mallon, florencia. las sociedades indígenas frente al nuevo orden

7/18/2019 MALLON, Florencia. Las sociedades indígenas frente al nuevo orden

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HISTORI GENER L

MÉR I L TIN

Volum en VI

DIRECTORA DEL VOLUMEN: ]OSEFINA z VÁZQUEZCODIRECTOR: MANUEL MINO GRI]ALVA

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LAS SOCIEDADES INDÍGENAS FRENTE AL NUEVO ORDEN

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Para Ias sociedades indígenas de América Latina, el siglo XIX es el siglo de Iasoportunidades frustradas. Comenzando con Ia llamada Guerra Civil Andina enPerú y Bolivia (1780-1781) y terminando con Ia «pacificación» de los grupos in-dígenas fronterizos dei Norte mexicano, el Sur chileno y Ias pampas argentinas(1880), los indígenas respondieron con creatividad y dinamismo al desafío que lespresentaba Ia crisis política y económica dei régimen colonial que los había regi-do, parcialmente incorporado y exterminado durante buena parte de tres siglos.Frente a Ia posibilidad de crear un nuevo orden postcolonial, diferentes grupos

imaginaron alternativas distintas, desde Ia integración, ciudadanía y nacionalidadcompartidas, hasta diversas formas de autonomía negociada. Los resultados varia-ron según Ia zona, en gran parte por Ias diferencias anteriores en patrones de co-lonización, Ias distintas formas de enfrentamiento político y militar, y los varia-dos proyectos de consolidación dei Estado; pero en casi todo el continente, elsiglo XIX terminaría con procesos de exclusión y represión. En este capítulo, uti-lizo los casos del Cono Sur (Chile y Argentina), Perú y México para dar una ideade Ia variación posible, y de cómo Ias distintas trayectorias coloniales frente a Iaspoblaciones indígenas crearon diferentes opciones postcoloniales.

A 10 largo del período colonial, en Ias sociedades fronterizas del Cono Sur

-Chile de Ia parte occidental de los Andes, ellitoral argentino en Ia costa atlán-tica-, Ias relaciones entre espanoles e indígenas oscilaron entre una cierta in-terdependencia económica y una guerra latente, muchas veces abierta. En elladochileno del continente, Ias posibilidades para una fértil agricultura en el vallecentral no se vieron beneficiadas ni por el descubrimiento de minas importan-tes, ni por Ia presencia de una población indígena pacificada 10 suficientementeabundante para crear encomiendas o haciendas espafiolas altamente rentables.El resultado fue una sociedad relativamente pobre, donde Ias empresas agríco-las desarrollaron una economía extensiva; informal, y relativamente autosufi-ciente, y en Ia que Ias fronteras de Ias propiedades estaban protegidas por inqui-linos que mantuvieron también su propio gana do en Ias tierras de Ia estancia. Seagregó a este modelo económico el impresionante poder militar de los gruposindígenas reche o mapuche, que a finales del siglo XVII habían logrado firmarcon Ia Corona el Pacto de Quilín por medio del cual se les reconocía un territo-



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rio autónomo entre los ríos Bío-Bío y Toltén. En Ia frontera misma, en Ia zonade contacto e intercambio entre criollos e indígenas, se llegó a un cierto modus

vivendi en el que el comercio y el trabajo misionero fueron creando formas nue-vas de tolerancia mutua interrumpidas regularmente por episodios violentos yenfrentamientos (Góngora, 1960; Villalobos, 1982: 11-86; Pinto Rodríguez,1988)1.

Dei lado argentino de los Andes, Buenos Aires se mantuvo, hasta bien entra-do el siglo XVIII, como el último punto de un largo corredor comercial organiza-do alrededor de Ias minas de Potosí. No había motivo, por tanto, para tratar deconquistar a los grupos indígenas pampas, con quienes se mantuvieron relacionespacíficas de intercambio, especialmente de Ias sales necesarias para Ia preparaciónde cueros. Entre los diversos grupos étnicos indígenas se darían también entre e siglo XVIII y comienzos de siglo XIX procesos de enfrentamiento y de recombina-

ción y etnogénesis, de los cuales el más dramático y extenso sería Ia expansióneconómica, demográfica y lingüística de los mapuche conocida como «Ia arauca-nización de Ias pampas». Solamente después de Ia creación dei Virreinato dei Ríode La Plata, en Ias últimas décadas del siglo XVIII, se empezó a reorientar Ia econo-mía y a darse Ia competencia entre los criollos de Buenos Aires y Ios grupos indí-genas de Ias pampas, muchas veces concentrados en Ia misma provincia de BuenosAires, a pocos kilómetros del puerto. En realidad, es después de Ia independenciay, especialmente, en Ia década de los veinte, en Ia que los enfrentamientos entrecriollos y grupos pampas se recrudecen en Ia provincia de Buenos Aires, ai tratarde mover Ia frontera de asentamiento hacia el Sur, más allá dei río Salado (Iones,

1984; Lazzari, 1996).A pesar de los diferentes matices de ambos lados de Ia cordillera, 10 que tie-

nen en común Ias sociedades coloniales dei Cono Sur es que se llega a una ciertacorrelación de fuerzas en Ia frontera gracias a Ia cual criollos e indígenas mantie-nen relaciones de intercambio e interdependencia, mientras siguen sin conquistar-se grupos indígenas y sin subyugarse ni política ni económicamente. Esto lleva, a10 largo del siglo XVIII y primera mitad del XIX, a Ia extensión de una próspera ypujante economía de intercambio y contrabando de ganado Ia cual sostiene y au-menta Ia prosperidad y prestigio de ciertos linajes mapuche, y Ia creciente dife-renciación en el interior de Ias sociedades indígenas. Tan sólo a comienzos dei si-glo XIX, con Ia crisis dei orden colonial y el surgimiento de una opción autónomanacional, Ia presencia de grupos indígenas sin conquistar dentro de territorio,ahora reclamado por una nación en formación, se vuelve problemática. Como ve-remos, los Estados chileno y argentino buscarán soluciones a este problema entre1880 y 1883, cuando en mutua colaboración de ambos lados de Ia línea territo-rial internacional se logra Ia «pacificación- de los grupos indígenas de Ias pampas

1. Desde Ia perspectiva indígena, se enfatiza más 10 que fue el enfrentarniento y Ia violencia du-rante este período, y Ia importancia de Ia guerra constante de frontera en el proceso de cambio socialy realineamiento político-cultural dentro de los grupos indígenas. Ver especialmente Bengoa, 1985 y

Boccara, 1998: 11-27. Boccara sugiere que el nombre mapuche no se usó hasta finales dei siglo XVlIl,

cuando los grupos indígenas dei centro-Sur chileno, aurodenominados reche, habían cambiado su or-ganización social, política y militar en respuesta a Ia guerra y ai desarrollo de una próspera economíaganadera a ambos lados de Ia cordillera.



Ilustración 1

Catedral de Quito, Ecuador. Fuente: Wiener et al. 1884: 836.

