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julio 2015

Manual de cobro de deudas internacionales

España y Portugal

2International Debt Collections Handbook - julio 2015

Exención de responsabilidadEl presente informe tiene una mera finalidad informativa y no pretende constituir ningún tipo de recomendación relativa a transacciones, inversiones o estrategias concretas dirigida a ningún lector. Los lectores deberán tomar sus propias decisiones independientes, comerciales y de otro tipo, en relación con la información suministrada.

Aunque hemos hecho todo lo posible para garantizar que la información incluida en este informe ha sido obtenida de fuentes fiables, Atradius Collections no se hace responsable de ningún error u omisión, o de los resultados derivados del uso de la misma. Toda la información incluida en el presente informe se suministra «tal cual» sin garantizar nada con respecto a su integridad, precisión, puntualidad o los resultados derivados de su uso, y sin garantías, ni expresas ni implícitas, de ningún tipo.

Ni Atradius Collections, sus asociaciones o corporaciones vinculadas, ni los socios, agentes o empleados de estos, serán responsables en ningún caso de ninguna decisión que se tome ni de ninguna acción que se emprenda basándose en la información de este informe ni de ningún daño derivado, especial o similar, incluso si han sido avisados de la posibilidad de dichos daños.

ÍndiceIntroducción 4

Acerca de Atradius Collections 5

España 6

Fase amistosa 7

Procedimientos legales 8

Ejecución 10

Procedimientos de insolvencia 11

Portugal 14

Fase amistosa 15

Reserva de dominio 16

Medidas de protección 16

Procedimientos Judiciales 16

Procedimientos de insolvencia 17

Atradius Collections Contact Details 20

3 International Debt Collections Handbook - julio 2015

Bienvenidos.Estamos muy orgullosos de presentarles la última edición del Manual de cobro de deudas internacionales para España y Portugal. La información que se presenta en este manual forma parte de uno de los capítulos del Manual de cobro de deudas internacionales, que se publicó por primera vez en 2008. La versión que tienen en sus manos hoy es parte de la 9.ª edición, que se presentó en 2015.

Desde su lanzamiento, el Manual de cobro de deudas internacionales se ha convertido en una herramienta clave para ustedes y sus negocios en lo que a las decisiones relativas al cobro de deudas en otros países se refiere. El cobro de deudas internacionales y los sistemas legales concretos de cada país plantean retos que afectan a todas las empresas. Como consecuencia de ello, el Manual de cobro de deudas internacionales ha demostrado ser una herramienta de valor incalculable y un producto muy demandado por quienes tienen que tomar decisiones en el sector de la gestión de los cobros y créditos. Les ayuda tanto a ustedes como a sus empresas al permitirles seleccionar más fácilmente el planteamiento correcto en materia de cobro de deudas, explicando al mismo tiempo la diversidad y complejidad de los enfoques concretos relativos al cobro de deudas de cada país, a menudo con un elevado nivel de detalle.

Esta nueva edición incluye a 40 países y explica las diferentes fases de la resolución amistosa, la normativa financiera

relativa a los cobros, los procesos legales y los procedimientos de insolvencia en cada uno. Ninguna empresa es inmune a los riesgos vinculados a los negocios internacionales y puede quedar expuesta a un mal comportamiento en materia de pagos. Por tanto, mantener y proteger el flujo de caja resulta especialmente crucial para las empresas. Contar con conocimientos en materia de cobros amistosos, así como las fases legales nacionales concretas, se convierte pues en algo vital en estos tiempos difíciles. Gracias a las competencias locales, las empresas pueden garantizar que están aplicando un planteamiento profesional y de éxito, algo a lo que esta publicación puede ayudarles sin duda.

Estoy seguro de que ustedes también encontrarán el Manual de cobro de deudas internacionales una herramienta profunda y extremadamente útil que les ayudará tanto a ustedes como a sus empresas en todas sus decisiones relativas al cobro de deudas en España y Portugal.

Reciban un cordial saludo.

Rudi De GreveDirector Operaciones Globales, Atradius Collections

Introducción


Índice

Acerca de Atradius Collections

Atradius se fundó en un primer momento como NCM en los Países Bajos en 1925 y se creó con el objetivo de mejorar las operaciones comerciales de las empresas en dicho país. En Alemania, las raíces de Atradius corresponden a Gerling Credit, que nació en 1954 y operó únicamente en dicho país hasta 1962, año en el que abrió su primera oficina internacional en Suiza.

En España, Crédito y Caución se fundó en 1929 y se concentró en crecer de forma continuada hasta convertirse en la principal aseguradora de crédito y caución de la península ibérica.

La herencia, conocimientos y estándares de servicio ejemplares de estas tres empresas se combinan ahora en el grupo Atradius para crear Atradius Collections como un líder mundial en el cobro de deudas entre empresas.

Con estos antecedentes y alcance mundial, en Atradius Collections estamos en disposición no solo de poner nuestros éxitos en el cobro de deudas al servicio de nuestros

clientes, sino que también estamos decididos a mantener unos elevados niveles en el mercado y convertirnos en un protagonista del sector del cobro de deudas entre empresas.

