La violencia intrafamiliar, cosa de niñas

El presente ensayo abordará el fenómeno de la violencia intrafamiliar –VIF- en

Colombia como un problema de salud pública, en un primer momento se

justificará la escogencia del tema a trabajar, se presentará un contexto

general del problema en Colombia, en los últimos cinco años, en un segundo

momento, se argumentará por que consideró que la violencia intrafamiliar en

Colombia es manejada como un problema de niñas, finalmente se darán

algunas conclusiones al respecto y se propondrán algunas iniciativas.

Ante la magnitud y los costos producidos por la violencia, La Asamblea Mundial

de la Salud reunida en Ginebra en 1996, aprobó la resolución WHA49.25, en la

que declara a la violencia como uno de los principales problemas de salud

pública en todo el mundo y propone la adopción de un enfoque científico en

materia de prevención de la misma, como una prioridad.(1)

Colombia es considerada una de las naciones más violentas de América Latina

y del mundo (en el 2005, violencia y lesiones de causa externa Colombia

ocupaba el tercer puesto con una tasa de 12.7 muertes por cada 100.000

habitantes, y primer lugar por homicidios; 2004 homicidios primer lugar con 13

5 de las defunciones, VIF 30 % OPS), es un país donde conviven ( se

presentan) todo tipo de violencias ( en plural): la social, la política, la

económica, cultural, religiosa y la intrafamiliar. Se afirma ( ) que la última

generación de colombianas y colombianos han nacido con la experiencia de las

violencias, de tal manera que no han conocido la experiencia de un país en

paz. Las manifestaciones de violencia aparecen en la cotidianidad de

diferentes maneras: los insultos y golpes en el hogar, el atraco en la calle, las

pandillas en el barrio, el “manoseo” en el transporte público, la intimidación en

los colegios, la mala remuneración y el acoso laboral en los lugares de trabajo,

las masacres, secuestros, desaparecidos por motivos políticos, la vendetta

entre narcotraficantes y muchas otras manifestaciones permanentes en el día

a día. Todas esas violencias se entrecruzan, se potencian, afectando la vida,

la salud y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades de toda

una nación, haciéndola una situación de difícil solución. Una de las violencias

más invisibilizadas y a la que no se le presta la importancia que merece es la

violencia intrafamiliar, de ésta es a la que haremos referencia en este escrito,

sin olvidar la gran complejidad que ésta tiene y sin olvidar su estrecha

interrelación con las demás formas de violencia.

JUSTIFICACIÓN:

Como lo revela la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 de Profamilia, dos decada 5 mujeres en Colombia han sido maltratadas físicamente por su esposo o compañero. El 39% de las mujeres encuestadas afirmó haber experimentado algún tipo de agresión por parte de su pareja.Pese a las políticas públicas que se han desarrollado en esta materia, la violenciaintrafamiliar sigue siendo un problema de salud pública en aumento, en el cual las mujeres son las mayores víctimas de violaciones a sus derechos humanos.En relación con la violencia sexual en otros ámbitos, la situación continúa igualmentegrave. Para 2005, Medicina Legal reportó 16.267 dictámenes sexológicos, y en el 84% de los casos denunciados (13.697) las víctimas fueron mujeres, proporción que se mantiene con respecto al año inmediatamente anterior, donde se reportaron 14.369 dictámenes sexológicos a mujeres.Pese a las graves dificultades para obtener información sobre feminicidios en el país,debido principalmente a falta de enfoque de género en la recolección de información y en el seguimiento estadístico, según información remitida por el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses2, hasta octubre de 2004, 63 mujeres fallecieron en un homicidio cuyo posible agresor fue su cónyuge, 2 Respuesta a derecho de petición interpuesto por la Corporación Sisma Mujer. 15 de diciembre 2004.compañero permanente, novio, pareja o expareja, pero la situación se agravó en 2005,donde por lo menos 161 personas fueron asesinadas por su cónyuge, compañero (a)permanente, novio (a), pareja o ex pareja. De éstas, 121 fueron mujeres, lo que representa el 75 % de las víctimas.3

Esto significa que, sin tomar en consideración la existencia de subregistro, en 2004 enColombia murió aproximadamente cada seis días una mujer en manos de su pareja o expareja, y durante 2005 esta situación ocurrió cada tres días.

La violencia intrafamiliar en Colombia ha ido en ascenso, haciéndola de una

magnitud cada vez mayor, como no lo demuestran las cifras:

Los médicos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses – INML- durante el año el 2006, evaluaron 61.015 víctimas por

violencia intrafamiliar.

