REVISTA MENSUAL

ENERO DE 2009

AÑO VIII • Nº 103

DOS PESOS

ISSN 1669-9122

Las bombas, la pluma y la palabra La ofensiva militar israelí en Gaza y las posturas contrahegemónicas en América Latina constituyen dos momentos dentro del desarrollo de la crisis global.

EQUIPO DE TRABAJO Redacción: Claudio Adrianzen Bei, José María Dunn, Sebastián Juncal, Julián Kan, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Corrección: Martín Yuchak y Claudio Adrianzen Bei. Dibujo de tapa: Colectivo El Furgón Responsable de la publicación: Alejandro Viegas. Lugar de edición: 3 de febrero 2855 ‘D’, (1644) San Fernando, Provinca de Buenos Aires, República Argentina. Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12)

Las bombas, la pluma y la palabra 3. Editorial 4. Plomo fundido sobre Gaza Por Sebastián Juncal y Fabián Ulmann 12. Alcanzando nuevas cumbres Por Alejandro Viegas 15. Los dólares, los yanquis y los recursos estratégicos Por Claudio Adrianzen Bei, 19. El aplazamiento Por Diego Tavormina 24. Reconstrucción de la unidad y preparativos de sublevación Por Sebastián Ortiz y José María Dunn

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ENERO DE 2009 AÑO VIII • Nº 103 ISSN 1669-9122

Editorial “Nosotros ni siquiera tenemos el permiso de sentarnos en un rincón de la tierra a mirar el mar”. La frase pertenece a Salah Abdel Jawad, profesor de historia y ciencias políticas de la universidad palestina de Bis Zeit, e intenta sintetizar de algún modo lo que es la vida del pueblo palestino luego de años de ocupación israelí. De este modo, se procura invertir los términos de la fórmu-la que el imperialismo –y sus diferentes formas de expresión nacionales– proponen a la hora de justificar la imposición de sus intereses por sobre los del resto de la sociedad a cualquier precio. Dicha fórmula consiste en legitimar el uso de la vio-lencia frente a toda expresión de oposición por parte de fuerzas que surgen en el seno de los pueblos del mundo, con el ar-gumento de que se trata de una legítima defensa de la libertad, la democracia y las instituciones contra las amenazas a la paz mundial o social.

Terrorismo y totalitarismo antidemocrático son dos de las expresiones más utlizadas por el imperio norteamericano para justifi-car a lo largo de la historia el uso de su fuerza a través de guerras, desestabilización de gobiernos democráticamente elegi-dos, golpes militares, ocupaciones y todo tipo de intervenciones directas e indirectas en pos de impedir la libre determina-ción de los pueblos, sobre todo de los países del denominado “Tercer Mundo”.

Resulta ya célebre la falsificación de pruebas que demostraban la existencia de armas de destrucción masiva en poder del dictador Sadam Hussein, argumento que sostuvo la ocupación de Irak por parte del ejército estadounidense, ocultando los planes del sector que sostenía a Bush en el poder de posicionarse mejor en la disputa mundial por los (escasos) recursos energéticos, fundamentalmente petróleo. Del mismo modo, en el año 2002 la embajada norteamericana en Venezuela fue el centro de operaciones en el que se gestó la intentona golpista que buscaba derrocar al gobierno constitucional de Hugo Chávez Frías, con el argumento de que allí no se respetaban los derechos democráticos. El lector puede continuar la lista, repasando hacia atrás o hacia adelante en la historia.

Asistimos el mes anterior, así como el presente enero, a una escalada de la violencia a nivel mundial. La brutal ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza viene, como suele suceder, con el clásico argumento de la defense frente a la amena-za terrorista del grupo palestino Hamas, al frente del gobierno palestino en Gaza por la voluntad de su pueblo, expresada en las últimas elecciones. Si bien se trata ya de una costumbre de los diferentes gobiernos de Israel, sobresalen dos elemen-tos distintivos de la presente ofensiva. Por un lado, la envergadura del ataque –el más grave desde la llamada “Guerra de los seis días” en 1967–; por otro, la dificultad cada vez mayor por obtener consenso en la “comunidad internacional”. Siendo un histórico aliado del imperio yanqui, sólo el apoyo incondicional de este explica que Israel pueda bombardear hospitales de la ONU, campos de refugiados, universidades y demás instituciones civiles, bajo la excusa de que allí Hamas almacena su arsenal militar.

Esos dos elementos nos hablan quizá de una crisis de hegemonía por parte del imperio, que no hace más que acompañar la enorme crisis económica desatada hace algunos meses. Con la demostración creciente de la imposibilidad por parte de las relaciones de producción capitalistas de dar respuesta a los problemas acuciantes de la humanidad, comienza a mostrarse cada vez con mayor profundidad la imposibilidad del imperio de construir un mundo a su imagen y semejanza. Pues co-mienzan a salirle al cruce ya no sólo las expresiones políticas de los pueblos oprimidos –Hamas por ejemplo–, sino distintas fuerzas políticas del resto de las potencias mundiales, quienes intentan poner un freno al poderío imperial de los EE.UU., quien plantea un mundo en el cual cada vez menos –incluso amplios sectores del gran capital– tienen lugar.

Y así como la inusitada crisis del sistema capitalista en su conjunto tiene sus expresiones particulares y mediatas en cada rincón del planeta, nuestra Argentina asiste también a una escalada de la violencia política y social. Violencia más que nada discursiva por el momento, pero que augura un largo 2009, con promesas de más caminos cortados y amenazas de desesta-bilización institucional con el supuesto fin de “defender las instituciones”.

“Frente a un grave incendio, es insensato desechar medios para apagarlo, sólo después sería la oportunidad de elegir al jefe de los ‘bomberos’”, advierte un representante de la oligarquía vernácula, experimentado en esto de integrar gobiernos de Facto que utilizan la violencia organizada contra los trabajadores y el pueblo con el argumento de pacificar al país y devolverle una “instituciona-lidad” y “libertad”, supuestamente violadas y arrancadas por parte de gobiernos acusados de “fascistas” y “tiránicos” por cometer el delito de limitarles un tanto los disfrutes de las inmensas arcas llenadas con lo que obtienen a causa de la renta de la tierra, eje de la constitución de la clase dominante en el país.

Siendo históricos los lazos que los dueños de la tierra en Argentina mantienen con el imperialismo y los grandes mono-polios multinacionales, no sorprende que la operación discursiva elegida por ellos para justificar cualquier tipo de medida en pos de defender sus intereses de clase sea similar a la que utilizan los gobiernos de los EE.UU. y de sus países aliados a nivel global. Se trata siempre de invertir los términos reales de la ecuación de la violencia. Tratan de presentar y de formar en la opinión de la gente la sensación de que su violencia es la única salida a los ataques que recibe de un gobierno “autoritario”, que “mete mano” en una propiedad privada prístina y sagrada con el solo objetivo de “hacer caja”, hasta el grado de consti-tuir “un grupo organizado para delinquir en todas las áreas del Estado”, tal como definió al gobierno una de las actuales voceras de la oposición y de los intereses particulares de los terratenientes, Lilita Carrió. Se trata de las mismas voces que llaman barba-rie a cualquier intento de organización y lucha de los trabajadores que buscan defender sus intereses.

Es en este delicado terreno de la construcción ideológica donde se libró y posiblemente se continúe librando la batalla fundamental entre los intereses de los trabajadores y los pueblos de las diferentes naciones –con sus variadas expresiones políticas– y los del imperialismo –y sus formas de expresión en cada nación– que, ante la vista de su propia descomposi-ción, no puede más que arrastrar tras esta a todos los habitantes del globo.

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Nueva ofensiva israelí en Palestina

Plomo fundido sobre Gaza Por Sebastián Juncal y Fabián Ulmann

La ofensiva israelí sobre el pequeño territorio de Gaza – es difícil llamarla “guerra”, y ni siquiera los medios pe-riodístico emplean este término – nos obligan a desplazar el ojo de observación y abandonar, por el momento, la evolución de la llamada “crisis financiera”. La que, por el momento, parece haber entrado en una suerte de etapa de indefinición, acorde con el momento transicional que supone el relevo de mando en la primera potencia mun-dial. Más allá del drama humano reproducido por los medios masivos, siempre en el marco de su particular ci-clo de explotación y agotamiento del “hecho”, y de los intentos de rediseño de un área que constituye la primera línea del frente de las disputas por el control de los re-cursos vitales, los alineamientos internacionales en torno a lo que sucede en Gaza parecen confirmar cierta confi-guración diplomática que remite al estado de la lucha en-tre las burguesías nacionales. Y una vez más, lo que se discute es cómo habérselas ante el desafiante liderazgo internacional de Irán.

Ajustando los relojes “Los generales israelíes asumen que cada vez que inician una

operación militar dos relojes comienzan a funcionar simultáneamen-te. El primero marca el tiempo que los israelíes necesitan para lo-grar sus objetivos militares. El segundo marca el tiempo restante antes de que la presión internacional que aboga por un cese el fuego se convierta en un elemento imposible de resistir. El reloj diplomáti-co se acelera a medida que se incrementa el número de muertes, es-pecialmente de civiles.” (BBC 30-12). A mediados del mes de enero, el gobierno y el alto mando israelí se encuentran abocados a la difícil tarea de sincronizar ambos relojes. Cuentan para ello con la inestimable colaboración de los altos cuadros de la “diplomacia occidental”. Compárense las siguientes declaraciones: “La victoria está cerca: es cuestión de días” (Ehud Barak, ministro de Defensa de Israel, LM 13-1). “Tony Blair, enviado del Cuarteto (ONU, EE.UU., Unión Europa y Rusia) dijo que espera que en los próximos días se concrete un alto el fuego.” (CL 13-1).

El mismo intento de caracterización de esta “guerra” deja al descubierto la muy especial configuración de la “nación” palestina y el grado que en su propia reproduc-ción desempeña el estado de Israel. ¿Se trata de una gue-rra entre naciones? Evidentemente, no. De ser así, la ofensiva israelí debería haberse desatado también sobre Cisjordania, sede del único gobierno reconocido por Is-rael, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que controla Al Fatal, agrupación cuyos principales cuadros políticos no tienen los medios, ni la intención, de asumir la con-frontación como un asunto nacional. ¿Se trata entonces de una especie de “guerra civil”, o, más bien, de la ejecu-ción por parte del Estado de la violencia legítima contra un grupo díscolo en su territorio? Esta definición se ajus-ta más a las realidades concretas (Israel controla las rutas terrestres, aéreas y marítimas que vinculan a Gaza con el exterior y aún con Cisjordania) lo que pone en evidencia que, más allá del status jurídico que Israel – y la “comuni-dad internacional” – atribuyen a estos territorios, el esta-do hebreo constituye una potencia ocupante.

Probablemente el lector se encuentre familiarizado a través de los medios con el desarrollo de la operación “Plomo Fundido”, expresiva denominación para la de-moledora ofensiva aérea y terrestre desencadenada por Israel sobre el diminuto territorio de Gaza. Aún así, re-sulta útil repasar brevemente los hechos principales.

El 20 de diciembre pasado se produce el inicio de los ataques aéreos israelíes sobre el norte de la franja, en respuesta – según el gobierno de Israel – al lanzamiento de cohetes sobre el territorio israelí por parte del grupo Hamas. Desde el mes de junio regía una tregua que – siempre según la versión israelí – dicho grupo islámico había roto en forma unilateral. Durante una semana, las incursiones serán limitadas, al tiempo que el gabinete de guerra de Israel aprueba formalmente la invasión y la cancillería abre un canal diplomático con Egipto – inter-locutor insoslayable, por poseer una frontera con la fran-ja - asegurándose el bloqueo por parte de este país de las vías de comunicación con Gaza.

Un muy breve repaso histórico del conflicto israelí-palestino

En noviembre de 1947 la ONU aprueba el Plan de Partición de Palestina – en ese momento territorio colonial bajo adminis-tración británica - en dos estados, uno árabe y otro judío. El Plan asigna un 55 % de las tierras – la mayor parte desérticas - a la población judía, que equivale entonces al 31 % de los habitantes. Se estableció que la ciudad de Jerusalén y su área circundante quedarían bajo administración de la ONU. Los estados árabes rechazan el plan denunciando que viola la Carta de dicho organismo, en tanto desconoce el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Cuando al año siguiente cesa el mandato británico y se proclama el Estado de Israel, va a dar inicio la primera guerra árabe-israelí (mayo-junio de 1948). Israel se impone en ella a los ejércitos conjuntos de Siria, Jordania, Irak, Egipto y Líbano, absorbiendo Ashkelon (al norte de Gaza), la región de Acre-Nazaret (al sur de Líbano), y la franja occidental del desierto de Neguev. Estos territorios forman parte hoy del Estado de Israel. El resto de los territorios palestinos contemplados en el Plan de Partición quedan bajo administración de Egipto (Gaza) y Jordania (Cisjordania y Jerusalén Oriental) hasta 1967, cuando Israel los ocupa lue-go de la “Guerra de los Seis Días”. La “diáspora” palestina (1.000.000 de exiliados luego de la guerra de 1948, 300.000 más como resultado de la de 1967) se aglutina a partir de la década de 1960 en torno a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), presidida desde 1967 por su líder histórico, Yasser Arafat. Durante más de dos décadas la OLP, considerada por Israel (pero no por la ONU)

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una organización terrorista, se traza como objetivo la creación de un único estado palestino en los territorios de la Cisjor-dania antes bajo mandato británico.

En la década de 1990, y en cierta medida como resultado del levantamiento popular contra la ocupación conocido como la “primera Intifada” (con epicentro en Gaza), se produce la ronda de negociaciones conocida como “Acuerdos de Oslo” (1993-1995). A cambio del reconocimiento del Estado de Israel por parte de la OLP, los israelíes se avienen a tratar la resti-tución de los territorios. Se acuerda un complejo cronograma de restituciones progresivas por el cual una naciente Autori-dad Nacional Palestina (ANP) se hará cargo de la administración civil en el 60 % del territorio de Gaza y en una serie de en-claves “autónomos” (Jericó, Nablús, Ramallah, Belén) rodeados por áreas bajo supervisión de las fuerzas de seguridad israelíes. En 1994, Arafat asume la presidencia provisional de la ANP, a la cabeza del partido Al Fatah, el brazo político de la OLP.

A pesar de que los líderes de Al Fatah se muestran dispuestos a aceptar que el naciente estado palestino ocupe sólo un 22 % de la Palestina histórica – es decir, menos de la mitad del territorio establecido en el Plan de Partición – el proceso de Oslo se estanca por varias razones: el incremento de asentamientos judíos en territorios palestinos, la negativa de Israel a renunciar a Jerusalén Oriental, y los desacuerdos entre los mismos palestinos. Hamas, organización político-militar islámi-ca, nacida en la década de 1970 y con fuerte arraigo en Gaza, rechaza los Acuerdos de Oslo por considerar que Al Fatah negocia aspiraciones históricas del pueblo palestino. Esta organización toma el relevo de la OLP en la resistencia armada a mediados de la década de 1990, lo que ocasiona una campaña de asesinatos selectivos por parte de Israel que diezman sus principales cuadros. El proceso de Oslo se interrumpe definitivamente a partir de la llamada “segunda Intifada” (2000), a la que Israel responde con el asesinato de más de 2.000 palestinos, la destrucción sistemática de la infraestructura de la ANP, el bombardeo y ocupación de ciudades “autónomas” y el comienzo de la construcción de un muro en Cisjordania para garantizar la anexión de nuevas tierras. La reocupación del territorio cisjordano se da en paralelo con la expulsión, por parte de Israel, de sus propios colonos en Gaza, en 2005 (“Plan de desconexión”). A principios de 2006, Hamas consolida su ascendiente político al triunfar en las elecciones legislativas. Se realiza un fugaz intento de gobierno de “unidad nacional” con Mahmoud Abbas (también conocido como Abu Mazen, su alias de guerra), de Al Fatah, a cargo de la presidencia de la ANP desde 2005 (Arafat muere en 2004) e Ismael Haniyeh, de Hamas, en el rol de primer ministro. Pero Israel se niega a reconocer el triunfo de Hamas, e impone, con la complicidad de los EE.UU. y la UE, un bloqueo que incluye la negación de visados, la retención de impuestos y el cese de la ayuda internacional, que es vital para la reproducción de la ANP. A esto se suman los ataques y secuestros a cuadros de Hamas en el gobierno, lo que impo-sibilita de hecho el funcionamiento del Consejo Legislativo Palestino, y la provisión de armas a Al Fatah, que disputa con el grupo islámico el control de las fuerzas de seguridad. En junio de 2007 se desencadena abiertamente el conflicto entre ambas organizaciones palestinas: Hamas toma el control efectivo de la Franja de Gaza; paralelamente, sus cuadros son expulsados de las posiciones de gobierno en Cisjordania. Ab-bas forma un gabinete con miembros de Al Fatah y es reconocido por la “comunidad internacional” como el único referente de la ANP. Se cierra el cerco sobre Gaza, bajo la forma de un riguroso bloqueo aéreo, marítimo y terrestre (en este caso, con la complicidad del gobierno egipcio), y de periódicas incursiones “punitivas”. En junio de 2008, tras una mediación a cargo del gobierno de Egipto, se pacta una tregua de seis meses que interrumpe las hostilidades pero no el bloqueo.

El 27 de diciembre comienzan las operaciones masi-

vas por aire: en lo que constituye la más sangrienta ope-ración militar desde la Guerra de los Seis Días (1967), medio centenar de aviones F-16, apoyados por helicóp-teros, asolan el territorio de Gaza dejando un saldo de 230 muertos y más de 400 heridos. Los objetivos decla-rados son elementos clave del poder militar, político y cultural de Hamas: túneles clandestinos, miembros de sus fuerzas de seguridad, el Consejo de Ministros, el Par-lamento, el ministerio de Educación, la Universidad Is-lámica de Gaza. Pero la elevada concentración demográ-fica de Gaza, la fuerte presencia de Hamas en la sociedad civil y el uso masivo de la fuerza por parte de Israel provocan que la buena parte de las víctimas sean civiles desarmados. El “reloj diplomático” comienza a avanzar. Las manifestaciones masivas anti-israelíes en países musulmanes (Egipto, Líbano, Jordania, Irak, Ara-bia Saudita, Turquía y aún Cisjordania, controlada mili-tarmente por Israel) y el llamado a un a “tercera Intifa-da” por parte del gobierno de Irán y del grupo chiíta libanés Hezbollah, estrechan el margen para los regíme-nes islámicos “pro-occidentales” de mantener su “neu-tralidad”. La Autoridad Nacional Palestina, controlada por Al Fatah, adversario de Hamas, se ve obligada a sus-pender las negociaciones de paz con Israel, al tiempo que Egipto y Turquía ven debilitado aún más su presti-gio a los ojos del mundo islámico y su potencial rol ne-

gociador. La “comunidad internacional” moviliza a sus cuadros (el “Cuarteto”) en iniciativas no vinculantes que, como es lógico, no producen resultado alguno.

