max puig: reforma y modernizacion del estado y fortalecimiento institucional

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REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Conferencia dictada por Max Puig, candidato presidencial de

la Alianza por la Democracia (APD)

4to. Dialogo con Candidatos Presidenciales Debate sobre “Reforma y Modernización del Estado,

Retos de la Administración Pública y Fortalecimiento Institucional” Organizado por Participación Ciudadana

16 DE NOVIEMBRE DE 2011

2 Conferencia dictada por Max Puig, candidato presidencial de la Alianza por la Democracia (APD) 4to. Dialogo con Candidatos Presidenciales Organizado por Participación Ciudadana

Antes que nada, agradezco a Participación Ciudadana por invitarme a compartir con

ustedes mis ideas sobre la Reforma y Modernización del Estado y el fortalecimiento

institucional. Me siento complacido con la presencia de todos y cada uno de ustedes.

Concibo mi presentación, al igual que las de los demás expositores, como parte del ejercicio democrático, pues les ofrece a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de conocer el punto de vista de los candidatos sobre un asunto de trascendencia.

Encuentros de este tipo contribuyen a elevar el nivel del debate en los procesos electorales, elemento fundamental en la construcción de una nueva cultura política en el país.

Espero que podamos seguir avanzando en esta dirección. Confío que en el marco de la campaña electoral se puedan organizar debates públicos y directos entre los candidatos a la presidencia de la Republica, sin exclusiones.

Los escenarios para debatir y dar a conocer las propuestas de los candidatos deben ser esencialmente democráticos. Cada uno debe exponer sus ideas en igualdad de condiciones ya que la competencia electoral envuelve los intereses de toda la ciudadanía, no los de un partido, sector, grupo o persona en particular.

La ciudadanía merece la oportunidad de ver, escuchar y comparar las diferentes propuestas de políticas públicas.

No puedo entender cómo existen candidatos que, al parecer, le temen a un debate de esta naturaleza y aún así pretenden contar con el voto consciente de la población.

Entrando en materia, comenzaré mi exposición por lo que considero una obligada reflexión sobre el sistema político dominicano.

Se supone que en un sistema democrático los procesos electorales son la oportunidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de seleccionar las personas más idóneas para desempeñar las funciones públicas. Se supone también que los candidatos expresan sus puntos de vista sobre los distintos temas de manera cívica y propositiva. Se supone, igualmente, que en el desempeño de sus cargos los funcionarios electos actuarán con estricto apego a la ley, colocando los intereses colectivos por encima de sus intereses particulares.

Sin embargo, podemos constatar cada día que los procesos electorales y el desempeño de las funciones públicas no responden a estos parámetros ideales. La realidad es que muchas veces no son las ideas y propuestas las que ocupan el centro de la campaña electoral y que, una vez en el ejercicio del cargo hay funcionarios que dedican lo fundamental de su esfuerzo a enriquecerse ilícitamente a costas de los recursos del erario. Estos funcionarios entran a menudo en competencia con otros de su mismo tipo con miras a ser nominados como el de la yipeta más lujosa, el del yate más costoso, el de la mansión faraónica en la ciudad y en la cima de la montaña, el de la finca más extensa, el de la mejor villa hotelera o el poseedor del jet privado más rápido y cómodo.


El pasado 28 de octubre la Corporación Latinobarómetro dio a conocer su informe 2011. Según ese reporte que compara las percepciones de los pueblos de la región la República Dominicana aparece como el país con la más baja percepción de transparencia en el Estado. Estoy convencido de que la ostentación de riquezas de que hacen galas tantos funcionarios, actuales y pasados, guarda una relación directa con la pobre percepción que se tiene de los niveles de transparencia en nuestro país.

A partir de la fundación de la República nuestro país vivió casi siempre bajo gobiernos autoritarios, representando el ejercicio democrático la excepción y no la regla.

La más cruel de las dictaduras sufridas por nuestro pueblo fue la tiranía trujillista. A partir de su derrocamiento hace cincuenta años hemos ido construyendo un sistema democrático de gobierno.

La transición hacia la democracia en la República Dominicana ha sido larga y compleja.

Una cultura de intolerancia y exclusión amenaza de manera permanente las libertades públicas así como los derechos democráticos conquistados con mucho esfuerzo y heroísmo.

Los obstáculos que se han interpuesto en el camino del pueblo dominicano han sido –y siguen siendo- muchos y difíciles de sortear.

A pesar de las altas tasas de crecimiento de las cinco últimas décadas, una fracción considerable de la sociedad dominicana sigue viviendo en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, es decir, en la indigencia.

