la gran violencia
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La Gran Violencia
Hacia 1945 comenzó a perfilarse laestrategia guerrera de la reacciónconservadora. Al amparo de la doctrinaTruman, que preconizaba elenfrentamiento inevitable con la UniónSoviética al finalizar la Segunda GuerraMundial, comenzó a aplicarse un plande violencia "de baja intensidad" en loscampos y pueblos. Se trataba deimpedir el triunfo electoral de Jorge
Eliécer Gaitán, desmovilizar a lasmasas campesinas, anular lacapacidad de resistencia del pueblo yrecuperar el control de la tierra para elgran latifundio. En 1946 comenzaron aoperar las partidas de "Chulavitas"(llamadas así por el nombre de lavereda campesina donde seorganizaron primero) encargadas dequitarle la cédula de identidad a cada
campesino liberal, por la razón o la fuerza. Como la cédula era undocumento indispensable para votar, se trataba de impedir la votacióndel campesinado gaitanista. Pero en realidad la estrategia era másprofunda: se trataba de iniciar la violencia generalizada "por abajo", por elcampesinado pobre, de manera que cuando llegara a los "notables" fueraya demasiado tarde para responder. Después de todo, en Colombiasiempre se ha estado hostigando a los campesinos sin que a los notablesde los pueblos y ciudades les importe mucho.
Fotografía tomada en una vereda deBoyacá en 1946. Los asesinatosindividuales ya habían comenzado adisminuir y comenzaba el período delas matanzas colectivas.
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Esta estrategia fue tan eficaz, que todavía hoymuchos historiadores sostienen que la GranViolencia comenzó en 1948, con el asesinato deGaitán. Pero cuando Jorge Eliécer Gaitán fueasesinado, el 9 de abril de 1948, ya la violenciahabía cobrado miles de víctimas en losdepartamentos de Boyacá, Santander,Cundinamarca, Huila, Tolima y Valle del Cauca,y comenzaba a dejar su huella sangrienta lasregiones cafeteras.
Jorge Eliécer Gaitán
Nueve de abril de 1948, 14:00. Unequipode médicos intentó salvar la vida deGaitán,pero todo fue inútil. Mientras lamuchedumbredescuartizaba al asesino, Luis RoaSierra,en la calle, Gaitán moría en la ClínicaCentral.
El asesinato del líder popular produjouna violenta insurrección en la capital
(el "Bogotazo") en momentos en quese celebraba la ConferenciaPanamericana. En muchas ciudadesy pueblos del país se formaron juntasrevolucionarias y hubo momentos enque se creyó que el gobierno iba acaer. Los Estados Unidos debieronenviar tropas desde Panamá paraafianzar al régimen. Pero elgaitanismo no había creado
estructuras políticas sólidas, capacesde enfrentarse a la inmensa tarea dela toma del poder. Y así como lasfuerzas del gobierno no podíanrestablecer el orden en todos losrincones del país, tampoco lasfuerzas populares podían imponer elsuyo ni crear nuevos mecanismosdemocráticos para el manejo de losterritorios bajo su control.
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Bien pronto se diluyó el ímpeturevolucionario de las masas y elpaís quedó a merced de laviolencia generalizada, sindirección central y sin estrategia,de dos pueblos enfrentados por el odio: el pueblo liberal y elpueblo conservador.Porque la violencia fue popular.Participaron en ella hombres,ancianos, mujeres y niños. Lalucha fue muy desigual eirregular, porque al lado de lasmasacres de población civil
cometidas por población civil,hubo masacres cometidas por militares disciplinados, por bandas paramilitaresconservadoras y por guerrillasliberales.
Bogotá en ruinas, después del 9 de abril.
La Catedral, al fondo, y la histórica Casa delFlorero,en la esquina, lograron salvarse de lasllamas.
Las masacres de niños serepetíandía a día. Había que exterminar al"enemigo" en la cuna.
En ese período trágico de nuestra historia(1946-54), los colombianos cometimos
todas las atrocidades que nos habíanenseñado los caudillos oligárquicos delsiglo pasado: mutilaciones, decapitacionesmasivas, descuartizamientos, en fin, todo loque el lector pueda imaginar y mucho másque no puede imaginar. El país se agotó enrituales de sadismo y horror.
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Pero esto también fue el punto departida de una nueva forma deviolencia. Ya en 1946 un dirigentecampesino comunista habíacomenzado a organizar grupos deautodefensa armada para proteger ala población civil de su región de loshorrores que se venían cometiendoen el país. Este dirigente abandonó sunombre y adoptó el nombre de uncampesino que había sidobrutalmente asesinado por las bandasconservadoras. Desde entonces se hallamado "Manuel Marulanda Vélez".
Sus enemigos le llaman "Tirofijo".Hace más de cincuenta años estádirigiendo la lucha armada de suorganización, que hoy se llama"Fuerzas Armadas Revolucionarias deColombia" (FARC).
Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo"fundador de las FARC.Fotografía tomada en 1964.
Lo han dado por muerto centenares de veces. Su organización esconsiderada "terrorista" por algunos países y gobiernos, temida y a veces
odiada por quienes no comparten sus ideas y sus métodos. Pero es unhecho que él y sus combatientes mostraron, en medio del horror delgenocidio organizado por los partidos tradicionales, una posibilidad delucha armada en defensa del pueblo trabajador.
Los guerrilleros liberales GuadalupeSalcedo(primer plano) y Dumar Aljure (consombrero)
También en el interior de la guerrillaliberal comenzaron a soplar vientospopulares. Como ya he indicado, enlos Llanos Orientales se organizó unarepública independiente defendida
por las tropas irregulares deGuadalupe Salcedo, el más grandede los jefes guerrilleros del partidoliberal, tanto por sus genialescondiciones de combatiente yestratega como por sus condicionesde líder político. La figura de Salcedo
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En los Llanos Orientales. Foto tomadaen 1954, durante las negociaciones depaz.
(Foto de Carlos Caicedo).
evoca la de Emiliano Zapata enMéxico, aunque la distancia en eltiempo sea tan larga.Muy pronto comenzaron a surgir otros jefes que escapaban a lasdirectivas de la oligarquía liberal ycomenzaban a hacer la guerra en elinterés del pueblo.
Eliseo Fajardo, Dumar Aljure y muchos otros comenzaron a darle otrafisonomía a la violencia colombiana. Por primera vez en nuestra historiala violencia parecía tener algún sentido que no fuera el odio y lavenganza. Por primera vez en nuestra historia se estaban creando basesde poder popular.
Fue entonces cuando se unieron losgrandes oligarcas liberales yconservadores y decretaron que laviolencia era "mala". Fue entoncescuando llamaron a las puertas de loscuarteles y le pidieron al comandanteen jefe del ejército, general GustavoRojas Pinilla, que diera un golpe deestado ("Golpe de Opinión" le
llamaron ellos). Y a pesar de queRojas Pinilla no quería y vacilaba,porque en Colombia las oligarquíasno han dado casi nunca permiso paraestas cosas, lo obligaron a deponer alpresidente y a asumir el mando conun plan de "reconciliación" yPacificación Nacional: "La Patria por Encima de los Partidos".
Los expresidentes Alfonso LópezPumarejo (liberal) y Mariano OspinaPérez(conservador), festejan al presidente defacto,general Rojas Pinilla.
Y así fue cómo nos decretaron la paz.
Paz y reconciliación
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Guerrilleros de los llanos, enformación, cuando entregaron susarmas (1955). Fotografías comoésta se usaron después para cazar y exterminar a los ex combatientes.
El presidente de facto, general Rojas Pinilla, implementó la paz. Los
guerrilleros liberales y conservadores que entregaron las armas fueronasesinados cuando no aceptaron trabajar para la policía o las fuerzas deseguridad. Otros, que quisieron mantenerse inactivos pero vigilantes ensus cuarteles, fueron sorprendidos durante el sueño y ametrallados por elejército. Las fuerzas campesinas de autodefensa organizadas por Marulanda se mantuvieron alertas, sin acogerse al plan de paz, y esto lessalvó la vida a ellos y a muchos campesinos. Este dato debe tenerse encuenta hoy, cuando el gobierno invita a esos guerrilleros veteranos afirmar la paz.
"Sangre Negra"(izquierda)y "Tarzán" (derecha), dos
Muchos otros guerrilleros liberales yconservadores se volvieron bandoleros. Como haocurrido siempre en todos los períodos de paz,después de las guerras civiles, asistimos entoncesa la descomposición de la violencia política, a labandolerización de los hombres en armas. Esta esotra de las constantes de la historia colombiana.La figura del bandolero está siempre presente enlos períodos de "paz", que no son, en Colombia,sino períodos de preparación de la guerrasiguiente. Las jefaturas políticas dejan a losdesmovilizados, después de cada guerra, a supropio arbitrio. Individuos del pueblo que sonempujados a la guerra por los interesesoligárquicos, y que luego quedan abandonados asu suerte una vez terminada la contienda, sufrenel desarraigo y la incapacidad de reintegrarse a la
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delos más ferocesbandolerosdel fin de la violencia.
vida civil. Después de las guerras se libran laspostguerras: los ajustes de cuentas, los robos, elsaqueo, el despojo de propiedades y de tierras,etc. Quienes no pueden reintegrarse a la vida civilse dedican al bandolerismo y constituyen lastropas de reserva para la próxima guerra.
La violencia se encendió otra vez, con ferocidad inaudita, perooficialmente reinaba la paz. Los bandoleros adoptaron nombres de miedo(Capitán Veneno, Chispas, El Tigre, Sangre Negra, Desquite, AlmaNegra, Zarpazo, Capitán Venganza) y sembraron el terror por todas lascomarcas del país. Uno a otro fueron cayendo, en cacerías que costabanla vida a civiles de toda condición y edad.
"Desquite" (izquierda)y "Chispas" (derecha).Sus cuadrillassembraron el terror en los territoriosdel Tolima yel viejo Caldas,entre 1956 y 1963.
Una de esas cacerías ha quedado en la memoria de los colombianoscomo prueba patente de la eficacia del ejército nacional. El legendarioguerrillero Efraín González, conservador, se mantuvo fuera de la leydurante años y fueron necesarios más de mil soldados para cazarlo en elcentro de Bogotá, en una persecución que duró varias horas.
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En los alrededores de la Plaza de los Mártires, la artilleríase preparó para la batalla final contra Efraín González.
Se destruyeron edificios y se utilizó artillería para eliminar a un bandidofugitivo armado con una pistola. Después de la batalla de Boyacá, queselló la independencia del país en 1819, no se había visto tantoheroísmo.
Entretanto, en las esferas de la "alta política", el presidente de factohabía comenzado a creer que podía decidir sin consultar con sus amos,los jefes de la oligarquía liberal-conservadora. Bastó un paro nacional dediez horas, ordenado desde los medios de comunicación de los partidostradicionales, para echarlo en 1957. Cuando, trece años más tarde, ganólas elecciones por mayoría indiscutible, hubo un apagón de dos horas entodo el país, se perdieron los votos y cuando volvió la electricidad habíaganado el otro candidato. Colombia es el único país del planeta dondemás de cien centrales eléctricas independientes entre sí sufren unapagón simultáneo en el momento en que un candidato de la oposiciónestá ganando la elección. Hubo pueblos de cinco mil habitantes donde elcandidato liberal-conservador obtuvo ocho mil votos. Colombia es elúnico país del planeta donde votan los muertos, los perros, los gatos ylos que no han nacido todavía.
