LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA

Documento preparado por Hernán Jaramillo y Mauricio Cuestas para el Ministro de Hacienda

Foro del Seminario sobre Educación Superior Santafé de Bogotá, septiembre de 1999

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1) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EDUCACION

SUPERIOR

Cambiar el rumbo actual de la educación superior, se constituye en un imperativo de orden social, ético y académico. La educación superior no puede continuar sin un proyecto político ni académico. La educación superior entendida como sistema institucional presenta hoy en día los siguientes atributos predominantes: un deterioro permanente de su calidad; una confusión y por tanto escasa diferenciación de las entidades del sistema en su conjunto, que ha conducido a la confusión de conceptos y funciones organizacionales en los que ‘ la diferenciación’ se da no por contenidos, sino por formas, lo que a su vez ha llevado a la imprecisión de nomenclaturas y sobreposiciones, en donde lo relevante es la pérdida de identidad, de misión organizacional, de parámetros y de excelencia; una atomización de entidades, programas y títulos de las más variadas calidades y tamaños, de desiguales dotaciones e infraestructura y de objetivos disímiles; inadecuada formación por niveles y escasa integración en los mismos; desdibujamiento de conceptos preciados como el de la autonomía, con sus respectivas implicaciones académicas, financieras y administrativas, y donde predomina lo formal y no lo real, por cuanto no está implementada como autoridad académica y del saber, fuente única que emana de la calidad, y en virtud de la cual y solamente de esta, le puede posibilitar la libertad para organizarse y autocontrolarse, produciéndose como resultado de una concepción equivocada de la autonomía, la incondicionalidad para establecer cualquier oferta educativa, para organizarse administrativamente sin control y rendición de cuentas a la sociedad, para en muchos casos designar autoridades académicas sin academia y para elegir sin responsabilidad, para escatimar bajo diversos argumentos la construcción de información que refleje la calidad, la gestión y la eficiencia; una limitada capacidad autoregulatoria y gran confusión de funciones y en un mismo espacio el ejercicio del fomento, la inspección y vigilancia, la regulación y el establecimiento de políticas; asimetrías de información que al no resolverse transparentemente posibilitan los niveles de incertidumbre y la captura engañosa de un mercado en donde la expansión de la cobertura es inversamente proporcional a la calidad; bajo nivel del profesorado, pero eso sí establecimiento de derechos adquiridos para la garantía de la estabilidad sin productividad, sin evaluación y sin sometimiento a certificación de conocimientos por parte de los usuarios y la sociedad; y finalmente, un financiamiento subsidios inadecuados, que no atienden a criterios de equidad, eficiencia, calidad y resultados, dado que prima la asignación histórica inercial por una parte, y por otra, mecanismos extra-académicos en la negociación de recursos adicionales con la nación. Cabe advertir que esta caracterización general del sistema en su conjunto, no invalida las excepciones honrosas y significativas que existen en la educación superior. En este estado de situación general no se pueden ocultar los grandes esfuerzos y la gran transformación que está ocurriendo en algunas, quizás muy

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pocas, instituciones de educación superior del país, tanto públicas como privadas, y que conforman el semillero del verdadero capital social acumulado para poder realizar la transformación de la sociedad colombiana y la construcción de la educación superior en cuanto productora de ‘bienes públicos’ para la nación. Y esta caracterización del sistema de educación superior y las excepciones mencionadas llevan a un punto fundamental: derivar de las experiencias institucionales exitosas, de sus cambios y congruencias organizacionales, de sus estrategias y políticas, para extraer de allí los elementos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de poderlos extrapolar y permear las políticas y estrategias de cambio de la educación superior, con la velocidad y urgencias que el momento actual requiere La necesidad de trasformar la educación superior del país para que pueda responder la los nuevos retos de la globalización, la competitividad y la equidad, demanda la realización de cambios en los valores, códigos de conducta, reglas del juego, compromisos, nuevas confianzas, y desempeños organizacionales, regidos con el único propósito de convertir a las instituciones de educación superior en verdaderas organizaciones del conocimiento y productoras de ‘bienes públicos’. Este es el sentido que el gobierno nacional le quiere dar a la educación superior colombiana y por eso mismo en el Plan Nacional de Desarrollo: Cambio para Construir la Paz, se introducen los requerimientos, concepciones, cambios y orientaciones que deben guiarnos a la superación de la crisis y estado de situación actual y conducirnos hacia la gran transformación de la educación superior colombiana. Antes de seguir es preciso una aclaración fundamental que permite por una parte, distribuir responsabilidades sobre el estado de la situación actual, y por la otra, construir de una manera diferente los nuevos compromisos que se requieren. Esta aclaración se refiere a la definición y establecimiento de las políticas públicas. La política de educación superior, como todas las políticas públicas, no representan una responsabilidad aislada del ámbito gubernamental, ni tampoco del ámbito educativo o científico exclusivamente, sino que estas surgen de las condiciones en que se relacionan los actores, las instituciones y las creencias en el espacio de lo público, y por tanto, dependen del grado de su correspondencia. Es decir existe una corresponsabilidad en su establecimiento y posterior desarrollo. Las universidades, instituciones de educación superior, y los actores del sistema hacen parte de la construcción o ‘deconstrucción’ de políticas públicas ‘socialmente deseables’, y si se actúa con sentido de lo ‘publico’, es decir de sociedad, se debe actuar en beneficio del bien común, evitando en todo momento el establecimiento de privilegios que únicamente conducen a la ‘captura desmesurada de rentas’ y a la privatización de lo público. Y un punto adicional, la gobernabilidad del sistema de educación superior depende de la formulación de políticas predecibles, abiertas e ilustradas -es decir transparentes-, de una