Del total de los eventos, el mayor porcentaje correspondió a casos de

violencia de pareja 37.047 (60.7 %), seguido por la violencia entre otros

familiares 13.287 (21. 8%) y se evaluaron 10.681 (17.5 %) menores de edad,

víctimas de maltrato de todos los reconocimientos hechos por los

profesionales médico –forenses. Comparando con el año inmediatamente

anterior 2005 (62.514 ), el número de casos que se presentó disminución en

1.499 casos (- 8.1%). P 92

Para el año 2006, la tasa total de violencia intrafamiliar fue de 169 por 100.000

habitantes. Los departamentos con mayores tasas fueron San Andrés 486, Amazonas

447, Cundinamarca 398 y Boyacá 356; los departamentos con menores tasas fueron

Putumayo con 41, Córdoba 56, Choco 59 y la guajira 61. p.92

Maltrato al menor:

Las estadísticas relacionadas con el maltrato infantil nos permiten ver la

magnitud del problema relacionado con el mismo concepto que sobre niño se

ha dado y que se tengan en cada región y sociedad que conforman nuestro

país, las formas de relación social, los diferentes factores asociados a la falta

de denuncia, como son la dependencia económica, afectiva, aceptación cultural

del castigo como forma para educar, concepción que se tiene de familia, el

tamaño y tipo de familia. También dentro de los factores que se presentan en la

situación de maltrato al menor está: el del lugar cronológico de los hijos en la

familia(jerarquía), que en algunos casos influye en la forma como son tratados

por los padres, familiares y amigos. Pese a este cuadro de dificultades, se

presentan las estadísticas y datos obtenidos a nivel nacional sobre el maltrato

existente en el núcleo familiar.

El maltrato infantil, se presenta como un problema de orden multifactorial

porque en él convergen factores de orden individual, personalidad, familiares

de interacción o influencia mutua, factores socioeconómicos y culturales. P 93

El instituto Nacional de Medicina Legal y C.F., tuvo conocimiento de 13.450

casos sobre maltrato infantil, de los cuales 10.681 fueron evaluados por los

médicos forenses que se encuentran en el territorio nacional y 2859 por otros

profesionales del sector salud, como lo son los médicos que están cumpliendo

su función social en el área rural.

En el 2005, el número de casos de violencia infantil fue de 12.525, con una

variación relativa de 8.1 %, absoluta de 1.015.

El INML

ENDS 2005

Secretaría de bienestar social del distrito

Procuraduría

Contralaroría

Comisarías de familia

La diversidad y complejidad de las consecuencias que deja la VIF, lleva a

plantearse la necesidad de centrar la atención en ella, para lograr su

disminución y su erradicación de ser eso posible.

Tanto en la VIf y en particular en la violencia conyugal que recae en un 90 %

sobre las mujeres, como en los delitos sexuales ocurridos al interior de la

familia (80%), el fenómeno de la impunidad es enorme, debido a la

consumación de la conducta en el espacio privado, sustraído en parte del

escrutinio estatal, lo que produce un altísimo subregistro en el que tienen un

peso específico factores asociados tales como el miedo a la retalización por

parte de los agresores, la dependencia económica y afectiva, la naturalización

del acto violento, el desconocimiento de los derechos entre otros.

La CEDAW entre sus preocupaciones y recomendaciones que le hace al

Estado colombiano son:

14. Al Comité le preocupa que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer no tenga capacidad y recursos sufi-cientes para coordinar efectivamente la aplicación de la es-trategia de incorporación de la perspectiva de género en to-dos los sectores del Gobierno y, en particular, para coordinar efectivamente la aplicación de las políticas y los programas nacionales en los departamentos y los municipios desde una perspectiva de género.

15. El Comité exhorta al Estado Parte a que supervise atenta-mente la capacidad del mecanismo nacional para el adelanto de la mujer a fin de cumplir plenamente su responsabilidad de promover la igualdad entre los géneros y el disfrute por la mujer de sus derechos humanos. Alienta al Estado Parte a que fortalezca el papel de la Consejería en lo que respecta para coordinar la aplicación de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores y niveles del Gobierno. El Comité recomienda en particular que el Estado Parte fortalezca la capacidad del mecanismo nacional para coordinar la aplicación en los departamentos y los municipi-os de una serie de políticas, programas y planes sectoriales dirigidos específicamente a promover la igualdad entre los géneros.

18. Si bien observa que se han adoptado medidas para hacer frente a la violencia doméstica, al Comité le preocupa que el traspaso de competencias de los jueces de familia a los comisarios de familia, los jueces civiles o los jueces munici-pales pueda reducir en la práctica el acceso de la mujer a la justicia. Le preocupa el uso de la conciliación en los casos de violencia doméstica, así como la falta de una supervisión eficaz de los efectos de dichos procedimientos en el acceso de la mujer a la justicia y a las vías de recurso. Le preocupa tam-bién que continúan siendo insuficientes los datos estadísticos sobre las mujeres víctimas de violencia doméstica.