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y de Ia Araucania (Pinto Rodríguez, 1996; Cerda-Heger, s/f; León Solís, 1991;Pinto Rodríguez, 2000).

La historia es otra en los Andes yen México central. En estos dos núcleos decivilización indígena precolombina, el proyecto colonial se basó justamente en Iaconquista y dominación de impoÍtantes poblaciones nativas, quienes sirvieron defuerza de trabajo para Ias empresas espafrolas en minas, haciendas y obrajes. Agrandes rasgos, el sistema colonial maduro reposaba sobre una especie de acuerdoentre Ias comunidades indígenas y el Estado espafiol: tributo y trabajo indígena acambio de protección legal de Ias formas comunales. He aquí Ia famosa divisiónentre «república de índios- y «república de espafioles»; y los indígenas aprendie-ron temprano a utilizar los discursos y Ias prácticas político-legales del sistema es-pafiol para proteger sus intereses (Stern, 1982; Spalding, 1984 y 1974; Katz,

1988: 65-94; Thurner, 1997).El arreglo colonial entre indígenas y criollos también entró en crisis, en el sigloXVIII. En Ias serranías andinas peruanas y bolivianas, Ia mediación de Ias autorida-des étnicas y comunales se hizo cada vez menos efectiva con los cambios económi-cos y políticos de Ia época, especialmente con el intento de aplicar Ias reformas bor-bónicas (1760-1780). En Ia meseta central mexicana, el incremento de Ia poblacióny el surgimiento de economías comerciales regionales basadas en Ias comunidadesy haciendas presionaron sobre los recursos comunales y generaron enfrentamien-tos entre campesinos, comerciantes y hacendados. En el Bajío mexicano, además,entre J alisco y Querétaro, Ia agricultura comercial, el trabajo minero y textil, y Iasrutas comerciales conectadas con Ias minas entrarían también en crisis y reorgani-

zación en Ias últimas décadas del siglo XVIII, sirviendo de prime r centro de agita-ción social durante Ias guerras de independencia (Mallon, 1992: 473-504; Thom-son, 2003; Hamnett, 1985; Van Young, 1988: 176-204; Taylor, 1988: 65-94).

Dentro del esquema común de un «pacto colonial» entre indígenas y espafio-les, los casos peruano y mexicano muestran también importantes diferencias. EnMéxico, Ia llegada espaiíola había coincidido con una rebelión generalizada encontra de los abusos aztecas. EI Estado colonial se estableció directamente en elcentro del sistema imperial precolombino, logrando reorganizar el poder y el te-rritorio de forma relativamente hegemónica y establecer una relación más direc-ta con los campesinos indígenas y crecientemente mestizos del valle central. La si-

tuación fue otra en Ias periferias del virreinato, donde grupos indígenas fueronvíctimas de procesos más directos de despojo y explotación, o de enfrentamien-tos sangrientos con misioneros u otros representantes de Ia Corona (Taylor, 1979;Mallon, 1992: 42-43; Katz, 1988; García Martínez, 1987; Clendinnen, 1987;García de León, 1985; Farriss, 1984; Alonso, 1995). En Perú, por otro lado, elpoder virreinal se asentó en Ia ciudad costefia de Lima, a larga distancia de Cuz-co, Ia capital inca en Ia sierra sur. Esta división espacial entre el poder espaiíol yel poder indígena ayudó a crear un sistema de mediación en el que Ias autorida-des étnicas sirvieron de árbitros económicos y políticos entre comunidades su-puestamente autosuficientes y un Estado procurador de tributo y fuerza de traba-

jo. Bajo tales condiciones, ya en el siglo XVIII el «pacto» colonial había empezadoa deshilacharse dramáticamente (Stern, 1990: 50-96; Mallon, 1992: 41-42,44;Thomson,2003).



LAS SO CIEDADES IN D íGENAS FRENTE AL NUEVO ORDEN 255

Los conflictos en torno a Ia independencia reflejaron estas diferencias ante-riores en el equilibrio de fuerzas entre Ia sociedad indígena y Ia sociedad colonial.

En los Andes entre 1780 y 1782, Ias comunidades del Sur peruano y de Ia mese-ta boliviana, cerca de La Paz, se rebelaron en contra de los abusos del sistema co-lonial. Los dirigentes de esta rebelión, Túpac Amaru en Perú y Túpac Katari enBolivia, reclamaban autoridad como descendientes legítimos de linajes andinos y

opusieron aI sistema imperante una visión de reorganización social que partía deprincipios andinos. No debe sorprendernos que Ia represión de este movimientofuera tan rápida y cruel como fue, ni tampoco que se organizara en forma étnica.El resultado final de Ia Guerra Civil Andina de 178 0-1782 fue Ia reafirmación delsentimiento realista y conservador entre los criollos del Virreinato de Perú

En México, para contrastar, encontramos que Ia crisis de 1810 se manifiesta

en un movimiento popular liderado por dos curas radicales, Miguel Hidalgo yJosé María Morelos. La fuerza mayor de este movimiento social, según Ia inter-pretación más conocida, se encuentra entre Ias comunidades indígenas y mestizasde Ia zona central del país, desde Guadalajara y Michoacán hasta Morelos y Gue-rrera, y en Ia zona minera del Bajío. Multiétnica y multiclasista, esta revoluciónrápidamente deviene en guerra de guerrillas que establece una agenda social deigualdad legal, abolición de Ia esclavitud, y federalismo político, que, a pesar deIa represión de Ia guerrilla y una declaración conservadora de independencia en1821, seguirá alentando una serie de movimientos sociales en favor de un libera-lismo radical durante todo el siglo XIX (Lynch, 1973: Hamill, 1966; Timmons,1963; Hamnett, 1982: 19-48; Mallon, 1992: 42-44)3.

Para resumir Ia relevancia de los patrones coloniales para el desarrollo de Iarelación entre Estado y sociedades indígenas en el siglo XIX. En el Cono Sur, a pe-sar de Ias diferencias importantes entre los patrones de asentamiento coloniales yIa colonización efectiva del territorio, los casos de relaciones fronterizas en el Surde Chile y en Ias pampas argentinas tienen en común Ia supervivencia de pobla-ciones indígenas importantes que, aún después de Ia independencia efectiva delpoder espafiol, no obedecían al poder estatal central. Mientras todavía formabanparte periférica del imperio espafiol, ni en Chile ni en Buenos Aires los habitantescriollos sintieran apremiante necesidad de subyugar a estas poblaciones, con quie-nes mantenían una relación de interdependencia. El poder militar del grupo ma-

puche, a partir del siglo XVIII a ambos lados de Ia cordillera, también sería un im-pedimento notable para Ia victoria criolla. Esto cambiaría solamente al avanzar elsiglo XIX, cuando Ia integración en un nuevo mercado internacional y los cambiossecsosôgscos es: Jo s sss semss de arma.rnento se .wmb.. inasen .[ Dn pI D ) f: tDS M ..iDtg:-

gración nacional y territorial para incrementar Ia importancia -y Ia viabilidad-del sometimiento de estas zonas fronterizas. Ã partir de 1850 y culminando losanos ochenta, los Estados centralizadores y liberales de ambos lados de Ia cordille-

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2. La literatura sobre Ia Guerra Civil Andina es extremadamente rica. Más aliá de Thomson,

2003, algunas de Ias fuentes que han sidomás iluminadoras son: Stern, 1990: 25-199; Zavaleta Mer-cado, 1986 y Walker, 1999.