La República Dominicana tiene en 2011 la misma proporción de pobres que tenía hace veinte años. Esto quiere decir que, en términos absolutos, el país tiene más pobres que hace dos décadas.

La democracia dominicana se ha construido con este telón de fondo de pobreza.

Esta precaria situación material de existencia se une a una cultura autoritaria asentada en una relación de dominación y se expresa bajo las formas del paternalismo, el patrimonialismo, el autoritarismo, el asistencialismo, el clientelismo y la opacidad de las acciones gubernamentales.

Todas estas manifestaciones se han constituido en considerables frenos para el desarrollo de la institucionalidad democrática y la construcción de ciudadanía.

Para entender el paternalismo hay que recordar que cuando nació la República Dominicana nuestra sociedad era eminentemente rural y los primeros gobernantes fueron hacendados que reclutaron los soldados entre sus peones.

En esta mentalidad paternalista se manejan igual la familia, la finca y el gobierno.

Muy asociada al anterior se sitúa el patrimonialismo, es decir la práctica de los gobernantes a confundir, y a utilizar, el patrimonio público como si fuese propio.

Este ha sido un mal endémico que se prolonga hasta nuestros días en muchos de nuestros funcionarios que conciben el Estado como botín.


Las pruebas de esta afirmación sobran. Todos somos testigos de las fortunas mal habidas que se exhiben sin pudor.

Hacer entender a muchos de nuestros servidores públicos que deben sujetarse a la ley ha sido difícil.

La mentalidad autoritaria de Concho Primo sigue determinando el quehacer de muchos de nuestros políticos.

El ejercicio arbitrario del poder no es sólo asunto del pasado.

La manifestación más directa de esta forma de proceder en el plano político es el clientelismo, mecanismo a través del cual, las prácticas perversas sociales se conjugan para asegurarse el control sobre las personas y, por esta vía, garantizar la dominación política.

El corolario de lo anterior es la opacidad, la falta de transparencia. Cuanto menos se sepa, mejor para los que gobiernan dentro de estos esquemas.

La democracia que hemos venido construyendo desde hace cincuenta años está profundamente marcada por estas duras realidades económicas, sociales y culturales.

No obstante las limitaciones de fondo que acabo de señalar, el empeño democrático se ha ido abriendo camino en nuestro país.

Al lado de los obstáculos hay logros reales, tanto desde el punto de vista normativo como desde la perspectiva institucional.

Nuestra sociedad ha logrado ir estructurando un armazón democrático al cual hay que darle una vida plena, despojándolo de las prácticas y comportamientos que lo adulteran.

¿Cuál es la situación en la que nos encontramos?

Nos hemos dotado de una nueva constitución que nos permite avanzar en la dirección de una sociedad de derechos.

Son notables los esfuerzos legislativos en los últimos veinte años. Muchas de nuestras instituciones se han fortalecido.

Sin embargo, la otra cara de la moneda está ahí. Tenemos un problema grave de confianza.

Los más diversos estudios coinciden en un aspecto nodal: la población dominicana confía cada vez menos que las instituciones puedan representar una solución a sus problemas colectivos.

La desconfianza se extiende a los representantes, sean estos funcionarios, legisladores, jueces, dirigentes políticos o sindicales.


En el fondo de esta desconfianza subyace una cuestión de fondo y tiene que ver con la ética en la gestión pública.

Se puede afirmar que el principal problema de la sociedad dominicana en estos momentos es de carácter ético político.

La falta de valores éticos en la práctica política tradicional está conduciendo a la sociedad dominicana a niveles alarmantes de desconfianza, lo cual produce a su vez un deterioro que amenaza la convivencia pacífica y civilizada.

En mi contacto permanente con amplios sectores de la sociedad dominicana percibo niveles de frustración y desesperanza altamente preocupantes.

Según el último informe del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, o Foro de Davos, la República Dominicana es el país campeón mundial en los niveles de corrupción, lo cual afecta sustancialmente nuestros indicadores de competitividad.

El referido índice se calcula para 142 países y contiene tres indicadores de corrupción gubernamental: despilfarro en el gasto gubernamental, favoritismo de los funcionarios del gobierno, y desvío de los fondos públicos.

En estas malas prácticas, el país ocupa las posiciones 142, 141 y 140, respectivamente.

Uno de los aspectos más graves de la cuestión reside en los niveles de aceptación o tolerancia que tienen las prácticas corruptas en el seno de la población. El Informe 2011 de Latinobarómetro que cité hace un momento revela que el más alto índice de aceptación de pagos de comisiones irregulares o “mordidas” en América Latina lo tiene la República Dominicana con un 42 por ciento de respuestas favorables.