19.Comité insta al Estado Parte a que estudie los efectos y la eficacia de sus mecanismos destinados a hacer frente a la violencia doméstica contra la mujer. En particular, el Comité exhorta al Estado Parte a que estudie detenidamente el uso de la conciliación en los casos de violencia contra la mujer a fin de hacer un seguimiento de los resultados a largo plazo de los casos sometidos a mediación y evaluar los efectos de la conciliación en el acceso de la mujer a la justicia y la protec-ción de sus derechos. Exhorta al Estado Parte a que mejore, en un plazo establecido, su sistema para recopilar periódica-mente datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer en el hogar, desglosados por sexo, tipo de violencia y relación de la víctima con el autor de los hechos. Alienta también al Estado Parte a que siga intensificando la coordinación entre todas las instituciones que prestan ayuda y apoyo en los casos de violencia doméstica contra la mujer.

24. Al tiempo que observa las medidas adoptadas para eliminar los estereotipos en el sistema de educación, incluso por me-dio del Programa de Educación en Género y Diversidad, el Comité expresa preocupación por el hecho de que no se está supervisando debidamente el efecto de esas medidas y no se están realizando estudios o investigaciones y por la ausen-cia de análisis de los efectos y las consecuencias sociales de la persistencia de los estereotipos relacionados con las fun-ciones de género para la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.

25.El Comité recomienda que el Estado Parte siga realizando esfuerzos para combatir los estereotipos que perpetúan la discriminación directa e indirecta de la mujer. Alienta al Es-tado Parte a que estudie y examine sistemáticamente el efecto que tienen los estereotipos de género prevalecientes para la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer. Ex-horta al Estado Parte a que refuerce las medidas educativas y elabore una estrategia más integral y diversificada en todos los sectores a fin de eliminar los estereotipos, trabajando con múltiples interesados, incluidas las organizaciones de mu-jeres y otras organizaciones de la sociedad civil, los medios de difusión y el sector privado

para avanzar en esa esfera. Pide al Estado Parte que haga un seguimiento del efecto de las medidas adoptadas y que, en su próximo informe periódico, presente los resultados alcanzados.

35. El Comité encomia al Estado Parte por haber ratificado los siete principales instrumentos internacionales de derechos humanos1. El Comité señala que la adhesión del Estado Parte a los siete principales instrumentos internacionales de derechos humanos potencia el disfrute por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida.

36. El Comité pide que se dé amplia difusión en Colombia a las presentes observaciones finales a fin de que sus habitantes en particular, los funcionarios gubernamentales, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos conozcan las medidas que se han adoptado y se han de adoptar para garantizar la igualdad de hecho y de derecho de la mujer. El Comité pide al Estado Parte que continúe difundiendo ampliamente, en particular a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.

1 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Interna-cional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Las recomendaciones del Comité de La Convención sobre la Elimi-nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW- al Estado

Colombiano En relación con los derechos humanos de las mujeres, la CEDAW es una norma internacional de obligatorio cumplimiento para el Estado Colombiano. Esta Convención, reconoce el papel de la cultura en el manten-imiento de la discriminación contra las mujeres y establece ob-ligaciones, para los Estados que la han suscrito, dirigidas a la abolición de todas las prácticas discriminatorias y a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. La CEDAW desarrolla los conceptos de discriminación y de igualdad sustantiva. Establece que la discriminación puede ser por distinción, exclusión o restricción; prohíbe tanto los actos que tienen la intención de discriminar como aquellos que no teniendo la intención ocasionan discriminación. También pro-híbe la discriminación en todas las esferas sociales; lo cual es un punto clave, pues reconoce la discriminación tanto en el ámbito público como privado, donde la violencia es reconocida como un acto de discriminación contra la mujer que impide grave-mente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Con respecto a la igualdad sustantiva, ésta comprende la igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las oportuni-dades e igualdad de resultados, lo que supone que se de un trato diferente a las mujeres para equilibrar las diferencias que existen con los hombres y se garanticen estrategias dirigidas a corregir la representación insuficiente y la redistribución de los recursos y el poder . Importa revisar que desde la perspectiva de la CEDAW, la re-sponsabilidad del Estado incluye obligaciones de respeto, de pro-tección y de garantía. Obligaciones de respeto, es decir, que la acción, las medidas, las normas, las políticas, los actos públicos o los mecanismos medi-ante los cuales se manifiesta el Estado a través de sus agentes, no discriminen ni vulneren derechos de las mujeres. Las obligaciones de protección, hacen referencia a la necesidad de prevenir situa-ciones o prácticas discriminatorias, al tiempo que responder a las situaciones una vez se han dado; desarrollar normas, políticas y

mecanismos para investigar y castigar las conductas discrimina-torias y resarcir a las víctimas. Finalmente, las obligaciones de garantía se refieren a que el Estado debe disponer lo necesario para el acceso o provisión efectiva, dirigida a la realización de los derechos humanos de las mujeres, en condiciones de igualdad. En este contexto, la CEDAW obliga al Estado Colombiano a tomar medidas concretas para enfrentar la discriminación contra las mujeres, mediante leyes, políticas y programas, que permi-tan la garantía y ejercicio real de los derechos . Es éste el de-safío actual, pasar del reconocimiento meramente formal de los derechos de las mujeres a su garantía, efectividad y ejercicio, en condiciones de igualdad con los hombres y a las posibilidades de realizar acciones de exigibilidad en los casos en que no se cumplan y de restablecimiento y reparación cuando éstos sean vulnerados.

