los residuos sólidos urbanos como patrimonio de la ciudad de córdoba. una estrategia para el...
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Desde 1982 la gestión de los RSU en la ciudad de Córdoba está caracterizada por dos cuestiones: el relleno sanitario como disposición final de todos los residuos y la participación de grandes grupos económicos en el servicio de higiene urbana. Actualmente, esta gestión no solo implica gastos mensuales superiores a 70 millones de pesos sino que su ineficiencia genera problemáticas ambientales que afectan sobre todo a comunidades populares, cercanas a los rellenos y a los basurales a cielo abierto, y socioeconómicas, para los recolectores informales, víctimas de la estigmatización y subvaloración de su trabajo. Estos aspectos, dejan expuesto lo poco sustentable que resulta un territorio y una sociedad, con abordajes superficiales y parciales, dando preponderancia a intereses políticos y económicos de corto plazo, a pesar del pronunciamiento de “planes integrales”. Los gobiernos municipal y provincial, junto otros municipios cercanos, han creado una sociedad anónima con la que se busca superar el costo político de instalar un nuevo relleno sanitario. La novedosa propuesta implica la puesta en marcha de un predio que “no pertenece a ningún municipio”, en la intersección de varios límites municipales. Por otro lado, la marcada economía burocrática local ve a la economía popular vinculada a los RSU como algo a regular, restringir y administrar, a través de la instalación de Centros Verdes que solo hacen la clasificación de los escasos residuos que llegan por esta vía, pretendiendo convertir a los socios de cooperativas de cirujas, carreros y cartoneros a operarios de planta. A pesar de los cambios implementados desde los inicios de la gestión de los RSU, los recuperadores informales son quienes mayor cantidad de RSU recuperan y quienes tienen mayor trayectoria, pero los mismos no participan en la planificación de las políticas públicas. La patrimonización de los RSU propone romper con la lógica actual, reposicionando a los actores sociales más afectados y proponiendo la búsqueda de una solución inclusiva y sustentable, tanto en lo económico como en lo socio-ambiental, con especial énfasis en el empleo y la producción.TRANSCRIPT
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Diploma Superior en Desarrollo Local, Territorial y Economa Social - FLACSO
1 Ignacio Pelln
Los Residuos Slidos Urbanos como Patrimonio de la Ciudad de
Crdoba: una Estrategia para el Desarrollo Local (2012-2014)
Por Ignacio Pelln ([email protected])
ndice de contenidos:
1. Introduccin
2. Marco terico
3. Marco contextual
4. Desarrollo del trabajo
a. La actual gestin municipal de los RSU
i. La gestin informal de los RSU
b. Del problema pblico al negocio privado: Valorizacin de los
RSU
c. La patrimonizacin de los RSU como estrategia para el
Desarrollo Local y Sustentable
d. Modelo de gestin propuesto y resultados esperados
1. Introduccin:
Desde 1982 la gestin de los RSU en la ciudad de Crdoba est caracterizada por
dos cuestiones: el relleno sanitario como disposicin final de todos los residuos y la
participacin de grandes grupos econmicos en el servicio de higiene urbana. Actualmente,
esta gestin no solo implica gastos mensuales superiores a 70 millones de pesos sino que
su ineficiencia genera problemticas ambientales que afectan sobre todo a comunidades
populares, cercanas a los rellenos y a los basurales a cielo abierto, y socioeconmicas,
para los recolectores informales, vctimas de la estigmatizacin y subvaloracin de su
trabajo. Estos aspectos, dejan expuesto lo poco sustentable que resulta un territorio y una
sociedad, con abordajes superficiales y parciales, dando preponderancia a intereses
polticos y econmicos de corto plazo, a pesar del pronunciamiento de planes integrales.
Los gobiernos municipal y provincial, junto otros municipios cercanos, han creado una
sociedad annima con la que se busca superar el costo poltico de instalar un nuevo relleno
sanitario. La novedosa propuesta implica la puesta en marcha de un predio que no
pertenece a ningn municipio, en la interseccin de varios lmites municipales. Por otro
lado, la marcada economa burocrtica local ve a la economa popular vinculada a los RSU
como algo a regular, restringir y administrar, a travs de la instalacin de Centros Verdes
que solo hacen la clasificacin de los escasos residuos que llegan por esta va,
pretendiendo convertir a los socios de cooperativas de cirujas, carreros y cartoneros a
operarios de planta. A pesar de los cambios implementados desde los inicios de la gestin
de los RSU, los recuperadores informales son quienes mayor cantidad de RSU recuperan
y quienes tienen mayor trayectoria, pero los mismos no participan en la planificacin de las
polticas pblicas. La patrimonizacin de los RSU propone romper con la lgica actual,
reposicionando a los actores sociales ms afectados y proponiendo la bsqueda de una
solucin inclusiva y sustentable, tanto en lo econmico como en lo socio-ambiental, con
especial nfasis en el empleo y la produccin.
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2. Marco terico
Cuando hablamos de la problemtica de la basura y de la gestin de residuos nos
referimos a conceptos fuertemente vinculados, aunque distintos. La Ley Nacional de
Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin Integral de Residuos
Domiciliarios (Ley N 25.916) en su artculo 2 establece: Denomnese residuo domiciliario
a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de
consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados. Este
concepto de residuo domiciliario equivale al de residuos slidos urbanos (RSU), siendo
importante considerar que los residuos se integran por desechos que pueden volver a
utilizarse y por basura que no se reutiliza (Pres & Gamallo, 1994). Por tanto, la basura no
est determinada slo por su composicin, sino por ser aquello que est fuera de lugar, en
donde no se lo espera, o al que no se le ve una utilidad posterior. As, por ejemplo, una
bolsa de tierra en un vivero es materia prima o mercanca, pero esa misma bolsa colocada
en la vereda de la zona peatonal puede ser entendida como basura. Durante el presente
trabajo se sostiene la idea de que tanto la basura como los residuos y la suciedad son
categoras dinmicas (Dhers, 2013).
Los residuos son objetos privados que se convierten en bienes pblicos cuando son
puestos en una bolsa y dejados a la espera de ser recolectados. A partir de ese momento
los residuos pasan a estar regulados por normas que indican qu debe hacerse con ellos
(Shammah, 2009). Gran parte de los RSU mal gestionados derivan en basurales a cielo
abiertos (BCA), generando contaminacin sobre la superficie circundante y las aguas
subterrneas, humos nocivos por las quemas, vectores de potenciales transmisores de
enfermedades y otras causas que deterioran la forma de vida de quienes habitan en las
inmediaciones o manipulan los residuos (SAyDS, 2005). Los BCA reconstruyen relaciones
contradictorias entre lo pblico y lo privado, combinando intereses de tipo econmicos,
sociales y ambientales. Aqu tambin hay que entender al basural como un territorio
estructurado-estructurante para los actores involucrados en el asunto (Shammah, 2009, pp.
15-21). Actores que accionan en funcin de sus intereses, recursos e ideologas, estando
en el medio de la escena el gobierno local, quien tiene el poder de polica y las facultades
para establecer las reglas de juego con las que van a contar todos los actores vinculados a
la gestin, formal e informal, de los RSU.
Respecto al anlisis de los actores involucrados, Pedro Prez realiza una
categorizacin de acuerdo a la lgica que moviliza su accionar. La obtencin de ganancia
predomina en la racionalidad del conjunto de unidades econmicas (empresarios
individuales, empresas, conglomerados de empresas) que operan dentro del mercado
formal. La racionalidad pblica de los actores gubernamentales est marcada por la lgica
poltica, quienes, en medio de diversas tensiones, producen la ciudad en forma directa y
tambin en forma indirecta. La lgica de la necesidad se desarrolla fuera del mercado (total
o parcialmente) y de las polticas pblicas, manifestndose a travs de: a) acciones
individuales o colectivas, b) organizacin comunitaria de base solidaria, c) movimientos
reivindicativos frente a actores gubernamentales y, d) mediante relaciones clientelares con
actores gubernamentales o polticos. Por ltimo, el conocimiento, cientfico, tcnico e
ideolgico, resulta una lgica subsidiaria a otras tres ya que no genera procesos autnomos
(Casalis, et al., 2013). Dentro de esta categorizacin analizaremos los actores intervinientes
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en la gestin de residuos; el gobierno municipal, el gobierno provincial, las empresas
concesionarias, los recuperadores informales y las universidades locales.
Estudiar la planificacin de la polticas pblicas de un municipio implica conocer el
proceso por el cual se organizan los medios, acciones y fines para modificar la produccin
de polticas y realizar las transformaciones propuestas en un territorio (Molina, 2013).
Aquellas polticas orientadas hacia el desarrollo local suponen procesos a travs de los
cuales se desarrollen y potencien las capacidades de diversos actores, orientndolos hacia
la mejora de la calidad de vida de la poblacin en aspectos econmicos, culturales, sociales
y polticos (Chiara, 2003). Este mbito local aparece adems como el escenario propicio
para la implementacin de mecanismos de democracia participativa, que no apunten slo
en generar las condiciones mnimas de gobernabilidad sino la bsqueda de consensos
entre distintos actores (Ghio, 2013). De modo que este trabajo se inscribe en la teora de
que ante la complejidad social, econmica y ambiental que implica la gestin integral de los
residuos slidos urbanos (GIRSU), el escenario local-municipal debe ser el espacio ideal
para el dilogo que genere consensos y proyectos en comn.
En la Estrategia Nacional para la Gestin Integral de Residuos Slidos Urbanos
(ENGIRSU), del ao 2005, se reafirma que El manejo de los RSU en Argentina, es de
incumbencia municipal, sobre cuyos gobiernos recae la responsabilidad de su gestin
(SAyDS, 2005). Desde la normativa nacional, la GIRSU comprende 7 etapas: generacin,
disposicin inicial, recoleccin, transferencia, transporte, tratamiento y disposicin final. De
estas etapas, solamente la generacin se inscribe en un mbito privado, siendo las dems
de incumbencia pblica, por ms que la recoleccin, transferencia y transporte se
encuentren concesionadas a empresas privadas. Para tomar algunos conceptos
seguiremos el mencionado documento de la Secretara de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacin por ser el marco terico estatal ms completo y actualizado dentro
de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, este documento tambin tiene sus vacos,
como el hecho de distinguir una serie de actores intervinientes en la GIRSU, entre ellos el
Sector Informal, pero al momento de definir las responsabilidades de todos los actores al
nico que no menciona es justamente a este sector, el cual tiene un desempeo clave en
los circuitos del reciclaje.