1974-1978) Alfonso López Michelsen
| Fuente
López Michelsen, Alfonso. Gran enciclopedia de Colombia. Círculo de Lectores
La autobiografía en Colombia, Vicente Pérez Silva (compilador)
52. (1978-1982) Julio César Turbay Ayala
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Turbay Ayala, Julio César. Gran enciclopedia de Colombia. Círculo de Lectores
53. (1982-1986) Belisario Betancur Cuartas
Betancur Cuartas, Belisario. Gran enciclopedia de Colombia. Círculo de Lectores
Biografías de Líderes Políticos CIDOB: Belisario Betancur
54. (1986-1990) Virgilio Barco Vargas
Barco Vargas, Virgilio. Gran enciclopedia de Colombia. Círculo de Lectores
Biografías de Líderes Políticos CIDOB: Virgilio Barco
55. (1990-1994) César Gaviria Trujillo
Gaviria, César. Gran enciclopedia de Colombia. Círculo de Lectores
Biografías de Líderes Políticos CIDOB: César Gaviria
56. (1994-1998) Ernesto Samper Pizano
Samper Pizano, Ernesto. Gran enciclopedia de Colombia. Círculo de Lectores
La autobiografía en Colombia, Vicente Pérez Silva (compilador)
Biografías de Líderes Políticos CIDOB: Ernesto Samper Pizano
57. (1998-2002) Andrés Pastrana Arango
Biografías de Líderes Políticos CIDOB: Andrés Pastrana Arango
58. (2002- ) Álvaro Uribe Vélez
Biografías de Líderes Políticos CIDOB: Álvaro Uribe Vélez
1974 Alfonso López Michelsen
El Gobierno del Presidente (Alfonso) López Michelsen fue visionario para impedir que el país seinundara por el atractivo de los dólares que venían en créditos, aparentemente baratos, del Oriente
por la bonanza petrolera de entonces y evitó que Colombia entrara en aquella crisis. Ademástomaron mediadas muy acertadas para fomentar la exploración de hidrocarburos en nuestro país.
Durante su administración, López Michelsen decretó la emergencia económica paracorregir el déficit fiscal, estableciendo un control de gastos de los institutosdescentralizados; eliminación de subsidios y reducción del Certificado de Abono Tributario(CAT). Realizó la reforma tributaria y fiscal; estableció el impuesto de ganancia ocasional;triplicó el ahorro nacional; la inversión pública aumentó en un 61% y se incrementaron lasexportaciones. A pesar de las medidas encaminadas a detener la inflación, ésta alcanzó
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el índice más alto de la historia. Por otra parte, López fortaleció las condiciones internasde la economía campesina para retener a esta población en su medio, logrando unaumento del 16% en la producción agrícola. Otorgó 986 títulos y se firmaron 4700contratos de asignación de tierras; y el crédito agropecuario ascendió a 21 mil millones depesos. Creó el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras(HIMAT), y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) recibió los distritos de
riego. Se aumentó en un 200% el salario mínimo en el campo y en la ciudad; se otorgópersonería jurídica a 1100 sindicatos; se aumentó en un 40% la capacidad de energíaeléctrica; se cambió la figura de "concesión" por la de "asociación" para la exploraciónpetrolera; se construyeron gasoductos y oleoductos por 69 millones de dólares; seestructuró un plan de generación de energía de 2800 millones de dólares; se realizaronplanes de vivienda para 246 mil familias; se destinaron 15 412 millones de pesos a planesde salud y se abrieron 30 nuevos hospitales; se destinaron 58 mil millones de pesos parala educación; se creó un millón de cupos para los cuatro niveles educativos; se invirtieron2706 millones de pesos en construcciones escolares; se destinaron 6643 millones depesos para vías de comunicación y 1432 millones para mejorar los puertos marítimos:Además, hubo bonanza cafetera y se abrió la carrera militar para la mujer. En políticainternacional, López sostuvo reuniones con el ex presidente Carlos Andrés Pérez, de
Venezuela; Omar Torrijos, de Panamá; y con los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter,de los Estados Unidos. En 1977 participó en una conferencia hemisférica de mandatarioscon motivo de la firma del nuevo Tratado del Canal de Panamá. Recibió al presidente deMéxico, José López Portillo; al de Jamaica, Michael Mandley; al secretario de Estado delos Estados Unidos, Henry Kissinger; y al rey Juan Carlos de España. Se firmarontratados de delimitación de áreas marinas y submarinas con Ecuador, Panamá, CostaRica, República Dominicana y
(1978-1982) Julio César Turbay Ayala�. Durante su administración, se concibió el Plan de Integración Nacional (PIN), cuyos objetivos fueron ladescentralización económica y el mejoramiento general de la población mediante la integración del país, previendoinversiones por 950 millones de pesos en distintas áreas económicas y sociales. Se le dio primordial importancia alsector de la energía eléctrica, realizando las obras de Chivor II, Paipa II, la térmica del Chinú, Zipaquirá IV y lastermoeléctricas de Barranquilla y Cartagena. Además, se construyeron las centrales de San Carlos, Paraíso, laGuaca, el Cerrejón y Zipaquirá. También se intensificó la exploración de yacimientos: se exploraron cien pozos y sehicieron hallazgos como el de Andalucía, Tocaría, Arauca I y II, Palogrande y Apiay. Se elaboró el proyecto mineroque permitió la exploración de las minas de carbón de El Cerrejón y de níquel en Cerromatoso. Se invirtieron 96millones de pesos en la construcción de obras carreteables, como la vía hacia la Costa por Bucaramanga, y más dela mitad de la llamada autopista Medellín-Bogotá; se construyeron los aeropuertos de Barranquilla y Cartagena, y seadelantaron obras en el Tapón del Darién. En febrero de 1982 se creó el departamento de Caquetá. Introdujo latelevisión a color, y bajo el nombre de Simón Bolívar, adelantó una campaña de alfabetización. En el campointernacional, se aprobó el tratado que aseguró los derechos de Colombia sobre el Canal de .Panamá y el uso delferrocarril del istmo, y el tratado Vázquez-Saccio para la posesión de los derechos sobre los islotes de Roncador,Quitasueño y Serrana. Por otro lado, el 23 de marzo de 1981 se rompieron relaciones con Cuba.Al comienzo de su mandato, Turbay dictó un Estatuto de Seguridad en ejercicio del artículo 121 de la ConstituciónNacional, para contrarrestar la actividad subversiva y de narcotráfico. Este estatuto fue objeto de severas críticasdentro y fuera del país. Durante la administración Turbay se vivieron momentos críticos en Colombia, como el robode más de cinco mil armas del Cantón Norte de Bogotá por parte del Movimiento 19 de Abril y la toma de laembajada de la república Dominicana en Bogotá durante 61 días, por parte del mismo grupo guerrillero; se
recrudeció el secuestro y la extorsión y surgió la agrupación armada Muerte a Secuestradores (MAS). En marzo de1981 se firmó la "ley de amnistía", orientada a facilitar la entrega de ciudadanos levantados en armas, pero no tuvogran acogida.
(1982-1986) Belisario Betancur Cuartas
El Gobierno del Presidente Betancur (Belisario Betancur), como el Gobierno del Presidente AndrésPastrana, realizaron todos los esfuerzos con la mayor buena fe por conseguir la paz. Pero
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respondieron mal los destinatarios de aquellos esfuerzos; simplemente se aprovecharon de labuena fe de los gobiernos para avanzar en su tarea destructora.
Siendo presidente, impulsó el Grupo de Contadora por la paz en Centroamérica, labor quele valió Premio de la Paz Príncipe de Asturias en España. Betancur inició la aperturademocrática en el país, con la incorporación de los principales grupos y movimientos
armados a la vida civil; promovió la vivienda sin cuota inicial, la universidad abierta y adistancia, la campaña Camina, orientada a la alfabetización masiva, y la amnistíatributaria. Durante su gobierno se aprobó la ley sobre elección popular de alcaldes;reformas a los regímenes departamental y municipal, al Congreso y a la justicia; elestatuto de televisión; la ley de los días festivos suprimidos o trasladados a lunes; y elnuevo Código Contencioso Administrativo. Se promulgó el estatuto básico de los partidosy comenzó la exploración y exportación de carbón de El Cerrejón Norte, y la emisión delos canales regionales de televisión como Teleantioquia y Telecaribe.
(1986-1990) Virgilio Barco Vargas
El Gobierno del Presidente Virgilio Barco, nortesantandereano, fue una afirmación del valor civil y
también del sentido social, una gran coincidencia con el senador Efraín Torrado en cuanto deaquello de fortalecer la nutrición infantil.
A ese Gobierno de Virgilio Barco, los colombianos le debemos el Programa de las MadresComunitarias que hoy atiende a un millón de niños.
Al ocupar la presidencia puso en marcha el controvertido esquema de "gobierno-oposición", con el cual buscaba superar los vestigios del bipartidismo que, en suconcepto, bloqueaba el sistema político, impedía la crítica y desvirtuaba el papel de lospartidos, al concentrar su atención en la distribución de sus cuotas burocráticas. Larespuesta del conservatismo a este esquema fue la "oposición reflexiva", absteniéndosede participar en la administración. Los primeros meses de su gobierno fueron
tormentosos: además de la oposición conservadora al nuevo esquema, tuvo que afrontar los numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupopolítico creado como resultado de los acuerdos de paz firmados durante el mandato de suantecesor. A ello se sumaron numerosos atentados guerrilleros y el terrorismo vinculadocon el narcotráfico.
En general, el terrorismo constituyó el problema más inquietante de su gestión. Elgobierno combinó entonces la inversión estatal para mejorar las condiciones de lossectores socialmente deprimidos, con el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Parasubsanar los problemas creados por la escasa inversión estatal en ciertas regiones ysectores sociales, el gobierno de Barco continuó e impulsó el Plan Nacional deRehabilitación (PNR) y puso en marcha el Plan de Lucha contra la Pobreza. De otra parte
se concentró en el impulso a las reformas en la administración de justicia, de la estructuraagraria y urbana y de las instituciones nacionales esfuerzo este último que seríaculminado en el gobierno de su sucesor, Cesar Gaviría, mediante la adopción de unanueva Constitución. En lo que tuvo que ver con el narcotráfico, mantuvo una política deconfrontación total y de búsqueda de una posición internacional que no sólo exigiera quela lucha contra los traficantes fuera asumida por los países productores, sino también por los consumidores, los que suministraban los químicos para su procesamiento, lavaban losdólares procedentes de la actividad y proveían de armas a los traficantes. A finales de sugobierno, las gestiones de paz que se venían desarrollando permitieron llegar a un
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acuerdo con el Movimiento 19 de Abril, M-19, mediante el cual el grupo guerrillero sedesmovilizó e inició su participación en la vida política institucional, bajo la denominaciónde Alianza Democrática M-19.
(1990-1994) César Gaviria Trujillo
El Gobierno del Presidente Gaviria (César Gaviria) tuvo la osadía democrática de convocar al paísa una renovación constitucional; el Gobierno del Presidente Samper (Ernesto Samper) puso ungran énfasis en la política social.