La entrada por tierra del ejército israelí, destinada a di-vidir el territorio de la franja para cerrar las vías de co-municación y aprovisionamiento de Hamas, produce un cambio cualitativo en la situación. En parte, por la mag-nitud de la apuesta: sobre la opinión pública israelí pesa aún la frustrante experiencia en el sur del Líbano en 2006. “En un sondeo del diario Maariv, el 85% de los encuesta-dos defiende la ofensiva militar actual. Pero sólo el 41,8% desea una ofensiva terrestre.” (LN 3-12). Parte de la reticencia se debe al temor a las propias bajas en combates urbanos con las milicias de Hamas. Los cuadros militares israelíes minimizarán esta posibilidad mediante un empleo parti-cularmente brutal de la fuerza: “Cuando sospechamos que un combatiente palestino se esconde en una casa, le lanzamos un misil y después dos disparos de tanques. Y una topadora derriba la pa-red. Eso causa daño pero previene la pérdida de vidas de nuestros soldados.” (CL 13-1). Los números “fríos” de bajas dan cuenta de la desproporción de las fuerzas bélicas en combate: “Las cifras preliminares de esta matanza indican que 17 días después de comenzar la ofensiva por tierra, mar y aire co-ntra la Franja de Gaza, los palestinos fallecidos son 905, de los cuales alrededor de 360, un 40 por ciento, son niños y mujeres. Estas cifras son un promedio de lo que informan fuentes de Hamas y organizaciones israelíes de derechos humanos. Hay entre

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3.200 y 4.000 heridos. Israel proclama que ya ha dado muerte a unos 300 militantes de Hamas, de lo cual se deduce que 600 de los muertos son civiles no beligerantes. Las fuerzas israelíes recono-cen 10 muertos, de los cuales cuatro lo han sido por "fuego acciden-tal", es decir, de sus propias tropas. Muertos por Hamas restan entonces 6 militares israelíes y a los que deben sumarse 3 civiles que perecieron por la caída de cohetes en ciudades de Israel.” (CL 13-1). “En los últimos días, el millón y medio de habitantes de Gaza padeció un ataque aéreo cada 20 minutos.” (LN 7-1).

En todas las operaciones punitivas israelíes (Líbano 1982, 2006; Palestina 2003, 2007) se observan ciertas macabras regularidades. Conforme las incursiones cre-cen en magnitud e intensidad se aceleran los “tiempos diplomáticos”, pero las iniciativas de paz quedan a cargo de ineficaces misiones a cargo de potencias de segunda línea mientras los EE.UU. bloquean los avances en el Consejo de Seguridad de la ONU en su afán de ganar tiempo. Los países de la Liga Árabe, por su parte, se ven en la difícil tarea de balancear su colaboración con la “diplomacia occidental” y su cada vez más debilitado as-cendiente sobre las masas islámicas. La tesis de la “legí-tima defensa” va cediendo ante la del “uso despropor-cionado de la fuerza” y aún la de la “matanza”, que concita multitudinarias manifestaciones en las principa-les capitales europeas y un obligado cambio de perspec-tiva por parte de los “medios occidentales”, como se desprende de las apreciaciones de un influyente periódi-co estadounidense, de fuerte arraigo en la comunidad judía de este país: “Antes de que el conflicto se salga de control, Egipto, Arabia Saudita y otros países árabes tendrán que encon-trar maneras de convencer o amenazar a Hamas (o a sus patroci-nadores, Siria e Irán) para que acepte un nuevo cese del fuego.” (NYT 30-12). “Por más que hablar de derrocar a Hamas suene terminante, cualquiera que esté familiarizado con la política de Gaza sabe que no es un objetivo realista. Los legisladores de Hamas ganaron democráticamente por mayoría en las elecciones de hace cuatro años, y el grupo cuenta con unos 25.000 hombres ar-mados.” (NYT 4-1). ”Cuanto más se prolongue la incursión is-raelí y más aumenten las víctimas, más crecerá la popularidad de Hamas entre sus seguidores, más se alejará a los países árabes moderados y más se alentará la inestabilidad en la región” (NYT 7-1). “Los palestinos se han convertido en una abstracción difusa para la gran cantidad de israelíes que está fuera del alcance de los cohetes de Hamas: ojos que no ven, corazón que no siente. De ma-nera vergonzosa, Israel ha impedido a los periodistas internaciona-les el acceso a Gaza. En este contexto, los alucinógenos pedidos de primer ministro Ehud Olmert a los palestinos comunes de Gaza, instándolos a darse cuenta de que Hamas es el enemigo común, se tornan más comprensibles (…) Israel tiene derecho a responder al ataque de Hamas con otro ataque, pero no de hacer volar en peda-zos a Gaza. Lo que no tiene es el derecho a engañar a su pueblo instándolo a pensar que se puede lograr la paz sin tener en cuenta las arraigadas realidades encarnadas por Hamas y Hezbollah (NYT, 9-1). El mismo día en que comienza la incursión terrestre, se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU, pero un intento de resolución llamando a un alto el fue-go es bloqueado por el veto de los EE.UU., al tiempo que tres distintas misiones diplomáticas (una de la UE,

otra por parte del presidente de Francia, y una tercera por parte de Rusia) se superponen a las actividades del Cuarteto. La misión francesa elabora, junto con la di-plomacia egipcia, una propuesta de paz consistente en cuatro puntos: (1) un inmediato cese del fuego “de am-bos bandos” (2) la apertura de negociaciones israelíes-palestinas a realizarse en Egipto con el fin de terminar con el contrabando de armas hacia Gaza (3) la reapertu-ra de fronteras entre Israel y Gaza (4) el inicio de “ron-das de reconciliación”, presididas por Egipto, entre Hamas y Al Fatah. Tanto Israel como Hamas rechazan la iniciativa el día 8 de enero. Al día siguiente, el gobier-no israelí se niega también a acatar la demorada resolu-ción (1860) del Consejo de Seguridad que llama a un re-tiro de las tropas israelíes. El carácter “no vinculante” de la resolución fue condición de los EE.UU. para no in-terponer su veto; su voto final fue de abstención.

El rol que le cupo a la matanza de 2006 en Qana, Lí-bano – el de poner al descubierto la brutalidad homicida de la “autodefensa” por parte de Israel y erosionar sin remedio su “escudo ideológico” – parece ocuparlo en estos días la matanza efectuada en la escuela Al-Fakhoura, en Jabalina, perteneciente a la ONU. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el ejército israelí refugió a 110 palestinos en dicho edificio el 4 de enero y lo bombardeó al día si-guiente, causando la muerte de 30 de civiles. El hecho motivó una resolución del Consejo de Derechos Huma-nos de la ONU, condenando vigorosamente la opera-ción israelí: “La ofensiva de la fuerzas armadas israelíes se ca-racteriza por violaciones masivas a los derechos humanos y la destrucción sistemática de las infraestructuras del territorio” (LM 12-1). Desarrollada la segunda fase de la operación mili-tar, consistente en la ocupación de los suburbios aleda-ños a los principales centros urbanos, la decisión de pa-sar a la fase definitiva, la de entrar en combate cuerpo a cuerpo en las calles de Gaza, parece haber roto el ini-cialmente monolítico consenso israelí. “Pasadas más de dos semanas del comienzo de la guerra, sólo hay vagos informes sobre el éxito de Israel para destruir la infraestructura terrorista de Hamas. Por otro lado, se acumulan las estadísticas sobre el daño causado a los civiles (…) Según la ONU, la mitad de los muertos son civiles y 50% de estos últimos mujeres y niños (…) Las leccio-nes de guerras anteriores, durante las que las fuerzas de defensa is-raelíes destruyeron blancos de infraestructura y las viviendas de ci-viles pero no recuperaron la calma que buscaban, no fueron asimiladas. La lógica justificada de Israel, de actuar contra las lanzaderas de cohetes, se vio cada vez más afectada en el curso de dos semanas. La legitimidad y comprensión hacia Israel se desva-necieron con las imágenes de muerte y ruina. Ya circulan en Israel acusaciones sobre crímenes de guerra. Este conflicto necesita avan-zar de inmediato hacia el ámbito diplomático y hacia acuerdos que pondrán fin a las fantasías y decepciones a ambos lados.” (Edito-rial de Haaretz, reproducido por CL 14-1). Al cierre de esta edición, parece afirmarse la idea de que Israel se ve-rá forzado a finalizar la operación en breve, aceptando con ciertas modificaciones la “propuesta franco-egipcia”, a menos que su gobierno esté dispuesto a profundizar su

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aislamiento diplomático. Es pertinente, entonces, dete-nerse ahora en el examen de los objetivos de la agresión y evaluar en qué medida se han cumplido.

Casus belli y frente interno Las autoridades israelíes califican esta guerra como de

“autodefensa”. Si bien la posibilidad de que el Estado de Israel se halle en peligro por las acciones de Hamas es demasiado fantástica aún para los más alucinados mili-tantes del sionismo, se ha exhibido como casus belli, co-mo motivo que da “derecho de guerra”, el disparo de cohetes por parte del grupo islámico contra civiles israe-líes, en lo que Israel y sus socios occidentales consideran una ruptura unilateral de la tregua de junio.

Algunos observadores occidentales ofrecen una ver-sión diferente de los hechos: “Una calma tensa prevaleció en gran parte para los primeros meses de la tregua, demostrando que Hamas podía controlar a grupos los militantes en Gaza. Pero eso comenzó a cambiar el 4 de noviembre, cuando las fuerzas israelíes entraron en Gaza por primera vez desde junio para hacer saltar un túnel que, según Israel, Hamas planeaba utilizar para captu-rar a soldados a lo largo de la frontera. Esa noche fueron muertos seis militantes de Hamas. Desde entonces, unos 250 cohetes y han sido arrojados desde Gaza a Israel, según los militares israelíes, y por lo menos han matado a 10 militantes palestinos han sido muertos en razzias israelíes.” (NYT 15-12). El ex presidente estadounidense Jimmy Carter coincide con esta interpre-tación de la ruptura de la tregua (CL 13-1). Hamas, por su parte, esgrime que Israel no cumplió con una de las condiciones básicas de la tregua, la de poner fin al blo-queo que mata lentamente al millón y medio de habitan-tes de la franja.

De todos modos, si el objetivo declarado del gobierno israelí es el de acabar con el lanzamiento de proyectiles por parte de Hamas, no parece estar cumpliéndose. Por el contrario, en el curso del conflicto no sólo aumenta-ron sino que incrementaron su penetración en territorio israelí, superando su alcance habitual de 15-20 kilóme-tros e impactando en ciudades como Ashdod y Beers-heba (a 38 y 42 kilómetros, respectivamente, de distancia de la franja).

Aún aceptando la “culpabilidad” del grupo islámico – lo que implica desconocer su derecho a la autodefensa ante la ocupación – las crudas cifras muestran que las “respuestas desproporcionadas” por parte del gobierno hebreo son una constante. Entre 2001 y 2008, 23 israelí-es murieron a causa de los proyectiles palestinos, según la ONG The Israeli Project. En el mismo período, y según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, 3.800 palestinos murieron a causa de las réplicas israelíes. (LN 4-12).

Como es habitual en estos casos, los altos mandos de Israel han puesto sobre el tapete otro objetivo de tipo táctico: la recuperación de la “capacidad disuasiva”. "Es-to es importante precisamente para poder evitar guerras, para que nadie pueda pensar que atacará a Israel sin que le cueste nada." (Gral. (R) Avihu Bin Nun, ex comandante en jefe de la fuerza aérea de Israel). "En los últimos dos años no estaba cla-

ro si alguien realmente seguía teniéndole miedo a Israel. Y la pre-ocupación era que en el pasado nadie quería tener problemas con Israel porque temían las consecuencias, mientras que hoy la región está repleta de retórica provocativa sobre Israel como un tigre de papel (…) el operativo en curso es un intento de reinstaurar la per-cepción de que aquel que provoca o ataca a Israel, puede llegar a pagar un precio desproporcionado." (Mark Heller, investigador del Instituto de Estudios de la Seguridad Nacional en la Universidad de Tel Aviv, LN 30-12).

Todo esto sugiere que la operación “Plomo Fundido” se montó sobre la necesidad de superar el “trauma del Líbano” – el fracaso del intento, en 2006, de destruir la estructura de Hezbollah en dicho país -, y hay una clara aceptación de que se planeó cuidadosamente durante el cumplimiento de la tregua, para no repetir errores. ”Para abordar esa parte crucial de la operación (la destrucción de la in-fraestructura militar de Hamas en Gaza), el ejército israelí se en-trenó durante más de un año sobre una maqueta a escala reducida construida en la base de Tsehilim, en el desierto de Neguev, según reconoció el vocero militar Avi Benayahu (…) La gran obsesión del ministro de Defensa cuando comenzó a preparar la hipótesis de conflicto con Hamas era no repetir el error que cometió Israel cuan-do ocupó Beirut en 1982 y quedó expuesto a una guerrilla urbana difícil de neutralizar. También quería evitar las trágicas desinteli-gencias que aparecieron durante la intervención de 2006 en el sur del Líbano contra el movimiento islamista Hezbollah.” (LN 6-1).

Superar el “trauma libanés” resulta esencial a los dos partidos – Kadima y el laborismo – que han debido car-gar con el fracaso en la conducción de dicha guerra, fra-caso del que se beneficia el derechista Likud del ex pre-mier Netanyahu. Recordemos la inminencia de las elecciones israelíes; a la candidatura de Netanyahu se oponen la del ministro de Defensa Barak (laborista) y la de la canciller Livni (de Kadima). “El 10 de febrero próximo habrá elecciones en Israel, y el oficialismo, criticado por su "indul-gencia" con respecto a Hamas, perdía intenciones de voto frente al nacionalista Benjamin Netanyahu. Con la apertura de un frente militar en Gaza, Barak se hizo del liderazgo del país en el plano bélico e incrementó sus posibilidades de acceder al poder en febrero. Hasta la semana pasada, la puja electoral estaba reducida al líder de la derecha, Netanyahu, y a la canciller Livni, jefa de Kadima.” (LN 31-12). La especulación electoralista crea cierta con-fusión acerca de los objetivos reales que persigue el “ga-binete de guerra”: “El primer ministro, Ehud Olmert, es par-tidario de continuar la guerra hasta terminar con la amenaza que representa Hamas. La canciller, Tzipi Livni, prefiere detener en forma inmediata la operación Plomo Fundido con la esperanza de obtener en la mesa de negociaciones lo que las fuerzas armadas no pudieron lograr por las armas. El ministro de Defensa, Ehud Ba-rak, reclama algunos días suplementarios para lograr definiciones sustanciales en el terreno de operaciones y luego negociar un acuerdo con ayuda de Estados Unidos y Egipto. En los últimos días, Ol-mert se acercó a las posiciones de Barak (…) La mayor dificultad para poner de acuerdo las tres corrientes internas del gabinete resi-den, según algunos analistas políticos y militares, en el carácter li-mitado e incluso difuso que tuvieron los objetivos de guerra inicia-les: eliminar la amenaza que representaban los disparos de cohetes

8 Plomo fundido sobre Gaza

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desde Gaza, impedir el rearme de Hamas mediante la destrucción de los túneles en la frontera con Egipto, poner término a la crisis humanitaria del millón y medio de habitantes de ese territorio y crear las condiciones para recuperar al soldado Gilad Shalit, se-cuestrado desde el 25 de junio de 2006.” (LN 11-1).

El frente interno palestino no es menos complejo. La matanza ha generado obligados reacomodamientos tanto en la relación entre los cuadros de Hamas y Al Fatah, como al interior de ambas agrupaciones. Nunca como ahora la intrascendencia del presidente Abbas, que ejerce una fantasmal autoridad en Cisjordania y observa casi sin palabras la destrucción de su propio pueblo, pareció tan pronunciada. Para muchos cuadros de la política “mode-rada” palestina, reformular sus relaciones con Hamas es una cuestión de supervivencia. "Gente de la ANP ha estado hablando contra Hamas, como si vivieran en otro lado y no en el territorio palestino. Más allá de las discrepancias que tenemos, el hecho es que Gaza, por el bloqueo israelí, se halla en una situación muy compleja y las quejas no pueden ir sólo contra Hamas. Si esto sigue durante varias semanas y dentro de cierto tiempo Israel pro-clama que lo que quiere es también derribar al gobierno de Hamas, yo creo que los que pagarán realmente el precio serán las autoridades de la ANP. No sé si Hamas caerá en Gaza, pero sí que en Cisjordania será derribada la Autoridad Palestina (…) Tal como están las cosas, no tengo dudas: la actitud que se ha adoptado la pagaremos caro en las urnas" (Fares Qadura, ex ministro y diputado por Al Fatah, BBC 29-12). “Hamas fue elegido democráticamente. Tenemos un gobierno de unidad na-cional palestino que incluye a Hamas. Si Israel quería negociar, ésta era la mejor oportunidad, porque un gobierno de unidad na-cional representa a todos los palestinos (…) El presidente Abbas en este caso es irrelevante. ¿Por qué no está en Gaza? Tendría que negociar desde allí.” (Mustafá Barghouti, secretario general de Iniciativa Nacional Palestina, LN 10-1). Un dato inte-resante en tanto relativiza la dicotomía entre “modera-dos” de Al Fatah y “terroristas” de Hamas: la primera víctima de los ataques aéreos israelíes desde la ruptura de la tregua (20-12), fue Ali Hijazi, miembro de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, brazo armado de Al-Fatah. Según voceros de Al-Aqsa, Hijazi era su “comandante local, a cargo de los disparos de cohetes contra Israel” (LM 21-12).

Hamas alberga, en su interior, a sus propios “halco-nes” y “palomas”. El ala política “moderada”, cuyo refe-rente es el primer ministro Haniyeh, logró consolidar sus posiciones en 2006, cuando el triunfo en las elecciones legislativas de Hamas pareció validar su estrategia de uti-lizar la “vía democrática” para la ocupación de posicio-nes en la ANP. Esta facción se distingue además por in-tentar sentar las bases de una posible paz con Israel a partir de condiciones consideradas más “realistas” (el re-greso a las fronteras anteriores a 1967) que las de la línea “dura” (la disolución del Estado de Israel). La imposibi-lidad de concretar el gobierno de unidad nacional con Al Fatah, y la abierta hostilidad de Israel y la “comunidad internacional”, terminó fortaleciendo sin embargo a los elementos “duros”, capitaneados por Mahmoud Zahar, lo que se concretó en la ocupación de la franja por parte de Hamas (2007) y la escisión del estado palestino. Hay

que señalar que ambas líneas representan de algún modo a la segunda generación del movimiento, que tomó el re-levo de la conducción en el territorio palestino luego de su protagonismo en la “segunda Intifada”. La vieja guar-dia de Hamas, diezmada por los asesinatos selectivos lle-vados a cabo por Israel en la década de 1990, parece es-tar representada por el “líder espiritual” en el exilio, Khaled Meshaal, quien ante el fracaso de la tregua se de-canta hacia la línea “dura”. Su opinión definiría la puja entre las opciones de continuar o no la tregua: “Aun sa-biendo que indudablemente habría represalias, Hamas pareció in-terrumpir el cese del fuego en parte debido a su bien demostrada disciplina y coherencia. Durante años ha predicado a los palestinos el credo de que Al-Fatah negoció con Israel y no obtuvo nada; el camino de la lucha armada de Hamas, argumentaba año por me-dio, era la única salida. Y, así, parece que Hamas ha aplicado esa misma lógica a su propio cese de hostilidades: el líder supremo de Hamas, Khaled Meshaal, dijo el sábado que la tregua había arro-jado pocos resultados positivos. Si no había beneficios específicos -como la liberación de prisioneros o el levantamiento de los bloqueos israelíes sobre Gaza-, entonces la opción era, una vez más, el re-torno a la violencia.” (NYT 31-12). En este momento, la disputa al interior del movimiento se da en torno a la “propuesta egipcia”: “Los representantes del movimiento en Gaza están abiertos a un acuerdo de cese de fuego aún en las con-diciones establecidas en 2005 (los pasos de frontera en manos de la Autoridad Palestina con veedores internacionales y cierto control israelí con cámaras de circuito cerrado). Pero estos líderes no pue-den decidir sin el visto bueno de la secretaría política del Hamas en Damasco, que mantiene posiciones más duras, fuertemente influi-das por la presión de Irán, que llama a resistir la ofensiva israelí hasta las últimas consecuencias, prometiendo abastecimiento de armas, misiles y fondos para continuar la batalla.” (CL 13-1).