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burocracia imbuída de un ethos profesional, de una rama ejecutiva que responde por sus acciones y de una sociedad civil vigorosa que participa en los asuntos públicos y responde y da cuenta a la sociedad por ellos. Una primera consideración y fundamental en la concepción planteada en el Plan Nacional de Desarrollo es que la ciencia y la tecnología, y por tanto el conocimiento, son el punto de entrada fundamental para la educación superior, y esta articulación entre ciencia, conocimiento, tecnología e innovación debe responder a cuatro grandes desafíos: educar para la ciencia y la tecnología; formar investigadores científicos y tecnológicos; hacer investigación desde la ciencia y la tecnología; y preparar los recursos humanos, desde la exelencia y calidad, en los diferentes campos y niveles que requiere la competitividad de la sociedad colombiana. En este sentido y como se plantea en la concepción del Plan Nacional de Desarrollo, las instituciones de educación superior y en particular la universidad se deben concebir como organizaciones de conocimiento. Así entonces, deben trascender la función tradicional de transferir conocimiento, para participar activa y responsablemente en la construcción de la sociedad colombiana. Desde esta perspectiva la educación superior a la vez que debe responder a la generación de conocimiento, su responsabilidad se encuentra también en la aplicación y uso del mismo en procesos de innovación, tanto en el sector productivo, como en el sector social. Establecida esta columna vertebral en la concepción de educación superior y a partir de ella, se pueden vislumbrar los cambios y desarrollos que se requieren en aspectos tales como la autonomía; la equidad; el financiamiento; la evaluación de resultados; la formación y política de docentes; la educación técnica y tecnológica; la formación por ciclos y la flexibilización curricular; la acreditación; la calidad; la diferenciación institucional de acuerdo a las particularidades de propósitos, visiones y misiones; la organización institucional del sistema y su regulación y autorregulación; la gestión administrativa y su responsabilidad social las condiciones de descentralización y regionalización; la interacción entre la educación superior, el sector productivo y la sociedad; el sistema de información; y finalmente, la interacción con el sistema científico y tecnológico. Veamos brevemente algunos de los temas mencionados y la precisón y orientación de los cambios que se requieren: La autonomía la autonomía está ligada indisolublemente al concepto de universidad, a la calidad del saber que se imparte y a su pertinencia. La autonomía plena no se otorga, si no que se gana; no se concede, sino que se reconoce. Es la aceptación de una autoridad académica que emana de las instituciones de calidad, y en virtud de ella, les posibilita la libertad para organizarse y autocontrolarse para alcanzar sus propósitos y realizar sus fines. La ley garantiza la autonomía universitaria, pero debe velar por la calidad del servicio educativo a través del supremo ejercicio de

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inspección y vigilancia. Es la concepción no dicotómica de autonomía y control para garantizar la calidad. Y cuando no se ejerce la inspección y vigilancia o se la desempeña irresponsablemente, la autonomía se desdibuja. La correspondencia entre lo que una universidad dice ser y dice hacer con lo que efectivamente es y hace, revela su grado de coherencia y de conciencia. Y por tanto, para que la autonomía sea reconocida es necesario que la responsabilidad y la calidad se hagan visibles y se expongan a la sociedad. Desde esta perspectiva, la libertad que tienen las isntituciones de educación superior para definir su oferta educativa no puede ser incondicional, sino que debe estar sujeta a la organización propia del conocimiento, al cumplimiento de su función social y de la producción de ‘bienes p’ublicos’, y a las condiciones que demanda el ejercicio de las profesiones para garantizar un desempeño idóneo y etico. En síntesis el concepto de autonomía exige una rendición de cuentas, tanto en lo académico, como administrativo, presupuestal y de función social. La auonomía universitaria debe estar acompañada y reconocida por los procesos de acreditación nacional e internacional y por la construcción y entrega de información oportuna, veraz y universal La equidad La equidad está referida a tres conceptos fundamentales: el acceso y ampliación de cobertura; la eficiencia y legitimidad en la administración de los recursos y en la pertinencia social y del conocimiento de los programas que se organizan. La situación actual nos revela una gran inequidad del sistema de educación superior en cuanto a su acceso y cobertura, dado que que la gran expansión de esta no se está dando en las instituciones públicas y privadas de calidad y excelencia, sino que por el contrario, la gran oferta educativa proviene de instituciones de baja calidad, lo que en el mediano y largo plazo tiende a perpeturar y profundizar una distribuición inequitativa del ingreso, una escasa movilidad social, y una discriminación en los mecados laborales y en la profundización de la tasa de desempleo estructural. En este sentido es necesario y urgente el replanteamiento de la estructura del sistema de educación superior y su modo de operar. Hay que considerar nuevas alternativas curriculares, estructurar los niveles educativos por ciclos flexibles y no terminales, establecer la movilidad de profesores y estudiantes, perfilar nuevas modalidades de educación permanente y crear programas académicos que desde la excelencia y la calidad correspondan con las futuras tendencias del mundo del trabajo.

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El financiamiento Introducir mecanismos normativos que contemplen la asignación de recuros no basados en patrones históricos e inerciales, ni en negociaciones extraacadémicas debe ser un reto fundamental, para lo cual hay que avanzar en la asignación de recursos que estén basados en la competencia entre las instituciones, de acuerdo con criterios de calidad, gestión, productividad, generación de recursos propios, eficiencia y pertinencia, evaluación de resultados, complejidad de la oferta académica , capacidad de investigación científica y tecnológica, establecimiento de programas de maestría y doctorado, y cumplimiento de actividades que generen beneficios sociales asociadas al concepto de función de la universidad, es un reto que debe afrontar el sistema de educación superior en un marco de autonomía y responsabilidad. Se debe transitar, sin substituirlos plenamente, de los subsidos de oferta hacia los subsidios de demanda, lo cual requiere el otorgamiento de crédito educativo que facilite las condiciones de acceso a la universidad a los estratos socio-económicos de más bajos ingresos. El subsidio a la demanda debe estar condicionado al ingreso a instituciones de educación superior que cumplan con los requerimientos de calidad, excelencia y transparencia y que observen con rigurosidad las normas, y los procesos de acreditación. El papel del crédito educativo y la orientación de los subsidios debe priorizarse hacia las actividades y programas de ‘baja rentabilidad’ y grandes externalidades para la sociedad y hacia los estudiantes meritorios con baja capacidad económica. Calidad, diferenciación institucional y política docente La calidad de las instituciones educativas y de sus programas educativos debe estar referida a los atributos, a las características o propiedades universales y específicas que deben exhibir de acuerdo con su naturaleza y carácter, así como de los procesos que configuran tales características. En el examen de la calidad tanto de las instituciones como de los programas, se involucrarán criterios como: la universalidad del conocimiento, según los campos de acción que trabaja la institución de acuerdo con lo establecido en la Ley; la integridad con que la institución da cumplimiento a sus tareas, y la preocupación por el respeto a los valores universales que configuran el “ethos académico”; la equidad en las decisiones y acciones de la institución su sentido de la justicia y la tensión que pone para cumplir la exigencias que se desprenden de la naturaleza de la educación como un servicio público; la idoneidad para cumplir a cabalidad y en forma competente su misión, propósitos y objetivos; la responsabilidad en el manejo de su autonomía y la conciencia que tiene de las consecuencias de sus acciones; la coherencia entre las partes y componentes de la institución, la correspondencia entre su misión y lo que realiza, la adecuación

