la paz en la voz de las mujeres nariÑenses · 2019-12-03 · 1.6 encuentro regional de paz 1.7...

Agenda de Paz Nariño

LA PAZEN LA VOZDE LAS MUJERESNARIÑENSES

2

Foto

graf

ía: R

amir

o A

may

a -©

201

6

Alessandro PretiLuisa CremoneseRamiro AmayaDalia Delgado B.Felipe HerreraRolando Crespo

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

ONU Mujeres:Diana Hidalgo

Agencia de Desarrollo Local ADELÁlvaro Obando ErasoAdriana MorenoClaudia Rodríguez

Apoyo AcadémicoJackeline Ruano

Diseño y diagramaciónCristina Aza T.

ImpresiónIngeniatte/ 7299907/ Pasto

Esta publicación se elaboró en el marco del Programa Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo con el apoyo de Suecia, Noruega, Cooperación Española y la Agencia Catalana de Cooperación.

Registro fotográficoRamiro Amaya Archivo Agenda de Paz

Comité Editorial

l Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta a las instituciones públicas y privadas, a la Administración Departa-mental y administraciones municipales, a la Cooperación Internacio-nal, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), a las víctimas del conflicto armado, a los distintos actores sociales y a la sociedad nariñense en general, los productos alcanzados en el proceso denomi-nado Agenda de Paz Nariño, iniciativa ciudadana e interinstitucional de construcción de una visión socio-política y territorial de paz, proceso que estuvo impulsado por la alianza estratégica entre la Gobernación de Nariño, las Diócesis de Ipiales, Tumaco y Pasto, la Agencia de Desa-rrollo Local (ADEL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-rrollo (PNUD) y ONU Mujeres.

Este conjunto de documentos denominado Caja de Herramientas para la Paz recoge el fruto de un proceso cuya construcción nos llevó a reco-rrer todo el Departamento de Nariño a través de escenarios de diálogo y encuentro de saberes, compartir las múltiples y diversas visiones sobre el conflicto y la paz. El carácter participativo, incluyente y diverso de esta propuesta ha sido reconocido no solo por los participantes, sino por las instituciones que lo impulsaron, como la Oficina del Alto Comi-sionado para la Paz y la comunidad internacional.

El recorrido de la Agenda de Paz Nariño ha sido articulado en cuatro textos que compilan los elementos centrales de las miradas de la

PresentaciónE

población nariñense frente a su territorio y a los escenarios de construc-ción de paz. Estas cuatro relatorías, se presentan en forma de textos expo-sitivos, en el siguiente orden:

1. Ruta constructora Agenda de Paz Nariño

2. La paz en la voz de las mujeres nariñenses

3. Visión sectorial de la paz para Nariño

4. Paz desde los territorios, una mirada subregional.

La Caja de Herramientas para la Paz se complementa así mismo con otros tres documentos claves. El primero, un resumen analítico del Plan Estratégico de Paz; el segundo, un análisis a profundidad de la articulación de Agenda de Paz Nariño y el Plan Estratégico de Paz del departamento, dos procesos que nacen de la misma experiencia de construcción y visión de la paz, aunque situados en ámbitos diferentes – el primero desde la participación ciudadana y el se-gundo desde la formulación y sustentación técnico-académica – y que están igualmente enmarcados en el actual contexto histórico de los Diálogos de Paz de La Habana y el inminente escenario del posacuerdo, circunstancias ambas que requieren de una lectura conjunta y complementaria. Finalmente, un ter-cer documento sobre Pasto como ciudad región, lugar que recopila, agrupa y expresa las múltiples necesidades del Departamento.

La riqueza de los contenidos de estos documentos refleja la amplia participa-ción comunitaria y la estrategia comunicacional que la hizo posible y visible, una estrategia de comunicación alternativa y autónoma cuyos protagonistas fueron periodistas regionales y comunicadores sociales profesionales y empí-ricos. A su vez, los medios de difusión fueron las emisoras comunitarias e indí-genas, los canales locales de televisión y las redes sociales. En el contexto de estos procesos, la estrategia comunicacional de Agenda de Paz, aún en medio de múltiples dificultades y limitaciones, se convirtió en un hito, indicándonos que la comunicación transparente y al servicio de los territorios constituye un importante músculo para impulsar la construcción de la paz.

La Caja de Herramientas para la Paz se convierte, así, en un legado de y para la sociedad nariñense a la que pertenece, además de ser un insumo de trabajo y proyección para que la primera generación de gobernantes del posacuerdo orienten con decisión las acciones políticas hacia la paz territorial.

LA PAZ TERRITORIAL CON EQUIDAD SOCIALEl Departamento de Nariño ha sido uno de los más afectados por el conflic-to armado que desde hace décadas ha asolado a Colombia: más de 400.000 víctimas, primer lugar a nivel nacional en cultivos de uso ilícito, entre otros aspectos, hacen que la paz no sólo sea una opción sino una necesidad para los y las nariñenses.

El nuevo gobierno departamental ha dirigido su gestión y decisiones basado en la participación e inclusión de la ciudadanía, ejemplo de ello es el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019 “NARIÑO CORAZÓN DEL MUNDO, TERRITORIO PARA EL BUEN VIVIR”, resultado de la co-laboración de 31.700 nariñenses, hijos e hijas de este Sur, protagonistas de su destino, quienes aportaron y validaron una visión compartida de territorio en 26 encuentros subregionales, 30 encuentros temáticos y 6 encuentros po-blacionales. Este recorrido por el departamento deja claro que la Paz se cons-truye a partir de la identificación de necesidades y apuestas, y en este sur de Colombia encontramos tres propósitos comunes en los que coincidimos y nos pusimos de acuerdo: Paz Territorial con Equidad Social, Integración Regional y Crecimiento e Innovación Verde.

La Paz Territorial con Equidad Social debe ser direccionada bajo la construc-ción directa con la ciudadanía, con acciones concretas que permitan el cierre de brechas y brinden oportunidades sostenibles y duraderas. En este sentido, el diálogo con grupos poblacionales y las mesas departamentales ha permitido el fortalecimiento para la construcción de Paz, generando espacios de toma de decisiones para dinamizar sus capacidades de liderazgo y dar seguimiento a las iniciativas de Paz existentes en el Departamento de Nariño.

Desde la Gobernación de Nariño hemos avanzado en este propósito institucionali-zando las iniciativas de Paz con la creación de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, así como con la conformación de la Comisión Departamental de Paz.

La población nariñense tiene razones suficientes para persistir en la búsqueda de caminos que lleven hacia una paz justa y digna. Iniciativas sociales como Agenda de Paz Nariño, son el resultado de una visión territorial de paz construi-da con las comunidades encaminada hacia la construcción de una sociedad más incluyente, el desarrollo integral colectivo y con énfasis en la población más vulnerada por el conflicto armado.

La Agenda de Paz Nariño, es una apuesta de construcción colectiva basada en cuatro ejes que servirán de insumo para la formulación de políticas públicas implementadas a través de una Matriz Estratégica para la construcción de la Paz Territorial articulada con el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “Nariño Corazón del Mundo, Territorio para el Buen Vivir”.

“Paz territorial es sinónimo de oportunidades para nuestra gente”

Camilo Romero GaleanoGobernador del Departamento de Nariño

Esta Matriz es una iniciativa conjunta de la Gobernación de Nariño y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, que servirá como herramienta es-tratégica para la gestión integral del desarrollo en diferentes niveles, a partir de un ejercicio técnico de formulación de programas y proyectos estratégicos que permitan implementar acciones de paz con planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, asumiendo el enfoque de derechos humanos y enfoque territorial en el contexto del Desarrollo Humano Sostenible.

El Gobierno departamental llevará a cabo de forma articulada estas iniciativas emanadas del saber de sus habitantes, y seguirá avanzando en este esfuerzo colectivo de búsqueda y trabajo constante por lograr una Paz Territorial con Equidad Social, donde la convivencia, el respeto a la vida y la participación ciudadana sean emblemas de esta construcción de paz.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE PAZColombia ha iniciado un camino hacia la paz y la reconciliación sostenible: después de la etapa de la solución negociada del conflicto armado. El país está entrando en la fase de construcción de paz desde los territorios.

Las Naciones Unidas y, en particular el PNUD, apoyan una visión de paz terri-torial e incluyente, una paz construida desde los territorios con amplia partici-pación ciudadana. Por eso hemos contribuido al proceso Agenda de Paz Nari-ño, que surge de iniciativas territoriales de construcción de paz, potenciando espacios de diálogo entre autoridades nacionales, autoridades territoriales y sociedad civil.

Superar las diferencias históricas mediante el diálogo es el gran reto que tie-nen las regiones y comunidades de Colombia. Uno de los caminos es la ruta de construcción colectiva de paz que realiza la Agenda de Paz del Departamento de Nariño, recopilando propuestas que surgen de la participación ciudadana.

Las voces de mujeres y hombres, jóvenes, adultos mayores, población LGTBI, comunidades afrodescendientes, resguardos indígenas, sectores productivos, sectores sociales, fuerzas militares, empresarios, víctimas, campesinos, iglesia y representantes del Estado, han sido el insumo para la elaboración de planes y propuestas encaminadas a la construcción de ese proyecto de nación que quieren las y los colombianos.

«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a cons-truir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”»

La Asamblea General de la ONU 2015

Agenda de Paz Nariño es un aporte a la construcción de paz en Colombia por las valiosas contribuciones hechas por cada uno de las y los habitantes de los municipios y territorios participantes. Es de resaltar que las comunidades han expresado en cada momento la voluntad de participar de manera activa y no solo de implementar algo que otros han decidido; esto es un ejemplo de parti-cipación transformadora y de movilización ciudadana en pro de un momento único e histórico del país.

La población de Nariño, tan golpeada por la violencia ha demostrado una crecien-te resiliencia y una admirable capacidad propositiva, así como un alto grado de creatividad e innovación. La Agenda de Paz es una muestra de que esta población será la protagonista de la construcción de paz, al tiempo que se erige como una oportunidad única para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030 adoptada por La Asamblea General de la ONU, en particular el objetivo N° 16 “Paz, justicia e instituciones fuertes”.

Arnaud PeralDirector de PaísPNUD - Colombia

13

Introducción

1. Voces de Las mujeres nariñenses 1.1 Mesa departamental de mujeres1.2 Consejo ciudadano de mujeres de Pasto1.3 Mujeres indígenas1.4 Mujeres afrocolombianas1.5 Mujeres rurales1.6 Encuentro regional de paz1.7 Encuentro Juvenil Agenda de Paz2. Elementos para la construcción de paz desde la voz de las mujeres nariñenses2.1. Implicaciones del CAI en la vida de las mujeres con respecto a la construcción de paz2.2. Garantías de participación política 2.3. Construir paz desde el desarrollo propio y rural con enfoque territorial y diferencial2.4. Construir paz con garantías de acceso y goce efectivo de los derechos para una vida digna2.4.1. Derecho a la educación pertinente, diferencial, con calidad y cobertura para todas2.4.2. Derecho a la salud2.4.3. Derechos ambientales y culturales ConclusionesBibliografíaAgradecimientos

14

21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

. 38

45

59 61 62 71

74 7677

Pag.contenido

14 LA PAZ EN LA VOZ DE LAS MUJERES NARIÑENSES

INTRODUCCIÓNLa condición fundamental para la construcción de una Agenda de Paz con enfo-que diferencial es el reconocimiento de la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en patrones de opresión, injusticia, subordinación y discriminación, exclusión y violencia estructural. Sin embargo, se deben reconocer también los impactos diferenciales del Conflicto Armado Interno (CAI) en las mujeres, lo que implica no sólo reflexionar acerca de dichas construcciones de género, instaladas en las relaciones sociales que se concretan en las múltiples formas de victimización, sino avanzar desde di-cho reconocimiento de las diversas formas o repertorios de violencia utilizados en contra de las mujeres hacia el diseño y ejecución de acciones consecuentes que respondan a sus necesidades y garanticen su participación real y/o efecti-va en la Agenda de Paz y, por tanto, en la esfera pública1.

