Fragmento de el Libro, elegido por el propio Autor La batalla por Cerro de San Pedro José de Jesús Ortiz

I Molesto, en la mesa principal, caballito de tequila al lado, el presidente Vicente Fox Quesada, acompañado del gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, lanza una nueva advertencia a Óscar Loredo. “Quiero que esto se destrabe ya”, le espeta al alcalde de Cerro de San Pedro, quien ante la falta de cumplimiento de la empresa Minera San Xavier a diversas condicionantes impuestas para su funcionamiento ha mantenido su negativa a otorgar los permisos municipales. Obsesivo, en las últimas semanas el presidente Fox ha aumentado la presión al alcalde de apenas 21 años. Por teléfono, le dice en los primeros días de julio de 2004: “hay que autorizar ese proyecto, se ha perdido mucho dinero, estamos perdiendo muchas inversiones por ese problema”. El 29 de julio, luego de terminar una gira por el altiplano potosino, encabeza en los patios de Palacio de Gobierno una comida con dirigentes empresariales y autoridades locales. Óscar Loredo llega ahí y se sienta en una mesa periférica, en la que se encuentran funcionarios de la alta burocracia del estado. Deja su sombrero bajo la mesa y casi de inmediato un miembro del Estado Mayor se le acerca para decirle que el Presidente quiere verlo. Cuando voltea a la mesa principal ya otro militar agrega una silla a la mesa en la que también se encuentra el gobernador y el presidente municipal de la capital potosina, todos con sus esposas encabezadas por Marta Sahaghún. Salmón es el plato principal, acompañado de caballitos de tequila y whisqui. — ¿Así que tú eres el famoso Oscarito? —le pregunta el presidente. —Sí, soy yo. —Óscar, quiero que me destrabes ya ese proyecto. Hay muchos problemas, muchas malas referencias, tenemos a México y a la entidad muy mal ante los ojos de los inversionistas, hay amenazas de que si no se aprueba ese proyecto se van muchos y otros que están por llegar no lo harán. “Ya me hablaba muy golpeado, muy fuerte, no me lo estaba pidiendo sino exigiendo. El tono en que me lo decía era como ellos acostumbran hablar, con prepotencia, y Marcelo de los Santos igual”, dice Óscar Loredo cinco años después. “Quiero que ya me destrabes esto, yo voy a hablar con el gobernador en estos días y no quiero que me diga que todavía no se autoriza porque va a haber problemas muy fuertes, no para el municipio sino para el país”, son las últimas palabras que recuerda de Vicente Fox. Poco a poco las presiones ejercidas en los últimos meses empiezan a doblar la voluntad del joven alcalde, hijo de Baltazar Loredo, también presidente municipal de Cerro de San Pedro, quien seis años atrás fue encontrado muerto (“suicidio atípico”, dijeron las autoridades estatales) luego de que denunciara ante el Congreso local la presunta compra ilegal de fincas que realizaba la minera canadiense en el pueblo.

El proyecto millonario de Minera San Xavier importa demasiado a los gobiernos estatal y federal, obsesos de las inversiones extranjeras. En cambio, parecen importarles muy poco las resistencias que hay en el pueblo. Es finalmente un gobierno de empresarios para empresarios, como proclamó Vicente Fox al inicio de su gobierno. Óscar Loredo está a punto de doblarse ante las diversas presiones y amenazas, a las que suma también las de Vicente Fox, quien llega a la Presidencia de la República con la bandera del cambio y la promesa de enterrar el autoritarismo priista. “Ya estoy hasta la madre”, dice días después de la reunión.

*** Junio de 2004. La empresa Minera San Xavier, subsidiaria de la canadiense Metallica Resources, se encuentra en la lona: sin permisos municipales para operar, sin autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para el uso de explosivos, y con un movimiento opositor que comienza a crecer. También, un tribunal agrario invalida en marzo de ese año los contratos de arrendamiento de tierras ejidales firmados con la empresa por un grupo de presuntos ejidatarios. Por otra vía, en los tribunales federales se encuentra en litigio el permiso principal de impacto ambiental en un juicio que promueven integrantes de la organización no gubernamental Pro San Luis Ecológico. El panorama no puede ser más adverso para la minera. En marzo de ese año, el ayuntamiento de Cerro de San Pedro acuerda la suspensión de los permisos municipales, pues la empresa no ha cumplido completamente con algunas de las condicionantes establecidas en 1999 cuando el Instituto Nacional de Ecología le otorgó la autorización ambiental. En junio de 2000, el municipio de Cerro de San Pedro le autoriza a la minera los permisos de construcción y funcionamiento, refrendados puntualmente sin dificultad durante los tres años siguientes. Al inicio de la administración municipal que encabeza Óscar Loredo (2003-2006), Minera San Xavier busca un acercamiento para llegar a acuerdos como los había tenido con las anteriores administraciones. El primer contacto de la minera con el nuevo gobierno municipal se da durante los primeros días de enero de 2004, cuando los directivos de la empresa buscan sin éxito dialogar con el alcalde. De manera deliberada Óscar Loredo pospone la reunión para allegarse mayor información del proyecto. Finalmente, la primera reunión se efectúa el 12 de enero, y en ella participan Fred Lightner y Sergio Briones, principales directivos de la compañía canadiense. Le dicen al alcalde que desean tener una “muy buena relación” con la Presidencia Municipal, como la ha habido en años anteriores. —No tengo nada de información del proyecto, les digo. No tengo ni planos ni nada y me dicen que no me preocupe. Al día siguiente me llega una caja con carpetas, legajos, libros, todo. Empezamos a revisar, a repartir información, a ver los planos, topografía. Lo vimos y dijimos: está mal en esto y en esto. El problema principal es que no estaban dando cumplimiento a todas las condicionantes, la otra era el pésimo pago en sus propiedades e impuestos al municipio —recuerda Loredo. —Nosotros tenemos abiertas las puertas de Minera San Xavier y esperamos que el ayuntamiento también nos reciba como nos recibía el anterior —le dice Sergio López, gerente general de la minera. —Pues vamos a revisar la situación —le responde el alcalde.