¿Guerra táctica o guerra estratégica? Si en las acciones israelíes es casi innegable el peso de los condicionantes de la coyuntura, como la inminente dis-puta electoral, queda claro que la operación se preparó al menos con un año de anticipación. La retirada unilateral de los asentamientos en Gaza efectuada en 2005 fue en-tonces presentada por el gobierno israelí como un “gesto de buena voluntad”; en este Análisis… se la interpretó como un acto de “economía de fuerzas”, tendiente a profundizar los planes de colonización en Cisjordania. A la luz de los sucesos actuales, la evacuación de colonos israelíes adopta un tinte más ominoso: la presencia de dichos colonos hubiera hecho enormemente dificultoso el empleo de la fuerza militar masiva sobre Gaza.

Todo esto nos advierte que detrás de cada una de las periódicas guerras emprendidas por el estado hebreo suelen subyacer consideraciones estratégicas. Las espe-culaciones al respecto son variadas: nos limitaremos a examinar diferentes escenarios.

El primero de ellos consiste en la destrucción de la es-tructura político-militar de Hamas en la franja y la reins-talación en ella de la ANP. “Israel dice que está intentando lo-grar “un acuerdo sin Hamas”: los terroristas deben ser el tema del acuerdo, no parte de él, dice la canciller Tzipi Livni. Israel quisie-

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ra que tal acuerdo restaure el alto el fuego y fije un mecanismo de la supervisión para las fronteras de Gaza, que asegure específica-mente un fin al contrabando de armas a través de los túneles de Egipto, pero no ha dicho si está dispuesto a abrir sus propios pasos de frontera con Gaza para el flujo sin restricción de importaciones civiles. El personal de la UE, de Turquía y de la Liga Árabe proveería de personal a un régimen de la supervisión en la frontera de Gaza-Egipto (…) Fuentes diplomáticas dicen que esta línea de pensamiento, bien ejecutada, podría ser una manera de facilitar la vuelta de la ANP a Gaza, y con ella la de algunas perspectivas de un acuerdo durable con Israel. “No pueden volver en los tanques israelíes, pero sí en los de una fuerza internacional” afirma un di-plomático. Este optimismo depende de la rápida conclusión de la campaña por tierra, y en que el número de las víctimas civiles no se eleven demasiado.” (TE 8-1). Visto el patético rol desempe-ñado por Abbas, resulta difícil concebir cómo puede su autoridad un factor de “pacificación” para la sociedad palestina. Inclusive algunos intelectuales israelíes – que sin embargo participan del “consenso de guerra” – ca-racterizan este objetivo como imposible: “No creo que al-guien crea que Israel puede derribar por la fuerza el gobierno de Hamas. Israel no lo puede hacer.” (Amos Oz, LN 31-12).

Aún más quimérico parece el escenario de los “tres Estados”, planteado por un ex referente de la política exterior de la administración republicana estadouniden-se. La propuesta no interesa por su factibilidad – que es, afortunadamente, nula – sino más bien como evidencia de las alucinadas propuestas de rediseño territorial que circulan por estos días.“Empecemos por reconocer que tratar de crear una Autoridad Palestina a partir de la vieja OLP fracasó y que cualquier solución de dos Estados está condenada a abortar. Hamas aniquiló la idea. Deberíamos buscar un enfoque de "tres Estados", en el cual Gaza vuelva a estar bajo control egipcio y Cisjordania, bajo alguna configuración, retorne a la soberanía jor-dana (…) Para los palestinos, admitir el fracaso de la ANP y las consecuencias de haber elegido a Hamas, significa aceptar la reali-dad, por desagradable que sea. La ANP -debilitada, corrupta y desacreditada- no es un Estado de acuerdo con ninguna evaluación realista, ni tampoco será aceptada por Israel en tanto Hamas o el terrorismo continúe siendo una fuerza política mayor entre los pa-lestinos (…) Para evitar más problemas se debe prescindir de las intrincadas discusiones acerca del estatuto legal de Gaza y Cisjor-dania. Estos territorios tienen más teorías legales que tierra (…) O hacemos mejor las cosas, conceptual y operativamente, o Irán es-tará feliz de llenar el vacío.” (John Bolton, WP 5-12). Ob-sérvese que se plantea aquí un regreso a la situación an-terior a la guerra de 1967, con la negación lisa y llana de toda posibilidad de conformación de un estado palesti-no. Dejando de lado la improbable intención de Egipto y Jordania de exponerse al resto del mundo árabe como los verdugos de la nación palestina, queda por considerar que debería hacerse, según Bolton, con los millones de palestinos asentados en Gaza y Cisjordania. ¿Tal vez confinarlos de por vida a campos de refugiados? ¿Una “limpieza étnica”?

Una alternativa a la imposibilidad de instalar al deva-luado gobierno de Al Fatah en Gaza sería el llamado “Plan Dagan” – atribuido a Meir Dagan, director de la

agencia israelí de inteligencia – que apuesta a “cantoni-zar” el territorio de la ANP, estableciendo autoridades tribales locales con las que Israel podría negociar separa-damente. Este plan de acción habría sido elaborado en 2000, en momentos del regreso de Ariel Sharon al go-bierno, pero está en sintonía con la táctica empleada por las fuerzas de ocupación en Irak.

Hay, detrás de todos estos planes de ingeniería políti-co-territorial, un objetivo estratégico que supera las mo-tivaciones israelíes y explica la tolerancia – o complicidad – de los EE.UU. y la UE, para con las masivas demos-traciones de fuerza por parte de Israel. Es el de debilitar el liderazgo regional de Irán, faro y referente de las ver-siones locales (Hamas, Hezbollah) del islamismo políti-co. Un diario neoyorquino nos da la pista que lleva de Gaza a las plantas nucleares de Isfahan. “En un escenario optimista para Israel y Estados Unidos, una rotunda victoria is-raelí facilitaría mucho una declaración conjunta de Egipto, Jorda-nia y otros países en contra de la militancia islámica y su principal promotor en la región, Irán. A partir de allí, como señaló el ex embajador norteamericano en Israel Martin S. Indyk, una fuerza de paz integrada por tropas turcas y árabes bien podría abrir el camino para la restitución del control político de Gaza al presiden-te Mahmoud Abbas, que, a pesar de ser la cabeza del movimiento Al-Fatah y el presidente de todos los palestinos, no es más que un debilitado líder en Cisjordania. Después podría venir un acuerdo sobre dos Estados, y quizá la paz entre Israel y Siria, lo que deja-ría aislado a Irán detrás de la barrera de contención de la flamante democracia de Irak, un lugar más pacífico aunque no por eso ami-gable. Aparte de Israel, Irán es el país que más tiene en juego en esta contienda. Irán financia a Hamas y a Hezbollah no sólo para castigar a Israel, sino para extender su influencia en el mundo árabe. Una derrota convincente de Hamas socavaría esa estrategia, y quizá también la capacidad de Irán para resistir las presiones de Occidente en negociaciones más amplias, como por ejemplo sobre su apoyo a grupos terroristas o incluso su programa nuclear” (NYT 5-1).

La “comunidad internacional” Como en Líbano en 2006, la cotidiana exposición me-

diática de la muerte y la devastación – aún velada por la negativa de Israel a dejar actuar en la zona a correspon-sales de guerra – provocan una creciente oleada de in-dignación en los pueblos del mundo. Las cancillerías de todo el mundo se movilizan para justificar, moderar o condenar. En algunos casos, se confirman las alianzas estratégicas. En otros, se replantean las mismas demar-cando nuevos límites. Hay países en los que se verifican desplazamientos diplomáticos.

El de los EE.UU. constituye un ejemplo del primer caso. La Casa Blanca responsabilizó abiertamente a Hamas por el rompimiento de la tregua (“Estados Unidos condena fuertemente los repetidos ataques contra Israel y responsa-biliza a Hamas por romper el cese del fuego y por la nueva ola de violencia en Gaza.”. Condolezza Rice, BBC 28-12), actitud que no cambió ni aún ante la violencia de los primeros bombardeos masivos y la incursión terrestre ("Yo sé que la gente dice «es necesario un alto el fuego». Es una ambición no-ble. Pero todo alto el fuego debe incluir condiciones de forma tal que

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Hamas no use a Gaza para lanzar cohetes". G.W. Bush, LN 6-1). EE.UU. interpuso su veto en el Consejo de Seguri-dad a una resolución en demanda de alto el fuego, y se abstuvo cuatro días después, cuando finalmente el Con-sejo emitió la resolución no vinculante no acatada por Israel. Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cáma-ra de Representantes, atribuyó también toda la culpabili-dad al grupo musulmán, dejando en claro su adscripción al consenso pro-israelí (LF 29-12). Los que esperan una nueva orientación en política exterior, al menos en Oriente Medio, durante el gobierno de Obama, deben haberse sentido algo desconcertados por el obstinado si-lencio al respecto del futuro presidente estadounidense. Hay que recordar que a mediados de 2008, en su visita a Israel, Obama declaró que "si alguien estuviese dirigiendo co-hetes a la casa donde duermen mis dos hijas por la noche, haría todo lo que estuviera en mi poder para detenerlo" (LN 29-12). En cuanto a la próxima secretaria de Estado, Hillary Clinton, nunca a ocultado su coincidencia con la política exterior israelí. “En un discurso que realizó poco después de perder las primarias demócratas ante Barack Obama, Hillary dijo que el nuevo presidente debía dar por terminadas todas las negocia-ciones con Hamas. Anteriormente, había afirmado que si Irán atacaba Israel con armas nucleares, Estados Unidos podía "bo-rrarlo del mapa".” (NYT 4-1).

Una confirmación semejante de alianzas estratégicas se dio en el caso de naciones cuyos gobiernos sostienen una postura de enfrentamiento abierto para con la políti-ca exterior de los EE.UU. Es el caso, obviamente, de Irán, que a las intervenciones diplomáticas (”Condenamos con firmeza los extensos ataques del régimen sionista contra civiles en Gaza. Los ataques contra gente inocente son imperdonables e inaceptables. Pedimos una acción inmediata para detenerlos.". LN 28-12), sumó el envío de un barco con ayuda humanita-ria que intentó desafiar el cerco marítimo israelí (LF 27-12), invocaciones al mundo musulmán a emprender ac-ciones concretas (el ayatollah Khamenei emitió un de-creto ordenando a los musulmanes de todo el mundo a tomar las armas en defensa de los palestinos, LN 29-12) y la creación de un juzgado especial en Teherán para procesar a los líderes de Israel por genocidio y crímenes contra la humanidad (LN 31-12).

Por su parte, el líder del grupo chiíta Hezbollah, Has-san Nasrallah, llamó a la realización de una “tercera Inti-fada” en defensa del pueblo palestino (31-12). Hay que señalar que la amenaza de la apertura de un segundo frente, en la frontera con Líbano, desvela a los altos mandos israelíes, que recuerdan que un hecho semejante dio inicio a la guerra en Líbano en 2006. “Como parte del dispositivo de vigilancia, la aviación israelí sobrevuela varias veces por día las zonas del Líbano controladas por Hezbollah. Desde que finalizó la guerra de julio y agosto de 2006, el movimiento chiita reconstituyó sus reservas de armas y municiones mediante en-víos realizados por sus dos grandes aliados: Siria e Irán (…) Los especialistas consideran que, 30 meses después del final de la gue-rra, Hezbollah recuperó su nivel de 2006 y probablemente lo me-joró” (LN 8-1). El gobierno sirio, por su parte, suspendió

el día 28 de diciembre sus conversaciones informales con Israel en protesta por los bombardeos.

Los gobiernos de Venezuela y Cuba, previsiblemente, adoptaron las posturas más radicales en contra de la ac-ción israelí en nuestro continente. El presidente Chávez – confirmando una vez más su adscripción al “eje del mal” –dispuso la partida del embajador israelí. "El presi-dente de Israel debería ser juzgado ante la Corte penal internacio-nal, junto al presidente de Estado Unidos. El Tsahal es el brazo armado del imperio yankee en Medio Oriente (AFP 7-1). El gobierno venezolano propuso asimismo establecer un puente aéreo humanitario con la comunidad árabe y mu-sulmana y de otros países latinoamericanos para facilitar medicamentos y víveres en la Franja de Gaza. El gobier-no cubano, por su parte, emitió un comunicado en el que se califica la ofensiva como “la más sangrienta ejecutada por Israel contra el pueblo palestino. Ocurre en medio del ilegal bloqueo impuesto por el gobierno israelí en los últimos 18 meses contra la Franja de Gaza, dirigido a aniquilar y rendir por ham-bre y enfermedad a la población palestina, incluidos niños, mujeres y ancianos. Cuba expresa su más enérgica condena a este acto ge-nocida del gobierno de Israel, que viola los más elementales princi-pios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Uni-das." (Prensa Latina, 28-12)

En una tesitura semejante se situaron gobiernos más afines al proyecto del ALBA. El presidente boliviano Evo Morales reclamó acusó a la Casa Blanca de apoyar una "invasión criminal para con los palestinos (…) El gobierno de Estados Unidos no puede seguir usando a un país como Israel para invadir países que están en proceso de liberación", mientras que, en Ecuador, la Comisión Legislativa denunció al es-tado israelí de “terrorismo de Estado y el crímenes contra la humanidad" (BBC 4-1). A mediados de enero, tanto Boli-via como Venezuela anunciaron el rompimiento de rela-ciones diplomáticas con Israel.

En general, los gobiernos del Occidente europeo – en quienes recayó, como vimos, la tarea negociadora - se encolumnaron detrás de las tesis del “pecado original” de Hamas, aún admitiendo, conforme aumentaba la evi-dencia de la devastación a que era sometida la franja, la tesis complementaria del “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de Israel. En esta posición se coloca-ron la cancillería francesa y la alemana, así como el jefe de la diplomacia de la UE, Javier Solana. La ausencia de una política exterior del bloque, derivada, por su parte, de la ausencia de una configuración política de la UE, quedó una vez más en evidencia a través de notas dis-cordantes: fue el caso de la cancillería española, que sin culpabilizar abiertamente a Hamas demandó el cese de las operaciones militares israelíes (EP 29-12).

Un caso análogo de doble discurso lo evidenció, llama-tivamente, el Vaticano. El mismo día en que el vocero papal Federico Lombardi expresaba, a su manera, la tesis de la culpabilidad de palestina (“Hamas es prisionera de la lógica del odio; Israel, de una lógica de fe en la fuerza como la me-jor respuesta al odio.”) el cardenal Renato Martino, presi-dente del Consejo de Justicia y Paz, afirmaba que "Gaza se parece cada vez más a un gran campo de concentración." (LN

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28-12), afirmación que provocaría airadas protestas por parte del gobierno israelí.

Tampoco el gobierno chino adscribió a la tesis de la provocación de Hamas, limitándose a expresar un lla-mado a detener la acción militar, pese a que el presidente chino Hu Jintao y su par estadounidense Bush, junto con el ministro exterior chino Yang Jiechi y la secretaria de Estado Rice, habrían discutido una posición común en una conversación telefónica (LF 31-12).

Un caso interesante es el de Rusia, cuya política exte-rior parece pendular entre el enfrentamiento abierto con la de los EE.UU. (el caso del “escudo antimisiles”) y la adopción del rol de “quinta columna” en relación a los objetivos diplomáticos occidentales (el caso del plan nu-clear iraní). Como integrante del “Cuarteto”, se supone que el gobierno ruso debería adscribir a la “Hoja de Ru-ta” formulada en 2003, que establece claramente como condición de paz durable el desarme de Hamas. Sin em-bargo, Rusia afirma que ningún proceso de paz puede hacerse al margen del grupo islámico. Vale recordar que en enero de 2006, luego del triunfo electoral de Hamas, los rusos se manifestaron contrarios al bloqueo y plan-tearon el deseo de recibir a representantes de dicha or-ganización en Moscú. A principios de enero, el enviado especial de Rusia para Medio Oriente, Alexander Sulta-nov, se reunió en Siria con Khaled Mashaal, el líder de Hamas en el exilio. Posteriormente, un comunicado de la cancillería rusa destacó la voluntad de Mashaal de par-ticipar en la búsqueda de una “solución político-diplomática”, subrayando por otra parte que la imposi-ción de condiciones cercanas a la capitulación por parte de Israel eran “inaceptables” (LN 8-1). La posición de la cancillería rusa es que, como primera medida, Israel debe levantar el bloqueo. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia destinó, afines de diciembre, 60 toneladas de alimentos y medicamentos a los habitantes de Gaza, que se entregó a la organización egipcia de la Medialuna Roja.

Las movilizaciones masivas y su adscripción al Islam obligaron, sin duda, a los gobiernos de los paises mu-sulmanes en la órbita estadounidense-europea a expresar – sin pasar de las palabras - su malestar por el uso masi-vo de la fuerza por parte de Israel. Turquía juzgó “in-aceptable” la incursión terrestre israelí, y el primer minis-tro argelino, Ahmed Uyahia, acusó a Israel de cometer “crímenes contra la humanidad”. Mubarak, cómplice del

estado hebreo al mantener cerrado el paso de Rafah, condenó los ataques por aire y calificó sin embargo la incursión terrestre israelí como “espantosa” (LN 5-12). El día 12, el gobierno egipcio permitió el transporte de ayuda humanitaria a través de Rafah.

La votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condenó la ofensiva israelí el día 12 de en-ero, puso en claro la línea de demarcación entre el “primer” y “tercer” mundo respecto al conflicto. El único voto en contra provino de Canadá; las 13 absten-ciones provinieron de países europeos, Japón y Corea del Norte; mientras que los representantes africanos, árabes y latinoamericanos votaron en masa a favor de la propuesta. Hay que aclarar que ni los EE.UU. ni Israel se hallan en este momento representados en el Consejo. “Los países occidentales consideraron que el documento, presentado por naciones árabes y asiáticas, no hace suficiente hincapié en los disparos de cohetes que realizan milicianos palestinos contra el sur de Israel.” (LJdeM, 12-1).

En nuestro continente, la doble tesis de la “culpabili-dad” inicial de Hamas y la del “uso desproporcionado de la fuerza” israelí fue la nota común en las intervenciones por parte de las cancillerías de gobiernos de la región habitualmente adscriptos a los lineamientos de la política exterior estadounidense (México, Colombia, Perú). Ya comentamos que las intervenciones más contundentes en América Latina estuvieron a cargo de Cuba, Venezue-la, Bolivia y Ecuador. Mucho más tenue fue la reacción de los gobiernos – pero no de la mayor parte de la ciu-dadanía – en Argentina y Brasil. La cancillería de nuestro país emitió un comunicado a favor del cese de fuego is-raelí que provocó cierto enojo por parte del embajador de Israel en nuestro país, por considerar que no ponía suficiente acento en el disparo de cohetes palestinos. El presidente de Brasil, por su parte, parece haber visto la oportunidad de efectuar el lanzamiento de su país a la “diplomacia global”: luego de sugerir la convocatoria a una reunión de emergencia de líderes mundiales para discutir una salida al conflicto en Medio Oriente, a reali-zarse en Brasil o en Francia, ya que "está demostrado que la ONU no tiene coraje para tomar una decisión para llevar la paz a esa zona" (Lula da Silva, LM 6-1), envió al canciller Amorín en una gira por la zona para intentar “acercar posiciones”.