1La igualdad de género es un indicador de cuán democrático es un sistema político. En el ámbito político esto se ha traducido en dar garantías para la presencia pública de las mujeres. (Alina Donoso y Teresa Valdés, 2007). En ese sentido, la participación política con perspectiva de género entiende que las mujeres deben ser sujetas gestoras de cam-bio para intervenir en los espacios de toma de decisiones, esto es, en los procesos de democratización de sus sociedades.

15

2SNARIV. Guía interinstitucional para la atención a las víctimas del CA. Editorial Scripto S.A.S. Bogotá, diciembre de 2012.

Por lo anterior, se requieren múltiples esfuerzos y voluntades para la construc-ción de una política pública que responda a la necesidad de superar las rela-ciones inequitativas entre hombres y mujeres y que se vea reflejada igualmente en una gobernabilidad democrática, tanto en la vida pública como en la privada

Como señala Sánchez (2009), la ausencia de las mujeres y el consiguiente do-minio masculino en el ámbito público han favorecido, a su vez, la determina-ción de acuerdos y consensos donde impera la autoridad masculina y donde, claramente, se excluyen los intereses femeninos. Así mismo, en las relaciones cotidianas se evidencian patrones de opresión y violencia, instaurados en el ámbito familiar y comunitario, a lo que se agrega el hecho de que las mujeres son las principales víctimas del CAI y están expuestas a una serie de riesgos y vulnerabilidades antes, durante y después de los hechos violentos2.


Como punto de referencia para una visión diferencial de la Agenda de Paz, cabe retomar el planteamiento del Auto 092 de 2008 sobre los riesgos derivados del CAI y de la violencia estructural contra las mujeres, en donde se establecen algu-nas de las formas más comunes de violencia basada en género:

Violencia contralideresas o contra

mujeres que adquieren visibilidad

pública por su labor de promoción social.

17

El enfoque diferencial de género en el análisis del CAI y de los impactos en poblaciones particulares (en este caso mujeres y niñas de comunidades indí-genas, afrodescendientes, rurales y urbanas) en la construcción de una Agen-da de Paz permite, además de visibilizar los impactos, reconocer los procesos de resistencia agenciados por organizaciones, colectivos y grupos de mujeres que han sobrevivido al CAI.

Así, la igualdad de género se sitúa como un tema que trasciende la igualdad de oportunidades y, en consecuencia, demanda la participación de las mu-jeres en todos los procesos de transformación de las prácticas, jerarquías y reglas de las instituciones públicas (CEPAL, 2003). El enfoque diferencial de género es una herramienta analítica y una perspectiva que permite diseñar ac-ciones desde la voz de las mujeres: si ellas no están presentes en los espacios en los que se discuten las bases de una nueva gobernabilidad, seguramente sus necesidades no serán incluidas en procesos que les permitan reconocerse como actoras dinámicas.

La relación entre participación política, igualdad de género y proceso democrá-tico es inevitable, pues hablar de igualdad de género significa crear condiciones de igualdad en los ámbitos de representación, adopción de decisiones y partici-pación política. (Enjambra. Contra la explotación sexual y paz y desarrollo, 2009). Esto implica, por una parte, que el Estado debe superar las deficiencias en la atención de las necesidades específicas de las mujeres, al igual que orientar sus esfuerzos para erradicar las desigualdades que propician la segregación. Por otra parte, implica incrementar el apoyo para compensar las inequidades que impiden que las mujeres desempeñen un rol representativo en la esfera pública (Sánchez, 2009). En otras palabras, la igualdad de género demanda una relación colateral con una gobernanza democrática que permita visibilizar las demandas y necesidades de todos los grupos poblacionales considerados vul-nerables, incluidas, por supuesto, las mujeres, las niñas y las adolescentes.


El consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la Resolución 1325 del año 2000, reconoce el impacto diferenciado en épocas de conflicto en las mujeres y niñas, y reafirma el importante papel que desempeñan las mujeres en la solución de dichos conflictos y en la consolidación de una paz estable y duradera; de igual modo, la Resolución insta a los Estados a promover y ga-rantizar la participación de las mujeres, en pie de igualdad, en los procesos de construcción de paz y en la adopción de decisiones para la prevención y solución de conflictos.

La participación de las mujeres es trascendental en la construcción de la paz. Tal y como lo afirma la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres - ONU Mujeres.

“la construcción de la paz supera la agenda de terminación del conflicto y de garantías para las víctimas, y por tanto, debe atender los asuntos estructurales de la desigualdad en el desarrollo y la necesidad de forta-lecimiento de las mujeres como protagonistas de la paz, la democracia y el desarrollo, atendiendo así, no solo la restitución de sus derechos en tanto víctimas, sino la reparación transformadora de su rol y dignidad en la sociedad. (ONU Mujeres, 2015).”

A partir de los planteamientos anteriores, la Agenda de Paz Nariño abrió espa-cios de discusión, diálogo e intercambio de experiencias y propuestas de mu-jeres sobre la construcción de la paz. Este proceso de construcción colectiva desde una visión política, incluyente y diferencial buscó la máxima participa-ción de las mujeres en los espacios de toma de decisiones para fortalecer sus capacidades de liderazgo, reconociendo la existencia de importantes iniciati-vas de paz existentes en el departamento.

19

El proceso tuvo así mismo un enfoque territorial a fin de favorecer la partici-pación de las mujeres en la solución de conflictos, como es el conflicto so-cial y armado en el departamento. Estos encuentros territoriales permitieron la participación de ellas en el ejercicio del poder político y en la definición de temas claves, para así crear nuevos cimientos sociales, políticos, económicos y culturales que faciliten la consolidación de una sociedad que aliente la cons-trucción de una paz auténtica, duradera e incluyente; una paz que, aliada a la reconciliación, la equidad y el respeto por la diferencia, a la no discriminación, al reconocimiento de la diversidad, a la autonomía y al empoderamiento, y que se proyecte desde las vivencias cotidianas de las mujeres, sus aspiraciones organizativas y comunitarias, su firme y ardua tarea de resistir y resignificar las relaciones deterioradas a causa del CAI.

Agenda de Paz Nariño consideró que las mujeres víctimas de violencia en el contexto del CAI, las mujeres víctimas de violencias cotidianas, las mujeres amenazadas y perseguidas por su rol de lideresas en sus comunidades, las mujeres que resisten, que protestan y que se organizan contra la guerra, las mujeres que de manera directa o indirecta hacen parte de grupos al margen de la ley3, las mujeres que han sufrido desplazamiento forzado, las mujeres de zonas rurales, las mujeres con protección constitucional reforzada (afroco-lombianas, indígenas), en suma: TODAS las mujeres, juegan un papel funda-mental en la construcción de la paz, pues todas ellas se erigen como sujetas promotoras de la prevención y resolución pacífica de los conflictos; todas son

3Centro Nacional de Memoria Histórica, La Masacre de Bahía Portete. Las mujeres wayuu en la mira, Bogotá, 2014.


sujetas políticas capaces de liderar las reivindicaciones de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, esa reparación transformadora que reco-nozca la terminación de su silencio y su dolor; todas pueden ser protagonistas de la reconstrucción de las relaciones minadas por el CAI; todas, en fin, pue-den y deben liderar procesos de memoria, reconciliación, perdón y de diseño de estrategias que garanticen la no repetición de hechos violentos.

El presente documento recoge el ejercicio de sistematización de las propuestas de paz que surgieron en los encuentros realizados en el marco del “Proyecto para avanzar en la promoción efectiva del liderazgo y representación política de las mujeres en las instancias de decisión del Departamento de Nariño: compo-nente Agenda de Paz Nariño”. Muestra igualmente los resultados de los talleres de construcción de paz desarrollados en ocho subregiones del departamento y los aportes de otros ejercicios pedagógicos que permitieron la participación de cerca de trescientas mujeres nariñenses. Estos resultados expresan las situacio-nes de vulnerabilidad, los sentires, significados e iniciativas de construcción de paz de las mujeres afro, indígenas, tanto de poblaciones rurales y urbanas, así como de las mujeres jóvenes víctimas del CAI en el departamento

La sistematización se ha ordenado a partir de los planteamientos, reflexiones y recomendaciones de las participantes.

Consultoría ONU Mujeres-Agenda de paz Nariño

21

1. voces de las mujeres nariñensesAgenda de Paz NariñoLas mujeres que participaron en los encuentros hacen parte de diferen-tes mesas, organizaciones y municipios del departamento, y provienen de distintos procesos organizativos y de acción colectiva en nombre de la construcción de paz. Desde un enfoque diferencial, étnico y territorial, las mujeres aportaron sus conocimientos, propuestas e inquietudes, las cua-les se han organizado en temáticas e intereses para la consecución de una paz territorial y como resultado de los encuentros de Agenda de Paz.


La Mesa Departamental de Mujeres de Nariño es un espacio de interlocución de las mujeres nariñenses a través del cual se buscan alter-nativas a las problemáticas que las aquejan; busca además promover su participación e incidencia en la creación de políticas públicas hacia la igualdad de género. El largo proceso de lucha de este movimiento social por conse-guir un real mejoramiento de sus condiciones de vida y posicionamiento en la sociedad co-lombiana se basa en el diálogo directo con el gobierno municipal, departamental y nacional con el fin de popularizar, monitorear y gestionar el cumplimiento de sus objetivos4.

Esta organización desempeña un papel impor-tante en la protección de los derechos de las mujeres de comunidades indígenas, afrodes-cendientes, campesinas, además de las mu-jeres víctimas de violencia, comunidad LGBTI y jóvenes, trabajando para que se garantice la inclusión de los temas de género y el recono-cimiento de las mujeres como sujetos de dere-chos en asuntos públicos, todo esto con el fin de reformular la relación entre lo masculino y lo femenino y por la necesidad de cambiar la relación de poder entre los géneros y sus roles en los distintos aspectos de la vida cotidiana5.

1.1. Mesa Departamental de Mujeres

4Proyecto No. EIDHR/2010/226-579 “Fortalecimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos de libertad de pensamiento, expresión y agru-pación pacífica de las organizaciones de la sociedad civil, de los defenso-res de derechos humanos y de los medios de comunicación en Colombia”, pág. 1, disponible en http://memoriaydignidad.org/memoriaydignidad/images/C-2A-10-MESA-MUJERES-DE-NARINO.pdf

5Ibíd., pág. 2.