Presente en el encuentro, el profesor Carlos López Torres, principal asesor de Óscar Loredo, considera clave ese primer diálogo con los directivos de la minera canadiense y dice que eso marcó de alguna manera el tono que se seguiría en los meses siguientes por parte del ayuntamiento. Los directivos de la minera pensaban que el nuevo gobierno municipal sería como los anteriores: “nosotros empezamos a manejarles que ese ayuntamiento se iba a conducir legalmente y esa fue una de las banderas”. A esa primera reunión los directivos de la minera llevan el cheque correspondiente al pago de un edificio (el antiguo hospital) rentado desde la administración municipal anterior. De igual manera, se les dice que el cabildo estudiará la situación y en su caso también ratificará o no si se continúa arrendando ese edificio por el cual el ayuntamiento recibe 70 mil pesos anuales. Al revisar el contrato, afirma López Torres, se detecta que también contiene irregularidades, que el acta de cabildo en que supuestamente se había aprobado la renta del edificio no corresponde con la que ellos envían. Ahí empiezan los forcejeos. El 16 de marzo, en sesión, el ayuntamiento de Cerro de San Pedro vota una resolución central sobre la operación de Minera San Xavier y establece que la empresa no ha cumplido las condicionantes impuestas por el Instituto Nacional de Ecología (INE) en el permiso que le otorgó en 1999 para su funcionamiento, y por tanto no puede operar. La minera carece del permiso para el uso de explosivos necesario para su operación y tampoco ha cumplido con la reubicación de los habitantes del pueblo afectados con su proyecto. Principalmente, la condicionante 12, de las 100 que impuso el INE, exigía a Minera San Xavier que antes de iniciar los trabajos de preparación del sitio y de cualquier actividad del proyecto, debería realizar las gestiones pertinentes para la reubicación de los habitantes de Cerro de San Pedro y la comunidad La Zapatilla, principales afectados con el proyecto minero. El cabildo resuelve ese 16 de marzo que dicha condicionante no ha sido cumplida por la empresa y establece: “basta con que uno de los habitantes de Cerro de San Pedro no desee reubicarse en otro lugar y quiera seguir viviendo en su casa para que no se cumpla la condicionante 12, pero además es de resaltar que la gran mayoría de habitantes de Cerro de San Pedro han expresado en forma reiterada no reubicarse y no abandonar sus casa y propiedades, oponiéndose abiertamente al proyecto minero que pretende llevar a cabo Minera San Xavier”. Para el ayuntamiento y los regidores que votan esa propuesta, es suficiente que no se cumpla ese punto central para dejar sin efecto los permisos municipales concedidos a Minera San Xavier: la licencia de funcionamiento y el permiso de construcción, que deben ser refrendados anualmente. Y quedan sin efecto, lo dice el cabildo, hasta en tanto no se cumplan las condicionantes impuestas. A los directivos de la compañía canadiense el ayuntamiento les advierte que no hagan interpretaciones equívocas pues solamente la autoridad municipal puede autorizar el inicio de la etapa de construcción de la unidad minera, y exige que restituyan el acceso a los caminos vecinales de los “que sin autorización se posesionó” la minera semanas atrás. La empresa está noqueada. “Ante ese panorama la Minera San Xavier decide agarrar el camino político, sabe que va a ser muy difícil que el gobierno municipal acceda a refrendar los permisos”, comenta Carlos López Torres.

El gobernador Marcelo de los Santos interviene de inmediato, públicamente reprocha la decisión del ayuntamiento y advierte que la compañía minera tiene ya “una inversión muy importante” en Cerro de San Pedro. Es el inicio de su cabildeo a favor de la empresa que se incrementa en las semanas siguientes para quebrar la postura del municipio. La guerra ha iniciado. El gobierno municipal, que apenas lleva tres meses de gestión, ha abierto un frente de lucha contra la empresa como ninguno de sus antecesores, una lucha con repercusiones mayúsculas. Toca a la minera mover sus fichas.

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Cerro de San Pedro parecía un campo de batalla, dice don Fidel Mata, quien a sus 75 años recuerda, como si de una película se tratara, los constantes accidentes que se producían en las minas en la década de 1940, en tiempos de la Asarco, el gigante minero con sede en Estados Unidos. “Cada vez que había heridos, abajo en la mina, que era muy seguido, había un pitito que tocaba muy triste, le hacía muy feo, así: ohhhhh, ohhhhhhh, ohhhhhh. Sacaban los heridos en camillas y se los llevaba la brigada de salvamento. Aquí había un hospital y había como unas 15 camas que era donde ponían a los accidentados”, comenta este viejo gambusino. El pequeño hospital atendía a los trabajadores accidentados y a los enfermos frecuentes, afectados de los pulmones por la silicosis, pero también por otras enfermedades como la tuberculosis, los problemas respiratorios, la diarrea, la sífilis. Enfermedades de la pobreza les llaman, ligadas a las precarias condiciones de trabajo en las minas y a la miseria en general, que siempre es la misma. “Por ahí pasaba El Piojito, que era con el que sacábamos el material para llevarlo a Morales”, evoca don Fidel, mientras señala un punto en el cerro como si aún viera los rieles en que se desplazaba el trenecito utilizado para la carga pesada del trabajo minero. En 1923 Asarco se hace del control de las minas de Cerro de San Pedro. Es una época de bonanza que entra en declive dos décadas más tarde, cuando los trabajadores inician movilizaciones sindicales reivindicando diversas demandas laborales. En 1948 el conflicto se acentúa, no se vislumbra en el horizonte el cumplimiento a las demandas obreras y la empresa opta por cerrar las minas de Cerro de San Pedro. La coartada es el incendio en dos unidades mineras, provocado acaso por los propios directivos de Asarco. “No es que se haya agotado el mineral explotable sino que frente a conflictos de gran envergadura como éste, que significaban un conflicto y un costo mucho más alto para la empresa que el de cerrar las minas… la empresa decide cerrar, aparentar un incendio, no hay certeza sobre eso si fue provocado o si se generó de manera espontánea o accidental”, dice el historiador Moisés Gámez, quien ha estudiado ese periodo. Odilón Rocha trabajó 27 años para Asarco, hasta que en 1948 se emplazó a huelga a la empresa. Fue nombrado parte de la representación sindical para atender el caso, comisionado para buscar en la ciudad de México al dirigente obrero Fidel Velázquez y encontrar por su conducto una salida al problema que crecía. “Regresamos sin nada”, decía ya muy viejo en su casa, en 1998, años antes de morir.