Durante su gobierno, logró impulsar la Constitución de 1991, que renovó los cimientosinstitucionales del país, creó nuevos espacios de participación democrática, modernizó la
justicia y sentó las bases para la construcción de un Estado más eficiente y justo. A partir de la vigencia de la nueva Constitución, la justicia se fortaleció y se crearon institucionescomo la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo yel Consejo Superior de la Judicatura. Además, se puso en marcha la acción de tutela,mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Su programa de gobierno,denominado "La revolución pacífica" y conocido popularmente como "el revolcón", logró
que varios grupos guerrilleros se reincorporaran a la vida civil. Durante la administraciónGaviria, se promovió el proceso de apertura económica, se creó el Ministerio de ComercioExterior (ley 07 de enero 16 de 1991), se redujeron los aranceles y las barreras alcomercio, se abrieron las puertas a la inversión extranjera, se impulsó la primera zonalibre de comercio en el continente americano, Colombia lideró el proceso de integraciónregional y subregional, se fortaleció el papel del sector privado y se emprendieron planesde modernización de la infraestructura de puertos, vías y comunicaciones.
(1994-1998) Ernesto Samper Pizano
El propósito de Samper de dar durante su gobierno un “salto social” se cumpliócon la duplicación, durante el cuatrieinio, del porcentaje del PIB destinado a lainversión social y la creación de programas de focalización social como el SISBENque permitió ampliar a 23 milllones el número de colombianos recibiendo serviciosde salud, la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL orientada a proveer apoyoseconómicos a sectores marginales sociales y geográficos, la creación del Ministerio de
Cultura, la entrega de tierras a las comunidades indígenas y afro colombianas, latitularización masiva de predios urbanos, el programa PLANTE para sustituciónsocial de cultivos ilícitos y avances significativos en la cobertura educativa y deacueductos. También se preocupó por el tema de los Derechos Humanos y, másconcretamente, por la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en mediodel conflicto armado colombiano. En su gobierno se aprobaron los protocolos I y II de laConvención de Ginebra.
En su mandato se desarrolló una agresiva política integral de lucha contra elnarcotráfico que incluyó la destrucción de cultivos ilícitos, la destrucción delaboratorios para el procesamiento de drogas, la incautación de insumosquímicos , la interdicción aérea y marítima de cargamentos de drogas, la luchacontra el lavado de activos a través de medidas draconianas como la extinción deldominio de bienes adquiridos ilícitamente y el combate de organizacionescriminales como el Cartel de Cali considerado como uno de los carteles mas
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perseguidos del mundo que fue totalmente desmantelado durante su gobierno. Asídemostró Samper que este Cartel, acusado de financiar su campaña, estaba en lamisma situación de combate de todas las organizaciones criminales colombianas.
Los jefes del Cartel de Cali financiaron las campañas de tantos parlamentarios
como los patrocinados por los grandes grupos económicos privados y aspiraron acontar también con presidente propio, al aportar seis millones de dólares a lacampaña presidencial de Ernesto Samper. Con esos fondos su campaña repartiódinero para comprar el margen de votos que le permitió asegurar su triunfo. Unasgrabaciones telefónicas que probaban la financiación ilegal, reveladas por elcandidato perdedor Andrés Pastrana revelaron la financiación de narcotraficantes acandidatos políticos. Los Estados Unidos, en primer lugar, que exigieron pruebasrepetidas de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, como la aprobación dela Ley de extinción del dominio en 1996 y la captura de la cúpula del cartel de Cali. Losmilitares, en cabeza del general Harold Bedoya Pizarro, comandante del ejército y luegode las Fuerzas Armadas, se sintieron deshonrados con su presidente y le negaron
autoridad moral para ordenar sus políticas de seguridad, mientras seguían supropia agenda de colaborar en la expansión paramilitar . Los políticos, que recibierontodas las prebendas presupuestales necesarias para declarar inocente alpresidente en el juicio político que la Fiscalía inició ante el Congreso. Finalmente,los grandes empresarios, que negociaron su apoyo institucional a cambio depolíticas favorables a sus negocios. este escándalo se conoció como el proceso 80002
(1998-2002) Andrés Pastrana Arango
3. El objetivo de lograr la paz con la guerrilla
Pastrana tomaba posesión de su mandato cuatrienal, primero para el PCC desde 1986, el7 de agosto, pero no esperó hasta entonces para mover sus piezas en el frente de laguerrilla. Con un dinamismo inusual en un estadista de este nivel y no poca audaciapolítica (si no arrojo personal), el 9 de julio el mandatario electo se internó en la selva parareunirse con el comandante Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, alias de Pedro AntonioMarín, quien era el líder histórico de las FARC, su fundador en 1964 y el número uno desu Secretariado y su Estado Mayor Central. El encuentro, primero directo de unmandatario colombiano con la guerrilla y que sorprendió por la cordialidad formal exhibidapor los interlocutores, sentó las bases para futuras negociaciones encaminadas a finalizar la guerra civil.
Al mismo tiempo, el ELN y el Consejo Nacional de Paz (CNP), foro integrado por organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil colombiana,llevaban tres meses dialogando en un convento de carmelitas en las cercanías de laciudad alemana de Maguncia. De esta "mesa de sondeo" surgió, el 15 de julio, unacuerdo de principio para convocar antes de octubre una Convención Nacional comoconferencia de seguimiento y consolidación del proceso. Todo ello parecía indicar que laelección de Pastrana había sido un verdadero catalizador de las iniciativas de paz.
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No obstante, bien pronto quedaron decepcionadas las perspectivas más optimistas ycobraron argumentos quienes venían advirtiendo que el proceso de paz iba a ser largo yproceloso. El 22 de julio el ELN rompió su compromiso de tregua y comenzó unacampaña de atentados. El mismo 7 de agosto, la ceremonia de asunción de Pastranaquedó deslucida por la ola de violencia guerrillera sin precedentes que asolaba el país,que quedó conmovido en particular por el desastre militar del 3 de agosto, con cientos de
soldados y civiles muertos o desaparecidos en los combates. Se habló de desaire de laguerrilla a Pastrana y, ciertamente, esta situación no iba a ser excepcional en los cuatroaños siguientes.
El 14 de octubre, tres días después de hacer lo propio con el ELN, el Gobierno arrancó lasconversaciones con las FARC. Éstas vieron reconocido un estatuto político y el Ejércitocomenzó a abandonar una vasta zona selvática en los departamentos de Caquetá y Meta,al sur del país, de 42.130 km² (extensión ligeramente superior a la de Suiza y quecomprendía cinco municipios), satisficiendo la precondición planteada por Marulanda aPastrana de levantar un "laboratorio de paz" en esta región dominada por la guerrilla. El 7de noviembre los militares completaron la evacuación y la llamada Zona de Distensión deSan Vicente del Caguán se hizo efectiva.
El 7 de enero de 1999 comenzaron las negociaciones de manera oficial, y lo hicieron conmal pie: al encuentro inaugural en San Vicente del Caguán, en Caquetá, no comparecióMarulanda, dejando a Pastrana en situación embarazosa, como señal de advertencia alGobierno contra la concesión de un estatuto político similar y garantías de amnistía a lasorganizaciones paramilitares de extrema derecha, unos 7.000 hombres agrupados desdeabril de 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo el mando de CarlosCastaño.
Precisamente, estos grupos, responsables de algunas de las peores violaciones de losDerechos Humanos, habían desencadenado en la víspera una campaña de masacrescontra civiles sospechosos de pertenecer o simpatizar con la guerrilla, para obligar al
Gobierno a sentarse con ellos en una mesa de negociaciones y obtener beneficiospolíticos también en plano de igualdad.
4. Acumulación de inquietudes en los terrenos político y económicoEl 2 de mayo de 1999 Pastrana y el jefe de las FARC celebraron una conferencia por sorpresa y desbloquearon la situación empantanada desde el 25 de enero por decisiónunilateral de la guerrilla, y cuatro días después se reanudó el proceso negociador. Pero enlos meses siguientes la coyuntura no hizo más que empeorar en todos los frentes, y nosólo los militares, poniendo a Pastrana contra las cuerdas.
Por un lado, las guerrillas no le concedieron ninguna facilidad, incrementando los
asesinatos y los secuestros de personajes públicos o de grupos en masa -la irónicamentedenominada "pesca milagrosa", que nutre un lucrativo negocio de rescates-, las voladurasde instalaciones como oleoductos y torres de energía y las emboscadas a militares ypolicías. Sin duda crecidas por los resultados obtenidos hasta entonces, las FARCoptaron por las grandes demostraciones de fuerza a fin de obtener del Gobierno lasmáximas ganancias.
La tesis de Pastrana de perseverar contra viento y marea no encontraba eco en buenaparte de la opinión pública, cada vez más escéptica ante un proceso de paz percibido sólo
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como una sucesión de concesiones y gestos de apaciguamiento, que a cambio sóloproducían en las guerrillas declaraciones arrogantes y una espiral de agresiones alEstado. Según algunas encuestas, el 70% de los colombianos percibía la subversióncomo una manifestación no guerrillera, sino terrorista, y no eran pocos los que pensabanque el presidente se estaba mostrando "más preocupado en satisfacer a las guerrillas queen escuchar a la parte de la sociedad que no está armada".
El 26 de mayo de 1999, en vísperas de unas jornadas bélicas especialmente sangrientas,se abrió una crisis sin precedentes en el Ejército por la dimisión de 14 generales ycoroneles, con el ministro de Defensa a la cabeza, en protesta por la desmilitarización deuna parte del país en aras del proceso de paz.
El comportamiento de la economía no iba a la zaga en cuanto a generación dedesasosiego; en agosto de 1999 los sindicatos realizaron un paro nacional para protestar por la política económica y social del Gobierno, que aunque había empezado a aplicar bastante de lo prometido por Pastrana en la campaña electoral (reforma tributaria, rebajadel IVA, devaluaciones del peso) se mostraba incapaz de detener el desempleo, el 20%ya, y una deuda exterior exorbitante, de 34.000 millones de dólares. En septiembre de
1999 el peso entró en flotación con respecto al dólar y en diciembre de 1999, la recesióneconómica, finalmente del 4,4% del PIB, aparecía como la primera desde 1931 en un paísque a pesar del permanente estado de violencia había mantenido durante décadas unastasas de crecimiento bastante estables.
Además, la adopción de un plan de contingencia con el FMI (Colombia era el único paísde Latinoamérica que nunca lo había hecho, como era el país más grande de la regiónque jamás había padecido hiperinflación o dejado de pagar la deuda externa a susacreedores) no parecía tan improbable una vez que se solicitó al organismo financiero unpréstamo de urgencia para reducir el déficit fiscal, equivalente al 6% del PIB, por valor de2.700 millones de dólares, a sumar a los 4.200 millones ya concedidos por el BancoMundial y otras organizaciones crediticias.
La aceleración del embarque de capitales y la emigración de los colombianos al extranjeroatestiguaba el profundo pesimismo reinante sobre el futuro del país, aunque en losprimeros meses de 2000 lo peor de la crisis parecía haber pasado y la recuperación delcrecimiento, si bien tibia, era un hecho. Para estabilizar la economía, el presidentenombró ministro de Hacienda y Crédito Público a un dirigente liberal, Juan ManuelSantos Calderón, quien fuera ministro de Comercio Exterior con Gaviria y luego un fuertedetractor de Samper. Además, Santos era el artífice de la idea de la zona de distensióncon la guerrilla, que él había propuesto a Samper en 1997. El último año del siglo terminópara Colombia con un crecimiento del 2,8% del PIB.