3. La continuidad de movimientos sociales en esta zona central se explora en Reina, 1980;

Hart, 1988: 249-268; Guardino, 1996 y Mallon, 1989: 47-96, y 1995.



Ilustración 2

Procesión dei Corpus, en Quito, Ecuador. Fuente: Wiener et al. 1884: 841.

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LAS SOCIEDADES IND íGENAS FRENTE AL NUEVO ORDEN 257

ra se embarcarían en proyectos paralelos que llegarían, finalmente, a subyugar vio-lentamente a estos grupos rebeldes todavía existentes en el seno de Ia nación.

En los centros de poder precolombino y colonial, en cambio, Ia relación pre-existente entre Estado y grupos indígenas tendría que repensarse o reconstruirseen un contexto postcolonial. ~Cómo se redefiniría Ia posición de Ia comunidadindígena, médula de Ia negociación con el Estado durante Ia colonia? ~Cómo sepensaría Ia separación étnica entre «república de indios» y «república de espafio-les» en un espacio supuestamente nacional, basado teóricamente en Ia igualdad le-gal de todos los ciudadanos? Estas preguntas se encontrarían en el cuesco mismode todo intento de consolidación de los Estados liberales modernizantes.

EL ESTADO LIBERAL FRENTE ALAS POBLACIONES INDÍGENAS:EL CASO DE MÉXICO

En los debates decimonónicos sobre elliberalismo en América Latina, el caso me-xicano sobresale quizá más dramática mente por el mismo éxito del proyecto libe-ral. A mediados del siglo XIX, elliberalismo mexicano logró romper el poder eco-nómico de Ia Iglesia católica e instalar, en Ia década de 1870, un régimen liberalhegemónico que, a pesar de conflictos y desacuerdos internos, logró un nivel dedesarrollo económico y estabilidad política sin precedentes en Ia época republica-na. Al analizar el auge de este liberalismo, algunos historiadores, especialmente

Jean Meyer, han enfatizado su política anticorporativista, no sólo en contra de IaIglesia y el ejército, sino también en contra de Ias comunidades indígenas. Y esverdad que los estadistas liberales entre 1855 y 1876 miraron con desprecio nosólo Ias tendencias colectivistas de Ia comunidad, sino que también sus tendenciasreligiosas. Al mismo tiempo, sin embargo, el carácter revolucionario del liberalis-mo mexicano de Ia década de los cincuenta y de los sesenta, y en especial de Iasfuerzas militares irregulares aliadas a él que lograron derrotar a conservadores me-xicanos e intervencionistas franceses, se debe en gran parte al apoyo de un sectorimportante de esas mismas comunidades rurales (Meyer, 1973, Powell, 1977: 296-313; Knight, 1985: 59-91; Thomson, 1991: 265-292; Mallon, 1995; Hernández

Chávez, 1993 y 1991). ~Cómo explicamos esta aparente contradicción?Nos tenemos que remitir justamente a Ia época de Ia independencia. Por unlado, surgió en Ia región central del país una cultura política popular, federalista,basada en Ias comunidades y en una alianza federalista entre campesinos y caci-ques populistas. Ésta sería, también, Ia base del liberalismo revolucionario, quellegaría a] poder en 1855, y de Ias guerrillas liberales que mantuvieron Ia resisten-cia en contra de Ia intervención francesa y el régimen imperial de Maximilianoentre 1862 y 1867. Algunos grupos indígenas, especialmente en Ia sierra norte dePuebla, zonas de Oaxaca, los distritos de Mórelos y Cuernavaca en el Estado deMéxico, e importantes partes de Guerrero, aceptaron aliarse al liberalismo porque

creían que el federalismo les brindaría autonomía política y que Ia privatización deIas ti erras comunales podría hacerse para beneficio de los mismos campesinos. Enestas zonas cundirá elliberalismo como movimiento popular, y Ias guerrillas cam-pesinas e indígenas contribuirán de forma importante a Ia derrota de Ias fuerzas



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imperiales y conservadoras (Reina, 1980; Guardino, 1996; Mallon, 1995; McNa-mara, 1999; Van Young, 2001 .

Pero también existió Ia tendencia opuesta, a veces en Ias mismas regiones deMéxico central, especialmente entre los grupos indígenas que habitaban Ias zonas«periféricas» deI país -el Norte; eI extremo sur, Ia Huasteca-. Entre estas gru-pos, Ia resistencia hacia el Estado liberal céntralizador y hacia Ias nuevas políticasagrarias de un liberalismo militante facilitó una alianza entre indígenas y conser-vadores, o indígenas y el poder imperial de Maximiliano. Aquí el deseo de auto-nomía política no llegó a pasar por un federalismo o un liberalismo popular, sinoque se articuló directamente en un proyecto conservador y monarquista (Meyer,1984; Tutino, 1987: 237-244; Hu-DeHart, 1984; Lira, 1983; Pastor, 1987; Es-cobar O., 1993; Thomson, 1991: 205-258 .

En el ámbito general, por tanto, Ia reIación entre eI Estado liberal mexicano,modernizante y en expansión, y Ias grupos y comunidades indígenas fue una re-lación de diálogo conflictivo alrededor de dos cuestiones principales: Ia propie-dad agrícola comunal y Ia organización y descentralización dei poder político. EnIas casos en que era posible establecer una alianza con el campesinado indígena,elliberalismo 10 hizo en términos de Ia autonomía municipal: controllocal sobreIas tierras y Ias instituciones políticas. En Ias casos en que fue imposible hacerlo,eI deseo de autonomía se articuló más bien a través de líderes étnicos, religiososo conservadores, y en vez de diálogo dominó Ia resistencia y Ia represión. Tam-bién hubo casos en que comunidades o regiones específicas negociaron parcial-mente con cada lado, aceptando Ias alianzas o relaciones que les convenían más

en un momento particular (Escobar O., 1997: 294-316; 1993: 171-188; 2001:

157-181; 1996: 1-26; Ducey, 1999: 127-151 .

