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La variedad de concepciones que existan sobre la ciudadana hizo que su aplicacin fuese irregular y terminase dependiendo de los notables locales,

. quienes podan manipular los registros cvicos donde se inscriban los ciu-dadanos, conforme a sus intereses. Las consecuencias de esta prctica no

^kse limitan a errores de carcter tcnico por parte de ios empadronadores, ^bo que la ambigedad respecto a quines eran los ciudadanos y quines conformaban la nacin, llev a serias dificultades en los intentos de incor-poraba diversos sectores sociales a lo largo de nuestra historia republicana (2003^9).

Repblica i^kompleta? Repblica sin ciudadanos? En realidad, s. Acierta Ragas cakndo sostiene que la ambigedad con la que era interpre-tada la ciudadand^rmita que los llamados sectores subalternos fueran partcipes de las tornj^e decisiones en la vida nacional en elecciones, apoyos a caudillos, md^ies, etctera. Sin embargo, no remarcao lo hace recin sobre el finaWel argumento un hecho fundamental: eran los poderosos aquellos quellm ltima instancia, se proclamaban ciuda-danos; ms todava, eran ello^quienes determinaban para sus propios fines quin de entre todos los iMmados subalternos poda empaparse, aunque fuera por un momento y p^a fines mediticos, de la ciudadana. De nuevo, se cay en esa terrible paWdoja de la modernizacin tradicio-nalista. Asimismo, los etnohistoriadom, anquilosados en el estudio de los siglos XVI y XVII , no han delineado aimlos parmetros de la relacin entre el concepto de ciudadano y la granmiasa indgena. A priori, se puede decir que fue un concepto ajeno param^gran mayora nacional. Los indgenas del siglo xix eran campesinos iI|^dos y dependientes, marginados del ptoyecto nacional. Si una repbli3bhubiese de definirse como ciudadana solo por el nmero de quienes ostenk|n tal condicin, pues en el Per del xix solo una minora podra presoMr su carta de ciudadana. Los dems tendran que seguir viviendo h e c h o lo hicieron como subditos sin rey.

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La ficcin democrtica: Per, siglo xx

Como Eric Hobsbaw^n, quien en 1996 catalog al siglo xx como el ms violento de la historia universal, con las salvedades del caso, bien podra decirse que el siglo xx peruano no solo fue el ms violento de la historia desde el siglo xviii, sino tambin el ms autoritario. El ms violento, porque las muertes que el fracaso democrtico gener podran superar las cien mil personas calclense los muertos producto de la explotacin cauchera en la selva, de los conflictos sociales y polticos de la dcada de 1930, de la dictadura de la dcada de 1950 y de la violencia terrorista de las dcadas de 1980 y 1990; el ms autoritario, porque los pocos proyectos democrticos que se consolidaron en la centuria se estrellaron contra una realidad que an no haba superado su herencia colonial.^^

El siglo XIX se asumi como la poca de la anarqua y el desorden, no menos que de la guerra fraticida o internacional, y de ah que se enten-diese que la llamada utopa republicana no alcanzara su concrecin. No ocurri lo mismo con el Per del siglo xx, que fue testigo de procesos trascendentes en el mundo que le hicieron ver la gran diferencia entre el totalitarismo y la democracia: dos guerras mundiales, fascismos, nacionalismos, una revolucin comunista, una prolongada Guerra Fra, la vanguardia, la filosofa de la postguerra, el nuevo criticismo, el reforzamiento de las izquierdas; empero, ninguno de esos procesos que en otras latitudes produjeron cambios inmediatos surtieron efecto en el Per. Pareciera como si esta parte del mundo estuviera al margen, en la frontera del escenario internacional.

22 Se calcula que la gran rebelin de Tpac Amaru produjo una cantidad de muertos cercana a las cien mil personas. Sin embargo, debe considerarse que dicha cifra se aplica a buena parte del continente sudamericano y que un gran porcentaje de las muertes se debi al escaso desarrollo de la medicina blica. Era comn que un herido en combate muriera a los pocos das a causa de infecciones o heridas mal curadas.

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Al siglo XX peruano tambin se lo puede denominar el tiempo de los populismos. El populismo es tal vez una de las formas ms nocivas de autoritarismo, pues como estrategia poltica busca eliminar los interme-diarios entre el que gobierna y el pueblo. Al obviarse a los representantes de ese pueblo, el gobernante puede hacer uso de polticas patrimoniales y paternalistas en aras de ganar el apoyo popular y una legitimacin que, muy probablemente, est al margen de los cnones instituciona-les. Recientemente, el histotiador mexicano Enrique Krauze, en un sesudo artculo (2005), defini una especie de declogo del populismo en Amrica Latina en el que muchos de los preceptos ah sustentados se pueden ttasladar al Per sin problemas. El populismo siguiendo a Krauze tiene como cara visible a un lder carismtico que, para el caso peruano, es el legatario del caudillo decimonnico, aquel que uti-liza la demagogia para ganarse el apoyo del pueblo al tiempo que pata volverse su intrprete. De la misma manera, el gobernante populista no tiene reparos en gastar los fondos pblicos en aras de sostener su Estado patrimonial-clientelar. Al ser dueo del Estado, puede azuzar el odio entre las clases o las facciones sociales, y as dividir para reinar. Pero tal vez lo ms nocivo del populismo es su desprecio por el orden legal, el cual socava a la democracia liberal. Regmenes populistas en el Pet que han cumplido con algunos estos requisitos si no con todos fueion los de Benavides, Odra, Velasco, Alan Garca en diversos puntos, vale decir y Fujimori.

Al trazar la historia del autoritarismo durante el siglo xx, sera muy fcil enfocarse solo en las dictaduras que sometieton este pas a su frreo poden Evidentemente, una dictadura es el autoritarismo llevado a su mxima expresin. Ah estn los gobiernos militares de Snchez Cerro, de Benavides y de Odra para dar prueba de ello. Fueron gobiernos aplastantes, en los que se persigui a opositores y se tortur y mat gente en aras de salvaguardar lo que en aquel entonces se entenda como el orden social. De nuevo, como en el siglo xix, las palabtas de Lorenzo

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de Vidaurre seguan vigentes: por el orden, a veces es preciso que callen las leyes.Y lo ms paradjico de esta situacin es que esos gobiernos fiieron sostenidos pot una civilidad conservadora y recelosa de que se produjeran cambios sociales que pudieran perjudicar, de una u otra manera, su preeminencia social. Aquellos militares fueron conocidos como los cancerberos de la oligarqua, grupo que siempre apost por mantener el statu quo o por buscar el desarrollo de una manera tan tibia que solo pareca beneficiarlos a ellos.