El Comité de la CEDAW y sus observaciones y recomendaciones para Colombia

Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención existe un Comité conformado por 23 personas expertas de diferentes países, quienes analizan los informes pre-sentados por los Estados firmantes, en relación con las medidas adoptadas para hacer efectiva la Convención. Colombia presentó en enero del 2007 el V y VI Informe. El Comité reconoció los progresos realizados por Colombia para eliminar la discriminación contra la mujer y promover la igualdad entre los géneros, incluida la aprobación de varias leyes, planes estratégicos, programas y proyectos relacionados con muchas de las disposiciones de la Convención, en particular en los sectores de la educación y la salud, así como en lo que respecta a la partic-ipación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones. También comentó de manera positiva la contribución de los tri-bunales y el poder judicial a la promoción de la igualdad entre los géneros y el disfrute por la mujer de sus derechos humanos. El Comité acogió con agrado la incorporación de la perspectiva de género en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que también incluye un capítulo sobre la igualdad de la mujer; y exaltó como muy importante la aprobación y la aplicación de la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), que garantiza a las mujeres

CEDAW

al menos un 30% de los cargos públicos de libre designación al máximo nivel decisorio y otros niveles desde los cuales se ejerce la dirección de cada una de las entidades públicas; de la misma forma hizo referencia al Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante la Justicia en Colombia, 2006-2010; y al Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres de octubre de 2003. El Comité hizo mención a los importantes progresos realizados por el Estado Parte para crear y fortalecer los marcos norma-tivos y los mecanismos institucionales a fin de hacer frente al problema de la persistente violencia en el país, y en particular a todas las formas de violencia contra la mujer, así como para prestar mayor atención a los desplazados internos, sobre todo a las mujeres y los niños. Finalmente, el Comité felicitó al Estado Colombiano por los es-fuerzos realizados, en los planos nacional e internacional, con objeto de mejorar la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad relativa a la mujer, la paz y la seguridad. Si bien observa que el Estado Parte ha adoptado medidas para fortalecer su marco legislativo, normativo e institucional con ob-jeto de hacer frente a la persistente violencia en el país, al Comité le preocupa cómo afectará a la plena aplicación de la Convención el clima general de violencia e inseguridad reinante en Colombia. Al Comité le preocupa que las medidas adoptadas no sean su-ficientes y que la situación imperante ponga a las mujeres y las niñas en peligro constante de convertirse en víctimas de todas las formas de violencia. Al tiempo que el Comité destaca los avances alcanzados por Colombia, también señala con claridad que éstos no han sido suficientes. Por ello, el Comité manifiesta su preocupación en la situación que enfrentan las mujeres en materia de:

o La situación de los derechos de las mujeres, cuya realidad no es reconocida ni toma en cuenta la diversidad étnica, las difer-encias regionales y las situaciones de especial vulnerabilidad.

o Conflicto armado, dado que se ha documentado cómo todos los actores armados han utilizado diversas formas de violen-cia contra la población civil y en el caso de mujeres y niñas, modalidades particulares de violencia sexual que también se presentan respecto de sus propias combatientes.

Vulnerabilidad de las mujeres y niños/as en situación de desplazamiento. La jefatura de hogar en cabeza de mujeres es del 49.7% .

o Violencia doméstica. El reporte del Instituto de Medicina Legal del 2005 muestra que las mujeres constituyen el 84% de los 17.712 dictámenes realizados, y el 84% de éstas son menores de edad. Asimismo, en 2005, el 41% de las mujeres alguna vez unidas reportó haber sido víctima de violencia física y/o sexual por su pareja, porcentaje no muy diferente al 39% reportado en 2000. Lo anterior sin tener en cuenta que se presenta una muy baja tasa de denuncia o búsqueda de ayuda: en 2005, el 76.1% de mujeres víctimas de violencia reportó no haber buscado ayuda al respecto.

o Normativa vigente que permite la conciliación de la violencia al interior de la familia y no establece seguimiento a las medi-das de protección adoptadas.

o Trata de personas. Según estimaciones del Departamento Ad-ministrativo de Seguridad entre 45.000 a 50.000 colombianas son víctimas de la trata para tráfico sexual .

o Un bajo nivel de salud sexual y reproductiva que genera con-diciones de vulnerabilidad de los hogares y tiende a perpetuar las condiciones de pobreza, produciendo un círculo vicioso o trampa de pobreza. El porcentaje de adolescentes que han estado embarazadas o han sido madres aumentó de 17.4% a 20.5% entre 2000 y 2005.

o Educación. En especial la ausencia de políticas destinadas a combatir los estereotipos que perpetúan la discriminación. Además, una mujer sin educación tiene casi 8 veces más ries-go de morir por problemas del embarazo que una mujer con educación secundaria o más, como ocurre en el departamento de Chocó.

o Participación política. Según la Registraduría Nacional, sólo el 12% del Senado y 10 % de Cámara son mujeres.

o Trabajo y Empleo en donde el ingreso medio de US$ 2.290, evidencia un alto nivel de desigualdad. De hecho, la dis-tribución del ingreso de Colombia se encuentra entre las más inequitativas de América Latina y del mundo. Según el DANE, en el 2005 la tasa de subempleo femenina era de 31,7.