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de las políticas y medios a los propósitos institucionales; la transparencia para dar cuenta ante la sociedad y el Estado de sus condiciones, acciones y resultados. La diferenciación institucional ha llevado a que se presente una confusión en torno de lo que se entiende por universidad; entidades de las más variadas calidades y tamaños; de muy desiguales dotaciones e infraestructura; con objetivos disímiles; algunas de ellas son centros de excelencia en la docencia y la investigación; otras producen profesionales en serie y de dudosa idoneidad. Esto ha pervertido los títulos y ha obligado al mercado a diferenciar de acuerdo con el prestigio de las instituciones de las que proceden sus egresados. Se impone, entonces, una redefinición de las instituciones del sistema de educación superior, que cada una ocupe el lugar que según sus posibilidades, recursos y vocación le corresponde. Existen, por ejemplo, universidades con vocación profesional, de buena calidad y tradición. Esta jerarquización no discrimina, cada entidad debe ser buena en el contexto y de acuerdo con las actividades que debe asumir, y el papel social que juega. Pero la redefinición no es un prurito académico, es una necesidad histórica; la expansión de la oferta en educación superior debe lograrse en organizaciones que asuman la formación técnica y tecnológica y en estudios de corta duración. No son, pues, los pregrados universitarios los que tienen el rol preponderante, sin desconocer su trascendencia, en esta fase del desarrollo. Los países que han asumido la vía, y son muy numerosos, de fomentar los ciclos cortos han logrado reducciones substanciales en los costos, disminución en las tasas de deserciones y ampliaciones notables en la cobertura. Esa multiplicación de la oferta educativa superior tiene una doble componente: apunta a la equidad, al multiplicar la cobertura, y con énfasis, en los sectores de menores ingresos; y un factor de desarrollo, en lo técnico y lo tecnológico, en la investigación, las maestrías y en los doctorados está el fundamento del despegue de nuestro sistema económico, un compromiso conjunto entre la empresa y el sistema educativo. La excelencia académica depende, en gran medida, de la calidad, competencia, compromiso y motivación del cuerpo docente. La calidad depende de quienes hacen y producen el saber, es decir, de los docentes e investigadores. La universidad es lo que son sus profesores, y su historia es la historia de sus académicos: de su formación, de su prestigio, de los nichos que han construido. Mientras que en Colombia es docente todo aquel que enseña, en los demás países las categorías dan cuenta exacta de los méritos y de la trayectoria del profesor y el carácter pleno de este título sólo se le concede al “titular”. Y para lograr su estabilidad tiene que probar ante pares su capacidad de producción. De ahí que la calidad tenga en el proceso de selección y promoción de sus docentes,

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a uno de sus principales condicionantes. Es necesaria la adopción de un estatuto que refleje jerarquías en la autoridad del conocimiento. De ser posible, se debe trazar un marco mínimo para las universidades públicas y privadas. Un estatuto que realmente estableciera una carrera de méritos, para premiar el esfuerzo personal y el rendimiento académico, debería tener, entre otras, las siguientes características: ingreso a la universidad por concurso; definción de las categorías con precisión, de tal suerte, que sean explícitas las condiciones mínimas para acceder a ellas, y que por tanto sean las categorías las que discriminar según la función, actividad y productividad de los profesores, y además que para acceder a ellas se tenga que concursar; que el reconocimientos parciales (en puntos o en salarios) por productividad académica (artículos, libros, dirección de tesis, etc.). se incorporen a la categoría quien es la que debe contener la exigencia y la valoración de dicha productividad, de modo tal que el profesor que gane los concursos reciba aumentos importantes en su asignación; para ascender entre las categorías.el profesor debe, además de cumplir los requisitos que ella impone, sustentar verbalmente y por escrito un tema en el campo de su actividad y someter a evaluación, por pares externos, lo que el propio docente considere que es su mejor o sus mejores productos; .debe haber evaluación de permanencia en las categorías, y la estabilidad se la construye cada docente de acuerdo a sus méritos, calidad y productividad. Organización institucional, gestión administrativa e información El actual esquema de la organización institucional que regula la educación superior en sus funciones de gestión y administración, fijación de políticas, vigilancia, control y fomento ha demostrado su agotamiento. Este hecho obedece a la alta confusión en el desempeño de sus funciones y a la escasa efectividad que presenta su organización. Es por ello que se debe pensar en configurar un esquema moderno que sea esencialmente autoregulatorio, entendiendo por tal no la autoregulación del mercado, sino la que resulta de la delegación de poderes del Estado en particulares. El alto interés publico que tiene la educación superior exige que ésta sea adecuadamente regulada por el Estado. El Estado debe asumir un papel regulador y evaluador de resultados, apoyado en sistemas de acreditación e información adecuados en que predominen los criterios de la propia academia y los del beneficio común. Su función debe consistir en la evaluación, basada en indicadores de las instituciones y del sistema en su conjunto. Las instituciones deben gozar de la facultad de asignar sus recursos autónomamente. Un esquema moderno de regulación de la educación superior deberá soportarse en el criterio de separación, reducción y creación de funciones en diferentes organismos, independizando la inspección y

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vigilancia necesaria, de la función de fomento, apoyo y definición de políticas y programas de desarrollo. Así mismo, hay que elevar los niveles de efectividad de la gestión administrativa. El aparato administrativo debe comprender el quehacer académico y actuar prioritariamente como su soporte. Es necesario flexibilizar las estructuras, mecanismos y reglamentaciones. Un sistema de información, planeación y presupuestación congruente con los proyectos académicos, apoyada por las nuevas tecnologías de la información puede constituirse en la mejor herramienta para conseguir operatividad y eficiencia. En este sentido se debe asumir como tarea inaplazable la puesta en marcha de un sistema de información de la educación superior que permita la transparencia y la generación de nuevas relaciones de regulación social e institucional para la toma de decisiones, tanto públicas como privadas. De esta manera garantizar una relación más simétrica entre la información que ofrecen las instituciones públicas y privadas de educación superior, y el Estado, sobre educación superior y la sociedad, apoyados en el establecimiento de mecanismos de control social y de rendición de cuentas. Un sistema de información debe entregar indicadores que permitan diferenciar a la sociedad la calidad de las alternativas de educación superior que se ofrecen y a los estudiantes tomar decisiones, reduciendio sus niveles de incertidumbre, en la toma de decisiones más ilustradas acerca de su futuro profesional.