23

El Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto es un mecanismo consultivo en materia de diseño, ejecución y control social de las políticas públi-cas municipales; busca garantizar la participa-ción de las mujeres, en términos de igualdad, en los procesos de construcción de ciudad, con el propósito de generar mejores condiciones de vida para ellas a través de la identificación de sus necesidades, intereses y demandas.

A través del diálogo establecido con Agen-da de Paz, y en el marco del encuentro “Más Mujeres, Más Democracia”, realizado en el municipio de Pasto bajo la iniciativa de ONU Mujeres, la Fundación para la Investigación Milcíades Chávez (FINMIL) y Alianza Nariño Decide, las representantes del Consejo hicie-ron sus reflexiones apostándole a la visibiliza-ción de los sectores sociales más vulnerables de la región, a fin de fortalecer espacios de participación donde se discutieran las realida-des de los conflictos que las afectan de forma directa o indirecta, especialmente, los efectos diferenciados que produce el CAI.

1.2. Consejo Ciudadanode Mujeres De Pasto

6 Disponible en http://www.pasto.gov.co/index.php/nues-tras-dependencias/secretaria-de-desarrollo-comunitario/participacion-ciudadana/122-nuestra-entidad/secretarias/secretaria-de-desarrollo-comunitario/participacion-ciudadana/instancias-de-participacion-ciudadana/1108-consejo-ciudada-no-de-mujeres


El informe denominado Una mirada a los dere-chos humanos de las mujeres indígenas de Co-lombia, presentado por la Organización Indígena de Colombia (ONIC) al Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en el año 2013, recoge esta afir-mación acerca de la situación de las mujeres indí-genas en el contexto del CAI:

1.3. MUJERES INDÍGENAS

Las mujeres indígenas colombianas vivimos una realidad de vulneración permanente a los derechos humanos y colectivos, sin embargo no ha sido posible que el Estado elabore una polí-tica pública de protección integral a los pueblos indígenas, que tenga en cuen-ta el impacto del CAI interno que viven mujeres y hombres indígenas en sus propios territorios. (ONIC, 2013).”

Las distintas vulneraciones contra los derechos humanos de los pueblos indígenas, la violencia que tienen que vivir las mujeres de estas co-munidades en sus territorios, los procesos de reivindicación y resistencia colectiva promovi-dos a lo largo de la lucha social del movimiento indígena y la valoración de la diversidad de las culturas que habitan nuestro departamento, promovieron la realización del encuentro deno-minado “Las mujeres indígenas en la construc-ción de la paz territorial”, en el cual participaron dieciocho mujeres de los pueblos Pasto, Quilla-singa, Inga y Awá, pertenecientes a los resguar-dos de: Ipiales, Males, El Encano, Muellamués y Aldana, así como representantes de UNIPA.

25

En lo que respecta a las mujeres de las comuni-dades afro del Departamento, el informe titulado Derrotar la Invisibilidad. Un reto para las mujeres afrodescendientes en Colombia. El Panorama de la violencia y la violación de los derechos huma-nos contra las mujeres afrodescendientes en el marco de los derechos colectivos, afirma que la situación de los derechos humanos de estas mu-jeres está enmarcada en la discriminación y la marginación sistemática de la población negra,

1.4. MUJERES AFROCOLOMBIANAS

junto a los conflictos de carácter geoeconómicos y políticos del país y a las particularidades cultu-rales, políticas y de género características de sus sociedades (Mujeres afrodescendientes defenso-ras de DDHH, 2012).

A lo anterior se añade el hecho de que las mujeres afrocolombianas han sido víctimas de toda clase de violaciones contra sus derechos humanos de-bido, entre otras razones, al hecho de que habitan zonas de considerable valor estratégico para los grupos armados ilegales, quienes han afectado a gran parte de la población civil del territorio nari-ñense a través de sus estrategias de guerra. Sin embargo, al tiempo que víctimas del CAI estas mu-jeres son también agentes de movilización social: han participado de procesos que buscan la protec-ción de los derechos de las mujeres, la justicia, la memoria histórica y el mantenimiento de la paz.

Reconociendo ese contexto, pero también tenien-do en cuenta las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan en sus municipios, Agenda de Paz Nariño se reunió con mujeres de Barbacoas, El Charco, La Tola y Francisco Pizarro, para propi-ciar espacios de reflexión que llevaran a pensar y a posicionar el papel de la mujer afrocolombiana en la construcción de la paz desde los territorios.


El Programa de Naciones Unidas para el Desa-rollo (PNUD) ha manifestado que:

“ La deuda rural es compartida por mujeres y hombres y se deriva del he-cho de pertenecer al sector rural, pues, en efecto las condiciones de vida, el acceso a bienes básicos, el tipo de inserción laboral y la vigencia de los derechos son muy precarios en las zo-nas campesinas. (PNUD, 2011).”

En atención a esa situación, y reconociendo las consecuencias que ha provocado el CAI en sus vidas y los enormes esfuerzos que adelantan como movimiento en favor del re-conocimiento del campesinado como sujeto de derechos, Agenda de Paz Nariño logró dia-logar con mujeres campesinas habitantes de las subregiones de la Cordillera, Juanambú y Río Mayo (municipios de San Lorenzo, Albán y El Rosario) quienes integraron su mirada a la construcción colectiva de la Agenda siendo actoras claves del proceso.

1.5. MUJERES RURALES

27

Durante los Encuentros Regionales para la Paz, realizados en los muni-cipios de Tumaco y en Sibundoy, los cuales articulan a los departamen-tos de Nariño y Putumayo que fueron liderados por la Oficina del Alto Comisionado para la paz, la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, la Ruta Pacífica de Mujeres, el programa Pensamiento y Acción Social y la Red de Iniciativas Comunitarias de Paz desde las bases, se buscó promover el diálogo social para el reconocimiento de capacidades y retos en la construcción de paz integral y sostenible en el territorio. Las representantes de organizaciones de víctimas y otras organizaciones sociales de las dos regiones expresaron la urgencia de enfocar los lineamientos del fin del conflicto armado en la aplicación de mecanismos eficaces para la población víctima del conflicto.

1.6. Encuentro regional de paz


El equipo de Agenda de Paz Nariño se vinculó también al primer Encuen-tro Juvenil Agenda de Paz, con el propósito de fortalecer las instancias de participación de adolescentes y jóvenes como constructores/as de paz, logrando la cualificación de escenarios de interlocución con la institucio-nalidad y el desarrollo de la Agenda en el municipio de Tumaco.

La iniciativa fue apoyada por la Gobernación de Nariño a través de la Se-cretaria de Género e Inclusión Social (SEGIS), la Alcaldía Municipal de Tumaco y la Oficina de Juventud, en alianza con UNICEF y Fundación PROINCO, en el marco del proyecto “Entornos protectores para la cons-trucción de paz con adolescentes y jóvenes de San Andrés de Tumaco – Nariño”, cuyo objetivo principal fue desarrollar la Agenda de Paz de Na-riño a partir de la implementación de procesos de construcción de paz y promoción de las competencias en protección de familias, comunidad e institucionalidad.

1.7. ENCUENTRO JUVENILAGENDA DE PAZ

29

2. Elementos para laconstrucción de paz desde la voz de las mujeres nariñenses

Las mujeres, como paridoras de vida, tenemos que ser paridoras de ideas y de respaldo a la paz, desde el planteamiento de propuestas, la organización y la resistencia.

Minguera de paz, Samaniego,noviembre de 2015.

En este apartado se presentan los aspectos planteados por las mujeres que participaron en los encuentros realizados. Los resultados se organizan de acuerdo con los temas que sur-gieron en los diálogos de la construcción par-ticipativa de la agenda de paz, desde la voz y la visión de las mujeres. Estos temas son diversos y coinciden con los resultados de los encuen-tros sectoriales que se presentan en el texto co-rrespondiente.


Generar las condiciones favorables para la construcción de paz e incluir la voz de las mu-jeres es un requisito para lograr la transforma-ción real de las prácticas y creencias sociales que han favorecido y permitido la victimización de miles de mujeres en el país. Al respecto, las mujeres nariñenses ponen el acento en la ne-cesidad de implementar y aplicar un enfoque diferencial de género7 en todos los procesos re-ferentes a la construcción de paz (Mesa Depar-tamental de Mujeres-MDM). En consecuencia, el reconocimiento de los impactos diferencia-les del CAI obliga a atender las problemáticas derivadas de las múltiples violaciones perpe-tradas contra las mujeres.

Así mismo, las mujeres señalan que las víctimas cargan el recuerdo de los hechos con la eviden-te afectación a su dignidad. Por eso ven en la reconciliación un proceso integral que parte de la reconstrucción de la memoria y la verdad his-tórica, cumpliendo etapas y fases de reparacio-

nes concretas, como la atención humanitaria, la restitución de tierras, la restitución de dere-chos en las mismas o mejores condiciones que las que tenían con anterioridad a los hechos y la no repetición como garantía de paz duradera (MDM). Por su parte, las mujeres del Consejo ciudadano de Pasto proponen la creación de una política pública efectiva para las mujeres víctimas del CAI, dirigida a la búsqueda de alter-nativas que les permitan asegurar condiciones de vida digna y de justicia social.

También los pueblos indígenas, según la Orga-nización Nacional de Colombia (ONIC), sufren de manera desproporcionada los impactos del CAI: “La discriminación, la implantación de po-líticas económicas y el abandono institucional son factores que acentúan la situación de inmi-nente extinción física y cultural” (ONIC, 2013)8.

2.1. Implicaciones del CAI en la vida de las mujeres con respecto a la construcción de paz

7 Este enfoque les permite tener identidad y logra el reconocimiento de sus particularidades y problemas propios por parte de la sociedad y del Estado (MDM).8Se reconoce que viven “una realidad de vulneración permanente a los derechos humanos y colectivos, sin embargo no ha sido posible que el Estado elaboré una política pública de protección integral a los pueblos indígenas, que tenga en cuenta el impacto del CAI interno que viven mujeres y hombres indígenas en sus propios territorios”. Informe: Una mirada a los derechos humanos de las mujeres indígenas de Colombia, presentado por la Organización Indígena de Colombia (ONIC) al Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en el año 2013.

31

El pueblo indígena Awá, uno de los más afecta-dos por el CAI en Nariño, denuncia el impacto de la minería y la expansión de cultivos de uso ilícito, situaciones que generan disputas entre actores armados por el control del territorio y deterioran los recursos naturales, principal-mente los hídricos. El aumento en los cultivos de coca ha dado lugar al incremento de fumiga-ciones y medidas de inspección de actividades ilícitas sin consulta previa a los indígenas. El impacto ambiental, representado en la conta-minación de los ríos, ha desmejorado las condi-ciones de vida de este pueblo por la pérdida de los bienes de pan coger, la disminución de fuen-tes de ingresos derivados de la pesca, la muerte de animales y el deterioro del medio ambiente. Además, han ocasionado afectaciones en la salud, con la aparición de patologías respirato-rias, digestivas y dermatológicas en los niños y las niñas indígenas, y la desnutrición infantil.