12 Alcanzando nuevas cumbres

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La integración regional al sur del río Bravo

Alcanzando nuevas cumbres Por Alejandro Viegas

Cómo llegamos a estas cumbres Entre el 15 y el 18 de diciembre en Sauípe, cerca de

San Salvador de Bahía en Brasil, se sucedieron la 36ª Cumbre del Mercosur, la reunión de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), del gru-po Río y la I Conferencia de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo e Integración (CALC). Semejante en-tramado de encuentros hace patente tanto la decisión tomada hacia la integración regional como lo sinuoso del camino para conseguirla. Un breve racconto de hechos recientes puede ilustrar esto.

Justo antes de la reunión, el diario La Nación se encar-gaba de enumerar las trabas con las que se llegaba al en-cuentro, sintetizándolas como “recelos hacia el liderazgo brasileño”. Contando con cierto deleite las grietas de la integración regional, se listaba quiénes habían sido desai-rados por Brasil y porqué: Argentina por la toma propia de posición de Brasil (más aperturista) en las negociacio-nes comerciales globales, Paraguay y Bolivia por los pre-cios que Brasil paga por la energía (electricidad y gas), y Ecuador por una represa mal construida por una empre-sa brasileña y financiada por el Banco Nacional de Desa-rrollo Económico y Social.

Y podemos agregar a la lista otras desavenencias más: los poderes legislativos de Brasil y Paraguay siguen sin aprobar el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, el Código Aduanero no pudo aprobarse en julio por los planteos de Uruguay contra las retenciones agropecuarias de Argentina, la candidatura de Néstor Kirchner a la presidencia de UNASUR fue vetada expre-samente por Uruguay, y Perú y Colombia participan muy reticentemente de la UNASUR.

Pero por otro lado, y sin irnos más atrás de 2008, te-nemos muestras de la capacidad de acción regional. La más importante sin duda fue ante el asesinato de Raúl Reyes por las FFAA colombianas en territorio ecuatoria-no, en el marco de la cumbre del Grupo Río en marzo

defendiendo la soberanía territorial en contra de la “flexi-bilización de las fronteras” para atacar “objetivos militares legí-timos”. Fue también significativa la intervención de la UNASUR en los momentos más tensos del conflicto po-lítico boliviano, apoyando la institucionalidad democráti-ca y defendiendo la integridad territorial del país frente a una oposición lanzada a separar las regiones ricas en hidrocarburos y tierras fértiles. Sumemos a esto el lan-zamiento del Consejo Sudamericano de Defensa, la más modesta pero concreta eliminación del dólar de los inter-cambios entre Argentina y Brasil, o aún con sus demoras el proyecto del Banco del Sur, y vemos señalado un ca-mino en que se estrechan lazos aparte y en contra de EE.UU..

¿Qué resultó de tanto encuentro? Vamos por partes: El Mercosur aprobó un Fondo de Garantías para Pe-

queñas y Medianas Empresas y el presupuesto inicial pa-ra la instalación de su Instituto Social en la ciudad de Asunción. El Código Aduanero tampoco pudo aprobar-se, esta vez por objeciones de Paraguay –él único de los países sin puerto propio, se le propuso un mecanismo que compense la disparidad de ingresos y se tratará de acordar próximamente. Se respaldo además la posición argentina frente a Gran Bretaña por la soberanía de las Malvinas.

UNASUR aprobó por unanimidad el informe del juris-ta argentino Rodolfo Mattarolo sobre la masacre de Pan-do, calificada como “un crimen de lesa humanidad”. El canciller brasileño Celso Amorim anunció que el docu-mento se elevará a la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de Dere-chos Humanos de la ONU. También se aprobó la creación del Consejo Sudamericano de Defensa, definido por funcionarios brasileños como "un foro de consultas

Apretado glosario

Grupo Río: nació en diciembre de 1986 como foro para negociaciones de paz en Centroamérica. 23 miem-

bros: Argentina, Brasil, Belice, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Gu-

yana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

UNASUR: deriva de la Comunidad Sudamericana de Naciones nacida en diciembre de 2004, como fusión del

Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. La integran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,

Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. México y Panamá son observadores.

MERCOSUR: creado en marzo de 1991. Miembros plenos: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Países asocia-

dos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela (aprobación de membresía plena pendiente).

CAFTA: tratado de libre comercio entre EE.UU. y seis países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Repúbli-

ca Dominicana, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

ALBA: Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe, constituida en diciembre de 2004 por Cuba y Ve-

nezuela como proyecto antagonista al ALCA propuesto por EE.UU.. Fue sumando nuevos integrantes: Bolivia, Ni-

caragua, Honduras y Dominica.

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y la posibilidad de integración en cuestiones de defensa", no como "una alianza militar clásica", y se insistió en que "no habrá una fuerza militar sudamericana". A propuesta de Chile se creó el Consejo Sudamericano de Salud. Por falta de unanimidad, se postergó hasta abril el nombra-miento del presidente del organismo.

Del Grupo Río y la CALC salieron los anuncios políti-camente más fuertes. En primer lugar, allí participó Cuba por primera vez como miembro pleno del Grupo Río. Además, Felipe Calderón, anunció en rueda de prensa que se avanzará en la creación de una organización de Estados latinoamericanos y caribeños, una especie de OEA, sin Estados Unidos y Canadá, y con Cuba. Calde-rón dijo que se construirá en los próximos dos años a partir del Grupo de Río. La declaración de la CALC in-cluye un párrafo dedicado a ella: (Los Jefes de Estado y de Gobierno) Reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio siste-ma político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democra-cia y respeto a los derechos humanos. Y se realizó una declara-ción especial en la que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos pidieron a EE.UU. que cumpla con las regula-ciones del derecho internacional. Hubo durante los dis-cursos posiciones más encendidas. Por caso, Evo Mora-les propuso un ultimátum a Obama. Propuso “darle un término al nuevo gobierno estadounidense para que levante el blo-queo económico. Si el nuevo gobierno no levanta el bloqueo económi-co, nosotros levantamos a sus embajadores.” (TeleSUR 17/12) Recordemos que Bolivia y Venezuela ya han echado a sus respectivos embajadores: el gobierno de Morales echó a Goldberg al declararlo “persona non grata” en septiembre por "conspirar para buscar la división de Bolivia", y Venezuela imitó el gesto poco después.

Destaquemos que las definiciones políticas fueron muy claras tanto en la crítica al bloqueo como en el res-cate del aporte de Cuba a la región. La presidenta argen-tina calificó de “histórico” el ingreso de Cuba al Grupo Río. En ese mismo sentido, en el marco de la visita ofi-cial de Raúl Castro a Brasil, Lula destacaba que "El patri-monio de ese pueblo revolucionario (el cubano) nos inspiró en los tiempos terribles de la opresión y continúa motivándonos en la cons-trucción de un mundo mejor". Lula se reconoció parte de una de varias muchas generaciones de brasileños que celebra-ron las transformaciones sociales que convirtieron a Cu-ba "en una nación extremadamente desarrollada en materia de sa-lud y educación". (18/12 Télam)

La respuesta de EE.UU. no se hizo esperar. Carlos Gutiérrez, el secretario de Comercio de la administración de George W. Bush y copresidente de una Comisión de Ayuda para una Cuba Libre señalaba, en defensa de la continuidad del bloqueo: “Nuestra actitud ante Cuba debe ser la misma mientras Fidel y Raúl sigan allí. (…) Hasta que ese día no llegue, no debemos ser simplistas ni ingenuos con lo que ocurre frente a nuestras orillas.” (P12 18-12)

Otro tema central del encuentro fue la crisis mundial. En la declaración final los mandatarios “Manifestaron su gran preocupación por la crisis financiera actual. Recordaron que los países desarrollados fueron los causantes de la crisis y que por

ende deben asumir los costos de su solución (…) los países en desa-rrollo no deben ser penalizados por prácticas financieras no susten-tables en los países desarrollados”. El mensaje no podría ser más claro, y esto señala que esta crisis no podrán resol-verla descargándola sobre las naciones menos poderosas. A diferencia de todas las previas, en que se sucedían efectos tequila, caipirinha, vodka, tango, etc., esta crisis en-cuentra a la región de conjunto advirtiendo dónde están culpas y responsabilidades, y qué mecanismos han per-mitido acaparar las ganancias en los centros de poder y descargar las pérdidas en hombros ajenos. Así varios mandatarios advirtieron que no basta un cambio de re-glas, si no se incluye la regla no escrita que impone su cumplimiento selectivo. En ese sentido, Lula afirmaba que "Lo importante no sólo es cambiar las reglas y el funciona-miento de los organismos internacionales, sino también cambiar la lógica. La lógica ha sido siempre que a las reglas deben respetarlas los países débiles y las tienen que hacer los poderosos”. Igual que Cristina Fernández al señalar que la actual “es una crisis de un orden político que también tenía un sistema de decisiones en el cual un grupo muy reducido de países decidía por el resto del mundo paralelamente a todos los organismos multilaterales políticos” y que “tal vez más grave que malas reglas, sea vivir en un mundo donde las reglas solamente deban ser respetadas por los débiles y violadas tal vez por los países más poderosos.” (El dólar) que si-gue siendo única moneda de reserva y (EE.UU.) es el único país que puede estar autorizado a no cumplir las reglas que sí los demás países tienen obligación de cumplir bajo la pena de ser condenados públicamente y mundialmente como gobiernos populistas, deficita-rios, ineficientes, etcétera. (Intervención de Cristina Fernán-dez de Kirchner en la CALC)

Cómo sintetizar el juego de divergencias y acuerdos que se está dando en la región. Un tercio de sus países están ligados a tratados de libre comercio con EE.UU., que tras el fracaso en la imposición del libre comercio continental avanzó bilateral o subregionalmente. (ver Una prosperidad bastante maltrecha) y que en el plano militar reactivó la IV Flota y apoyó material y diplomáti-camente la intervención colombiana en territorio de

Declaración especial de la CALC contra el bloqueo a Cuba

RECHAZAMOS de la forma más enérgica la aplica-

ción de leyes y medidas contrarias al Derecho In-

ternacional como la Ley Helms-Burton y exhorta-

mos al Gobierno de los Estados Unidos de América

a que ponga fin a su aplicación.

PEDIMOS al gobierno de Estados Unidos de Amé-

rica que cumpla con lo dispuesto en 17 resolucio-

nes sucesivas aprobadas en la Asamblea General

de las Naciones Unidas y ponga fin al bloqueo

económico comercial y financiero que mantiene

contra Cuba.

SOLICITAMOS en particular al Gobierno de los Es-

tados Unidos que, con carácter inmediato detenga

la aplicación de las medidas adoptadas en el curso

de los cinco últimos años con el objetivo de forta-

lecer y profundizar el impacto de su política de

bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba.

14 Alcanzando nuevas cumbres

ENERO DE 2009

Ecuador. En las antípodas de estas políticas están los miembros del ALBA, algunos de los cuales llegan al AL-BA después de un TLC con EE.UU.. De ahí tamaña di-ficultad para crear mecanismos de toma de decisiones: el abanico de intereses puestos en juego resulta demasiado amplio. Pero al mismo tiempo, juegan dos elementos pa-ra abroquelar países a pesar de esas distancias. Por un la-do, la magnitud de la crisis actual empuja hacia la inte-gración más en el sentido de crear un bloque de poder que en el de asociaciones comerciales. La concentración y centralización del capital de tiempos normales significa ya la eliminación de sectores productivos enteros de las naciones con menor desarrollo, los tiempos de crisis ace-leran esto y por lo tanto hace de esos sectores, sujetos que buscan necesariamente para sobrevivir estrategias que los resguarden de la expropiación a manos de las na-

ciones desarrolladas. Quizá sea entendible en este senti-do el giro mexicano, que ha abandonado la política de alineamiento regional con EE.UU. que llevó adelante Vi-cente Fox durante su presidencia (recuérdese su rol en la Cumbre de Mar del Plata en 2005), y vuelve a posiciones más cercanas a su historia. Por otro lado, la experiencia histórica tiende a reunir a los pueblos al sur de EE.UU., tanto por lo que significan los siglos en común como por el especial momento actual. Ocurre que, tal como lo ex-presó Raúl Castro en la CALC, “Nuestra región experimenta un formidable renacer del espíritu de sus pueblos, con el surgimiento de una pujante fuerza ciudadana dispuesta a asumir los destinos de sus respectivos países, para hacer valer la prioridad que merecen los programas sociales, defender las riquezas nacionales y luchar por la justicia.”

Una properidad bastante maltrecha El 10 de diciembre hubo otra cumbre que reunió a varios países de la región. Fue en la ciudad de Panamá y concu-rrieron cancilleres y ministros de comercio de: EE.UU., Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cos-ta Rica, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Canadá, México y República Dominicana. Fue una suerte de ALCA residual o Alquita, pues juntó a todos los países que han firmado tratados de libre comercio con EE.UU. (el caso de Norte y Centro América con el NAFTA y el CAFTA-RD respectivamente, y de Chile), o que están esperando su aprobación en el Senado de EE.UU. (Panamá y Colombia) o que desean lograrlo (Uruguay, que lo tiene impedido por el Merco-sur). Participaron también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza; el secretario general de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el boliviano Enrique García, y la vicepresidente para América Latina del Banco Mundial (BM), la estadounidense Pamela Cox. No faltaron las protestas de sindicatos y estudiantes panameños contra el TLC con EE.UU.. El encuentro había sido anunciado por el propio Bush el 24 de Septiembre durante la Asamblea General de la ONU, y estaba llamado a lanzar la iniciativa “Caminos ha-cia la prosperidad en las Américas”, que se presentó en el Consejo de las Américas de New York como “abierta a todos los países de las Américas, ya sea en calidad de participantes o de observadores, que comparten nuestro compromiso a la democracia, los mer-cados abiertos y el libre comercio.” Si recordamos las intenciones de un ALCA en marcha para enero de 2005, y observa-mos lo que efectivamente pudo EE.UU. tres años después, el contraste es notable. No mostraron interés en esta pros-peridad en las Américas la mayor parte de los países de la región, que suman más de 300 millones de habitantes y un PBI combinado de 1.900 millones de dólares (más que duplicando el PBI de los mercados latinoamericanos ya anexados). Aún así, los funcionarios de la administración Bush se esforzaron en mostrar el lado positivo: “Hemos concluido más de diez acuerdos de libre comercio en la región”, afirmó el secretario de comercio Thomas Shannon. Como cabía esperar, se de-fendió enfáticamente la liberalización comercial como fórmula para el desarrollo, aún en el contexto de la crisis actual. Así se expresaba Condoleeza Rice: Las economías de mercado y el comercio mundial, y los regímenes financieros, como todos los sis-temas diseñados por personas, no son perfectos, pero son motores de la oportunidad y la justicia social. Al unirnos para renovar y construir sobre nuestro compromiso con el comercio y la liberalización de las inversiones, enviamos una poderosa señal de que no vamos a repetir los errores de la Gran Depresión cuando los países agravaron la crisis cerrándose en sí mismos y adoptando políticas proteccionistas. El libre comercio y los mercados abiertos continúan siendo el camino más seguro hacia el crecimiento y es el camino que nuestra región seguirá para llegar a la prosperidad. (Discurso de Rice en la Primera Sesión Plenaria de la cumbre)

Las bombas, la pluma y la palabra 15

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Financiamiento

Los dólares, los yanquis y los recursos estratégicos Por Claudio Adrianzén Bei

El amigo americano Como vimos en el Análisis... anterior (Nº 102, pp. 25),

el mes de noviembre se cerraba con el anuncio desde el Gobierno de un plan de los industriales que contempla-ba, además de unos 71.000 millones de pesos en obras públicas, un estímulo para la repatriación de capitales (activos en moneda extranjera) depositados y no declara-dos en el exterior. El beneficio anunciado contemplaba exenciones impositivas y la posibilidad de no declarar el origen de los fondos. Esta parte del paquete de medidas anunciadas –que en diciembre será llevado a discusión y aprobación en ambas cámaras legislativas–, comenzará a denominarse coloquial y periodísticamente “blanqueo de capitales”. Esta medida se convertirá, durante el mes que estamos analizando, en motivo de debate y de posicio-namientos en el heterogéneo arco opositor, que contará, además, con una presencia estelar que cobra cada día mayor peso en la vida política nacional: el embajador es-tadounidense Earl Anthony Wayne.

Recordemos, simplemente, que Earl Wayne es uno de los pocos embajadores en el mundo que tiene rango de Secretario de Estado (al igual que Philip Goldberg, em-bajador estadounidense en Bolivia recientemente expul-sado por Evo Morales), esto es, que tiene entrada directa en la Casa Blanca (para más información, ver Análisis... nº 78, diciembre de 2006), y que responde a los intereses estratégicos del Estado norteamericano, siendo ratificado en su cargo por los gobiernos demócratas y republicanos de los últimos años.

Luego del anuncio por parte de la presidenta Cristina Kirchner del denominado “paquete anticrisis”, y del la explicitación de la autoría de la medida por parte del pre-sidente de la UIA, Juan Lascurain: “lo del blanqueo de capi-tales es una idea que habíamos propuesto para el Pacto del Bicen-tenario” (ver Análisis… Nº 102), comenzaron a escucharse algunas voces que buscaban deslegitimar la medida relacionando el blanqueo de capitales con el la-vado de dinero proveniente de diversos ilícitos, y en par-ticular del comercio mundial de drogas, eje central de la política antiterrorista de los Estados Unidos. Así, el dipu-tado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, señalaba que la repatriación de capitales “es una barbaridad. Es la confesión pública de que el Gobierno carece de moral. Cuando sacás capitales al exterior lo hacés sin contar el origen, lo mismo sucede cuando los repatrías.” En igual sentido se manifestaba el di-putado Claudio Lozano, en una defensa incondicional del capital “bueno”: “Me parece que premiar la fuga de capita-les es inconducente e injusta respecto de todos los que hicieron las cosas como se debe” (LN 27/11).

Ante esto, el titular de la AFIP, Claudio Moroni, salía a responder desde las esferas gubernamentales: “Ninguno de los sectores que intervienen van a quedar liberados en materia de control del lavado de dinero” (C 30/11).

Llegaba así la primera aparición del embajador Wayne acerca del tema en cuestión: “Confiamos que ante una even-tual repatriación de capitales, se respete desde el primer instante lo establecido por la Ley Antilavado de Dinero” (C 2/12).

En consonancia, al día siguiente, el diario de alcance nacional Clarín señalaba en su columna editorial: “El pro-yecto de blanqueo de capitales anunciado por el Gobierno está des-pertando entendibles rechazos en el ámbito interno y también en el exterior. (...) Los blanqueos favorecen a quienes evadieron leyes cambiarias e impositivas. Pero en esta ocasión lo que ha despertado más inquietud es la promesa de no investigar el origen del dinero, lo cual puede dar vía libre al ingreso de capitales provenientes del deli-to, y en violación con las normas de control de lavado de dinero asumidas por la Argentina. (...) la Argentina está bajo observa-ción en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad multi estatal de combate al lavado de dinero. (...) Esto explica que el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Earl Wayne, haya admitido que su país sigue con atención el pro-yecto oficial” (C 3/12).

A estatizar que se acaba el mundo Dos días después, desde el Gobierno se lanzaba una

nueva denuncia contra una empresa de servicios privati-zada en los ’90: Edelap, distribuidora eléctrica que perte-nece al grupo de capitales estadounidenses AES. El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) denunció en la jus-ticia a los directivos de la distribuidora por presuntos de-litos contables, tributarios y de defraudación al Estado, señalando en el informe que elaboró que “la difícil situa-ción económico-financiera de Edelap se originaría en operaciones realizadas con firmas vinculadas a AES” (C 5/12). AES Ar-gentina es uno de los tres principales inversores del sec-tor eléctrico y distribuye un 10% de la producción total de energía eléctrica del país.