Al ser una división independiente dentro del grupo Atradius, Atradius Collections goza de una posición fuerte, a la par que comparte su historia, conocimientos y reputación, lo que nos ayuda a garantizar que mantenemos nuestras promesas en lo que a cobros, externalización de la gestión de las deudas por cobrar y acompañamiento en el camino al crecimiento se refiere. Atradius Collections ofrece unos servicios de cobros entre empresas de primer nivel además de un abanico de soluciones que responden a las necesidades de gestión de deudas por cobrar. La red y las operaciones mundiales integradas de la empresa son únicas en el mercado, mientras que el sistema de gestión de cobros en línea permite a los clientes colocar y gestionar sus deudas las 24 horas del día y los 365 días del año.

Con presencia en 23 países y una amplia red mundial, Atradius Collections atiende a más de 10 000 clientes y cobra más de 270 millones de euros cada año. Como parte del grupo Atradius, cuenta con más de 90 años de experiencia en el sector de la gestión de créditos mundiales, lo que la convierte en una empresa líder de cobro de facturas comerciales internacionales.

Introducción

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PIB

1422 $Miles de millones (est. 2015)

España

Tasa de crecimiento anual de lasexportaciones 5,5% (est. 2015)

importaciones 4,5% (est. 2015)

Sectores

Tasa de crecimiento del PIB

40,24%

1,5%

(est. 1/2012 - 12/2014)

(est. 2015)

Textil Electrónica Maquinaria Materiales de construcción

Alimentos

Metales Productos químicos

Transporte Servicios

Tasa de éxito


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Fase amistosa

GeneralAtradius Collections Spain cuenta con un proceso de cobros profesional concentrado en todo momento en la relación entre el cliente y el deudor. Nuestro equipo de especialistas en cobros lleva a cabo el proceso de cobros en interno, poniéndose en contacto tanto oralmente como por escrito y cumpliendo en todo momento la legislación nacional y autonómica. Si se produce un litigio, tratamos de alcanzar una solución amistosa entre el acreedor y el deudor. Lo hacemos analizando todos los documentos contractuales (por ejemplo, contratos firmados, pedidos, confirmaciones, facturas y albaranes de entrega, así como las condiciones estándar previamente acordadas). Todas las investigaciones se completan con la ayuda y la autorización de nuestro equipo legal. Agente localEn la actualidad, trabajamos con la red de abogados CYC que actúa cuando la gestión por parte del cobrador resulta infructuosa pero se ha localizado al deudor y existe la posibilidad de aumentar la presión contra este realizando visitas personales, llamadas y enviando requerimientos de pago.

Las visitas no tienen un coste concreto y solamente se aplicarán cargos extra si el abogado logra el pago de la suma adeudada en esta fase del proceso de cobro. Por tanto, siempre necesitamos la aceptación por parte del cliente antes de confirmarles un caso.

El coste extra dependerá de la cantidad recuperada, y se aplicará un porcentaje fijo pactado en un contrato con cada abogado. Si la actuación de este tampoco da sus frutos, nos enviará un informe definitivo con un resumen de todas las acciones llevadas a cabo, además de información financiera para estudiar la viabilidad de emprender acciones legales.

InteresesAtradius Collections Spain siempre cobra intereses a los deudores, y estos se calculan a partir del tipo básico del Banco

de España o cualquier otra cantidad que se haya acordado por contrato. Desde una perspectiva cultural, los deudores españoles no están acostumbrados a pagar intereses de demora y el importe real de estos se considera objeto de negociación entre deudores y acreedores. Tratamos de negociar el pago de estos intereses en la fase amistosa.

GastosEn España, pueden aplicarse a los deudores cargos por el cobro de deudas que representan la reclamación del cliente por daños derivados de la demora en el pago con arreglo al Código Civil y al Código Mercantil españoles. Si el acreedor cuenta con un acuerdo contractual especial, este puede tenerse en cuenta siempre que el deudor haya aceptado sus condiciones. Desde una perspectiva cultural, los deudores españoles no están acostumbrados a pagar gastos por el cobro de las deudas y el importe real de estos se considera objeto de negociación entre deudores y acreedores. Tratamos de negociar el pago de estos intereses en la fase amistosa. Al igual que en el caso de los intereses, Atradius Collections Spain siempre incluye estos gastos en sus reclamaciones, pero, en caso de oposición, pasamos a las acciones legales, así que tendremos que determinar si merece la pena comenzar un proceso en los tribunales debido a su coste.

PrescripciónEl período general de prescripción en España es de 15 años a contar a partir del día de vencimiento de la factura. Esto se establece en el artículo 1964 del Código Civil español. Las reclamaciones de transporte prescriben al cabo de 6 meses desde la fecha de obligación de pago en virtud del artículo 951 del Código Mercantil.

El período de prescripción se suspende si: � El acreedor reclama el pago judicialmente; � El acreedor envía una reclamación extrajudicial por fax o

en un requerimiento notarial; � Si el deudor realiza cualquier reconocimiento de deuda.

Esto se rige con arreglo al artículo 1973 del Código Civil español.

El deudor debe reclamar la prescripción en el procedimiento legal y no podrá ser declarada oficialmente por el tribunal, ya que puede ser objeto de un derecho de renuncia a favor del deudor.

Formas de pago aceptadas y más habitualesLa forma de pago más habitual es la transferencia bancaria, ya sea a nuestra propia cuenta o a la del cliente. Atradius Collections también acepta cheques pero, en este caso, tratamos de asegurarnos de que sean emitidos directamente a favor del cliente. No ofrecemos la cancelación directa en las cuentas del deudor.


