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Juicio de alimentos en el Código Civil y Comercial
Guahnon, Silvia V.
LA LEY 25/03/2015, 25/03/2015, 1
Cita Online: AR/DOC/757/2015
Sumario: I. Introducción. - II. Reglas procesales comunes de los juicios de alimentos,
cualquiera sea la fuente de la obligación alimentaria. - III. Disposiciones especiales de
acuerdo a las fuentes de la obligación alimentaria. - IV. Palabras finales.
Abstract: El Código sancionado introduce de modo expreso el modo de cumplimiento de la
obligación alimentaria, siendo la regla general la del pago de una renta en dinero en forma
mensual, anticipada y sucesiva, aunque se faculta a cumplirla de otro modo y asimismo a
fijarla por períodos más cortos, siempre que existan razones fundadas. De esta forma se
incorpora una norma que abre la posibilidad de adecuar el modo de cumplimiento de la
obligación alimentaria a la situación real imperante, de acuerdo a las características del caso
y a la situación específica de cada familia.
I. Introducción.
La inminente entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante,
CCCN), que se produciría el 1° de agosto del año 2015 (según adelantamiento dispuesto por
la ley 27.077), nos pone a quienes operamos día a día con sus normas ante el desafío de tener
que estudiar, interpretar y próximamente aplicar un cuerpo normativo nuevo que es, ni más ni
menos, que uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro derecho.
Y tal es la fuerza expansiva de dicho cuerpo que afecta y opera sobre terrenos y materias
que, a primera vista y a la luz de lo que disponen los artículos 75, inciso 12 y 121 de la
Constitución Nacional, no deberían sufrir modificaciones, como por ejemplo, la materia
procesal.
Ahora bien, sin desconocer ni escapar a las discusiones sobre la validez constitucional o
no de la inclusión de normas de carácter procesal en un código de fondo (1), pero
considerando que, a priori, no se produce violación alguna de competencias legislativas —lo
que eventualmente deberá constatarse en cada caso—, nos proponemos en este trabajo
efectuar una primera aproximación y estudio de cómo será el juicio de alimentos a la luz del
nuevo Código, principalmente, en las instituciones más relevantes y que habrían recibido
modificaciones, y en las innovaciones que se producirán.
Para un mejor orden expositivo, abordaremos en primer término cuestiones procesales
comunes a todos los juicios de alimentos —sea cual fuere la fuente de la obligación—, para
luego exponer las particularidades que presentarán tales juicios respecto de cada fuente de
obligación en especial, con la necesaria aclaración de que nos guía en este trabajo un criterio
de mesura y prudencia, por la evidente dificultad que entraña la interpretación de un cuerpo
normativo totalmente nuevo, con principios y espíritu propios
II. Reglas procesales comunes de los juicios de alimentos, cualquiera sea la fuente de
la obligación alimentaria
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a) Trámite y aspectos normativos.
Como ya adelantáramos, el Código Civil y Comercial de la Nación mantiene la inclusión
de normas procesales en materia alimentaria pero, al igual que su predecesor, no regula
específicamente el juicio de alimentos —puesto que ello sí sería de dudosa
constitucionalidad—, sino que establece que "la petición de alimentos tramita por el proceso
más breve que establezca la ley local, y no se acumula a otra pretensión" (art. 543).
Si bien este artículo se encuentra ubicado en el Sección 1ª del Capítulo 2° del Título IV,
referido a los alimentos derivados del parentesco, entendemos que, a la luz de la línea
interpretativa trazada por los artículos 1° y 2° del CCCN, resultará aplicable a todo proceso
de alimentos cualquiera sea la fuente de la obligación alimentaria.
De acuerdo a ello, cada jurisdicción va a determinar el trámite procedimental aplicable al
juicio de alimentos, el que tiene que ajustarse al más breve que determine la legislación
procesal local. Vale decir que la mayoría de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires lo
regulan como un proceso especial que, si bien es un verdadero proceso de conocimiento, se
encuentra abreviado en el trámite por la naturaleza de la obligación y los intereses y derechos
que se tutelan mediante la pretensión alimentaria.
Destacamos, con referencia a lo dicho párrafos arriba, que no existe en el nuevo Código,
salvo el caso de los artículos 432, última parte, 586 (con respecto a los alimentos provisorios
en juicios de filiación) y 670 indirectamente, disposiciones expresas que establezcan la
aplicación subsidiaria y/o en lo pertinente a normas relacionadas con determinada obligación
alimentaria junto a otras vinculadas a otras fuentes de obligación alimentaria; aunque sería
prudente una inclusión de tal tipo para evitar lagunas en algunos temas o disparidad de
soluciones, quizá, a fin de cuentas, ello resulte innecesario por el modo en cómo los artículos
1° y 2° mandan interpretar la ley.
De este modo, además de tener en cuenta la finalidad de la norma (art. 1°), se debe
interpretar la ley teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las leyes análogas, y los principios
y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (art.2). Así, entendemos, el
nuevo Código sabiamente casi cierra la posibilidad de que existan lagunas normativas, lo que
en el caso significa que, en lo pertinente y en lo que no fuere incompatible, podrá recurrirse a
normas de las distintas fuentes alimentarias.
b) Retroactividad
Una de las modificaciones de gran importancia en los juicios de alimentos se produce con
respecto a la retroactividad de la sentencia que los determina.