En el país de aquellos años, gobernado por Miguel Alemán, se consolida el giro del Estado a la derecha en apoyo del sector industrial, no hay lugar para las disidencias ni para alejar la inversión privada alentando los movimientos obreros. La Secretaría del Trabajo concede el cierre de la empresa “por causas de fuerza mayor no imputables al patrón”, ante la oposición del sindicato de trabajadores mineros del país. Con este laudo se evitaba la indemnización a los cerca de 700 trabajadores afectados. Nada nuevo medio siglo después. Dos años más tarde, un conflicto de mayor alcance estalla en una filial de Asarco, cuando los trabajadores de Nueva Rosita, Coahuila, inician movilizaciones también en demanda de mejoras salariales. El gobierno federal declara ilegal el movimiento de huelga y sitia con el Ejército a Nueva Rosita. Ante eso, los trabajadores inician una larga marcha de más de mil kilómetros a la ciudad de México, conocida como la Caravana del Hambre, que también es desactivada por la policía y el Ejército. Un esquema de represión que se repetirá años después con la gran movilización ferrocarrilera de 1958 y otros movimientos sociales. Y Asarco se va de Cerro de San Pedro. A algunos trabajadores los reubica en otros estados, en otras minas del país, sobre todo en el norte. Los mineros que se quedan se dedican al gambusinaje y a trabajar en el campo. Sobreviven como pueden, algunos emigran a Estados Unidos por cortas temporadas. No hay más empleo en el pueblo, no hay servicios básicos. La gente se va, se asienta en otros lugares, muchos de ellos en la capital potosina. El Piojito también desaparece, poco a poco empiezan a desmontar sus rieles. Algunos habitantes del pueblo entran a las minas y sacan lo que pueden, sobre todo madera para uso doméstico. Los trabajadores de la empresa que se quedan para desmantelar las instalaciones se llevan lavabos, sanitarios, inmobiliario, motores, máquinas. “Todas esas maniobras yo las ví, cuando quitan también montones de madera, que servía para sostener la mina”, dice recordar Armando Mendoza Ponce, habitante de Cerro de San Pedro. En 1950, apenas dos años después de la huelga que terminó con el cierre de la minas, en el pueblo de Cerro de San Pedro habitaban 670 personas, dos años después quedaban 258. Según los datos oficiales, en las tres décadas siguientes en todo el municipio la población tendrá una disminución del 36 por ciento. Una consecuencia menor de la modernidad, para el capital que no sabe de banderas ni de pequeñas historias.

*** Baltazar Loredo gana la alcaldía de Cerro de San Pedro en julio de 1997 con una cómoda mayoría. No lo sabe aún, pero la suya será también la última victoria para el PRI de manera invicta en ese municipio. Tampoco imagina que su gobierno será efímero, de apenas seis meses y que terminará de forma trágica. Apenas al llegar a la Presidencia Municipal se da cuenta de un auge en la venta de casas y terrenos a Minera San Xavier, algunas de ellas propiedad del municipio. Transacciones todas que requiere la minera canadiense para apuntalar su proyecto en el pueblo. Tarde o temprano habrá de solicitar la reubicación de los habitantes de la cabecera municipal de