Los cultivos de uso ilícito, junto al proceso de producción y comercialización de narcóticos, han obligado a los Awá, por un lado, a adaptar-se a la cultura de la droga y la economía ilegal, y por otro, han conllevado a procesos masivos de desplazamiento forzado; situaciones que re-presentan una fuerte amenaza a su integridad e identidad cultural como pueblo indígena.

En lo que respecta a las mujeres afrodescen-dientes debe existir una garantía y protección especial de los derechos de la mujer víctima del CAI, debido a los impactos diferenciales en los diferentes municipios. Las mujeres de Barba-coas señalan que los efectos que ha provocado el CAI en su vida se traducen en:


Lo anterior evidencia un vacío en las medidas adoptadas por el Estado para atender los efectos del conflicto armado a la vez que una ausencia de prioriza-ción étnica y de género en cuanto a la reparación integral y la transformación de los proyectos de vida de las víctimas del CAI; finalmente, evidencia falta de articulación de las entidades que hacen parte de la ruta de atención integral para las víctimas. Todo lo anterior representa la constante revictimización de las mujeres y acentúa los patrones de discriminación étnica y de género.

Las mujeres rurales de los municipios de San Lorenzo, Albán y El Rosario coin-ciden con otros grupos de mujeres e identifican las siguientes afectaciones:

33

Todas estas afectaciones en el marco del CAI identificadas por las mujeres se pueden sintetizar de la siguiente manera:

• Víctimas de violencia basada en género en el contexto del CAI.

• Víctimas de estrategias de con-trol mediante amenazas, asesina-tos, violencia sexual, entre otras.

• Reclutamiento de sus hijos, enamoramiento y embarazo de mujeres adolescentes.

• Las mujeres son las principa-les víctimas sobrevivientes del CAI y están expuestas a una se-rie de riesgos y vulnerabilidades antes, durante y después de los hechos violentos.

• Formas de vida y reproduc-ción social alteradas y sustitui-das por prácticas asociadas a la guerra, la minería y los cultivos de uso ilícito.

• Pérdida de prácticas y valores tradicionales de las diferentes comunidades. En relación con esto, se ha afectado el lugar de la mujer como cuidadora y sal-vaguarda de la transmisión de valores culturales y la calidad de vida de la familia.

• Daños en el medio ambiente que irrumpen en las formas de relación con el entorno e imposi-bilitan prácticas sostenibles.

• Profundización de la pobreza e impactos en la seguridad y so-beranía alimentaria por falta de oportunidades laborales relacio-nadas con el campo.

ImpactosDiferenciales

Impactos en laIdentidad Cultural

ImpactosSocioambientales


Al mismo tiempo, las mujeres han hecho énfasis en la necesidad de tomar en cuenta estos impactos para:

• Construir la memoria histórica para que los hechos no queden impu-nes y existan verdaderas garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, entendiendo a las familias como las víctimas directas de la atrocidad de la guerra.

• Relatar las historias de vida de los hombres y las mujeres víctimas del CAI con el consentimiento de las comunidades, interpretando estos actos como escenarios simbólicos de reconstrucción de memoria colectiva, que demuestren la resistencia de las comunidades y propendan por la no re-petición de actos violentos y por la consecución de la justicia y la verdad.

• Lograr la reparación psicosocial y la indemnización y/o reparación co-rrespondiente, a partir de una caracterización de la población víctima en el territorio, que permita determinar cuál es el tipo de atención integral que debe recibir la víctima y su familia.

• Brindar intervenciones y procedimientos interdisciplinarios cualifica-dos, que ayuden a superar las afectaciones relacionadas con los hechos victimizantes contemplados en la Ley de Victimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

35

Como complemento a estas ideas, las mujeres campesinas señalan la importancia de:

• Reconocer a los habitantes del sector campesino como sujetos de derechos.

• La participación en la vida política y pública como factor de protección ante la violencia (San Lorenzo).

• Garantizar la seguridad de la población por parte del Estado.

• Crear espacios donde se brinden servicios de asesoría jurídica y psico-lógica a las mujeres víctimas del CAI.

• Garantizar que las autoridades que integran la ruta de atención de la población víctima reconozcan los efectos diferenciados que el CAI pro-duce en la vida de las mujeres.

• Garantizar la restitución de tierras a las mujeres y acceso a los dere-chos a la verdad y a la justicia, en términos de igualdad, con independen-cia de la pertenencia étnica y cultural.

• Garantizar condiciones de vida digna, libre de violencias para las mu-jeres de la región, con el fin de que se acceda a una reparación que garantice los derechos humanos, contribuya a la transformación de los planes de vida y favorezca la construcción de escenarios de paz desde la particularidad territorial y cultural.

• Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, en un territorio libre y en paz para las nuevas generaciones, logrando un verdadero empode-ramiento y autonomía de las mujeres en los espacios de trasformación social, formación y participación.

• Divulgar los derechos de las mujeres víctimas del CAI y las rutas de atención para estos casos, evitando la revictimización e implementando acciones de seguimiento a las autoridades competentes en la asistencia a las víctimas durante el proceso de reparación integral.


Con relación a los procesos de reintegración y reconciliación, se señala que la relación entre víctimas y población excombatiente debe tratar de equilibrar la balanza entre la protección y defensa de los derechos (MDM). Según obser-varon las participantes,tanto las víctimas como la población desmovilizada coinciden en exigir la restitución de sus derechos como sujetos políti-cos, lo cual puede ser factor de confluencia para abordar un proceso de paz y reconciliación en-tre dos grupos afectados por el CAI desde polos opuestos (MDM). Las participantes del encuen-tro en Samaniego, aportaron ideas de acciones comunitarias para acoger a la población ex-combatiente, como las siguientes:

• Desarrollar conversatorios en distintos es-pacios, para exponer las causas y las situa-ciones de vida de los y las excombatientes, a fin de comprender las razones que motiva-ron su incursión en grupos armados ilega-les. Esta acción requeriría del apoyo de las instituciones educativas, las organizaciones comunitarias, las familias y la Iglesia.

• Preparar a las comunidades con ejer-cicios comunicativos que permitan cam-biar la percepción de la sociedad frente a la población desmovilizada. Esta estrate-gia contempla la incidencia en los medios de comunicación locales (emisora, canal de televisión y difusión de medios infor-mativos de publicidad).

37

• Crear programas de educación, creci-miento personal y generación de ingresos mediante una consulta previa, que faciliten la exposición de las necesidades particu-lares, de modo que sea posible garanti-zar condiciones de vida digna, inclusión e igualdad de derechos. Lo anterior se realiza-ría con apoyo de instituciones educativas, la Pastoral Social, universidades y SENA.

• Involucrar a los grupos armados, así como al conjunto de la sociedad y el go-bierno nacional en la reconciliación. Se considera que sólo; así, se podrán alcan-zar niveles adecuados de justicia, liber-tad, equidad, igualdad de oportunidades y acceso a derechos sin discriminación.

• Desarrollar programas complemen-tarios y específicos para esta población mediante la construcción de políticas pú-blicas con enfoque diferencial, las cuales se articularían con los programas de go-bierno de la Alcaldía municipal y la Gober-nación de Nariño.

Como acción urgente, las mujeres de Samanie-go señalaron que la presencia de minas anti-persona lleva a que la mayoría de víctimas de éstas sean de la población civil, fundamental-mente niños y niñas que no sólo son víctimas

de MAP, sino también de MUSE y AEI. A partir de experiencias previas propusieron entonces:

• Realizar un proceso de desminado hu-manitario con la sociedad civil y los gru-pos al margen de la ley que operan en el territorio, así como la limpieza de todos los artefactos explosivos que existen en las zonas rurales del municipio (MAP, MUSE y AEI).

• Recuperar las tierras que estaban mi-nadas a través de proyectos productivos, capacitando a las familias samanieguen-ses en la importancia de la reactivación económica y cultural de los territorios mi-nados.

• Sensibilizar a las comunidades acerca de la asistencia que pueden recibir para remo-ver y atacar los peligros asociados con las distintas clases de explosivos de guerra.

Todos los planteamientos presentados por las mujeres requieren de lineamientos de política y de la voluntad de la administración local, de-partamental y nacional para garantizar la imple-mentación de la Ley de Víctimas y del enfoque diferencial de género. En este sentido, a conti-nuación se presentan los temas que ellas con-sideraron pertinentes:


2.2. Garantías departicipación política

Para avanzar en la democracia y en la disminu-ción de las brechas de desigualdad se requiere de liderazgos políticos comprometidos con las causas propias y específicas de las mujeres en todo su ciclo vital, con el propósito de transfor-mar la cultura y la política, con el fin de llegar al verdadero desarrollo humano sostenible, con enfoque de género y alcanzar así la paz durade-ra y una verdadera democracia, ya que recono-cemos la existencia y el aporte que las mujeres le hemos hecho y le hacemos a la sociedad.

Mujeres participantes en el encuentro de Samaniego.

La participación política de las mujeres presenta fuertes limitaciones debido, en gran parte, al dominio masculino en estos ámbitos y a que las mujeres son vistas como “agentes secundarios y son víctimas de manipulación” (mujeres del pueblo indígena de los Pastos) por parte de las autoridades y los políticos. Ellas no cuentan con las garantías, recursos o formación para el ejercicio real de la ciudadanía, en particular de su participación en la toma de decisiones, el derecho al voto y la aspiración a cargos públicos. Esta situación se acentúa o profundiza debido a lo que las mujeres del Charco, La Tola y Francisco Pizarro denominan “la vida política de las mujeres en Nariño”, caracterizada por:

39

• Actitudes sexistas que sustentan modelos patriarcales y construccio-nes de género afianzadas históricamente en la sociedad. (El Charco).

• En algunos casos, rivalidad, ausencia de acompañamiento y apoyo en-tre las mujeres, esto es, ausencia de unidad de género. (El Charco, la Tola).

• Prevalencia del hombre en la toma decisiones a nivel individual y co-lectivo. (El Charco).

• Discriminación social entre las mujeres del municipio y protagonismos en las organizaciones sociales tendientes a afectar el desarrollo e inte-racción de la comunidad. (El Charco).

• Ejercicio del poder limitado, por escaza o nula participación de las mujeres en escenarios de carácter político. (El Charco, La Tola, Francisco Pizarro).

• Desconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y de los ór-ganos que conforman la institucionalidad pública, de las funciones de la administración local y de las acciones de control social que pueden ejercer sobre las mismas. (La Tola).


Desde la visión de las mujeres, una condición para construir la paz es fortale-cer espacios de participación en los cuales ellas discutan las realidades de los conflictos que atraviesa la sociedad colombiana, en especial la nariñense. Esto con el fin de que las comunidades, en su integridad, hagan parte de los proce-sos de construcción de paz, principalmente en los escenarios de posacuerdo (MDM), escenarios que permitan la participación activa de líderes y lideresas de todas las edades y la visibilización de las problemáticas de la mujer y la familia, con propuestas alternativas en cada uno de los territorios, todo lo cual contribuye al fortalecimiento del tejido social; de ahí la importancia de los apor-tes y propuestas de las mujeres. (MDM).