Al igual en otras grandes urbes nacionales, en Crdoba la gestin formal de residuos
se caracteriza por la concesin del servicio de recoleccin a empresas privadas y por
privilegiar al entierro sanitario como disposicin final de los residuos. En la gestin de
residuos existe una relacin inversa entre eficiencia y costos; mientras ms eficiente sea el
proceso formal de Prevencin, Minimizacin, Tratamiento y Disposicin, mayores sern los
costos del municipio (Shammah, 2009, p. 72). En Argentina el costo de la disposicin final
en rellenos sanitarios es bajo porque no contempla el proceso de estabilizacin1 de los
residuos (Shammah, 2009), por lo que la Municipalidad de Crdoba concibe a este destino
como el ideal para todos los RSU. Durante la ltima dictadura militar, la adopcin del relleno
sanitario por las principales ciudades argentinas implic grandes montos de dinero que los
municipios debieron destinar a la implementacin del nuevo sistema. Esto gener que los
grandes grupos econmicos de capital local, como Macri, Roggio, IMPSA-Pescarmona y
1 El proceso de estabilizacin implica pasar de un nivel activo a uno pasivo ambiental, en el que los lixiviados que genera el relleno sanitario se pueden descargar en forma directa en cuerpos de agua sin afectar su curso.
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Techint, crearan empresas recolectoras de residuos o de provisin de ingeniera en el
manejo de rellenos sanitarios a medida que estos servicios municipales se privatizaban
(Schamber, 2008, p. 64).
Con la gestin formal de los RSU concentrada en la disposicin final y el servicio de
recoleccin, los circuitos de recuperacin y reciclaje se desenvuelven al margen de esta
gestin e incluso al margen de la legislacin vigente (Shammah, 2009). Cuando se pone
foco en la gestin informal de los RSU en Crdoba, nos encontramos con los carreros2,
cartoneros3 y cirujas, parte de ellos organizados en cooperativas. Paiva y otros autores,
afirman que la emergencia de las cooperativas se debe a la expansin del cooperativismo
producido en la dcada de los 90s como una respuesta al desempleo (Schamber, 2008).
Estudios antropolgicos muestran que dentro de la heterogeneidad del grupo de cartoneros
hay dos tipos de recolectores: los estructurales o histricos, quienes desarrollan la actividad
hace ms de 25 aos, y los coyunturales, que surgieron en la dcada de 1990 como
consecuencia de la crisis de empleo vivida por las clases populares (Schamber, 2008). Una
de las interpretaciones ms comunes y extendidas es la que asocia al cirujeo con la
vagancia o para calificar a las personas en situacin de calle, de modo que para muchos
ciruja vendra a ser un argentinismo vinculado con vagabundo, linyera, atorrante o crotto
(Schamber, 2008, p. 79) Ya en 1885 Eduardo Wilde, en su Curso de Higiene Pblica,
hablaba de este oficio: cirujanos de la basura, profesional que anda entre los huesos
(Dhers, 2013, p. 15), ya que en ese momento el negocio de la recuperacin giraba en torno
al valor de los restos de huesos animales.
Desde una primera perspectiva, podemos entender el oficio de los cirujas, carreros y
cartoneros, a quienes algunos prefieren denominar recuperadores urbanos, como propio
de un sector de la economa social, como un emergente friccional que surgi a raz de la
situacin de crisis del mercado de trabajo, frente a la cual el Estado tambin fall (Nosetto,
2013). Siguiendo diversos aportes, Nosetto expone que la economa es siempre economa,
pblica, privada y social al mismo tiempo y depende de los balances histricos cul va a
ser el modelo que predomine (Nosetto, 2013, p. 8). Por tanto, desde los proyectos
vinculados a un modelo productivo inclusivo, de desarrollo local, no solamente se puede
mirar hacia dentro de la economa social sino tambin a toda la sociedad. Para ello, es
indispensable el involucramiento del Estado ya que proyectos de estas caractersticas no
van a darse espontneamente (Nosetto, 2013). Reconociendo a los RSU como un bien
pblico impulsor de actividades econmicas, en el recorrido del presente trabajo, se destaca
el predominio de la economa privada, y de la pblica privatizada, como modelo econmico
predominante en la ciudad de Crdoba. De all surge la idea de vincular los RSU al concepto
de patrimonio, ya que cualquier cosa procedente de la naturaleza, la historia o la genialidad
constituye un elemento potencialmente patrimonializable que puede pasar a formar parte,
una vez activado, de los repertorios patrimoniales existentes (Almiron, et al., 2006).
Adems, este proceso de activacin patrimonial expresa las relaciones de poder en la
sociedad actual y es llevado a cabo por actores concretos e intencionados. Por tanto, el
2 Crdoba cuenta con una gran presencia de carreros, personas que realizan las actividades de cirujeo con carros tirados por caballos. 3 Personas que realizan el cirujeo recolectando principalmente o exclusivamente cartones y derivados de la industria papelera.
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modelo de economa vinculado a los RSU ser definido por los actores poltico-sociales que
tengan poder suficiente para lograr imponer sus valores, ideas e intereses.
Sobre el proceso de patrimonizacin, este trabajo se nutre de numerosos aportes
tericos provenientes del turismo y el desarrollo local, de autores como Prats, Castells,
Harvey, Schweitzer, Almiron, Bertoncello y Troncoso. Segn Prats (Prats, 1998), la
condicin de patrimonio no tiene que ser interpretada como un atributo inherente a un objeto
clasificado como tal, sino como el resultado de la intencionalidad de determinados
individuos o grupos de la sociedad actual, que logran imponer su posicin y la cristalizan
en el objeto patrimonizado (Almiron, et al., 2006). Desde un enfoque ms simple, se puede
definir al patrimonio como el conjunto de bienes (naturales o culturales, materiales o
inmateriales) acumulados por tradicin o herencia. Por tanto, no solo resulta importante
destacar a los RSU como un patrimonio cordobs construido histricamente, como fuente
de riqueza econmica y de daos ambientales (por su mala gestin), sino que tambin son
patrimonio cultural de Crdoba los carreros, cartoneros y cirujas, quienes se identifican y
autodenominan segn qu materiales recuperan y en qu medio lo hacen, por ms que
desde el Estado se los englobe a todos dentro del concepto recuperadores urbanos.
Coraggio concibe a la economa como inseparable de la cultura, como un espacio de
accin constituido no por individuos utilitaristas buscando ventajas materiales sino por
individuos, familias y colectivos dentro de instituciones haciendo transacciones en base a
la solidaridad y la cooperacin (Coraggio, 2002). Esta economa social implica experiencias
que buscan reproducir la sociedad, ms que reproducir el capital, priorizando los lazos
sociales sobre la acumulacin del capital (Nosetto, 2005). Por estas virtudes propias de la
economa social resulta fundamental que los actores que la representan sean centrales en
este proceso de valorizacin de los RSU. Desde la administracin pblica, y la sociedad en
general, hay una construccin ideolgica, histrica y cultural que considera a los RSU como
basura, como un problema a sacarse de encima. En la mayora de los casos los residuos
presentan un valor de uso, sujeto al proceso de recuperacin y reciclaje, y un valor de
cambio, que permite reingresarlos al ciclo de las mercancas. De este modo, los RSU dan
lugar a dos tipos de actividades econmicas: la eliminacin, a travs del servicio de
recoleccin y la disposicin final de la basura; y la mercantilizacin, vinculado a su
aprovechamiento econmico (Shammah, 2009). Actualmente, la gestin formal de RSU
est enfocada en la recoleccin y la disposicin final, mientras que el proceso de
mercantilizacin se da predominantemente en los mbitos informales que proveen materias
primas a industrias y empresas privadas. As, es de esperar que haya intereses
contrapuestos y se intente sobreponer un modelo ms sustentable de gestin integral de
los residuos, pero sin generar ningn cambio en las actuales relaciones econmicas,
polticas y sociales.
Entre las corrientes existentes sobre el desarrollo sustentable, este trabajo sigue la
teora marxista o eco-socialista, la cual afirma que el problema no se debe a lmites fijos
externos a la sociedad sino a las maneras en que el sistema capitalista usa los recursos
naturales (Schweitzer, 2013). Desde esta corriente, el cambio debe generarse en las
formas de organizacin social del trabajo, siendo la naturaleza y la cultura las fuerzas
productivas a potenciar. Schweitzer tambin expone que el territorio rene el espacio social
y el espacio vivido, representado. Este espacio representado se construye integrando el
patrimonio ideolgico de los individuos que producen la representacin (Schweitzer, 2013).
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Por tanto, entender a los RSU como un patrimonio pblico de todos los cordobeses
permitira cambiar est representacin territorial, priorizando la tierra, el trabajo y la cultura
por sobre la obtencin de ganancias y la reproduccin del capital en el corto plazo. Esto
permitira plantear un modelo de desarrollo con nfasis en lo productivo, integrando las
dimensiones poltico-institucionales, societarias, ambientales y tico-culturales (Garca
Delgado & Nosetto, 2006).
Como ltimo punto de este marco terico, merece ser tenido en cuenta el hecho de
que el objetivo de este trabajo monogrfico no busca comprender la lgica de los actores
que trabajan con los residuos desde la informalidad. Por el contrario, se intenta desandar
las lgicas polticas y econmicas predominantes de quienes definen las reglas del juego y
proponer un insumo viable para las polticas pblicas de desarrollo local vinculadas a los
RSU. En este caso particular, el foco se ubica sobre el gobierno local y los actores que
gozan de lo que Silvia Ferro denomina opacidad cientfica, refirindose a los sectores ms
acomodados que desde las ciencias sociales son habitualmente soslayados (Ferro, 2014).
La obra de Cinthia Shammah, El circuito informal de los residuos. Los basurales a cielo
abierto (Shammah, 2009), resulta un pilar para comprender las lgicas e intereses de los
actores que entran en pugna por la significacin econmica de los residuos para el Estado,
las empresas capitalistas y la economa popular. El otro gran sostn de esta produccin
monogrfica proviene de Pablo Schamber quien en su libro De los desechos a las
mercancas (Schamber, 2008) - tambin enfocado en el Gran Buenos Aires - realiza una
etnografa de los cartoneros develando un provocativo entramado social, econmico y
cultural vinculado a la gestin de los residuos, su transformacin, valorizacin y reinsercin
al mercado.