Estos datos concuerdan con los resultados del Estudio sobre Cultura Política del Dominicano, elaborado en 2007 por el Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS). Según las respuestas ofrecidas a la pregunta ¿Cree usted que podrá eliminarse alguna vez la corrupción administrativa y de gobierno en el país?, predomina una posición que puede calificarse como “pesimista”. La tercera parte de los interrogados responde que la corrupción no podrá eliminarse nunca y quienes dicen que se será difícil eliminarla representan algo más de la quinta parte. Lo más significativo es que el 39 por ciento de la muestra de jóvenes entre 18 y 29 años piensa que la corrupción administrativa y de gobierno no podrá eliminarse nunca.

Estos altos niveles de corrupción, de aceptación de la corrupción y de desconfianza en las administraciones públicas se convierten quizás en el mayor obstáculo para lograr servicios públicos eficientes y eficaces que permitan enfrentar los principales problemas y precariedades que afectan a la población dominicana. Como consecuencia, tenemos un Estado incapaz de cumplir su principal rol, en el sentido de convertirse el promotor del desarrollo integral del país.


La corrupción se convierte así en un problema fundamental para el desarrollo económico, puesto que obstaculiza y distorsiona las condiciones del mercado, desincentivando las inversiones productivas, desplazándolas hacia actividades rentistas e ilícitas. Las actividades de corrupción operan como un impuesto adicional que eleva los costos del sector productivo. De esa manera, la corrupción reduce la competitividad sistémica del país en los mercados internacionales en un mundo cada vez competitivo. Para salir de esta situación no bastan las recetas tecnocráticas carentes de un verdadero compromiso social, político y ético con la población. Tampoco sirve volver el caos del populismo chabacano e irresponsable, negador de toda racionalidad institucional, y generador de incertidumbre y desasosiego. Por el contrario, se requiere de un nuevo liderazgo político sustentado sobre valores éticos sólidos, capaces de conducir un proceso de cambios profundos en el modelo político, económico, social y cultural sobre la base de una amplia y profunda participación de la ciudadanía. Si, amigos y amigas, la clave para producir los cambios que el país requiere está precisamente en la participación ciudadana responsable. De ahí la importancia de la creación y desarrollo de organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil que cada día expresen mayor reclamo de participación en los procesos de gestión pública. Un ejemplo esperanzador lo constituye la lucha llevada a cabo por la Coalición por una educación digna. He venido planteando la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico con injusticia social que ha pautado el ordenamiento de nuestro país durante las últimas décadas, puesto que este ha sido incapaz de satisfacer las principales necesidades de la población y ha dado como resultado una sociedad con profundas desigualdades económicas, de género, sociales y territoriales, entre otras. Es un modelo sustentado en un sistema político clientelista que imposibilita la generación de una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes, sin la cual es imposible construir una sociedad próspera, justa y en armonía.

Como consecuencia de todo esto la sociedad dominicana luce atrapada, la población se siente desprotegida y sin horizonte.


Pareciera que el dinero público no es de nadie y que está listo para que se apodere de él el primero que se le acerque. El sistema político dominicano sustentado sobre las bases del clientelismo se encuentra en un círculo vicioso, que parece difícil de superar. Dentro del marco de este sistema, para poder acceder al poder se requiere de mucho dinero y la manera más expedita de conseguirlo es a través de la corrupción o el narcotráfico. A su vez, los favores de campañas, tanto en recursos como en votos, hay que pagarlos con los dineros extraídos del erario público mediante la corrupción. De ahí los barrilitos y cofrecitos en el Congreso, así como los contratos irregulares con suplidores del Estado, los desfalcos, las nominillas y otras tantas modalidades que presenta la corrupción. A veces se tiene la impresión de que no hay manera de salir de este círculo vicioso. Sin embargo, estoy convencido de que está aumentando la conciencia de que llegó el momento de superar esa situación si queremos garantizar la estabilidad política del país y no sucumbir. Esto lo puedo apreciar todos los días en los encuentros y en las asambleas ciudadanas en que participo con los diferentes sectores de la vida nacional. La gente lo que demanda es participación y que se les tome en cuenta en la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas que les afectan. En pocas palabras, la solución de este mal de fondo se encuentra en ampliar y profundizar la democracia. Debemos pasar de una democracia representativa y limitada a una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Una mayor participación ciudadana en la gestión pública garantiza mejor uso de los recursos, de las capacidades de las personas. Asimismo, el desarrollo integral de las personas permite consolidar un sistema político realmente democrático orientado a satisfacer las necesidades de la población y a construir una sociedad verdaderamente cohesionada, justa y próspera. Para lograrlo debemos establecer un verdadero control social sobre los gobernantes.