A continuación, se sintetizan los aportes de las mujeres nariñenses en rela-ción con el fortalecimiento organizativo, la formación, la representatividad, la infraestructura y los recursos:

41

• Fortalecer el liderazgo comunitario y hacer parte de la toma de decisiones de sus munici-pios en la creación de estrategias para el mejo-ramiento de la calidad de vida, la equidad y la justicia social.

• Fortalecer y crear mesas municipales de mujeres e impulsar, con el apoyo del gobier-no departamental, acuerdos y acciones.

• Visibilizar opiniones, necesidades y problemas específicos de todas las mujeres y proyectar so-luciones con perspectiva étnica y de género.

• Promover el respeto de los derechos huma-nos, el reconocimiento de la condición de vícti-mas y el acceso real a la Ley de víctimas y Res-titución de tierras.

• Garantizar la participación de las organizacio-nes de mujeres en la toma de decisiones, pla-nes de desarrollo y gestión de proyectos.

Fortalecimientoorganizativo ycapacidad de incidencia

• Incidir en el diseño e implementación de una verdadera política pública para las mujeres con atención especial a las víctimas del CAI.

• Fortalecer las líneas y políticas de acción de la Oficina de Género de cada municipio.

• Priorizar la multiculturalidad del territorio con fines colectivos y trabajar por el bien común.

• Incluir acciones con perspectiva de género en las actividades institucionales para obtener indicadores de género que contribuyan a una auténtica rendición de cuentas.

• Realizar proyectos impulsados por la administra-ción municipal y las organizaciones de base del terri-torio, con el propósito de beneficiar, en condiciones de igualdad, la participación política de las mujeres.

• Potenciar las habilidades y las capacidades de incidencia de las mujeres en escenarios de adopción de decisiones en las esferas de poder.


• Disminuir o erradicar la discriminación es-tructural hacia las mujeres, que prevalece en las comunidades y remover los obstáculos que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos civiles y políticos, favoreciendo la participación democrática.

• Crear y afianzar organizaciones y movimien-tos sociales constituidos por mujeres, y promo-ver las organizaciones con mayor trayectoria y liderazgo en el territorio.

• Incrementar los niveles de participación po-lítica mediante la dinamización de la Mesas municipales de Mujeres y visibilizar su traba-jo social organizativo, fomentando procesos educativos junto con instituciones educativas y de formación técnica.

• Promover la confianza y unidad entre las mu-jeres al momento de elegir a las personas que harán parte de la administración municipal, de-partamental y nacional.

43

Formación Representatividad

• Crear escuelas de formación política, de acuerdo a las leyes nacionales e internacio-nales relativas a la protección de los derechos de participación política de las mujeres.

• Consolidar procesos de capacitación y de sensibilización en derechos humanos de las mujeres y en liderazgo político con en-foque de género.

• Fortalecer el empoderamiento del territorio por parte de las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas, a través del enfoque dife-rencial y los grados de participación en sus comunidades.

• Valorar positivamente el aporte de las mujer es a la construcción de paz en igualdad de condiciones que los hombres.

• Incentivar la toma de decisiones en las mujeres y fortalecer la perspectiva de género como elemento fundamental de las relacio-nes sociales, políticas, económicas y cultura-les en la búsqueda de la garantía del mínimo vital y de las condiciones de una vida digna.

• Promover escuelas de liderazgo en las zonas rurales de los municipios del departamento.

• Tener mayor representatividad en los car-gos de elección popular y de poder.

• Impulsar una reforma política y electoral e incluir el principio de paridad de género y la igualdad en la participación política en las esfe-ras de poder y la toma de decisiones políticas.

• Promover el liderazgo político cualificando a los candidatos, candidatas y la ciudadanía en general en el voto informado, responsable y programático.

• Participar en igualdad de condiciones en la adopción de decisiones encaminadas a la de-fensa de lo público, el bien común y la igual-dad de género.

• Incrementar la participación de las mujeres en las preconsultas que se realicen en el inte-rior de las comunidades indígenas y afrodes-cendientes.

• Discutir conjuntamente la Ley de cuotas y el porcentaje establecido para lograr la participa-ción igualitaria de la mujer en la vida política.

• Crear listas de partidos políticos integradas por mujeres y la aplicación efectiva de la nor-ma en las corporaciones públicas.


Infraestructura y recursos

• Construir centros integrales empresariales, comerciales y de emprendimien-to económico para que las mujeres de la ciudad puedan alcanzar niveles de autonomía económica.

• Construir una Casa de la Mujer que brinde atención jurídica y psicológica a las personas víctimas de violencia basada en género y que realice encuentros de intercambio de experiencias relativas a la paz, la reconciliación, el perdón y la construcción de memoria histórica.

• Garantizar los recursos para las acciones propuestas.

• Presentar proyectos al sistema general de regalías que promuevan los proce-sos de igualdad de género.

45

2.3. Construir paz desde el desarrollo propio y rural con enfoque territorial y diferencial

La Madre Tierra es un bien común de indí-genas y no indígenas.

Mujeres del Resguardo de Males.

Para las mujeres indígenas, el desarrollo rural implica la preservación de la tierra –entendida como la principal fuente de agua–, el aire y lugares sagrados. La Tie-rra es un ser vivo que brinda muchos beneficios y es el fundamento para la vida de los pueblos indígenas, por lo que las mujeres de estas comunidades plantean:

• Rescatar los cultivos ancestrales como el maíz y la quinua a través de la protección de la chagra, que brinda vida y alimento a las familias, espe-cialmente a los y las “guaguas”, y el chuncho del que nace (Pueblo Pasto).


• Fortalecer la soberanía alimentaria mediante la creación de programas y proyectos dirigidos a las familias vulnerables, brindando asistencia técnica y cualificando la inversión agropecuaria.

• Impartir educación acerca del cuidado de la Madre Tierra contribuyen-do a su recuperación y conservación.

• Preservar las prácticas ancestrales de las mujeres referentes al cui-dado de las cuencas, ríos y quebradas de sus territorios, así como a la conservación de las plantas que han sido usadas de manera medicinal por sus comunidades.

• Brindar la oportunidad de que los miembros de la comunidad lleven a cabo actividades de siembra y cultivo de acuerdo con los estados de las fases de la “madre luna”.

A partir del reconocimiento de las prácticas y valores de la comunidad, las mujeres indígenas afirman, además, que:

Como pueblo tienen un propósito básico: no aprovecharse de la

Pachamama, no sobreexplotarla, sino por el contrario, implementar,

en concertación conlas autoridades, proyectos

destinados a la conservación de ladiversidad y sus territorios.

Valoran el trabajode las mujeres en

actividades relacionadas con la artesanía y

la distribución del trabajo en condiciones de igualdad.

Cultivan el valor de la fortaleza,

la valentía y la defensa

del territorio.

Valoran el legado que los y las mayores

están dejando para las generaciones

futuras.

47

Para los pueblos Pastos, Quillasingas e Ingas es importante hablar de dualidad y complementariedad entre los géneros. Tanto los hombres como las mujeres cooperan con el desarrollo de sus comunidades, y por consiguiente, con la conservación de sus identidades culturales y cosmovisiones.

Según estas comunidades la mujer aporta al desarrollo económico y ambien-tal de sus pueblos porque: garantiza la seguridad alimentaria de sus familias; cuida de la chagra para la alimentación personal y la generación de ingresos de sus familias y porque conserva el conocimiento ancestral, la medicina tradi-cional, la lengua nativa y los usos y las costumbres de sus pueblos.

En el municipio de Samaniego, por ejemplo los problemas que impiden el desa-rrollo rural llevaron a las mujeres a plantear la importancia del fortalecimiento asociativo y organizativo, así como la sensibilización de la comunidad frente a la producción sostenible, fomentando el uso razonable y eficiente de los recur-sos. Las mujeres proponen como acciones de paz para el pueblo indígena Awá, la conservación de los territorios colectivos, el aseguramiento del buen uso de la tierra y la protección del ambiente natural para el fortalecimiento y la protec-ción de las reservas naturales. Para ello proponen acciones concretas como:

Realizar campañas de sensibilización acerca

de la apropiación de la tierra y el manejo de basuras.

Involucrar a la comunidad y las entidades públicas de los niveles territoriales municipal y departamental para trabajar conjuntamente, en aras

de la protección medioambiental. Comprometer a las comunidadescampesinas, los líderes y las lideresas de laregión, teniendo en cuenta lasnecesidades

específicas (geográficas-ambientales)de las veredas y los corregimientos

y las necesidades diferenciadas de losde los grupos poblacionales que viven allí.


Con relación a las diferencias que en materia de tenencia de tierra, distribu-ción del trabajo e ingresos existen entre hombres y mujeres, las participantes del municipio de Samaniego plantean que el acceso a los derechos económi-cos y la adquisición de autonomía económica puede alcanzarse en la medida en que se tengan en cuenta las siguientes propuestas de paz:

La presencia de grupos armados ilegales ha generado en el territorio altos índi-ces de violencia, CAI y narcotráfico, entre otros hechos victimizantes. Las mu-jeres de Samaniego avalan las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC y consideran que la implementación del acuerdo referente al desarrollo rural integral beneficiaría al municipio porque:

• Permitiría la generación de ingresos y de fuentes de empleo (micro, pequeña y mediana empresa).

• Fomentaría el mejoramiento de la producción y la calidad de los pro-ductos que se cultivan en la zona.

• Propiciaría el mantenimiento de las semillas propias de las comunida-des rurales campesinas e indígenas.

49

Por su parte, las mujeres afrodescendientes de los municipios de Barba-coas, El Charco, La Tola y Francisco Pizarro opinan que existen varias situacio-nes que limitan el desarrollo y la autonomía del municipio y de las mujeres. Se identificó una coincidencia en relación con las vulneraciones por el trabajo mal remunerado, la falta de oportunidades laborales, educación y preparación téc-nica o profesional. También coinciden en la falta de apoyo para la generación de ingresos y recursos propios.

Manifiestan que la igualdad de oportunidades está determinada por los mode-los patriarcales que siguen predominando en la región y por la poca valoración del trabajo femenino, incluyendo las actividades domésticas y el cuidado de los hijos. Las mujeres de Barbacoas afirman que esta visión desconoce sus ca-pacidades como gestoras de transformación social y promotoras de iniciativas en diversas esferas de la vida económica y productiva. Evidencian también un vacío importante en el acompañamiento técnico y la formación pertinente para la explotación de los recursos del mar y de procesos de desarrollo que contri-buyan al desarrollo sostenible.

Las mujeres de la Tola señalan, por su parte, que uno de los impedimentos para la generación de ingresos es la escasa comercialización de sus productos, lo cual limita el ciclo productivo y económico en el que se hayan inmersas las mujeres de las zonas rurales y urbanas del municipio.