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Tipo de empresasLos tipos de empresas más habituales en España son:

� “Sociedad Limitada” o S.L. El capital social mínimo de este tipo de sociedades es de 3000 EUR.

� “Sociedad Anónima” o S.A. En este caso, el minino es de 60 000 EUR.

En ambas, los activos de los accionistas no se ven afectados por la deuda social y es preciso demostrar ante un juez que los administradores están siguiendo malas prácticas. Y esto puede resultar muy complicado de probar.

� Un tercer tipo de empresa menos popular es la comunidad. Este tipo de sociedad se diferencia bastante de las S.A. y las S.L. En las comunidades, los activos de sus copropietarios sí se ven afectados por la deuda social si esta no dispone de activos suficientes para satisfacer todas sus deudas.

Fuentes de informaciónEn España, contamos con acceso a información incluida en la base de datos de CYC, que incluye informes financieros y una evaluación de riesgos de empresas españolas y portuguesas. Utilizando la información de esos informes, junto con nuestros propios datos, podemos obtener una imagen precisa de la situación financiera de los deudores y asesorar sobre cuál sería el siguiente paso dentro del proceso. La información incluida en dichos informes procede de las cuentas oficiales (con pérdidas y ganancias) que las empresas deben presentar todos los años. Si precisamos un informe más pormenorizado que incluya información legal, un estudio de la trayectoria empresarial, etc., tendremos que pagar 15 euros extra si esto fuera preciso antes de comenzar las acciones legales.

Tras compilar la experiencia de CYC y la información suministrada por el cliente, resulta muy sencillo dar con el deudor si sigue en activo. Si consideramos recomendable disponer de un informe completo para las acciones legales, enviaremos a un abogado externo para que realice una visita personal al deudor con el objetivo de recavar más información acerca de los motivos del impago de la deuda. En España, no utilizamos a agencias privadas de investigación ya que empleamos otras herramientas para localizar a las empresas o sus bienes sin costes adicionales, o podemos emplear las propias agencias de los tribunales si estamos inmersos en un procedimiento legal. A nuestro entender, no creemos que un investigador privado pueda hacer mucho más que nosotros para encontrar a los deudores.

Reserva de dominioNo se trata de algo habitual en España. Contar con un contrato de este tipo no es vinculante para las partes; a menos que se haya firmado ante notario, no se trata de un título ejecutivo,

por lo que debemos seguir el procedimiento legal habitual. Esto implica contar con un procedimiento declarativo en el que el juez tendrá que reconocer nuestro derecho a recuperar la deuda o la mercancía. Si nos incautamos de la mercancía, será preciso comenzar un procedimiento legal especial denominado «tercería de dominio», en el que tendremos que demostrar nuestro derecho a enajenar la propiedad y desposeer de ella a un tercero.

Medidas de protecciónSiempre tratamos de obtener un documento firmado por el deudor en el que reconozca la deuda. No tiene por qué estar firmado por un notario. Si ha sido firmado por el deudor, podrá emplearse en una futura demanda legal. El documento puede firmarse ante notario, pero no lo recomendamos debido a los costes para ambas partes. Además, los deudores pueden ofrecer otro tipo de garantías como hipotecas, cesión de deuda o activos contra deudas. La cesión de deudas o activos puede realizarse en un contrato, mientras que las hipotecas deben registrarse ante notario.

Procedimientos legales

GeneralEl sistema legal español moderno consta del derecho público, que regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado o dos órganos del Estado, y el derecho civil, que rige las relaciones entre las personas o las empresas. Es posible iniciar un procedimiento legal sin advertencia previa al deudor, pero no es lo habitual en la práctica ya que el número de procedimientos legales en España es muy bajo y resulta caro si se produce un litigio. Siempre es mejor agotar todas las opciones amistosas antes de comenzar una acción legal.

Sistema legal En España, la competencia depende del asunto y la naturaleza del caso. En los casos relativos a sumas impagadas, la sección a cargo es la civil. En primera instancia, serán vistos por un juez, y obtendremos una decisión definitiva que podrá recurrirse en segunda instancia (en este caso, ante un cuerpo colegiado compuesto por tres jueces) del tribunal regional, denominado Tribunal Superior de Justicia.


Índice

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En todos los casos, es preciso tener en cuenta que la dirección que se considerará a la hora de determinar el tribunal competente será la del deudor. La tercera instancia en España está restringida y las demandas que no cumplan los criterios establecidos serán rechazadas. Es preciso mencionar también que es necesario abonar unas tasas que dependen de la cantidad impagada. Documentación necesaria Para iniciar el proceso de reclamación legal, necesitamos versiones originales del contrato, de las facturas y un extracto de cuenta claro en el que se indiquen los pagos y abonos que se han realizado en relación con las facturas impagadas. En el caso de los procedimientos de demanda convencionales, deberíamos contar con originales de toda la documentación contractual, empezando por el contrario, los pedidos, las confirmaciones de los pedidos, los albaranes de entrega y las facturas, etc. Cada fase de la relación entre el deudor y el acreedor deberá poder demostrarse a través de documentación. En caso de disputa, deberán conservarse todas las notas de las conversaciones entre ambos y entregarse a nuestros abogados. Si se producen negociaciones verbales, deberíamos solicitar las fechas y las notas de las visitas y deberían conservarse informes de las negociaciones, además de los nombres de los testigos. También será preciso conceder un poder de representación a favor de Atradius Collections Spain a nuestros abogados, debidamente apostillado, si nuestro cliente no está en España.

