que se integra la participación de la sociedad civil en la toma de

decisiones relacionadas con el medio ambiente (MÁRQUEZ, HURTADO Y VELASQUEZ,

2003). Dos años después, Colombia participa y acoge los acuerdos de la cumbre de Rio y en 1993

se expide la Ley 99 que crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Ministerio de Medio

Ambiente gestándose así, la institucionalidad ambiental en el país. En 1994, se expide el Decreto

1753 que define la naturaleza, la modalidad, los efectos, contenidos, procedimientos, requisitos y

competencias para el otorgamiento de licencias ambientales en el país y la ley 134 de 1994, que

reglamenta los mecanismos de participación entre los que se encuentra la consulta popular,

creándole como institución que permite que la ciudadanía se pronuncie mediante una pregunta de

carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o

local, como lo son por ejemplo, el suelo, el aire y el agua de sus territorios.

Igualmente, en el año 1996 se crea la política de bosques y se expide el decreto de aprovechamiento

forestal en los que se dan definiciones, principios y permisos generales para el uso económico del

bosque. En 1997 se publica la ley de ordenamiento territorial y allí queda planteada la función

social y ecológica de la propiedad privada; la prevalencia del interés general sobre el particular; y

la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del territorio.

Tal como se puede ver, la normatividad ambiental en la década de 1990, tiene un marcado enfoque

regulatorio y conservacionista pero orientado al aprovechamiento de los recursos naturales.

Finalizando la década de los años 90 en el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002), uno

de los asuntos más significativos en materia económica-ambiental se plasma en el Plan de

Desarrollo ‘Cambio para Construir la Paz’, en el que se habla explícitamente de ‘crecimiento

económico sostenible’, se empiezan a regular las consultas previas y finalizando este periodo

presidencial en el año 2001, se crea la Política y la Estrategia Nacional de biodiversidad.

Uno de los hitos más importantes de esta trayectoria de condiciones institucionales a nivel nacional,

es el momento en que entra en vigencia la llamada política de seguridad democrática a partir del

año 2002. Tras ganar las elecciones Álvaro Uribe Vélez, en este periodo presidencial que duro 8

años, se reestructuró el Ministerio de Medio Ambiente incluyendo en su nombre el término

“desarrollo sostenible” y aumento la productividad de oro en el país drásticamente, así como la

solicitud y el otorgamiento de títulos mineros en el país. A partir de este momento se empezó a

consolidar el ambiente de confianza inversionista para el sector minero, perfilándose

presuntamente como uno de los sectores fundamentales para el crecimiento económico del país

(RODRÍGUEZ y CÁRDENAS, 2006), y cumpliéndose en parte la promesa de seguir el sendero

demarcado por la política exterior de Estados Unidos en los años 90, cuando la doctrina del

consenso de Washington (WILLIAMSON, 1990) empezó a ser apropiada en el país.

Esta tendencia de impulso a la industria minera se acentúa con el primer gobierno de Juan Manuel

Santos (2010-2014). Su plan de desarrollo denominado ‘Prosperidad para todos’ (de aquí en

adelante PND), es enfático en señalar al sector minero como uno de los sectores que puede

proporcionar los encadenamientos productivos necesarios para conducir el desarrollo del país.

Según este documento de política, la industria minera significa la oportunidad de aprovechar de

manera responsable los recursos naturales con el fin de generar ‘…crecimiento sostenible y mayor

equidad social, regional e intergeneracional’ (DNP 2010, P 53). Simultáneamente se crean la

Agencia Nacional de Minería (ANM), la cual favorece la eficiencia en los trámites de titulación

minera, entre otros asuntos (DNP, 2010) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

(ANLA) restando importancia a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) como

autoridades ambientales locales.