Claro: el orden, no menos que el progreso material del pas, se alcanz por la fuerza. Una vez ms, la nocin aplicada a la decimonnica centuria cobraba vigencia. El progreso era solo aparente; la modernidad discurra por el cauce de la tradicin ms arcaica. Muchos peruanos an admiran las obras pblicas de Manuel A. Odra. Y es que s, fueron muchas y muy memorables, pero acaso alguien salvo algn aventurado historiador o cronista recuerda que, durante ocho aos, los opositores del rgimen fueron perseguidos, exiliados, encarcelados y hasta asesinados?, que la corrupcin campe de una forma no menos que descarada? Pues no. Y ni qu decir de Oscar R. Benavides. Gobern dos veces el pas, fue mariscal y hroe de guerra, y su gobierno fue catalogado de prspero por el progreso matetial que alcanz. Al margen de ello, igual fue una dictadura que anul el triunfo de Luis Antonio Eguiguren en las elecciones de 1936, solo porque con l los apristas iban a llegar indirectamente al poder.

Otros, ms apegados a los entramados jurdicos, dirn que aquellos militates, despus de perpetrar sus golpes de Estado, se vieron legitima-dos mediante elecciones. Es verdad: eso ocurri con Snchez Cerro y Odra, pero de todos modos sus orgenes en el poder fueron muy poco legales. El primero gan las elecciones de 1931 por cargar la aureola del hombre fuerte, nico valiente que se atrevi a desalojar de Palacio de

En los siguientes pargrafos se analizar con ms detalle el contenido de esta frase.

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Gobierno al dictador Legua. Gan legtimamente, pero luego sus ac-ciones autoritarias lo deslegitimaron a medida que el espiral de violencia que puso al pas al borde de una guerra civil aumentaba da a da. El segundo tambin pas pot los trances de las urnas, solo que la tuvo ms fcil: mand exiliar a su nico opositor, el general Montagne, y as qued l como nico candidato. Fueion presidentes constitucionales, pero bebieton del autoritarismo primero y de la dictadura despus.

La otra dictadura militar del siglo fue bastante peculiar. Se trata del Go-bierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que gobern el pas entre 1968 y 1980 en una rara mezcla de socialismo izquierdista con capitalismo. Y lo de revolucionario no le queda chico: aquella dictaduta demoli las bases del Estado oligtquico peruano predominante desde 1895. Tal es un hecho fctico. Los militares que hasta 1962 haban sido los celadores de los intereses de la derecha ahora defendan la revolucin social. Todava no se ha aquilatado en su real dimensin el impacto que tuvo el ascenso al poder de esta cpula militar politizada. Y es que en aquel entonces todos esperaban tres posibilidades: la primera, que el APRA, asumiendo eventualmente el poder, llevara a cabo las reformas esttucturales que el pas necesitaba. Dicha posibilidad se anul a partir de 1956, cuando el partido de Haya de la Torre pact con la derecha peruana, en una jugada poltica ante la que an no se ha encontrado explicaciones satisfactorias. El lder del APRA, en las postrimeras de su vida, lleg a decir que tal pacto se hizo por imperiosa necesidad para que el partido pudiera seguir funcionando dentro de la legalidad, solo que y he ah la confesin se sobrevalor el poder de la oligarqua peruana.

La segunda de dichas posibilidades era que una revolucin de izquierda triunfara en el pas y llevara a cabo un proyecto revolucionario peruano, ms o menos parecido al cubano. No obstante, la izquierda peruana nunca result ser una efectiva alternativa por lo poco cohesionada que era, lo mismo que por su poco convencimiento ideolgico. Hubo

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varias guerrillas, sobre todo durante la dcada de 1960, y muchas de ellas salan de una faccin del APRA que se haba declarado rebelde al pacto con los oligarcas, pero estas fueron aplastadas en su mayora. Y la tercera posibilidad ms ingenua, por cierto eta que, a travs del sistema democrtico, se implementara la urgente transformacin del pas. Eso implicaba una serie de cuestiones y actores, entre ellos, la existencia de polticos modernos que se dieran cuenta de que se viva en un pas feudaloide, as como que la oligarqua estuviera dispuesta a ceder al cambio y un plan visionario que contemplase dicho cambio de forma gradual. Ni los gobiernos de Jos Luis Bustamante y Rivero ni el primero de Fernando Belande dieron pie a tal transformacin. As, lo que debi haber hecho el APRA a travs de una revolucin en la dcada de 1930 lo tuvo que hacer la dictadura mihtar en 1968. De nuevo, el desfase histrico prevaleci en el devenir del Per.

Nadie puede negar que los cambios que el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas llev a cabo fueran necesarios. Era insostenible que la tierra productiva del Per estuviera en manos de algunas cuantas familias adineradas. El slogan fue la tierra para el que la trabaje. De un momento a otro, se llev a cabo la Reforma Agraria, casi sin resis-tencia por parte de los poderosos. El Estado inici desde el primer da una poltica nacionalista no debe olvidarse que el Ejrcito, en un acto simblico, tom el casi enclave estadounidense de Talara a los seis das del golpe que busc reivindicar a los peruanos que durante aos estuvieron realmente marginados. Se quiera o no, el Per de fines del siglo XX e inicios del nuevo milenio naci en aquellos das. Por primera vez, los rostros peruanos se encontraron los unos con los otros. El pas ya no era solamente aquel que representaban algunas vietas y fotos de revistas limeas en las que aparecan luaus hawaianos organizados por los ricos en el club Waikiki, o las andanzas del bon vivat de Mariano Prado, o las bodas suntuosas de las nias ms nice de la ciudad, o el de

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los muchachitos de cotbatita michi que iban al colegio Markham: el Per se mostr, tal vez ms que nunca, en todas sus complejidades.

Muchos intelectuales salidos de las canteras de la izquierda se plegaron inmediatamente a la dictadura militat otta paradoja peruana y fueron los idelogos del rgimen y hasta sus escribas. Y es que buena parte de esa intelligentsia crea que ah estaba en verdad la revolucin. O bien sus integtantes quisieron creer eso para no ver el hecho de que, revolucionario o no, el proceso cay en el autoritarismo ms clsico. Ahora, buena parte de aquella intelectualidad se ha aburguesado y, ol-vidando sus races ideolgicas, defiende a capa y espada la democracia liberal que antao denomin burguesa y decadente. Ojal hubieta sido, por lo menos, burguesa.