Procedimiento MonitorioEste procedimiento solamente es de aplicación a las deudas monetarias (inferiores a 250 000 EUR) y solamente si la deuda está vencida y es pagadera. El tribunal responsable es el tribunal local de primera instancia. En esos casos, la deuda no se cuestiona, por lo que el tribunal se limita a declarar el derecho del acreedor e insta al deudor a pagar el principal más los intereses. Si este no está de acuerdo, puede presentar una oposición, y tendremos que comenzar un procedimiento convencional (ordinario o verbal, en función del importe). No se trata de una segunda instancia, ya que el primer juez solamente tiene que declarar que el procedimiento monitorio no es posible y es el demandante quien debe comenzar el procedimiento ordinario, pero sin tomar una decisión con respecto a la deuda.

Procedimiento Ordinario/VerbalEl procedimiento de demanda habitual se inicia justo después de que el cobro amistoso haya fracasado o si el deudor es solvente. Normalmente, se emite un procedimiento previo por escrito. Tanto el demandante como el demandado intercambian sus opiniones y pruebas por carta hasta que el juez considera que disponen de toda la información relevante necesaria para llegar a una decisión. Se programa una vista

en la que ambas partes deben estar presentes. Después de la vista oral, el juez fija una fecha para publicar la sentencia definitiva, y ambas partes serán informadas del resultado por escrito por el tribunal correspondiente.

RecursoEs posible recurrir la sentencia, lo que dará lugar a un veredicto por parte del tribunal de segunda instancia (del tribunal local al tribunal de distrito; del tribunal de distrito al tribunal superior regional). En caso de llegar a una tercera instancia, la revisión se limitará a una comprobación de si la ley se ha aplicado o no correctamente. No es posible introducir ninguna modificación en los hechos o las pruebas.

GastosEl uso de la red de abogados de CYC nos permite reducir nuestros gastos legales, ya que contamos con un contrato con ellos que nos ofrece unas tarifas preferentes. Todos los gastos dependen del importe de la suma impagada y se establecen de forma porcentual. Pueden aplicarse diferentes tarifas durante el procedimiento en función del importe de las sumas impagadas y de cada acción. Esto hace que resulte difícil predecir los gastos totales, y hay que tener en cuenta también los gastos vinculados a los testigos y los peritos. Podemos determinar una estimación de gastos caso por caso si fuera necesario iniciar una acción legal. El coste también depende del tipo de procedimiento, que tiene que ver con la reacción del deudor (inactividad, oposición, etc.). Nos esforzamos para mantener los gastos a un nivel bajo, al menos cuando el deudor se limita a no reaccionar, con lo que está aceptando la reclamación.

El elevado porcentaje (3 %) de facturas vencidas pagadas al cabo de 6 meses ha afectado

principalmente a las empresas de los Países Bajos y España

TasasEl gobierno español ha aprobado una nueva ley por la que se imponen tasas especiales a las acciones legales. Esas tasas deben abonarse en el momento de presentarse la demanda o esta no será aceptada por el tribunal.

Fuente: Global Collection Review Western Europe 2015


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El coste de las tasas consta de: � Una parte fija que depende del procedimiento judicial.

Los procedimientos más habituales para nuestras reclamaciones son los monitorios, cuyo coste es de 100 EUR, y los ordinarios, con un coste de 300 EUR, pero hay que tener en cuenta que el coste de un recurso se eleva a 800 EUR.

� Una parte variable que depende del importe reclamado: de 2000 EUR a 1 000 000 EUR, el coste añadido será del 0,5 % de este importe.

Estas tasas no pueden repercutirse al deudor y no pueden recuperarse en ningún caso, excepto si ambas partes llegan a un acuerdo durante el proceso legal, en cuyo caso, se devolverá el 60 % de las tasas.

Plazo previstoLa duración media del proceso legal depende del tipo de procedimiento y de si se trata de la primera o de la segunda instancia del caso. Puede obtenerse una decisión definitiva en el plazo de 3 meses pero, en algunos casos, se puede tardar más de un año en recibir la sentencia del juez.

Intereses y gastos en la fase legal(No se tienen en cuenta las tasas legales) Es imposible comenzar un procedimiento legal solamente por los intereses o los gastos, pero estos siempre estarán incluidos en las cantidades cobradas al final. Si el deudor es condenado a pagar el principal, los intereses legales estarán incluidos normalmente en la decisión. El Código Civil español permite a los jueces condenar a la parte perdedora a correr con los gastos del procedimiento legal y los incluye en todas las reclamaciones, pero a menudo esto depende del criterio del juez si cree que el deudor ha actuado de mala fe. En caso de acuerdo legal, las partes corren con los gastos de los procedimientos correspondientes de manera proporcional a en qué medida hayan ganado o perdido.

Ejecución

Ejecución de deudaEl acreedor puede bloquear la cuenta bancaria del deudor o sus reclamaciones frente a las autoridades tributarias, seguros de vida, empleador, participaciones empresariales, acciones corporativas o cualquier posible reclamación que este pueda tener frente a un tercero. Esto suele resultar muy efectivo y a menudo sorprende al deudor. Para ahorrar gastos, se puede ejecutar solamente parte de la sentencia. Para este tipo de ejecución se precisa información muy concreta como los datos de la cuenta bancaria, el nombre y la dirección del empleador, información acerca de las participaciones empresariales o las acciones corporativas. El responsable de toda la acción de ejecución en cualquier caso será el tribunal competente en la residencia del beneficiario del embargo.