5. El controvertido Plan ColombiaPese a la absorbente situación interna, Pastrana no descuidó el quehacer internacional. El27 de mayo de 1999 presidió en Cartagena de Indias el XI Consejo Presidencial de la laComunidad Andina (CAN), que revistió un carácter especial por conmemorarse el 30aniversario de la firma del Pacto Andino en esa ciudad caribeña. Este socorrido escenariovacacional acogió también la XIV Reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo deRío, el 15 y 16 de junio de 2000, en la que se incorporaron como miembros de plenoderecho Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la RepúblicaDominicana.
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Hasta el 2 de septiembre de 1998 Pastrana fue presidente de turno del Movimiento depaíses No Alineados, ya que la XI Cumbre trienal tuvo lugar en la citada capital en 1995 yla XII edición se celebró en Sudáfrica en la primera fecha. También el 18 de enero de1999 sostuvo en La Habana un encuentro con el dictador cubano Fidel Castro, al que sesumó el presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez, de conformidad con su política
de "puertas abiertas" con Cuba.
Ahora bien, la recomposición de las relaciones con Estados Unidos y la formulación de lanueva estrategia de este país para Colombia prefiguraron la agenda exterior de Pastrana.El 27 de octubre de 1998 inició una visita a Washington y el 22 de septiembre de 1999volvió a reunirse con su homólogo Bill Clinton en Nueva York. El 30 de agosto de 2000 elpresidente estadounidense realizó un rápido viaje a Cartagena para tratar con Pastranasobre el último y más ambicioso plan antidroga de su país.
El Plan Colombia contemplaba inversiones masivas en la lucha contra el narcotráfico paraatacarlo en su origen -las plantaciones de coca-, y tenía un fuerte componente militar.Tras la apuesta estadounidense por dar el golpe definitivo a esta lacra figuraba el dato de
que, a pesar de las espectaculares actuaciones contra los cárteles en los últimos años (laúltima, la denominada Operación Milenio, el 13 de octubre de 1999, que condujo a ladetención de varios altos capos), más del 90% de la droga comercializada en EstadosUnidos procedía del país andino.
Así, de los 1.300 millones de dólares comprometidos, 900 irían directamente a lapersecución de las organizaciones delictivas, dotando de medios militares al Ejércitocolombiano (sin excluir de los arsenales las armas biológicas), y el resto se destinaría aprogramas sociales y de promoción de los Derechos Humanos, y a la sustitución decultivos ilícitos.
El plan preveía una inversión total de 7.500 millones de dólares aportados por Estados
Unidos y los países involucrados en el proceso de paz. En el apartado humano seestablecía un tope inicial de 500 asesores militares, pero con la reserva de aumentarlos siexistían "evidencias de una agresión", ambigua referencia que suscitó múltiplesespeculaciones sobre a cuales de los grupos armados operativos en el país se estabaaludiendo.
Este plan fue acogido con aprensión por otros gobiernos de la zona, concretamente los delos estados limítrofes con Colombia, directamente afectados por los flujos transfronterizosdel negocio de narcóticos, provocó malestar y preocupación en diversos sectores socialesy políticos colombianos, que temían la internacionalización del conflicto (y aun unaescalada a la vietnamita), y recibió la advertencia de las guerrillas, por su parte cada vezmás enredadas en el jugoso negocio de la droga, que se olieron una eventual operación
militar a gran escala contra ellas con la participación de efectivos estadounidenses y laalianza fáctica de los paramilitares. Con todo, Pastrana logró de once presidentessudamericanos el apoyo global al plan en la cumbre de Brasilia del 1 de septiembre de2000.
6. Derrumbe del proceso de pazLas tortuosas negociaciones con las FARC, recuperadas el 24 de octubre de 1999 trasotro nuevo parón, volvieron a colapsar en mayo de 2000 a raíz del anuncio por la guerrilla
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de la creación de un impuesto revolucionario a los particulares con un patrimonio superior al millón de dólares: quien no pagara esa exacción se exponía a ser secuestrado.
Como contrapartida, el 24 de julio de 2000, tras dos años de estériles encuentros,representantes del ELN y el CNP se reunieron en Ginebra para explorar si se podíaalcanzar un consenso básico sobre el calendario de paz que incluyera un alto el fuego
firme y la convocatoria de la Convención Nacional, entendida como un foro abierto a todoslos sectores sociales para discutir la violencia estructural del país y aportar soluciones. ElELN, por su parte, reiteró su exigencia de concesiones territoriales como las dadas a lasFARC, en este caso llamadas eufemísticamente "zonas de convivencia" y dentro deldepartamento de Bolívar, a pesar de que la población local se había movilizado en contrade esa posibilidad.
Entre tanto, Pastrana sostenía un conflicto institucional con el Congreso tras su anuncio,en abril de 2000, de un referéndum para disolver el poder legislativo como pasoindispensable en sus planes de saneamiento de la política nacional. Los congresistasamenazaron con destituir al presidente, quien ahuyentó esa posibilidad al precio de perder la mayoría de diputados afectos.
El 8 de febrero de 2001 Pastrana, luego de prorrogar la vigencia de la Zona de Distensión,sostuvo su tercera reunión con Marulanda en la localidad de Los Pozos y al día siguienteambos anunciaron un acuerdo para reanudar las conversaciones a partir del 14 defebrero, acuerdo condicionado a la creación de una comisión mixta para verificar el controlefectivo del Ejército sobre los paramilitares. Por contra, el 19 de abril siguiente el ELNanunció su abandono del diálogo de paz por la "falta de voluntad del Gobierno para luchar contra los paramilitares", si bien la razón de fondo era la negativa a concedérsele unazona desmilitarizada.
A mediados de 2001 a Pastrana aún no se le había agotado la paciencia con las FARC;actitud bienintencionada y, pese al eco ingrato que generaba, necesaria según los
miembros del frente pacifista, o una claudicación del Estado de Derecho según losdetractores, su insistencia en discutir en pie de igualdad con una guerrilla que parecíamás desmandada cada día, más el registro no mucho mejor de su equipo económico,agotaron sus últimas cotas de credibilidad ante un sector ampliamente mayoritario de laopinión pública.
A la decisión del presidente de prorrogar la Zona de Distensión siguió el secuestro yasesinato, a finales de septiembre, de Consuelo Araújo, popular ministra de Cultura hastaenero. Ni antes ni después de la prorrogación efectiva de la zona neutral por tres meses,el 7 de octubre, interrumpieron las FARC los asesinatos, secuestros y atentados, pese acomprometerse, por enésima vez, a mantener una tregua en aquel período.
Simultáneamente, la ONG Human Rights Watch, muy crítica con la administraciónmilitarista de las FARC en el "laboratorio de paz" de Caquetá, acusó a Pastrana de nohacer nada para cortar los vínculos entre el Ejército y las AUC, que seguían operando conabsoluta impunidad y compitiendo con la guerrilla en la comisión de atrocidades contra lapoblación civil; era tal la efusión de violencia que las acciones de una u otra parte sesolapaban, suscitándose dudas sobre cual de los varios grupos armados era elresponsable de determinados asesinatos de alto contenido político dirigidos a dinamitar elproceso de paz. En el denominado Acuerdo de San Francisco de la Sombra alcanzado el5 de octubre, el Gobierno se había comprometido a combatir el paramilitarismo, con lo
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que el incumplimiento de lo suscrito era flagrante en ambas partes.
Por lo demás, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos favorecieron lasimplificación del análisis de la posible naturaleza terrorista de muchos grupos armadosen diversas partes del mundo; en el caso de Colombia, las FARC y las ELN fueronconsideradas sin ambages organizaciones terroristas por el Gobierno de Washington, y
empezaron a serlo por los gobiernos europeos.
La percepción de que a partir de entonces la comunidad internacional iba a ser menoscondescendiente con los fenómenos de violencia con marchamo guerrillero espoleó en laopinión pública colombiana las tesis de ruptura del engañoso proceso de paz y de iniciode la guerra total contra las citadas organizaciones no obstante la aparente imposibilidadde derrotarlas con las armas, una actitud de mano dura que hizo suya el liberal disidenteÁlvaro Uribe Vélez, pronto aupado en los sondeos de opinión como el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 2002.
7. Certificación del fracaso de una estrategia como epílogo presidencial
El 9 de enero de 2002 Pastrana, en respuesta a la última y brutal campaña de ataques,declaró suspendido el proceso de paz con las FARC y el día 12, previo rechazo de sudemanda de que terminaran las medidas de control de su territorio mediante sobrevuelos,retenes militares en el perímetro exterior y restricciones a las visitas de extranjeros, leslanzó un ultimátum de 48 horas para que clarificaran sus propuestas de cese dehostilidades antes de ordenar al Ejército la ocupación de la Zona de Distensión. En elúltimo momento, el 14 de enero el proceso de paz se libró del colapso al suscribir ambaspartes un documento propiciado por la ONU y los países facilitadores en el que sedeclaraba que existían garantías para seguir negociando.
Pero este logro in extremis sólo fue un espejismo de paz. Las FARC desataron otra ferozembestida terrorista contra civiles y militares, y, como última provocación de contenido
político, secuestraron un avión comercial para capturar al senador Jorge Eduardo GechenTurbay, que engrosó la lista de congresistas en activo o retirados víctimas de este tipo deoperaciones.
Despojado de todo margen de maniobra, el 21 de febrero Pastrana compareció ante lanación para anunciar la ruptura definitiva del proceso de paz y la orden dada al Ejército derecuperar la zona desmilitarizada de Caquetá. Con un tono a caballo entre una pretendidafirmeza y una decepción que sólo ahora, casi de golpe, afloraba, Pastrana acusó aMarulanda de haberle engañado a él y al pueblo colombiano, palabras que no podíanocultar el fracaso total del propósito que le llevó a la Presidencia cuatro años atrás.
La grave decisión del presidente tuvo el respaldo de los 34 países de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y fue recibida en el país con una mixtura de emociones en laque se destacaban el alivio por el final de una situación insostenible y el miedo por losduros tiempos que se avecinaban. Con la denominada Operación Tánatos, la FuerzaAérea comenzó el bombardeo de objetivos guerrilleros como antesala del despliegue defuerzas aerotransportadas e infantería. El 22 de febrero las tropas tomaron el control delprincipal núcleo de población, San Vicente del Cagüán, y al día siguiente Pastrana enpersona izó la bandera de Colombia en la cabeza del municipio rodeado de fuertesmedidas de seguridad.
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Desde este momento, Pastrana se limitó a gobernar con una agenda del día a día, sinpropuestas ni iniciativas, hasta la terminación de su mandato el 7 de agosto. Su partido, omejor, los conservadores que le eran partidarios, fueron castigados en las eleccioneslegislativas del 10 de marzo. Para mayor baldón, dos días después de los comicios elcandidato oficial para las presidenciales, Camilo Restrepo, que apenas contaba con el 2%de intención de voto en los sondeos, anunció que se retiraba para no perjudicar las
expectativas de Uribe, que se iba a batir con Serpa.
Situación insólita, el partido al que pertenecía el jefe del Estado en activo se quedó sinrepresentante en la lid presidencial por primera vez en la historia nacional. Una vez queUribe fue proclamado vencedor en la primera vuelta del 26 de mayo, Pastrana se limitó aagotar lo que le quedaba de mandato como un presidente meramente de iure,protagonizando el mandatario electo todo el dinamismo político, el interés de losgobiernos internacionales y la cobertura informativa.