A los pocos días, y ante el llamado a silencio público que mostraba la empresa estadounidense, la voz cantante de los capitales afectados por la denuncia gubernamental era otra vez el embajador Earl Wayne: “Es importante que haya un proceso justo y abierto como en todas las sociedades para examinar los hechos (...). Hay varias cosas que el Poder Ejecutivo quiere que el Poder Judicial examine” (C y LN 10/12).

Pero al día siguiente un nuevo anuncio, aunque con poca repercusión mediática, seguía tensando las relacio-nes con las empresas de capital estadounidense: la minis-tra de Defensa, Nilda Garré, anunciaba la elevación al Poder Ejecutivo de un anteproyecto para recomprar las acciones de la empresa Lockheed-Martin Argentina S.A., que dirige la ex Fábrica Militar de Aviones, sita en Cór-doba y privatizada en 1994 (C y LN 11/12).

A este respecto, desde el diario de la familia Mitre, a través de un editorial se señalaba “el peligro” de tensar las relaciones con los EE.UU.: “La tensión entre el gobierno nacional y AES, la empresa norteamericana que controla la dis-

16 Los dólares, los yanquis y los recursos estratégicos

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tribuidora eléctrica Energía de La Plata (Edelap), vuelve a poner palos en la rueda en la relación con los Estados Unidos”.

Aunque se veían obligados a reconocer los fundamen-tos de la denuncia, que hace centro en el fracaso de la prestación eficiente de un servicio esencial: “Fuentes del sector energético confiaron que la disputa tiene como telón de fondo los múltiples cortes de energía que hubo días pasados, en medio de la persistente ola de calor; y que así, con la denuncia, el Gobierno buscaría llevar adelante una acción ejemplificadora que sirva de ad-vertencia a las otras distribuidoras eléctricas si no resuelven la si-tuación de los usuarios sin suministro eléctrico”.

Luego, se señala el argumento que venimos viendo aparecer reiteradas veces desde hace unos meses: dejar en manos “técnicas” los manejos estratégicos de áreas sensibles del Estado, ya sean económicas o, como en es-te caso, de los recursos eléctricos: “Si los organismos de con-trol funcionaran de manera independiente del poder político, y sus miembros, designados por concurso público, fueran personas de re-conocida idoneidad en las competencias de cada uno de ellos, no se-rían blanco de ninguna sospecha sobre la intención final que tienen sus resoluciones.

“En este caso, no faltan voces que señalan que la denuncia del ENRE sería un paso en la dirección de pasar a la órbita del Es-tado a la distribuidora Edelap. Es lo que ocurrió con el Correo Argentino, con el control del espacio radioeléctrico, con Aguas Ar-gentinas y lo que sucederá pronto con Aerolíneas Argentinas, entre otros casos”.

Por último, se invocan, casi con palabras textuales, los mismos argumentos esgrimidos por el embajador esta-dounidense Wayne: “Es de desear que la Justicia investigue exhaustivamente los hechos denunciados por el ENRE y brinde todas las garantías del debido proceso a las partes intervinientes, aplicando las sanciones o desestimando los hechos denunciados.

“En cualquier caso, debe tomarse una decisión ajustada a dere-cho y al margen de cualquier injerencia política o motivada por in-tereses ajenos a la prestación de un servicio que debe ser eficiente, económicamente adecuado y en beneficio de los usuarios” (LN12/12).

Ajustada votación La noche del 10 de diciembre se terminaba el debate en

la cámara de Diputados del “paquete anticrisis”, con la aprobación del mismo por 131 votos a favor y 75 en co-ntra en el tratamiento “en general”. Sin embargo, al mo-mento de votar en particular el blanqueo de capitales el margen de diferencia se redujo a 128 votos a favor y 100 en contra, articulándose, además, nuevas alianzas en la fuerza gobernante con el apoyo de los radicales K, el so-cialista Basteiro, los diputados del Movimiento Popular Neuquino, y algunos diputados del ARI fueguino. En contraparte, se sumaron a la votación del arco opositor antiguos aliados del gobierno nacional como Miguel Bo-nasso y Vilma Ibarra (C 11/12). Así, volvieron a escu-charse las voces opositoras que relacionaban la ley apro-bada con el argumento de los EE.UU.: “El blanqueo es una puerta abierta al ingreso integral del narcotráfico en Argentina. No digo que el Gobierno lo propicie o sea cómplice. Pero ese dinero in-corporado a la economía real sirve para comprar jueces, funciona-rios y policías. Es decir, se cierra el círculo droga-efedrina-recursos económicos” (P12 11/12), señaló el jefe de la bancada radi-

cal, Oscar Aguad. Al día siguiente, desde el arco político opositor aparecían las amenazas de recurrir a la Justicia porque entendían que la votación, al involucrar impues-tos coparticipables, demandaba una “mayoría especial”, que implica 129 votos a favor: “Todos los que estamos en co-ntra vamos a ir a la Justicia”, señalaba el peronista disidente Felipe Solá; “Con ese proyecto se afectan recursos de la copartici-pación federal. Por eso vamos a presentarnos con un recurso ante la Corte para que resuelva si es válida o no la ley aprobada en el títu-lo de blanqueo”, amenazaba Federico Pinedo de PRO (P12 12/12). A ellos se sumaban otras voces desde la hetero-génea oposición: “Esto va a convertir al país en un paraíso fis-cal para el lavado del narcotráfico”, auguraba Gerardo Mora-les, presidente de la UCR. En igual sentido se manifestaba Fernando “Pino” Solanas: “Que me conteste cualquier kirchnerista qué le vamos a decir al ciudadano común que paga los impuestos si todos los que hicieron operaciones delicti-vas para estafar al estado hoy están blanqueados. (...) Es la ley del blanqueo de toda la delincuencia de la Argentina. Tenemos un Gobierno incapaz y antinacional” (C 12/12).

Al mismo tiempo, el Gobierno lograba en la Cámara de Senadores la prórroga de dos leyes clave para el con-trol de los mecanismos financieros del Estado: se san-cionó la vigencia hasta fines de 2009 de la Ley del im-puesto al cheque y la Ley de Emergencia Económica (LN 11/12).

La denuncia voceada por la oposición se concretaría días después, el 17, con la presentación conjunta ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal por parte de la Coalición Cívica, el Pro, Felipe Solá y Adolfo Rodríguez Saa (C 18/12).

La batalla en el frente externo Desde los EE.UU. volvían a la carga contra las medi-

das adoptadas por el Gobierno nacional: el día 12 el juez federal estadounidense Thomas Griesa convirtió en em-bargo definitivo el congelamiento preventivo de unos 1.500 millones de dólares de fondos de AFJP deposita-dos en bancos de EE.UU. que había dictaminado en oc-tubre (ver Análisis… nº 102), impidiendo así su repatria-ción y posterior pase al control de la Anses (LN 13/12).

Desde una columna editorial del matutino Clarín llega-rían nuevas críticas a las medidas del Gobierno y señala-rían que la decisión del juez Griesa “es, entre tantos otros, un efecto de la imprevisibilidad kirchnerista. La de una gestión habi-tuada a medidas de apuro como la estatización previsional. (…) Y esto que pasa con las AFJP no es diferente al blanqueo y el jubileo impositivo que los diputados K aprobaron en la madrugada del jueves. Un paquete que ataron con escándalo: la votación fue de-nunciada como irregular y va camino a la justicia. (…) un blan-queo y una moratoria no ayudan a la previsibilidad sino todo lo contrario. Porque rompen las reglas de juego. Y sellan la idea de que puede haber un quiebre igual en cualquier momento” (C 13/12).

A su vez, volvían a la carga los gurues de Wall Street y los bancos de inversión estadounidenses, señalando esta vez que la economía argentina estaba entre las más débi-les del continente: “El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aparece como el más vulnerable en comparación con Chá-

Las bombas, la pluma y la palabra 17

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vez en Venezuela y Correa en Ecuador”, señalaba Christopher Garman, jefe para América Latina de la consultora Eura-sia Group. En igual sentido se manifestaba John Price, director de la consultora Kroll: “Por debajo de la fachada de una moneda controlada en Venezuela o la Argentina, o de la do-larización de Ecuador, subyace una crisis fiscal esperando por ocu-rrir”. Para los bancos UBS y Merril Lynch, “las preocupa-ciones sobre la capacidad de pago pueden haberse incrementado [por el anuncio del mega plan de obras con financia-miento estatal]”, y señalan que ese dinero “podría haberse apartado para honrar las obligaciones de la deuda” (LN 15/12).

Asimismo, como venían exigiendo voces opositoras, entró a jugar el organismo internacional Grupo de Ac-ción Financiera Internacional (GAFI) –supuesto encar-gado de velar por la lucha de los países contra el lavado de dinero– mediante el envío de un comunicado al mi-nistro de Economía Carlos Fernández en el cual se seña-la que “sería problemático si el proyecto de ley no incluyera alguna previsión para verificar el origen del dinero u otros bienes que sean introducidos en el sistema financiero” (LN 16/12).

En igual tónica se manifestó el Gobierno estadouni-dense por medio de un informe emitido desde el Depar-tamento de Estado sobre la situación argentina, critican-do tanto el congelamiento de tarifas de las privatizadas, la no cancelación de la deuda con los bonistas, como la desprotección de las compañías privadas que operan en el país: “(…) la necesidad de inversiones nuevas sustantivas en infraestructura primaria, y potenciales déficit de energía y al hecho que el gobierno ha mantenido los precios de la energía por debajo de los niveles internacionales. (…) presiones sobre el sector privado para limitar los aumentos de precios de algunos bienes de consumo, la postergación en la negociación de las tarifas de los servicios públi-cos, los impuestos a las exportaciones y la prohibición de exporta-ciones. (…) se espera que la reducción en los precios de los commo-dities que reducirán el nivel del superávit en el mediano plazo. (…) la deuda que la Argentina le sigue debiendo a los acreedores inter-nacionales y el gran número de arbitrajes presentados por compañí-as extranjeras son heredados de la crisis económica del 2001/2002 que todavía no han sido resueltos y que tiene un im-pacto adverso sobre el clima de inversión de Argentina” (C 16/12).

Por otra parte, desde el Instituto Internacional de Fi-nanzas, con sede en Washington, se emitió un informe en el cual se señala que “la Argentina, Ecuador y Venezuela siguieron políticas expansivas a lo largo del boom de los precios de las commodities y gastaron mucho de sus beneficios [así como] han sido reticentes a ajustar sus políticas. (…) Las expectativas de mercado sugieren que siguen políticas insostenibles que terminarán en un aterrizaje forzoso y un posible default” (LN 22/12).

Ante este informe desde el gobierno estadounidense, y por las reiteradas apariciones del embajador norteameri-cano, fue el ex presidente Néstor Kirchner, actual presi-dente del Partido Justicialista, quien señaló: “Querido em-bajador, ustedes sí que tienen muchos más problemas que nosotros con el narcotráfico y con los blanqueos: construyeron ciudades ente-ras con ello” (LN 17/12). Palabras que efectuó durante un acto en la ciudad de La Plata, relanzando la “Concerta-ción”, con la compañía de los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Miguel Saiz (Río Negro),

del radicalismo, y de Jorge Sapag (Neuquén), así como también del líder de la CGT, Hugo Moyano, y de los di-rigentes sociales Luis D’Elía, Emilio Pérsico y Edgardo Depetri.

En igual sentido criticó en duros términos Cristina Fernández al gobierno de EE.UU. durante una de sus in-tervenciones en las cumbres de países latinoamericanos que se desarrolló promediando el mes en Brasil: “(EE.UU.) exportó su crisis a todos nuestros países. La recesión en EE.UU. comenzó en 2007. Pero nadie, ni el Fondo, ni las ca-lificadoras de riesgo, lo anticiparon. (…) parece que estaban dema-siado ocupados en perseguir un gobierno populista en América La-tina y tal vez por eso no tienen tiempo para observar algunas cosas que pasan en las otras partes del mundo. (…) Es que ese país es el único autorizado para no cumplir con las reglas que los demás tie-nen la obligación de satisfacer para no ser condenados públicamen-te. (…) Esta crisis no es sólo económica y financiera. Es una crisis del orden político mundial que tenía como sistema a un grupito de países que gobernaban paralelamente a la Organización de las Naciones Unidas y que tenía como instrumento organizaciones co-mo el Fondo Monetario Internacional” (C18/12).

Un día después, el Senado convertía en ley el paquete anticrisis que contiene el blanqueo de capitales por 42 votos a favor y 27 en contra.

Más vale viejo conocido… Como en otras ocasiones, la mirada crítica global des-

de el arco opositor llegaría en las columnas editoriales del diario de los Mitre. El eje de la misma es la supuesta de-bilidad del paquete anticrisis y la urgente necesidad de re-tornar, como pedían los consultores financieros antes ci-tados, a la esfera de los planes de los organismos internacionales de crédito, en especial del FMI: “El ambi-cioso programa de obras públicas comunicado por la presidenta de la Nación complementa otros anuncios anteriores cuyo propósito común es evitar una caída del nivel de actividad económica. (…) Estas acciones demandan recursos fiscales, que actualmente están en franca caída.

“(…) El crédito externo sería la fuente recomendada, aunque a excepción del Banco Mundial, el BID y otros organismos multila-terales, los mercados internacionales de deuda están hoy cerrados para nuestro país. El acceso a las cuotas de crédito disponibles del Fondo Monetario Internacional ha sido descartado por el Gobierno por razones ideológico-políticas, o tal vez populistas. Estas razones, claramente inconsistentes, tendrían que revisarse en función del inte-rés general del país.

“Otro camino alternativo de captación de recursos fiscales, aun-que en claro conflicto con el respeto del derecho de propiedad, afec-tando aún más la confianza que es necesario generar, es la apropia-ción estatal de fondos privados existentes. En esa línea se encuadró la confiscación de los ahorros del sistema jubilatorio privado a las arcas oficiales.

“(…) Otras posibles fuentes de recursos para el fisco, fuera de in-crementar impuestos o de colocar empréstitos forzosos, tocarían es-pacios más sensibles del derecho de propiedad y de esta manera se incrementaría la desconfianza. Cualquier avance mayor en ese sen-tido descalificaría totalmente a la Argentina, cuya seguridad jurídi-ca ya está significativamente deteriorada.

18 Los dólares, los yanquis y los recursos estratégicos

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“El modelo económico aplicado en los últimos años se apoyó en medidas de aliento al consumo aprovechando la capacidad producti-va excedente originada en las importantes inversiones de la década anterior. El marco externo fue singularmente favorable y una polí-tica de tipo de cambio alto completó un cuadro apropiado para re-activar fuertemente la economía y generar superávit comercial y fis-cal. Estas circunstancias ya no están y probablemente también habrían desaparecido aunque no se hubiera producido la crisis in-ternacional.

“La pérdida del crédito, la inflación y el deterioro de la solvencia fiscal ya eran un hecho a fines de 2007. No hubo austeridad cuan-do debió haberla habido ni se construyó un fondo anticíclico preven-tivo cuando pudo hacérselo. Lo cierto es que para aplicar medidas expansivas con fuerte incremento del gasto público o con reducción de impuestos, como lo están haciendo actualmente otros países, hay que disponer de una situación fiscal y de crédito que nuestro gobier-no ya había deteriorado y que hoy ha perdido. El camino de la re-construcción de la confianza interna y externa es una condición ne-cesaria. La recuperación de las relaciones financieras y políticas con

el mundo y la sustitución del populismo por la seriedad en la ges-tión deber ser los rasgos principales de una acción de gobierno en tiempo de crisis” (LN 18/12).

El editorial ultraliberal no es sólo una crítica al actual gobierno. Es también un esbozo de programa, en mate-ria de finanzas internacionales, de lo que se podría aplicar en caso de ser derrocada la actual conducción nacional. Pero para ello, antes hay que construir la fuerza social ca-paz de realizar tal tarea, con su necesaria conducción po-lítico-ideológica. En ese proceso, también la alianza so-cial que es enfrentada, que hasta hoy se mantiene como sustento del gobierno nacional, sufre transformaciones no menores. “Si no le gustan mis principios, tengo otros”, solía repetir en sus películas el famoso Groucho Marx. Y como veremos a continuación, parece que a los industriales nacionales ese Marx les sienta bastante bien…

Las bombas, la pluma y la palabra 19

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La alianza social en el Gobierno

El aplazamiento Por Diego Tavormina

En el mes de diciembre se hizo patente el fin de la alianza social en el gobierno, tal y como se ha ido des-arrollando hasta ahora. La Unión Industrial, no sin con-tradicciones internas, camina hacia su reconfiguración, acercándose a las posiciones de las entidades agropecua-rias que le declararon la guerra abierta al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al mismo tiempo, el movimiento obrero promete dar pelea para que los due-ños del capital no descarguen la crisis en las espaldas de los trabajadores ocupados. Todo en un contexto donde la producción industrial, por vez primera en los últimos seis años, se planchó midiendo cero, cero su variación anual.

Muchos coinciden en aplazar hasta marzo la precipita-ción de definiciones más profundas.

0 (cero) Se cierra un año y con él la fase de crecimiento eco-

nómico abierta en 2003. El desastre económico global metió definitivamente la cola en el territorio argentino. El mes pasado los guarismos locales que hasta ahora habían dado cuenta de un histórico ascenso, sostenido durante seis redondos años, revelaron los primeros sín-tomas del estancamiento general de la economía argenti-na y la caída de ciertos sectores fundamentales: según el Indec, en noviembre de 2008 la producción industrial comparada con noviembre de 2007 se “clavó” en 0,0%; mientras el derrumbe se hizo manifiesto en la industria siderúrgica, que se desplomó un 25% en relación al año pasado, y en la rama automotriz que cayó un 24,4%.

La economía en general registró en el tercer trimestre del año un crecimiento tan sólo de 1,3% frente al trimes-tre anterior.

En este escenario, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner siguió lanzando una batería de medidas orientadas a sostener a las industrias y el comercio local como parte del denominado plan industrial, o plan de los industriales, que hemos ido describiendo en las últi-mas ediciones del Análisis… (N° 101 y 102).

El viernes 5, la propia Presidenta anunció un decisivo plan de financiamiento por 13.200 millones de pesos, a tasas mucho más bajas que las que se ofrecen en el mer-cado bancario, dirigido a pymes (que recibirán créditos por 3.500 millones), a productores agrícolas (1.700 mi-llones) y a las cadenas de las industrias automotriz y de electrodomésticos, cuyos productos se beneficiarán con créditos blandos otorgados a los consumidores. Especí-ficamente para la venta de automóviles se diseñó un plan de cuotas para 0 kilómetros chicos y medianos a tasas del 16% (la mitad de lo que se cobra en la plaza banca-ria); además de un programa de financiamiento similar para la renovación de 15.000 taxis.

En la significativa reducción de las tasas de interés al crédito interno fue clave el papel jugado por el Anses y la banca pública local. En primer lugar, el Anses inyectó 600 millones de pesos (como primera fase de un plan que otorgará 7.500 millones) al 11% anual a los bancos que licitaran la tasa de interés más baja. Aquí hizo su aparición la banca pública, que salió a jugar muy fuerte ofreciendo una sobretasa de sólo el 3 o 4%, limitando el negocio de los bancos privados. Así, los créditos a las pymes y a los consumidores se establecieron entre el 14 y el 16% (11% más la sobretasa de los bancos).