Ejecución provisionalLa legislación española permite la ejecución provisional de la sentencia si el demandado condenado presenta un recurso que es admitido. Para hacerla efectiva, debe solicitarse a través de un mandato judicial al mismo tribunal de primera instancia que haya fallado la sentencia y podrá ejecutarse una vez que se dicte la sentencia definitiva. La orden sirve para obtener una declaración formal del deudor.

Ejecución de sentencias firmes Cuando la sentencia es firme, puede pedirse su ejecución si el condenado no paga la suma adeudada en el plazo de 20 días a contar a partir de la fecha de publicación de la misma. El condenado puede oponerse a esta ejecución alegando la antigüedad de la acción, el pago o el cumplimiento de la sentencia. Los activos del deudor serán embargados sin más requerimientos de pago. Dichos activos pueden ser designados por el solicitante si los conoce. De no ser así, el tribunal deberá localizarlos, dando indicaciones a los bancos, organismos públicos o sociedades que pueden facilitar su ubicación. Una vez localizados, serán subastados y el dinero obtenido se empleará para abonar las deudas, y el saldo restante se devolverá a la parte condenada. El coste de esta fase correrá por cuenta del condenado una vez que se hayan liquidado sus activos. Hasta entonces, el solicitante deberá abonarlo.

Plazo previstoEl plazo previsto para la ejecución resulta difícil de calcular, ya que depende mucho del desarrollo del caso, de la localización de los activos, de los posibles bancos y, por supuesto, de los posibles compradores. Sin duda se necesita paciencia ya que puede llevar más tiempo que el procedimiento principal.

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Procedimientos de insolvencia

Datos generalesLos procedimientos concursales, tanto «abreviados» como los planes concursales ordinarios o necesarios, son un tipo de ejecución colectiva para todos los acreedores de un mismo deudor. Con el inicio del procedimiento preliminar, todas las ejecuciones individuales quedan suspendidas y las ejecuciones individuales no podrán proseguir hasta que no comience el procedimiento concursal. El objetivo del procedimiento concursal es que todos los acreedores reciban el mismo porcentaje de valor de sus deudas al liquidar los activos de la sociedad deudora o cobrar los ingresos ejecutables de las personas que se declaran en quiebra.

ProcedimientosRecientemente, se ha introducido en España un nuevo tipo de insolvencia, gestionada por un mediador concursal, más flexible y con unos plazos más breves para los casos de pequeñas dimensiones (menos de 50 acreedores y menos de 5 millones en pasivo).

Las principales características son: � 1. El plan de pagos no puede incluir una espera de más

de 3 años. � 2. La quita no puede superar el 25 %. � 3. Debe incluir una oferta de negociación de las

condiciones de los préstamos y créditos. Si el acuerdo es aprobado por los acreedores, el mediador tendrá que controlar su cumplimiento.

Alternativamente, el mediador presentará la insolvencia ordinaria ante los tribunales.

Pre-insolvenciaEl deudor comunicará al tribunal la situación de insolvencia y propondrá un plan de pagos a todos los acreedores. Si se acepta, será homologado por el tribunal. Si la propuesta del deudor no obtiene la aceptación de las 3/5 partes de los acreedores, o si se incumple, este deberá iniciar el procedimiento de insolvencia ordinario.

Insolvencia ordinariaEl primer paso consiste en comunicar la insolvencia al tribunal. Esto puede hacerlo directamente el deudor (concurso abreviado o voluntario) o el acreedor (concurso necesario). El juez analizará la documentación y confirmará la situación de insolvencia, en cuyo caso, todas las demás acciones contra el deudor se suspenderán o se permitirá su continuación.

En comparación con otros países europeos, España

presenta una mayor orientación hacia el crédito

El tribunal nombrará a los administradores concursales encargados de gestionar la empresa durante el proce-dimiento. Deberá estar compuesto por:

� Un abogado o un bufete de abogados; � Un experto en economía; � Uno de los principales acreedores, normalmente,

un banco.

El concurso se publicará en el Boletín Oficial, y la fecha de publicación es muy importante, ya que los acreedores dispondrán de un mes (en los concursos voluntarios y ordinarios) o de 15 días (en los procedimientos abreviados) para presentar sus reclamaciones de saldo acreedor. Una vez expirado este plazo, los administradores concursales elaborarán un informe financiero que recogerá una lista con todos los saldos acreedores y el balance con el activo y el pasivo de la sociedad. Si un acreedor cree que su derecho no ha sido reconocido, puede presentar un incidente ante los administradores concursales. Estos no elaborarán su informe definitivo, que incluirá el resultado de todos los incidentes, hasta que hayan sido resueltos, tras lo cual podrá continuar el procedimiento.

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Fuente: Global Collection Review Western Europe 2015


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Si la empresa cuenta con suficientes activos como para elaborar un plan de pagos, presentará un acuerdo a los acreedores que normalmente incluirá una quita y un programa de pagos para el resto. Los acreedores podrán aceptar o rechazar ese plan, y deberán presentar su decisión al tribunal. Si más del 50 % de sus acreedores acepta el plan, afectará a todos los acreedores (no solo a quienes lo hayan firmado). Sin embargo, si no cuenta con activos suficientes o no recibe un 50 % de votos favorables, la sociedad se liquidará y los acreedores cobrarán sus deudas en función del importe total reconocido y el tipo de deuda.