Es de resaltar como en este nuevo contexto institucional, se produce legislación orientada a

garantizar la explotación minera de metales y piedras preciosas, y a desregular su control. Se emiten

las resoluciones 180102 y 180241 en las que se establecen áreas y minerales de carácter estratégico

para el país, entre los que se encuentra el oro, las esmeraldas, el carbón, el níquel, el ferroníquel y

el carbón y los decretos 933 y 934: el primero de ellos, pretende la evasión de la realización de los

Estudios de Impacto Ambiental (EIA) mediante el establecimiento de la presentación de un

programa de trabajos y obras; y el segundo, pretendía limitar los alcances de la competencias

locales y departamentales para decidir respecto a la realización de actividades extractivas. Este

último fue posteriormente demando por inconstitucionalidad en la sentencia C-173 del 2014.

En el año 2014 la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía de

Colombia, en colaboración de un equipo de investigadores de la Universidad de Los Andes publicó

el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM), el cual reconoce líneas de trabajo para la

gestión integral de este sector. En este plan, se evidencia una fuerte orientación dada desde el

campo de la economía de los recursos naturales. Allí se encuentra que los principios de precaución

y proacción son centrales (MORE, 2008), señalándose la necesidad de desarrollar y desplegar

nuevas tecnologías para contrarrestar las ‘amenazas naturales’, para lo cual es necesario formular

una alternativa mucho más elaborada que el mero hecho de evitar hacer daños en los procesos de

desarrollo (principio de proacción): ‘Progress should not bow to fear, but should proceed with eyes

wide open’ (MORE, 2008, P 1). Este es un imperativo filosófico que empuja ‘la libertad

fundamental de experimentar e innovar’, buscando predecir y resolver los problemas futuros vía

innovación tecnológica, previamente a que haya daños colaterales.

Consistentemente con la noción de trayectoria sociotécnica (BIJKER, 1990 y 1995; THOMAS,

1999 y 2010; GARRIDO et.al, 2010; PICABEA y THOMAS, 2010) encontramos cómo las criticas

al desarrollo son saldadas en la imposición del paradigma de desarrollo sostenible en los años 80

y 90, lo cual coincidió con la imposición de la doctrina de Washington. Estas narrativas fueron

siendo adoptadas en Colombia en un proceso conflictivo de construcción de políticas y normas a

tal punto que la entidad de gobierno dedicada a ‘la gobernanza de la naturaleza’ en el país, lleva

por nombre Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y los principios de

sostenibilidad propios de la economía de los recursos han quedado insertos en los nuevos

lineamientos de política para ordenar al sector minero. Ciertamente, estos procesos de

construcción, adopción y adecuación político-institucional en torno a las relaciones

sostenibilidad/extractivismo plantean en Colombia, la necesidad de explicar a nivel de proyectos y

tecnologías, las dinámicas de funcionamiento/no-funcionamiento y las racionalidades de las

tecnologías en minería.

La Colosa: una controversia en torno al funcionamiento de la minería sostenible y

responsable como alternativa de desarrollo

En el período 1991 - 2002 la capacidad institucional para proteger el medio ambiente aumentó en

Colombia, incluso en comparación con el resto de países de América Latina y el Caribe

(RODRÍGUEZ, 2003), lo cual generó que a partir de los años 2000, el estado colombiano tomara

más en cuenta los asuntos ambientales para adelantar reformas que avanzarían en la transformación

de la riqueza ambiental, en desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los

colombianos. Sin embargo, desde esos años se han presentado fuertes críticas al modelo de gestión

ambiental del país, en especial por los efectos negativos y las gestiones socio-ambientales que

implica la minería a gran escala. Actualmente, la opinión respecto a dichos efectos negativos,

tienen una relativa aceptación dentro de los entes de control del estado, y algunos sectores sociales

organizados (CSC, 2013) y la academia (TORO, FIERRO, CORONADO y ROA, 2012).