3. Marco contextual
Argentina es un pas altamente urbanizado; ms del 90% de la poblacin habita en
territorios urbanos. La mitad de la poblacin viven en los 5 grandes conglomerados: rea
Metropolitana de Buenos Aires, Gran Crdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran La
Plata. Siendo Crdoba la segunda conurbacin del pas, las problemticas vinculadas al
hbitat y la planificacin urbana cobran una creciente magnitud y complejidad. La
incorrecta gestin de los residuos slidos urbanos (RSU) figura entre los mayores
problemas ambientales urbanos que presenta la provincia de Crdoba (Gob. de Cba.,
2013). Segn el gobierno provincial, el 70% de los RSU generados encuentran disposicin
final adecuada en 6 vertederos controlados (rellenos sanitarios), mientras que el restante
30% se dispone en unos 300 basurales a cielo abierto (BCA) esparcidos por la provincia,
donde se realiza la quema de los mismos sin ningn tipo de control. Esta ltima disposicin
final no adecuada correspondera al 90% de los municipios y comunas de la provincia.
Nuestra Constitucin Nacional, en su artculo 41, garantiza para todos los habitantes
el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las
generaciones futuras. Tambin se dicta el deber a preservar el ambiente y recomponer el
dao ambiental generado, estableciendo que Corresponde a la Nacin dictar las normas
que contengan los presupuestos mnimos de proteccin, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. La Ley Nacional
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de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin Integral de Residuos
Domiciliarios (Ley N 25.916 del ao 2005) brinda algunas disposiciones tcnicas, sobre
todo para las etapas de tratamiento, transferencia y disposicin final. En la misma, se
establece la proteccin legal bsica y uniforme para todo el pas. Respecto a la gestin
informal, en su artculo 25 inciso C se declara: Fomentar medidas que contemplen la
integracin de los crculos informales de recoleccin de residuos. Complementariamente,
las provincias pueden dictar normas adicionales aumentando las exigencias dentro de su
jurisdiccin, las cuales nunca podrn ser inferiores a las que otorga la Nacin.
En la Provincia de Crdoba, la Ley de Gestin de Residuos Slidos Urbanos (RSU) y
Residuos Asimilables a los RSU (Ley N 9.088 del ao 2003) es aplicable a la generacin,
transporte, tratamiento, eliminacin y disposicin transitoria o final de residuos slidos
domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen animal, enseres
domsticos y vehculos en desuso, y similares. Por lo que se define un concepto amplio de
los RSU, discriminando solo aquellos que requieran tratamientos especiales (patgenos,
radioactivos y peligrosos). Adems, en su artculo 2 inciso D se fija el objetivo de Alentar
la formacin de sistemas cooperativos o asociativos con la finalidad de intervenir en el
proceso de recoleccin, clasificacin, reutilizacin, transporte y destino transitorio o final de
los residuos. En el mbito de la ciudad de Crdoba, la Ordenanza N 9.612 (ao 1997) da
el marco local a la gestin de los residuos, reconoce el Poder de Polica de la municipalidad
en esta materia como indelegable y establece como rgano de aplicacin a la Secretara
de Ambiente. Cabe destacarse que tanto la legislacin provincial como la municipal han
sido elaboradas con varios aos de anterioridad a la Ley Nacional, por lo que han tenido
modificaciones puntuales pero no una actualizacin integral.
En sus inicios, el servicio de recoleccin de residuos en la ciudad de Crdoba
consista en retirar la basura que cada vecino dejaba al frente de su casa; como
contraprestacin, el municipio se haca de recursos administrativos a travs del cobro de
tasas o contribuciones. De este modo, el objetivo poltico respecto a la gestin de la
residuos se orientaba a la necesidad de retirar de la vista de los habitantes sus propios
desperdicios, ya sea hacindolos desaparecer mediante la quema, o llevndolo los ms
lejos posible de los sectores ms habitados hacia los mrgenes de la ciudad (Gonzalez
Salva, et al., 2011). Si bien el hoy objetivo poltico no es muy distinto, dentro del contexto
histrico de la gestin de residuos de Crdoba pueden distinguirse cuatro perodos. En su
etapa inicial, la municipalidad se enfoc en implementar el servicio de recoleccin de
residuos, arrojando lo recolectado en el cauce de la caada y el Ro Suqua. En la dcada
de 1910, con la inauguracin de un gran horno incinerador en Barrio Observatorio, se inicia
un nuevo perodo, caracterizado por la quema como eslabn final del ciclo de la basura.
Por esos aos, la lgica dominante en los mbitos polticos del pas, respecto al destino de
la basura, es ms mucho ms favorable a la higiene y a la esttica que a la bsqueda de
beneficios econmicos como ocurra anteriormente (Schamber, 2008). En 1960, se
inaugura otro horno, de mayor capacidad, en Villa Belgrano. Pocos aos despus, durante
el gobierno de la dictadura de los aos 70, se cierran estos hornos y se habilitan seis
terrenos para destinar la basura de la ciudad (La Voz, 2010). Estos cambios en la
disposicin final daran inicio al tercer perodo que algunos autores cordobeses identifican
como la transicin del Viejo Paradigma hacia un Nuevo Paradigma de la disposicin de
residuos urbanos (Gonzalez Salva, et al., 2011).
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Desde la segunda mitad del siglo XX, el marcado crecimiento demogrfico de la
capital cordobesa no slo gener un crecimiento en la cantidad de residuos generados y en
la composicin (debido a nuevos hbitos de consumo y produccin), sino que tambin
produjo la expansin geogrfica de la ciudad, desde el centro fundacional hacia sus
mrgenes. De manera que aquellas zonas que en su momento sirvieron para ocultar la
basura, fueron pobladas y urbanizadas, dejando en evidencia la problemtica no resuelta.
En este marco, el Estado Municipal debi reforzar su compromiso con las poblaciones
cercanas a los basurales, reestructurando sus polticas de tratamientos de residuos en base
a los habitantes (Gonzalez Salva, et al., 2011). Un ao antes del retorno de la democracia,
se producen algunos cambios en los actores y en la disposicin final considerada adecuada,
dando lugar al cuarto perodo que llegara hasta la actualidad. A partir de aqu, se establece
en Crdoba el relleno sanitario como la respuesta al creciente urbanismo, pero no como
una solucin sustentable en trminos medioambientales4.
Por esas pocas, ocurre un cambio de rumbo en las polticas pblicas urbanas a nivel
nacional. En mayo de 1977 los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital
Federal firmaron un convenio conocido como El Cinturn Ecolgico inspirado en el plan
integral de poltica urbana del abogado Guillermo D. Laura. A partir de aqu se difunde y
adopta al relleno sanitario como destino final ideal para los RSU ya que resultaba ser un
procedimiento de difundido uso internacional, probada eficacia, gran economa y ptimas
condiciones sanitarias () La basura de este modo servir de nutriente a millones de
plantas productoras de oxgeno (Laura, 1978, pp. 20-22). Los municipios del Gran Buenos
Aires fueron obligados a disponer sus RSU en los rellenos sanitarios del CEAMSE5, se
prohibieron los basurales a cielo abierto y las acciones de reciclaje y recuperacin de
residuos. Adicionalmente, se recurri a la fuerza policial para quitarle los carros y otros
medios de movilidad a quienes practicaban el cirujeo (Shammah, 2009, p. 37).
Pocos aos despus, en 1982, la empresa Aseo, de Franco Macri, habilita el
enterramiento sanitario de Crdoba en el municipio de Bouwer6, dando inicio a un periodo
que, con algunas marchas y contramarchas, se mantiene hasta la fecha, caracterizado por:
el enterramiento sanitario como destino final para los residuos y la implicancia directa de
grandes grupos econmicos como concesionarios del servicio pblico de higiene urbana
(SPHU). En 1989, Clima Higiene Ambiental (empresa conformada por Benito Roggio e hijos
y Ormas SAICIC) pasa a ocuparse de los residuos de los entonces 1,27 millones de
habitantes, recogiendo 1.100 toneladas diarias. En 1995, se introduce la recoleccin
diferenciada de residuos, involucrando a 20 barrios de la capital provincial, destacado las
ventajas de la seleccin en origen. En ese momento, las fuentes oficiales estimaban que
este servicio diferencial abarcaba as al 25% de los RSU generados (Da a Da, 2010).
Hacia fines de 1998, la concesin del servicio de recoleccin pasa a manos de la empresa
Cliba (Compaa Latinoamericana de Ingeniera Bsica Ambiental), tambin perteneciente
a Benito Roggio (BRa, 2013).
4 Los principales productos de la descomposicin en los rellenos sanitarios son los lquidos lixiviados y los gases, altamente contaminantes, pudiendo afectar gravemente la salud de las poblaciones cercanas. 5 Coordinadora Ecolgica del rea Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), empresa pblica fundada en 1977 para la gestin de RSU de la Ciudad de Buenos Aires y 34 partidos de su conurbano. 6 Localidad cordobesa de 2.000 habitantes, ubicada a 17 kilmetros al sur de la capital provincial.
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Una dcada despus, en 2009, se municipaliza el servicio de recoleccin y
tratamiento de residuos con la creacin de Crdoba Recicla Sociedad del Estado (CReSE).