2) SITUACION ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

El cambio constitucional de 1991 sirvió de marco a la Universidad Estatal para que se le reconociera su particular identidad dentro de la organización del Estado colombiano. En esta perspectiva, el Congreso de la República en 1992 expidió la Ley 30 de 1992, conducente a promover la eficiencia y eficacia de sus organizaciones, ajustando los esquemas tradicionales de actuación y la adopción de marcos adecuados de política que aseguren la financiación institucional y la necesaria rendición de cuentas a partir del ejercicio de la autonomía con responsabilidad. Sin embargo, la Ley definió un marco que ha demostrado ser ineficaz no sólo para regular adecuadamente la autonomía universitaria, sino también en lo referente a la modernización del sistema. A través de dicha Ley y sus desarrollos, se le garantizó a la universidad estatal una financiación automática sin relación con resultados y en ausencia de evaluaciones independientes, esto es, se otorgó una legitimidad de entrada (deductiva). Al no estar obligada la institución estatal a la rendición de cuentas ante la sociedad ni a demostrar periódicamente su pertinencia (legitimidad

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inductiva), las decisiones estratégicas de este subsector quedaron en manos de negociaciones internas entre estamentos y administradores, que pueden resultar muy ajenas a los verdaderos intereses académicos y de la sociedad. ESTRUCTURA DE INGRESOS. A la financiación de las universidades públicas concurren la Nación, las entidades territoriales y las propias universidades. La primera transfiere el monto más importante de recursos, que, en promedio, representan el 60.1% de los ingresos de las universidades estatales. a) Aportes de la Nación. Según el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, “las Universidades Estatales u Oficiales recibirán anualmente aportes de la Nación y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”. La evolución de los aportes de la Nación para la universidad pública entre 1993 y 2000 muestra que, a precios corrientes, se han incrementado por encima de la tasa de inflación en cerca de siete puntos porcentuales, al pasar de $207.8 mil millones en 1993 a $987.6 mil millones en el año 2000, con un crecimiento promedio anual de 24.94%. Es importante señalar que para el año 2000 y a pesar de las dificultades fiscales, el Gobierno Nacional está dando cumplimiento a la Ley, como se observa en el cuadro No 1: b) Aportes de las Entidades Territoriales. De las 30 universidades públicas, sólo 16 reciben aportes de las entidades territoriales, a pesar de que todas benefician a estudiantes de las regiones donde éstas se encuentran. Esto obedece a que desde su creación hasta antes de la sentencia de la Corte Constitucional C-220/97, unas se consideraron del orden nacional y otras del orden territorial. Los aportes de las entidades territoriales representan apenas el 3.3% del total de los ingresos de las universidades. Es preciso señalar que las universidades públicas presionan a la Nación por el cumplimiento de la norma y exigen que se les apropien recursos adicionales mientras las entidades territoriales no cumplen con los aportes mínimos, establecidos en la Ley 30/92, ni cumplen con la participación que establece la norma para el pago de los pasivos prestacionales de las mismas, razón por la cual las universidades deben recurrir al crédito, generando obligaciones financieras por encima de su capacidad de financiación.

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c) Recursos Propios. Los recursos propios de las universidades públicas provienen de inscripciones, matrículas de pregrado, postgrado y cursos de extensión, investigaciones, venta de servicios, recursos por estampilla, etc., y representan el 36.7% del total de los ingresos para las universidades públicas. El esfuerzo de las universidades por generar recursos propios no ha sido significativo. Si bien entre 1980 y 1999 ha pasado del 14.0% al 23.0%, esta mejoría no resuelve significativamente el problema de dependencia financiera que tienen respecto a la Nación. Los derechos de matrícula que se cobran a los estudiantes sólo representan el 30.0% de los recursos propios y aproximadamente el 6.0% del total de las fuentes de financiación de las universidades públicas; esto es, los ingresos por matrícula sólo financian el 6.0% del gasto total. Así pues, mientras que en la universidad privada el 70% de sus ingresos proviene de las matrículas, en la universidad pública sólo alcanzan el 6%. En resumen, de acuerdo con la información suministrada por las universidades, el total previsto en el presupuesto de ingresos de las universidades públicas para 1999 asciende a la suma de $1.364.6 mil millones, de los cuales el 60.1% corresponde a aportes de la Nación, 3.3% a aportes de las entidades territoriales y 36.7% al recaudo por concepto de recursos propios, como se observa en el cuadro No 2: ESTRUCTURA DE LOS GASTOS. En el CuadroNo 3 se presenta la estructura general del presupuesto de gastos de las universidades públicas prevista para la vigencia fiscal de 1999. Como puede observarse, los gastos de funcionamiento representan el 80.9% del total de los gastos, el servicio de la deuda el 3.0% y sólo el 16.1% se destina a inversión. Dentro de los gastos de funcionamiento, lo más representativo son los gastos de personal como consecuencia de los regímenes especiales salariales y del modelo de remuneración establecido para los docentes acogidos al Decreto No.1444 de 1992. Por otra parte, el Gobierno Nacional ha venido asignando recursos adicionales con el fin de sanear los pasivos de cesantías y pensiones de los docentes no acogidos al Decreto No.1444/92, trabajadores oficiales y empleados públicos administrativos de las universidades públicas del orden territorial, de acuerdo con

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lo ordenado por los artículos 88 de la Ley 30 de 1992 y 131 de la Ley 100 de 1993, respectivamente. En cuanto a cesantías, como se observa en el cuadro No 4, el monto total asciende a $61.6 mil millones, de los cuales le corresponde a la Nación la suma de $45.9 mil millones, a los entes territoriales $3.7 mil millones y a las universidades $12.1 mil millones, que se pagarán mediante la expedición de bonos, autorizada por el Decreto No.1202 del 26 de junio de 1998. Con relación a las pensiones, mediante la emisión de bonos de valor constante, se han reconocido a las universidades las sumas pagadas por éstas, así: $105.7 mil millones con corte a 31-XII-96, entregados en enero de 1997; $31.1 mil millones en el segundo semestre de 1997; $26.8 mil millones en el primer semestre de 1998 y $42.7 mil millones en el segundo semestre de 1998. En la actualidad, ya entregaron sus cálculos actuariales, permitiendo una consolidación aproximada del pasivo pensional de las mismas a 31-XII-93, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, el cual asciende a $1.061.6 mil millones, que actualizado a 31-XII-97 significa la suma de $2.671.7 mil millones, de los cuales le correspondería asumir a la Nación la suma de $1.801.2 mil millones, como se observa en el cuadroNo 5. COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR. La cobertura neta en educación superior era del orden de 4.9% hacia mediados de los años setenta, mientras que en 1993 se ubicaba en cerca del 9%, lo que implicó una ganancia de 4.1 puntos porcentuales en dos décadas. Esto representa una ganancia relativa equivalente al 83.7%, pero a costa de no completar con la importante tarea de alcanzar la universalización en la educación básica. En la universidad pública, la relación alumno/docente es cercana a 11. Es posible aumentar la cobertura sin gasto adicional en un 25%. A finales de 1997, Colombia tenía 11.6 millones de niños y jóvenes estudiando, de los cuales 1.1 millones estaban en preescolar, 5.1 millones en primaria, 4.1 millones en secundaria y 1.4 millones en la universidad. De acuerdo con la reciente Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en los últimos cuatro años (entre 1993 y 1997) el sistema educativo incorporó 1.4 millones de colombianos. La expansión en educación primaria fue del 8.5% al pasar de 4.7 millones de cupos en 1993 a 5.1 millones en 1997. Por su parte, la tasa de cobertura en educación superior aceleró su crecimiento en los últimos años, particularmente a partir de la Ley 30 de 1992, al pasar de 0.7 millones de cupos en 1993 a 1.4 millones en 1997.