En medio de esta aparente contradicción, en la que tanto la capacidad institucional para proteger el

ambiente se incrementa, así como se aumentan las críticas a la minería y el modelo de gestión

ambiental en Colombia; la empresa Anglogold Ashanti hace presencia en el país, entre los años

1999 y 2003, cuando se crea legalmente su filial colombiana bajo el nombre de sociedad Kedahda

(CSC, 2013) aprovechando los lineamientos de política de crecimiento económico sostenible

propuestos en el gobierno de Andrés Pastrana, y el avance en la consolidación del ambiente de

confianza inversionista, que se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la política de

seguridad democrática.

En este contexto se da inicio al proyecto de minería de oro denominado La Colosa, que se encuentra

actualmente finalizando su fase de exploración. Se encuentra en la parte alta de la cuenca mayor

del río Coello cerca del casco urbano del municipio de Cajamarca en áreas de Reserva Central

Forestal en la vereda La Luisa. La totalidad del proyecto es de 515,75 hectáreas, dadas algunas

estimaciones, en total, allí puede haber alrededor de 28 millones de onzas de oro

(VENKATAKRISHNAN, 2014). Igualmente se considera que el proyecto en fase de explotación

tendría una operación a cielo abierto con lixiviación de cianuro, con capacidad para producir

700.000 onzas de oro por año (AngloGold Ashanti, 2007 en García, 2012) y pudiendo generar entre

2000 y 3500 millones de toneladas de escombros (AGA, 2008 en CABRERA y FIERRO, 2013).

Desde que AngloGold Ashanti inicio actividades en Cajamarca en el año 2007 ha habido fuertes

impugnaciones y reafirmaciones al proyecto que provienen de diferentes sectores. A continuación

se esboza quiénes y qué acciones se despliegan en la estabilización y desestabilizan de los sentidos

de funcionamiento de la minería de oro sostenible a gran escala en Cajamarca, con el fin de

comprender, el contexto en el cual se da el proceso de materialización de la sostenibilidad

extractiva, que como veremos al final de esta contribución, expresa el modo en que en Colombia

se puede estar imponiendo un modelo de desarrollo que se podría denominar

sostenible/extractivista.

Por un lado, el llamado movimiento de resistencia territorial de ‘No a la minería’, es un conjunto

de personas, movimientos, comités, organizaciones no gubernamentales, políticos y demás actores

que se oponen al proyecto minero y que normalmente son denominados como sociedad civil, y/o

ciudadanía. La Red de Comités Ambientales del Tolima (RCAT) es la expresión más visible de

este movimiento y se le puede entender como uno de los grupos sociales relevantes más

importantes en las controversias en torno al funcionamiento de la minería como posibilidad de

desarrollo en el departamento del Tolima. Esta red se ha venido articulando a partir de cuatro

sectores sociales: a) el movimiento campesino; b) el movimiento estudiantil; c) movimiento

artístico, y d) movimiento ambiental. La RCAT ha sido capaz de poner a circular en el ámbito

local, departamental y nacional, un discurso orientado a la comprensión de ‘por qué no es

sostenible, ni responsable’ este tipo de minería en el Tolima. Este proceso de construcción de

sentido de no funcionamiento se ha logrado principalmente por cuatro acciones de la red: a)

clausurar (BIJKER y PINCH, 1987) las controversias (SISMONDO 2004, en MEYER, 2009;

MOL, 2002) internas de ‘orden ideológico’ entre los diferentes actores, mediante la suspensión de

los debates filosóficos y conceptuales, y la activación de los debates prácticos; b) modificar,

acentuar y mostrar de forma diferenciada las imágenes y los discursos individuales y colectivos

respecto a la no conveniencia de la minería de oro a gran escala, para enrolar nuevos actores en el

proceso de resistencia; c) escalar la controversia e insertar la reflexión respecto a este tipo de

minería, en otros escenarios tales como el concejo y la alcaldía de Ibagué, en la gobernación del

Tolima, con organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, con

sectores económicos como el sector arrocero, con autoridades ambientales, con académicos y

científicos e incluso con senadores y representantes a la cámara, y d) la negación de la empresa

Aglogold Ashanti como interlocutor válido. Se podrían señalar también otras acciones que restan

sentido de funcionamiento a la llamada minería sostenible y responsable.