Durante 28 aos la basura generada en la ciudad de Crdoba y la de 17 municipios y
comunas aledaas, tuvo como destino final el enterramiento en Potrero del Estado, en el
municipio de Bouwer. Hacia fines del ao 2010, el ex intendente Daniel Giacomino dispuso
el cierre de dicho predio, dando cumplimiento al compromiso poltico asumido con los
vecinos de Bouwer. Ante la necesidad de buscar un nuevo predio para el enterramiento, el
municipio volvi a recurrir a El Quemadero (sobre la Ruta Nacional N36 sur),
emplazamiento que ya haba sido utilizado con tal finalidad hasta el surgimiento de Potrero
del Estado. El Quemadero nunca fue remediado ni saneado y se reactiv sin cumplir con la
exigencia previa de contar con la Evaluacin de Impacto Ambiental. Estas cuestiones
motivaron a que vecinos de Villa Libertador (Nuestro Hogar III, Inaudi y Barrio Comercial)
se manifestaran fuertemente contra la Municipalidad de Crdoba. Como respuesta, la
gestin de Giacomino present un informe ambiental que fue duramente cuestionado por
la Universidad Nacional de Crdoba (UNC) y la Universidad Catlica de Crdoba (UCC) por
ser incompleto y por la falta de rigor metodolgico, siendo inadmisible para un proyecto de
relleno sanitario (RCNC, 2013). De este modo, la actual gestin municipal, encabezada
por Ramn J. Mestre de la Unin Cvica Radical, recibe un modelo de gestin de los RSU
caracterizado por el SPHU en mano de la empresa municipal CReSE que da disposicin
final a todos los residuos en El Quemadero, siendo la reactivacin de este predio motivo de
fuertes cuestionamientos desde amplios sectores sociales y acadmicos.
4. Desarrollo del trabajo
a. La actual gestin municipal de los RSU
El actual Intendente, Ramn J. Mestre, asume su mandato en diciembre de 2011 con
la promesa electoral de erradicar el basural El Quemadero, emplazado sobre la Ruta
Nacional N36 (RN36). A travs de la Resolucin N2.039, del mes de agosto de 2012, se
formaliza un acuerdo con la Universidad Nacional de Crdoba (UNC) para realizar un
estudio de seleccin de un predio para el centro de tratamiento y disposicin final para los
RSU del rea metropolitana. La Secretara de Ambiente de la Municipalidad de Crdoba
mantuvo sin publicar el informe de la UNC pero hizo trascender que la zona ms apta
seguira siendo prxima a El Quemadero (Martinez, 2013). Conjuntamente, se crea una
Comisin encargada de la elaboracin de los pliegos para el llamado a licitacin del Servicio
Pblico de Higiene Urbana (SPHU) y se publica el documento de trabajo Gestin Integral
de los Residuos Slidos Urbanos en la Ciudad de Crdoba con el objetivo de aportar
elementos de anlisis y diagnstico; y propuestas de abordaje para alcanzar una gestin
de RSU ms sustentable (SA-Cba., 2012). En el mismo, se destaca que resulta adems
insoslayable realizar un enfoque interdiciplinario, considerando los aspectos tcnicos,
polticos y sociales, sin embargo, las precisiones acerca de los contenidos de los pliegos
se conocieron una vez ingresado al Consejo Deliberante y se aprob rpidamente por la
mayora automtica que tiene la UCR en este rgano (RCNC, 2012). Por tanto, a pesar del
prometedor enunciado de la comisin, no hubo participacin de ninguna organizacin
externa en lo referente a aspectos tcnicos y sociales.
Desde el Poder Ejecutivo municipal se decide que CReSE subcontrate los servicios
de higiene, limpieza y recoleccin a las empresas COTRECO para la zona sur de la ciudad
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y LUSA para cubrir la zona norte, argumentando que esto implicar un ahorro de 40 millones
de pesos al ao, mientras que los concejales de la oposicin expresaban que, por el
contrario, los gastos se aumentaran en unos 100 millones de pesos al ao (Llorens, 2012).
Logstica Urbana S.A. (LUSA) fue constituida legalmente en junio de 2011 y en febrero de
2012 comenz a prestar servicios de higiene urbana en el marco de un contrato de cesin
parcial y temporaria. Previo a la publicacin de los pliegos para la licitacin, la comisin
municipal realiz visitas tcnicas a Rosario y Buenos Aires. En estas dos ciudades, los
oferentes deben cumplir con una antigedad mnima de 3 aos y 5 aos, respectivamente,
sin hacer distincin entre empresas nacionales o extranjeras. En mayo de 2013, LUSA fue
desestimada como oferente dentro del proceso de licitacin para la concesin del servicio
de higiene urbana en la C.A.B.A. por no cumplir con el requisito de antigedad (Poder
Ciudadano, 2013). Unos meses despus, se dan a conocer los pliegos para la licitacin del
servicio en la ciudad de Crdoba, expresando que podr ser oferentes las sociedades
legalmente constituidas en el pas o en el exterior. Sin embargo, los oferentes forneos
tendrn que cumplir con un mnimo de 5 aos desde su fecha de constitucin, mientras que
las empresas nacionales debern tener una antigedad no menor a 2 aos (MC, 2012).
Das antes de terminar el ao 2012, estos pliegos fueron aprobados en primera lectura por
el Consejo Deliberante.
La comisin municipal entiende que para las nuevas concesiones del SPHU se debe
dividir la ciudad en tres zonas: sur, norte y microcentro. El SPHU concesionado incluye las
Prestaciones Bsicas (recoleccin de RSU y limpieza del espacio pblico, incluidos los
transportes resultantes de ambas) y algunas otras Prestaciones Complementarias
(orientadas a la limpieza, reposicin y mantenimiento de los equipamientos pblicos).
Mientras tanto, se sugiere que el Ejecutivo Municipal se reserve el derecho de modificar,
total o parcialmente, el servicio de recoleccin de la Fraccin Seca (RSU-FS), conservando
el derecho de indicar la prestacin de este servicio a terceros operadores, quedando a su
exclusivo criterio dar prioridad a Cooperativas de Recuperadores Urbanos inscriptas en
Recoop (MC, 2012, p. 31). Para tal fin, se cre el Registro de Cooperativas de
Recuperadores Urbanos (Recoop), hoy dentro del Programa Recuperando Valor. Al igual
que lo que ocurre en otras grandes urbes, en los pliegos del SPHU puede verse como el
Estado prioriza el capital econmico formal y no da respuestas a las necesidades sociales
(Shammah, 2009). Las empresas de recoleccin de residuos estn en manos de grupos
polticos que operan en diversos municipios (Schamber, 2008, p. 90), por lo que, primero
se atiende a esos intereses y luego se ve que se puede hacer respecto a la reubicacin de
los rellenos sanitarios y la integracin de los sectores informales.
Hacia fines de 2012, por medio de la Ordenanza N12.027, municipio y provincia
crean la autoridad de tratamiento de residuos del rea metropolitana: Corporacin
Intercomunal para la Gestin Sustentable de los Residuos del rea Metropolitana de
Crdoba Sociedad Annima (Cormecor S.A.), integrando 14 municipios del Gran Crdoba.
Dicha sociedad se constituye con un capital de 50 millones de pesos: 41 millones provienen
de la capital provincial, 7,5 millones de los dems municipios y 1,5 millones son aportados
por los gremios en actividad (RCNC, 2013). En mayo de 2013, el directorio del Cormecor,
junto a autoridades municipales y provinciales, confirm pblicamente la expropiacin de
dos terrenos para la disposicin final y transicin de la basura de los 15 municipios que
conforman el Gran Crdoba. El predio de tratamiento y enterramiento contar con una
extensin de 270 hectreas y estar ubicado entre la Ruta Nacional N36 y la Ruta
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Provincial N5, en el Departamento Santa Mara. En palabras del Jefe de Gabinete
provincial, Oscar Gonzlez, el predio: No pertenece a ningn municipio. Es un predio que
no est alcanzado por el radio urbano de ningn municipio y de ninguna comuna (Da Porta,
2013). Son muchas las similitudes del Cormecor y el CEAMSE, que fue creado en el ao
1978 para el rea Metropolitana de Buenos Aires, respondiendo a lgicas que tendan
sistemticamente a expulsar del territorio municipal todo lo que pudiera ser fuente de
problemas (Shammah, 2009, p. 38). De este modo, durante la ltima dictadura la Capital
Federal export basurales y villas al conurbano bonaerense, mientras que durante el
gobierno constitucional de De la Sota la capital provincial realiza similares acciones a travs
de las Barrios-Ciudades7 y la Cormecor S.A.
En mayo de 2013, se da a conocer que John Boretto, histrico dirigente de la UCR y
exsecretario general de la UNC, presidir la Cormecor S.A., propuesto para el cargo por
Ramn J. Mestre (La Voz, 2013). Su primera tarea, luego de la puesta en marcha de la
S.A., se refiere a la expropiacin de las tierras para el predio de tratamiento y enterramiento
(a 700 del cerrado vertedero Potrero del Estado, en Bouwer) y el predio de transicin (en
Estacin Jurez Celman), los cuales deberan comenzar a ser utilizados en un plazo
mximo de un ao (mayo de 2014). Sin embargo, a pesar de que los impulsores del
proyecto plantean que los predios no pertenecen a la jurisdiccin de ningn municipio, la
eleccin del primer predio hizo que el municipio de Bouwer no quiera ser parte de Cormecor,
mientras que en marzo de 2014, la intendenta de Jurez Celman, Myrian Prunotto, envi
una nota de desvinculacin de la localidad y exigi la presentacin de un estudio de
factibilidad del proyecto. Es interesante contextualizar que la pretensin controlar ambos
predios por medio de Cormecor, para luego cumplir con el requisito legal de realizar los
estudios de impacto ambiental, se encontr afectada por la mediatizacin del caso
Monsanto, aumentando las tensiones sociales y medioambientales sobre la regin (Ripoll,
2014).
En este punto, es importante marcar algunas diferencias entre las acciones que se
impulsan desde Cormecor y las para algunos exitosas gestiones realizadas por el
CEAMSE. En el conurbano bonaerense, la implementacin del CEAMSE y la exportacin
de los residuos desde la capital pudo lograrse durante la poca del gobierno militar, cuando
la autonoma municipal quedaba relegada y la sociedad civil tena escasas posibilidades de
manifestar sus reclamos (Schamber, 2008, p. 266). Actualmente, resulta poco viable, en
trminos polticos, que un municipio se subordine ante un mandato provincial o nacional
para ceder parte de su territorio como receptor de basura ajena. El Efecto NIMBY sigla
que en ingls significa no en mi patio trasero se refiere al rechazo que existe en las
comunidades respecto a la instalacin de actividades con fuerte impacto para la salud y el
medioambiente. El Efecto NIMBY plantea la dificultad para establecer los centros de
transicin y disposicin final ya que nadie quiere tener los residuos en su territorio
(Shammah, 2009, p. 41), lo cual constituye un alto costo poltico que, en democracia, los
referentes polticos municipales seguramente intentarn evitar (Schamber, 2008). Desde la
gobernacin provincial y de la capital cordobesa se distingue a la Cormecor como un avance
en la articulacin de polticas pblicas locales-regionales, pero no se menciona el hecho de
7 Durante la primera gobernacin de De la Sota (ao2004) se erradico el 60% de las villas existentes relocalizndolas en 14 barrios-ciudades ubicados en la periferia, expulsando de la jurisdiccin de la Ciudad de Crdoba a ms de 8.000 familias.