El Gobierno le exigió como contraparte a la centena de empresarios que atentos escuchaban los anuncios en la residencia de Olivos, el compromiso de que manten-gan los puestos de trabajo: “Nadie que constituya en variable de ajuste a los trabajadores considerándolos sólo un lugar en la nómina salarial va a poder acceder a este tipo de financiamiento” lanzó Cristina Kirchner (LN 5/12). Hete aquí los marcos del acuerdo entre el movimiento obrero organizado, for-malmente ocupado, y la fracción de la industria que pro-duce en el país.

Otra medida tendiente a propiciar el aumento del con-sumo en el mercado interno fue la derogación de la de-nominada “tablita de Machinea”. Con esto se redujo una significativa parte del pago de ganancias en aquellos asa-lariados con sueldos superiores a los 7.000 pesos, cate-goría social que está en condiciones de motorizar la de-manda. En el mismo sentido se anunció, a mediados de mes, la entrega de un plus de 200 pesos para 5 millones de jubilados y pensionados, y de un pago extra de entre 100 y 200 pesos para desocupados y quienes cobran el salario mínimo. En síntesis se inyectaban alrededor de 1.500 millones de pesos que irán a parar directamente al consumo en el mercado doméstico.

Con bombos y platillos, también se dio a conocer un enorme plan de obras públicas por 111.000 millones de pesos.

Sobre fin de diciembre, la ministra de la Producción, Débora Giorgi, lanzó desde su cartera un Programa de Defensa de la Producción y el Trabajo que esencialmen-te amplía las trabas a las importaciones de productos sensibles a través de las “licencias no automáticas”.

A su vez, se aplicó una rebaja en las retenciones al tri-go y al maíz del 5% y del 1% para cada millón adicional de toneladas exportadas, dejando intactas las tasas que pagan la soja y el girasol.

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El muerto que habla Con todo esto, las expresiones del capital con inter-

eses en la industria local fueron variadas, manifestándose desde el apoyo más o menos abierto al plan del Gobier-no, hasta el rechazo de las medidas por considerarlas in-suficientes. Como veremos, un sector de la industria, que logró hegemonizar la conducción de la UIA, pro-pondrá sin vueltas acercar su posición a la propuesta de las entidades agropecuarias que tan furibundamente sa-lieron a confrontar con el gobierno nacional.

El mismo día de los anuncios en Olivos, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Lascurain afirmaba: “Nos vamos con satisfacción. Lo más importante es la visión que tiene el Gobierno de que las medidas tienen muchas ve-ces flexibilidad y deben ser monitoreadas” (C 5/12). Los indus-triales le daban así la bienvenida al proyecto de finan-ciamiento barato que los beneficiaba en lo inmediato. La cadena automotriz también aplaudiría las medidas.

Cristiano Ratazzi, titular de Fiat Argentina y portavoz del sector automotriz, uno de los más beneficiados con el plan oficial, avaló con tibieza: “Es una ayuda a la indus-tria y en estos momentos eso es lo que hay que valorar” (C 8/12).

Más entusiasta fue el apoyo de la asociación de conce-sionarios (ACARA), quien le entregó a la Presidenta una plaqueta conmemorando que en diciembre se patentó el automóvil 600.000 del año. La cifra no tiene parangón en la historia automotriz argentina y da cuenta de los beneficios otorgados al sector. El presidente de la enti-dad, Dante Álvarez se manifestó de acuerdo con la polí-tica mercadointernista oficial: “Nosotros somos muy optimis-tas. Pensamos que nos va a ayudar a vender unas 140.000 a 160.000 unidades” (LN 16/12).

En esta misma línea se expresó la Unión Industrial de Berazategui, mediante una solicitada dirigida a la Presi-denta de la Nación: “Los fabricantes motopartistas junto con los trabajadores de Berazategui queremos agradecerle y felicitarla por el apoyo brindado al sector, demostrando a través de un espíri-tu industrialista cómo fortalecer la industria Pyme” (C 15/12). Los capitales medios avalaban el “salvataje” oficial y para esto se autoproclamaban portavoces de los trabajadores.

Por su parte, fue la central obrera CGT la que celebró no sólo las medidas puntuales pro-industria, sino el es-quema de política económica oficial. En la voz de su se-cretario de prensa, Héctor Daer, declaró: “En los últimos años cada crisis generaba un ajuste, venía con presión fiscal y con baja de gasto público y salarial. Hoy se da una experiencia inver-sa, la de plantearnos de incentivar el consumo y la obra pública, así como también el empleo y el poder adquisitivo del salario” (P12 17/12).

Sin embargo, no todas las expresiones de la industria adhirieron al programa oficial. Ni tibiamente. Más bien hicieron explícito su rechazo.

El flamante titular de la Asociación de Fábricas Ar-gentinas de Componentes (AFAC), Juan Cozzuol, fue directo al grano: “No podemos pensar que vamos a resolver el problema de la producción automotriz en la Argentina sólo estimu-

lando el mercado interno. En el mejor de los casos, ese plan puede agregar muy poco o ser neutro. Pero incluso podría ser perjudicial, porque si además ese vehículo económico me canibaliza la venta de los vehículos que tradicionalmente se venía produciendo, en ese caso se hace doblemente negativo” (LN 16/12).

La misma sensación expresó el presidente de la Aso-ciación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Sergio Vaca, para quien “las medidas son buenas pero no suficientes. El mejor remedio para la situación industrial es mejorar el tipo de cambio, el resto son decisiones colaterales” (LN 24/12).

Los sectores exportadores de la industria exigían un clásico: devaluación del peso, reclamo que sintetiza el acuerdo con las entidades agropecuarias, quienes tam-bién presionaron por un aumento en el tipo de cambio.

La última semana de diciembre, Juan Lascurain res-pondería públicamente a las críticas que habían surgido de la misma corporación industrial, avalando una vez más el proyecto oficial: “A priori no se puede decir cómo im-pactarán las medidas. En general nos parecen importantes porque definen de qué manera vamos a proteger el marcado interno” (LN 24/12). Con esto, Lascurain se ganaba el pase a retiro como titular de la UIA.

La interna que atraviesa de punta a punta a la entidad industrial fue explicitada en el diario Clarín. Héctor Méndez, que en noviembre había salido reiteradamente a golpear al gobierno de Cristina (ver Análisis… N° 102) fue electo como sucesor de Juan Lascurain. Según Cla-rín, sus colegas habían criticado a Lascurain por “su ex-trema cercanía al gobierno”, al punto de que se lo caracteri-zaba como “demasiado K”. El Grupo Clarín claramente salía a jugar sus cartas en la interna de la entidad, avalan-do al sector opositor a la política oficial, que encumbra-ba a Méndez, y dando por sentado –en el título de la no-ta– que “La UIA ya tiene quien reemplace a Lascurain” (C 18/12).

El analista económico de Clarín, Marcelo Bonelli, hombre vinculado a la UIA, comentaba al respecto: “En la Unión Industrial Argentina el diagnóstico es sombrío para los próximos meses. Pero a diferencia del campo, los caciques fabriles prefieren mantener la calma política. Por eso una parte de la UIA prefiere no avalar la designación de Héctor Méndez hasta que lle-gue marzo próximo” (C 26/12).

El cuadro de situación quedaba más claro. En la in-terna industrial se hacía hegemónica la línea que está dispuesta a acordar medidas con las entidades agropecuarias, quienes llamaron a recrudecer la lu-cha en marzo. Ese mismo mes, la UIA encumbrará a su nuevo titular, quien ya sentó las bases, en no-viembre, de un discurso industrial-opositor.

En uno de sus editoriales, el diario Clarín expresaba esta posición: “El Gobierno lanzó una nueva serie de medidas destinadas a promover la actividad económica, cuyo efecto final promete ser menor que lo que oficialmente se espera. El programa de obras públicas pone en cuestión dos aspectos cruciales del funcio-namiento del aparato estatal. Uno está referido a su capacidad operativa. Otro es el vinculado al manejo apropiado de los fondos, lo cual requiere un mejor trabajo de los organismos de control y

Las bombas, la pluma y la palabra 21

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más compromiso oficial en la lucha contra la corrupción” (C 18/12).

En rigor, ya el mismo día en que se anunciaban las medidas oficiales para la industria, el editor general de Clarín, en su columna Del editor al lector, declaraba: “El es-fuerzo por sostener la economía no es una tarea política de una fac-ción sino que debe ser un esfuerzo colectivo frente a la crisis”; va-lorando, por un lado, “la rebaja de retenciones para el maíz y el trigo”, y por el otro, que “el tipo de cambio está creciendo gradualmente” (C 5/12). He aquí el acuerdo entre el sector agropecuario y el industrial.

Los consejos del viejo Rocca En su encuentro anual con las pequeñas industrias que

abastecen a Techint, Paolo Rocca, cabeza del grupo eco-nómico industrial más poderoso de la Argentina, advir-tió: “Enfrentamos un momento de enorme dificultad, la economía mundial ha sufrido un paro cardíaco, la crisis se ha extendido a todos los sectores en todos los países, es muy profunda y prolongada y sus dimensiones son comparables a las peores crisis del pasado. El 2009 será muy complicado”.

Con esto, Rocca justificaba su llamado al repliegue, bajando inversiones y recomendando achicar los plante-les laborales: “Nosotros vamos a postergar proyectos de inver-sión. En el caso de las empresas chicas, deben asegurar la conti-nuidad del personal clave”.

Respecto del valor del peso, mostró coincidencia con el proyecto devaluacionista gradual: “Creemos en una modi-ficación gradual del tipo de cambio. Como país no vamos a tener la posibilidad de salir de esta crisis exportando, pero sí defendiendo el mercado interno. El desbalance del comercio de productos indus-trializados con Brasil es gigantesco, eso hay que corregirlo” (C 12/12).

Baja de inversiones, despidos y devaluación gradual: tales fueron las recomendaciones del viejo industrial a todas las pymes que dependen del funcionamiento del grupo Techint.

De manera muy significativa, y en vistas de un marzo sumamente complicado, el presidente de Renault Argen-tina, Dominique Maciet, lanzó la frase más valiosa del mes. Tras ponderar el plan industrial, advirtió: “Más allá del dólar alto, lo que necesitamos es paz social. Un semestre de tre-gua” (P12 23/12). ¿A quiénes se dirigía Maciet? ¿A los dirigentes del movimiento obrero, que comenzaron a ca-lentar los motores de la lucha en defensa de los puestos del trabajo y en pos mantener el salario real? ¿A sus pa-res de la industria, que se alistan para marcar los límites del territorio en marzo junto a las entidades rurales? Tal vez para todos ellos un semestre parece mucho tiempo.

Qué paz social En la primera semana de diciembre, trabajadores

taxistas, bancarios, recolectores de basura, de las auto-motrices, petroleros y empleados de las estaciones de servicio, desplegaron acciones de huelga, exigiendo esta-bilidad laboral y, en algunos casos, aumentos salariales.

Particularmente, el viernes 5 en las estaciones de ser-vicio, los trabajadores junto a los dueños de las mismas realizaron un paro en contra de las compañías petroleras, a quienes acusaron de llevarlos a la quiebra, puntualmen-te por achicarles el margen de ganancia.

Sin duda, el mayor grado de conflicto se libró en la rama automotriz. En ésta, más de 4.000 trabajadores fueron afectados de manera directa con despidos, sus-pensiones, vacaciones adelantadas, etc. En las fábricas de Córdoba y Santa Fe, el sindicato de mecánicos (Smata) organizó paros en las plantas de General Motors, Iveco, Volkswagen y en algunas autopartistas de la zona. Tam-bién se realizaron movilizaciones hacia el centro de la ciudad (en Córdoba) y cortes de rutas. En los cánticos, además de reclamar la reincorporación inmediata de los trabajadores cesanteados, se hizo referencia al célebre “Cordobazo” del año 1969.

En medio del paro por tiempo indeterminado que lla-mara el Smata de Santa Fe, su secretario general, Marce-lo Barros, denunciaba fuertemente a la empresa GM: “Estamos cansados de que la empresa nos siga faltando el respeto. Nos persiguen. Nos filman, nos sacan fotos, no dejan entrar a los compañeros, mandan cartas documentos. La empresa parece un campo de concentración”. (C 2/12). Tal es la “paz social” que parece estar dispuesta a ofrecer la amenazada industria automotriz y que el gerente de la Renault propone man-tener hasta mitad de 2009. Cabe preguntarse alarmado: ¿qué seguirá después?

La presión por mantener los puestos de trabajo y el nivel de vida de los trabajadores ocupados formalmente provino desde las dos centrales obreras.

Desde la CGT, Hugo Moyano planteó que “el Gobierno tiene la obligación de que todo el personal esté en blanco y eso no se hace sólo con spots televisivos sino con inspectores en la calle” (C 1/12). Al tiempo que desde la CTA, su secretario gene-ral, Hugo Yasky, en la denominada marcha contra el hambre, criticó: “Cuando el Gobierno anuncia subsidios nos quiere convencer de que después esos subsidios derraman sobre los trabajadores. Pero nunca derraman sobre nosotros. Lo que hay que subsidiar es el bolsillo de los trabajadores y los jubilados” (C 13/12).

Con esto, las dos centrales sindicales hacían mani-fiesta la decisión de no retroceder en las mejoras obtenidas por un sector de los trabajadores (ocupa-do y en blanco) en los últimos seis años. Marzo es el mes de paritarias y las partes ya comenzaron a “atender su juego”.

Cabe aquí agregar una última cuestión. Hemos descrito en la última edición del Análisis… (N°

102 pp.29 y 30) el conflicto generado entre el sindicato de camioneros y los grupos Clarín y La Nación. Ante el

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sistemático ataque a la CGT y a la organización sindical de los camioneros y de los trabajadores en general, a la que se asoció a la violación de la libertad de prensa y de la democracia, la Federación de Camioneros conducida por Hugo Moyano devolvió las acusaciones en una soli-citada que llevó por título: “La ley de la selva es el fraude la-boral. El derecho de huelga es la ley constitucional”. Leamos al-gunos de los pasajes más destacados de la misma.

“En la República no hay poderes absolutos. Las empresas pe-riodísticas también deben someterse a la Constitución. No se puede violar la ley amparándose en la libertad de expresión o de prensa. Por eso cabe preguntarse ¿Qué es lo que defiende el poder mediáti-co?

“Libertad de prensa o trabajo en negro; Libertad de expresión o tasa de ganancia; Libertad de prensa o monopolio des informativo; Libertad de expresión o fraude laboral

“Los trabajadores de las empresas de transporte que hacen la distribución de los principales diarios de la Capital Federal se en-cuentran en negro y con salarios que están por debajo de los que le-galmente deberían recibir. Muchos de ellos aparecen como ‘socios’ de cooperativas de trabajo truchas, sujetas a la voluntad omnímoda de un patrón o de mascarones de proa que encubren otros poderes económicos.

“Este es uno de los aspectos principales (derecho a ejercer medi-das de fuerza) que la presión mediática intenta limitar.

“Las empresas periodísticas también están obligadas a respetar el derecho de huelga, ¿o alguien cree que los trabajadores tienen de-recho a la huelga y a las medidas de acción directa contra todos los empresarios menos contra los empresarios mediáticos?

“El derecho a la libertad de prensa, que es una de las formas de la libertad de expresión que tenemos todos, no puede ser alegado para evadir el cumplimiento de la ley y violar los derechos de los trabajadores que las empresas mediáticas emplean. Mucho menos para atacar la libertad de expresión de los trabajadores y la liber-tad sindical que comprende el derecho a realizar medidas de fuerza.

“Esa libertad de prensa tiene una jerarquía constitucional infe-rior a la libertad de expresión de los trabajadores. Máxime cuando el menoscabo de los derechos de los trabajadores perpetrado por po-derosos grupos económicos es de larga data y ejercido constantemen-te, mientras que la protesta que tanto escandalizó duró sólo dos horas.

“No hay punto de comparación entre esta protesta y los cortes de ruta y la larguísima protesta de las patronales agrofinancieras, y el grupo económico les da un tratamiento absolutamente incoherente en los medios de comunicación de su propiedad.

“Sabemos que el miedo al escrache periodístico o la necesidad de jetonear, hace que algunos políticos, en la opción entre los trabaja-dores y los medios, terminan defendiendo a estos últimos. El hilo se vuelve a cortar por lo más delgado. Como no se consiguen votos se buscan fotos” (C 2/12).

El texto representó una demarcativa toma de posición por parte de la central obrera frente a cuestiones que van mucho más allá que la defensa del salario o de los pues-tos de trabajo, expidiéndose respecto de la cuestión jurí-dico constitucional, respecto de la comunicación y sobre la libertad de prensa y el derecho a la información. Al mismo tiempo, se metió de lleno en la discusión política,

identificando a los medios con la medida de lucha de las entidades agropecuarias. El enfrentamiento no terminó aquí.

Disparen sobre el movimiento sindical Movilizada, e incluso planteando cuestiones políticas

de fondo, la organización de los trabajadores fue blanco de una dura construcción mediática, con el objeto de de-fenestrarla de cara al conjunto de la sociedad.

Apenas comenzado diciembre, una disputa entre lí-neas internas en el gremio de los trabajadores lácteos –entre la que responde a la conducción nacional y la que es fuerte en la regional Rosario– culmina con un enfren-tamiento abierto en las calles de la ciudad santafesina, donde resulta muerto un trabajador que había viajado desde Buenos Aires con los militantes de la línea nacio-nal.

Inmediatamente, los secretarios generales de las centra-les obreras, CGT y CTA, realizan una conferencia de prensa y firman un comunicado conjunto donde se cali-fica de “lamentable y repudiable” el hecho de Rosario (LN 5/12). El mismo afirma: “La CGT y la CTA ratifican ex-presamente su accionar unitario en la irrenunciable defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y de la patria toda”; ase-verando la necesidad de aunar “esfuerzos en la lucha por el sostenimiento de los puestos de trabajo, por la distribución más equitativa de la riqueza y por la justicia social” (P12 4/12).

Rápidos de reflejos, los dos Hugos se anticipaban a la batería de intervenciones de quienes utilizarían interesa-damente el hecho para propiciar la fractura en el interior del movimiento obrero y golpear a la organización de los trabajadores.

No hubo fracción del capital que no haya metido el dedo –y la pluma– en la interna sindical. Lo hicieron a través de la prensa de alcance nacional, y no sólo en las crónicas periodísticas donde las opiniones redundaban, sino en sus columnas editoriales, donde el medio formu-la y explicita su posición política.

El diario Clarín postula en su editorial del día 5: “La pelea sindical de Rosario es un hecho más de una serie de actos vio-lentos protagonizados por grupos sindicales. La apelación a la vio-lencia, incluso con armas de fuego, se ha naturalizado, desvirtuan-do la esencia y objetivos de las actividades gremiales, y pone de manifiesto la tolerancia o complicidad de sectores del poder político con esas prácticas. (…) Se trata, en suma, de una peligrosa esca-lada que pone en riesgo a trabajadores y a personas ajenas a la ac-tividad sindical y que ensombrece la vida institucional” (C 5/12).

La construcción mediática es clara: organización sindi-cal es sinónimo de violencia. Violencia que se opone a los intereses de los trabajadores y del conjunto de la so-ciedad. Aquí, el editorialista de Clarín escribe: “peligrosa escalada que pone en riesgo a personas ajenas a la actividad sindi-cal”. La fórmula es clásica: separa a las direcciones y mili-tantes de las organizaciones obreras del resto de la so-ciedad, como si esas direcciones no fueran expresión de gran parte de las bases que se proponen representar. Tampoco se le escapa la oportunidad para castigar al

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Gobierno (“complicidad de sectores políticos con esas prácticas”) y rematar la frase con el caballito de batalla de la oposi-ción política: la vida institucional en el país está enrareci-da.