Por otra parte, encontramos un grupo de actores heterogéneos que producen diversas narrativas

sobre la relación positiva minería-sostenibilidad-responsabilidad. Este grupo de actores está

constituido por: agencias internacionales como lo es el Consejo Internacional de Minería y Metales

(ICMM); algunos académicos; asociaciones de productores como Aguacatec; Sector de Mineria a

Gran Escala; empresas dedicadas a la consultoría en elaboración de estudios de impacto ambiental

como Guayacanal; la cooperativa de semovientes Cootranschato; la Asociación Nacional de

Industriales (ANDI), especialmente la Cámara Colombiana de Minería (ASOMINEROS); la

Asociación para la Promoción de la Minería Responsable en Cajamarca (APROMINCA); la

Cámara de Comercio de Ibagué; el Ministerio de Minas y Energía; la Universidad Nacional de

Medellín; el canal Clima; otras empresas mineras tales como Mineros S.A; y Asociación

Colombiana de Minería (ACM), entre otros.

El sentido de funcionamiento que este grupo de actores le da a la minería de oro a gran escala como

alternativa de desarrollo sostenible en Cajamarca está dado por: a) la contratación de personal y el

establecimiento de otros vínculos jurídicos y económicos: b) los procesos de subjetivación y auto-

convencimiento de los trabajadores respecto al hecho de que este tipo de minería es una minería

positiva; c) la creación de espacios de apropiación de conocimiento técnico entre los trabajadores

y ejecutivos de la empresa; d) la estigmatización de quienes se oponen al proyecto minero La

Colosa, entre otros. Tal como se puede ver, actualmente hay una controversia abierta en torno al

funcionamiento del desarrollo sostenible agenciado por el sector minero en este municipio, de la

que depende la expectativas futuras del desarrollo del proyecto minero o la conservación de la

vocación productiva agrícola de la región.

Plataformas sostenibles de exploración minera

Es bastante común entre los miembros de la RCAT y algunos especialistas (SACHER y ACOSTA,

2013; GUIARRACA y TEUBAL, 2011; ANTONELLI, 2007), el argumento que considera que la

minería de oro a gran escala y a cielo abierto no puede ser sostenible, ni responsable en ningún

sentido. En contraste lo que aquí se argumenta, es que ‘lo sostenible’ es parte constitutiva de las

prácticas extractivas en Colombia. Es evidente, incluso por obligatoriedad regulatoria, que las

empresas extractivas desarrollen actividades para el cuidado del medio ambiente, y no solo por

obligatoriedad, sino también para garantizar eficacia en el uso de los recursos dentro del marco del

llamado ‘desarrollo sostenible’.

En La Colosa inicialmente, la construcción de las plataformas de perforación minera se realizaba,

mediante un corte del talud para poder nivelar y estabilizar la máquina que perfora el suelo con el

fin de sacar los núcleos de roca, tal como se hace la perforación convencional en minería. Esto

genera un fuerte impacto en los ecosistemas y el suelo. Al reconocerse este impacto ‘el área de

operaciones’ de AGA empezó a buscar alternativas ‘más amables con el medio ambiente’.

Finalmente los ingenieros de la compañía encontraron a través de internet una experiencia en donde

se había construido una pista de aterrizaje sobre el mar, y emularon la experiencia para el diseño

de una plataforma que no tuviera un alto impacto en el terreno. Estas plataformas son estructuras

elevadas de Guadua que sostienen bloques de poliestireno de alta densidad, sobre y a través de los

cuáles, se introduce el taladro que extrae los núcleos de roca que son posteriormente procesados y

analizados como parte del proceso de exploración minera.

Este artefacto es considerado por los ejecutivos de la compañía como una ‘innovación ambiental’,

no obstante tal como lo muestra la descripción y el proceso de desarrollo en el sentido práctico,

son adecuaciones sociotécnicas (THOMAS, 2008 en VERCELLI y THOMAS, 2009 y THOMAS,

2010) que solucionan un problema puntual de ingeniería, que inscribe intencionalidades

económicas y ambientales al tiempo, dando sentido de sostenibilidad a una práctica tecnológica

típicamente extractiva.