Para eso es indispensable un pleno y oportuno acceso ciudadano a las informaciones publicas y el establecimiento de los mecanismos de control ciudadano de las actuaciones de los funcionarios públicos sean éstos electos o por designación.

Solo así podremos avanzar en el desarrollo de una sociedad cohesionada y en capacidad de garantizar a la población el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

En síntesis, parto de la premisa que la participación ciudadana responsable y permanente es el principal elemento para enfrentar la corrupción y garantizar la transparencia y el fortalecimiento institucional. Desde este punto de vista, la transparencia es un eje central de nuestra propuesta de gobierno.

Cumplimiento de la ley y combate a la impunidad

En las últimas décadas el país ha avanzado en la aprobación de una normativa legal orientada al fortalecimiento institucional y la transparencia.

Sin embargo, en el país prevalece la constante violación de las leyes vigentes por los mismos llamados a garantizar su cumplimiento. En los casos de corrupción, la impunidad ha sido la norma. Esto muestra que si bien las normativas legales son importantes, estas no son suficientes para enfrentar el problema de la corrupción. El principal problema sigue siendo la falta de una verdadera voluntad política de los gobiernos. A esto se debe agregar que hemos tenido déficit de seguimiento y empoderamiento de parte de la ciudadanía en general, de la dirigencia política y de las organizaciones de la sociedad civil. Mi posición es clara al respecto: si soy favorecido por el voto popular, como espero serlo, desde la presencia de la República enfrentaré la impunidad de los delitos de corrupción con todas mis fuerzas y con todos los medios establecidos por la ley. Las medidas que me propongo impulsar estarán basadas en el control social y en el reforzamiento de los órganos públicos de control, como la Cámara de Cuentas, al mismo tiempo que actuaré para garantizar su independencia.


Reformas Políticas

Comparto el criterio de la necesidad de aprobar una ley sobre partidos políticos y de modificar la ley electoral. Esto, a fin de regular efectivamente el financiamiento de los partidos y ordenar las campañas electorales, frenando el clientelismo y el uso de recursos públicos en éstas. Al mismo tiempo estas leyes deberán contribuir al fortalecimiento del sistema político dominicano, profundizando los valores democráticos tanto al interior de los partidos políticos, como en las relaciones entre estos y con la sociedad. En todo este proceso se deberán fortalecer los órganos públicos contemplados en la nueva constitución. En ese sentido, toda la sociedad debe estar atenta y vigilante ante el proceso de selección de los jueces del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte Justicia y el Tribunal Superior Electoral. En esta elección se debe garantizar una amplia y equitativa representación de la mujer. Las y los integrantes de estos tribunales deberán ser personas capaces y con trayectorias de vida apegadas a la ética responsable. Deberán gozar de suficiente prestigio y contar con la debida confianza de todos los sectores del país. De no cumplirse con esas condiciones corremos el peligro de debilitar aun más nuestro ordenamiento institucional al punto de atentar con la esencia misma de la democracia. Por otra parte, favorezco la ejecución de cuantas medidas sean necesarias para garantizar el fortalecimiento institucional de la Junta Central Electoral. Me pronuncio igualmente a favor de garantizar, con urgencia, la documentación del Registro Civil para toda la población dominicana. Que se corrijan las deficiencias y se superen las decisiones administrativas que afectan la adquisición de documentos a muchos dominicanos y dominicanas.

Del mismo modo, considero urgente la solución de la situación actual en el Centro de Cómputo de la JCE.

Estoy de acuerdo con la propuesta de la Junta Central Electoral para crear una gerencia de informática, dando por sentado que esta debe estar integrada por profesionales especializados que cuenten con el consenso de todos los partidos políticos reconocidos, no debiendo ser mantenida ninguna persona que no genere la debida confianza y sea objetada por una o varias agrupaciones políticas.

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La Función Pública

Uno de los elementos fundamentales para elevar la eficiencia y eficacia de la gestión estatal es el fortalecimiento de la Función Pública. Se requiere de una profunda reestructuración del servicio civil para asegurar un servicio más profesional, mejor entrenado y más eficiente.

Se debe eliminar el clientelismo, la corrupción y la politización, imponiendo normas claras y generalizadas para contrarrestar el comportamiento burocrático.

Creo en el esfuerzo y el mérito. La carrera civil se debe sustentar en normas y procedimientos basados en el mérito para el reclutamiento, la promoción, la estabilidad del empleo.