Será el diario La Nación, la expresión más cabal de la oligarquía terrateniente argentina, quien burdamente re-construya el hecho de manera falaz. Observemos la ma-niobra con detenimiento, en su editorial del mismo día 5: “En los incidentes de Rosario, uno de los grupos respondía a la conducción nacional del sindicato, enrolado en la CGT, conducida por Hugo Moyano. Ese grupo, según denuncias presentadas ante la Justicia, había arribado desde la ciudad de Buenos Aires en va-rios ómnibus; estaba armado con cadenas, palos y pistolas. El otro, identificado con la conducción local de Atilda, está en la órbi-ta de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). A él perte-necía el sindicalista fallecido, cuyo grupo se había reunido en señal

de protesta por agresiones sufridas días atrás por trabajadores de la empresa SanCor”. Y más abajo, agrega una frase mágica: “En cada situación de este tipo, surge el nombre de Moyano” (LN 5/12).

Ninguna fe de erratas posterior aclarará que el trabaja-dor muerto no pertenecía a las filas de la CTA, sino de la CGT conducida por el “innombrable” Moyano. Los hechos, harto conocidos, eran groseramente desvirtua-dos por el diario La Nación, con el objetivo de minar la imagen de la CGT.

Así las cosas en la alianza social en el Gobierno. Mien-tras tanto, la alianza social conducida por los sectores te-rratenientes y financieros volvía a mostrar sus garras. Con ustedes, la autodenominada nueva burguesía agroin-dustrial…

24 Reconstrucción de la unidad y preparativos de sublevación

ENERO DE 2009

El Partido del Campo

Reconstrucción de la unidad y preparativos de sublevación Por Sebastián Ortiz y José María Dunn

Temporada verano 2008-2009: los trapitos al sol Hemos visto en nuestro Análisis… Nº 101 cómo du-

rante el mes de octubre de 2008 el autodenominado Par-tido del Campo lograba conducir un nuevo boicot co-mercial agrario –el sexto en menos de dos años y tercero en apenas diez meses del mandato presidencial de Cris-tina Fernández– contra la política económica del gobier-no nacional.

Analizábamos allí cómo el mismo carecía del consen-so social alcanzado entre marzo y julio del mismo año por los sectores terratenientes. Este hecho, sin duda, in-fluía para que durante el mes de noviembre, la dirigencia rural no hiciese apariciones públicas de trascendencia con reclamos sectoriales, y mucho menos se mostrase públicamente unida en la Mesa de Enlace.

Pero el mes de diciembre los verá reaparecer, preci-samente, mostrando públicamente sus capacidades así como sus deficiencias.

Ya el primer día del mes, el presidente de la FAA de Entre Ríos, el multimediático Alfredo De Ángeli, anun-ciaba para el día 10 una “marcha del duelo federal”, con mo-vilizaciones en Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Chaco. “Reclamamos más federalismo y más democracia. Cuan-do hablamos de federalismo, hablamos de reparto de retenciones y coparticipación, y cuando hablamos de democracia, hablamos de la eliminación de los superpoderes” (LN 2/12), señalaba el diri-gente terrateniente.

Dos días más tarde, el presidente de la FAA a nivel nacional, Eduardo Buzzi, tenía que salir a corregir los di-chos del entrerriano: “De Ángeli larga cosas sin consultar; pa-ra la Federación ese día no es luto ni duelo, porque son 25 años de democracia. Ese día marchamos por el campo” (LN 4/12), lo desautorizaba.

La diferencia no es menor. Expresaba a las claras las distintas posturas al interior de la FAA respecto de las causas de la pérdida de apoyo popular en el boicot de octubre, en comparación con los realizados durante la primera mitad del 2008. El consenso social como nece-sidad básica para la construcción de fuerza era el eje de la discusión sobre cómo transformar el interés sectorial en interés general.

Pero las diferencias no eran sólo al interior de la FAA. El mismo día de las declaraciones de Buzzi, esta corpo-ración de pequeños terratenientes presentaba en el Con-greso su proyecto de retenciones segmentadas con alí-cuotas del 7 al 25% para las diferentes escalas y productos y retención cero para productores chicos y regionales.

Ante el hecho, el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Luis Biolcati, se veía en la necesidad de aclarar públicamente que su entidad “respeta el proyecto de la Federación, pero no lo acompaña [ya que] las retenciones no

tienen razón de ser en estas circunstancias”. Por su parte, lo propio expresaba Mario Llambías, presidente de CRA: “Las retenciones no las aguanta nadie, excepto, en una pequeña proporción, la soja” (LN 4/12).

Con este grado de diferencias no era posible, ni siquie-ra, emitir un comunicado conjunto de la Mesa de Enla-ce, analizando la situación.

Tratando de profundizar esas diferencias, el Gobierno nacional va anunciar imprevistamente una rebaja de las retenciones para el trigo (del 28% al 23%) y para el maíz (del 25% al 20%), lo que significaría una transferencia aproximada hacia el sector agroindustrial de entre 100 y 150 millones de dólares (LN 5/12).

Dichas medidas fueron rápidamente criticadas, tanto por FAA, como por CRA y SRA: “Estos anuncios unilatera-les no están consensuados seriamente con las entidades representati-vas del campo”, señalaba Buzzi (FAA), al tiempo que su par de la SRA, Biolcati, indicaba que lo que están espe-rando los productores “es una eliminación total de los derechos de exportación”. El espanto comenzaba nuevamente a unir lo que los intentos de articulación de un programa con-junto prometían despedazar. Sin embargo, aún una de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, Coninagro, se demarcaba de las críticas, en boca de su titular, Carlos Garetto: “Es muy buena la decisión de comenzar a rever los de-rechos de exportación en actividades como trigo y maíz, que están operando en una situación crítica” (P12 5/12).

Rápido de reflejos, el principal órgano terrateniente, el diario La Nación, a través de un editorial titulado “El Gobierno, de espaldas al agro” intentaba volver a armar la unidad conceptual del Partido del Campo: “El magro aporte del Gobierno para atemperar la crisis del campo consiste en rebajar un 5 por ciento las retenciones a las exportaciones de trigo, que pasará a tributar el 23 por ciento, y las de maíz, que serán del 20 por ciento, mientras que las de soja continuarán en el 35. Se anunció también el propósito de bajar un punto adicional de reten-ción ligado a un futuro aumento de la producción de trigo y maíz y un programa de estímulo para el engorde de 600.000 terneros de tambo, que hoy se regalan o sacrifican. Nada se ha expresado res-pecto de las restricciones a las exportaciones de trigo y maíz ni de la crítica situación de lácteos, carnes vacunas y otras producciones. (…)

”La situación del campo es preocupante. La siembra de trigo re-gistró una merma de 500.000 hectáreas mientras que su produc-ción, afectada por la falta de estímulo y por la sequía y heladas tardías, sólo alcanzaría los 10 millones de toneladas, 6 millones menos que el ya menguado ciclo anterior. Estos 10 millones sólo alcanzarán para abastecer el consumo local de 6 a 7 millones y parte de las necesidades de Brasil, que viene comprando entre 6 y 7 millones anuales bajo la preferencia tarifaria del Mercosur, que re-

Las bombas, la pluma y la palabra 25

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presenta una ventaja del 11 por ciento en favor de nuestros envíos. (…)

“La siembra de maíz aún no finalizada se reducirá en otras 500.000 hectáreas con adicionales mermas productivas por la se-quía y las heladas. Queda la esperanza de lograr un aumento de la siembra de soja del orden del millón de hectáreas que compensa-ría las reducciones en trigo y maíz, pero sólo en la medida en que se puedan neutralizar los retrasos en sus siembras con las recientes lluvias y se cuente con la decisión de los productores de aportar al cultivo un alto componente tecnológico. Esto parece más que dudoso con una retención del 35 por ciento y con importantes aumentos de los costos de producción, que por su naturaleza tienen más resisten-cia a la baja que las materias primas. Un tipo de cambio más fa-vorable es lo único que podrá aportar beneficios.

“El sombrío panorama descripto pronostica una menor produc-ción del ciclo granario en gestación. Los 96 millones de toneladas recogidas en el ciclo anterior se reducirían a 85 en una versión op-timista. Queda un stock en los silos que los productores aún no vendieron y que podrá aportar unos 10 millones en el próximo año exportador, pero a casi la mitad del precio vigente durante buena parte del año que termina, cuyos efectos sentirán tanto el agro como el tesoro nacional. La intención del Gobierno de premiar con una reducción del uno por ciento de retención al trigo y al maíz cuando superen cierto límite global de producción resulta ilusoria. Podría aportar efectos positivos en mercados concentrados en pocas manos, pero no en el caso que nos ocupa, protagonizado por decenas de mi-les de productores. El programa de cría y engorde de terneros de tambo, aún no conocido, no parece realista en el contexto de una ganadería en retirada.

“El recibimiento de las medidas oficiales ha sido poco auspicioso y fue leído como una confirmación de la decisión del Gobierno de darle la espalda al agro” (LN 6/12).

De esta manera, la construcción describía los siguien-tes pasos: 1. Descalificación de las medidas anunciadas por el Gobierno; 2. Descripción de la crítica situación del sector rural; 3. Anuncio de la medida económica de-seada consistente en la devaluación de la moneda (que habrá que seguir muy de cerca porque tiende a coincidir, como vimos, con lo planteado como necesidad por el sector industrial); 4. Inversión de la presentación del conflicto, que hasta aquí siempre había sido presentado como “campo vs. Gobierno”. Ahora, se señala que es el Gobierno quien “da la espalda al agro”. Enseguida ve-remos que este es un elemento central en la construc-ción conceptual que comienza a elaborarse ante un in-minente estallido del conflicto en rutas y calles.

Vuelta a las rutas y a las amenazas destituyentes

Dos días más tarde, son anunciadas movilizaciones y actos contra la política agropecuaria del gobierno en Mendoza, Entre Ríos Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires, con “visitas” a gobernadores, intendentes y legisladores para que acompañen los reclamos. Al mismo tiempo, se busca el apoyo de sectores industriales vinculados al agro. El encargado de realizar las declara-ciones respectivas es, nuevamente, el titular de FAA, Eduardo Buzzi: “La situación en el campo es dramática y ya se registran suspensiones de operarios en algunas fábricas de maqui-naria agrícola en el interior”, palabras que serán ratificadas por el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), José María Alustiza: “Lo que dice Buzzi es muy cierto. Hay un 80 por ciento de dis-minución de las ventas de maquinaria agrícola y ya se está hab-lando de suspensiones de operarios, aunque formalmente todavía no se hayan concretado, porque queremos terminar el año sin tomar este tipo de medidas” (LN 9/12).

Sin embargo, el análisis de las movilizaciones volvía a mostrar diferencias. Para De Ángeli (FAA Entre Ríos), “la marcha expresa la bronca del sector. Si no hay solución para febrero, nos van a tener protestando. No quisiéramos ir a las ru-tas, pero tampoco vamos a dudar el día que tengamos que ir”. En cambio Pedro Apaolaza, titular de Carbap, desestimaba la posibilidad de volver a las rutas: “Sería muy poco justo con los choferes de camiones que por el parate del sector tienen muy po-cos viajes en la semana, no podemos hacerlo” (P12 10/12). Pero las diferencias ya son tácticas: cómo y cuando atacar.

A su vez, los resultados también comenzaban a ser positivos en cuanto al apoyo político. El primero en hacerlo explícito sería el gobernador cordobés Juan Schiaretti: “Esperemos que el Gobierno nacional reflexione y que también haya baja en las retenciones a la soja” (C 10/12).

Y ese mismo día, FAA realizaba un nuevo acto en Santa Fe. El discurso de su presidente, Buzzi, en el acto, despliega el argumento señalado más arriba con que culminaba el editorial unificador conceptual del diario La Nación. El dirigente vociferaba: “No hay que arrinconar a la gente en las rutas. Esto lo quiero decir con toda prudencia, por-que no me quiero comer un juicio penal; no es una amenaza, es un aporte fraternal. No empujemos a los productores a las rutas, por-que el día que los productores salgamos a las rutas no volvemos a cambio de nada” (P12 11/12). Si no es una amenaza, se le parece bastante. Pero además, como señalábamos, co-mienza a desplegarse el artilugio conceptual de la presen-tación de la disputa. Es el gobierno quien ataca y es el sector rural su víctima, quien en caso de reaccionar lo hará en legítima defensa, porque está en juego su vida. Y cuando está en juego la vida, la legítima defensa se puede convertir en lucha a muerte. “No volvemos a cambio de na-da”, explicita el dirigente.

Pero para ello, es necesario volver a constituir la uni-dad. Por ello, el propio Buzzi se encarga de aclarar los tantos respecto al papel jugado por la Mesa de Enlace y sobre sus posibilidades futuras: “Fue un instrumento eficaz en el momento del conflicto. Era más fácil estar en contra de, que formular soluciones para ver cómo se resolvía el problema. Pero hoy

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actúa sobre los puntos que hay coincidencia, y respeta con autono-mía los puntos donde claramente tenemos que tener conciencia de lo que representamos” (P12 11/12).

El acto santafesino incluyó una presentación ante el gobernador Hermes Binner (Partido Socialista), quien lento pero seguro, diez días más tarde hizo pública su adhesión a la causa campestre, al pedir “eliminar las reten-ciones que pesan sobre los granos y cereales”. Al mismo tiempo, el gobernador le remitió a la Presidenta un documento con su programa agrario, en el que se retoman las bases del histórico “modelo agroexportador”, señalando que lo propuesto buscaba la “recuperación de la base económica esencialmente agropecuaria y agroindustrial de Santa Fe y del pa-ís” (C 20/12).

Mientras tanto, la Federación realizaba también el mismo día un acto en Entre Ríos, con De Angeli a la ca-beza. Su discurso mostraba el tono más confrontativo: “Muy pronto, si no hay soluciones, volveremos a la trinchera”, al tiempo que presionaba a la dirigencia nacional: “Le pido a la Comisión de Enlace nacional que se una tras objetivos comunes y que sigamos la lucha porque hay gente que dice que estamos divi-didos”. A su vez, el dirigente advertía que “esta lucha se va a ir agudizando porque estamos cada vez más descontentos y por ningún motivo vamos a entregar nuestra dignidad” (C 11/12).

Y de las palabras se pasaba a los hechos. Durante el acto frente a la Casa de Gobierno provincial, los mani-festantes terratenientes agraviaron un busto de Eva Pe-rón, cubriéndolo totalmente con pintura negra. El hecho, que cobró trascendencia pública en los medios masivos de comunicación, era repudiado en una solicita-da firmada por la Unión Ferroviaria, en la que se traza –en forma sencilla y categórica– la relación entre los acon-tecimientos presentes y la historia de nuestro país. Con el título “Evita eterna en el alma del pueblo”, el escrito seña-la: “Quizá ya no exista aquella oligarquía del 45, aunque exis-tan otras. Hasta pudimos caer en la ingenuidad de pensar que sí había intereses contrapuestos, pero ya no odio. Hasta que nuevas tilinguerías y el autoritarismo insensible de los nuevos titulares del poder económico nos devuelven a la realidad. Y si algo faltara, es-tán los grupos de choque de ciertos sectores supuestamente ‘ruralis-tas’ para refrescarnos la memoria pintarrajeando irresponsable-mente la imagen de Eva Perón en el bronce.

“No advierten –con la misma estrechez mental de hace más de medio siglo– que cada vez que embadurnen una estatua el recuerdo de Evita brillará más en el corazón de los trabajadores y de los ex-cluidos. Que cada agravio aviva la memoria histórica, aclara la conciencia y retempla la voluntad de luchar por los ideales redento-res que Eva Perón simbolizó” (C 17/12).

Por su parte, al calor de un acto realizado en la Pampa organizado por la Carbap, su presidente Pedro Apaolaza señalaba que “Vamos a celebrar los 25 años de la democracia, pero no estamos de acuerdo con el primer año de gestión de Cristina Kirchner. Otro año así no lo vamos a aguantar” (LN 12/10). Como vemos, se festeja por la democracia, “pero…” no se puede aguantar otro año de esta democracia. Conside-rando el pasado golpista de las corporaciones empresa-rias rurales, nada hace extrañar que en la mencionada contraposición se oculte la amenaza de un golpe institu-cional, en caso de ser necesario. Esta es otra de las cons-

trucciones conceptuales que comenzaron en el mes de diciembre, que encastra perfectamente con la descrita anteriormente. El gobierno ataca, el “campo” reac-ciona en legítima defensa; y lo hace, como veremos más adelante, para defender las instituciones. Si el argumento no le suena conocido, estimado lector, no tiene más que revisar los diarios nacionales del año 1975 y comienzos del siguiente.

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Furia “campesina” y llamado a los bomberos Ya sobre el último tramo del mes de diciembre, el go-

bierno anunció una reducción de 50% en las retenciones a frutas y verduras y una rebaja adicional de dicho im-puesto para el trigo y el maíz a lo anunciado quince días atrás, beneficiando en forma proporcionalmente inversa al tamaño del productor, escalonando entre grandes (1 punto por cada millón adicional producido), medios (2 puntos) y pequeños (5 puntos).

La medida fue nuevamente rechazada por las entida-des agropecuarias, con la novedad que se sumaba a los reclamos explícitos Coninagro, que como vimos hasta el momento se había mantenido al margen. Dicha entidad señalaba en un escrito que las medidas “llegan a destiempo y no solucionan la crisis del productor agrícola (…) Disgusta que nada se haya dicho de la soja y el girasol, cultivos claves para el de-sarrollo del país” (C 23/12).

El ciclo se completaba. Nuevamente, las cuatro enti-dades adentro de la Mesa de Enlace. La tan buscada uni-dad resurgía de las cenizas. El hecho permitía a las cor-poraciones volver a emitir un comunicado conjunto, presentándose nuevamente como “el campo”, repudian-do la política económica oficial y colocando el interés del sector como el de todos los argentinos: “Con la puesta en escena de ayer [por anteayer] se reiteraron viejos anuncios con el único propósito de que la sociedad crea que a este Gobierno le pre-ocupa el campo. Digámoslo de una vez por todas: a este Gobierno no le interesan el sector agropecuario ni los millones de familias ar-gentinas que viven de él. Y lo demuestra día a día” (LN 24/12).

El mismo día de publicado este comunicado, el co-lumnista político del diario de la familia Mitre, Joaquín Morales Solá, insistía con la presentación del conflicto como una reacción legítima ante un ataque autoritario, describía la vuelta a la unidad, y proponía los próximos pasos: “Una nueva ronda de duros enfrentamientos entre el Go-bierno y el campo parece inevitable. El interior rural del país, per-ceptiblemente paralizado y enfurecido, siente que la administración de los Kirchner lo presiona para adelantar el momento de ese com-bate (...).

“La estrategia del Gobierno consiste en adelantar los tiempos del combate y en dividir a los dirigentes rurales. El anuncio de un proyecto sobre el arrendamiento rural es claramente fragmentario. Esa cuestión ha dividido siempre las posiciones de la Sociedad Ru-ral y la Federación Agraria. En las últimas horas, una conversa-ción entre los presidentes de ambas entidades, Hugo Luis Biolcati y Eduardo Buzzi, sepultó cualquier enfrentamiento entre ellos. ‘Estamos más unidos que antes’, recalcó Biolcati.

“El problema actual de ellos no consiste ahora en pelearse por el arrendamiento, sino en administrar el conflicto. Algún éxito ha te-nido Kirchner en su plan de adelantar los tiempos, porque ya desde el lunes comenzó a haber manifestaciones y cortes de rutas de cam-pesinos en el interior del país. Diciembre y enero son meses de mu-cho trabajo en el campo, de cosechas y siembras. Los dirigentes ru-rales prefieren dilatar el momento del combate hasta febrero o marzo, meses en que los ruralistas no hacen casi nada, pero la fu-ria de la sublevación campesina se impone por momentos sobre ellos mismos”.