En Ias últimas décadas dei siglo XIX, durante eI período estable dei Porfiriato,Ia mayoría dei territorio nacional había sido pacificado, aunque siempre hubo re-zagos y brotes de resistencia y rebeIión. En eI centro dei país dominaba Ia media-ción entre Ias comunidades y el Estado, realizada de forma relativamente efecti-va por caciques populistas 10cales, en muchos casos veteranos de Ia resistencia aIa intervención francesa. Seguía Ia guerra en contra de Ias yaquis en Sonora, en Iaesquina noroeste dei país, y Ias prisioneros indígenas tomados en ella se manda-ban a Yucatán a trabajar en Ias plantaciones de henequén. En eI Estado de Chi-

huaha había terminado Ia guerra en contra de los apaches, gracias a un acuerdocon algunas comunidades en el distrito de Guerrero, a través dei cuallos colonosrecibieron tierras y autonomía municipales a cambio de defender Ia frontera fren-te a Ias indígenas. Sin embargo, Ia estabilidad no duraría por muchos anos unavez entrado el siglo XX, puesto que eI desarrollo de Ia agricultura comercial y deIa colonización de tierras en eI Norte resquebrajaría los tratos que eI Estado libe-ral había establecido con grupos campesinos e indígenas en el Norte y en el Sur.En efecto, Ias fuerzas populares más importantes de Ia Revolución Mexicana de1910 serían justamente de Ias zonas donde estos acuerdos habían sido más fuertes,y por tanto se sintió más poderosamente su ruptura (Mallon, 1995; Alonso, 1995;

Koreck, 1988: 127-148; Nugent, 1993; Nugenty

Alondo, 1994: 209-246)4.

4. Un trabajo reciente que examina los límites dei orden porfiriano, pero también de Ias formasde resistencia posibles, es Falcón, 1998: 385-406.



Ilustración 3

Cuna colgante mapuche, cortesía de Ia Biblioteca de Ia Escuela de Medicina, Universidad Católica de Chile.

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PERÚ: DE REPÚBLICA INDÍGENA A NACIÓN NEOCOLONIAL

En julio de 1887 y desde Tarma, ciudad importante en Ia sierra central peruana,el Comisionado Especial del Supremo Gobierno, Emiliano Carvallo, mandó aLima el proyecto de ley sobre Ias tiertas de comunidad que le habían encargado.Carvallo escribía desde Tarma porque lehabían enviado a los departamentos deJunín y Huancavelica, ambos en Ia sierra central, por el gobierno del general An-drés Cáceres. En 1886, Cáceres había ganado Ia guerra civil que se desató en te-rritorio peruano después de Ia desocupación dei ejército chileno, victorioso en Iacontienda del Pacífico entre 1879 y 1884. AI asumir Ia presidencia, una de sus pri-meras prioridades fue pacificar Ia zona central dei país, en donde los montoneroscampesinos e indígenas que habían formado parte de Ia resistencia cacerista a Ia

ocupación chilena seguían movilizados y controlando tierras reclamadas por loshacendados de Ia zona. Carvallo, por tanto, había viajado en comisión para bus-car un acuerdo entre campesinos y hacendados en torno a Ia propiedad rural deIa región (Mallon, 1983 y 1995: 207-219; Manrique, 1981 y 1988).

En el mencionado proyecto de ley, Carvallo sugería poner fin ai sistema depropiedad indígena comunal en todo el país. Como indicaba en Ia primera partede su proyecto, se habían intentado varios proyectos de privatización en Ias pri-meras décadas después de Ia independencia, obedeciendo al espíritu de Ias leyesbolivarianas. Pero todos habían fallado, en parte por los abusos y Ia corrupciónde los mismos agentes gubernamentales, con el resultado de que «hemos vuelto

insenciblemente ai régimen agrario colonial»>.Yaera tiempo, subrayaba Carvallo,de que esta situación cambiara. Era hora de que los indígenas, con el incentivo deIa propiedad privada que les daría una repartición bien hecha, pasaran a educar-se y formar parte de Ia economía y Ia sociedad nacional. Si se repartían Ias tierrasen propiedad privada a todos los campesinos indígenas, el Estado podría rematarIas tierras sobrantes y utilizar los fondos de tal remate para construir escuelas enlos pueblos.

Vale Ia pena enfatizar dos aspectos de este proyecto. Primero, que a pesar desus muchas similitudes con Ia Ley Lerdo mexicana de 1856, Carvallo Ia estaba su-giriendo en 1887, tres décadas más tarde. Y segundo, que nada se hizo en base a

este proyecto, quedando éste, como sus antecesores bolivarianos, esencialmenteen el tintero. La diferencia entre el caso mexicano y el peruano, por tanto, es dra-mática. Frente a una necesidad similar de dialogar entre el Estado modernizantey Ias comunidades indígenas, êpor qué el Estado mexicano toma una vía activistamientras que el peruano sigue sin atreverse a transformar Ias relaciones rurales?

Los comienzos de una respuesta deben encontrarse en Ia construcción dife-rencial dei liberalismo en ambos casos. Como hemos visto, un liberalismo radicaly revolucionario surge en México con Ia revolución de 1855, apoyado en los mo-vimientos populares federalistas de Ia región central del país. En Perú, Ia primeraposibilidad similar surge de Ia Guerra del Pacífico, en Ia alianza cacerista que

5. «Proyecto de ley sobre Ia repartición de Ias tierras de comunidad, enviado por Emiliano Car-vallo ai Sr. Director General de Gobierno», Biblioteca Nacional de Perú, Sala de Investigaciones,D12842, f. 11. Agradezco a Mark Thurner que me facilitara copia de este documento.



LA S SOCIEDAD ES INDíGENAS FRENTE AL NUEVO ORDEN 261

mantiene Ia Resistencia de Ia Brefia en contra del ejército chileno (1882-1884).Pero aún Cáceres no es capaz de aprovechar esta apertura para construir una nue-

va alianza política. La autonomía política y económica de Ias comunidades, espe-cialmente al terminar Ia guerra con Chile, asusta. 2Será posible romper Ia autono-mía de Ias comunidades privatizando Ias tierras comunales y sin desatar unmovimiento revolucionario que reclame una ciudadanía política de verdad? ConIa oposición de los hacendados de por medio, ni el gobierno cacerista estuvo pre-parado para arriesgarse. EI resultado, especialmente después de que comenzara Iapresidencia de Nicolás de Piérola (1895), fue una «recolonización» de Ias relacio-nes entre el Estado y Ias comunidades indígenas (Manrique, 1988; Mallon, 1995).

EI Estado que emerge en Perú a finales del siglo XIX, por tanto, reproduce Ia«república de indios» colonial, ya no como proteccionismo en una sociedad de es-

tamentos, sino que como fragmentación, aislamiento y exclusión en una sociedadsupuestamente nacional. Después de reprimir a sangre y fuego los vestigios de Iamovilización indígena y campesina entre 1895 y 1902, Nicolás de Piérola se au-todenominará «protector de Ia raza indígena». ÉI y su sucesor presidieron sobreIa bien llamada República Aristocrática, donde por primera vez en Ia historia in-dependiente de Perú se establece el alfabetismo como requisito al derecho del su-fragio (Mallon, 1995: 274-275; Thurner, 1997). A comienzos del siglo XX, portanto, el diálogo político entre Estado y comunidades indígenas, establecido enMéxico a partir de Ia revolución de 1855, quedaba pendiente en Perú.