Cerro de San Pedro, y entre más propiedades logre tener en sus activos más fácilmente podrá impulsar esa reubicación. Baltazar revisa con calma esas ventas de fincas que, como una fiebre inmobiliaria, se efectúan en los últimos meses. Descubre nombres conocidos, y piensa que es un buen momento para saldar las cuentas pendientes de la campaña. También detecta algunas anomalías de la anterior administración municipal encabezada por Carlos Escalante, en obras públicas y en la electrificación de algunas comunidades. Todo el primer mes como presidente municipal, Baltazar se dedica a integrar un expediente que dé cuenta de esas anomalías. Quizá el Congreso del Estado pudiera intervenir y aplicar alguna sanción en contra de estos ex funcionarios que los inhabilite para futuros cargos públicos. Revisa paciente las transacciones en catastro municipal y solicita a Minera San Xavier una relación de las compras de casas efectuadas en los meses recientes. El 21 de octubre, William Dodge, gerente general de la minera, le envía al alcalde la respuesta a su solicitud de información. Es una relación de compra-venta de 26 fincas y terrenos con 14 presuntos propietarios y cinco más que están en vías de negociación, todas hechas desde 1996. Un auge inmobiliario propiciado por la compañía canadiense desde que decide impulsar su proyecto millonario en Cerro de San Pedro. “No tengo la cifra de cuánto ha invertido Minera San Xavier en eso —la compra de predios—, pero no estamos en el negocio de la compra. La razón de comprar fincas y tierras es para ofrecerles opciones la gente, para que así pueda ser reubicada”, me responde William Dodge a fines de 1998. El 6 de noviembre de 1997, Baltazar Loredo tiene ya información suficiente; ese día presenta ante el Congreso del Estado una solicitud para que se investiguen las ventas de fincas efectuadas en Cerro de San Pedro a Minera San Xavier. El oficio es dirigido a Juan José Rodríguez Medina, presidente de la Gran Comisión del Congreso. En su parte central, dice el documento: “…me dirijo a usted para hacerle la petición de que abra una investigación lo antes posible respecto a los predios que propietarios del municipio de Cerro de San Pedro vendieron a la compañía Minera San Xavier, ya que existen demasiadas irregularidades en la venta de estos predios urbanos, no realizaron los trámites correspondientes ante esta presidencia municipal. Solicitamos a usted se investigue y solicite a los diferentes organismos y dependencias como Registro Público de la Propiedad, Catastro Municipal del Estado, abran una investigación de estas irregularidades. Todas estas ventas se realizaron durante la administración de Juan Carlos Escalante Hernández, presidente municipal durante el periodo 1995-1997, el cuál vendió una fuerte cantidad de predios y no realizó los trámites correspondientes ante este Ayuntamiento, al igual el síndico municipal de la misma administración Santos Nava Arista, y se desconoce cuándo habían adquirido estos predios urbanos”. En su solicitud al Congreso, anexó una relación de 32 presuntos propietarios que realizaron operaciones registradas por Santos Nava, como síndico municipal, días antes de terminar la gestión de Carlos Escalante. En todas aparecían los nombres del presidente municipal y del síndico, ya como vendedores, ya como compradores. Por ello Baltazar

exigía que se revisaran esas transacciones, que se investigara cada uno de esos predios y la manera en que fueron obtenidos por quienes aparecían como vendedores. No obstante, los directivos de Minera San Xavier parecen confiados en que todos los trámites para empezar a operar saldrán bien. Están en espera de que se autorice la Manifestación de Impacto Ambiental y el permiso de uso de suelo para su proyecto minero, y del permiso municipal de construcción que no ha otorgado Baltazar Loredo. Ven con desdén las denuncias de los grupos opositores, saben que poco a poco han inclinado la balanza a favor del inicio de operaciones de la minera. La división entre los grupos políticos juega a su favor. Por el momento, el único foco rojo es la denuncia por la venta de fincas que presenta Baltazar. Toca al Congreso del Estado dar trámite a la investigación que solicita el alcalde de Cerro de San Pedro. Exhibir la presunta compra ilegal o no de terrenos y casas efectuada por la minera canadiense y, en su caso, sancionar o no a quienes, como autoridad municipal, hubieran incurrido en posibles actos ilícitos. Pero la investigación se pudre, nunca se atiende la solicitud del alcalde.

*** La doctora Angelina Núñez recuerda, como si lo acabara de vivir, el día en que el gobernador Fernando Silva Nieto la citó en la residencia oficial: era el 4 de mayo de 2000, la noche previa a que el gobierno estatal otorgara a Minera San Xavier la licencia de uso de suelo, con lo que se despejaba el camino para el funcionamiento del proyecto minero. La había llamado sólo para informarle que al día siguiente habría un evento especial en el que se otorgaría el permiso estatal y se firmaría con la empresa canadiense un convenio de colaboración. Una cortesía a la víspera nada más. —Yo ya hice todo lo posible —recuerda que le dijo el gobernador—, hablamos con el Politécnico, pedí la opinión de la Universidad, actué para que no saliera el permiso federal porque ya estaba por salir y se tomaron en cuenta las opiniones de la Universidad, pero necesitamos dar el permiso porque tengo la presión desde el embajador de Canadá hasta la minera y los industriales. — ¿Eso le dijo? —Él decía: yo ya cumplí con que la Universidad hiciera esto, que se pusieran condicionantes que van a hacer que este sea un proyecto ejemplar para toda Latinoamérica por las condiciones que se le van a poner. Era el 4 de mayo de 2000, 17 meses después de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentara su opinión técnica y 14 meses después de que el Instituto Nacional de Ecología otorgara a la minera el permiso federal. En ese tiempo, de la mano de Rodolfo Lacy Tamayo —un consultor ambiental conocido en todo el país, jefe de asesores del titular de Semarnat en el sexenio de Vicente Fox— el gobierno estatal se había dedicado a afinar un convenio de coordinación y cooperación con Minera San Xavier en el que la obligaba a cumplir múltiples recomendaciones que se desprendieron de la opinión universitaria. También, en todo ese tiempo, los grupos opositores al proyecto minero habían tratado de evitar que se diera el permiso estatal, se habían reunido en diversas ocasiones con el