Con todo, Pastrana reclamó para su administración el mérito de haber ganado a lasguerrillas la batalla política y presentó el logro indudable de la inclusión de las FARC por la Unión Europea (UE) el 12 de junio, meses después de que lo hiciera el Gobierno de
Estados Unidos, en su lista de grupos calificados como terroristas. Semanas atrás, la UEhabía rechazado adjudicar a la principal guerrilla colombiana tal condición, pese a suresponsabilidad confesa en recientes matanzas de civiles, lo que motivó la reaccióndisgustada de Pastrana y la petición al presidente del Gobierno español José MaríaAznar , en tanto que presidente de turno del Consejo de la UE, de que propiciara un nuevoexamen de la cuestión, como así fue.
En el momento de su despedida, Pastrana, del que se informó que iba a fijar su residenciaen España, se quejó de que la prensa nacional tendiera en estos cuatro años a resaltar sólo los aspectos inconclusos de su gestión y a "enfatizar lo negativo", y reclamó ellegado de una economía en fase de recuperación, con una tasa de crecimiento del 1,5%en 2001 -si bien en el primer semestre de 2002 la tendencia rozaba, de nuevo, la
recesión- así como la moderación del déficit fiscal y la inflación.
No obstante, la mayoría de los análisis recogieron un balance más bien mediocre tambiénen lo económico, aparte la desastrosa situación de la seguridad interior y el aumento aojos vista de la corrupción, señalándose tres espirales alarmantes: la de la pobreza, queafecta ya al 55% de los colombianos; la del desempleo, con una tasa media del 25%aunque en el campo es casi el doble; y, la deuda externa, que sobrepasa los 40.000millones de dólares.
Aparte los reconocimientos y haberes arriba citados, Pastrana fue presidente del CapítuloAmericano y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de AutoridadesLocales (1988-1989), vicepresidente de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica
(1989) y codirector de la Conferencia Mundial de Alcaldes sobre la Drogadicción, en susreuniones de Nueva York (1989) y Madrid (1990). En 1994 asesoró a la sede en Tokyo dela Universidad de Naciones Unidas y en 1992 fue elegido presidente de la Unión dePartidos Latinoamericanos (UPLA). Cuenta con varias condecoraciones colombianas y laUNESCO le distinguió con su Orden homónima. En la actualidad es miembro del Club deMadrid, el Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas delCentro Carter de Atlanta y el Consejo Directivo de la International Foundation for ElectionSystems (IFES), con sede en Washington.
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2002 -2020 Alvaro Uribe Velez
4. La Política de Seguridad Democrática y la desmovilización de las AutodefensasEl debut presidencial de Uribe aconteció en unas circunstancias especialmente difíciles. El
11 de agosto, la intensificación de los ataques de las FARC le empujó a declarar el estadode conmoción interior o de excepción por un período de 90 días prorrogable.
Al facultar al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias por decreto y asumir funciones legislativas, la excepcionalidad constitucional reforzó los temores en sectoresde la sociedad civil a un debilitamiento del equilibrio institucional y al menoscabo de losderechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Así, en septiembre, el Gobiernoestableció en los departamentos de Arauca, Bolívar y Sucre dos Zonas Especiales deRehabilitación y Consolidación –que posteriormente fueron declaradas inconstitucionalespor la Corte-, donde las autoridades competentes estaban habilitadas para realizar detenciones de sospechosos sin orden judicial, interceptar las comunicaciones privadas yrestringir los movimientos de las personas.
Sin embargo, el grueso de la opinión pública acogió de buen talante la aplicación delnuevo impuesto sobre las fortunas para financiar el esfuerzo de guerra y la puesta enmarcha, con la creación de las primeras redes de cooperantes e informadores civiles, dela Política de Defensa y Seguridad Democrática (PSD), cuyo documento marco fuepresentado por el presidente y la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón, enel departamento de Putumayo el 29 de junio de 2003.
En su exhaustivo articulado, la PSD diagnosticaba los tipos de amenazas que infligían lasdiversas "organizaciones armadas ilegales" activas en Colombia, a saber, el terrorismo, elhomicidio, el secuestro y la extorsión (en 2002, las FARC, el ELN, las AUC y otros gruposmenores habían capturado a más de 2.000 personas, entre ellas un centenar largo de
funcionarios públicos y cargos políticos electos), el narcotráfico, el tráfico de armas y lasfinanzas ilícitas. En consecuencia, fijaba seis "líneas de acción".
Éstas eran: la coordinación de todas las actuaciones del Estado a través del Consejo deSeguridad y Defensa Nacional y la Junta de Inteligencia Conjunta; el fortalecimiento delsistema judicial y las instituciones armadas y de seguridad (Fuerzas Militares, Policía,aparato de inteligencia); la recuperación y consolidación del control del territorio nacionalque había estado o seguía en manos de guerrilleros y autodefensas, así como laeliminación del negocio de las drogas ilícitas y la desarticulación de las finanzas de lasorganizaciones narco-terroristas; la protección de las personas y las infraestructuras; lapromoción de la "cooperación voluntaria y patriótica de los ciudadanos en cumplimientode sus deberes constitucionales y en aplicación del principio de solidaridad que exige el
moderno Estado social de derecho", a través de redes de cooperantes y programas derecompensas, más el refuerzo de la cooperación internacional en este terreno; y por último, la comunicación a la población de las políticas y acciones del Estado.
Uribe puntualizó que la PSD no pretendía otra cosa que garantizar la vigencia del Estadode derecho y fortalecer la "autoridad democrática" en todo el territorio nacional, lo quesuponía un radical distanciamiento de las doctrinas de seguridad nacional "profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política", tanen boga en América Latina en las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX, cuando
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más que finalizar la violencia se pretendió exterminar el comunismo y otras opcionespolíticas de izquierda o progresistas. Más aún, la PSD contenía una verdadera "hoja deruta" o "carta de navegación" que fijaba las condiciones para el desarme y ladesmovilización de guerrilleros y paramilitares. Optimista, el Gobierno se concedió a símismo un plazo máximo de año y medio para debilitar a los ilegales antes de abordar eventuales procesos particulares de paz. El estímulo de las deserciones iba a ser la
táctica más empleada por las autoridades.
El marco asimétrico de la PSD, que otorgaba en todo momento la primacía al Estado ynegaba a los facciosos en armas la posibilidad de negociar en pie de igualdad, fuedespreciado por las FARC, acogido con cautela por el ELN y asumido, según hicieronconstar a mediados de octubre, por unas autodefensas sumidas en una crisis de identidadpor las divisiones internas, la participación de algunos de sus dirigentes en actividades nocontraguerrilleras (narcotráfico, extorsión) y la menor condescendencia del Ejército frentea sus terribles desafueros; más aún, los soldados ya estaban combatiendo en firme a losultraderechistas, e infligiéndoles cuantiosas bajas. La desmovilización de los paramilitaresfue, por tanto, el primer proceso gestionado por el Ejecutivo con la PSD en la mano; suconclusión positiva, sin embargo, estuvo trufada de polémicas y puntos oscuros.
El 29 de noviembre de 2002, a rebufo de los feroces combates librados por las FuerzasMilitares y las guerrillas en la Comuna 13 de Medellín (la denominada Operación Orión,desencadenada el 16 de octubre) y como culminación de la "fase de acercamiento"discurrida en las últimas semanas, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso Gómez,máximos jefes de las AUC, notificaron el comienzo por su grupo el 1 de diciembre de unatregua indefinida. El Bloque Central Bolívar y la Alianza Oriente, siguientes organizacionesparamilitares en importancia, adoptaron igual paso días después. Satisfecho el principal einnegociable prerrequisito, el cese de las hostilidades, Uribe movió pieza el 23 dediciembre creando una Comisión Exploratoria de Paz para canalizar los contactos, a cuyofrente puso al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez.
Las conversaciones formales con las AUC arrancaron el 22 de enero de 2003 y el 15 de julio siguiente alumbraron en Santa Fe de Ralito, área rural del municipio de Tierralta deldepartamento de Córdoba y base de operaciones de Mancuso, un Acuerdo para contribuir a la paz en Colombia que daba por finiquitada la "fase exploratoria" y daba luz verde auna etapa de negociación oficial. Los signatarios asumían una serie de compromisos: losparamilitares, la desmovilización gradual de sus aproximadamente 10.000 hombres desdefinales del año en curso hasta el 31 de diciembre 2005 a más tardar; el Estado, lafacilitación de dicho proceso estableciendo "zonas de concentración" con garantías
jurídicas temporales y adelantando los mecanismos de reinserción de los ex combatientesen la sociedad civil. La verificación del proceso correría a cargo de la OEA.
La misteriosa desaparición de Carlos Castaño a mediados de abril, entre insistentes
rumores de graves disensiones internas y luego de retirarle sus pares el rol interlocutor enlas negociaciones con el Gobierno (posteriormente se supo que Castaño había sidoasesinado por orden de su propio hermano, Vicente, refractario a la desmovilización, por haberse mostrado dispuesto a negociar con las autoridades antidroga de Estados Unidos,que le incriminaban en el tráfico de cocaína, y a apartar a la organización del negocio delos narcóticos), no impidió a las AUC suscribir el 13 de mayo de 2004 el Acuerdo deFátima para la creación de la Zona de Ubicación de Tierralta.
El 1 de julio de 2004, arriesgado a última hora por el breve secuestro del ex senador José
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Eduardo Gnecco Cerchar, principiaron en la zona de ubicación centrada en Santa Fe deRalito el proceso de concentración de las autodefensas y el diálogo oficial sobre eldesarme, la reinserción subsidiada, la sustitución de los cultivos de coca y los aspectos
judiciales. El 25 de noviembre, con casi un año de retraso sobre el calendario esbozadoen el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, depusieron las armas los 452 integrantes del BloqueBananero de las AUC. El 10 de diciembre les siguieron Mancuso, el comandante Camilo
del Bloque Catatumbo y los 1.585 hombres a sus órdenes
En los meses siguientes, nuevos contingentes de paramilitares renunciaron a la violencia,pero en sectores de la opinión pública cundió la sensación de que quienes eranresponsables de terribles violaciones de los Derechos Humanos podrían no responder desus crímenes ante la justicia, recibiendo impunidad a cambio de la paz. El oscurantismo,la confusión y el trasiego de versiones y enmiendas precedieron la aprobación por elCongreso el 22 de junio de 2005 del marco jurídico del proceso de desmovilización de losparamilitares, la Ley de Justicia y Paz, que establecía penas máximas de cinco a ochoaños de privación de libertad para los acusados de delitos graves, confesados en "versiónlibre" por los propios desmovilizados como requisito para recibir los beneficios legales oque el Estado pudiera probar a posteriori, y que protegía contra la apertura de procesos
de extradición a Estados Unidos, excluidos aquellos que ya estuvieran en curso.
La Ley de Justicia y Paz fue criticada desde la ONU, por políticos de distintas tendenciasy con más énfasis por las ONG defensoras de los Derechos Humanos y las propiasvíctimas: les parecía demasiado indulgente con los paras, que recibían un estatus dedelincuentes políticos y que además se hacían acreedores de retribuciones económicas,hasta el punto de recordarles una "amnistía encubierta". Sus partidarios del oficialismo,por el contrario, destacaron la salvaguardia de los principios de justicia y reparación, y demanera más o menos explícita indicaron que si el rigor penal hubiese sido mayor, lasautodefensas no habrían aceptado reinsertarse.