CHILE: ESTADO CENTRALISTA Y LA GUERRA A MUERTE

En el Sur chileno entre 1859 y 1861, una guerra de desgaste convulsionó Ia zonamapuche entre los ríos Bío-Bío y Toltén. De un lado, estaban Ias fuerzas que apo-yaban al presidente Manuel Montt; del otro, algunos jefes liberales que habían so-brevivido a Ia represión generalizada y exitosa de Ia llamada Revolución del 59,durante Ia cual varios sectores de Ia sociedad se habían sublevado contra Ia polí-tica centralista y autoritaria del monttismo. Entre ellos, los más importantes eranel general José María de Ia Cruz, jefe máximo de Ia insurrección, y BernardinoPradel, jefe liberal con bastante influencia entre los caciques mapuche. Una alian-

za de linajes mapuche también participó en esta contienda para terminar con Ia«infiltración. que, durante casi una década, habían hecho colonos chilenos den-tro del territorio indígena, comprando tierras en forma ilícita y presionando losrecursos mapuche. Para 1862, con Ia elección de un nuevo presidente, Ia resisten-cia guerrillera había acabado; pero en el interior de Ia Araucania ya no existíancolonias chilenas, pues sus miernbros habían huido frente a Ias amenazas de Iaguerra y ahora presionaban al gobierno para que les facilitara protección (Leiva,1984: 54-79; Bengoa, 1985: 164-170; Ferrando Keun, 1986: 321-322).

Lo que había estado en juego durante' la década de los cincuenta era el últi-mo desafío viable a Ia centralización del Éstado chileno. Entre Ias dos guerras ci-

viles en Ias que se disputó esta importante cuestión encontramos también Ia fun-dación, en 1852, de Ia provincia de Arauco, primer gobierno regional dentro delterritorio de Ia Araucania. AI agregarsela infiltración a Ia centralización, por tan-



Ilustración 4

Concentración de Ia Corporación Araucana, organización política mapuche, dirigida por machis y logkos (jefes o «cabezas») de Ias comuni-dades. Fuente: Biblioteca de Ia Escuela de Medicina, Universidad Católica de Chile.

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LAS SOCIEDADES INDíGENAS FRENTE AL NUEVO ORDEN 263

to, se generó una alianza entre federalistas e indígenas. Y se le sumó, entre 1857

y 1861, Ia primera crisis del modelo exportador de trigo que había conectado a

Ias haciendas del valle central y de los valles del Sur al mercado de California. En-

tre Ias elites políticas y económicas del país circulaba Ia percepción de que el cam-

bio era necesario. 2Hacia dónde deberían moverse los capitales y Ias inversiones?

Entre algunos empezó a surgir Ia idea de abrir Ia frontera. Y esta idea suponía, fi-

nalmente, Ia «pacificación» y «civilizacióo» de los mapuche Pinto Rodríguez,

1992: 85-126 y 2000: 69-125 .

El nuevo presidente Joaquín Pérez se afana en recoger opiniones sobre Ia con-

quista de Ia Araucania. Además de pedir informes a dos de los generales más im-

portantes en el Sur -el mismo Cruz, y el conocido monttista e intendente de Ia

provincia más cercana, Cornelio Saavedra- , Pérez conviene en reunirse en San-

tiago con los más importantes caciques mapuche. Bernardino Pradel acuerda uti-

lizar su influencia en Ia Araucania para reunir a los caciques y acompaiíarlos a

Santiago. Y así fue: acompaiíados, según el historiador Arturo Leiva, por «nada

menos que el estado mayor de los montoneros de 1859», se movilizan trece caci-

ques, que representaban tres unidades territoriales y, según Ia documentación exis-

tente, cincuenta y seis linajes distintos. Viajan a Santiago en abril de 1862 y se re-

únen con el presidente Pérez Leiva, 1984: 91-133 .

En una primera reunión entre Pérez y Bernardino Pradel, éste presenta su

propuesta para solucionar el problema mapuche. Sugiere que se cree una provin-

cia indígena en el territorio conocido como Ia Araucania, y que ésta se divida en

departamentos administrados por caciques mapuche, quienes recibirán sueldo del

gobierno. Cada uno de ellos podrá organizar una fuerza de seguridad pública,

compuesta de los jóvenes guerreros bajo su protección, quienes también recibirán

sueldo del Estado. La compra y venta de tierras y el comercio serán regidos por

leyes especiales para prevenir los fraudes u otros problemas.

Las propuestas de Pradel, según el historiador Leiva, significaban una visión

original y «casi revolucionaria» sobre el problema indígena en el Sur de Chile. Sig-

nificaban «una alianza política con los araucanos en el corto plazo, con fines de

sumisión a largo plazo, pero sin deshacer Ia estructura de Ia sociedad araucana, ni

menos romper su asentamiento territorial, sino aprovecharlo» Leiva, 1984: 125-

126 . En verdad, 1 0 que Pradel proponía era una especie de autonomía negocia-da, en que Ias formas de organización y culturas políticas indígenas podrían for-

mar parte de un espacio nacional constituido en base a Ia coalición. Quizá no

debe sorprendernos que, en el Chile de 1862, tal visión no fuese ni aceptable ni

viable para los grupos en el poder. AI mismo tiempo, sin embargo, explicar esta

falta de viabilidad nos ayuda a iluminar Ia relación entre grupos indígenas y el Es-

tado en este importantísimo momento de Ia historia nacional.

Para comenzar, conviene recalcar que Ia posibilidad de coalición se Ia presen-

tó al presidente chileno uno de Ias jefes montoneros de Ia revolución anti-centra-

lista de 1859. Durante su presidencia, M.ánuel Montt fue blanco de dos revolu-

ciones, Ia primera en 1851 y Ia segunda en 1859, y ambas fueron inspiradas poruna agenda de cambio político y social. Por tanto, Ia negociación con Ias caciques

mapuche fue mediada por profundos conflictos que se habían sentido en Ia socie-

dad chilena -sobre Ia organización del.Estado, Ia justicia agraria y laboral, Ia po-



Ilustración 5

Machi mapuche con sus ayudantes. Fuente: Biblioteca de Ia Escuela de Medicina, Universidad Católica de Chile.