gobernador para exponerle sus argumentos sobre los riesgos que a su juicio implicaba ese proyecto. Quizá en algún momento creyeron que la balanza se inclinaba de su lado. Aunque no lo decía a los ambientalistas, Silva Nieto consideraba que el proyecto de la minera canadiense resultaba imposible de detener; en caso de hacerlo acechaba el riesgo de un costoso litigio internacional como había sucedido ya en el caso de Metalclad. Por ello es que buscó una salida a través de las condicionantes impuestas a la empresa. “Yo les dije, podemos escoger la línea del conflicto o buscar las mejores condiciones ambientales para San Luis, y así fue como se buscó a un grupo profesional integrado por académicos para que la empresa respondiera a las mejores exigencias ambientales”, señalaba. El gobernador había mantenido una postura ambigua sobre el proyecto minero: a los opositores decía en corto que no estaba de acuerdo con lo que pretendía hacer la minera canadiense en el histórico pueblo, aunque alentaba bajo la mesa a los directivos de la empresa. Su estrategia fue la de ganar tiempo, buscar un salvoconducto para justificar la autorización estatal y éste lo encontró con el estudio universitario. Al paso del tiempo se mostraría como un operador de la minera canadiense al tramitar diversos permisos pendientes que requería la empresa y, por otro lado, al detener el trámite para la declaratoria de Cerro de San Pedro como zona de monumentos históricos, que habría dificultado el proyecto minero de haberse logrado. La noche en que se reunió con el gobernador la doctora Núñez supo que no contarían con su respaldo. —Yo me quedé escuchándolo y le dije textualmente: señor gobernador usted se lavó las manos en lugar de pensar en trascender, porque está viendo las recomendaciones de la Universidad y es de alto riesgo este proyecto. Va a trascender pero porque no se atrevió a decir no. — ¿Y qué le respondió? —Ya no lo dejé que respondiera, estaba muy enojada. Hasta le dije que en la opinión de la universidad estaba señalado que con eso la autoridad podía decir sí o no. Él tenía la última palabra, podía basarse en esa opinión para haber dicho no, pero se lavó las manos. Al día siguiente en el Palacio de Gobierno, acompañado de representantes de las cámaras empresariales, de la UASLP, de la iglesia católica, y distintas autoridades estatales y federales, el gobierno del estado otorgó el permiso condicionado a la minera y firmó el convenio de cooperación ambiental diseñado por Rodolfo Lacy. Mientras Silva Nieto advertía a los directivos de la minera que no permitiría que se apartaran “ni un ápice” de los compromisos contraídos, afuera, quienes paseaban por la Plaza de Armas podían leer la pancarta de un opositor a la empresa canadiense: “Señor gobernador, ¿así se honra nuestra soberanía?” Un mes más tarde, diversas organizaciones integradas en la Alianza Opositora a la Minera San Xavier realizaron una consulta ciudadana sobre la operación de la empresa canadiense. En ella se obtuvo la participación de poco más de 12 mil personas que expresaron un rechazo rotundo al proyecto minero. Fue un ejercicio que involucró a diversas organizaciones, entre otras la Escuela de Capacitación Cívica, el Frente Zapatista, el Patronato Pro Defensa de Cerro de San Pedro, Parlamento Indígena, Pro San Luis Ecológico, Unión de Comerciantes de Abastos y algunos grupos de la arquidiócesis encabezados por el sacerdote Margarito Sánchez. La conclusión fue clara: exigir, con

base en esos resultados, “la revocación del permiso de uso de suelo otorgado a la Minera San Xavier”.

*** “Mira, cabrón, si el proyecto lo quiere la gente, adelante, pero yo lo he vivido y estos proyectos acaban con la vida natural”, recuerda Óscar Loredo alguna de las conversaciones mantenidas con Jaime Lárraga, general diplomado de Estado Mayor, comandante de la zona militar con sede en la capital potosina. El general no acepta dar el permiso de uso de explosivos que solicita Minera San Xavier para sus operaciones de tajo a cielo abierto en Cerro de San Pedro. Conceder esa autorización “podría afectar negativamente” a la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante el rechazo que mantiene un sector de habitantes y de organizaciones en defensa del patrimonio del pueblo. Cázares Lárraga mantiene esa postura durante diez meses, un periodo que coincide también con el rechazo del alcalde de Cerro de San Pedro a otorgar los permisos municipales que solicita la empresa minera. El 15 noviembre de 2003, luego de reunirse con opositores al proyecto minero, el jefe militar expresa su negativa a otorgar el permiso para uso de explosivos que demanda Minera San Xavier, un permiso que es facultad de las comandancias de zona conceder y para el que se requiere de la “conformidad con las autoridades” locales y municipales del lugar en que se utilizaran, siempre y cuando las actividades a realizar no pongan en peligro la seguridad de los habitantes. El 30 de noviembre, el secretario de la Sedena, general Ricardo Vega García, anuncia que esa dependencia ha decidido suspender el trámite del permiso solicitado por Minera San Xavier “en virtud de existir inconformidad”. En su argumentación, recoge la preocupación de vecinos del pueblo, del Patronato Pro Defensa de Cerro de San Pedro, de que con el uso masivo de explosivos pudieran afectarse sus propiedades y el patrimonio del pueblo, y pudiera alterarse además “la tranquilidad o el orden público”. A la empresa canadiense le expresa que no se trata de un no definitivo, sino que el trámite podría reactivarse “en cuanto se acredite haber resuelto la inconformidad existente”. Minera San Xavier tiene ahora un nuevo frente abierto que no estaba en sus planes. La postura de la Sedena se ve reforzada una vez que Óscar Loredo asume funciones como nuevo alcalde de Cerro de San Pedro. El funcionario municipal y el general Cázares Lárraga se apoyan mutuamente: el uno no dará la anuncia administrativa en tanto el otro no otorgue el permiso para el uso de explosivos y viceversa. Y así se mantienen durante los primeros meses de 2004. El general había estado en Real de Ángeles, Zacateacas, donde una década atrás se explotó una mina a cielo abierto y conocía las posibles repercusiones del proyecto canadiense. “Yo lo he vivido y estos proyectos acaban la vida natural en todos los aspectos y no quiero esto”, decía el jefe militar al alcalde. Cuando el municipio decide no refrendar los permisos de uso de suelo y construcción a Minera San Xavier en la sesión de cabildo del 16 de marzo de 2004, también argumenta la falta del permiso de la Sedena a la empresa. El cabildo tiene a la vista el oficio emitido al municipio el 6 de diciembre de 2003 por la Sedena en el que le anuncia que ha