El propio Uribe reconoció que la Ley tenía lagunas y no era modélica –llegó a calificar de
"injustas" algunas de sus previsiones-, pero tales eran, opinaba, "los costes de la paz".Ahora bien, el presidente negó de plano que se hubiese prometido a Mancuso y los otros
jefes "salvarles" de la extradición a Estados Unidos, y recordó que la Constitucióncolombiana excluía figuras como la amnistía o el indulto para los autores de delitosatroces y homicidios cometidos fuera del combate.
5. El desafío de las FARC: entre la guerra sin cuartel y el Acuerdo HumanitarioMientras tendía la mano a las AUC y las demás agrupaciones paramilitares, Uribedescargaba todo el peso de la fuerza armada del Estado en la principal organizaciónguerrillera, las FARC, y en los emporios de la criminalidad común. Su apuesta era por lafirmeza: si la guerrilla, que seguía considerándose a sí misma una insurgencia armada
sustentada en un ideario marxista y autolegitimada como parte beligerante de un conflictointerno y con estatus político pero que en la práctica venía comportándose como unaorganización básicamente criminal y narco-terrorista, no quería acogerse al marco de pazcondicionado que le ofrecía el Estado, éste se encargaría de desnivelar la relación defuerzas hasta obligarla a claudicar.
La exigencia de la entrega a los guerrilleros de una zona desmilitarizada, a tenor de laexperiencia de la Zona de Distensión concedida por Pastrana, fue rechazada por unmandatario que llegó a calificar a las FARC de "caterva de bandidos". En cuanto a la
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lucha contra el narco, ésta no admitía, opinaba, ningún tipo de diálogo o negociación.
Durante el primer cuatrienio presidencial, la hemorragia de bajas ocasionada a la tropa yla dirigencia de las FARC entre muertos (como Giovanny David Santamaría, alias Rubéno Popeye, abatido en un enfrentamiento con el Ejército en febrero de 2006), prisioneros(en enero y febrero de 2004 fueron aprehendidos respectivamente Simón Trinidad, de
verdadero nombre Ricardo Palmera Pineda, el dirigente de mayor rango capturado hastaentonces, en Quito, y Nayibe Rojas Valderrama, alias Sonia), desertores y rendidos a lasautoridades por propia voluntad (el más destacado, el comandante Rafael Rojas Zúñiga,entregado en abril de 2003) no hizo mella aparente en sus capacidades; lejos detambalearse, la guerrilla golpeó una y otra vez con saña, cometiendo actos de crueldadextrema en los que se adivinaba el afán de venganza, si no el sadismo.
Los atentados con coches bomba perpetrados en Bogotá y Neiva el 7 y el 14 de febrerode 2003, en los que perecieron 53 personas, indicaron la intención de las FARC deextender la violencia a las ciudades y prologaron un sangriento rosario de inhumanidades:las ejecuciones a sangre fría en Urrao, Antioquia, de Guillermo Gaviria Correa,gobernador del departamento, Gilberto Echeverry Mejía, ex gobernador y ex ministro de
Defensa, y ocho oficiales y suboficiales compañeros de cautiverio desde hacía un año, enrespuesta a un intento de rescate por las fuerzas de seguridad (5 de mayo de 2003); lamatanza de 34 campesinos cocaleros en La Gabarra, Tibú, Norte de Santander (15 de
junio de 2004); el asesinato de ocho concejales mientras almorzaban en un restaurante eRivera, Huila (27 de febrero de 2006); o el asesinato, en un aparente intento de secuestro,de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente de la República, ex secretario general de laOEA y actual director nacional del PL, César Gaviria, a la sazón uno de los más durosfustigadores políticos de Uribe (27 de abril de 2006).
Además, los guerrilleros tendieron letales emboscadas a columnas de soldados y policías,matando a muchas decenas de uniformados. En añadidura, el 17 de agosto de 2003 lossubversivos intentaron derribar el helicóptero que transportaba al presidente en dirección
a la localidad antioqueña de Granada mediante ráfagas de ametralladora disparadasdesde las montañas.
Los continuos golpes de las FARC obligaron al presidente y sus colaboradores a moderar el optimismo de sus declaraciones y arrojaron serias dudas sobre la efectividad deldenominado Plan Patriota, la más ambiciosa operación militar montada contra la guerrilla,cuya segunda y principal fase arrancó en enero de 2004 en los parajes selváticos de losdepartamentos sureños de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo: 20.000 soldados,asistidos por unos 800 "asesores" militares estadounidenses (y por un númeroindeterminado de mercenarios y contratistas de seguridad), intentaron dar un golpe mortala las FARC decapitando su Estado Mayor, pero fracasaron en este objetivo estratégico.
La sorprendente resistencia de las FARC, pese a la sensible disminución de sus efectivos,a los embates de las Fuerzas Militares perjudicaron menos que los asesinatos enretaguardia de personal civil a su merced la búsqueda del tan traído y llevado AcuerdoHumanitario, expresión genérica para referirse al intercambio de guerrilleros presos por los llamados canjeables, o secuestrados de alto nivel, por su perfil político o sunacionalidad extranjera. La opinión pública debatía dividida tan delicado asunto, ya que eldilema enfrentaba la posibilidad de salvar la vida de los secuestrados y el pactar con losterroristas. Durante la mayor parte de su primer mandato, Uribe se mantuvo aferrado a lascondiciones de partida: las guerrillas debían poner en libertad a todos sus cautivos ("no
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puede haber secuestrados de primera y de segunda"), y de ninguna manera obtendrían ladesmilitarización de zona alguna.
Sin embargo, en septiembre de 2005, con su proyecto reeleccionista a punto de recibir laluz verde legal, el mandatario, a través del comisionado Restrepo, presentó a la guerrillauna propuesta de diálogo para hablar de la liberación de los 56 políticos -Betancourt entre
ellos-, soldados y policías, así como los tres estadounidenses que manteníasecuestrados. El encuentro podría tener lugar en Pradera, Valle del Cauca, con lasdebidas garantías de seguridad. En diciembre siguiente, Uribe confirmó la revisión de lospostulados esgrimidos hasta entonces notificando su aceptación de una propuestaconjunta de España, Francia y Suiza para retirar al Ejército de El Retiro, poblado delmunicipio vallecaucano de Florida. Ningún guerrillero armado podría permanecer allítampoco.
La concesión de Uribe a las FARC era notable, ya que ofrecía la desmilitarización dehecho y bajo supervisión internacional de dos áreas que eran precisamente lasreclamadas por la guerrilla para negociar el canje de los rehenes por unos cuantos cientosde sus combatientes presos. El intercambio humanitario parecía cercano, pero a
principios de enero de 2006 la guerrilla informó que rechazaba dialogar con el Estadoporque Uribe sólo pretendía "explotar electoralmente" la iniciativa.
El estadista reiteró su disposición a alcanzar el Acuerdo Humanitario durante la campañade las elecciones presidenciales del 28 de mayo, pero tras su arrolladora victoria en lasurnas la frialdad y el escepticismo se apoderaron de sus pronunciamientos. Las FARC nopresentaron los "hechos irreversibles de paz" que el presidente les exigía comopreámbulo de cualquier negociación. El tono posibilista terminó el 19 de octubre de 2006con motivo del atentado con coche bomba contra un supervigilado complejo militar deBogotá, que, aunque no causó víctimas mortales (sí una veintena de heridos), airó alpresidente.
La reacción de Uribe fue fulminante: revocó la autorización que había dado a losmediadores para buscar el Acuerdo Humanitario y al día siguiente acudió al lugar delsiniestro, las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granda y Escuela Superior deGuerra, para pronunciar un áspero discurso en el que afirmó con rotundidad: "Hoy, elúnico camino que queda es del rescate militar y policivo de los secuestrados". Y, a modode autocrítica, se lamentó en los siguientes términos: "Veo que ese lenguaje moderadocrea confusión en la ciudadanía (…) desorienta a la Fuerza Pública (…) y lo peor, no atraea los terroristas hacia la paz. Simplemente, les agranda su ambición terrorista".
La intransigencia radical de las FARC no se contagió a la otra organización guerrillera, elELN, cuya capacidad de hacer daño al Estado era mucho menor. Los contactos, tímidos yerráticos, adquirieron visos de seriedad en junio de 2004, cuando el vicepresidente de la
República, Francisco Santos Calderón, se reunió con el portavoz del grupo, FranciscoGalán, encarcelado desde 1992, para sondear la disposición de los elenos a cesar lashostilidades, liberar a los rehenes y renunciar a la violencia a cambio de unreconocimiento político por el Estado. En septiembre de 2005 Galán fue puesto en libertadcon carácter temporal para que pudiese ejercer la interlocución con el Gobierno y el 16 dediciembre del mismo año arrancó en La Habana la fase exploratoria de lasconversaciones de paz; el comisionado Restrepo y el jefe militar de la guerrilla, AntonioGarcía, encabezaron las respectivas delegaciones.
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6. Consolidación del uribismo, la reelección de 2006 y el escándalo de la parapolíticaUno de los aspectos más llamativos de la presidencia de Uribe ha sido la preservación entodo momento de unas altísimas cotas de popularidad, ventaja que le permitió imponer suproyecto de reelección presidencial en 2006, rompiendo la arraigada tradición
democrática del único mandato no renovable, y, antes de eso, construir una plataformapolítica transversal, un oficialismo puramente personalista y ceñido a la compleción delproyecto de un hombre, que ha sepultado la histórica hegemonía bipartidista y sumanifestación gubernamental por turnos: el rodillo uribista relegó al PL a un segundoplano en las menguadas bancadas opositoras y convirtió al PCC en un mero satélite sinoferta propia.
Desde el primer día de su mandato, Uribe consiguió transmitir a la mayoría del electoradouna imagen positiva de estadista íntegro, pleno de convicciones y entregado sin desmayoa la consecución de los objetivos patrióticos trazados en su política de seguridaddemocrática. El político antioqueño se presentaba como un hombre de acción y dehechos: hechos realizados, como el goteo de desmovilizaciones de paramilitares y la
sensible mejora de las estadísticas de inseguridad y criminalidad en las ciudades, o bienpendientes de realizar, fundamentalmente la derrota de las FARC y la liberación de suscautivos, pero cuya mera prosecución desde la Casa de Nariño bastaba a su inquilinopara protegerse del disfavor popular.
En Uribe casi todo era sui géneris: promocionaba los éxitos propios y dejaba que elpersonal bajo su mando reportara a bombo y platillo una interminable lista de atentadosfrustrados y de detenciones de presuntos terroristas (que en algunos casos resultaron ser "falsos positivos"), pero sin dejar de advertir contra la caída en la autocomplacencia y eltriunfalismo; era sobrio, dosificaba las subidas al atril y rehuía los baños de masas, lo queen ocasiones dificultaba las acusaciones de instrumentación demagógica.
Pero la oposición del PL y el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) no teníadudas: tras su retórica y abnegación patrióticas, Uribe era un autoritario imbuido desoberbia que apenas podía disimular su vocación caudillista y mesiánica. Los sectoresmás a la izquierda y otros activos en la defensa de los Derechos Humanos denunciaron laincongruencia que a su entender encerraba la permanente apología del Estado dederecho y la democracia representativa por una persona que en su etapa en la política deAntioquia habría tenido vínculos inconfesables con figuras del paramilitarismo y elnarcotráfico.