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PROBLEMÁTICA ACTUAL. El actual esquema financiero de la universidad pública presenta un problema estructural, por cuanto ésta tiene autonomía para crear el gasto sin ningún control por parte de la Nación, la cual financia cerca del 70% de ese gasto. Es decir, existe un divorcio entre quien tiene la capacidad de comprometer el recurso y quien lo asigna, generando así déficits recurrentes cada año. Precisamente por esta circunstancia, según información suministrada por las universidades públicas para la vigencia fiscal de 1999, el déficit previsto asciende a la suma de $187.9 mil millones. Así mismo, la evolución de la educación superior en Colombia, en sus grandes tendencias de desarrollo, no guarda relación con las necesidades del país, en gran medida como consecuencia de un escenario institucional (Ley 30 de 1992 y sus desarrollos), cuya concepción ha demostrado ser ajena a una educación adecuada y de calidad. En 1992 se expidió el Decreto No.1444, en el cual se estableció un nuevo régimen de remuneración del profesor universitario, basado en un sistema de puntos asignados con base en los siguientes factores: títulos universitarios, categoría académica, experiencia calificada, productividad académica y actividades de dirección académico administrativas. En esto no cabe duda, los docentes han mejorado sustancialmente sus condiciones salariales, colocándose inclusive por encima de profesionales de similares niveles de preparación en otros sectores de la actividad nacional, ya que el incremento del salario anual no sólo corresponde a lo decretado por el Gobierno Nacional, sino que además se ha visto incrementado por la nivelación salarial (experiencia calificada y evaluación del desempeño docente) y por la productividad académica, que en el año representan como mínimo entre 5 y 10 puntos porcentuales adicionales para cada docente. Sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por el ICFES y COLCIENCIAS sobre el impacto del Decreto No.1444 de 1992, en muchas universidades públicas, el manejo de éste ha tomado el camino de la apropiación de rentas públicas en beneficio de grupos de profesores, sin contraprestación en un elevamiento de la productividad y de la calidad de la labor académica. Muchas de las universidades públicas no cuentan con mecanismos de evaluación y aplican indiscriminadamente el máximo puntaje por la productividad académica. Incluso algunas han aceptado publicaciones, revistas o impresos universitarios de muy bajo rigor científico o técnico. La experiencia calificada se ha otorgado de manera automática en casi todas las universidades, sin hacer una evaluación del

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desempeño. Han proliferado postgrados de baja calidad, porque les generan recursos a las instituciones y puntos a los docentes. Por el lado de las fallas estructurales, se puede resaltar la inadecuada proporcionalidad entre los puntos que se dedican a pregrado y los que se dedican a postgrado, la antigüedad tiene un peso muy grande en la estructura salarial; cosa contraria a la categoría, cuyo peso debería ser mayor, sobre todo porque ésta, bien reglamentada, premia más el resultado, la calidad, la productividad y la trayectoria. Tal vez el mayor problema del Decreto No.1444 de 1992 es el de otorgar puntos salariales indefinidos en el tiempo por el ejercicio de actividades coyunturales como el desempeño transitorio de un cargo académico-administrativo, o por la publicación de un artículo, que raras veces logra tener un impacto en la comunidad científica y académica. Uno de los factores que presenta el mayor desborde en su aplicación es la productividad académica, en la cual se aplicó virtualmente en todas las universidades el llamado criterio de favorabilidad, que consistió en la asignación de los puntajes máximos en todas las modalidades.Pero, además, como no hubo evaluación de la productividad se colaron masivamente productos de muy baja calidad y hubo confusión en la precisión de las modalidades, de tal manera, que revistas nacionales se consideraron en una modalidad de más alto puntaje o impresos o material didáctico pasaron como libros de textos o ponencias en congresos, se los trató como artículos en revistas nacionales o internacionales. Muchos factores impidieron la transición más estricta: la numerosa productividad sometida a evaluación por los docentes, la falta de criterios por la complejidad del cambio, la ausencia de evaluadores por la carencia de esta cultura, la tendencia nacional a elevar los salarios de los docentes, por el reconocimiento generalizado de que eran bajos, la presión del Gobierno y de las propias administraciones universitarias para que los docentes ingresaran al decreto con el fin de sanear los pasivos por cesantías, las presiones de las agremiaciones docentes. De estos mecanismos utilizados se deben exceptuar la Universidad Nacional y la de Antioquia; sin embargo, fueron altos los puntajes de productividad en las Universidades Industrial de Santander, Valle, Quindío, Nariño y Atlántico, tal como se observa en el cuadroNo 6. Otro factor al cual se le asigna puntos permanentes, a pesar de que su desarrollo es transitorio, es la experiencia administrativa, en donde todas las universidades, con excepción de la de Antioquia, asignan los puntajes máximos, tal como se observa en el cuadro No 7.

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La distribución tanto de los cupos como de los subsidios en la educación superior es regresiva. Del total de la matrícula de la universidad pública sólo el 23% corresponde al 60% de la población más pobre, lo cual conduce a que el 40% de la población con mejores ingresos disfrute del 67% de los subsidios indirectos contenidos en las asignaciones de la Nación a las instituciones de educación superior. Dada esta distribución, el esfuerzo que ha hecho la Nación, en el período de 1993 a 1998, no ha beneficiado en la escala deseable a la población de menores ingresos y ha subsidiado a estudiantes cuyas familias pueden sufragar los costos de la educación. RECOMENDACIONES. Se debe definir con precisión los contenidos de un nuevo marco regulatorio de la educación superior, que supere inconsistencias tan preocupantes como las que se enunciaron anteriormente, con el fin de frenar las tendencias críticas creadas fundamentalmente desde la proliferación de empresas comerciales productoras de cupos, de misiones institucionales sin pertinencia social clara de dicho nivel educativo, como efecto del marco institucional existente. Se requiere la inclusión de mecanismos de control financiero a las universidades y ante todo evitar su germinación sin sostenibilidad. Para la asignación de dineros públicos debe establecerse un procedimiento para que éste se realice considerando la disponibilidad real de recursos por parte de la Nación y ajustándose a indicadores de eficiencia, cobertura, calidad y desempeño financiero. Se necesitan normas e incentivos para que se compartan fortalezas y recursos entre todas las instituciones de este subsistema, que permitan racionalizar y optimizar el uso de la mayor infraestructura docente, investigativa, de equipos y locativa con que cuenta el país. El Estado sólo debe proporcionar recursos globales, razonables y en función de indicadores de eficiencia, y de marcos generales de orientación, bajo el principio general de que el creador del gasto debe ser el financiador del mismo, es decir, cada universidad debe responder financieramente por sus decisiones. Junto con la reforma de la Ley 30 de 1992, algunas de las acciones que deberían adoptarse serían las siguientes: ⇒ Revisión del Decreto No.1444 de 1992, especialmente en lo relacionado con la

asignación de puntos por productividad académica y experiencia administrativa. Esto debe ser cambiado por un sistema de bonificación por cada producción y no de manera permanente;