suspendido el permiso de explosivos a la compañía canadiense ante los riesgos que representan para el pueblo las detonaciones, “por la fragilidad del subsuelo y sus inmediaciones, pondrían en peligro las casas y demás construcciones existentes”. —Si a mí como autoridad federal no me cumplen, pues a chingar su madre— recuerda Óscar Loredo la postura del general. —Yo estoy igual, si no cumplen con lo de Sedena pues siguen dejando al municipio sin ningún argumento para dar la autorización— le respondía. Los días pasan y la minera no logra obtener los permisos, eleva entonces el nivel de sus presiones: el 11 de mayo, Fred Lightner, director de Minera San Xavier, emplaza a la Sedena a resolver el trámite iniciado y advierte a esa secretaría que ante la suspensión temporal de su proyecto en Cerro de San Pedro no queda más opción que anunciar públicamente en Estados Unidos la imposibilidad de la empresa Metallica Resources (subsidiaria de Minera San Xavier) para continuar con la construcción de la mina. “El anuncio mencionado tendrá repercusiones sumamente negativas en la viabilidad del proyecto. De hecho, lo que ocurrirá es que nuestros inversionistas y los inversionistas potenciales en otros proyectos en México comenzarán a cuestionarse respecto a los riesgos de invertir en México”, advierte el directivo de la compañía. Obtener el consentimiento de las organizaciones opositoras al proyecto es un requisito imposible de lograr, equivale a tener “la aprobación del 100 por ciento de los habitantes”, inviable para cualquier proyecto. No importan en ese caso los grupos opositores, para él son solamente una “infame minoría”.

*** Pedro Medellín Milán, responsable de la Agenda Ambiental de la UASLP, dice que cuando se diseñó el comité de seguimiento a la empresa se trató de una estrategia local que nada tenía que ver con las condicionantes federales impuestas a Minera San Xavier, ni con la creación de un comité similar que establece el Instituto Nacional de Ecología en su permiso de 1999: “No tenemos nada que ver con las condicionantes del INE. Nosotros somos el comité de seguimiento establecido por el gobierno estatal para vigilar el cumplimiento del convenio con la empresa. Ellos (las autoridades ambientales del gobierno federal) plantean la existencia de un comité y lo plantean mal, por eso nosotros no nos guiamos por eso, nosotros tenemos un convenio y actuamos en función de ese convenio. Nosotros estamos aquí para supervisar el cumplimiento del convenio que firmó el gobierno del estado y la empresa. El convenio marco en materia ambiental del 5 de mayo es lo que nos rige a nosotros”, afirma. Titular de la Secretaría de Ecología durante el gobierno de Horacio Sánchez (1993-1997), Medellín Milán dice que el INE, y después Rodolfo Lacy, pretendían la creación de distintos comités: uno de seguimiento, ciudadano, y otro técnico conformado por académicos que supervisará a la empresa y diera informes al comité ciudadano. Estaban planteando la supervisión ciudadana para que fracasara, advierte. —¿Y se hace el comité impulsado por el gobierno estatal? —En el esquema que propusimos nosotros estamos todos en el comité: los opositores, grupos ecologistas (aunque no aceptaron participar), los académicos, el municipio, el

gobierno del estado, la Federación a través de diversas dependencias. Les decimos cómo se trabajará y luego que, con dinero de la empresa, se va a crear un fideicomiso que maneje el comité, y a través del cual se le pagará a una empresa auditora externa, responsable de hacer una supervisión altamente profesional e informar al comité. Y eso sí funciona. —¿Qué supervisa el comité? —El cumplimiento del convenio de mayo del 2000. Eso nos da nuestro alcance y nuestras limitaciones. No reconocemos el proceso federal de supervisión y cumplimiento de la ley relacionado con la autorización y sus condicionantes, y con la Profepa. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. —¿Entonces estaría pendiente de crear ese otro comité que se establece como condicionante del permiso federal? —Pues aparentemente sí. —En el convenio que firma el gobierno del estado con la empresa en 2000 están las atribuciones del comité, ¿se están cumpliendo? —Sí. —¿Y los informes que debe presentar el comité? —Pues ahí están, los puedes pedir a través de la ley de transparencia. — ¿Por qué no los han presentado públicamente? —Nosotros intentamos presentar un informe a los grupos opositores y no lo aceptaron. Nos dijeron: nosotros no aceptamos su informe porque para nosotros no existe el comité, y no existe porque la operación de la empresa es ilegal. — ¿Cuántos informes se han presentado por parte del comité? —No recuerdo. También parte del grupo de investigadores de la UASLP que elaboró dicha opinión, Fernando Díaz Barriga afirma que cuando se integró el comité se buscaba tener “algo práctico” y se estableció casi todo lo que habían solicitado los investigadores universitarios. Había ocasiones, muchas, “en que sesionaba el comité dos veces por mes, y no dos veces al año como se establecía” en el convenio. —Dijo usted que el comité no cedería en la necesidad de crear un fideicomiso que garantizara la limpieza del sitio cuando acabaran las operaciones de MSX… —Y no cedimos, se creó el fideicomiso, se contrató a una empresa canadiense de primer nivel, esa empresa ha revisado dos veces la operación de la Minera San Xavier. Se hicieron recomendaciones que la empresa tuvo que acatar. Para los grupos opositores a la Minera San Xavier, la creación de ese comité se encuentra viciada de origen, pues tiene como base el permiso federal del INE de 1999 y la autorización estatal que otorgó el gobierno de Fernando Silva Nieto el 5 de mayo de 2000, ambos permisos impugnados jurídicamente, el primero incluso anulado por un tribunal federal en octubre de 2005. Dice la doctora Angelina Núñez, de Pro San Luis Ecológico: —Hubiera sido como convalidar lo que está sucediendo de haber aceptado participar en él, hubiera sido como decir que estamos aceptando esa autorización para la minera. — ¿De qué ha servido el comité? —Ese comité de seguimiento, supuestamente ciudadano, es sólo para validar que los ciudadanos de San Luis Potosí estén de acuerdo. A nosotros nos invitaron a formar parte de él y dijimos que no porque sabíamos que era para avalar.