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que los dos municipios prximos a los predios de transicin y enterramiento no apoyan el
proyecto. La expropiacin de ambos predios corre por cuenta del gobierno provincial,
mientras que en las dems localidades que suscribieron a la S.A. los funcionarios
municipales guardan silencio, esperando que las autoridades de la provincia y la capital
decidan dnde ira a para la basura de toda una regin (u-Por, 2014).
Mientras tanto, Piedras Blancas sigue recibiendo los residuos de Crdoba capital y
los municipios aledaos, en tanto que CReSE realiza acciones para alargar la vida til del
predio hasta fines de 2014. Adicionalmente, desde Surrbac (Sindicato nico de
Recolectores de Residuos y Barrido de Crdoba) se realizaron diversos actos de reclamo
ante la ineficiente gestin municipal: manifestando el incorrecto tratamiento de los lquidos
lixiviados, el trabajo a reglamento, la falta de mantenimiento y las montaas de basura que
llegan a los 15 metros de alto. En mayo de 2014, fecha en la que se esperaba que estn
en funcionamiento los nuevos predios, desde la intendencia de la capital se tom la decisin
de que se releve a CReSE en la gestin de Piedras Blancas, ya que el gobierno provincial
no ha avanzado con las expropiaciones de los predios planificados. Este cambio implicar
que Cormecor deber absorber los 256 empleados que tiene la empresa municipal y, sobre
todo, que parte de la responsabilidad sobre la gestin de los RSU pasa a un mbito
intermunicipal. Mientras tanto, CReSE se abocara exclusivamente a la gestin de los
Centros Verdes municipales, mientras que la problemtica y la bsqueda de las soluciones
respecto a la transicin, tratamiento y enterramiento se delega al ente integrado por 15
localidades pero dirigido por la capital, la cual genera el 95% de los RSU (Ripoll, 2014).
El documento Crdoba una ciudad en cifras, publicado por la Municipalidad de
Crdoba, indica que en 2012, el promedio mensual de residuos generados fue de 65.000
toneladas de los cuales slo una parte menor podra considerarse propiamente basura8. El
documento tambin indica que el servicio de recoleccin diferencial cubre el 29% de la
ciudad y que el promedio de residuos generados por habitante es de 0.850kg/da (MdC,
2012). Este promedio mensual de residuos generados es muy similar a los registrados en
el ao 1999. Sin embargo, hoy la ciudad cuenta con al menos 120.000 habitantes ms que
a fines del siglo pasado, con un contexto socioeconmico favorable para mayores niveles
de consumo y sin ningn cambio considerable respecto a la concientizacin e
involucramiento de la sociedad para reducir la generacin de residuos. Si consideramos
que en Piedras Blancas se registran ingresos mensuales del orden de las 64.100 toneladas
(RCNC, 2012), podemos concluir que casi la totalidad de la recoleccin diferenciada termina
en el relleno sanitario. Tambin sera lgico inferir que existen al menos 8.000 toneladas de
residuos, generadas por el crecimiento poblacional, que estaran siendo gestionadas
informalmente, totalmente al margen de las cifras oficiales.
Analizando los aspectos financieros de la presente gestin municipal, los informes de
auditora de CReSE muestran que el primer trimestre del ao 2012 la prdida operativa fue
de $28.077.448, monto equivalente a igual perodo del ao anterior. El municipio, adems,
mantiene una deuda de $48.641.409 con CReSE. Por tanto, el costo promedio mensual
para el ao 2012 estaba en el orden de los $42.200.000, sumando las concesiones
mensuales a LUSA y COTRECO ($37.199.995) y el residual estimado de CReSE
($5.000.000). Esta informacin proviene de la Red Ciudadana Nuestra Crdoba en donde
8 Composicin declarada: 35% restos de comidas, 18% organicos, 14% otros residuos no reciclables, 14% plsticos, 13% papel y cartn, 3% vidrio, 2% metales y 1% no identificados.
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se declara que CReSE contina con desajustes econmicos, financieros y patrimoniales
de envergadura (RCNC, 2013), a pesar de que fueron justamente los desajustes
econmicos los que generaron la decisin de concesionar el SPHU.
Respecto a las cuestiones socio-ambientales, merecen ser citados algunos casos, ya
que en Crdoba, como en todo Amrica Latina, los factores ambientales son determinantes
claves en la reproduccin de la destitucin y la desigualdad (Auyero & Swinstun, 2006, p.
17). El barrio Nuestro Hogar III cuenta con unas 500 familias que habitan all desde 1997
mientras que otras tantas decenas de familias, las cuales integran el Anexo del barrio,
tienen sus hogares construidos sobre las tierras del antiguo basural. Un anlisis realizado
por la ctedra de Ingeniera Ambiental de la UNC arroj que todos los muestreos indicaron
la existencia de residuos peligrosos. A pedido de la municipalidad, la Universidad
Tecnolgica Nacional realiz otro estudio en el que tambin se encontr una alta
concentracin de metales pesados. A pesar de los fuertes de reclamos de los vecinos, y de
numerosas organizaciones de la sociedad civil, durante las ltimas dos gestiones
municipales, las cuales han reconocido la gravedad de la situacin, el gobierno de Mestre
no ha dado curso al decreto municipal que dictamin la expropiacin de los terrenos para
trasladar el asentamiento y remediar el predio (RCNC, 2013). Por otro lado, en el caso de
Bouwer, luego de dos recursos de amparo rechazados, en marzo de 2010 qued
oficialmente cerrado el predio utilizado para el enterramiento. Sobre la misma ruta (RN36)
y a escasos kilmetros, Piedras Blancas es hoy el relleno sanitario del rea metropolitana
de Crdoba. Sin ninguna remediacin hasta la fecha, la zona sur contina siendo el territorio
que soporta todo el pasivo ambiental de la regin, como tambin ocurre a nivel mundial:
una sociedad explota la capacidad de carga de otra (Altschuler, 2013).
En junio de 2014, la Legislatura Provincial aprob9 una nueva Poltica Ambiental
Provincial (Ley N 10.208), elaborada por el Poder Ejecutivo Provincial. En el artculo 28 se
determina que los proyectos ambientales de complejidad que estn sometidos a
evaluaciones de impacto ambiental, previamente deben contar con una audiencia pblica
u otro proceso de participacin ciudadana. Al momento de aprobarse dicha ley, desde el
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Pblicos, la Secretara de Ambiente municipal y
la Cormecor se espera el segundo informe del Instituto Superior de Estudios Ambientales
(ISEA) de la UNC para la expropiacin de los nuevos predios, mientras que todava no se
realiz el correspondiente estudio de impacto ambiental ni la consulta popular que exige la
legislacin. Desde los gobiernos provincial y municipal las problemticas medioambientales
se plantean desterritorializadas, obviando el hecho de que las sociedades hacen su historia
y construyen su geografa (Schweitzer, 2013). Respecto a este tema, Schweitzer plantea
que la desterritorializacin no existe, sino que lo que realmente ocurre es una
reconstruccin permanente de los territorios (apropiacin-desapropiacin), una constante
reterritorializacin (Schweitzer, 2013).
Despus de 28 aos la basura vuelve a Crdoba (La Voz, 2010): ese fue el titular
publicado por el diario La Voz del Interior cuando el ex intendente Giacomino cerr Potrero
del Estado (Bouwer) y reactiv El Quemadero (Crdoba). Ese costo poltico intentara evitar
el actual gobierno de la capital mediante la Cormecor, manteniendo una gestin de los RSU
que conserva el modelo de gestin instaurado antes del retorno de la democracia. El relleno
99 El proyecto de ley fue aprobado con los votos de todos los bloques parlamentarios excepto los del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de un legislador del Frente Para la Victoria que se abstuvo.
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sanitario sigue siendo el destino final ideal porque en su costo no se contempla el proceso
de estabilizacin de los residuos, mientras que el grueso del presupuesto se destina a pagar
el servicio de recoleccin, a cargo de grandes grupos econmicos nacionales atrados por
la rentabilidad del negocio. Se plantea una ciudad de Crdoba sustentable pero sin discutir
las relaciones de produccin capitalistas, sin reconocer que los problemas ambientales
surgen de una contradiccin entre el ritmo de los ciclos biogeoqumicos y el ritmo de los
ciclos de produccin humanas (Foladori & Pierri, 2005). La depredacin de recursos que
podra evitarse al reutilizar los residuos como materias primas y la contaminacin que podra
evitarse mediante dicha recuperacin son ideas que no encuentran ningn vnculo con el
modelo vigente de gestin integral de los residuos slidos urbanos de la ciudad de
Crdoba.
i. La gestin informal de los RSU
En las ltimas dcadas del siglo XX, sobre todo durante el gobierno de Carlos Menem,
se rompi fuertemente con la estructura social que generaba la gran masa salarial
caracterstica de la sociedad argentina. La consecuente desafiliacin de gran parte de la
poblacin dej excluidos a grandes sectores de la poblacin, principalmente en los mbitos
urbanos (Pastore, 2010). En ese nuevo cuadro, muchas familias encontraron una
alternativa en la economa informal de la recuperacin y el reciclado de residuos. No resulta
extrao encontrar a cirujas con ms de veinte aos en este oficio, caracterizado por su
relativa facilidad de acceso a una ocupacin que requiere escaso capital y destreza, por lo
cual tambin rene a muchas personas que se dedican a esta actividad en forma
espordica o intermitente (Schamber, 2008, p. 81). Para quienes realizan esta actividad,
como todas las de la economa popular, esta resulta una alternativa viable para responder
a sus necesidades de supervivencia o subsistencia, pero tambin un modo o una estrategia
de vida (Razeto, 1988).