El gobierno militat emprendi una poltica estatista que lo llev a controlar los hidrocarburos, la pesca, la minera y la agricultura. Se sos-tuvo que el pas era de todos y no de unos cuantos. No obstante, esto pronto lleg a su lmite y la dictadura mostr su verdadero rostro. Se expropiaron los medios de comunicacin: la revista Oiga, que haba sido una denodada defensora del rgimen, cay en manos de los militares. No tardaron en hacerse presentes los exilios para los opositotes. Hacia 1975, la situacin rebals y Lima fue testigo de una revuelta que tuvo como pretexto una huelga de la polica. La cpula militar entendi el mensaje, removi a Velasco eufemismo para otro golpe de Estado y se inici la segunda fase de la revolucin, esta vez al mando de Francisco Morales Bermdez. Ms que una continuacin del proceso velasquista, no es exagerado decir que la segunda fase fue una contrarrevolucin, pues el gobierno desmont paulatinamente las bases socialistas del rgimen para alinearse con la derecha.

Esa nueva alineacin deba terminar de nuevo en democracia. Deba ser as tras doce aos de dictaduta militar con reformas estructurales que, as como cambiaron la faz del pas a nivel poltico y social, dejaron hondos

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abismos que no pudieron ser acortados y que permitieron el estaido de una violencia sin ptecedentes en el Per. Convocada una Asamblea Constituyente, esta promulg una nueva Constitucin que se mostraba moderna en varios aspectos. Tal vez el ms impottante fue este: tras ciento sesenta aos de vida republicana, se proclam que bastaba ser peruano(a) y mayor de 18 aos para ser ciudadano. Ya no era necesario ser hombre, saber leer y escribir y tener dinero. Ahora se entenda, pot fin, que todos los peruanos eran iguales.

Pero el desfiise histrico volvi a jugarle una mala pasada al pas. El mismo da en que los peruanos escogieron un presidente para su actualizada democracia. Sendero Luminoso inici su lucha armada. Lo hizo porque el gobierno militat no pudo conctetar sus fines revolucionarios: sus fallas dejaron resquicios a travs de los cuales entr la violencia. No fu cualquier tipo de violencia, pues ptetenda ser una revolucin comunista similar a la ocurrida en China durante la dcada de 1940, con el nefasto componente agregado de la revolucin cultural que el mismo Mao llev a cabo en su pas veinte aos despus. La nueva democracia se vio, pues, devorada por este fenmeno. Y es que o no supo cmo o no se atrevi a combatirlo. Para agravar el panorama, en 1984 el Movimiento Revolu-cionario Tpac Amaru (MRTA) inici su accionar terrorista. A diferencia de Sendero, el MRTA se auto proclamaba una guerrilla al estilo de la cubano-castrista. La endeble democracia era atacada desde dos frentes y este fue un reto que no pudo superar durante los siguientes diez aos. Por aquel entonces, nadie imagin que el nmero de muertos de esta guerra civil alcanzara la cifra de casi setenta mil muertos (CVR 2004).

Guerra, debacle econmica, enfermedades, desempleo, pobreza extrema, corrupcin: el cuadro parece extrado del Antiguo Testamento. Para 1990, se haba demostrado con creces que la democracia haba vuelto a fallar como proyecto y esto qued constatado en las elecciones presidenciales de aquel ao. Partidos polticos como el APRA, el FREDEMO que una

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a Accin Popular, el Partido Popular Cristiano y el Movimiento Libet-tad y la Izquierda Unida haban perdido la credibilidad de los electores. Se trat de la peor crisis de cultura poltica. As, los votantes en un grito desespetado que no fue aquilatado en su momento por la clase poltica escogieron a un desconocido absoluto: Alberto Fujimori.

Buena parte del Per se sinti identificado con l. Era nisei y, por lo tanto, objeto de la disctiminacin, el racismo o el prejuicio del que es vctima buena parte de la poblacin del pas. La identificacin fite inmediata. Pero tambin el candidato demostr que, a pesar de los obstculos que sus orgenes le haban ttado su familia hubo de soportar los asedios anti-nipones de Benavides y Prado, tambin era un hombre exitoso: haba logrado educatse bien, se haba titulado de ingeniero, haba seguido un postgrado en Blgica y alcanzado el rectotado de la Universidad Agraria. Tambin haba hecho fortuna y en ello tuvo mucho que vet el empeo de su esposa, Susana Higushi dedicndose a negocios inmobiliarios y de educacin preuniversitaria. Tena todo para pasar de candidato des-conocido a carismtico y de ah a ganador. Su partido improvisado, por cierto, y sin plan de gobietno reuni a otro grupo marginado de la vida nacional: los evanglicos. Su slogan era simple, pero tal vez uno dlos mas eficientes de toda la historia: honradez, tecnologa y trabajo. Esto era justo lo que la gente quera y as gan. Fue un riesgo; como se seal, un grito desesperado. En esencia, fue la ltima carra de la gente frente a polticos que haban fracasado una y otra vez.

No obstante, nadie imagin que el autoritarismo estaba a punto de mostrar su rostro una vez ms; de hecho, su getmen fue sembrado una semana despus de la eleccin presidencial de Alberto Fujimori. Desde haca un par de aos, el Ejrcito tena elaborado un plan que contemplaba la salvacin del pas, principalmente del terrorismo y de la crisis econmica. Como es sabido, estaba planeado un golpe de Estado pata los ltimos das del gobietno de Alan Gatca; sin embargo, se decidi

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aguardar los resultados electorales. Algunas versiones sostienen que la cpula militat absorbi inmediatamente a Fujimori para mostrarle el plan y la verdadera situacin del pas. El mensaje, al parecer, fue tcito: o Fujimori avalaba lo que el Ejtcito ya tena planeado o se iba a prescindir de l. El nuevo presidente, hombre totalmente pragmtico, entendi que el plan de los militates no solo era coherente, sino necesario.

En ese instante comenz otra escena clsica de la poltica peruana: la discusin a puertas cerradas entre los que detentan el poder, instancia en la que el sinceramiento ctiollo desplaza a la discusin legal, la infor-malidad al apego de la normas, y en donde la frontera entre la ley y lo ilegal se vuelve tenue. Tambin apareci un afn por salvar al pas y por cumplir el deber, aunque no necesariamente siguiendo los parmetros institucionales esta fue y es la esencia del caudillismo, y Fujimori se amold perfectamente a eso.