CEDAW

Las observaciones realizadas a Colombia por parte del Comité evidencian aquellos aspectos más frágiles en materia de políticas públicas y efectividad de las leyes a favor de las mujeres, y se con-stituyen en puntos críticos que demandan una respuesta integral e inexcusable del Estado. El Comité de la CEDAW se pronunció con una serie de reco-mendaciones que requieren ser adoptadas por el Estado Colom-biano. Las recomendaciones constituyen entonces la base de una agenda pública o de un Plan de Acción que involucra las diver-sas instancias del Estado responsables de la garantía, ejercicio y protección de los derechos de las mujeres. Del mismo modo, se requieren acciones coordinadas de seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones de parte del Ministerio Público y una permanente estrategia de control social por parte de la sociedad civil, en especial de los movimientos de mujeres. Dada la importancia de estas recomendaciones, la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres , en unión con la Procuraduría General de la Nación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas- UNFPA, la UNICEF y la Mesa Interagencial de Género del SNU , estamos en la tarea de difundir tanto la Convención como las Recomendaciones del Comité de la CEDAW, a todos los sectores del Estado e

instancias involucradas, y realizar la promoción y seguimiento a su aplicación, como una forma de contribuir a la igualdad sustantiva para las mujeres en el país. 8 de Marzo, 2007

inequidad de génerosEs más probable que la violencia sexual ocurra en sociedades con roles de genero mas tradicionales: “en las sociedades donde la ideología de la superioridad masculina está muy arraigada, y se hace hincapié en el predominio, la fuerza física y el honor de los hombre, laviolación es más habitual” (Jewkes, Sen y Garcia-Moreno, p. 176, 2002). En algunos países, el concepto de la equidad de genero desbarata el sistema arraigado de desigualdad, creando inquietud social a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo proporciona mayor fuerza e igualdad a las mujeres.

El derecho masculinoEs más probable que sea el hombre el que cometa un acto de violencia sexual en omunidades en las que los conceptos honor y de los derechos masculinos son culturalmente aceptados y donde la violencia sexual no sufre castigo. En muchos países, la integridad del honor masculino depende de la pureza sexual femenina. La violación de la mujer mancha el honor de su marido y/o familia, y es probable que sea castigada como manera de restaurar el honor de la familia. El castigo puede incluir su casamiento con el violador, el destierro y/o gradosvariados de violencia contra la misma, incluyendo su asesinato o “asesinato por honor”. La ideología social arraigada en el derecho masculino puede negar a las mujeres el derecho fundamental de rechazar el acto sexual y deja de reconocer la violación marital como unproblema.

Falta o precaria situación de servicios y sancionesLa tolerancia comunitaria de la violencia sexual está demostrada por la falta de respuesta de los sistemas y servicios. La ley en muchos países no reconoce a la violencia sexual que ocurre en ciertos ambientes o formas. Y la evidencia proporcionada por la victima no suele ser suficiente para una condena. En muchos lugares, las víctimas no efectúan la denuncia del hecho por temor a ser castigadas por el sistema judicial penal.8

ReferenciasKrug, EG et al., eds., World Report on Violence and Health.(Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud) Ginebra,Organización Mundial de la Salud, 2002Krug, EG et al.,Como proceder, Recomendaciones. En: Krug E.,Dahlberg, L., Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano, R. InformeMundial sobre la Violencia y la Salud. Ginebra, Suiza:Organización Mundial de la Salud. 2002: 265-277. (Disponibleen Internet: http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_9.pdfJewkes, R., Sen P., Garcia-Moreno, C., La violencia sexual. En:Krug E., Dahlberg, L., Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano, R.Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Ginebra, Suiza:Organización Mundial de la Salud. 2002: 161-197. (Disponibleen Internet: http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_6.pdfRunyan, D. et al., Maltrato y descuido de los menores por lospadres u otras personas a cargo. En: Krug E., Dahlberg, L.,Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano, R. Informe Mundial sobre laViolencia y la Salud. Ginebra, Suiza: Organización Mundial dela Salud. 2002: 65-94. (Disponible en Internet:http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_3.pdfZwi, AB, Garfield, R. Loretti, A., violencia colectiva. En: Krug