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LAS SOCIEDADES INDíGENAS FRENTE AL NUEVO ORDEN 65

lítica estatal frente a Ia economía, etc.- por Ia buena parte de una década (Zei-tlin, 1984; Daitsman, 1995; Valenzuela, 1999). Además, los que sirvieron de

mensajeros para esta alternativa ya habían sido derrotados, políticamente hablan-do, en el ámbito nacional.Es importante notar, como segundopunto principal, que los intereses de los

colonos en una sociedad fronteriza no podían ignorarse. Los principales jefes mi-litares y políticos en el Sur, por ejemplo, eran monttistas empedernidos a quienesel gobierno de Pérez no podía marginar. A esto tiene que agregarse que, si se crea-ba una provincia administrada por caciques mapuche, Ias tierras colonizadas du-rante Ia «infiltración» regresarían legalmente a manos indígenas, algo que el go-bierno no estaba dispuesto a aceptar. En resumen, Ia expansión fronteriza estabaocurriendo y seguiría ocurriendo mediante los esfuerzos de los colonos que bus-

caban tierras y riquezas. Esta población de colonos servía a los intereses del go-bierno al ocupar nuevos territorios y «fijarlos», mediante Ia llamada «infiltración»,dentro del espacio nacional. Si en vez de facilitarles Ia protección legal y militar,sefiala Leiva: «El gobierno obligaba a los habitantes de Ia frontera a acatar estric-tamente Ias mismas reglas que el resto de Ia población del país desaparecía, enton-ces, el interés especial de esos pobladores de frontera por adquirir tierras, adquirirfortuna fácil con el comercio de ganados, y así desaparecía, entonces, Ia propiaposibilidad de expansión, quedando en cambio predominando los araucanos»(Leiva, 1984).

A final de cuentas, frente al problema mapuche el presidente Pérez supo utili-

zar Ias perspectivas más informadas de los ex montoneros, pero les dio el podermilitar y estratégico a los viejos monttistas del Sur. Combinó el espacio de nego-ciación facilitado por Pradel, con un informe militar que le pidió al general de IaCruz, pero ordenó al intendente monttista y terrateniente surefio Cornelio Saave-dra que dirigi era el avance hacia el Sur del Bío-Bío que culminó, en diciembre de1862, con Ia nueva fundación del viejo fuerte colonial de Angol. Así terminó, pa-cíficamente, Ia primera entrada oficial postcolonial en el territorio mapuche cono-cido como «Ultra Bío-Bío»; pero Ia alternativa de coalición política, de autonomíaverdadera para los grupos indígenas, había desaparecido (Pinto Rodríguez, 1992 y2000; Leiva, 1984; Bengoa, 1985). Se había decidido, a partir de 1862, utilizar Ia

fuerza en última instancia; pero se tardaría todavía veinte anos en terminar el pro-ceso de derrota militar del pueblo mapuche conocido como Ia «pacificación».

ARGENTINA: LA FRONTERA SE VUELVE DESIERTO

En 1870, Ia Sociedad Rural Argentina hizo un llamado público al gobierno paraque, de una vez, se solucionara el «problema indígena». No sería hasta 1880, des-pués de varios intentos fallidos, que el general Julio A. Roca lograra abrir pasohasta Ia Patagonia, cerrando los pasos andinos entre Chile y Argentina, extermi-nando y subyugando a los araucanos y tehuelches que todavía habitaban Ias pam-pas al Norte del río Negro. Los gobiernos de Chile y Argentina coordinaron susúltimas campafias en contra de los grupos indígenas surefios, evitando así que Iasbandas derrotadas de un lado de Ia frontera internacional se pasaran fácilmente




ai otro. Dellado argentino, los pocos indígenas sobrevivientes fueron puestos enterritorios o resguardos especiales. DeJ lado chileno, el gobierno comenzó un pro-

ceso de radicación de Ia población derrotada militarmente, cuyo nombre, de raí-ces coloniales --reducción--, era apto en dos sentidos: se reducía Ia tierra otor-gada aios mapuche, ai mismo tiernpo que se reducía Ia definición de linaje yparentesco como estrategia de dividir para gobernar. En ambos casos, Ia derrotaindígena en un contexto de guerra a muerte hizo de los sobrevivientes un «otro»salvaje sin derechos de ciudadanía (Jones, 1984: 158, 170-176; Ferrando Keun,1986: 468,470,481; Bengoa, 1985: 149,259-263,285-336 .

Sin embargo, el mismo nombre de Ia campafia dei general Roca nos sugiereuna diferencia importante entre el caso chileno y el caso argentino. La conquistade un desierto supone, discursiva e implícitamente, Ia ocupación de espacios des-

ocupados. Pero a pesar de los efectos de Ias epidemias y Ias guerras, sabemos queIas pampas seguían ocupadas por una población mixta, compuesta de grupos in-dígenas, gauchos semi independientes, y grupos de colonos (Jones, 1984: 92, 117,

140; Lazzari, 1996; Slatta, 1992; Hernández, 1993; Curruhuinca-Roux, 1984 .

~Cómo y cuándo esta frontera se vuelve desierto?Dada Ia experiencia colonial de Buenos Aires, entre 1780 y 1820 se desarro-

lló en Ias pampas argentinas una sociedad de intercambio pacífico entre los gru-pos indígenas y 10s colonos cercanos a Ia ciudad, interrumpida periódicamentepor levantamientos indígenas. Los intercambios de mercancías y de trabajo se or-ganizaban alrededor de Ias pulperías, tiendas y bares, locales donde se mezclaban

Ias sociedades del interior y del litoral. Entre 1800 y 1825, sin embargo, variosprocesos se combinaron para desestabilizar Ia situación. Para los indígenas, Ia lle-gada de grupos mapuche dei otro lado de Ia cordillera incrementó Ia presión so-bre los recursos y trastornó el sistema de pulperías. Del lado criollo, el libre co-mercio con Inglaterra incrementó Ia demanda de cueros, justo cuando el ganadocimarrón estaba acabándose, y llevó a Ia expansión territorial de Ias estancias ga-naderas. Ya para el ano 1820, por tanto, el sistema de pulperías y de migracióncíclica indígena empezaba a entrar en crisis; ambos, indígenas y criollos, buscabanreclamar territorio como Ia base más segura de acceso a los recursos (Jones, 1984:

16-20,41-46,60,67, 78 .

Fue en este contexto cuando Juan Manuel de Rosas, como gobernador de Iaprovincia de Buenos Aires en 1825, negoció el primer tratado con un grupo decaciques pampas en que se estableció un sistema de rentas anuales. Los caciquesque aceptaban recibir tales rentas del Estado tenían que asociarse a un estancieroespecífico que, entonces, recibía un permiso especial dei gobierno. Así Rosas 10-gró atar a ciertos grupos indígenas ai sistema de caudillismo y utilizó aios guerre-ros de estos grupos en sus guerras contra otros que se mantenían en estado de re-belión. Más adelante, protegidos por Ia Ley de Enfiteusis 1828 , que estableció

Ias condiciones de propiedad estatal sobre Ias tierras del interior, los estancierosy caudillos aliados a Rosas expandieron con éxito Ia economía ganadera casi has-ta el río Negro en el Sur, y casi hasta Ias Salinas Grandes hacia el Oeste (jones,1984: 92-93, 100-103, 110-123; Curruhinca-Roux, 1984: 111-114 .