El plan era slido y muy bien planteado: el otden social deba ser alcanzado a cualquier precio de nuevo, la voz de Manuel Lorenzo de Vidaurre. Se necesitaban dos aos de democracia para reinsertar al pas en el plano financiero internacional, para ganar apoyo de pases poderosos princi-palmente de Estados Unidos y Japn y para aplicar un programa liberal en economa a costa de mucho sacrificio. A continuacin segua la parte ms difcil: deshacerse del Congreso para que el Poder Ejecutivo gobernara solo y as j^unto con el Ejrcito asestar el golpe final a la subversin terrorista. La forma de gobierno deba ser autoritaria, peto sin llegar a los lmites de una dictadura que hiciera que el mundo le diese la espalda al pas. Asimismo, las propuestas de contingencia que los servicios de inteli-gencia ya haban elaborado por aquel entonces Vladimiro Montesinos se estaba transformando en el hombre fuerte del rgimen aseguraban que la poblacin iba a respaldar al gobierno: no solo se trataba de gente del comn, sino tambin de prestigiosos intelectuales no menos que hbiles polticos. Todo pareca indicar que el plan iba a ser un xito.

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Y as, desde 1992, la democracia volvi a ceder su lugar a aquello que el politlogo alemn de la dcada de 1920, Cari Schmitt, denomin el decisionismo: lo opuesto al pensamiento normativista, un fenmeno segn el cual en circunstancia crticas, la realizacin del derecho depende de una decisin poltica vaca de contenido normativo (Negretto 1994: 63). De tal manera, valores y normas son interpretados y decididos por quienes detentan el poder. Fue justamente lo que ocurri bajo el gobierno defacto de Alberto Fujimori, que fue avalado por buena parte de la poblacin. Y ello nada tiene de raro: el orden y la autoridad son muy apreciados por la gran mayora de peruanos esta es la tesis prin-cipal del presente libro y, como an no ha calado en la mentalidad colectiva petuana que la democracia se basa en el cumplimiento de la ley, aquellos gobiernos que imponen el orden y salvan la economa son muy bien recibidos.

En 1993 se produjo la ambigua legitimacin del rgimen con la aproba-cin de una constitucin por parte de una asamblea que, aunque elegida democrticamente, era adicta al Poder Ejecutivo. Permitida la reeleccin inmediata, Fujimori se alist para presentarse a las elecciones de 1995. Su triunfo era seguro: la poblacin lo apoyaba y el candidato contrario, Javier Prez de Cuellar, presentaba nicamente credenciales democrticas que para la gran mayora resultaban vacas de contenido. Como nunca, los peruanos consiente o inconscientemente apoyaron la cultura autoritaria de forma ms libre y espontnea una paradoja ms.

Los resultados positivos del fujimorato son innegables: estabilidad eco-nmica, detrota del tettorismo y obras pblicas. As, el apoyo de la gente

*^ E l informe La democracia en Amrica Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo revela que, hacia el ao 2002, 54.7% de los ciudadanos latinoameri-canos preferira un rgimen autoritario a uno democrtico, si le resolviera sus problemas econmicos. Para el 2004, las cifras se mantenan casi sin variacin. Vanse al respecto el diario La Repblica [Lima] del 21 de abril de 2004, as como la siguiente pgina web: .

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estuvo garantizado. Pero qu ocurri en el entorno de todos aquellos que fuera del gobierno ostentaban poder y podan hacer frente a un rgimen que a todas luces no era democttico? Pues nada hicieton al respecto; ms bien, permitieron que el rgimen se afianzara y continuara su marcha. Y por qu ocurri esto? Porque a la estrategia pragmtica, decisionista y efectiva llevada a cabo pot el gobierno se sum una de tintes antiguorregimentales que tena un objetivo muy claro: consoli-dar un Estado patrimonial. Ms que obligar y someter a los poderosos del pas, sencillamente los compr. Empresarios, militares, polticos de oposicin, los principales dueos de canales de televisin, periodistas y artistas pasaban por los salones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) pata recibir dinero en efectivo y, as, vender su apoyo y sostn al fiijimofismo. Por ello, el rgimen no necesit devenir en dictadura: le bast con recoger la tradicin autoiitaria del pas y expresarla en vulgar patrimonialismo. Como en el siglo xix, cuando el dinero derivaba de las heces de aves guaneras, en las postrimeras del xx la riqueza con las que se pag a la clientela gubernamental provino de las privatizaciones. Solo as el tgimen pudo dutar diez aos.

Pero todo tiene un lmite. Los petuanos de aquel entonces podan permi-tif el socavo de las instituciones democrticas a cambio de tianquilidad social, poltica y econmica. Podan prescindir de su Congreso al cual nunca haban sido tan afectos y aceptat que vatios opositotes fuetan si-lenciados u hostigados, no menos que violaciones a los derechos humanos si ello permita terminar de una vez por todas con la amenaza sendetista s, los sentimientos de venganza a veces mueven las acciones de los penanos. Sin embargo, jams toletaron ni tolerarn el robo de su dinero, de aquello que, segn entienden, les pertenece. De nuevo, la am-bigedad: se puede tolerar la corrupcin del orden constitucional que cierren el Congreso, que compren el Poder Judicial, que el presidente se ttansforme casi en un monarca, pero no se tolera la corrupcin en su faceta ms vulgat y menos elaborada: el robo de los tesoros pblicos.

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Cuando la ciudadana se dio cuenta de que Montesinos teparta el Estado entre serviles y que l mismo se apoderaba de cientos de millones de dlares an falta demosttar la responsabilidad penal de Fujimori en todo esto mientras ortos sobrevivan el da con solo algunos soles en el bolsillo, el rgimen cay de la forma ms ignominiosa.

Es verdad: cay un rgimen autoritario, pero no cay vctima de una oposicin democrtica, sino pot su vulgar carcter de ratero de poca monta.- '^ Y eso debe llamar a la preocupacin. Tras las remecida, los pe-ruanos recibieron el nuevo milenio con un rgimen democrtico cuyos valores an no son tomados en cuenta por buena parte del Per, y esta no dudar en retomar el camino del autoritarismo cuando note que sus profundos problemas todava no encuentran solucin. Por ahora, la bsqueda del rey ha quedado en suspenso.