E., Dahlberg, L., Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano, R. InformeMundial sobre la Violencia y la Salud. Ginebra, Suiza:Organización Mundial de la Salud. 2002: 235-262. (Disponibleen Internet: http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_8.pdfBuchart, A., Phinney, A., Check P., Villaveces A. Preventingviolence: a guide to implementing the recommendations of theworld report on violence and health. Departamento dePrevención de Violencia y Lesiones, Organización Mundial dela Salud, Ginebra, 2004. (Disponible en ingles en Internet :h t t p : / / w h q l i b d o c . w h o . i n t / p u b l i c a t i o n s /2004/9241592079.pdf)El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud completo estádisponible en el sitio de Internet de la Organización Mundialde la Salud: http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/Violencia_2003.htm16

En: http://minproteccionsocial.gov.co/entornoambiental/library/documents/DocNewsNo15086 Documento N0 1918.pdfRe. exiónTratar un tema tan sensible al desarrollo de los derechos de los niños y lasniñas como es la violencia generada en ocasiones por falta de cuidado o afectoes complejo, máxime cuando se trata de un problema multicausal asociado apobreza, hambre, miseria, e incluso a la cultura y patrones de crianza, a lasmismas interrelaciones de los sistemas sociales, en los que la normalización de laviolencia y la aceptación de las conductas agresivas son frecuentes. Sin embargoanalizar las estadísticas y mostrar cómo los niños y las niñas son sujetos de todaslas expresiones de violencia por parte de los adultos, quienes se constituyen en

37 sus principales agresores, es un deber y una necesidad; aunque se reconoce que también entre los mismos niños se ejerce violencia o asumen actitudes agresivas que causan daño entre unos y otros.La violencia contra la infancia, cada vez más evidente, hace pensar que el problemase ha convertido en una situación inmanejable. Cada vez es mayor el númerode víctimas que se registran, aunque aún se está lejos de conocer la verdaderadimensión del problema en tanto que aparecen “nuevas” formas de violencia,aunque no se ha demostrado que anteriormente no se presentara, sino que talvez la sociedad era testigo mudo de una situación aberrante pero no estudiada.Es el caso de la prostitución y la pornografía en la que se utilizan menores deedad, la trata de personas, el turismo sexual (incluso con el consentimiento delos padres), que van marcando la vida de los niños hasta luego convertirlos enadultos aún más violentos, repitiendo los esquemas tradicionales de expresión dela violencia.A pesar de que el país cuenta con políticas públicas importantes que abordan laproblemática de la violencia, y particularmente la violencia intrafamiliar, como esla de Construcción de paz y convivencia familiar Haz-paz, que tiene como propósito“generar la sinergia necesaria para hacer de la práctica de la tolerancia, el respetopor los demás, la equidad, la resolución pacífica de los conflictos una manera deser cotidiana y permanente”, estas han sido insuficientes para responder a laproblemática de violencia, que cada vez cobra mayores dimensiones sobre susvíctimas más indefensas: los niños y las niñas.Para intervenir los factores generadores de violencia se requiere el esfuerzomancomunado de la familia, la sociedad, el Estado y el de los mismos niños. Enconsecuencia es necesario identificar las principales fuentes de riesgo que generanhechos violentos donde los niños y las niñas son los protagonistas, con el fin deestablecer estrategias conducentes a minimizar esta problemática que afectaparticularmente a las familias y a la sociedad en su conjunto. Se preguntaría