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⇒ Revisión del sistema del nombramiento de los rectores de las universidades; ⇒ Creación de un Comité Nacional de Asignación de Puntajes para no dejar en

cabeza de cada universidad la asignación de manera indiscriminada e irresponsable, como sucede actualmente;

⇒ Cambiar la asignación de recursos docentes con el mecanismo de créditos

blandos a través del ICETEX y las entidades financieras. Es decir, que el subsidio se dé al estudiante y no a la universidad;

⇒ Se debe estudiar la fusión de algunas universidades de tal manera que se

conviertan en seccionales.

La apertura no planificada de programas, la aplicación laxa del Decreto No.1444/92, el ocultamiento de ingresos a través de fundaciones y la negativa de estas instituciones a recuperar equitativamente costos a través de la matrícula, han conducido a la generación de déficits recurrentes y a quitarle viabilidad financiera a las universidades. Lo anterior es particularmente preocupante si se tiene en cuenta que los factores que limitan el acceso de las personas de menores recursos a la educación superior son factores de demanda, tales como el alto costo de oportunidad, la baja cobertura y calidad de la educación básica y media, y los costos de sostenimiento. Estos elementos señalan la necesidad de establecer un mecanismo de financiación que haga énfasis en la solución de los problemas de demanda que afectan a las personas de menores recursos. Tal mecanismo puede ser un sistema de crédito educativo que se alimente paulatinamente con los aportes que hace la Nación a las universidades públicas. Por lo anterior, se requiere reformar el esquema de asignación de recursos de la educación superior de tal manera que las carreras profesionales con altos retornos privados sean autofinanciables, comprometiendo ingresos de las familias con capacidad de pago y financiando con crédito educativo a los estudiantes de menores ingresos. Para las funciones a través de las cuales la universidad pública genera grandes externalidades y beneficios sociales, la Nación deberá diseñar un mecanismo de asignación de recursos que elimine la asignación automática y que distribuya los recursos en términos de resultados o de acuerdo con indicadores de productividad académica, calidad, complejidad y esfuerzo en la generación de recursos propios.

17

Cuadro No 1 APORTE DE LA NACION A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 1/

VIGENCIAS FISCALES 1993 - 2000 (Millones de Pesos)

AÑOS LEY 30 /92 ASIGNADO RECURSOS ADICIONALES

% LEY 30/92

% ASIGNADO

% I.P.C.

1993 207,797.9 207,797.9 1994 254,739.4 286,789.5 32,050.1 22.6 38.01 22.59 1995 304,873.7 377,413.0 72,539.3 19.7 31.60 19.46 1996 374,733.8 492,623.7 117,889.9 22.9 30.53 21.63 1997 440,986.7 605,682.9 164,696.2 17.7 22.95 17.68 1998 706,832.0 755,292.6 48,460.6 60.3 24.70 16.70 1999 2/ 812,856.8 897,861.5 85,004.7 15.0 18.88 15.00 2000 894,142.5 987,647.7 93,505.2 10.0 10.00 10.00

PROMEDIO 1993 - 2000 23.18 24.94 17.58 1/ Incluye recursos para funcionamiento e inversion sin considerar los recursos del artículo 87 de la Ley 30 de 1992 2/ Incluye recursos adicionales para dar cumplimiento al artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y a la sentencia del Consejo de Estado de

EVOLUCION DE LOS APORTES DE LA NACION A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS VIGENCIAS FISCALES 1993-1999