2' La llamada Marcha de los cuatro suyos, a pesar de su carga simblica, no logr impe-dir que Fujimori asumiera la presidencia por tercera vez. El rgimen solo cay tras la proyeccin del video Kouri-Montesinos, el 14 de septiembre de 2000, que destap el escndalo de corrupcin de dicho rgimen. A partir de entonces, el fujimorism tuvo sus das contados.

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5. El autoritarismo

El absolutismo presidencial

Si el autoritarismo en el Per ha encontiado campo frtil, se debe en buena medida al absolutismo ptesidencial. En este punto no debe confundirse absolutismo presidencial con rgimen dictatorial. El segundo es, como se sabe, un rgimen de facto, cuyo origen espurio y basado en la fuerza lo vuelve ilegtimo. El ptimero, por su parte y para el caso peruano, est sustentado en la ptopia legislacin. En otras palabras, en el Per, la historia jurdica republicana ha fomentado siempre una figura presidencial fuerte, con mucho poder, casi omnmoda. Tal circunstancia llev a decir a Vctot Andrs Belande, en un clebre discurso que brin-d en la Universidad de San Marcos, en 1914, que el presidente de la Repblica es un vittey sin Monarca, sin Consejo de Indias, sin oidores y sin juicio de residencia (1940: 27). Pero la afirmacin de Belande se qued corta: ningn virrey del Per tuvo tanto podei como los pre-sidentes peruanos contemporneos.^''

2'' Lo mismo afirm Octavio Paz sobre el presidente de Mxico en su libro Sor Juana Ins de la Cruz o las trampas de la fe (1992: 41).

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Parece hasta ilgico que se diga que, dentto de la legalidad, el primer mandatario tiene inmensas potestades. Qu ocurre, entonces, con el equilibrio de poderes que deba existir entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Dnde quedaton el sopeso, la autotregulacin? Lo ms irnico del absolutismo presidencial es que este se nutre de un sistema ambiguo, cuyo principal taln de Aquiles estuvo, desde 1821, en su hi-bridismo. Los republicanos peruanos del auroral Estado no encontraron mejor solucin que llenar el vaco dejado por la monarqua extrapolan-do sistemas jurdicos y planteamientos legales forneos que provenan principalmente de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania; sobre ellos fundaron un andamiaje que recoga, supuestamente, lo bueno de todos aquellos cdigos sin tomar en cuenta qu tan ptcticos o no eran para la realidad del Per.

Desde un inicio, el modelo presidencial a seguir fue el de los Estados Unidos, que auspiciaba la figura de un mandatario fuerte. As, el presi-dente reuni en su sola persona a diferencia de lo que ocurra en los regmenes parlamentarios la jefatura del gobierno y del Estado (Caveto 2005). Adems, se estipul que fuera el pueblo a ttavs de eleccin indirecta o directa, dependiendo de la coyuntura histrica peruana y no el Congreso quien lo escogiese. Quien revise las doce constituciones que ha tenido el Per ver cmo el Poder Ejecutivo se ha fortalecido a lo largo de su historia.

La Constitucin de 1823 determinaba una figura presidencial equilibra-da, pero ya presentaba el germen absolutista que ms tarde se afianzara en los siguientes textos legales. El gobernante lo era por espacio de cuatro aos sin posibilidad de reelegirse, con potestad pata ptomulgar leyes y otorgar los oficios ms importantes, no menos que los puestos militates. Por otro lado, se lo nombraba Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas cosa rara si se considera que en lo fctico an no haba un Ejrcito

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profesional y celadot de la recta administracin de justicia.^ ^ El texto de 1826 tiene un esptitu totalmente antagnico: es la Constitucin Vitalicia de Bolvar, que en el ocaso de su carrera poltica en el Per comprendi que este pas necesitaba orden y que el orden no se poda conseguir con preceptos liberales ni mucho menos democrticos. De tal manera, aquellj carta magna proclamaba un presidente vitalicio (Bolvar) que se haca de casi todo el control de la Fuerza Armada, no menos que del Congreso, el cual se conformaba en funcin de su adiccin al Poder Ejecutivo. El proyecto bolivariano no encontt eco y fracas.

Las siguientes constituciones regresaron al espritu de la ptimera, aun-que paulatinamente transformaron al jefe del Estado en un individuo inimputable, por lo menos durante su mandato, salvo que incurriese en infracciones tan gtaves como la traicin a la patria. La Constitucin de 1839 la de Huancayo s es una constitucin autoritaria que, surgida en un contexto de desorden y caos poltico, pretendi poner remedio a la anarqua. En ella, la figura del presidente adquiri su ma-tiz absolutista pleno: gobernaba seis aos aunque sin posibidad de reeleccin, poda suspender jueces y dar decretos para hacer cumplir las leyes obsrvese que tal ambigedad, justamente, otorga a posicio-nes autoritatias su margen de accin. Al mismo tiempo, conceda al mandatatio un gran control sobre el estamento militar.^'

Los textos de 1856 y 1860 recogen el mismo espritu de las antetiores, solo que el ltimo redujo el mandato ptesidencial a cuatro aos. Luego viene la carta de 1867, en la que se determin similares atribuciones al

2' Constitucin poltica de la Repblica Peruana, 1823 . E n Portal del Congreso de k Repblica del Per, .

2" Constitucin poltica de 1826 . En Portal del Congreso de la Repblica del Per. .

2' Constitucin dla Repblica Peruana (1839). Un Portal del Congreso de la Repblica del Per, .

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presidente de la Repblica, se aument en un ao el tiempo de mandato y se elimin la figura del vicepresidente.^ " Con la Constitucin de 1860, el Pet ingres al siglo xx, y fiae recin duranre el Oncenio leguiista que se promulg una nueva carta magna. Se trata de la de 1920, que previo la no reeleccin presidencial. Sus creadores la presentaton en los debates parlamentatios como un instrumento legal de avanzada y hasta un poltico adicto al gobierno de Legua lleg a decir que con ese texto el absolutismo ptesidencial tena sus das contados:

Las reformas constitucionales que acaba de aptobar la Repblica en medio de un entusiasmo cteador, estn inspitadas en el noble empeo de teem-piazat el artificio con la verdad, el nombre con la cosa, el rgimen personal, inseparable de la intriga y de la violencia, condenado al extravo y al error, por un rgimen de opinin y de jusricia, que temen los espritus vulgares o cottesanos, peto que es el nico que puede toletar un pueblo libre (Cor-nejo 1919: 3).