Por otra parte, las mujeres de Francisco de Pizarro señalan las graves afecta-ciones con ocasión del derramamiento de petróleo provocado por las FARC en el Oleoducto Transandino en julio de 2015. La contaminación de las aguas del Río Mira ha ocasionado graves impactos ambientales y ha disminuido noto-riamente las posibilidades de sus fuentes de ingresos, ya que la economía en este municipio se apoya principalmente en la pesca. Sin ingresos, sin recono-cimiento como sujetas de derechos laborales, y afectadas por acciones de im-pacto ambiental, las mujeres se han visto impedidas para aportar al desarrollo sostenible de sus comunidades.

• Fomentar la formación técnica en procesos artesanales con elementos propios de su región, para contribuir a la generación de empleo.

• Fortalecer cultivos agrícolas que incorporen una visión inte-gral de seguridad alimentaria.

• Promover la participación de toda la comunidad teniendo en cuenta la geografía, el clima y los sistemas sociales, económi-cos y políticos que rigen las dinámicas del desarrollo humano.

las mujeres de Barbacoas plantean:

Como alternativas a estas afectaciones,

51

las mujeres del CharcoProponen

A su vez,

• Impulsar de manera conjunta con las comunidades y la admi-nistración municipal tareas de acompañamiento técnico para la explotación y distribución adecuadas de los recursos marítimos.

• Incluir programas de formación técnica en los planes educa-tivos para incentivar el trabajo de los y las jóvenes en distintas esferas de producción.

• Garantizar el apoyo de las instituciones de formación técnica (SENA, Unidad del Parque Natural Sanquianga) para recibir capa-citación sobre explotación de los recursos marítimos sin generar contaminación, deterioro ambiental y sobreexplotación.

• Incidir en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y el rescate de prácticas de cultivo y explotación ancestral, con mi-ras a preservar las tradiciones culturales y proteger la diversi-dad territorial.

• Implementar estrategias para el desarrollo humano y social de la juventud con el apoyo completo de las autoridades de la administración local, en especial, de las autoridades represen-tativas de las instituciones educativas.

• Contribuir a la protección y conservación de los recursos na-turales de los territorios para aportar a la sostenibilidad ambien-tal y fortalecer la autonomía económica.

• Ayudar al desarrollo humano de las nuevas generaciones e in-tegrar a las mujeres a nuevos procesos formativos en el ámbito económico y en la consolidación de ciclos productivos rentables.


• Construir un espacio comercial activo y fluido para trabajar y desarrollarse como personas autónomas y emprendedoras.

• Crear asociaciones de mujeres para optimizar el ciclo pro-ductivo del camarón y la tilapia, propiciando su conservación y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental de los recursos que se explotan en las zonas marítimas y ribereñas.

• Generar estrategias medioambientales para la protección del agua y de las especies marinas.

• Capacitar a las mujeres en comercio y mercadeo.

• Construir instalaciones idóneas que faciliten el ciclo produc-tivo, la generación de oportunidades de empleo y de desarrollo humano y la consolidación de autonomía económica.

las mujeres de la TolaProponen

Francisco Pizarroellas proponen

Por su parte,

Finalmente, en

• El buen uso de la tierra y la protección del medio ambiente de los territorios colectivos.

• Incrementar las oportunidades laborales para las mujeres con igualdad salarial.

• Cumplir con el requisito de consulta previa por parte del Esta-do colombiano respecto a las actividades mineras y los impac-tos en la población afrocolombiana y en la diversidad biológica de esa región del pacífico colombiano.

53

Así, por ejemplo,

como alternativas de desarrollo para construcción de paz:las mujeres de San Lorenzo proponen

• Apropiar las problemáticas y necesidades relacionadas con la explotación de los recursos naturales en las comunidades y organizaciones de mujeres presentes en el territorio.

• Sensibilizar y formar a la comunidad en la valoración de la diversidad de los territorios.

•Educar en el respeto por la diferencia y el reconocimiento de la igual dad de derechos; igualdad que se representa en opor-tunidades laborales tanto para hombres como para mujeres, permitiendo la participación de todos los sectores sociales del municipio, principalmente de las organizaciones juveniles y las organizaciones de mujeres.

Las situaciones que plantean las mujeres rurales se relacionan principalmente con las dificultades en las condiciones laborales, por precariedad y falta de opor-tunidades. Aunque se puede observar alguna similitud en las condiciones y po-sibilidades de las mujeres de los municipios de San Lorenzo, Albán y El Rosario, las propuestas y necesidades identificadas por ellas presentan particularidades.

• Crear programas de capacitación y asistencia técnica para trabajar como pequeñas empresarias, a fin de obtener ingresos, generar fuentes de empleo y consolidar su propia economía.

• Fortalecer la escuela agroecológica municipal como alterna-tiva de formación de agrosembradoras y lideresas de asociacio-nes y organizaciones campesinas.

• Fortalecer “los encadenamientos agroecológicos de la econo-mía campesina” con proyectos productivos.


• Incentivar la asociatividad, el cooperativismo y la organiza-ción social y comunitaria con perspectiva de género en la cons-trucción de políticas públicas para el sector agropecuario con enfoque agroecológico y con los aportes de las mujeres.

• Reconocer legal y constitucionalmente al campesinado como sujeto de derechos (así como lo constituyen las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas), a través de la crea-ción de una normatividad pertinente e incluyente que permita conservar el arraigo territorial.

• Formular un plan de desarrollo rural participativo y concerta-do con las comunidades de San Lorenzo, para direccionar ac-ciones colectivas e incluyentes que beneficien a toda la comu-nidad, principalmente, a la población campesina, la población juvenil y las mujeres.

• Mejorar la infraestructura de producción y comercialización para el desarrollo de la inversión en tecnologías apropiadas en la implementación de sistemas de riego. Para ello es importante contar con el apoyo del Estado y el cumplimiento del requisito de la consulta previa consagrado en las leyes nacionales e inter-nacionales, la cuales han sido ratificadas por el derecho interno mediante la Ley 21 de 1991 y otros decretos reglamentarios.

• Fortalecer acciones conjuntas con los municipios vecinos para enfrentar las acciones de la gran minería, gestionando la revoca-toria de títulos mineros en San Lorenzo y realizando una consulta en defensa de los derechos colectivos a la tierra y al territorio.

• Construir escuelas agroambientales veredales con organiza-ciones relacionadas con el sector agropecuario y formar un Co-mité Agrario Municipal que elabore agendas agrarias.

55

• Implementar un modelo educativo contextualizado a la región y armónico con el campo.

• Contar con el respaldo y experiencia de distintos actores so-ciales que han trabajado en procesos de movilización social en el territorio desde finales de los años noventa.

Las habitantes del municipio de Albán señalan como obstáculo al desarrollo, los costosos y demorados trámites para legalizar predios, la desigual distribu-ción de ingresos y la baja disponibilidad de bienes y servicios. Las mujeres del campo desempeñan trabajos temporales o estacionarios y las asociaciones de mujeres creadas en el municipio carecen de infraestructura y de redes de mercado para la comercialización de los productos que cosechan y están se-riamente afectadas por las condiciones climáticas del territorio, situación que les impide cosechar y satisfacer las necesidades básicas de sus familias. Por todo esto, plantean las siguientes acciones:

• Abordar las problemáticas de la vida económica de las muje-res de las zonas urbana y rural, teniendo en cuenta el descono-cimiento que se tiene acerca de sus derechos así como la falta de fuentes de empleo.


• Gestionar ante entidades gubernamentales y no guberna-mentales propuestas surgidas de sus propias necesidades y un espacio exclusivo para su formación, articulando esta iniciativa con la Gobernación de Nariño, la Alcaldía Municipal y la Mesa municipal de mujeres.

• Generar e incentivar la creación de asociaciones de mujeres en el municipio con el fin de construir planes de emprendimien-to, garantizando la financiación de los procesos empresariales.

• Disminuir los trámites de los recursos para las entidades asociativas y facilitar la contratación directa con las distintas asociaciones, incentivando la creación de cadenas de comer-cialización, de manera que pueda evitarse que las ganancias sean para agentes intermediarios.

• Trabajar en red entre asociaciones de mujeres para presentar conjuntamente macroproyectos que beneficien a la población femenina del municipio.

• Capacitar y formar a las mujeres en distintos oficios logrando de esta manera la adquisición de autonomía económica y la satisfacción de sus necesidades básicas y su mínimo vital.

• Generar empresas y microempresas para así obtener más re-cursos para las mujeres, fortaleciendo sus finanzas e invirtien-do en proyectos de carácter productivo.

• Garantizar la legalidad de las iniciativas productivas e incenti-var a las mujeres que estén inmersas en proyectos y organizacio-nes agropecuarias.

57

• Llevar a cabo procesos pedagógicos en el área de administra-ción de empresas con el fin de crear oportunidades labo rales sin ninguna clase de discriminación y de forma equitativa.

• Articular las oportunidades laborales con instituciones de formación técnica y profesional (SENA, Universidad de Nariño) para acceder a asesoría y capacitación.

• Promover la creación de asociaciones de mujeres y microem-presas en su territorio, comercializar sus bienes y productos y aportar al crecimiento económico incluyente.

• Garantizar las condiciones adecuadas para la satisfacción de sus necesidades básicas.

• Fortalecer la autonomía económica de las mujeres y sus fa-milias, dando paso al fortalecimiento de su propia independen-cia y empoderamiento económico. Las mujeres de esta región “buscan tener un buen sustento personal y familiar y no depen-der de nadie sino de ellas mismas”.

Las mujeres de El Rosario,

proponen

manifiestan la necesidad de que se lesbrinde protección legal apropiada, por lo que


Las mujeres participantes del encuentro de Samaniego señalan la importancia de sustituir los cultivos ilícitos, los cuales han llevado al municipio a ser catalo-gado como en riesgo de nivel medio. En el sector montañoso, hay presencia de cultivos de coca y amapola, lo cual ha deteriorado el tejido social y ha afectado a gran parte de la población.

• Crear grupos asociativos a los que se les brinde capacitación con asistencia técnica sobre producción lícita y sostenible.

• Involucrar a cada sector de la comunidad en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los y las habitantes de la zona rural.

• Resignificar las prácticas ancestrales a través de la recopi-lación de narraciones de personas de generaciones pasadas que hayan es tado involucradas en la cultura de la ilegalidad, esto con el fin de dejar un legado distinto a las generaciones futuras.

• Retomar las costumbres de las poblaciones para implementar estrategias integrales y sostenibles de reducción de cultivos ilícitos.

• Trabajar por la recuperación de las tierras fértiles que fueron desaprovechadas a causa de los cultivos de uso ilícito y otras actividades relacionadas con los mismos.

Las mujeres de SamaniegoProponen

59

2.4. Construir paz con garantías de acceso y goce efectivo de los derechos para una vida digna

Para asegurar una subsistencia digna de la persona y su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, se-guridad social y medio ambiente, son indis-pensables los requerimientos básicos.

Mujeres del Resguardo de Males.

Las mujeres han hecho énfasis en que la inexistencia de fuentes de empleo, las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, el saneamiento bási-co y la energía eléctrica, como también los altos índices de violencia basada en género, son problemáticas centrales que deben, por tanto, ser tenidas en cuenta desde una perspectiva de derechos. El pleno ejercicio de los derechos fundamentales por parte de las mujeres contribuye a fortalecer su liderazgo, autonomía y empoderamiento.