En resumen, este proyecto de minería, despliega prácticas tecnológicas orientadas a generar un

bajo impacto ambiental, pero su motivación está dada por el marco regulatorio que marca su

actividad económica y por la necesidad de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. Así,

las tecnologías que dan sentido de sostenibilidad y responsabilidad al proyecto minero, son

constitutivas de los procesos extractivos que están directamente orientados a la explotación de los

recursos naturales, lo cual expresa la materialidad de las relaciones entre extractivismo y

sostenibilidad.

Conclusiones y reflexiones

En Colombia en los últimos 30 años se han venido adecuando y mezclando el corolario y los

preceptos del consenso de Washington y del desarrollo sostenible, a tal punto, que se hace

“palpable” en regulaciones gubernamentales; artefactos y prácticas tecnológicas tales y como los

que se despliegan en Cajamarca. Dichos artefactos y prácticas tecnológicas en muchas ocasiones

son adecuaciones sociotécnicas sostenibles, que son entendidas como ‘innovaciones que generan

un bajo impacto socio-ambiental’, y en el sentido práctico son constitutivas de prácticas

extractivistas. Esto expresa lo que en este documento se ha dado a llamar, el modelo de desarrollo

sostenible/extractivista entendido como un escenario social, político y tecnológico construido con

arreglos institucionales y tecnologías, que le restan poder regulatorio al estado, y que garantizan la

privatización de bienes públicos y la inversión de empresas extranjeras dedicadas a extraer

minerales e hidrocarburos, desarrollando y haciendo uso de “tecnologías limpias”, mientras se le

resta poder a las autoridades ambientales locales, dando discrecionalidad a empresas, entes

territoriales y otros privados para negociar los sentidos y propósitos de la vocación productiva

territorial y la inversión de las regalías provenientes de la industria extractiva.

Complementariamente vale la pena reflexionar sobre tres cuestiones al respecto: a) cuando se

operacionaliza la noción de desarrollo sostenible, los efectos de dicha operacionalización depende

de los intereses de los que están incluidos o excluidos de los potenciales beneficios de la actividad

extractiva; b) el concepto de desarrollo sostenible, haciendo uso del “cliché”, es ciertamente

cajanegrizado, cuando no es analizado en sus prácticas socio-técnicas y; c) el concepto de

sostenibilidad está profundamente ligado a actividades extractivas cuestionables.

Referencias bibliográficas

Antonelli, M (2007) El discurso de la “minería responsable y el desarrollo sustentable”: notas

locales para deconstruir políticas que nos hablan en una lengua global. Alfilo, Revista digital

de la Facultad de Filosofía y Humanidades de UNC, 20 (3).

Banco Mundial (2011) The Changing Wealth of Nations Measuring Sustainable Development in

the New Millennium. Washington D.C, The International Bank for Reconstruction and

Development.

Bijker, W.E (2005). ¿Cómo y por qué es importante la tecnología? REDES, Vol. 11, No 21, PP.

19-53

Bijker, W.E (1995). Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical

Change. Massachussets London, Cambridge.

Bijker W.E y Pinch T.J. (1987) The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the

Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other. En Bijker,

W.; T. P. Hughes y T. Pinch (eds.), The Social Construction of Technological Systems. New

Directions in the Sociology of Science and Technology. Cambridge: The MIT Press.

Bijker, W.E (1990) The Social Construction Of Technology. (Tesis doctoral) Enschede,

University of Twente.

Cabrera, M., y Fierro, J., (2013). Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista en

Colombia. En: Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista.

Bogotá, Contraloría general de la Republica.

CSC (2013) La Colosa. Una muerte anunciada. Informe alternativo acerca del proyecto de

Mineria de oro de AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia. London BM

Colombia SolidarityCampaign.