Aadi ese personaje en aquella oportunidad que la transformacin del Virrey en Presidente de la Repblica dej vivo el mismo gobierno personal que es la negacin de la democracia (Cornejo 1919: 3). Las palabras de este hombre fuerte del leguiismo pertenecan solamente a su excelente retrica. El mismo inicio del gobierno de Augusto B. Legua tuvo un origen no menos que discutible, pues tom el poder por la fuerza en 1919 ante el temoi de que su victoria electoral fuera anulada por un manotazo de ahogado de la decadente Repblica Aristocrtica, y se las ingeni para aumentat el periodo presidencial a cinco aos.

Pero el cambio no qued ah. Tal vez la transformacin ms importante fue la anulacin de la renovacin por tercios del Parlamento, lo que hizo que, desde aquel momento, el presidente de la Repblica fuese elegido junto con diputados y senadotes. Esa especial innovacin afianz, pues,

' Constitucin poltica del Per (1867). E n Portal del Congreso de la Repblica del Per, .

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el absolutismo ptesidencial, ya que permiti que un candidato ganase las elecciones con una mayora parlamentaria casi asegurada. Contiolado el Congreso por el Ejecutivo, el ptesidente qued con ms poderes que un monarca. Y fue lo que ocurri bajo el gobierno de Legua, pues solo eso permiti que pudiera pedir al Legislativo leguiista en su mayo-ra sendas reformas constitucionales para reelegirse otras dos veces. De tal manera, su gobierno alcanz a durar once aos (1919-1930); fue el ms largo de toda la historia republicana del pas.

Estirar el absolutismo legal al rgimen dictatorial le cost a Legua su detrocamiento en 1930. Una junta militar gobern el pas hasta que Luis M. Snchez Cetro, el caudillo que derroc al dictador, fue elegido presi-dente de la Repblica. Para sepultar de una vez por todas al leguiismo, fue necesaria una nueva Constitucin, y as vio la luz la de 1933. En ella se sealaba que el ptesidente de la Repblica era el jefe del Estado y que personificaba a la Nacin; adems, ptohiba la reeleccin presidencial inmediata y ordenaba que este artculo no se modificase ni derogase, bajo pena de perder la funcin o el cargo pblico quien lo sugiera o propicie. Por ltimo, estipulaba que el presidente pasata a ocupar un puesto en el Senado tras concluir su periodo gubernamental." El tiempo de gobierno estipulado era de cinco aos, y los poderes y prerrogativas presidenciales recogieron, en esencia, las de los antetiores textos constitucionales.

Los cambios en el mundo y el inminente fin del Gobierno Revolucionario dlas Fuerzas Armadas, hacia 1978, auspiciaron un nuevo contexto para la elaboracin de una nueva carta magna, promulgada al ao siguiente. Es de sorprender que la Consritucin de 1979 no cambiara sustancial-mente el absolutismo presidencial, sino que por el conttario lo afianzara y hasta podra decirselo aumentata. En ella se estipulaban ms

E n Portal del Congreso de la Repblica del Per, .

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funciones para el presidente, lo mismo que facultades extraordinarias para dar decretos de urgencia con rango de ley. Tal vez lo ms notorio fue que, en caso de controversia seria, al presidente se le permita disolvei la Cmara de Diputados, aunque no eliminar la de Senadores. Como se entiende en esta historia hasta ahota, si el Congreso cuenta con una mayora parlamentatia adicta al presidente, su funcionamiento resulta, en esencia, nominal. De tal modo, casi podra afirmarse que la palabra del presidente es la ley.

Pero donde el absolutismo presidencial encontr su plena realizacin fue en la Constitucin de 1993. Hija del golpe de Estado de 1992, esta per-sigui dos propsitos: ptimero, modernizar y/o actualizar la Constitucin de 1979, que, valgan vetdades, se hallaba desfasada ante los vertiginosos cambios principalmente en materia econmica producidos desde la dcada de 1980; segundo, perpetual el gobierno autotitario de Alberto Fujimori al darle inmensos poderes. Fue Valentn Panlagua, a la sazn prestigioso jurista, quien llam la atencin sobre este ltimo punto. Pata comenzat, seal que un Congreso unicameralsancionado por la carta del 93 solo robusteceta en exceso la figura del presidente (Panlagua 1993). Claro, si contaba con una mayora adicta en dicha cmara, el dominio presidencial del pas sera total. Peto tambin y aqu estaba lo ms grave el presidente podra disolver el Congreso en virtud de discrepancia insalvable y/o si este vetaba tres consejos de ministios.

A la par, el absolutismo ptesidencial absorbi ciertas pterrogativas del Ejecutivo: dictara decretos en materia econmica, sera rbitto e instancia final de la legislacin del pas y emitira decretos de urgencia. Y, claro, lo ms controversial fue la introduccin o el retome, ms bien de la figura de la reeleccin presidencial inmediata, disposicin que tena nombte ptopio: Alberto Fujimori. De la misma manera, se determin que el Primer Ministro deba ser un ministro sin cartera, lo que lo convirti en mero voceto del presidente. Pata darle ms realce y legitimidad, este

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texto, ya aprobado por el Congreso Constituyente Democrtico nacido de las elecciones generales luego del interregno golpista de 1992, fue sometido a referndum aprovechando la gran popularidad de Fujimori en aquel momento. As, esta Constitucin fue sancionada y tige hasta hoy da, con la salvedad de la anulacin del artculo de la teeleccin inmediata ttas la cada del tgimen en el ao 2000.

Hasta aqu se puede petcibit cmo el marco jurdico peruano de la Repblica auspici siempre a un presidente con excesivo poder y que tal situacin fue in crescendo a lo largo del tiempo. La pregunta ms compleja ahora es la siguiente: qu ocurre cuando aquella realidad legal se coteja con la realidad emprica? Pues es como si se abriera una caja de Pandora. Aunque depende de la coyuntuia histrica, en casi toda situacin la figura presidencial sale fortalecida, y ello allana el camino al autofitarismo, que es el prembulo de la dictadura.