Según las participantes del encuentro juvenil, los derechos de las victimas po-drían garantizarse en un marco de justicia transicional que respete el derecho a la verdad, para que las mujeres puedan conocer las circunstancias de tiem-po, modo y lugar de las violaciones de las que fueron víctimas. Así mismo, el derecho a la justicia debe materializarse reconociendo los mismos dere chos tanto a hombres como a mujeres, y el acceso en términos de igualdad a la re-paración integral y a las garantías de no repetición de hechos violentos.

Una nueva ética comunitaria podría contribuir a fortalecer las medidas de atención y reparación diferencial para la población víctima del conflicto arma-do; una ética que aporte a la transformación de la desigualdad de género, a eliminar la violencia contra las mujeres, a asegurar el acceso prioritario a los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado y a la reconfiguración de patrones de violencia que impiden la resolución pacífica de todos los con-flictos presentes en su entorno.

Las mujeres rurales hacen un llamado de atención sobre las violaciones a sus derechos derivadas de la extracción de recursos minerales, pues, además del deterioro ambiental, esta ha producido desplazamiento forzado y cambios so-ciales y cultu rales, todo lo cual ha tenido repercusión en las actividades labora-les, profundizando la pobreza y generando violencia y desintegración familiar.

Por otra parte, sostienen que requieren de una difusión articulada de los dere-chos de las mujeres para proteger su vida, libertad y autonomía, garantizando su empoderamiento económico, legal, social y político.

Se presentan a continuación los pronunciamientos:

61

2.4.1. Derecho a la educaciónpertinente, diferencial, con calidady cobertura para todos Y TODASLas mujeres del Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto afirman que la cons-trucción de una sociedad en paz, que comprenda relaciones equitativas entre hombres y mujeres en el sistema educativo, debe tener en cuenta las carac-terísticas de cada comunidad y sus propuestas educativas, ya que se trata de propuestas basadas en realidades concretas, acordes a las formas de vida de quienes las habitan. En ese sentido, plantean:


Para los pueblos indígenas, el tema de la educación presenta algunas ten-siones, dado que el enfoque del sistema educativo tradicional se aparta de la lógica de los pueblos indígenas, para quienes la educación constituye una manera de reproducir sus formas de vida y su cos movisión, la cual está ba-sada en la transmisión de valores y creencias desde la vivencia e inmersión en la tradición y la cultura.

las mujeres del pueblo Pastoplantean las siguientes alternativas:

Para garantizar la preservaciónde la identidad cultural,

• Garantizar el respeto por los elementos culturales de sus co-munidades, ya que consideran que hoy en día es latente la dis-criminación étnica en el sistema educativo “occidental”.

• Crear una Universidad Nacional Indígena, un ente educativo que esté conformado por una planta docente de sabedores/as, para garantizar el derecho a la educación de la población juve-nil, una educación diferenciada que reconozca la pertenencia étnica y la diversidad cultural al igual que los aportes de las comunidades indígenas al desarrollo de la Nación.

• Aumentar el número de cupos para los y las jóvenes pertene-cientes a comunidades indígenas en las univer sidades públicas y privadas del país.

• Fortalecer el acceso de las mujeres a la educación, conser-vando sus usos y costumbres, ya que “la mujer del pueblo Pasto fue educada para andar con el chaquiñán sirviendo a la comu-nidad y desarrollando actividades productivas”.

63

• Implementar una pedagogía diferencial, una educación eficaz y válida para sus pueblos, ligada a la creación de estrategias para lograr un aprendizaje que permita el fortalecimiento de sus usos y costumbres, sin perder de vista que la innovación en la educación debe ir de la mano del respeto a las expresiones culturales ancestrales.

• Integrar a los sabedores y sabedoras como parte del sistema educativo, reafirmando los valores ancestrales de los pueblos indígenas y, así mismo, recuperando los juegos tradicionales (cuspe, la llave, la rayuela, entre otros), la cultura y la agricultu-ra tradicional.

• Fortalecer la formación de las mujeres en el afianzamiento de los valores culturales de los pueblos indígenas, puesto que ellas son quienes se encargan de la formación de los hijos/as y de la enseñanza de la lengua, como forma de protección del territorio y de sus pueblos.

• Concertar con el Estado y los pueblos indígenas la orientación de la educación en los territorios colectivos, para evitar imposi-ciones de las instituciones del gobierno con leyes que atentan contra el desarrollo cultural de los pueblos indígenas.

• Rescatar las prácticas culturales hoy afectadas por el rol de los medios de comunicación, quienes han contribuido al forta-lecimiento de una cultura del consumo, llevando a la pérdida de sus prácticas ancestrales.

• Formar y capacitar en derechos humanos a la población en general , basándose en la garantía a la libertad de las mujeres y el respeto por la multiculturalidad.


Además de estos puntos, para las representantes del pueblo indígena Inga es necesario:

• Fortalecer la educación propia, evitando que el sistema edu-cativo actual sea impositivo.

• Garantizar el respeto de sus sistemas educativos.

• Rescatar la lengua perdida y otros elementos culturales, como la vestimenta propia. Esos dos elementos integran el sentido de pertenencia hacia las comunidades indígenas.

• Incorporar una estrategia pedagógica con procesos socioa-fectivos en la implementación de la jornada única impulsada por el Estado, y definir alternativas para el uso del tiempo libre dentro y fuera de las aulas de clase, que aporten al logro de aprendizajes significativos para los pueblos indígenas.

• Incorporar conocimientos de enseñanza ancestral en las pruebas del ICFES para garantizar el acceso de esta población a la educación superior.

• Fortalecer, desde la educación, las diferentes expresiones cul-turales de sus pueblos: la danza, los bailes y las distintas expre-siones orales que sustentan su identidad.

• Respetar el mandato educativo de la comunidad acerca del tiempo en que la niñez aprende la lengua y los conocimientos ancestrales. Por lo anterior, los y las niñas indígenas deben in-gresar al sistema educativo después de los ocho años de edad.

65

Para ello es necesario:

- Reconocer los elementos que hacen parte de la iden-tidad cultural de esta comunidad indígena, en espe-cial evitar la pérdida de su lengua materna.

- Garantizar que los planes educativos no vulneren los derechos de los niños y niñas indígenas a la diversi-dad cultural y a la educación.

- Favorecer la recuperación de sus usos y costumbres.

- Crear un plan de estudios para esta comunidad, que surja de los mandatos educativos propios, a fin de fortalecer la educación indígena, es decir, una educa-ción que sea acorde con las características culturales de los pueblos indígenas. Este plan integraría mate-rias relacionadas con los conceptos de territorio, ley de origen, usos y costumbres y medio ambiente.


Las mujeres afrodescendienteshacen un llamado a los siguientes aspectos con relación al derecho a la educación:

• Incluir una perspectiva diferencial con enfoque de género en los planes educativos. (Barbacoas).

• Destacar la importancia de los aportes de modelos femeninos en la historia del país y del departamento. (Barbacoas).

• Fortalecer las Escuelas de Padres con temas de igualdad de género para lograr una educación de cultura de paz que pro-mueva la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbi-tos de la vida. (Barbacoas).

• Fortalecer los procesos educativos permanentes y continuos en los niveles básico y medio, dando prioridad a la población cam-pesina, con especial énfasis en las mujeres y las cabeza de ho-gar. Así mismo, se deben implementar procesos de formación y capacita ción que dinamicen el conocimiento de sus derechos y obligacio nes como ciudadanas, proyectando la satisfacción de sus necesidades básicas en igualdad de condiciones.

Se evidencia una coincidencia entre las mujeres afrodescendientes en rela-ción con la necesidad de establecer un continuum entre los procesos formati-vos formales y no formales, con iniciativas y proyectos articulados con:

• Las Mesas departamental y municipales de mujeres e insti-tuciones estatales.

• Organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales.

• Cursos de extensión de la Universidad de Nariño, de la Uni-versidad Nacional a Distancia o del Sistema de Educación Nacional, teniendo en cuenta la importancia de la representa-ción de las mujeres en el ámbito político y en los movimientos sociales de cualquier índole.

67

Para las mujeres de Samaniego la educación constituye un motor para las generaciones futuras de nuestra sociedad; por ello creen que la cultura de paz y la igualdad de género permiten:

• Propiciar transformaciones en el proceso educativo para inci-dir en el cambio de imaginarios culturales, visibilizando y valo-rando los derechos humanos de las mujeres.

• Garantizar una educación no sexista, igualitaria, equitativa y de-mocrática y una formación para el trabajo sin sesgos de género.

• Promover la participación de las mujeres en programas de formación educativa.

• Incluir la cátedra de igualdad de género en los proyectos educa-tivos institucionales de las instituciones educativas del municipio.

• Fortalecer y garantizar la continuidad de la Escuela de Género dirigida a las mujeres representantes de las organizaciones de base, las JACs y la Mesa Municipal de Mujeres.

• Fomentar la participación activa de las mujeres en los nuevos programas sobre TICs.

• Impulsar y fortalecer en los establecimientos educativos una cultura de la no violencia que pro mueva la equidad entre hom-bres y mujeres basada en la Ley 1038 Cátedra de la Paz, Ley 1257 de 2008, Ley 1719 de 2014 Violencia Sexual y Resolución de Na-ciones Unidas No. 1325

• Crear mecanismos de articulación interinstitucional con enti-dades competentes para fortalecer el entorno de la comunidad y la familia y la prevención de violencias basadas en género, con pautas de crianza que fortalezcan el cuidado, el respeto, la dignidad de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.


2.4.2. DERECHO A LA SALUDDesde la perspectiva de las mujeres indígenas, las representantes de los Pas-tos consideran que la Ley 100 de 1993 vulnera los derechos de los pueblos indígenas y atenta contra sus prácticas y creencias. Aun así, se reconoce la importancia de la Mesa Departamental de Salud Ancestral, reconocida por el Instituto Departamental de Salud y por el Ministerio del Interior, por lo cual se requiere fortalecer esta instancia y el Programa SISPI, como una manera de reconocer la salud propia a nivel nacional y regional. Respecto a este derecho se plantea fortalecer la salud propia de los pueblos indígenas, específicamente en los siguientes aspectos:

69

Las representantes del pueblo Inga, por su parte, señalan la importancia de la salud preventiva mediante la correcta utilización del tiempo libre en niños, niñas y jóvenes, una sana alimentación y una buena salud mental en entor-nos de desarrollo favorables, aportando a la generación de fuertes defensas.

Las representantes del pueblo Awá proponen fortalecer la medi cina tradi-cional y proteger las plantas sagradas, como, por ejemplo, “la planta cuilde, que se siembra para cuidar las casas ya sea silbando o gritando”.

En cuanto a las violencias basadas en género, las representantes de este pueblo proponen:

• Crear una organización donde las mujeres víctimas de vio-lencia basada en género puedan recibir acompañamiento legal y psicológico, con asistencia de profesionales idóneos que las orienten.