Y pasadas las navidades, nuevamente un editorial de La Nación daba unidad conceptual a la situación, bajo el título “Agro y Gobierno: conflicto sin fin”.

(Primer acto. El Gobierno agrede al Campo. Presenta-ción de la víctima y descripción histórica del proceso) “El agro, el sector más dinámico y competitivo de la economía na-cional, el que más contribuye al comercio exterior y al tesoro nacio-nal, sigue siendo uno de los más agredidos tanto en términos eco-nómicos como políticos. Para el campo, el año termina casi igual que cuando se inició el conflicto con el Gobierno, en marzo pasado.

“Desde 2003, se sucedieron aumentos de las retenciones a las exportaciones, prohibiciones a las ventas de carnes, trigo y maíz al exterior, cuotas de exportación y precios máximos. En 2008, to-das estas expresiones sumaron nuevos ingredientes, que alcanzaron su máximo nivel en la resolución 125 del 11 de marzo, que intro-dujo retenciones móviles de una cuantía desconocida en nuestro país y en el mundo a las exportaciones de soja, girasol, trigo, maíz y sus principales elaboraciones”.

(Segundo acto. La reacción del Campo. Defensa del in-terés general) “Una formidable reacción sobrevino desde lo más profundo del interior, consistente en movimientos autoconvocados que salieron a las rutas a manifestar su protesta, sumada a la de las entidades agrarias unidas en la Comisión de Enlace y a la ad-hesión de los grandes centros urbanos, bajo el clásico sonar de las cacerolas. Cientos de miles de ciudadanos se concentraron en Rosa-rio y en esta capital en apoyo del agro, mostrando su convicción acerca de la importancia de la producción rural para el bienestar colectivo”.

(Tercer acto: Anuncio de lo que vendrá. Lucha por la vida, la familia y la propiedad) “Por lo expresado, la relación entre el Gobierno y el campo se proyecta para 2009 como un calco de 2008. Los productores y el interior en general se muestran dis-puestos a luchar por sus reivindicaciones. Saben que en ello va su suerte, la de sus familias y propiedades. Hay, por cierto, diferen-cias. La economía mundial y los precios de los alimentos han decli-nado, mientras que la economía nacional, tras tantos desaciertos, será una carga en lugar de un impulso. Cambiar el rumbo se pre-senta así como un imperativo” (LN 27/12).

Y al día siguiente, un reportaje a toda página a Hugo Luis Biolcati le pone carne y hueso al imperativo señala-do. Una frase suya se convierte en título ineludible de la nota: “Va a ser inevitable otro enfrentamiento”.

El dirigente es anunciado por el periodista-redactor como presidente de la SRA y referente central de la Co-misión de Enlace.

La unidad está garantizada, comunicado conjun-to de las cuatro corporaciones mediante y con pe-queños y medianos productores dispuestos nueva-mente a poner el cuerpo en las rutas. La SRA puede volver a mostrarse como lo que es, el cerebro del Partido del Campo.

Consultado por la inminencia del conflicto abierto, el terrateniente responde: “Si la actitud del Gobierno no cambia es inevitable. Hicimos todo lo posible, pero parecería que es inevi-table. Veremos si es igual o distinta. Pero que va a haber confron-tación parece seguro. Creo que el Gobierno la está provocando y nos quiere marcar los tiempos. Esperábamos tomarnos tiempo has-ta febrero o marzo, pero esto del seudoanuncio del otro día es una provocación muy clara”.

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Sólo resta estar seguros de lograr consenso social. Con esa preocupación comenzaba el mes, y con ella culmina-rá el año la dirigencia agropecuaria. Seguramente los de-seos de recuperar la estima social alcanzada entre marzo y julio de 2008, y potenciarla hasta lograr la fuerza nece-saria para imponer su programa económico-social en el 2009, serán el eje de los brindis terratenientes de fin de año. Pero para ello, hace falta ser muy meticuloso, y no radicalizarse antes de tiempo. El presidente de la SRA lo sabe. Por ello, ante la pregunta de si se logrará dicho ob-jetivo, responde cauteloso: “Depende de la magnitud de la protesta y de la forma en que la comuniquemos. Hoy corremos con la ventaja de que hemos adquirido un gran prestigio como sector. Cuando esto empezó se hablaba de la oligarquía, de que era un movimiento anárquico. Ahora se espera mucho de nosotros. No nos podemos equivocar” (LN 28/12).

Y no equivocarse implica, entre otras cosas, capacidad de previsión. El riesgo no es menor. Suponiendo que se logra desatar un ciclo insurreccional que depon-ga al actual gobierno, hay que poder gobernar des-pués, es decir, articular un programa que logre te-ner consenso y la fuerza respectiva para ser desplegado en tiempo y espacio. Muchos aliados que participen del levantamiento quedarán fuera del mismo. Será la hora de aplacar los ánimos.

La situación es advertida por el diario de los Mitre. Su habitual opinólogo en materia política, Oscar Puiggros, quien fuera ministro de Trabajo de los gobiernos de Frondizi y Guido y Ministro de Bienestar Social del go-bierno de Lanusse, señala al respecto: “Las experiencias iniciadas por el fascismo italiano y por los otros totalitarismos de ideologías extremas, de diversas formas de degradación humana, dictaduras militares que ‘ordenaron’ la economía o grupos populis-tas al servicio de una falsa justicia social teñida de folklore revolu-cionario, todo este trágico bagaje empezó por progresivas declinacio-nes de la libertad que siempre termina desapareciendo totalmente.

”Los síntomas, entre nosotros, son alarmantes, el Estado de de-recho se encuentra cada vez más deprimido por agravios crecientes que avanzan hacia la anarquía.

”Estas reflexiones nos llevan a creer que, frente a un grave in-cendio, es insensato desechar medios para apagarlo, sólo después se-ría la oportunidad de elegir al jefe de los ‘bomberos’ que, con el res-peto inviolable de las instituciones, ofrezca las mejores garantías para restablecer una república democrática y fraternal para todos los argentinos” (LN 30/12).

No hay que desechar medios para apagar el incendio. La trayectoria en gobiernos militares del autor de la nota nos evita tener que dar mayores explicaciones al respec-to.

La “salida institucional” Pero decíamos más arriba que las diferencias tácticas

al interior de la Mesa de Enlace, e inclusive dentro de cada una de las corporaciones que la conforman, lo que al menos es explícito en la FAA, cobran cada vez más trascendencia. Por ello es que la opción golpista no es la única que aparece en escena. También se vislumbra la “salida institucional”, con la mira puesta en el poder le-gislativo y sobre todo en las elecciones respectivas que se realizarán en el 2009.

Con vistas a ello, una posible herramienta a ser utili-zada en dicha instancia fue presentada públicamente por SRA y CRA, entidades que manifestaron su voluntad de ofrecer la base de representados por la Mesa de Enlace para fiscalizar los comicios señalados, cuerpo de cuadros disponible que alcanza la cifra de 200.000, según las pro-pias organizaciones rurales. Al respecto, el dirigente de CRA Ricardo Buryaile señaló: “Lo nuestro no es sólo secto-rial, sino social, así que seguramente las sociedades rurales se ofre-cerán para controlar” (LN 10/12).

También una semana más tarde, se anunciaba públi-camente la conformación de un interbloque agropecua-rio, reuniendo en el congreso nacional a 92 representan-tes. El mismo está conformado por legisladores de Pro, la Coalición Cívica, la UCR, el Partido Socialista, el pe-ronismo disidente de Solá y de Rodríguez Saá, el cobis-mo y un puñado de partidos provinciales. Son, en total, quince bloques parlamentarios. Sin embargo, las diferen-cias en su interior se hicieron explícitas antes del parto. La discusión giró en torno al nombre de la criatura, que finalmente fue inscripta como Mesa de Consenso Par-lamentario Agropecuario. Pero lo significativo fue, según señala Clarín, que las voces se elevaron cuando se pro-puso incluir la palabra “rural”, lo que fue desestimado finalmente para, textualmente según la crónica del diario, “evitar ligazones con lo más rancio de la dirigencia del sector” (C 19/12).

Pero además, las diferencias se hicieron visibles a la hora de los acompañamientos corporativos del lanza-miento. En el acto se hicieron presentes la SRA y Car-bap, actitud contraria a la asumida por FAA y Coninagro (P12 19/12).

Y con este tipo de fracturas, se complica cada vez el panorama de la “vía institucional”. Peor aún cuando en-tramos a hablar de posibles candidaturas.

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Conferencias, solicitadas, sermones. Todo sirve para adoctrinar a la tropa

“Estamos trabajando en un decálogo con la creación de puntos básicos para que los partidos lo integren en las plataformas electo-rales de cara a las elecciones 2009” (LN 12/12) señalaba Hugo Biolcati, Presidente de la SRA, tratando de mar-carle el rumbo a la dispersa oposición política. La “salida democrática” implica, como primer paso, sentar a toda la díscola fuerza que se pueda aglutinar y trazarle líneas de acción, señalándole además cual será el territorio en disputa y las tareas a realizar. Para ello fue convocado un primer encuentro, autodenominado “El compromiso del sec-tor para cambiar la historia: la agenda del agro y las elecciones le-gislativas 2009”, organizado por el Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial, depen-diente de la Sociedad Rural. Fue así como, a mediados del mes pasado, los máximos representantes camperos reunieron sus usinas de pensamiento, profesores, inves-tigadores y estudiantes de sus universidades junto a legis-ladores nacionales del Frejuli, UCR, Pro, Coalición Cívi-ca, Partido Socialista y ex kirchneristas para que un grupo de politólogos les dictara clases sobre “estrategia po-lítica, electoral y comunicacional” (LN12/12) y así amarrarlos a una estrategia en común: la propia.

Pero esta nueva avanzadilla de la acción electoral 2009 no concluyó en ese encuentro. Una de las plumas de avanzada de esta fuerza social ocupo las líneas siguientes de la página que cubría el ilustre encuentro antes men-cionado. Joaquín Morales Solá, desde una columna de opinión, describiría el territorio electoral en donde se debe dar batalla al poder kirchnerista de la siguiente ma-nera: “Buenos Aires será en el próximo año electoral el espacio nacional donde se jugará la suerte política de los Kirchner (…) Ahí ratificó su poder en las elecciones legislativas de 2005 y ahí su esposa cosechó los votos necesarios como para superar el 40 de los votos nacionales. Ese porcentaje era clave para evitar una segunda vuelta.

“Los sectores rurales que votaron a Cristina Kirchner, por con-veniencia más que por simpatía, podrían irse con Felipe Solá, quien abandonó el kirchnerismo durante la larga crisis con el cam-po.

“Elisa Carrió, en las últimas semanas, amplió sus fronteras de sus probables alianzas hasta llegar a Solá y al propio Cobos. Stol-bizer tiene un significativo caudal de votos en Buenos Aires y siem-pre consideró que los no kirchneristas debían explorar todas las posibilidades de acuerdos par tumbar al kirchnerismo en su propia cuna (…).

“Con todos los condicionamientos y las limitaciones que aún tie-ne la edificación de una alianza de estas magnitudes, en la provin-cia de Buenos Aires, lo cierto es que se trata de la primera vez que el kirchnerismo entrevé la posibilidad de un serio riesgo electoral en el distrito más importante del país.

“Ni Carrió, ni Solá ni el clásico radicalismo bonaerense son personas o grupos fáciles en las mesas de negociación. Pero todas las cosas necesitan de un principio. El principio, no el final, es lo que ha nacido en las últimas horas” (LN 12/12).

Con estas acciones entonces, la fuerza campera co-menzó a darle forma al armado nacional de su política 2009. Cabe destacar que sus ideólogos no pierden de vis-

ta la idea de una lucha electoral con muy poco margen para el error. Es el bipartidismo la única opción para ga-narle a los Kirchner, como vienen pregonando desde va-rios meses a esta parte. Por ello cualquier atomización de fuerzas opositoras haría tambalear la estrategia. Para no correr sobresaltos, Delia Ferreira Rubio, presidenta de Poder Ciudadano, les dio un consejo en el encuentro del día 11: “Tienen que tener claro que las bancas se distribuyen por el sistema D’Hont (proporcional) y que en algunos casos se eligen dos o tres diputados, con lo cual solo habrá espacio para dos parti-dos” (LN 12/12).

Más allá de la suerte electoral 2009, el diputado del Pro y vicepresidente de la Comisión de Agricultura, Christian Gribaudo, quien fue uno de los asistente al en-cuentro antes mencionado, mantuvo en el mes varias reuniones con Felipe Solá y viajó a Brasil junto al jefe de la bancada macrista, Federico Pinedo, para conocer la experiencia del bloque rural garoto con el objetivo de acordar una visita ínter legislativa para fines de febrero.

Pero, en este juego de rompecabezas para los chacare-ros de la abundancia, su mayor dificultad es que quien mejor lee el panorama, y a la vez quien cuenta con ma-yor capacidad de armado político electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo un hombre que no le es propio, pero que está dispuesto a darle pelea al kirchnerismo. Se trata, nada menos, que de Eduardo Duhalde, quien acompaña el corrimiento ya analizado por parte de la conducción de la UIA respecto del go-bierno nacional y de su política económica.

En una extensa entrevista en el diario La Nación, Duhalde recomendó combatir la crisis financiera global con recetas ya conocidas. Afirmó: “La única salida clara para tener la inversiones que necesitamos va a pasar por recompo-ner las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. No hay dónde conseguir dinero, Brasil por tener actitudes más inteligentes, fue inmediatamente auxiliado para generar confianza en el merca-do brasileño. Nosotros agregamos condimentos en nuestros planteos contra el Fondo que fueron agraviantes, no sólo para ellos, que mu-chas veces se lo merecen, sino también para el gobierno de los Esta-dos Unidos. Más allá de quién gobierna eso no se olvida. Hay que hacer un esfuerzo para recomponer esas relaciones.” (LN 21/12).

La recomposición de “…esas relaciones” sería recompo-ner el sistema financiero mundial tal cual estaba plantea-do en los años ’90. Organismos de crédito internacional (FMI, BM, BID, etc.) sin control del estado, tal como fuera acordado por la administración de Bill Clinton ba-jo el nombre de ley de Modernización de los Servicios Financieros. Con ella, los bancos, las aseguradoras, los fondos de inversión y los brokers financieros tenían las manos libres para producir maniobras de especulación, fuga de capitales y burbujas de todos los tamaños y colo-res. Esta Red Financiera Global –liderada por el capital financiero angloamericano, cuyos mayores exponentes son el Citibank, el HSBC-Lloyds Bank y Rothschild & Sons–, necesita afianzar un plan en donde cada nodo mundial cumpla su rol. Para Duhalde esta claro cuál de-be ser el de la Argentina.

Las expresiones del ex senador, que ejerció la presi-dencia, no se agotaron en la política mundial para el país,

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ENERO DE 2009

sino que también refrescó las originales ideas camperas sobre unitarios y federales de la actual conducción rural. “No hay un funcionamiento federal como el que corresponde. An-tes, los ingresos eran aproximadamente de un cincuenta por ciento para las provincias y un cincuenta por ciento para la Nación. Hoy, el Estado Nacional se queda con el setenta por ciento de los ingre-sos fiscales. Es un disparate. Por eso es muy importante, en esta revolución del campo, el reclamo federal. Hace al funcionamiento de las provincias” (LN 21/12).

El planteo resulta claro. No alcanza con dar la pelea en territorio bonaerense. Hay que darla a nivel país y son las finanzas públicas lo que hay que disputar.

Esa es tarea del legislativo nacional, y para eso se ne-cesita oposición en las cámaras: el bloque rural. El ex bañero va por todo y con decisión: “Si los cuatro o cinco re-ferentes del campo estuvieran en el Congreso se conformaría, cuan-do se trate de un tema productivo sobre el sector, un subbloque de entre 120 y 150 legisladores que apoyan las economías regionales. Tienen que jugar. No advertir que tiene que pelear desde adentro sería una especie de traición a las expectativas que han despertado. La pelea desde afuera ya no sirve” (LN 21/12).

Se atreve a todo. “…Esta revolución del campo”, dice Duhalde. Ironía, sarcasmo, convicción, vaya uno a saber. Lo que si es real es la solicitada que firmó junto a varios soldados fieles, menemistas y sindicalistas que respon-den a Luís Barrionuevo, para el día en que se festejaron los 25 años de democracia en nuestro país. En la misma, sienta las bases de lo que desarrollaría en la entrevista que le ¿otorgará? al órgano de prensa del campo. “El con-flicto del Gobierno con el campo puso en evidencia que la Nación se encuentra en un punto de inflexión histórica. Estamos en el me-dio de una transición entre lo viejo, que no termina de extinguirse y lo nuevo que no termina de consolidarse. Lo nuevo es el escenario internacional, signado por el ascenso del mundo emergente, encabe-zado por China, India, Brasil y Rusia, que presentan un extraor-dinario incremento de la demanda global de alimentos, lo que cons-tituye una oportunidad histórica hasta ahora desaprovechada” (C 10/12). Ya habíamos observado la artimaña conceptual. El conflicto ahora es “del Gobierno contra el campo”. Y es el campo el que rescatará a las instituciones y a la eco-nomía nacional, con su capacidad exportadora.

Así mismo, es Eduardo Duhalde quien advierte a los armadores de las líneas opositoras que no hay que olvi-dar a un actor central en esta batalla. Se encarga asidua-mente de recordar las distancias entre la Iglesia y los Kirchner. “Fue muy negativo cuando empezaron con la política de confrontación y se alejaron de sectores que apostaron a la recupe-ración del país: la Iglesia y el campo. Han sufrido muchos ataques inmerecidos” (C 29/11).

La pata eclesial de la oposición no tardó en alcanzar protagonismo. Con la conmemoración de los 30 años del conflicto por el Beagle, la Iglesia Católica volvió a mostrarse ante la sociedad como equilibrada, mediadora y la única capaz de sentar a dialogar a las partes enfren-tadas en un conflicto. Pero en el medio de esto monse-ñor Jorge Casaretto no se privó de hacer algunas apre-ciaciones sobre la situación social: “hay alarma y preocupación en la Iglesia por el aumento de la pobreza y de la in-equidad social. Existe un recrudecimiento de la pobreza y es cada vez más frecuente el reclamo social” (P12 17/12).

Y en este renovado rol mediador entre partes enfren-tadas, la cúpula eclesiástica invitó a fines de mes a la mi-sa recordatoria por el conflicto antes mencionado a la Presidenta de la Nación y a su Vice, intentando sentarlos cerca y que sus miradas se cruzaran, comulgando en un espíritu de comunión. Y ante sus atentas miradas, y la transmisión televisiva en directo y repetida en infinidad de oportunidades, Casaretto sentenció: “Hay que superar lo que nos diferencia. Los argentinos necesitamos encontrarnos más entre nosotros” (P12 23/12). La prensa leyó el hecho como una “recomendación” para Presidenta y Vice. Pero esto sólo es así en tanto entendamos a ambos como expre-siones políticas de fuerzas sociales preparándose para el conflicto abierto. La “vía institucional” no está descar-tada. Pero si no resulta, la violencia requiere preparar el terreno de las ideas previamente. Las palabras de Casaretto podrían estar dirigidas a ambas personalidades, pero recordemos que ahora, según insisten los medios masivos de comunicación, es el gobierno el que ataca, y “el campo” el que se defiende. Si este llegara a usar la violencia, el hecho debe estar lo suficientemente justifi-cado. Tiene que ser, como vimos, en pos de salvaguardar las instituciones y la propiedad privada.c