Documentación necesaria Para presentar la reclamación en su nombre, necesitamos:

� El poder de representación original; � Copias de las facturas; � Un extracto de cuenta actualizado; � Contratos originales; � Copias de los pedidos, confirmaciones y albaranes

de entrega (si nuestro saldo acreedor no ha sido reconocido, necesitamos los originales para presentar el incidente);

� Copias de las condiciones de venta generales, si procede;

� Copias de cualquier otra correspondencia que pueda sustentar la reclamación.

Plazo previsto y resultado El plazo para presentar reclamaciones es de 15 - 30 días en función del tipo de procedimiento, y comienza a contar a partir de la publicación de la insolvencia en el Boletín Oficial del Estado. La comprobación de la reclamación presentada dura de 3 a 6 meses una vez expirado el plazo para su presentación, pero depende de los incidentes planteados, y los administradores concursales deben comprobarlos todos antes de emitir un informe definitivo en el que se enumeren los saldos acreedores pendientes. La duración del proceso completo depende del plan de pagos acordado o del tiempo necesario para liquidar la sociedad. Debería ser de entre 5 y 10 años. En España, el caso permanece abierto hasta que todos los pagos han sido recibidos por el cliente o podamos comprobar que no tenemos más posibilidades de cobro. Si se trata de un caso muy pequeño o si tenemos varios casos contra un mismo deudor, mantendremos abierto el más grande hasta su satisfacción.

Arbitraje y MediaciónSi el acreedor y el deudor aceptan una solución alternativa para el litigio, existen dos opciones: arbitraje y mediación o conciliación. Llegar a un acuerdo ante un tribunal arbitral privado presenta tres ventajas en comparación con los procedimientos convencionales: es más rápido ya que los tribunales tienen menos trabajo y no existe posibilidad de recurso. También resulta más eficiente en términos de costes y la vista y el proceso son confidenciales.

Sin embargo, la aceptación del arbitraje también implica la exclusión de la competencia de los tribunales ordinarios. El arbitraje en España se basa en la Ley de arbitraje de 26 de diciembre de 2003 y corresponde a los tribunales ordinarios, las cámaras de comercio o un árbitro

Las sociedades españolas han mostrado un notable interés

por los cobros internos (32 %)

profesional. Ambas partes deben aceptar la forma de desarrollar el proceso de arbitraje. La segunda forma de resolver litigios es a través de la mediación o los procedimientos de conciliación, que tratan de llegar a la causa de base del litigio para llegar a acuerdos constructivos y dar lugar a una situación en la que tanto el deudor como el acreedor salgan beneficiados. La mediación o la conciliación corresponden a organizaciones profesionales como las cámaras de industria y comercio o mediadores profesionales. La decisión resultante no es una sentencia y las partes pueden obviarla si lo desean.

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Fuente: Global Collection ReviewWestern Europe 2015

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PIB

232 $Miles de millones (est. 2015)

Portugal

Tasa de crecimiento anual de lasexportaciones 5,6% (est. 2015)

importaciones 4,2% (est. 2015)

Sectores

Tasa de crecimiento del PIB

58,27%

1,7%

(est. 1/2012 - 12/2014)

(est. 2015)

Textil Materiales de construcción

Papel Productos químicos

Transporte

Metales Electrónica Bienes de consumo

Agricultura Alimentos

Tasa de éxito


Índice

Portugal

Fase amistosa

GeneralDespués de haber intentado todas las acciones de cobro amistosas, como enviar cartas por correo al deudor, además de por fax, varias llamadas telefónicas y correos electrónicos sin haber sido capaces de cobrar la deuda al cabo de 30 días, analizaremos si debemos presentar una demanda y, si decidimos que es viable, remitiremos el caso a un abogado.

Agente localEn estos momentos, empleamos los servicios de nuestro abogado externo para visitar a los deudores en Portugal, que se divide en zona norte y sur.

Los honorarios del abogado dependen de la cantidad recuperada, a la que se aplica un porcentaje fijado por contrato. Debe tenerse en cuenta siempre que necesitaremos la autorización del cliente para confiar el caso a un abogado.

InteresesEn los cobros amistosos, siempre resulta difícil aplicar los gastos e intereses al deudor. Si esos gastos están fijados en las condiciones generales de venta del cliente, tendremos más posibilidades de recuperarlos. En Portugal, en la fase amistosa, podemos llegar a un acuerdo con o sin intereses, en función del plan de pagos implementado. En los procedimientos legales, siempre hay intereses que reclamar. En la actualidad, se elevan al 8,05 %.

GastosAlgunos de nuestros clientes emiten notas de débito con-vencionales para otros gastos vinculados al pago demorado de sus saldos acreedores que pueden no estar recogidos en las condiciones generales de venta. Si esas notas de débito no son rechazadas por el deudor, podrán utilizarse contra este si se opone a la validez y equidad de dichas cantidades y prácticas. En relación con los gastos que el acreedor pue-de cobrar al deudor, existe una indemnización no inferior a 40 € por los gastos internos administrativos ligados al cobro, a pesar de que existe el derecho a demostrar otros gastos razonables.