Esta realidad de fondo permitió al presidente sobreponerse con inusitada rapidez a dosreveses encajados en 2003. El primero vino el 30 de abril, cuando la Corte Constitucional,argumentando defectos en su trámite en el Senado, derogó la segunda prórroga por 90
días del estado de conmoción interior decretado en agosto del año anterior, a la cual lequedaban pocos días para expirar. Entre otras cosas, el auto adverso supuso la inmediataanulación de las Zonas Especiales de Rehabilitación y Consolidación.
Mucha más repercusión tuvo el fracaso presidencial en el referéndum múltiple del 25 deoctubre, cuando el Gobierno, bajo el lema de Contra la politiquería y la corrupción,sometió al electorado una reforma política y tributaria que entre otros cambios habríasupuesto la reducción de los escaños del Congreso (la propuesta electoral del Congresounicameral se quedó en el tintero), el recorte de las remuneraciones de los congresistas,
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la inhabilitación política de los reos de fraude al Estado, el refuerzo de las atribuciones dela Contraloría General de la República, la congelación por dos años de los salarios de losfuncionarios y la eliminación de los regímenes fiscales especiales.
Pese a atribuirle las encuestas un 75% de apoyo popular, Uribe no consiguió movilizar amás del 25% de los electores, produciéndose una abstención masiva que arruinó la
consulta. Sólo la primera pregunta, la relativa a la "muerte política" de los funcionarioscorruptos, alcanzó el umbral de participación y escapó de la invalidación. Eso sí, los quevotaron, se pronunciaron abrumadoramente por el sí en las 15 preguntas, cuyo farragosoarticulado sin duda disuadió a muchos electores.
Uribe, que no había dejado de repetir que la aprobación de los puntos era imprescindiblepara el éxito de su política de seguridad, encajó con dificultad un varapalo que noesperaba. El PCC mostró signos de replantearse su apoyo al Ejecutivo. El malestar en eloficialismo se aclaró con las prontas dimisiones de los ministros de Interior y Justicia,Fernando Londoño Hoyos, en la cuerda floja después de que la Superintendencia deSociedades le impusiera una sanción por la transferencia irregular de un paquete deacciones empresarial, y de Defensa, Marta Lucía Ramírez, la máxima vocera del PSD
después del propio Uribe, entre especulaciones sobre su desacuerdo con el alto mandocastrense por cuestiones presupuestarias y de contratación de personal. Dos economistasde la más clara línea uribista, Sabas Pretelt de la Vega y Jorge Alberto Uribe Echavarría –sin parentesco con el presidente-, tomaron el relevo a los cesantes.
Repuesto del traspiés del referéndum y en apariencia inmune a los ecos de las protestasde los sectores laborales perjudicados por la reforma de las pensiones, que de todasmaneras se estaba ejecutando por la vía parlamentaria, y contrarios también al Tratadode Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Uribe, de manera sutil pero inequívoca,lanzó el debate sobre una ambición personal, la reelección consecutiva en la Presidencia,posibilidad nunca realizada en Colombia que iba a requerir la modificación de variosartículos de la Constitución de 1991 –la cual prohibía la reelección presidencial mediata,
mientas que la reelección inmediata ya estaba prohibida en la Carta Magna de 1886- yque tenía garantizadas abundantes dosis de controversia y rechazo social. El jefe delEstado colombiano aspiraba a prolongar su mandato hasta 2010 al considerar que cuatroaños no eran suficientes para completar su labor en la lucha contra el terrorismo y elnarcotráfico, así como las reformas económicas.
La perspectiva del segundo mandato se hizo más patente en marzo de 2004, cuando laComisión Primera del Senado dio luz verde a la ardua serie de debates parlamentariosque la enmienda constitucional precisaba. A partir de este momento, el presidenteempezó a mencionar el tema implícitamente en sus alocuciones. La maquinaria del yauniversalmente conocido como uribismo se empleó a fondo para magnificar la mayoríapropresidencial en el Congreso y asegurar el resultado de las votaciones decisivas,
actuación que para la oposición alcanzó dimensiones de escándalo por el trasiego deinfluencias y favores a cambio de votos.
Las instituciones republicanas satisficieron los deseos de Uribe en cuatro actos: el 22 deoctubre de 2004 la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, por 24 votoscontra 9, aprobó el proyecto de reforma constitucional; el 1 de diciembre del mismo año,el plenario de la Cámara hizo lo propio con cada uno de los cinco artículosconstitucionales enmendados, por un promedio de 115 votos a favor y 15 en contra,facultando al presidente y al ministro de Justicia para firmar el Acto Legislativo 02 y darle
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vigencia el 27 de diciembre; el 19 de octubre de 2005, la Corte Constitucional, zanjandouna prolongada incertidumbre, avaló la exequibilidad o constitucionalidad de la norma; ypor último, el 11 de noviembre siguiente, la Corte se pronunció en favor también de la LeyEstatutaria de Garantías Electorales, instrumento legal complementario al Acto Legislativo02 de 2004.
La sentencia del 11 de noviembre fue la señal que Uribe estaba aguardando para lanzar oficialmente su candidatura reeleccionista en los comicios de 2006. El 28 de noviembre elmandatario se dirigió a la nación para anunciar su voluntad de postularse de nuevo yposibilitar así que "nuestra patria consolide la seguridad democrática, cumpla las metassociales de erradicación de pobreza y destierre definitivamente la corrupción".
Uribe arrancó la campaña electoral cómodamente recostado en un conglomerado de sietepartidos propresidenciales de centro y derecha, a saber: el PCC, Cambio Radical, AlasEquipo Colombia, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Colombia Viva y, enespecial, el Partido Social de Unidad Nacional (PSUN), usualmente llamado Partido de laU, el cual empezó a tomar forma en mayo de 2005 bajo el impulso principal del exministro y economista liberal Juan Manuel Santos Calderón, primo del vicepresidente Francisco
Santos y convertido en hombre de confianza de Uribe, quien le encomendó esta empresa.
Numerosos congresistas en activo, ex miembros del Gobierno y dirigentes retirados delPL y el PCC se unieron a la iniciativa y el 31 de agosto de 2005 el Partido de la U seconstituyó formalmente con la adhesión inicial de 17 senadores y 27 representantes. Encuanto al propio Uribe, no se afilió a una colectividad de la que era artífice intelectual ytécnicamente mantuvo la condición de hombre sin partido, aunque en las eleccionespresidenciales, para cumplir la ley, se dejaría postular de nuevo por la asociación PrimeroColombia
De entre los partidos que aceptaban la etiqueta de uribistas, el PSUN alardeaba de ser el
más uribista de todos, y aunque su plataforma era más corporativa que ideológica, losperfiles y trayectorias de algunos de sus miembros más notorios indicaban unosplanteamientos derechistas. Esta sensación se reforzó y adquirió tintes de alarma enenero de 2006, coincidiendo con una de las etapas más intensas de la desmovilización delas autodefensas (que incrementó los desarmados hasta casi los 20.000 desde elcomienzo del proceso), cuando el Partido de la U y Cambio Radical expulsaron de susfilas a varios legisladores y candidatos al Congreso al descubrir que mantenían vínculoscon el paramilitarismo.
El escándalo de la parapolítica, la criatura civil e institucional del fenómeno paramilitar,asomaba en el horizonte, pero ahora mismo lo que le tocaba a Uribe era recibir unapabullante respaldo popular en las urnas, como no se recordaba en la centenaria
democracia colombiana. El 12 de marzo, en las legislativas, el bloque uribista acaparó entorno al 60% de los votos y metió 93 representantes y 70 senadores en el Congreso,proporcionando al Ejecutivo una confortable mayoría absoluta.
El PL fue la lista más votada para la Cámara, pero en el Senado el PSUN le superó.Haber sacado tres diputados más así como dos senadores menos que un partido que notenía ni un año de vida y que encima acogía a sólo una parte del uribismo constituyó unfracaso sin paliativos y una humillación para la histórica formación que mantenían a floteCésar Gaviria y Horacio Serpa. La adopción de un programa de corte socialdemócrata
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con hincapié en el gasto social no salvó al PL del revés. En cuanto al PDA de CarlosGaviria y Antonio Navarro Wolff, que representaba la izquierda sin matices, con 14representantes y 10 senadores, tuvo un debut electoral discreto.
Con estos resultados, apenas quedó margen para la duda sobre lo que iba a suceder enla elección presidencial del 28 de mayo. Todos los sondeos concedían a Uribe la victoria
en la primera vuelta, como mínimo con un 55% de los votos y más que duplicando laintención de voto de su perseguidor mejor situado, el polista Gaviria, enfrentado en lasurnas con su antiguo alumno universitario. Lo que sucedió fue que Uribe se proclamópresidente para el período 2006-2010 con el 62,3 % de los votos, traducido en papeletas,7.360.000, millón y medio más que en 2002. Gaviria aguantó el huracán uribista con el22% y Serpa quedó barrido con el 11,8%. La participación fue del 45,1%, luego algoinferior a la de 2002.
El 7 de agosto de 2006 Uribe tomaba posesión de su segundo y –entonces, con laConstitución en la mano, no había motivos para dudar de lo contrario- último mandatocuatrienal, en presencia de once colegas latinoamericanos. Se hicieron notar lasausencias de cinco dirigentes del llamado eje de izquierda sudamericano: el venezolano
Hugo Chávez (con el que las relaciones eran intermitentemente tormentosas), el brasileñoLuiz Inácio Lula da Silva, el boliviano Evo Morales, el argentino Néstor Kirchner y el uruguayo Tabaré
Vázquez.
En su discurso, Uribe se comprometió a imprimir a su política un giro social para atender el enorme problema de la pobreza, que seguía castigando a la mitad de colombianospese a las buenas cifras del crecimiento económico y que era el resultado de uno de lossistemas de distribución de la riqueza menos equitativos del continente, y reiteró la ofertade paz a las guerrillas sobre la base de la PSD y a cambio de "hechos irreversibles".
El mandatario no mencionó el balance del proceso de desmovilización de lasautodefensas, que según el Gobierno había conseguido el desarme de 30.000 violentos y
que permitía hablar de su disolución orgánica. Proceso que, sin embargo, amenazó condescarrilar antes de completarse a finales de año, cuando el colectivo de 59 comandantes
paracas recluidos en centros especiales declaró rotos los tratos con el Gobierno por sureciente traslado a un penal de máxima seguridad en el metropolitano de Medellín,medida que según ellos violaba los compromisos acordados, y en protesta también por ladecisión de la Corte Constitucional, en su sentencia de exequibilidad parcial emitida enmayo, de anular varios puntos polémicos de la Ley de Justicia y Paz, en particular elartículo que equiparaba al paramilitarismo con la sedición, un delito político. Al perder lacondición de sediciosos, estos jefes quedaban expuestos a una "inseguridad jurídica" enrelación con las extradiciones, que permanecían en suspenso por orden presidencial.
Uribe respondió que el Gobierno no consideraba roto el proceso de paz, pero advirtió que
aquellos mandos de las AUC que no acataran escrupulosamente las condiciones delEstado y volvieran a delinquir –se sabía con seguridad que varios de los apresadosseguían ordenando la comisión de asesinatos- perderían los beneficios de la Ley deJusticia y Paz, y si tenían procesos de extradición en suspenso, éstos se activarían denuevo.
A la crisis del proceso de paz con los paramilitares se encadenó la crisis política, devastas proporciones y estrechamente ligada a la anterior como las dos caras de unamisma moneda, que desató el escándalo de la parapolítica, también conocido como
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Paragate. La conmoción empezó en noviembre de 2006, cuando la Corte Suprema deJusticia (CSJ) abrió una investigación indagatoria a decenas de legisladoresdepartamentales y nacionales por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y elnarcotráfico.