Escobar A., (2014) Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y

diferencia. Medellín, Ediciones UNAULA.

Escobar A., (2005) El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social. En: Politicas de

economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. D, Matto (coord.) Caracas,

Universidad Central de Venezuela.

Escobar, A., (1998) La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del

desarrollo. Bogotá, Editorial Norma.

Esteva, G., (2009) What is Development? Manuscrito inedito, Universidad de la Tierra, Oaxaca.

Esteva, G., (1992) Development, In: W., Sachs (ed) The Development Dictionary: A guide to

knowledge as power, pp 6-25. London, Zed

Feenberg, A., (1991) Critical Theory of Technology. New York, Oxford University Press.

Garcia R.A., (2012) La Colosa, primer proyecto de minería a cielo abierto de lixiviación con

cianuro en el centro de Colombia. Una lectura alternativa desde el movimiento social y

ambiental. En: Toro, C; Fierro, J; Coronado, S y Roa, T. (eds) Minería, Territorio y

Conflicto. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Garrido, S,. Lalouf A,. y Thomas, H,. (2010) Instalación de destiladores de destiladores solares

en el noreste de la provincia de Mendoza – Transferencia VS Adecuación Socio-Técnica.

Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente. Vol. 14. P.p.

Guiarraca, N., y Teubal, M., (2011) Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo

extractivo. Revista ALASRU nueva época no. 5.

Gudynas E., (2011) Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve

guía heterodoxa. En: Más Allá del Desarrollo. Quito, AbyaYala y Fundación Rosa

Luxemburgo

Hamilton, K and Hartwick, M (2005) Investing Exhaustible Resource Rents and the Path of

Consumption. The Canadian Journal of Economics, Vol. 38, No. 2, pp. 615-62.

Hamilton, K., and Clemens, M (1999) Genuine Savings Rates in Developing Countries. The

World Bank Economic Review, VOL. 13, NO. 2: 333–356

Hartwick, M., (1977) Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible

resources, The American Economic Review, Vol. 67, No. 5. pp. 972-974.

Hendrix, J (2005) Perspective on Indicators of Sustainability for the Gold and Silver Extraction

Industry. En: A Review on Indicators of Sustainability for the Minerals Extraction Industries.

Villas-Boas R, Shields, D, Šolar, S, ACiaux, P, Önal, G (eds.).Rio de Janeiro: R.I.U, CYTED

Khosla, V., (2011) Black Swans thesis of energy transformation. Recuperado de:

http://www.khoslaventures.com/black-swans-thesis-of-energy-transformation

Márquez, G., Hurtado, J.E., y Velásquez L.E., (2003) El desarrollo sostenible en Colombia.

Documento de trabajo. Disponible en: http://es.slideshare.net/biociudades/el-desarrollo-

sostenible-en-colombia-14403663

Martínez Alier, J., y Schulpman, K., (1992) La ecología y la economía. Ciudad de México,

Fondo de Cultura Económica.

Meyer M., (2009). From ’cold’ science to ’hot’ research: the texture of controversy. CSI

WORKING PAPERS SERIES 016.

Miranda, M, Chambers, D., y Coumans, C., (2005) Framework for Responsible Mining: A Guide

to Evolving Standards. Bozeman, CSP.

Mol, A-M (2002) The body multiple: Ontology in medical practice. Durham, Duke University

Press.

More, M., (2008) The Proactionary Principle. Recuperado de:

http://strategicphilosophy.blogspot.com/2008/03/proactionary-principle-march-2008.html

Picabea F., y Thomas H., (2010) Análisis socio-técnico de la producción automotriz argentina.

El caso de la motocicleta PUMA (1952-1955). Ponencia en: VIII jornadas latinoamericanas

de estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Buenos Aires, ESCyT.

Pierri, N., (2005). Historia del concepto de desarrollo sustentable. En: ¿Sustentabilidad?

Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, G, Foladori y N, Pierri (Coord.). P.p 21-87

Ciudad de México, Miguel Ángel Porrua, UAZ, Cámara de Diputados LIX Legislatura.