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

AÑOS

MIL

LON

ES D

E PE

SOS

LEY 30 /92 ASIGNADO RECURSOSADICIONALES

18

Cuadro No 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

VIGENCIA FISCAL DE 1999 CONCEPTO (Millones de Pesos) Participación %

NACION PROPIOS DPTALES TOTAL NACION PROPIOS DPTALES UNIV. NACIONALES 477,998.5 118,557.7 596,556.2 80.1% 19.9% 0,0

UNIV.NACIONAL DE C/BIA 238,582.9

54,339.6

292,922.5

81.4% 18.6% 0,0

UNIV.CAUCA 33,714.9

5,935.1

39,650.0

85.0% 15.0% 0,0

UNIV.PEDAGOGICA 21,052.4

8,527.5

29,579.9

71.2% 28.8% 0,0

UNIV.CALDAS 27,806.3

4,369.1

32,175.4

86.4% 13.6% 0,0

UNIV.TUNJA 38,349.8

16,249.0

54,598.8

70.2% 29.8% 0,0

UNIV.CORDOBA 32,084.3

5,847.3

37,931.6

84.6% 15.4% 0,0

UNIV.CHOCO 11,712.4

1,354.0

13,066.4

89.6% 10.4% 0,0

UNIV.LLANOS 9,174.0

2,390.6

11,564.6

79.3% 20.7% 0,0

UNIV.PEREIRA 26,115.8

2,729.4

28,845.2

90.5% 9.5% 0,0

UNIV.POP.CESAR 7,670.2

3,177.0

10,847.2

70.7% 29.3% 0,0

UNIV.SURCOLOMBIANA 16,862.8

8,919.1

25,781.9

65.4% 34.6% 0,0

UNIV.AMAZONIA 6,615.9

414.2

7,030.1

94.1% 5.9% 0,0

UNIV.COL.M.C/MARCA 5,155.9

4,099.3

9,255.2

55.7% 44.3% 0,0

UNIV.PACIFICO 3,100.9

206.5

3,307.4

93.8% 6.2% 0,0

UNIV. TERRITORIALES 341,971.5 381,601.7 44,504.2 768,077.4 44.5% 49.7% 5.8% UNIV.ANTIOQUIA

92,263.6

85,602.7

5,821.2

183,687.5 50.2% 46.6% 3.2%

UNIV.CARTAGENA 25,885.4

21,426.1

1,180.0

48,491.5

53.4% 44.2% 2.4%

UNIV.NARIÑO 19,385.0

6,868.4

26,253.4

73.8% 26.2%

UNIV.PAMPLONA 8,183.3

5,093.4

388.0

13,664.7

59.9% 37.3% 2.8%

UNIV.ATLANTICO 36,511.6

61,577.0

7,585.0

105,673.6

34.6% 58.3% 7.2%

UNIV.QUINDIO 16,231.6

12,133.4

250.0

28,615.0

56.7% 42.4% 0.9%

UNIV.TOLIMA 12,649.6

7,480.0

2,318.5

22,448.2

56.4% 33.3% 10.3%

UNIV.VALLE 65,663.0

78,622.0

9,394.0

153,679.0

42.7% 51.2% 6.1%

UNIV.DISTRITAL 4,966.6

57,095.7

62,062.3

8.0% 92.0%

UNIV.IND.SANTANDER 29,637.1

23,388.3

899.0

53,924.4

55.0% 43.4% 1.7%

UNIV.MAGDALENA 10,271.5

6,296.0

2,276.2

18,843.7

54.5% 33.4% 12.1%

UNIV.CUCUTA 8,694.4

9,823.5

92.6

18,610.5

46.7% 52.8% 0.5%

UNIV.OCAÑA 1,486.4

1,110.0

20.3

2,616.7

56.8% 42.4% 0.8%

UNIV.SUCRE 3,710.5

1,746.6

613.7

6,070.7

61.1% 28.8% 10.1%

UNIV.GUAJIRA 4,388.0

1,875.4

2,541.6

8,805.0

49.8% 21.3% 28.9%

UNIV.CUNDINAMARCA 2,043.8

1,463.4

11,124.1

14,631.3

14.0% 10.0% 76.0%

TOTAL UNIV.PUBLICAS 819,970.0 500,159.4 44,504.2 1,364,633.6 60.1% 36.7% 3.3% Fuente: Dirección General del Presupuesto Nacional

19

Cuadro No 3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

VIGENCIA FISCAL DE 1999 (Millones de Pesos)

CONCEPTO FUNCIONAMIENTO SERV.DEUDA INVERSION TOTAL UNIV.NACIONALES 570,008.6 7,075.0 105,489.2 682,572.8

UNIV.NACIONAL DE C/BIA 260,629.7

2,017.8

77,447.8

340,095.3

UNIV.CAUCA 38,646.7

1,303.0

39,949.7

UNIV.PEDAGOGICA 23,605.0

6,502.0

30,107.0

UNIV.CALDAS 33,346.7

2,500.0

5,148.0

40,994.7

UNIV.TUNJA 63,852.0

501.0

2,140.0

66,493.0

UNIV.CORDOBA 41,247.5

760.0

921.0

42,928.5

UNIV.CHOCO 17,490.9

52.2

201.1

17,744.2

UNIV.LLANOS 9,975.0

1,991.0

11,966.0

UNIV.PEREIRA 29,296.5

1,154.0

30,450.5

UNIV.POP.CESAR 10,688.4

353.1

2,351.7

13,393.2

UNIV.SURCOLOMBIANA 20,841.0

455.0

4,376.0

25,672.0

UNIV.AMAZONIA 6,754.4

169.9

404.0

7,328.3

UNIV.COL.MAYOR C/MARCA 8,588.0

869.6

9,457.6

UNIV.PACIFICO 5,046.8

266.0

680.0

5,992.8

UNIV.TERRITORIALES 686,103.7 39,431.1 144,431.9 869,966.7 UNIV.ANTIOQUIA

149,841.7

5,439.0

48,872.0

204,152.7 UNIV.CARTAGENA

42,770.0

2,300.0

4,421.0

49,491.0 UNIV.NARIÑO

33,200.1

934.0

5,602.6

39,736.7 UNIV.PAMPLONA

15,187.7

2,129.8

17,317.5 UNIV.ATLANTICO

59,181.0

49,488.5

108,669.5 UNIV.QUINDIO

27,197.5

1,278.0

4,136.0

32,611.5 UNIV.TOLIMA

24,813.5

249.1

3,436.7

28,499.3 UNIV.VALLE

130,248.0

20,309.0

5,640.0

156,197.0 UNIV.DISTRITAL

61,625.9

2,118.2

8,499.5

72,243.6 UNIV.IND.SANTANDER

70,679.1

2,963.0

2,991.5

76,633.6 UNIV.MAGDALENA

18,501.0

887.0

692.0

20,080.0 UNIV.CUCUTA

19,508.7

357.7

1,167.3

21,033.7 UNIV.OCAÑA

2,610.0

626.0

200.0

3,436.0 UNIV.SUCRE

6,695.2

1,522.0

1,190.0

9,407.2 UNIV.GUAJIRA

10,099.8

448.1

2,630.1

13,178.0 UNIV.CUNDINAMARCA

13,944.5

3,334.9

17,279.4 TOTAL UNIV.PUBLICAS 1,256,112.3 46,506.1 249,921.1 1,552,539.5

Participación % 80.9% 3.0% 16.1% 100,0 Fuente: Dirección General del Presupuesto Nacional

20

Cuadro No 4 PASIVO POR CESANTIAS

(Millones de pesos) UNIVERSIDAD Nación Ente Terr. Univers. Total

ANTIOQUIA 11.401,75 876,62 2.045,44 14.323,81 A transferir a la Universidad Bono A 11.401,75 876,62 2.045,44 14.323,81 CARTAGENA * 1.625,13 431,31 229,25 2.285,69 A transferir a la Universidad Bono A 1.337,73 355,04 188,71 1.881,48 A transferir a los Fondos Bono B 287,39 76,27 40,54 404,21 NARIÑO 2.629,01 3,76 497,01 3.129,77 A transferir a la Universidad Bono A 1.072,51 1,53 202,76 1.276,80 A transferir a los Fondos Bono B 1.556,50 2,22 294,25 1.852,97 ATLANTICO 9.706,17 830,04 1.688,19 12.224,40 A transferir a la Universidad Bono A 9.706,17 830,04 1.688,19 12.224,40 QUINDIO * 986,44 22,67 522,63 1.531,73 A transferir a la Universidad Bono A 693,47 15,94 367,41 1.076,82 A transferir a los Fondos Bono B 292,97 6,73 155,22 454,92 TOLIMA 2.889,13 153,71 1.701,22 4.744,05 A transferir a la Universidad Bono A 1.494,58 79,51 880,06 2.454,16 A transferir a los Fondos Bono B 1.394,55 74,19 821,16 2.289,90 VALLE 6.792,52 266,18 3.986,05 11.044,74 A transferir a la Universidad Bono A 4.272,28 167,42 2.507,10 6.946,79 A transferir a los Fondos Bono B 2.520,24 98,76 1.478,95 4.097,95 U.I.S. SANTANDER 5.332,97 656,16 546,37 6.535,50 A transferir a la Universidad Bono A 1.870,58 230,15 191,64 2.292,37 A transferir a los Fondos Bono B 3.462,39 426,01 354,73 4.243,13 MAGDALENA 3.619,41 457,40 447,45 4.524,26 A transferir a la Universidad Bono A 467,86 59,13 57,84 584,82 A transferir a los Fondos Bono B 3.151,55 398,28 389,61 3.939,44 FCO PAULA S. CUCUTA 887,12 0,00 406,06 1.293,18 A transferir a la Universidad Bono A 377,03 172,57 549,60 A transferir a los Fondos Bono B 510,09 233,48 743,58 FCO. PAULA OCAÑA * 8,25 0,68 3,13 12,06 A transferir a la Universidad Bono A 8,25 0,68 3,13 12,06 TOTAL UNIVERSIDADES 45.877,89 3.698,52 12.072,79 61.649,20 Fuente: Información remitida por el ICFES para ser certificada por la DGPN.