por qué no erradicarla, pero en donde con. uyen comportamientos humanosde toda índole y naturaleza sería una utopía pensar que la intervención de losfactores de riesgo evitará que se manifieste. El comportamiento del ser humanoes impredecible, de allí que las acciones se deban orientar a promover políticas,planes e intervenciones que propendan a la protección de la población infantil delos eventos negativos que puedan afectar su crecimiento y desarrollo.Aunque el informe no trata todas expresiones de violencia que se ejercen contralos niños y las niñas, recoge y orienta el análisis a aquellas que se deducende 10 años de registros por lesiones de causa externa reportados por MedicinaLegal, casos de secuestro reportados inicialmente por la Policía Nacional yposteriormente por la Unidad Antisecuestro de la Vicepresidencia de la Repúblicay la presentación de la situación de salud de los niños y niñas desvinculados delos grupos armados ilegales que operan en el territorio nacional.El análisis corresponde entonces al periodo comprendido en 10 años (1993–2002), 2003 y en algunas causas va hasta el 2004; no obstante, debido a la formade registro de algunos de los eventos, se dificulta establecer comparaciones.Los temas son tratados de manera independiente por cada autor y los añosrelacionados en todos no son exactamente los mismos: varían entre 1993, 94,96, 2002, 2003 y hasta 2004. En el contexto nacional se recogen las estadísticasdisponibles hasta el 2005.Para hacer un estudio completo sobre todas las expresiones de violencia contra lainfancia, se requeriría abordar otras áreas especializadas del conocimiento y no38solo los registros de 10 años reportados al Centro Nacional de Referencia contrala Violencia, CRNV, de Medicina Legal.Por la importancia que ellos tienen, se realizó este trabajo conscientes de quequedan muchos temas por abordar y profundizar, pero que no son menosimportantes; tal es el caso de la violencia generada por la confrontación de losgrupos al margen de la ley, en donde la población no combatiente, mujeres, niños,niñas y ancianos, se convierten en sus víctimas, trayendo como consecuencia eldesplazamiento junto con los demás miembros de sus familias, y lo que hace deColombia uno de los países con mayor problemática en el mundo, generándolesno solo dolor, sino desarraigo y miseria.Entre los temas que merecen especial atención por las implicaciones y costossociales, económicos y políticos que conlleva está el de los niños y las niñasvíctimas de minas antipersonal y de otras expresiones del terrorismo, como latoma de poblaciones, la sitiada de municipios que impide incluso el paso de losalimentos y la ayuda humanitaria.Entre otras expresiones de la violencia, se encuentran los niños y las niñas ensituación de calle, aquellos que presentan algún tipo de discapacidad y son másvulnerables a malos tratos y los que sufren abandono. Cuentan los menoresexplotados laboralmente, muchos de ellos sometidos a trabajos riesgosos parasu salud y bienestar o en situaciones indignantes, como la prostitución, el abuso,la pornografía, el turismo sexual y la trata de personas.Los niños y niñas víctimas de personas inescrupulosas que los inducen al consumode drogas y otras sustancias psicoactivas, además del cigarrillo y el alcohol, y que viven en hogares en los que comparten con personas que presentan enfermedad mental y en fase aguda se tornan violentos y agreden a toda la familia, comprometiendo desfavorablemente las relaciones sociales de esta. Lanegligencia y el rompimiento del vínculo psicoafectivo cuando el niño o la niñaqueda al cuidado de terceros, no siempre los más idóneos, es otra forma demaltrato que puede afectar su normal desarrollo; se presenta con frecuencia nosolo en niveles socioeconómicos bajo o medio bajo, sino también en el medio yalto, es decir, es un problema que afecta a todos los niveles sociales.La violencia es un riesgo permanente a la vulneración de los derechos del niño,pero también esta vulneración de derechos se correlaciona con las condicionesde vida de la población, como el acceso a la seguridad social, a la salud, ala educación, a las condiciones de la vivienda, a una alimentación y nutriciónadecuadas, a forjar el vínculo afectivo desde el amamantamiento, a crecer en

un ambiente inocuo y limpio, con derecho a la participación y al disfrute de laslibertades humanas, económicas, políticas, sociales y culturales, es decir, a tener ya gozar de un desarrollo humano sostenible. Cuando la violencia se manifiesta enla familia, no siempre se asocia a situaciones de exclusión y marginalidad, sino acomportamientos agresivos y temperamentos fronterizos, al consumo de alcoholy a otras adicciones, a situaciones de desempleo e incluso al endeudamiento y ladesesperación.Cabe reflexionar sobre la importancia de la afectividad y del desarrollo emocionaldel niño, que marca su personalidad, y cómo el ambiente social, escolar y familiares determinante en la forma como aprende a relacionarse con el otro, en suscomportamientos y su interacción con el mundo exterior. Lo que significa quecuando un sistema social es afectado por alguno de sus miembros positiva onegativamente, este tendrá repercusiones positivas o negativas en todo el sistemasocial, que a su vez es determinado por otros factores políticos, económicos,sociales, ambientales y culturales. (11 p. 36 – 39)Bibliografía1. Constitución Política de Colombia. 1991.2. Convención sobre los Derechos del Niño. Pacto por la Infancia. Todos por lasniñas y los niños. Consejería Presidencial para la Política Social. República deColombia. Convenio UNICEF.3. Posada, J.; F. Gómez.; H. Ramírez. El Niño Sano. 2ª. Edición. Ed. Universidadde Antioquia. 1998.4. Documento CONPES 3144/2001. Creación del Sistema Social de Riesgo paraColombia.5. Bases conceptuales de la Protección Social en Colombia. Documento CRECE.Mauricio Perfetti y otros. 2002.6. Fleury, Sonia y Molina, Carlos Gerardo. Modelos de Protección Social. Diseñoy gerencia de políticas y programas sociales. Banco Interamericano deDesarrollo. Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, INDES. 2002.7. Holzmann y Jorgensen. Manejo Social del Riesgo. Documento O. cial delBanco Mundial. (2000-2002).8. Evaluación Integral. ¿Quién se bene. cia del SISBÉN? Misión Social, DNP.PNUD. 2003.9. Familias colombianas: estrategias frente al riesgo. DNP, PNUD, ICBF, MisiónSocial. Ed. Alfaomega Colombiana S. A. 2002.10. Haz-paz, Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar.Consejería Presidencial para la Política Social. PNUD. BID.11. Minercol Ltda. Unal. PNUD. Proyecto de Erradicación y Prevención del TrabajoInfantil en la Minería Artesanal Colombiana “Peptima”. Grá. cas Ducal Ltda.Dic de 2003.12. Ministerio de la Protección Social/Fedesarrollo. Bases para el desarrollo delcomponente de infancia en el SPS. Documento de trabajo. 2005. ____________________