Entre 1830 y 1852, Juan Manuel de Rosas utilizó el sistema de alianzas terri-toriales y militares basadas en el caudillismo para dominar, desde Buenos Aires,



LAS SOCIEDADES IND íGENAS FRENTE AL NUEVO ORDEN 267

buena parte dei litoral y dei interior argentino. De los aproximadamente 35 000indígenas que todavía habitaban Ias pampas en este período, un número elevado

estableció alianzas con él a través del sistema de rentas anuales. Pero en 1852,cuando el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza derrotó a Rosas con ayudade grupos mapuche chilenos, Ia cuestión indígena se volvió a vincular ai proble-ma de Ia unificación nacional (Jones, 1984: 117,123, 133). Solamente se vio aiosindígenas chilenos como una posible fuente de inestabilidad, sino que tambiénlos indígenas aliados a Rosas fueron concebidos por los antirosistas que tomaronel poder como una de Ias causas principales de Ia «barbarie- dei sistema anterior(Shumway, 1991: 214-296; Andrews, 1980: 93-112; Slatta, 1992).

Esta imagen de barbarie recibió apoyo en Ias décadas de 1860 y 1870 ai ce-rrarse el sistema de comercio basado en Ias pulperías. Sin acceso a los recursos de

costumbre, los indígenas buscaron surtirse de 1 0 necesario mediante Ia guerra ylos malones, que eran ataques a asentamientos específicos con el propósito deconseguir ganado y prisioneros cautivos. El ganado que se conseguía así se man-daba de contrabando a Chile mediante un sistema de mercados clandestinos. Losmalones de estas décadas fueron extremadamente destructivos, con Ia capacidad,en un solo ataque, de destruir Ia producción anual de toda una región. Yespecial-mente durante Ia guerra con Paraguay (1865-1871), mientras el ejército teníaotras ocupaciones, los indígenas atacaron nuevamente, con relativa impunidad, Iaprovincia de Buenos Aires (Jones, 1984: 147-148, 159-170, 189, 196-197; Pin-to Rodríguez, 1996: 11-46).

Con este trasfondo, Ia guerra a muerte contra los grupos indígenas se cons-truye, en Ia década de 1870, como Ia conquista del desierto. Los intelectuales ypolíticos que consolidaron el poder en Ia época postrosista eran hombres dedi-cados a civilizar, educar y poblar su país, destruyendo los últimos vestigios deicaudillismo anterior. Unas de Ias víctimas principales de este esfuerzo fueron losgrupos indígenas de Ias pampas, cuya existencia se negó aun antes de que fueranderrotados, erradicados o exterminados (Jones, 1984; Varela y Font, 1996: 201-211; Hernández, 1993; Corruhuinca-Roux, 1984; Sarmiento, 1977; Shumway,1991)6.

La conquista militar de Ias pampas fue seguida inmediatamente por Ia cons-

trucción de ferrocarriles y Ia expansión de Ias economías ganadera y agrícola deIas pampas. En conjunto, con Ia inversión británica y Ia inmigración europea, el«boom» agrícola y ganadero de Ias últimas décadas dei siglo XIX trajo a Ia Argen-tina una prosperidad y un crecimiento económico sin precedentes. En efecto,para 1910, en el centenario de Ia Independencia, los suefios de prosperidad, uni-ficación política y «civilización» nutridos por Ia generación antirosista de 1880parecían ya hechos realidad (Rock, 1987: -118-161; Szuchman, 1988; Scobie,1964).

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6. Las similitudes con Ia «desaparición» de Ia población negra en Ia ciudad de Buenos Aires, tanhabilmente narrada por Andrews, 1980, es un tema que merece más discusión.




LAS SOCIEDADES INDÍGENAS SE ENFRENTAN AL SIGLO XX:MÉXICO, PERÚ Y EL CONO SUR

En Chile, como en Ia Argentina, Ia derrota final de los mapuche en 1882 abrió aIa inversión y a Ia colonización toda una rica zona de bosques y tierras agrícolas.Mediante el remate de hijuelas, extensiones fijas de propiedades urbanas y rura-les, y de proyectos de colonización extranjera, empresarios chilenos e inmigran-tes acumularon enormes extensiones de terreno entre 1880 y 1920. Haciendas detrigo y empresas madereras surgieron rápidamente en Ia zona entre los ríos Bío-Bío y Toltén, y ya para 1907, el territorio entero entre Santiago y Valdivia estabaconectado por ferrocarril (Ferrando Keun, 1986: 488-543; Bengoa, 1985: 345-346, 353-355).

A pesar de Ias importantes similitudes entre dos sociedades de frontera queganan Ia «guerra a muerte» con sus grupos indígenas, una importante diferenciaentre Chile y Argentina reside en Ias diversas presencias indígenas en el períodoposterior. En Argentina, Ia escasa presencia demográfica de los indígenas despuésde Ia campafia de 1880, y Ia relegación de muchos a resguardos surefios, los ex-pulsa exitosamente de Ia vida nacional . En Chile, Ia política de radicación surgecomo respuesta a Ia presencia más numerosa y dramática dei pueblo mapuche.Aunque desmembrado su territorio, fragmentados sus linajes y desconocidas susautoridades, el pueblo mapuche en Chile logra reconstruir, dentro de sus comu-nidades reduccionales, sus prácticas culturales, idioma y tradiciones religiosas. Aesto se le agrega Ia existencia de una importante intelectualidad urbana de origenmapuche que, a 1 0 largo del siglo xx, participa en una serie de intentos de orga-nización y participación políticas frente aios gobiernos de turno. A pesar de suposición de «otro» dentro de Ia nación chilena, el pueblo mapuche tendrá una im-portante, aunque poco reconocida, participación en el desarrollo político delpaís, no sólo en el surgimiento de Ia izquierda parti dista durante Ia época de losgobiernos de frente popular (1938-1948; 1970-1973), sino que también poste-riormente en el movimiento antidictatorial y Ia transición democrática (Bengoa,1985: 325,329-333,341-346,356-357,361, Foerster y Montecino, 1988; Reu-que Paillalef, 2003; Quezada, 1973; Drake, 1978; Furei, 1984; Steenland, 1977;Martínez Neira, 1995; Mallon, 1999: 435-464; Mallon, s/f).

Pero si comparamos ai Cono Sur con México y Perú, Ias semejanzas resaltanmás que Ias diferencias. En Argentina y Chile, un estado en proceso de consoli-dación emplea a un ejército recién salido de un conflicto internacional (Ia Guerracon Paraguay en el caso argentino; Ia Guerra del Pacífico en el caso chileno) parahacerle guerra a un enemigo interior. A través de Ia derrota militar, se termina conIa autonomía indígena, creando regímenes de excepción en los cuales -median-te los resguardos o Ias reducciones- los indígenas sobrevivientes son definidoscomo poblaciones no ciudadanas. El mismo éxito de Ia marginalización crea po-sibilidades de mitificación. En Chile, el «araucano» se construye como Ia semilla

7. Así, por ejemplo, M. A. Liliana E. Tamagno puede escribir, rodavía en 1991, «que Ia cues-

tión indígena ha sido y aún hoy 10 es, una cuestión negada en Ia Argentina» Tamagno, 1991: 123-

152, cita directa en Ia p. 123 .