21

Cuadro No 5 MONTO ESTIMADO DEL PASIVO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES

DE LAS UNIVERSIDADES TERRITORIALES (Millones de pesos)

PERSONAS TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO PART.% A CARGO

UNIVERSIDADES A 31/12/93 A 31/12/93 ACTUALIZADO NACION DE LA

A 31/12/97 NACION

U. de Antioquia (1) 3,833 216,334.9 541,492.2 78.30% 423,988.4 U. de Cartagena 1,277 64,500.6 162,632.1 63.80% 103,759.3 U. de Nariño 686 51,458.1 130,287.7 85.40% 111,265.7 U. de Pamplona 291 5,801.0 14,687.7 75.00% 11,015.8 U. del Atlántico 1,400 135,214.8 341,962.3 75.60% 258,523.5 U. del Quindío (1) 515 9,703.4 24,568.2 65.90% 16,190.4 U. del Tolima 616 22,353.0 56,154.8 69.80% 39,196.1 U. del Valle 2,627 229,765.7 581,747.6 69.90% 406,641.6 U. Ind de Santander 1,260 154,028.5 383,636.9 84.10% 322,638.6 U. del Magdalena 336 12,269.7 30,103.2 88.70% 26,701.5 U. De Cúcuta 336 5,859.3 14,835.3 75.30% 11,171.0 U. De Ocaña 67 372.8 943.9 68.90% 650.3 U de la Guajira 162 3,241.9 7,988.5 35.20% 2,812.0 U. Distrital 920 150,742.6 380,679.9 17.50% 66,619.0

TOTAL PASIVO 14,326 1,061,646.3 2,671,720.2 1,801,173.1

Fuente: Viceministerio Técnico- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 1/ Los cálculos actuariales se encuentran aprobados por el Vice-Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

22

Cuadro No 6 CARACTERIZACION DE LAS UNIVERSIDADES SEGÚN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN LA

PRODUCTIVIDAD ACADEMICA A DICIEMBRE 31 DE 1997

PROMEDIO DE UNIVERSIDAD NUMERO DE PUNTOS POR

DOCENTES PRODUCTIVIDAD ACADEMICA

U.IDUSTRIAL DE SANTANDER 280 124.5

U.DEL ATLANTICO 210 115.6

U.DEL VALLE 537 83.7

U.DEL QUINDIO 227 73.2

U. DE CARTAGENA 471 42.7

U.PEDAGOGICA NACIONAL 183 40.7

U.DE PAMPLONA 121 39.2

TOTAL PAIS 9,626 36.8 U. DEL TOLIMA 220 36.3

U. DE CALDAS 414 32.6

U. DE CUNDINAMARCA 70 32.5

U. SURCOLOMBIANA 231 31.2

U. NACIONAL DE C/BIA 2,657 30.6

U. DE TUNJA 533 29.1

U. DE ANTIOQUIA 1,261 27.1

U. DEL MAGDALENA 160 27.1

U. DE AMAZONIA 89 24.9

U. DE LOS LLANOS 97 23.8

U. DEL CAUCA 445 22.8

U. TECN.DE PEREIRA 350 21.8

U. DE CORDOBA 102 19.7

U. POPULAR DEL CESAR 103 18.2

U. TECN. DEL CHOCO 122 15.0

U. DE LA GUAJIRA 92 14.2

U. DE NARIÑO 218 10.4

U. DE CUCUTA 164 10.2

U. DE OCAÑA 24 8.9

U. DISTRITAL 87 6.6

U. DE SUCRE 40 6.2

U. COL.MAYOR C/MARCA 118 3.1

23

Cuadro No 7 PORCENTAJE DE DOCENTES CON PUNTOS POR EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA Y PROMEDIO A DIC.31-97

NUMERO DE PORCENTAJE DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE INDICE DE

UNIVERSIDAD NUMERO DE DOCENTES CON DOCENTES CON PUNTOS DE PUNTOS DE EFICIENCIA EN LA

DOCENTES PUNTOS EN PUNTOS EN EXP.ADTIVA EXP.ADTIVA ASIGN. DE PUNTOS

EXP.ADTIVA EXP.ADTIVA POR DOCENTE POR DOCENTE POR EXP.ADTIVA

CON EXP.ADTIVA ORDEN POR MAS EFICIENTE

U.DE ANTIOQUIA 1,261 356 28.2 8.7 2.5 0.382

U.DE AMAZONIA 89 32 36.0 8.8 3.2 0.492

U.PEDAGOGICA NACIONAL 183 74 40.4 8.3 3.4 0.522

U.DEL TOLIMA 220 94 42.7 8.4 3.6 0.553

U. TECN.DE PEREIRA 350 94 26.9 13.6 3.7 0.563

U.DE LA GUAJIRA 92 21 22.8 21.2 4.8 0.749

U.DE CALDAS 414 171 41.3 11.8 4.9 0.755

U.DEL QUINDIO 227 94 41.4 14.5 6.0 0.930

U.SURCOLOMBIANA 231 95 41.1 15.6 6.4 0.995

TOTAL PAIS 9,626 4,113 42.7 15.1 6.5 1.000

U. DE CUNDINAMARCA 70 33 47.1 14.0 6.6 1.023

U. DEL MAGDALENA 160 51 31.9 21.1 6.7 1.039

U. DE CARTAGENA 471 179 38.0 18.5 7.0 1.085

U. DE TUNJA 533 232 43.5 16.5 7.2 1.111

U. DE CUCUTA 164 120 73.2 10.9 8.0 1.237

U. DE OCAÑA 24 20 83.3 11.0 9.2 1.413

U. DE LOS LLANOS 97 80 82.5 12.9 10.6 1.641

U. DE PAMPLONA 121 102 84.3 14.0 11.8 1.825

U. DE NARIÑO 218 142 65.1 21.0 13.7 2.119

U. DE SUCRE 40 38 95.0 16.7 15.9 2.449

U. DEL CAUCA 445 421 94.6 19.4 18.4 2.848

24