—Alguna vez acudimos con ellos a debatir, pero ese comité son puros funcionarios de las diferentes dependencias y la gente de la universidad, y dicen que ese es el comité ciudadano que avala, cuando ahí están todos ellos—, afirma por su parte Sergio Serrano, otro de los fundadores de la organización ambientalista. Para la doctora Núñez, ese comité de seguimiento ha estado ausente en la responsabilidad que asumió como vigilante de la empresa minera. También cuestiona que se haya integrado con representantes de ejidos y de Cerro de San Pedro favorables a la minera, y advierte que para hacer un trabajo eficaz de vigilancia se requiere de capacidad para entender las cuestiones técnicas, lo cual no se cumple en ese afán de darle un cariz ciudadano al comité. —Algunos de los integrantes del comité participaron en la opinión técnica de la UASLP. —Sí, son los mismos, como Marcos Monroy, Pedro Medellín, o Fernando Díaz Barriga. Si hubiera alguna tragedia en Cerro de San Pedro por lo que hace la minera, ellos, ese comité sería moralmente responsable. Así lo consideramos nosotros.

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Los habitantes de la comunidad de la Nueva Zapatilla, construida por Minera San Xavier apenas a algunas decenas de metros de donde se ubican sus patios de lixiviación, han llenado la pequeña iglesia que inaugura el arzobispo Luis Morales Reyes. Ahí se encuentra también la acaldesa de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo, y algunos de sus funcionarios. Es una comunidad de una veintena de viviendas construidas por la minera para reubicar a los habitantes de casas de adobe de La Zapatilla, una de las condicionantes impuestas para poder operar su proyecto. Es sábado 13 de diciembre de 2007. El arzobispo potosino encabeza una jornada de visita pastoral en comunidades de Cerro de San Pedro, en su agenda está prevista la ceremonia en la Nueva Zapatilla, la bendición al decanato en la iglesia de San Nicolás y una comida en Cerro de San Pedro a la que asisten directivos de la minera canadiense y funcionarios municipales. Atrás ha quedado el tiempo en que la iglesia católica cuestionaba el proyecto de Minera San Xavier, lejos también lo que proclamaba en su Plan Pastoral, cuando advertía que como iglesia tenía el deber moral de informar a sus fieles sobre situaciones concretas como la de “la minería a cielo abierto, que pone en riesgo todo el valle de San Luis por el agotamiento del agua y por la contaminación con cianuro, el cual está desarrollando Minera San Xavier”. En la ceremonia religiosa en la Nueva Zapatilla, el arzobispo no duda en reiterar lo que todos ya saben: la pequeña iglesia fue construida también gracias a los recursos aportados por Minera San Xavier, “la gente quiere caminar adelante viendo por más empleos”, señala. Da la comunión a los fieles, saluda de mano a los habitantes del pequeño poblado felices de contar con su presencia, entre ellos Rosaura Loredo, alcaldesa por segunda ocasión, y casi para terminar agrega que en Cerro de San Pedro se tiene que ver más lo que une que lo que desune a sus habitantes. Sobre eso trabaja la iglesia.

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En 2006, casi terminada la construcción de los patios de lixiviación, la minera incrementa la intensidad de las detonaciones. “Si no se logra parar esto, en diciembre detonarán 80 cargas diarias, ahora lo hacen ocho o diez veces”, advertía Carlos Covarrubias. Después de que Semarnat otorga la nueva autorización ambiental en abril de 2006, los impactos con explosivos que efectúa Minera San Xavier son de lunes a viernes, dos, tres, cuatro veces. Así lo registra la bitácora del FAO. Las casas del pueblo se cimbran por el uso diario de miles de explosivos para sus detonaciones, 25 toneladas según sus proyecciones. Arriba del cerro sólo se ve la polvareda enorme. Son detonaciones poderosas, “yo estoy ahí a un ladito, vibra toda la casa, se siente muy fuerte”, reconoce Aristeo Gutiérrez. Una de estas detonaciones arroja enormes rocas muy cerca del pueblo, se enciende la luz de alarma. Tras la explosión, cientos de piedras se desprenden de la parte alta del cerro y precipitan como una avalancha, una columna enorme de polvo es la que levantan a su paso, observable desde cientos de metros. En pocos segundos recorren la pendiente hasta llegar al camino de acceso principal del pueblo, a unos metros de las primeras viviendas. Casi lo bloquean en algunos tramos. El impacto de las rocas desprendidas del cerro destruye una parte de la red hidráulica y del cableado de energía eléctrica, pero sobre todo pone en riesgo a los habitantes del pueblo que desconocían la detonación, es 12 de enero de 2007. Ninguna autoridad de Protección Civil, estatal o municipal, ni de la Secretaría de la Defensa Nacional, está presente durante la explosión. Enseguida, una cuadrilla de trabajadores de la empresa comienza a levantar las enormes rocas, a reparar los destrozos, a limpiar las huellas. “Si la empresa tiene responsabilidad tendrá que responder por esto”, afirma el gobernador Marcelo de los Santos. Días después deja el caso en manos de autoridades federales. Es de su competencia, se excusa. Pero la minera continúa sus operaciones sin haber cumplido las condicionantes que le impuso el INAH. A finales de 2007, las arcas de la empresa registran ya un ingreso millonario en dólares, en tres meses obtiene cerca de siete millones de dólares. Hasta entonces comienza con los trabajos para fortalecer la iglesia de San Pedro Apóstol, que debió iniciar dos años atrás. “Es una irregularidad que pone en grave riesgo esa iglesia”, dice Mario Martínez, quien recuerda que el INAH advirtió a la empresa que “estaría imposibilitada de realizar trabajos de construcción de la mina si antes no cumplía con el requisito de lograr la estabilización del templo”. La minera opera por la vía de los hechos. Los directivos de la minera responden que los trabajos para fortalecer el templo los efectúa ya una empresa particular supervisada por el INAH y el Servicio Geológico Mexicano, y dicen que la autorización que se le otorgó en septiembre de 2005 establece obligaciones que deben cumplir pero “en ningún momento le prohíben llevar a cabo sus actividades”.94 La minera aportó ya cerca de un millón de pesos para la restauración del templo de San Nicolás Tolentino y más de otro millón de pesos para la estabilización del de San Pedro Apóstol. No hay anomalía alguna. No es eso lo que encuentran trabajadores de las oficinas centrales del INAH durante un recorrido que efectúan en febrero de 2008. Son muchas las irregularidades que registran y así lo reportan en una carta a su director nacional Alfonso de María y Campos. Advierten que la minera canadiense debió presentar desde el 1 de octubre de 2005 “el Programa de