LAS SOCIEDADES INDíGENAS FRENTE AL NUEVO ORDEN

Ilustración 6

Rewe y kultrun (Tambor ceremonial) perteneciente a una machi mapuche (cura-dora y especialista ritual). Fuente: Biblioteca de Ia Escuela de Medicina, Univer-sidad Católica de Chile.

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original de Ia nacionalidad, y como Ia primera fuerza que resistió al colonialismoespafiol (Bengoa, 1985; Quezada; 1973; San Martín, 1972; Lewis, 1994: 112-

141; Mora Penroz, 1989; Museo q~ileno de Arte Precolombino, 1985 y 1992;Kuramochi, 1992; Laborde, 1990; Mora, 1987). En Argentina, Ias poblaciones«salvajes- del interior reciben su idealización en Ia figura cada vez más nostálgicadel gaucho, fácil de romantizar porque ha dejado de existir en Ia realidad (Slatta,1992; Shumway, 1991).

AI comenzar el siglo xx, ni en Perú ni en México se podían romantizar así Iasfiguras indígenas, puesto que no habían sido marginalizadas ni demográfica ni po-líticamente. En México, sin embargo, Ia Revolución de 1910 hizo posible un dis-curso de mestizaje dentro dei cual, a Ia larga, Ia «incorporación» del campesinadoindígena al proceso de desarrollo nacional, supervisado por el Estado postrevolu-

cionario, llevaría a Ia eventual desaparición del «problema» (Knight, 1990: 71-113; Becker, 1987: 453-465; Mallon, 1992; Bonfill Batalla, 1987). Hasta ciertopunto, esta política puede verse como una continuación de Ia larga tradición demovimientos multiétnicos, que desde 1810, como hemos visto, habían ido defi-niendo una agenda de justicia agraria y participación política en Ias comunidadesindígenas y mestizas de Ia zona central del país. En efecto, no es exagerado pen-sar que Ia Revolución de 1910 articula toda esta tradición decimonónica de libe-ralismo radical -y dei diálogo político entre Estado y comunidades indígenas-y los va hilvanando a un proyecto político postrevolucionario. Queda por estu-diarse, sin embargo, hasta qué punto Ia presencia hegemónica de los grupos revo-lucionarios nortefios -forjados en una sociedad de frontera y de «guerra a rnuer-te» frente a los grupos indígenas fronterizos más parecida al Cono Sur- impactasobre Ia política indigenista postrevolucionaria (Aguilar Camín, 1977 y 1980: 92-123; AIonso, 1995).

En Perú, Ia legislación indigenista se va creando a partir de 1920, durante elgobierno de Augusto B. Leguía. En contraste con México, donde Ia trayectoriahistórica de multietnicidad lleva hacia una política y un discurso de mestizaje, enPerú Ias diversas reconstrucciones neocoloniales de Ia separación entre criollos eindígenas siguen impactando fuertemente. Así es que, en Ia nueva Constituciónperuana de 1920, el artículo 58 estableció el derecho legal de Ias comunidades in-dígenas sobre sus tierras cornunales. En combinación con Ia creación de una Sec-ción de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento, a través de Ia cual las co-munidades podrían solicitar ai Estado su reconocimiento oficial, Ia Constituciónde 1920 reestableció en Perú una relación proteccionista entre los indígenas y elEstado (Davies, 1974).

En los centros de civilización precolombina, por tanto, los Estados postcolo-niales tuvieron que enfrentarse de modo distinto a Ias poblaciones indígenas queformaban parte importante, demográfica y políticamente, de Ias sociedades su-puestamente nacionales. En el caso de México, una larga tradición de diálogo en-tre Estado y comunidades desembocó, a partir de 1920, en una política de incor-poración y mestizaje mediante Ia cual 10s grupos indígenas supuestamente irían

desapareciendo con Ia educación y el desarrollo. A partir de los afios setenta, sinembargo, y frente a Ia crisis dei modelo postrevolucionario de desarrollo nacio-nal, México se enfrentará a su propia versión de Ia revitalización indígena que irá



LAS SOCIEDADES IN D íGENAS FRENTE AL NUEVO ORDEN 7

transformando Ias reglas del juego en muchos países latinoamericanos, poniendonuevamente sobre Ia mesa el problema de ciudadanía con autonomía cultural''.

En Perú, Ia continuidad de una separación neocolonial entre indígenas y crio-llos, sierra y costa, llevaría a partir de 1920 a Ia promulgación de una legislaciónproteccionista. Adicionalmente, Ia fuerte represión de un movimiento a favor deIa ciudadanía indígena en esa misma década convencería a toda una generaciónde dirigentes quechuas que su mejor estrategia de sobrevivencia era a través de uncierto tipo de mestizaje cultural. Como resultado, Ias culturas andinas encontra-rían en Perú, a 10 largo del siglo xx, expresión «mestiza» dentro de los crecientesespacios urbanos y movimientos políticos clasistas de Ia sierra y Ia costa. Cuandocomienza el período de revitalización indígena en América Latina en su conjun-to, se suscitarán debates sobre «por qué en Perú no hay movimiento indígena»

(Cadena, 2000)9.En Ia segunda mitad del siglo xx, el resurgimiento de organizaciones y movi-mientos indígenas en América Latina pone nuevamente sobre el tapete Ia posibi-lidad de construir una ciudadanía plena con autonomía cultural. A pesar de Iasvariadas trayectorias de los pueblos indígenas en los distintos países, que se dierongracias a Ias diferentes presencias demográficas y formas de consolidación estataldurante el período postcolonial, toda Ia región compartió el intento de formar Es-tados-naciones basados en el principio de una ciudadanía integrada y mestiza.Sólo a finales del siglo xx y comienzos del XXI, cuando el modelo de desarrollonacional-popular ha perdido su capacidad de convocar a un pueblo multiétnico,

puede mantenerse una visión distinta de Ia nación y del ciudadano. Esta visión in-tercultural, basada en Ia autonomía regional y Ia diversidad cultural, ya Ia elabo-raron con una serie de variaciones a través del siglo XIX los mismos pueblos indí-genas. A comienzos del nuevo milenio y en un mundo cada vez más globalizado,va cobrando nueva vigencia.

8. Sobre e movimiento juchiteco indígena COCEI de los anos ochenta, véase Rubin, 1997 yCampbell, 1994. Sobre el EZLN, véase García de León, 2002; Collier y Quaratiello, 1994; Harvey,1998; Stephen y Collier, 1997 y Stephen, 2002. Un ejemplo interesante dei impacto de este cambio

sobre Ia historiografía de siglo XIX puede encontrarse en Reina, 1997.9. En una conferencia comparativa sobre los significados de raza en Latinoamérica, en Iowa enoctubre de 2002, varios estudiosos peruanos expresaron su impaciencia con una formulación que vea Perú como e caso «patológico» cuando en realidad Ias clases populares indígenas han optado en Perúpor otras formas de creatividad política.

mallon, florencia. las sociedades indígenas frente al nuevo orden

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