• Llevar a cabo conjuntamente con la Comisaría de familia, programas de prevención de las violencias basadas en género así como una divulgación masiva de los derechos de las mu-jeres y las situaciones de maltrato que enfrentan a diario en la vida pública y privada, con el apoyo de personal capacitado en atención psicosocial, con perspectiva diferencial y enfoque de derechos humanos.

• Lograr mayores niveles de autonomía y autosuficiencia para las mujeres.

• Disminuir los índices de las distintas manifestaciones de vio lencia basada en género y proteger los de rechos de todas las mujeres.


• Exigir el cumplimiento de la norma respecto de la calidad y calidez profesional en la atención a las mujeres que requieren de métodos de planificación, con seguimiento a la aplicación de los mismos.

• Trabajar en la promoción y prevención de enfermedades en las mujeres durante todo su ciclo vital, con énfasis en enferme-dades catastróficas que afectan mayormente a esta población.

• Atención integral a mujeres, niñas y adolescentes, capacitando a los profesionales en salud para que la atención sea humanizada.

• Divulgación de los derechos sexuales y reproductivos y capa-citación a los funcionarios en la implementación de la ruta de acceso a la justicia.

• Conocimiento, divulgación y aplicabilidad de las leyes 1257 de 2008 y 1719 de 2014.

recomiendan:

Las mujeres participantesdel encuentro de Samaniego

71

2.4.3. DerechOS AMBIENTALESY CULTURALESLas mujeres rurales consideran como aspectos urgentes a tener en cuenta las violaciones a sus derechos derivados de la extracción de recursos minerales pues, como ya se ha dicho, esta actividad genera, además de deterioro ambien-tal, desplazamiento forzado y cambios profundos en las condiciones sociales y culturales de las mujeres. Frente a estas situaciones proponen:

• Exigir y promover la realización y participación de consultas previas para avalar las condiciones de la extracción minera que se realiza en sus te-rritorios, impulsado una movilización social que esté respaldada por las autoridades del municipio y del departamento de Nariño. (San Lorenzo).

• Establecer estrategias para incentivar el emprendimiento en su territo-rio con sentido de pertenencia y el desarrollo humano orientado hacia la sostenibilidad ambiental. (Albán)

• Concientizar a la población sobre las transformaciones que generan los conflictos socioambientales en sus vidas, en los efectos que produce la gran minería, como la contaminación de fuentes hídricas, la destrucción de fauna y flora, el deterioro del tejido social, la prostitución y el desplaza-miento forzado. (San Lorenzo).

• Trabajar articuladamente para lograr el mejoramiento de las condicio-nes de vida de las familias afectadas por las condiciones climáticas que enfrenta hoy en día su territorio.

• Cuidar y no contaminar las fuentes de agua y revertir el daño causado por la deforestación. Esto se realizaría con apoyo de la Secretaría de Agricul-tura del municipio, CORPONARIÑO, el SENA y la comunidad en general.


• Reforzar los procesos de resistencia y movilización social y comuni-taria, para defender su territorio y sus derechos colectivos, proteger y conservar sus recursos naturales, preservar su identidad y garantizar bienestar para las generaciones futuras del municipio. (San Lorenzo).

• Crear un fondo de tierras de distribución para las mujeres no propieta-rias, mediante incentivos (exención del pago del impuesto predial) que proporcionen condiciones para garantizar el acceso y el uso de la tierra productiva de la región, vinculando a los entes competentes del ámbito nacional, regional y territorial y articulándose con organizaciones sin áni-mo de lucro así como la cooperación internacional. (San Lorenzo).

• Consolidar los territorios como zonas agroalimentarias con equidad de género para generar desarrollo sustentable y buen vivir para los y las habitantes de la región.

• Fortalecer los guardianes de semillas para incentivar la conservación de la diversidad biológica de la zona. Los actores que podrían hacer par-te de esta acción de construcción de paz serían el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las organizaciones comunitarias y las mujeres. (San Lorenzo).

Foto

graf

ía: R

amir

o A

may

a -©

201

6

73

Como acciones que promoverían el desarrollo cultural y contribuirían al mejo-ramiento del bienestar, la salud y las condiciones de vida de todas las familias, las mujeres de Albán proponen las siguientes alternativas, teniendo en cuenta que para la realización de estas acciones es pertinente la intervención del sec-tor educativo y de la Secretaría de Cultura municipal:


CONCLUSIONES

Agenda de Paz Nariño partió de la base de iniciativas de paz y de los procesos sociales existentes en el departamento, tales como la construcción de presu-puestos participativos, constituyentes populares, pactos locales de paz, gober-nabilidades comunitarias y étnicas, mesas departamentales y municipales de paz, de mujeres y jóvenes, formulación de planes de vida étnicos y encuentros de experiencias de paz. Partir de estas experiencias y del conocimiento local per-mitió construir una visión de paz desde un enfoque territorial e incluyente, que facilitó a las mujeres puntualizar las problemáticas, miradas e intereses para un proyecto regional de paz. Dar voz a ese conocimiento ha permitido comprender las necesidades de las mujeres, reconociendo similitudes y diferencias de acuer-do a la cultura, etnia y localización, como también de las particularidades del CAI y sus impactos diferenciados en la vida de las mujeres nariñenses.

Con el conflicto armado interno las mujeres nariñenses han sido víctimas de distintas clases de vulneraciones a sus derechos, que han afectado su vida, integridad personal y libertad sexual. El impacto diferenciado del CAI en las mujeres requiere de especial atención y compromiso institucional para garan-tizar no sólo el acceso a la justicia sino la garantía de no repetición.

La participación de las mujeres es de vital importancia para la construcción de la paz, que no solo se manifiesta en la terminación del conflicto,sino también en las acciones posteriores para una paz estable y duradera, donde se atien-dan asuntos de desigualdades estructurales y el fortalecimiento del rol de las mujeres en la sociedad.

75

Las propuestas de paz de las mujeres nariñenses se enmarcan en el fortaleci-miento de sus capacidades en procesos de liderazgo y participación política, y en la importancia de la articulación de las acciones con el Estado. Se enfatiza en la necesidad de contar con los recursos suficientes para la implementación de una política pública específica y diferencial, y la creación de lugares de encuentro en los que sea posible el intercambio de experiencias, la creación de posibilidades para sus vidas a fin de sanar las heridas que ha dejado el CAI.

Bajo esa lógica y teniendo en cuenta que la firma final de los acuerdos de la paz en La Habana está cerca, es viable pensar que el posacuerdo representará para las mujeres del departamento de Nariño una oportunidad en la que su liderazgo, participación y representación en instancias de decisión serán determinantes a la hora de proyectar la garantía de sus derechos fundamentales, el desarrollo y el empoderamiento económico, la protección de sus derechos humanos como víctimas del conflicto armado, la recomposición del tejido social, la no repeti-ción de la guerra, los ejercicios de perdón y de reconciliación, la construcción de memoria histórica y el mantenimiento de la paz local y nacional.


BIBLIOGRAFÍA

Alina Donoso y Teresa Valdés. (2007). Participación política de las mujeres en América Latina. Informe regional.

CEPAL. (2003). Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible. Santigo de Chile.

ddhh, M. a. (2012). Derrotar la Invisibilidad. Un reto para las mujeres afrodes-cendientes en Colombia. El Panorama de la violencia y la violación de los dere-chos humanos contra las mujeres afrodescendientes en el marco de los dere-chos colectivos. Bogotá.

Enjambra. Contra la explotación sexual y paz y desarrollo. (2009). Diagnosti-co de género sobre participación política de mujeres en 7 países del suroeste asiático: Bangladesh, Camboya, Filipinas, Sri Lanka, Timor Oriental y Vietnam .

humanas, M. a. (2012). Derrotar la Invisibilidad. Un reto para las mujeres afro-descendientes en Colombia. El Panorama de la violencia y la violación de los derechos humanos contra las mujeres afrodescendientes en el marco de los derechos colectivos. Bogotá.

ONIC. (2013). Una mirada a los derechos humanos de las mujeres indígenas de Colombia.Informe Sombra. Examen Comité CEDAW. Bogotá.

PNUD, P. d. (2011). Mujeres rurales, gestoras de esperanza. Bogotá: Colección Cuadernos INDH.

Sánchez, F. M. (2009). La participación política de las mujeres en los gobiernos locales latinoamericanos: barreras y desafíos para una efectiva democracia de género. Barcelona, España.

Vera Lugo, J. (2006). La Jurisprudencia como campo de reflexión de la diversi-dad cultural; apropiación jurídica de nociones culturales.

77

Agradecimiento especial a las personas que participaron y contribuyeron al proceso de construcción colectiva de paz - Agenda de Paz Nariño 2013 - 2015

DIÓCESIS DEL SUR PASTO: Obispo Julio Enrique Prado Bolaños - IPIALES: Obispo Arturo De Jesús Correa Toro - TUMACO: Obispo Gustavo Girón Higuita.

COMITÉ COORDINADOR AGENDA DE PAZ NARIÑO Luisa Cremonese, Coordinadora TERRITORIAL PNUD Nariño, Cauca y PutumayoDiana Carolina Hidalgo Castro, Oficial Territorial ONU MujeresGobernación de Nariño “Nariño Mejor”Jaime Rodríguez Torres, Secretario de Gobierno 2012 - 2016 Álvaro Obando Eraso - Gerente ADEL Padre Vicente Legarda - Director Pastoral Social IpialesJames Morales - Director Pastoral Social PastoJosé Luis Foncillas - Delegado Dióciesis de Tumaco

Pastoral Social de Pasto, Pastoral Social de Ipiales, Pastoral Social de Tumaco, Servicio de Pastoral Social Vicaria San Juan Bautista - SEPASVI - Samaniego

EQUIPO TÉCNICO AGENDA DE PAZ NARIÑO Diana Paz Malis - Harvey Criollo Manchabajoy - Jimmy Estrella Bolaños - Dilcia Benitez Aguirre - Ciro Meneses Yela - Juan Pablo Villota Villareal - Mario Arroyo - Rafael Jurado Díaz - Jesús Alarcón Burbano-Monica Villota Coral - Sandra Meza Hernández - Lineth Montilla - Amanda Luna Lasso - Alfonso Gomezjurado Portilla - Jader Alegría Landazuri.

agradecimientos


SECRETARÍA TÉCNICA AGENDA DE PAZ NARIÑO Zabier Hernández Buelvas Luis Eduardo Trujillo Noguera

APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Ramiro Amaya - PNUD Nathaly Tobar Guerrero - ONU Mujeres

ACADEMIAJackeline Ruano - Investigadora de la Universidad de Nariño - Tesis Doctoral Pedronel Burgos - CESMAGOmar Gerardo Martínez- UNAD

EQUIPO COMUNICACIONES AGENDA DE PAZ NARIÑO Adriana Moreno Zarama Carlos Torres Lucero Víctor Hernández Coral Víctor Chaves Rodríguez

ENLACES MUNICIPALES - COSTA PACIFICA, AGENDA DE PAZ NARIÑO Adriana Ordoñez Torres - Municipio de BarbacoasSandra Sinisterra Hurtado - Municipio Barbacoas

la paz en la voz de las mujeres nariÑenses · 2019-12-03 · 1.6 encuentro regional de paz 1.7...

Documents