Con el tiempo, los cirujas, cartoneros y carreros tradicionales (histricos) y
coyunturales (quienes se iniciaron prximos a la crisis de 2001) fueron encontrando en la
economa popular un subsector cuya racionalidad principal est orientada en garantizar la
reproduccin social de la vida, de sus miembros, a travs del trabajo (Pastore, 2006). En
Crdoba, muchos carreros, cartoneros y cirujas que desde mbitos estatales y
acadmicos usualmente se engloban dentro del concepto de recuperadores urbanos se
fueron organizando formalmente. As, en la bsqueda de una mejor calidad y estabilidad
laboral, el cooperativismo emerge como algo renovador, como un modelo alternativo al
capitalismo financiero de exclusin y contencin (Garca Delgado, 2004). Posiblemente, la
cooperativa Los Carreros de Villa Urquiza sea la ms antigua de la ciudad. La misma,
comenz sus actividades en 1983 (pero obtuvo su personera jurdica en 1994), reuniendo
a cirujas de las zonas de Villa Urquiza y Villa Siburu con el objetivo de acopiar materiales
reciclables y vender directo a las fbricas, buscando evitar intermediarios y garantizar cierta
estabilidad laboral para paliar la situacin de vulnerabilidad que sentan en esos aos
(Fernndez, 2012). Por otro lado, la Cooperativa de Carreros La Esperanza, una de las
ms recientes, comenz a trabajar formalmente en enero de 2011, buscando ser un lugar
donde nuclear a los carreros de la ciudad que estaban siendo perseguidos y hostigados por
animalistas y policas (Job, 2013).
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Pastore (Pastore, 2013) explica que dentro de la economa social se encuentran
organizaciones que realizan actividades econmicas como actividad principal, no como
actividad secundaria o marginal, pero que se apoyan en las capacidades, las energas
humanas y sus relaciones interpersonales. Muchas agrupaciones de carreros de Crdoba
han surgido buscando eliminar la intermediacin de los galponeros (quienes compran los
residuos recuperados a los carreros y luego lo venden a las fbricas como insumos),
pudiendo acopiar lo recolectado por cada uno de sus miembros y vendiendo los materiales
directamente a las empresas compradoras a un precio mayor (LMC, 2007). Desde el
MOCAR10 se destaca que esta actividad es socialmente til por el volumen de materiales
que se recuperan y reciclan, porque genera riqueza y empleo y porque disminuye la
contaminacin ambiental de lo que indefectiblemente terminara en rellenos sanitarios o
quemas (Pastore, 2010). Sin embargo, es importante dejar en claro que el reciclaje,
independientemente de los beneficios que aporta al medioambiente, es una actividad
eminentemente econmica (Schamber, 2008). En la mayora de las organizaciones del
sector, y sobre todo en Los Carreros y La Esperanza, puede verse la eminencia
econmica, de una economa social y popular, de solidaridad y trabajo: La racionalidad de
la economa de solidaridad y trabajo es aquella que se funda sobre el factor fuerza de
trabajo y sobre el factor comunidad (Razeto, 1997).
Los mencionados actores de la economa popular se sostienen por el trabajo
realizado como actividad econmica y funcionan sobre el principio de reciprocidad, en
donde las relaciones econmicas operan a travs de los canales habilitados por los lazos
sociales preexistentes e indisociables a las relaciones humanas (Nosetto, 2005). En el caso
de La Esperanza, si bien se busca mejorar las condiciones laborales de sus miembros, la
organizacin nace con un especial inters por defender su actividad econmica ante el
Estado y su identidad ante la sociedad en general. Esta cooperativa, que cuenta con 700
socios carreros de 25 barrios de la ciudad, se enfoca en dar representatividad y legitimidad
a este sector: nosotros apostamos a generar puestos de trabajo y a combatir la persecucin
que desde el Estado se hace contra los carreros, dice su presidente Carlos Andrada
(Pacheco, 2013). Esto devela, en parte, las consecuencias de que a pesar de las
declaraciones de inclusin social del gobierno local, la legislacin vigente prohbe la
actividad, lo cual refuerza la criminalizacin de la actividad en la sociedad cordobesa.
Al hablar de gestin informal de los RSU en Crdoba capital resulta insoslayable tratar
el tema de los carros y los caballos, ya que este la mayora de los recuperadores urbanos
son carreros (o al menos los socialmente ms visibles). La actividad del reciclado y
recuperacin tiene su pico, a nivel nacional y local, durante la crisis de 2001. En ese
momento, la gestin municipal de Germn Kammerath (1999-2003) decide, mediante el
decreto 111/02, redoblar la prohibicin de la traccin a sangre que ya haca la Ordenanza
N8643 (sancionada durante el gobierno de la dictadura), poniendo especial atencin en la
zona cntrica de la ciudad. La determinacin de que los recuperadores dejen sus carros y
caballos en los mrgenes del ro Suqua entre los puentes Sarmiento y Alvear, e ingresen
al centro a recolectar con carros manuales, agudiza los reclamos y conflictos con la
municipalidad. Varios carreros son detenidos durante las protestas, lo que deriva en la
necesidad de mayor organizacin entre los carreros (Vergara & Giannone, 2009).
10 Mocar Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y Recicladores
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En el ao 2004, durante la intendencia de Luis Juez (2003-2007), se deroga la
ordenanza mencionada y se reemplaza por la N9981/04, conservando la prohibicin de los
vehculos con traccin a sangre. En esos momentos, el Comando de Accin Preventiva de
la Provincia de Crdoba (CAP) era quien detena a los carreros cuando circulaban por la
ciudad. Por el otro lado, la gestin de Juez hace algunos intentos de regular la actividad de
los carreros y la disposicin final de los residuos gestionados por la empresa Cliba sin llegar
a definiciones concretas. Posteriormente, durante el gobierno de Daniel Giacomino (2007-
2011) algunas cooperativas, como Los Carreros pudieron trabajar algo ms organizadas
a partir de la creacin de CReSE. En parte, este mejor dilogo entre el municipio y los
carreros puede deberse a un cambio de intereses. Antes, cada kilo de residuos que los
carreros recuperaban era un kilo menos que gestionaba Cliba y, por lo tanto, la empresa
del Grupo Roggio cobraba menos por su concesin (Fernndez, 2012). En la investigacin
de Schamber, se plantea el hecho de que probablemente, al estar las empresas de
recoleccin bajo control de grandes grupos polticos y econmicos, esa sea la causa por la
cual todava no se han implementado polticas que reduzcan la cantidad de residuos
producidos (Schamber, 2008, p. 90).
Cuando se inicia la actual gestin de Ramn J. Mestre se corta con la voluntad
poltica que permita la traccin a sangre y el acopio que hacan algunas cooperativas con
objeto de reciclar materiales (Fernndez, 2012). El escenario se complejiza an ms
cuando, a principios de 2012, nace la Fundacin Sin Estribo (FSE), con un inters que
afecta directamente a los carreros. La fundacin expresa: trabajamos por y para todos los
animales que lo necesiten, pero principalmente nos motiva el enorme sufrimiento de los
caballos que da a da sufren traccionando carros (FSE, 2013). El accionar de FSE consiste
en denunciar casos de maltrato animal ante la polica para secuestrar los caballos
(apelando a la Ley Sarmiento11) y, en caso de sentencia del juez competente, constituirse
en guarda judicial de los equinos en cuestin. En este corto tiempo, Andrea Heredia de
Olazabal12, presidente de FSE, se ha constituido en querellante en aproximadamente 50
causa por crueldad contra animales. Esta fundacin ha logrado que por primera vez se
eleve a juicio una causa por aplicacin de la Ley Sarmiento (Duran, 2013), evidenciando
los recursos legales-jurdicos que posee la organizacin.
No obstante, la FSE no slo se enfoca en restringir la traccin a sangre en la ciudad
sino tambin en criminalizar a los carreros y calificar su actividad econmica como indigna.
Valindose de la legislacin vigente, desde la fundacin se estigmatiza el trabajo de los
carreros, atribuyndole la causalidad de diversas problemticas: el trabajo infantil, los
basurales a cielo abierto, el robo de animales, la faena clandestina; todos esos delitos estn
detrs de la traccin a sangre. Eso es lo que Sin Estribos ha instalado en la sociedad
(Heredia de Olazabal, 2012). Acusaciones pblicas como sta generaron que en repetidas
ocasiones las cooperativas de carreros, apoyadas por otras organizaciones, como as
tambin por el MOCAR, salgan a las calles a manifestarse, destacando que nadie, ni el
Estado, ni las organizaciones animalistas, se ha acercado a ellos con una propuesta de
reemplazo de la traccin a sangre, mientras tienen que soportar el secuestro masivo de
11 La Ley Nacional 14.346 (llamada Ley Sarmiento), de 1954, legisla sobre la proteccin de animales contra actos de crueldad, mencionando cuales podrn ser considerados actos de maltrato. 12 Andrea Heredia de Olazabal es abogada y titular de la ctedra de Derechos y Proteccin Animal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Crdoba.
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caballos, que en su gran mayora son devueltos por no encontrar pruebas para retener los
animales (Andrada, 2013). Histricamente, existieron varios argumentos para considerar al
cirujeo como una enfermedad o como un trabajo indigno. Pablo Schamber identifica
razones humanitarias, por los riesgos a sufrir accidentes o contraer infecciones; razones de
convivencia, por el entorpecimiento del trnsito que generan los carros y el desparramo de
basura en las veredas; y razones econmicas, por la disminucin de la carga de las
empresas de recoleccin que cobran por el peso de material que recoleccionan (Schamber,
2008, p. 267).
El municipio reconoce a los recuperadores urbanos como actores que desarrollan sus
actividades en la va pblica, en los BCA y en los centros verdes, considerando que su
accionar se concentra en el rea cntrica y en los predios en donde se manipulan los RSU,
es decir, en los BCA. Ante esto, se propone como alternativa no perseguirlos13 sino sumar
a aquellos que estn organizados en cooperativas dentro de la Fraccin Seca del SPHU.
La fraccin seca de residuos (RSU-FS) est compuesta por papel y cartn, plstico, vidrio,
metal y trapo, lo cual representa al menos un 32% del total de los RSU generados en la
ciudad. En funcin de esto, se incorpor el Principio de Inclusin Social dentro de los
Principios Rectores del SPHU estableciendo: la incorporacin formal, gradual y sectorial
de los recuperadores urbanos en las tareas de separacin de residuos y recoleccin
diferenciada de los RSU-FS (MC, 2012). De aqu puede interpretarse que el municipio
intentara pasar de la economa popular o de solidaridad, vinculada a la gestin informal de
los RSU, a una economa caritativa o de beneficencia (Razeto, 1997), en donde la
solidaridad viene de afuera para subsanar la exclusin de los recuperadores urbanos,
incluyndolos en su planificacin como si estuviesen donando algunos espacios dentro de
la cadena de los RSU.