Las sospechas judiciales apuntaban a una situación de extrema gravedad: varios
responsables políticos se habrían conchabado con los grupos paramilitares para obtener de éstos, por medio de la intimidación y la violencia ejercidas contra la población civil enlas áreas que controlaban, respaldos electorales necesarios para alcanzar puestos derepresentación popular en los diversos escalones de la organización del Estado; acambio, una vez llegados a los cargos, estos políticos y funcionarios habrían desviadodineros para financiar a los escuadrones ilegales, así como colaborado en sus crímenesfacilitándoles información y decidiendo con ellos a quiénes había que matar o secuestrar.
Los interrogatorios judiciales dieron pie a decenas de arrestos y encarcelamientos por sospechas fundadas de actuaciones delictivas. Entre los primeros detenidos y procesadospenalmente estuvo el senador Álvaro Araújo Castro, miembro de Alas Equipo Colombia yhermano de la canciller María Consuelo Araújo, la cual, en un duro golpe para Uribe, que
apostó por sostenerla hasta el último momento pero que no pudo esquivar las presionesestadounidenses, presentó la dimisión el 19 de febrero de 2007; el presidente lareemplazó por Fernando Araújo Perdomo, antiguo ministro conservador con Pastrana yque el último día de 2006 había protagonizado un valiente acto de fuga de las FARC, trasseis años de cautiverio, al socaire de un operativo de rescate del Ejército.
La sangría política se prolongó durante todo 2007 y la primera mitad de 2008, conexplosivas repercusiones en el debate público. En abril de 2007 el Paragate alcanzó aMario Uribe, el jefe de Colombia Democrática y el primo del presidente, quien fue ligadopor Salvatore Mancuso, preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, a su persona:según éste, el senador se había reunido "una o dos veces" con él para tratar posiblesapoyos políticos de las AUC en municipios cordobeses.
El ventilador puesto en marcha por el mandamás de las AUC, quien se había jactado deque el "35% del Congreso" estaba bajo el control de su organización y que ahora sedespachó a gusto sobre la existencia de un "paramilitarismo de Estado orquestado por lospoderes económicos" cuyo esclarecimiento en nombre de la "verdad" exigía la asunciónde "responsabilidades" por los políticos y empresarios involucrados, salpicó también alvicepresidente Francisco Santos, quien le había "sugerido" la creación de un frentecontraguerrillero en Bogotá, y a Juan Manuel Santos, ahora mismo ministro de Defensa,quien le había pedido a él y a Carlos Castaño "ayuda para tumbar" al entonces presidenteErnesto Samper, en la cuerda floja por el escándalo de la financiación de su campañapresidencial por el cártel de Cali.
La cascada de investigaciones e imputaciones sobre personal de su entorno más cercanopuso a prueba el aplomo y la frialdad de un presidente que vio amenazados su logro máscacareado, la desmovilización de las autodefensas, y el conjunto de su legado político. ElPDA, con la satisfacción moral que le producía ser el único partido importante que semantenía intacto en la tormenta de la parapolítica, arremetió contra "la dictadurapopulista" de un hombre que encima había permitido la "infiltración" del narco-paramilitarismo en la alta política y las instituciones de la República.
Además, era inexacto que el paramilitarismo propiamente dicho hubiera abandonado la
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escena, ya que si bien era cierto que las AUC ya no actuaban a campo abierto, nuevosgrupos clandestinos y sin ningún interés por someterse a la Ley de Justicia y Paz habíanhecho su aparición para tomarles un siniestro relevo; el más notorio, las Águilas Negras,dedicado sin tapujos al gangsterismo y el narcotráfico, cuyo probable jefe era VicenteCastaño, convertido en fugitivo de la justicia.
Uribe insistió en defender la honorabilidad de sus subalternos y en expresar su totalrespeto y confianza en la acción de la justicia. La irritación presidencial se manifestóespecialmente cuando, al fragor del escándalo, resurgieron las viejas acusaciones deconnivencias familiares, en particular de su hermano Santiago, y de él mismo con elnarcotráfico y el paramilitarismo (presuntos usos por los paras de las haciendas LasGuacharacas y La Carolina, y de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia paraperpetrar sus fechorías), y sobre los abusos y violaciones de las cooperativas Convivir.
El 20 abril de 2007, en una inusual rueda de prensa televisada en la Casa de Nariño, elmandatario acusó a sus detractores del PDA de liderar una campaña de "calumnias" y"mentiras" que buscaba "bloquear la confianza internacional en nuestro país" y torpedear la firma del TLC con Estados Unidos. Las graves consecuencias de estas "acusaciones
miserables" ya se estaban haciendo sentir: hacía apenas unas horas, aseguró, el exvicepresidente estadounidense Al Gore había cancelado un encuentro con él en Miamitras conocer lo que del estadista colombiano se decía en su país.
Un año después, sin embargo, Uribe seguía sin dar una respuesta satisfactoria a lacuestión fundamental: la de que cómo era posible que cerca de la cuarta parte de los 268congresistas de la nación, incluida su presidenta, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, deCambio Radical, y el presidente del Partido de la U, el senador Carlos Armando GarcíaOrjuela, tuvieran abiertas diligencias judiciales en su contra. García Orjuela, acusado por la Sala Penal de la CSJ de haber tenido alianzas políticas con el desaparecido BloqueTolima de las AUC, fue capturado por la Policía en julio de 2008.
En ese momento, sólo congresistas elegidos para la legislatura de 2006-2010 estabandetenidos o bajo orden de captura 34, de los cuales 23 eran representantes y 11senadores: seis pertenecían al PL y el resto al bloque uribista. Ninguno de los sietepartidos propresidenciales quedó indemne, llevándose la palma en cuanto a número dearrestos Cambio Radical y el PCC. La lista de investigados, procesados y encarceladosse alargaba desmesuradamente por la inclusión de antiguos congresistas, gobernadores,alcaldes, concejales y otros funcionarios.
Abril de 2008 fue un mes particularmente infausto para Uribe. Primero, la exrepresentante Yidis Medina Padilla destapó que en 2004 había aceptado votar a favor dela reforma constitucional que permitió la reelección presidencial a cambio de una promesade gratificaciones económicas y políticas, soborno que según ella le había sido ofrecido
por, entre otros, Uribe en persona. El presidente lo negó rotundamente.
Días después, el 22, Uribe recibió como un mazazo la peripecia de su primo Mario,investigado por la CSJ desde el mes septiembre: nada más enterarse de la orden dedetención emitida en su contra por la Fiscalía General, se dio a la fuga y tomó refugió enla Embajada de Costa Rica en Bogotá; allí solicitó el asilo político, pero éste le fuedenegado, optando entonces por entregarse a la justicia. Al día siguiente, el mandatario,en una entrevista a Radio Caracol, confesó su "profundo dolor" por la puesta de su primoa disposición judicial, indicó que no descartaba disolver un Congreso con la credibilidad
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minada para adelantar las elecciones generales o convocar una Asamblea Constituyentey, chocantemente, reveló que un paramilitar convicto por crímenes pretendía implicarlo enuna masacre de 19 campesinos cometida por las AUC en una aldea antioqueña enoctubre de 1997, cuando él era gobernador.
El reo en cuestión se llamaba Francisco Enrique Villalba Hernández y en, efecto, los
medios difundieron un testimonio suyo realizado a la Fiscalía en enero según el cual elentonces regidor departamental había participado en una reunión en La Caucana,municipio de Tarazá, donde se estudió una operación de rescate de secuestrados enmanos de las guerrillas, operación que desembocó en la citada masacre. Cuando Villalbay sus hombres regresaron con los liberados, el gobernador Uribe les felicitó. Villalbaañadía que a esta reunión asistieron Santiago Uribe, Carlos Castaño, Mancuso, el generalCarlos Alberto Ospina Ovalle –futuro comandante general de las Fuerzas Militares, entre2004 y 2007-, el entonces director de la Policía Nacional, general Rosso José SerranoCadena, y otros altos mandos militares y policiales.
Uribe desmintió todo, pero además se tomó la molestia de afirmar que podía demostrar lafalsedad del testimonio del paramilitar, con datos como las bitácoras de vuelo del
helicóptero en el cual se desplazaba, que probaban que ni había estado en la reuniónmencionada ni visitado nunca La Caucana. La credibilidad del presidente quedó vindicadatres meses después, en julio de 2008, al salir Villalba a retractarse, a través de una cartadirigida personalmente a los hermanos Uribe, en la que les pedía "perdón por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública".
Tras los explosivos acontecimientos de abril, Uribe contraatacó con dos decisiones muyrelevantes: la primera, intentó desinflar la imagen de un presidente, de una manera o deotra, acosado por el pasado y el presente de las AUC y sus largos tentáculos; la segunda,buscó reafirmar su iniciativa ejecutiva frente a quienes cuestionaban su legitimidad comogobernante.
Así, el 13 de mayo de 2008 Colombia extraditó por sorpresa a 14 jefes paramilitares aEstados Unidos, cuya justicia les reclamaba por narcotráfico, lavado de dinero yfinanciación del terrorismo. Entre los entregados a los agentes de la DEA, que lossubieron esposados a un avión con destino a Miami, estaban Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 , Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna y FranciscoJavier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo. El presidente justificó el final de la suspensión desus extradiciones porque los prisioneros habían incumplido los compromisos asumidos enel proceso de paz. La decisión presidencial recibió múltiples lecturas.
Por una parte, Uribe demostraba con hechos la sinceridad de sus palabras cuandonegaba que se hubiese pactado secretamente la impunidad de los desmovilizados. Por otro lado, se hacían notar las presiones de Estados Unidos y la urgencia de Bogotá por
remover obstáculos a la ratificación del TLC por el Congreso del país norteamericano.Voces de la oposición hablaron de constatación del "fracaso" del proceso de paz con lasAUC, mientras que las víctimas, en lo que fueron respaldadas por las ONG, exigieron quelas extradiciones no fueran la excusa para dejar de realizar juicios en casa por crímenesde lesa humanidad; si los capitostes de las autodefensas escapaban del alcance de la
justicia colombiana, opinaban, eso equivaldría a otorgarles impunidad por los delito másatroces.
El siguiente aldabonazo lo dio Uribe a finales de junio, con su furibunda respuesta a la
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Sala Penal de la CSJ por su petición, contenida en el fallo que condenaba a Yidis Medinaa 47 meses de prisión domiciliaria por un delito de cohecho, de que la CorteConstitucional revisara la reforma constitucional de 2005 que posibilitó la reelecciónpresidencial ante la comisión de una "manifiesta desviación de poder". El presidenteacusó al alto tribunal de "abuso de poder" y "usurpación de competencias", y, para zanjar el enfrentamiento, anunció su intención de encargar al Congreso la convocatoria "con la
mayor celeridad" de un proyecto de referéndum para que los colombianos decidieran silas elecciones de 2006 debían repetirse o no.
Sucediera lo que sucediera, y sin tener que esperar a 2010, Uribe, con seis años depresidencia ininterrumpida, ya se había convertido en el jefe de Estado colombiano másduradero desde la independencia de España en 1831: ni el dictador Gustavo Rojas Pinilla,aupado en el golpe de Estado militar de 1953, consiguió superar el acostumbrado períodode cuatro años.