Instrumentación y Mediciones, el cual no se conoce en el Centro INAH de San Luis Potosí”. Pero también, desde diciembre de ese mismo año deberían haber concluido las obras en el templo de San Pedro Apóstol para garantizar su estabilidad. No es así. Lo mismo registra meses después Adolfo Gálvez, perito de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, “hay un deterioro muy grave y vimos que especialmente en el templo principal ya se aprecia una grieta bastante fuerte”. Con esas y otras posibles irregularidades en el cumplimiento de las condicionantes operaba la minera canadiense en febrero de 2008. La dirección nacional del INAH no modifica su opinión. Meses atrás, un grupo amplio de artistas e intelectuales del país le dirigieron una carta pública en la que expresaron su preocupación por los daños irreversibles que provoca la minera canadiense en Cerro de San Pedro. La carta publicada en La Jornada en abril de 2007, fue suscrita entre otros por los historiadores Romana Falcón y Carlos Martínez Assad, los escritores Javier Sicilia y Carlos Montemayor, Mercedes Zavala (investigadora de El Colegio de San Luis, cuñada del presidente Felipe Calderón), el antropólogo Alfredo López Austin, los actores Demián Bichir, Ofelia Medina, Julieta Egurrola, y Claudia Sheinbaum (ex Secretaria del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México). El INAH, a través de Agustín Salgado Aguilar, coordinador Nacional de Monumentos Históricos, respondió a la carta que “se han establecido las restricciones y medidas de protección a que se debe sujetar la empresa” con el fin de garantizar la integridad del patrimonio histórico del pueblo. Reconoció su interés y preocupación por el patrimonio cultural del país. Y nada más.

*** Mientras el tajo avanza implacable en los cerros del pueblo cuyas minas dieron origen a la fundación de la capital de San Luis Potosí, el gobierno del estado promueve la declaratoria de la ciudad como patrimonio histórico de la humanidad. Desde hace más de una década la declaratoria es casi un asunto de Estado para los gobiernos locales, que han visto una y otra vez el fracaso de sus intentos para conseguirla. La soñó Horacio Sánchez, la promovió sin éxito Fernando Silva Nieto y es obsesiva para Marcelo de los Santos. “Si lo logramos, no será este año ni el próximo, sino hasta el 2008, para lo cual se necesita seguir trabajando y fortaleciendo el expediente que posteriormente se presentará ante la Unesco”, dice el gobernador en noviembre de 2006. Termina 2008 y nada. El expediente se ha modificado para encuadrar a San Luis bajo una supuesta ruta del mercurio y la plata, común a ciudades con las que presenta de manera conjunta la propuesta, Almadén, España, e Idria, Eslovenia. Según sus promotores, en la época novohispana el mercurio era transportado de la ciudad andaluza de Almadén, tierra adentro, para luego embarcarse en el puerto de Sanlúcar de donde viajaba 9 mil kilómetros hasta Veracruz. De ahí era desplazado a la Ciudad de México para posteriormente enviarlo a los centros mineros de oro y plata, San Luis Potosí y Cerro de San Pedro, entre ellos. Alfonso de María y Campos, director nacional del INAH, festeja la candidatura de la ciudad para ser agregada a la lista de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) para la protección del patrimonio mundial:

“queda atrás la solitaria búsqueda de cada país para que una zona cultural de su territorio sea reconocida, y entramos a un proceso internacional en que naciones y pueblos unan candidaturas y trabajen en común por la conservación de este universo memorioso, acervo de edificaciones y símbolos en que la humanidad entera pueda reconocer su historia y sus valores”. Es el mismo funcionario federal que sólo escucha las denuncias de peritos y especialistas de ese organismo sobre el incumplimiento de la minera canadiense a las recomendaciones impuestas para proteger el patrimonio histórico del pueblo. A fines de 2008, el gobernador Marcelo de los Santos está feliz, confiado en que antes del verano siguiente saldrá la deseada declaratoria. En los últimos meses la ciudad ha sido visitada por representantes de la Unesco. El centro histórico ha sido remodelado, iluminado como si de un set televisivo se tratara. Pero la miseria sigue en la ciudad por más que quiera ser disfrazada para no crear malas impresiones a los visitantes. El municipio capitalino pide a prostitutas, lavacoches, comerciantes ambulantes, que vayan a laborar a otras zonas mientras dura la visita de representantes de Unesco, del 27 al 30 de agosto. Hay que quitar “los adefesios”, dice un funcionario municipal. El expediente avanza, próxima la declaratoria de la ciudad como patrimonio de la humanidad, aunque allá, al oriente, el cerro que le dio origen es demolido todos los días.

pepeortizb@yahoo.com.mx