Desde los espacios de resistencia organizada tambin han surgido propuestas
concretas de trabajo articulado entre el municipio, las cooperativas de carreros y la sociedad
civil, con miras a alcanzar el enterramiento cero de residuos inorgnicos, la creacin de una
Planta de Reciclado por cada CPC14, la eliminacin de todos los BCA, la reduccin plena
de la traccin a sangre en la ciudad y la creacin de 2.000 puestos de trabajo para carreros
corporativizados (AI, 2012). Es importante tener presente que no basta con dar libertad a
los actores de la economa popular cuando, tanto a nivel local como nacional, estamos en
lo que Garca Delgado denomina una sociedad a dos velocidades. Desde 2006, los
ingresos de los trabajadores formales crecieron mucho ms frente a los trabajadores
informales que quedaron rezagados, para quienes muchas veces tener empleo no significa
salir de la pobreza (Garca Delgado & Nosetto, 2006). Por eso, el retorno actual de las
polticas para el desarrollo, en contraste con lo ocurrido durante los 90, tienen una
centralidad en la tica, replanteando la cuestin de la equidad, la justicia y la distribucin
del ingreso en forma explcita (Kliksberg, 2005).
Al presente, la Municipalidad de Crdoba slo ha propuesto una gradual insercin de
recuperadores en los centros verdes y otorgar el mantenimiento de algunos BCA a las
cooperativas. Mientras tanto, se comunica que desde el municipio se combate los basurales
13 En el documento Contenidos crticos propuestos para la confeccin del pliego figuran dos alternativas respecto a los recuperadores urbanos: Se suman al SPHU, o SE PERSIGUEN (descartando con el tachado esta segunda opcin). 14 Actualmente hay 10 Centros de Participacin Comunal (CPC) distribuidos en la ciudad de Crdoba.
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ilegales (La Voz, 2014) pero desde 2011 el SPHU no incluye el servicio de recoleccin de
restos verdes, escombros y voluminosos, materiales que abundan en los BCA (Ripoll,
2012). La sociedad cordobesa en general opta por la va informal de ofrecer una changa al
carrero para llevarse los materiales indeseados a otro lado, o lo hacen en sus propios
vehculos, con destino al predio baldo ms cercano o que ya cumple esta funcin hace
aos. En tanto, el municipio gasta mensualmente millones de pesos para la limpieza de los
principales BCA (La Voz, 2014), responsabilizndose (desde el Estado, los medios masivos
de comunicacin y amplios sectores de la sociedad civil) a los carreros por ser los
generadores de estos basurales ilegales. Cinthia Shammah (Shammah, 2009) estudia
cmo los BCA afectan a las poblaciones que los rodean y a quienes interactan con ellos y
toma una tipificacin de ellos realizada por Surez (Surez, 2001), resultando tres tipos de
BCA: 1) los campos extensos de la periferia, los cuales, al avanzar la mancha urbana, se
incorporan a la dinmica de la ciudad como receptores de residuos. 2) los basurales
asociados a barrios marginales, formados a partir de una poblacin de escasos recursos
econmicos que vive con y de los residuos, utilizando estos espacios como depsitos. 3)
los basurales que se extienden a lo largo de algunos intersticios urbanos, como arroyos,
bordes de vas del ferrocarril, etc., generados por descargas puntuales vinculados a la falta
de control social (Shammah, 2009, p. 64). Estas dinmicas territoriales estn presentes
tanto en el conurbano bonaerense como en el cordobs.
A pesar de que el cirujeo es una actividad rentable y con grandes beneficios para el
medioambiente urbano desde el Estado, y otros sectores, se lo ve como un trabajo indigno.
Si bien los pobres son los que menos residuos producen, son los que ms intervienen en
la cadena de recuperacin y los que menos se benefician econmicamente de ella
(Schamber, 2008, p. 106). Los cirujas son tomadores de precio en un circuito de
recuperacin que involucra a intermediarios, acopiadores y empresas recicladoras que
toman lo recuperado como materia prima. Quizs sea la vigencia de entender al trabajo de
los carreros, cirujas y cartoneros como algo vinculado a los vagabundos, mendigos y
linyeras lo que haga que se quiera convertir este oficio en operarios clasificadores dentro
de los centros verdes, sin considerar el cambio que eso implica para los actores
involucrados y sin atender al conflicto que subyace al cerrar un basural. Son muchas las
organizaciones ambientalistas que entienden que los organismos internacionales (como el
Banco Mundial), vinculndose con los gobiernos nacionales, destinan ms recursos para
realizar rellenos sanitarios que para generar polticas integrales para la gestin de residuos
(Schamber, 2008, p. 84). Por lo expuesto en este bloque, se observa que esta lgica est
actualmente vigente en la ciudad de Crdoba.
b. Del problema pblico al negocio privado: Valorizacin de los RSU
El grueso de los residuos se produce en el mbito privado (domicilios particulares,
comercios, industrias) y son colocados en cestos, contenedores y volquetes, pasando a ser
su gestin un asunto pblico cuya gestin es competencia del municipio. Segn las etapas
de la gestin integral de residuos domiciliarios (SAyDS, 2005), una vez que se dio la
generacin en el mbito privado, los residuos pasan a ser pblicos en su etapa de
disposicin inicial. A partir de all, el gobierno local debe realizar las cinco etapas restantes
que exige la legislacin nacional, efectuando la recoleccin, transferencia, transporte,
tratamiento y disposicin final de los RSU. Actualmente, en la ciudad de Crdoba, las etapas
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19 Ignacio Pelln
de recoleccin, transferencia y transporte se encuentran concesionadas a dos empresas
de capital privado, en el marco de la licitacin del Servicio Pblico de Higiene Urbana
(SPHU). Hasta mayo de 2014, las etapas de tratamiento y disposicin final estaban a cargo
de la empresa municipal CReSE. A partir de all, Comercor S.A. toma la responsabilidad
sobre el enterramiento y CReSE se ve reducida a atender los centros de separacin de
residuos (centros verdes) (La Voz, 2014).
Daniel Cravacuore realiza un actualizado anlisis sobre el nuevo modelo de gestin
municipal que emerge en la Argentina contempornea que le exige al gobierno local ser
mucho ms que slo un buen administrador. Entre los nuevos temas de la agenda municipal
se encuentra el cuidado del medioambiente y la promocin econmica, como as tambin
otras competencias emergentes, como la asistencia a la micro, pequea y mediana
empresa, la preservacin del patrimonio cultural y natural y otras demandas internas
(Cravacuore, 2013). Ante estos nuevos temas que emergen a nivel general, la actual
gestin municipal responde con caractersticas muy similares a las que Daniel Garca
Delgado (Garca Delgado, 2011) describe dentro del modelo neoliberal de polticas sociales,
apuntadas a programas especficos y puntales para los grupos y sectores vulnerables
focalizados. Este modelo de enlatado puede verse incluso dentro de la estrategia local de
gestin de residuos.
Dentro del Componente Social de la gestin de RSU, la Municipalidad de Crdoba
expresa que los centros verdes son insuficientes y que hay una escasa insercin formal de
los recuperadores urbanos, quienes con su actividad generan los BCA y cuentan con una
inadecuada movilidad al utilizar la traccin a sangre para sus carros (MC, 2012). Para
impulsar el reemplazo de la traccin a sangre por vehculos mecnicos el municipio estara
gestionando un programa de fondos del Banco Mundial. Por otro lado, tambin se estara
evaluando la posibilidad de ampliar la cantidad de centros verdes, involucrando a ms
cooperativas de carreros. A fines de 2012, habran sido 87 personas quienes trabajaban en
dichos espacios (Ripoll, 2012). De aqu surgen dos cuestiones a tener en cuenta: por un
lado, el municipio responsabiliza directamente a los carreros como los responsables de los
BCA, obviando a los actores de la economa privada y a los dems particulares que frente
a tener que pagar un servicio demasiado caro y complejo para retirar el electrodomstico
que ya no utiliza o los restos de poda o escombros, recurren al servicio de los carreros. Por
otro lado, muchos gobiernos y organismos internacionales de crdito promueven, como
solucin al problema de la recoleccin informal, la reconversin laboral de los cirujas,
carreros y cartoneros como operarios de futuras plantas de clasificacin y reciclaje de
residuos que se construirn en el marco de polticas que buscan evitar el enterramiento
indiscriminado de estos. Dejando de lado las cuestiones socioculturales de tal reconversin,
Schamber explica que esta alternativa slo podra ser una solucin de reinsercin colectiva
en ciudades muy pequeas. En las grandes ciudades, donde los recolectores informales
superan las centenas, sera insostenible presupuestariamente, ya que la optimizacin de la
gestin de las plantas sera contraria a la demanda masiva de mano de obra (Schamber,
2008, p. 271)
Segn la Secretara de Ambiente municipal, en 2012 se alcanz las 2.422tn de
residuos recuperados en los centros verdes15, por un valor de venta de 1,93 millones de
15 Ntese que la cantidad es muy baja si se considera que la Municipalidad de Crdoba declara que la recoleccin diferenciada cubre el 29% de la ciudad.
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pesos. Esto representa un promedio mensual 202tn de material recuperado, de los cuales
67,52tn se gestionan en los centros verdes (59,84tn en Tillard y 7,69tn en Bilardinelli) y los
dos tercios restantes (134,3tn) se recuperan en el microcentro. Si bien estos nmeros
muestran un crecimiento interanual del 18% en los materiales recuperados, la cifra es
insignificante si consideramos que el 32% de los RSU son materiales secos directamente
recuperables. Por la va formal, el municipio est recuperando apenas el 1% de las 20.000tn
de residuos que podran reciclarse tan solo aplicando un correcto proceso de separacin
(La Voz, 2013). Por otro lado, el mismo ao, se registraron 70.000tn de RSU provenientes
de BCA que fueron higienizados por el municipio16. Esta gestin no est incluida dentro
de la licitacin del SPHU, siendo CReSE quien realiza estas tareas en los ms de 90 predios
que funcionan como BCA, lo cual implica gastos adicionales para la administracin
municipal. Respecto a la generacin de RSU, las principales fuentes son: Recoleccin 58%,
Limpieza de BCA 16% y Terceros contenerizados 13%.