Si el absolutismo ptesidencial sancionado por la ley se mezcla con el caudillismo o el populismo, la democracia debe darse por perdida. Ocurri as con el caudillismo militar del siglo xix, cuando los presi-dentes se sucedan uno al otro a ttavs de golpes de Estado, por lo que el absolurismo presidencial qued en suspenso para dar paso a la dictaduta. Cada caudillo tena su clientela poltica, su ejrcito particular, sus ide-logos, sus financistas, y estos los haca seores absolutos, casi reyezuelos medievales, cada uno en pugna con el otro por alcanzar el silln presi-dencial. Y si gobernaban constitucionalmente las pocas veces que lo hacan, la ptopia legislacin les daba amplsimos poderes. Pinsese, por ejemplo, en el caso de Agustn Gamatra cuando era presidente en 1832 y cometi una serie de infracciones a la Constitucin de 1828, como la imposicin de gtavmenes sin autorizacin del Congreso, el freno a la libre asociacin de las juntas depattamentales, la persecucin, la deportacin o el asesinato de opositores, entre otros abusos.

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Los abusos de Gamarra solo tuvieron la oposicin de un valiente legislador: Francisco de Paula Gonzlez-Vigil. El 8 de noviembre de 1832, pronunci un discurso despus intitulado Yo acuso en el que trat de hacer prevalecer la Constitucin por sobre los abusos del presidente:

Los peruanos no son vasallos de un rey cuyas ordenes se ejecutan sin rpli-ca, y cuyos disgustos hacen temblar: somos ya ciudadanos de un pueblo libre, y nosotros pardcularmente, representantes de ese pueblo; somos el primer podet y nuesttas tesoluciones se cumplen, mandamos que vengan los ministros y los ministros vienen; decretamos que el presidente de la repblica mande ejecutar alguna cosa y el presidente as lo hace o debe hacerlo: y nosotros, ios individuos de esta cmata tenemos por la cons-titucin el especial encargo de atisbar la conducta del ejecutivo, en cierta clases de materias y somos los principales celadores de la inviolabilidad de nuestta carta (Gonzlez-Vigil 1988 [1832]).

Como era de esperarse, la acusacin constitucional no prosper. Haba prevalecido el uso de la fuerza por parte del Ejecutivo pata preservar el orden. Meses antes de aquel discurso, Manuel Lorenzo de Vidaurre, ministro de Gobierno de Gamarra, anticipaba casi textualmente tal cit-cunstancia: Ha de teinar el orden sostuvo. Si fuera preciso, callarn por un momento las leyes pata mantener las leyes (Basadte 2005 tomo I I : 47) . Y aquella fue la constante dotante el siglo xix.

La repblica oligrquica de inicios del siglo xx supo armonizar muy bien el paternalismo con el absolutismo presidencial. Los congresos de aquella poca no fueron sino insttumentos del Partido Civil, pues aglutinaban a todos estos polticos premodernos que vean al Per como una gran casa familiar. Tal cual se ha visto, el cambio substancial lleg lecin con el leguiismo, aunque lo nico que hizo fue modernizar ms bien, poner al da la nocin absolutista del poder presidencial. Ahora, una pregunta perrinente seta, qu ocurre con un presidente per se absoluto cuando est frenre a un parlamento en el que no tiene mayota?

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Esto ltimo ocurri varias veces durante el siglo xx. Con ello se atenu el conflicto generado por una reforma del Oncenio, aquella que permiti la eleccin de ptesidente y congresistas al mismo tiempo. Por ejemplo, Jos Luis Bustamente y Rivero, al poco tiempo de asumida su presidencia en 1945, perdi el control del parlamento en virtud de que el APRA, partido que en un ptimer momento apoy su candidatura, decidi pasarse a la oposicin. De aquel modo, toda iniciativa del Ejecutivo era frenada por un parlamento de abrumadora mayora aprista. Se trat de un caso excepcional: el absolutismo ptesidencial fue absorbido por un Poder Legislativo mucho ms poderoso. Tales disputas fueron producto de la orientacin parlamentatia de la Constitucin de 1933, otientacin que, a su vez, tesponda al autoritarismo del Oncenio (Guerra Garca 1999). La situacin se totn catica y fue detonante para el cuartelazo que llev a Odra al poder.

Situacin similar ocurri en 1963, cuando Belande ascendi al mando supremo. Una antes impensable alianza entte el APRA y los seguidores del exdictador Odra dio como resultado una furibunda oposicin ante cualquier iniciativa presidencial. Por aquellos aos, el Congreso poda censurar a los ministros del presidente, peto este no poda disolverlo. Tal situacin ambigua por donde se vea era producto del antedi-cho hibridismo poltico que mezclaba modelos forneos. As sucedi en aquella coyuntura en que el rgimen presidencialista se mezcl con algunas cuotas del tgimen parlamentario. La sucesin de disputas entte ambos poderes, aunado a las pocas reformas que pudieron hacerse y a la desilusin generalizada, fue una suma perfecta para que un nuevo golpe milirar quebrara el orden teticamente democrtico en 1968.

Las elecciones de 1990 encumbraron a la presidencia de la Repblica a un desconocido: el ingeniero Alberto Fujimori. Sin lugar a dudas, se trat de un grito desesperado por parte de un electotado que quera una solucin a los graves problemas nacionales que los por entonces

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denominados partidos tradicionales no pudieron dar. En esos das, nadie imaginaba que el nuevo presidente que se presentaba como de-mcrata utilizara muy pronto el absolutismo presidencial para llevarlo al gobierno de facto (1992), de nuevo a la legitimidad (1995) y por ltima vez a la dictadura (2000).

Como Fujimori lleg a la presidencia sin un partido organizado, sin idelogos y sin plan de gobierno, no pudo articular una buena bancada en el parlamento. Este, conformado por apristas, fredemistas y comu-nistas, cerr filas para obstruir la labor presidencial. Hubo un momento (en 1991) cuando la situacin se volvi insostenible. Ya para entonces era ms o menos clara la alianza que tena el nuevo presidente con las Fuerzas Aimadas ^ y esto desde el da en que detrot a Matio Vargas Llosa, y sencillamente decidi patear el tablero el 5 de abril de 1992." Tras disolver el Congreso obstiuccionista, Fujimori seore los destinos del Per llevando a la prctica un plan de antigua data que los militares haban elaborado para salvar al pas del caos y el terrorismo, y que para su puesta en marcha necesitaba de un presidente absoluto.

Alberto Fujimoti, de acuerdo con esos lineamientos y contando pata ello con un altsimo ndice de popularidad, cre las bases para un nue-vo sistema que consagr el absolutismo presidencial concretado en la ya analizada Constitucin del 93. Reelegido en 1995, Fujimori busc transformarse en un Legua. Utiliz al mximo los increbles poderes que le dio la carta constitucional, la mayora absoluta que tena en un patlamento unicameral, su alianza con las Fuerzas Armadas, el populismo y su copamiento del manejo de las finanzas del pas.