Como parte de ese proceso se hace necesaria la racionalización de la política salarial incluyendo la eliminación de múltiples escalas salariales. Ya lo he dicho antes y lo reitero ahora. Estoy a favor de la eliminación de todo tipo de botellas, sean grandes o pequeñas, Cada institución debe funcionar con el persona que requiera para el buen desempeño de sus funciones. Me pronuncio de nuevo a favor de la eliminación de todos los viceministros y subdirectores innecesarios, al igual que el personal diplomático parasitario.

Del mismo modo se debe producir una verdadera reingeniería en las instituciones públicas de tal manera que se eliminen todas aquellas instituciones con funciones duplicadas o que no estén brindando un verdadero servicio a la población.

Un Estado inteligente y moderno se apoya en la institucionalidad de la gestión pública, que implica estandarización de prácticas, políticas y procedimientos y que consolida la continuidad del personal que realiza el trabajo. Este proceso debe ser gestionado a través de un Sistema Civil operativo, que asegure los niveles de desempeño y productividad con la calidad que el mercado global exige. En tal sentido, actuaré para garantizar que el conocimiento adquirido y la inversión en capacitación de los servidores públicos no se pierdan en cada cambio de gobierno. Por otra parte, me pronuncio a favor de la aplicación plena de la ley de Compras y Contrataciones de obras y servicios. En el nuevo gobierno no se debe realizar ni una sola compra o contratación que no siga los criterios establecidos en esa ley y sus reglamentos. Basta ya de utilizar las compras públicas para pagar favores y enriquecer a políticos corruptos.

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En cuanto a la gestión financiera se apoyo la creación de la Cuenta Única del Tesoro, a fin de facilitar el control del uso de los recursos públicos. Del mismo modo, estoy a favor de cambiar la forma en que se elabora el presupuesto nacional. Considero que éste debe convertirse en el principal instrumento de desarrollo del país. Es ahí y no en discursos huecos, donde se expresan las verdaderas prioridades del país. Por lo tanto el Presupuesto General de la Nación debe obedecer a una visión de país, que deberá está contemplada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como en los presupuestos plurianuales. El elemento fundamental para garantizar esta transformación del presupuesto nacional es que su elaboración sea lo más participativa posible y que el mismo este orientado a resultados. En ese sentido planteo crear una modalidad de Presupuesto Participativo Nacional, recogiendo las experiencias que en esa materia tienen varios de nuestros ayuntamientos. Sé que esta es una tarea compleja, pero estoy convencido de que con la ayuda de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, podemos diseñar mecanismos de participación de amplios sectores de la sociedad en la elaboración y el seguimiento de la ejecución del presupuesto nacional. Como forma de combatir el clientelismo, propongo la creación de una Ley de Protección o Asistencia Social, que elimine el barrilito y el cofrecito y que prohíba la discrecionalidad de los funcionarios para realizar asistencialismo y favores. Mediante esta ley, los programas actuales de asistencia social, tales como el programa Solidaridad, serán fortalecidos institucionalmente, de tal manera que la población los asimile como derechos y no como favores políticos. Consciente de que una ley de esas características tendrá muchas dificultades para ser aprobada, planteo iniciar este proceso mediante decretos presidenciales, con todos los elementos que sea posible establecer sin que sean aprobados por el Congreso Nacional. Una estrategia fundamental para garantizar elevar la efectividad de las acciones públicas es profundizar en la desconcentración y descentralización. Creo en otorgar mayor autonomía operativa a todas las expresiones territoriales de las instancias nacionales. Al mismo tiempo, impulsaré el fortalecimiento de la gestión local, a través del apoyo técnico y financiero a mecanismos de desarrollo local, que faciliten la participación

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efectiva de la ciudadanía en la gestión pública en el territorio. En esa línea propiciaré la conformación de un Instituto de capacitación y asesoría a los ayuntamientos que sustituya la Liga Municipal Dominicana.

Del mismo modo, se promoveré la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal.

Soy del criterio que se deben incrementar los recursos y las responsabilidades de los ayuntamientos. En este sentido, se debe cumplir la ley y otorgar el 10% de los ingresos públicos a los ayuntamientos, al tiempo que se aumentan los niveles de controles financieros y sociales sobre el uso de los recursos.

Reitero que la República Dominicana requiere de cambios de fondo. Insisto en que para salir adelante debemos superar el modelo de crecimiento económico con injusticia social que ha prevalecido hasta ahora. Sin embargo, para lograr este cambio de modelo hay que restaurar la confianza en el Estado y sus instituciones. Ello solo se puede lograr mediante una acción decidida que elimine de cuajo la impunidad y la tolerancia con los delitos administrativos. A eso me comprometo con firmeza y determinación.

Muchas gracias

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