Actualmente, el servicio de recoleccin diferenciada se dirige hacia el material
Inorgnico Reciclable (tales como papeles, plsticos, vidrios y metales) depositados en
contenedores especficos o dispuestos en la va pblica para su recoleccin selectiva. Lo
recolectado en estas reas se destina a los dos centros verdes municipales CV Tillard y
CV Belardinelli para recuperar los residuos dentro de un programa de inclusin social en
el que participan ocho asociaciones de carreros17, involucrando a unas 290 personas con
diferentes roles en los barrios y centros verdes. Adems, se expresa la intencin de que,
de manera gradual y sectorialmente, sean los recuperadores urbanos los prestadores del
servicio de recogida selectiva (SA-Cba., 2012). Cabe aclarar que comnmente los carreros,
cirujas y cartoneros no reciclan, sino que recolectan, recolectan materiales reciclables y
realizan una gruesa clasificacin que luego profundizan los depsitos a los que venden
(Schamber, 2008). Por tanto, es importante tener en cuenta que la incorporacin de los
trabajadores informales a los centros verdes implica una fuerte reconversin de la actividad
que realizan actualmente.
El gobierno local propone, dentro de su estrategia para el SPHU, la contenerizacin
de la Fraccin Hmeda (RSU-FH), presentando datos de que el 70% de las capitales
europeas cuentan con sistemas contenerizados y que las grandes ciudades
latinoamericanas tambin avanzan o intentan avanzar por esa va (MC, 2012).
Complementariamente, se generara la insercin de los recuperadores urbanos en la
Fraccin Seca (RSU-FS) y la valorizacin de los restos de obras y demoliciones,
voluminosos, restos verdes y residuos de aparatos elctricos y electrnicos (MC, 2012).
Acompaando estas propuestas, el municipio exhibe modelos de contenerizacin
automtizada, sofisticados sistemas de recogida neumtica de residuos, modernas
mquinas lavadoras de contenedores, barredoras y lavadoras de veredas y aceras.
Mientras que para la fraccin seca se presentan sofisticadas plantas de clasificacin y
puntos verdes para que las personas lleven sus residuos reciclables18. Una estrategia con
estas caractersticas no solamente es contradictoria al objetivo planteado de inclusin social
16 La higienizacin a la que se refieren consiste en enviar una pala mecnica y cargar todos los materiales que estn dispuestos sobre la superficie sobre camiones con destino al relleno sanitario. 17 Coop. de Trabajo Reciclado e Inclusin, Coop. de Trabajo Asociads del Sur, Coop. Cartoneros Organizados, Inaudi, Fundacin El Faro, Fundacin La Esperanza (COR-COR), Mov. de Carreros Unidos, La Carbonada. 18 Ver el Documento Estrategias para la gestin del Servicio Pblico de Higiene Urbana en la Ciudad de Crdoba, disponible en: http://goo.gl/unOeWl
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de la gran cantidad de recuperadores informales que realizan esta actividad a diario (por no
ser intensivos en el uso de mano de obra) sino que tampoco podra presentarse como
sustentable en trminos ambientales, ya que la slo se recuperara la fraccin seca
mientras que los restos orgnicos contenerizados (el 45% de los RSU) seguiran teniendo
como destino el relleno sanitario. Segn especialistas, la disposicin de RSU en estos
enterramientos implica que, para que ocurra la degradacin, se necesita que transcurran
de 200 a 300 aos para residuos orgnicos y unos 1.000 aos para los residuos inorgnicos
(Shammah, 2009). De este modo, el actual modelo de una ciudad Crdoba ms sustentable
se nutre de la teora del desarrollo sustentable, difundida por algunos organismos
internacionales, en los que las relaciones de produccin capitalista no son discutidas
(Foladori & Tommasino, 2005).
Al negocio de la concesin de servicios de recoleccin, barrido y limpieza de los
basurales hay que sumarle una de las ramas industriales con mayor pujanza a nivel
mundial, la Industria Ambiental. El llamado negocio verde mueve cifras millonarias,
involucrando a corporaciones que invierten en tecnologas de control ambiental en un
mercado con grandes perspectivas de crecimiento (Foladori & Pierri, 2005). En el ao 2010,
el gobierno municipal liderado por Giacomino estuvo a punto de hacer un contrato millonario
con la empresa Innviron, un holding transnacional con sede en Florida, que deriv en un
escndalo meditico por todas las irregularidades en un proyecto que nunca lleg a
concretarse (La Voz, 2009). Podra pensarse que todava se mantiene presente dicho
antecedente, por lo cual actualmente todava no se plantean cuestiones de ingeniera
ambiental fuera del mbito acadmico de las universidades locales (UNC - UTN) (RCNC,
2013). Sin embargo, es importante mantener presente que esta industria est en pleno
desarrollo y la discusin sobre la crisis ambiental no puede restringirse a su nivel tcnico,
sino que debe incluir sus bases sociales, polticas y econmicas (Foladori & Pierri, 2005).
El proceso de licitacin para el servicio pblico de higiene urbana (SPHU) realizado
en 2012 cont con cuatro oferentes: Industrias Metalrgicas PESCARMONA S.A., IMPSA
Ingeniera Ambiental, Logstica Urbana S.A. (LUSA) y Compaa de Tratamientos
Ecolgicos S.A. (COTRECO) (RCNC, 2013). Finalmente, la cesin del servicio qued para
las empresas LUSA (del empresario correntino Juan Carlos Romero, vinculado al
intendente Ramn J. Mestre) con un canon de $14.183.095 para el 2012 y $15.581.070 en
2013 y COTRECO por $23.016.900 en el 2012 y $25.016.900 para 2013 (de Horacio Busso,
presidente de la Cmara de Comercio de Crdoba y vinculado al gobernador Jos M. De la
Sota) (Llorens, 2012). La decisin poltica de privatizar el SPHU que estaba en manos de
CReSE se sustent en los futuros ahorros que ello generara para el municipio, sin
embargo, al ao 2014 este contrato implica $70 millones mensuales. Segn la ejecucin
presupuestaria de 2013, las erogaciones municipales del rubro Servicios fueron de $1.281,7
millones de pesos, de los cuales el 60% corresponde a LUSA y COTRECO. De acuerdo al
presupuesto 2014, el rubro Servicios aumentara a $1.671,3 millones de pesos (CyJ, 2014).
Foladori y Tommasino identifican a la insustentabilidad en las races de las relaciones
sociales capitalistas, planteando una constante dinmica sobreproduccin y escases en las
ramas econmicas ms y menos rentables. La bsqueda de una mayor ganancia es una
ley intrnseca del sistema capitalista de produccin (Foladori & Tommasino, 2005), en la
medida que haya ramas econmicas que, temporalmente, generen mayores beneficios que
otras, el capital concentrado migrar hacia ellas. O sea, para que LUSA, COTRECO y otros
grandes grupos econmicos estn interesados en el SPHU tienen que haber una ganancia
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22 Ignacio Pelln
extraordinaria que incentive su incursin en la actividad, particularmente en la ciudad de
Crdoba.
A la consideracin de que los residuos colocados en la va pblica son, justamente,
residuos pblicos y que el negocio de la recoleccin, transporte y transferencia est
privatizado, habra que agregarle algunos otros rasgos que surgen de esta relacin entre
lo pblico y lo privado. La separacin en origen, la contenerizacin de los residuos por
fracciones, las licitaciones millonarias del SPHU y la responsabilidad estatal (ayer de
CReSE hoy de Cormecor) frente a la limpieza de los BCA, el tratamiento y la disposicin
final, benefician ampliamente al capital privado. Tomando el aporte de Harvey (Harvey,
2002), podemos ver que hay una valorizacin del capital privado a costa del capital pblico,
ya que la infraestructura y dems externalidades producidas por el capital pblico de todos
los cordobeses beneficia la reproduccin privada del capital de un par de grupos
econmicos. Vale citar una pregunta que se genera en el estudio del turismo y el desarrollo
local: Es justa la sobreapropiacin privada en base al usufructo de un recurso producido
socialmente? (Schweitzer, 2013).
Desde el gobierno local se sostiene que en 40 de los 90 BCA existentes se realizan
trabajos de limpieza al menos una vez al mes, mientras que para los restantes se toman
perodos ms largos (La Voz, 2014). Esto genera muchas veces que en los basurales
ocurran quemas para reducir el volumen de los materiales y liberar espacio en el predio,
porque si el carrero no tiene donde hacer la descarga se pierde el sentido de su servicio de
recoleccin por el que se lo llama. Estas quemas afectan al medioambiente, en general, y
a los sectores ms vulnerables de nuestra sociedad, en particular. Segn el relevamiento
de asentamientos informales de TECHO (Techo, 2013, pp. 89-95), en 2013, la ciudad de
Crdoba contaba con 134 asentamientos informales habitados por unas 21.300 familias. La
cuarta parte de estos asentamientos no cuenta con ningn servicio de recoleccin de
residuos, teniendo muchos otros el servicio solo en las calles principales, puntos
estratgicos o de manera informal. A su vez, casi el 50% de los asentamientos estaran
ubicados a menos de 10 metros de basurales a cielo abierto. Solo una parte menor de los
BCA se generan por el proceso de extensin de la marcha urbana, mientras que la mayora
se corresponden a procesos de tugurizacin, fragmentacin social y degradacin urbana
(Surez, 2001, p. 45) Si el gobierno local no considera a los BCA como un territorio
estructurado-estructurante, seguir sin hallar soluciones al respecto, gastando millones de
pesos mensualmente y estigmatizando a los sectores populares que viven con o de los
residuos.
Puede notarse que hay una marcada voluntad poltica hacia la valorizacin de los
RSU, lo cual derriba la creencia de que cuando hablamos de la GIRSU estamos hablando
solo de basura. Estamos hablando de un servicio pblico de higiene urbana licitado por
montos superiores a los 70 millones de pesos mensuales y de ms de 1,2 millones pesos
para la limpieza de BCA. Los beneficios econmicos que generan los residuos se
concentran en pocas manos y no responden al problema de los cirujas, qu