En: http://www.oas.org/cim/XXXIII%20Asamblea%20Delegadas/CIM-doc.23.esp.docCorporación Interamericana de mujeres CIM. Trigésima Tercera Asamblea de Delegadas, 13 – 15 de noviembre, 2006 , San Salvador, el Salvador. Informe nacional Colombia

Asimismo, desde el desde el mes de abril de 2003, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió la coordinación intersectorial de la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar - Haz Paz. Actualmente, adelanta sus acciones en este sentido a través de dos aspectos: (i) el Plan Intersectorial de la Política 2004-2006 y (ii) Desarrollo, validación y/o expansión de Modelos para la Prevención, detección, vigilancia y atención de la violencia intrafamiliar.

Trata de personas

Las mujeres en edad productiva son la población mayormente vulnerable frente a este delito. El DAS estima que entre 45.000 y 55.000 mujeres colombianas, víctimas de la trata de personas se encuentran en el exterior. Las zonas de mayor vulnerabilidad en cuanto al origen de las victimas son: Risaralda, Quindío y Caldas, Cali, Tulúa, Buenaventura, Palmira y Cartago, Medellín y su área metropolitana, el valle de Aburrá y Bogotá y sus alrededores. Los principales sitios de destino son Japón (40%), España (30%), Holanda (20%) y un 10% conformado por Grecia, Alemania, Singapur, México, Hong Kong, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Ecuador y Panamá.

C) Educación

De un total de 88.555 créditos universitarios otorgados por el ICETEX entre los años 2003, 2004, 2005 y primer semestre de 2006; 39.427 fueron otorgados a mujeres. Asimismo, de un total de 443 personas beneficiarias con becas entregadas por Colciencias entre los años 2003 y 2005, 158 fueron entregadas a mujeres.

En el periodo 2003-2005, de un total de 150.530 adultos alfabetizados, 90.318 fueron mujeres (60%). Asimismo en el año 2005, de un total de 164.680 personas graduadas en educación superior, 80.115 fueron mujeres (48.6%).

En Colombia, el 24% de las mujeres en edad fértil que habitan en zonas urbanas cuentan con educación superior, mientras que el 4% de las mujeres en edad fértil que habitan en zona rural, cuentan con este nivel de educación. El porcentaje de mujeres en edad fértil sin educación en zona urbana bajó de un 2% en el año 2000, a un 1,60% en 2005. Asimismo, el porcentaje de mujeres en edad fértil sin educación en zona rural bajó del 7,80% en el 2000 al 6,60% en el 2005.

D) Participación de la Mujer en las estructuras de poder y la toma de decisiones

Además del avance mencionado relativo al “Pacto para una Inclusión Efectiva de las Mujeres en la Política”, se encuentran:

Cumplimiento de la Ley de Cuotas: se destaca el aumento para el año 2005 de la participación femenina en la totalidad de los cargos públicos. Dentro de la rama ejecutiva aumentó 3,57%, en el interior de los organismos subió a 5,53% y en la Registraduría se presentó un aumento significativo equivalente al 10,91%. Así mismo, en el nivel territorial, más del 33% de los cargos del nivel directivo de la administración pública están siendo ocupados por mujeres.

De 13 Ministerios, 8 están ocupados por hombres y 4 por mujeres. La participación de la mujer en el Congreso de la República es aproximadamente del 11% (Senado de la República y en la Cámara de Representantes). En el nivel local, tanto en gobernaciones como en Alcaldías, la participación de las mujeres es baja en relación con la de los hombres, que ocupan aproximadamente el 90% de los Cargos.

En la rama judicial, existe 1 cargo de magistrado (de 9) ocupado por mujeres en la Corte Constitucional, 3 cargos de magistrados ocupados por mujeres en la corte Suprema Justicia (de 23), 6 cargos de magistrados ocupados por mujeres en el Consejo de Estado (de 27) y 2 cargos de magistrados ocupados por mujeres en el Consejo Superior de la Judicatura (de 13).

Por otro lado, se han consolidado más de 320 Consejos Comunitarios de Mujeres en el periodo 2003- julio de 2006 en 28 departamentos.

En las pasadas elecciones del 28 de mayo de 2006, el total de votación femenina fue de 6.161.817 y la votación masculina fue de 5.700.547. El total de la votación válida llegó a 11.864.470. La participación de voto femenino fue de 51.9% y la del masculino 48.06%. Asimismo, un total de 25 mujeres fueron elegidas al Congreso en las elecciones de marzo.