PrescripciónDe acuerdo con la legislación portuguesa, existen dos períodos de prescripción en relación con las facturas relativas al suministro de bienes:

� El plazo ordinario, que es de 20 años (artículo 309 del Código Civil);

� El plazo de 2 años, que solo se aplica a los créditos comerciales derivados de la venta de bienes a personas que no son comerciantes (artículo 317 del Código Civil).

Formas de pago aceptadas y más habituales � Transferencia bancaria a una cuenta bancaria/cuenta

corriente del cliente; � Cheque dirigido a la cuenta bancaria/cuenta corriente

del cliente.

Tipo de sociedades � “Sociedade Anonima” o S.A.

El capital social mínimo para este tipo de sociedades es de 50 000,00 EUR.

� “Sociedade por Quotas” o Lda En este caso, el mínimo es de 5000,00 EUR.

Fuentes de informaciónEn Portugal, contamos con acceso a información incluida en la base de datos de CYC, que incluye informes financieros y una evaluación de riesgos de empresas españolas y portuguesas. Utilizando la información de esos informes, junto con nuestros propios datos (por ejemplo, informes de crédito), podemos obtener una imagen precisa de la situación financiera de los deudores y asesorar sobre cuál sería el siguiente paso dentro del proceso. La información incluida en dichos informes procede de las cuentas oficiales (con pérdidas y ganancias) que las empresas deben presentar todos los años, el volumen de ventas, los ingresos, etc.

Para comenzar las acciones legales, elaboraremos

un borrador del poder de representación que el cliente

debe firmar

Fuente: Manual de cobro de deudas


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Tras compilar la experiencia de CYC, los informes de crédito con la información financiera/económica y los datos suministrados por el cliente, asesoramos acerca de los siguientes pasos elaborando un informe final con un resumen de todos nuestros esfuerzos. En ese momento, si se localiza al deudor, posee una empresa solvente, cuenta con activos y sigue abierta y operativa, estudiamos la viabilidad de las acciones legales como último recurso.

Reserva de dominio

De acuerdo con el Código Civil portugués (Art. 409 - “reserva de dominio”), es posible reservar la propiedad legal de los bienes a favor del proveedor haciendo depender dicha propiedad de determinado hecho (habitualmente, el pago completo de los bienes incluyendo en el contrato una cláusula relativa a la reserva de dominio).

Para que sea válida, dicha cláusula debe fijarse por escrito y ser expresamente aceptada por el comprador. Si este no la ha aceptado de manera definitiva, podrá ser objeto de una oposición por su parte, incluso a nivel legal.

Por otra parte, si el objeto del contrato es algo sujeto a regis-tro (terreno, inmueble), la cláusula de reserva de dominio deberá registrarse también para que pueda oponerse de manera efectiva frente a terceros.

Legalmente, debemos señalar que el vendedor que ha vendido los bienes con una cláusula de reserva de dominio cuenta con la protección frente a las medidas legales que puedan llegar a afectarles. Es lo que ocurre en los procedimientos ejecutivos o concursales.

Medidas de protección

En el ámbito de las negociaciones, trataremos siempre de obtener un documento privado firmado por el deudor en el que reconozca la deuda. Ese documento puede ser firmado por un notario, pero normalmente esto no se hace debido al alto coste para ambas partes, aunque podría hacerse en el caso de las sumas elevadas o si el cliente así lo solicita. El principal objetivo si el documento ha sido firmado por el deudor es poder utilizarlo como prueba en una futura reclamación legal. Los deudores pueden ofrecer otro tipo de garantías como hipotecas, cesión de deudas o avales bancarios también.

Procedimientos Judiciales

GeneralEn la actualidad, empleamos a los abogados de Atradius así como a los de CYC. Para determinar si es aconsejable iniciar un procedimiento, evaluaremos si resulta rentable en términos de costes a la luz del importe de la deuda en comparación con el nivel de gastos y el tiempo necesario. También empezaremos a evaluar la solvencia y la actividad del deudor. Si no está operativo o no posee ningún activo, no tiene sentido preparar una posible acción legal.

Documentos necesariosPara solicitar el procedimiento legal, necesitamos:

� Poder de representación; � Copias de las facturas; � CMR o S/L o AWS; � Originales de los cheques o letras de cambio emitidos

por el deudor; � Cualquier documento firmado por el deudor en el que

reconozca la deuda.

DemandaCuando hayamos decidido comenzar el procedimiento legal, determinaremos qué tipo es el mejor para reclamar la deuda.Existen dos tipos:

� Injunção (demanda simple): Utilizamos este tipo de procedimiento legal para las deudas a las que no se ha presentado oposición, ya que es más rápido y barato.

� Acção declarativa (demanda): Normalmente empleamos este procedimiento legal cuando prevemos una oposición fuerte por parte del deudor y si el tribunal falla una sentencia favorable, podremos ejecutarla con los gastos ligados al cobro.

Para iniciar la acción legal, elaboraremos un borrador del poder de representación que el cliente tendrá que firmar. En Portugal no es necesario que participe un notario público, pero deberá ser firmado por el cliente e imprimirse en su papel con membrete.


Índice

Portugal

RecursoSi una de las partes no está de acuerdo con una sentencia, puede presentar un recurso ante el tribunal inmediatamente superior.