ONU (1987) Our Common Future. World Commission on Environment and Development. New

York, Oxford University Press

Rodríguez, M., y Cárdenas, M., (2006) El Foro Nacional Ambiental: 1997-2006. En: CEREC y

GTZ (Editores), Trilogia Incompleta, Medio Ambiente, Desarrollo y Paz, P.p 205-216.

Rodríguez, M.,(2003) La reforma de la institucionalidad ambiental de Colombia doce

años después En: Economía Colombiana, Vol. 297

Sacher, W y Acosta A, (2013) Ecuador. Los perversos versos de la minería ¿Puede ser la

minería responsable? Recuperado de:http://www.olca.cl/oca/mineras/mineras068.htm

Sachs, W., (1992) Introduction En: W., Sachs (ed), The Development Dictionary: A guide to

knowledge as power, pp 1-6. London, Zed.

Thomas, H., (2010) De las tecnologías apropiadas a las tecnologías sociales: De las tecnologías

apropiadas a las tecnologías sociales: Conceptos-estrategias-diseños-acciones. Ponencia en

1ra Jornada sobre Tecnologías Sociales. Buenos Aires, PROCODAS y MINCyT.

Thomas, H. (1999) Dinâmicas de inovação na Argentina (1970-1995) abertura comercial,

crisesistêmica e rearticulação. (Tesis doctoral). Campinas, UNICAMP.

Therborn, G., (2005) La ideología del poder y el poder de la ideología. Ciudad de México, Siglo

XXI.

Thomas, H. (2008). Estructuras cerradas vs. procesos dinámicos: trayectorias y estilos de

innovación y cambio tecnológico. En H, Thomas y A, Buch (Eds), Actos, actores y

artefactos: Sociología de la Tecnología. Pp. 217­262. Bernal, Universidad Nacional de

Quilmes.

Toman, M. (2003) The Roles of the Environment and Natural Resources in Economic Growth

Analysis. Washington. Resources for the Future.

Toro, C., Fierro, J., Coronado., S y Roa, T. (2012) Minería, Territorio y Conflicto. Bogotá,

Universidad Nacional de Colombia

Venkatakrishnan, S., (2014) AngloGold Ashanti 2014. Presentation at Denver Gold Forum 2014.

Recovery from: http://wsw.com/webcast/dgf14/au/slides.pdf

Vercelli, A., y Thomas, H., (2009). Repensando los bienes intelectuales comunes: Análisis

socio­técnico sobre el proceso de co­construcción entre las regulaciones de derecho de

autor y derecho de copia y las tecnologías digitales para su gestión. (Tesis doctoral) Buenos

Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

Williamson, J., (1990) From Latin American Adjustment: How Much Has Happened?.

Washington, Peterson Institutefor International Economics.

DOCUMENTOS DE POLÍTICA

DNP (2010) Plan Nacional de Desarrollo. “Prosperidad para todos”. Bogotá, DNP

DNP (1998) Plan Nacional de Desarrollo. “Cambio para Contruir la Paz”. Bogotá, DNP

Minambiente y DNP (1996) Política de Bosques. Documento Conpes 2834 de 1996.

UPME (2014) Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Principios, lineamientos y acciones

estratégicas. Bogotá, Minminas.

NORMATIVIDAD

Asamblea Nacional Constituyente (1991, 4 de julio). Constitución Política de Colombia de 1991.

Disponible en:

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_

1991_spa_orof.pdf

Poder ejecutivo de Colombia (1993, 22 de diciembre). Política ambiental colombiana. En Diario

Oficial 41146 . Disponible en:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297

Poder ejecutivo de Colombia (1993, 22 de diciembre). Política ambiental colombiana. En Diario

Oficial 41146 . Disponible en:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297

Poder legislativo de Colombia (1997, 18 de julio). Ley de ordenamiento territorial. En Diario

Oficial No. 43091. Disponible en:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339