Como se ha sealado, una de las prerrogativas presidenciales segn la Constitucin de 1979 era disolver el Congreso, pero solo la Cmara de Diputados, nunca la de Senadores. Fujimori disolvi ambas cmaras con ayuda del Ejrcito; por ello se trat de un golpe de Estado.

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Sobre esto ltimo, un estudio de Teivo Teivainen hizo referencia a la monarquizacin de la democracia a ttavs del manejo total de la econo-ma del Estado por parte del Ejecutivo. Pues bien, eso fue exactamente lo que hizo el gobierno de Fujimori desde 1991: paulatinamente, fue absorbiendo el manejo exclusivo del tema econmico con muy bue-nos resultados, hasta que la Constitucin del 93 le dio el poder de casi volver a su ministro de Economa en comandante del barco fiscal (Teivainen 2001). Orientado dentro del neoliberalismo, los resultados fueron inmediatos y, as, el presidente obtuvo ms popularidad e hizo que toda reforma o planteamiento se subordinara al tema econmico

: en detrimento de la discusin democrtica.

El de Fujimori fue, sin lugar a dudas, un caso atpico, pues manej el tema del absolutismo presidencial a la perfeccin, tanto a nivel de lo legal como de lo ilegal, hasta que sus excesos lo hicieron caer. No obs-tante el desmantelamiento del fujimotismo, el absolutismo presidencial reforzado por la Constitucin del 93 se mantuvo inclume salvo el antiptico artculo de la reeleccin inmediata y de ellos bebieron los gobiernos subsiguientes, principalmente el de Alejandto Toledo y el de Alan Garca.

Las mismas atribuciones constitucionales que tuvo Fujimori en 1995 las tuvo Alejandro Toledo. Pero lo que no tuvo Toledo fue la mayota pailamentaria que le hubieta petmitido ser el presidente absoluto que muchas veces insinu que podra ser. Como en otros casos, el absolu-tismo del presidente se not en nombramientos arbitrarios o, por lo menos, caprichosos, en decretos de urgencia, en observaciones de leyes, en ascensos cuestionables, en gastos innecesarios y en cierta cuota de populismo.

El caso de Alan Garca es paradigma del presidente absoluto en tiempos de democracia. Dutantesu primer gobierno (1985-1990), Garca mostr,

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a la par de su impetuosa juventud, un voluntatismo exacerbante que, unido a la amplia mayora aprista existente en el Congreso, lo convir-tieron en un inamovible caudillo. A eso se sum el gran apoyo popular que tuvo por lo menos durante sus dos primeros aos de gobierno y que se acrecent debido a la poltica irresponsablemente populista que llev a cabo. Ese absolutismo lo llev a dos grandes errores: no pagar la deuda externa y pretender estatizar la banca privada. Lo primero trajo graves consecuencias en el futuio; lo segundo fue impedido por la opi-nin pblica. Como el presidente quera ser el facttum de la poltica nacional, escogi ministros mediocres o viejos con tal de que no lo opacaran. Lamentablemente, el pas no estaba para tales protagonismos en aquellos aos.

Las elecciones generales de 2006 volvieron a llevar a Alan Garca al poder, en esta oportunidad ms maduro, experimentado y centrado, aunque todava no puede librarse del absolutismo presidencial a pesar de que la Constitucin se lo otorgue. A su vehemencia ya madura ha sumado ahora su omnipresencia. A diario, la figura presidencial aparece en los medios de comunicacin, y todo parece indicar que el presidente tiene un itinetatio muy complicado: discursos, recepciones, conferencias de prensa, suscripcin de convenios... que se debe promover la comida peruana, que recibe a un equipo de mdicos, que inauguran alcantari-llados, que se recibi a tal embajador, que acompaa a los ministtos a realizar sus tareas... Para los analistas polticos, todo paiece sealar que est regresando el Alan Garca de 1985, y ya la oposicin poltica lo cataloga de caprichoso y de pretender que su palabra sea la ley. Y esto, principalmente, a taz de su ftrea intencin de instaurar la pena de muer-te para los violadotes de menotes, aun a pesar de que juristas, asesoies y hasta ministros de Estado hayan afirmado que sera contraproducente y hasta ilegal en virtud de tratados intetnacionales. Al presidente tales opiniones le importan poco. Prefiere escuchar direcramente a un sector

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enojado del pueblo: abre las rejas de Palacio e invita a demandar una justicia revestida de venganza. Casi como un rey.

Viudos, privados y ministros

El ^tdaje virreinal

La co i de l Per tampoco pudo ser ajena a la aparicin del validaje. Si la estfu^ifa de la administracin virreinal calc a un rey, tambin calc a sus valOT^ Generalmente, los virreyes contaban con un individuo de confianza quijos asesoraba y ayudaba en las labores gubernativas. Este hombre se ganfcba la confianza del mandatatio, se haca su sectetario o asesor y, de tal^^nera, adquira cierta capacidad de injerencia en el gobierno, necesarsima devenir en nexo entre la lite de criollos nobles y el Palacio de Lima, llb es gratuito, pues, que los documentos de la poca los llamaran orctn^de virreyes; en cierta medida, el calificativo era apropiado, ya que cada^kesoberano que pisaba estas tierras lo haca sin conocer su realidad sociamcultural y poltica. Deban, entonces, recurrir a estos encumbtados pa^najes para hallat las respuestas que necesitaban.

La nmina de los validos virreinales e^^ga: Leandro de Larrinaga Sa-lazar, Francisco Carrasco del Saz, AntonmCalatayud, Jos de Cceres y Ulloa, Alvaro de Ibarra, Pedro Peralta Ban^evo, Pedro Jos Bravo de Lagunas, Francisco Ruiz Cano, Hiplito Un^^e, etctera. No era de sorprender que uno de estos asesores sirviera a V^BBS virreyes a lo largo de su vida. Es ms: ello daba continuidad a las ac^^es de gobierno. Y dicha continuidad no era ficticia; por el contrario,^fl real, tan real como el hecho de que uno de estos personajes poda estMen el crculo del poder por muchsimos aos, como ocurri, por ejemp^con don Jos de Cceres y Ulloa, secretario de la Gobernacin del Rein^asesor de varios virreyes duranre casi cincuenra aos (Torres 2006a).

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