El recurso más habitual en Portugal es el «recurso de apelação» (676.° del Código de Enjuiciamiento Civil), que debe presentarse en el plazo de 10 días a contar a partir de la sentencia original.

GastosLos gastos del procedimiento de derecho civil (costas) los determina el tribunal y no están sujetos a negociación. Todos los gastos dependen del importe del principal pendiente y se calculan de forma porcentual. Existen distintas tasas que pueden aplicarse durante el procedimiento en función de las sumas pendientes y el tipo de caso. Esto hace que resulte difícil predecir el coste total, y los gastos vinculados a los testigos y peritos también pueden aumentar esta suma. Podemos preparar una estimación de gastos para cada caso en caso de que sea preciso iniciar acciones legales.

Plazo previstoUn mínimo de 3 - 6 meses para las notificaciones; se trata del plazo habitual para el procedimiento, en función de si el deudor recibe la notificación rápidamente o no.

Puede tardarse más de un año en obtener una decisión definitiva por parte de un tribunal portugués (dependería también de la complejidad del caso, la disponibilidad del juez y la estrategia de los abogados).

Intereses y gastos en la fase legal En Portugal, durante la fase amistosa, podemos llegar a un acuerdo con o sin intereses, en función del plan de pagos implementado.

Debe tenerse en cuenta que en cuanto nos pongamos en contacto con el deudor, siempre mencionaremos que se sumarán intereses a la cantidad adeudada. En el ámbito de las negociaciones, aplicamos los intereses al tipo legal. En ocasiones, debido al período durante el cual debe abonarse la deuda, o teniendo en cuenta la situación económica complicada del deudor, podríamos renunciar a una parte de ellos.

En los procedimientos legales, siempre hay intereses que reclamar.

Procedimientos de insolvencia

Datos generalesTodo el que tenga un saldo acreedor contra un deudor puede solicitar que se declare su insolvencia argumentando que este está en una situación que no le permite responder a sus obligaciones de pago vencidas (presentando las pruebas correspondientes posteriormente).

Para demostrar el saldo acreedor contra el deudor, el solicitante puede aportar facturas, argumentando su impago, letras de cambio o cheques impagados.

El objetivo del procedimiento de quiebra es pagar a todos los acreedores de forma proporcional al porcentaje del valor de la deuda de cada uno liquidando los activos de la sociedad deudora o cobrando ingresos ejecutables contra una persona física que se haya declarado en quiebra.

ProcedimientosDebido al número creciente de concursos de acreedores en Portugal, el Estado ha creado un nuevo proceso que permite a las sociedades cobrar antes de que se dicte la quiebra definitiva (se trata de la «revitalización del proceso de apelación especial» (PER)), en virtud del artículo 17-C del Código de insolvencia y cobros corporativos (CIRE).

El deudor debe presentar ante el tribunal su solicitud para que se falle una PER comprometiéndose a llegar a un acuerdo con sus acreedores para implementar medidas de restructuración financiera y consolidación a través de un acuerdo para abonar sus deudas con vistas a lograr la recuperación financiera de la empresa. Desde el momento de la publicación oficial de la PER, disponemos de 20 días para presentar la reclamación de los créditos ante el administrador de la quiebra.


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En lo que se refiere a la quiebra, una vez que el deudor la ha solicitado y conocemos los datos del procedimiento vinculado, habitualmente preparamos el borrador del escrito que nuestro cliente debe cumplimentar, firmar y enviar al administrador o al tribunal. Enviaremos ese escrito por correo al cliente junto con instrucciones sobre cómo debe presentarse la reclamación del saldo acreedor. No podemos hacerlo en nombre de nuestros clientes ya que en Portugal se necesita un poder de representación especial para actuar en nombre de otra empresa en los procedimientos de insolvencia. En Portugal, pueden adoptarse medidas de urgencia para lograr el pago de las deudas de los clientes entre las que se incluyen la inclusión de la deuda en la lista general de acreedores dentro de los plazos fijados por la ley (30 días después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado).

Una vez que el administrador de la quiebra recibe todas las reclamaciones de saldo acreedor, debe presentar un plan de pagos en el que se determine: la renegociación del principal con los acreedores no asegurados, el período de tiempo durante el cual se realizarán los pagos y la solicitud de ayuda para los acreedores no asegurados (proveedores), entre otras cosas.

Después, la junta de acreedores decidirá sobre si se mantiene operativa la empresa, suspendiendo la liquidación, el mantenimiento de la dirección actual de la sociedad y la solicitud al deudor de que aplique el plan de insolvencia. El procedimiento suele durar mucho tiempo y, normalmente, los acreedores no reciben ningún pago por este tipo de proceso (puede ser un 40 % durante aprox. 7- 8 años). Por supuesto, la propuesta que se presenta a los acreedores no comenzará a pagarse hasta 2 años después de terminado el procedimiento legal, lo que implica que, a fin de cuentas, el tiempo total podría ser de 10 años.

Documentos necesariosPara presentar una reclamación en su nombre, necesitamos:

� Poder de representación; � Copia de las facturas; � CMR o S/L o AWS � Originales de los cheques o letras de cambio emitidos

por el deudor; � Cualquier documento firmado por el deudor en el que

reconozca la deuda.

Plazo previsto y resultadoEl plazo para presentar reclamaciones de deuda después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado es de un mes. El procedimiento de insolvencia completo puede durar de 2 a 10 años.


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