En efecto, a partir de lo dispuesto por los artículos 548 CCCN referido a los alimentos
entre parientes y 669 vinculado a los alimentos derivados de la responsabilidad parental (2),
los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la mediación en
el ámbito de la Nación (lo que no traería en principio modificaciones con el régimen actual) o
desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente
dentro de los seis meses de la interpelación, aspecto éste último que constituye una verdadera
novedad.
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Entendemos que la interpelación por medio fehaciente puede estar dada por la remisión de
un telegrama colacionado, de una carta-documento, de un acta notarial, del requerimiento de
mediación (siempre que la pretensión conste en el objeto del acta labrada por el Mediador) o,
en definitiva, de cualquier medio fehaciente de notificación, lo que por lo pronto nos indica
que no tiene tal virtualidad una nota escrita, un correo electrónico o cualquier documento
electrónico que no contenga firma digital (arg. art. 288, segundo párrafo CCCN), etc.
Adviértase que la retroactividad que imponen las normas citadas operará siempre y
cuando se inicie la demanda —o, al menos en el ámbito nacional también la mediación (conf.
art. 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —en adelante CPCCN—, luego
de la reforma de la ley 26.589)—, dentro del plazo de seis meses desde la interpelación, lo
que configuraría una suerte de plazo de caducidad, que en nuestra opinión, tendría su
justificación tal vez en la finalidad de evitar el engrosamiento de las liquidaciones en caso de
que el acreedor alimentario dilatara la iniciación del proceso de alimentos respectivo. Debe
resaltarse que el trascurso del plazo antedicho sin promover la demanda o iniciar el trámite de
mediación (3) no impide de ningún modo que la parte inicie el proceso; la única
consecuencia que tendrá es la pérdida (caducidad) del derecho a reclamar la retroactividad
que indica la norma, es decir, y como lo indica el artículo 2.566, extingue el derecho (a la
retroactividad) no ejercido.
Vale decir que se utiliza en este trabajo el término "retroactividad" tal y como se prevé en
el texto del nuevo Código, aunque bien cabe señalar que lo es en un sentido impropio puesto
que la sentencia lo que en rigor hace es declarar la existencia o nacimiento del derecho o
crédito, desde el momento antes referido.
c) Incumplimiento de la obligación alimentaria
Previamente, y antes de adentrarnos al incumplimiento de la obligación alimentaria, se
advierte que el Código sancionado introduce de modo expreso el modo de cumplimiento de
la obligación alimentaria, siendo la regla general la del pago de una renta en dinero en forma
mensual, anticipada y sucesiva, aunque se faculta a cumplirla de otro modo y asimismo a
fijarla por períodos más cortos, siempre que existan razones fundadas (conf. art. 542 CCCN).
De esta forma se incorpora una norma que abre la posibilidad de adecuar el modo de
cumplimiento de la obligación alimentaria a la situación real imperante, de acuerdo a las
características del caso y a la situación específica de cada familia.
En cuanto al grave problema del incumplimiento de la obligación alimentaria, el Código
sancionado incorpora normas específicas para paliar el perjuicio que ello acarrea a los
beneficiarios.
Es así que específicamente se establece en los artículos 551 y 552, por un lado, la
responsabilidad solidaria de quien no cumple con la orden judicial de retención de haberes o
—pareciera, según la redacción de la norma— de cualquier otro crédito a favor del deudor
alimentario, conforme lo hubiera ordenado el juez; por el otro, se prevé la fijación de
intereses que se devengarán por las sumas debidas, en la tasa más alta que cobren los bancos
a sus clientes, como se dirá más adelante.
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En cuanto al primero de los supuestos explicitados (responsabilidad solidaria del
encargado de retener y depositar la suma ordenada por el juez), se recoge lo que viniéramos
sosteniendo (4), pues no se puede frustrar el derecho alimentario como consecuencia, no sólo
del incumplimiento del deudor alimentario sino también del aquellos que están obligados a la
retención y depósito de la cuota alimentaria.
De esta forma responde por incumplimiento el deudor alimentario y también y en forma
solidaria (régimen de los artículos 827 a 843del CCCN), aquellos que no cumplan con la
orden judicial de retención y/o depósito de los salarios o parte de ellos, de sus dependientes.
Ello, pues dicho incumplimiento se puede deber asimismo a la connivencia entre los
alimentantes y los responsables de las firmas o empresas requeridas.
Vale aclarar que esta responsabilidad se prevé más allá de las multas o sanciones
conminatorias que a su vez pueda imponer el juez a las personas y/o entidades requeridas
como consecuencia del incumplimiento de una orden judicial y precisamente para
constreñirlas a cumplir, como se verá luego, o de las consecuencias que pueda acarrear tal
conducta en orden al delito de desobediencia en materia penal.
Con relación a la tasa de interés que devengarán las cuotas, se fija una tasa legal
equivalente a la más alta que cobren los bancos a sus clientes según las reglamentaciones del
Banco Central, a la que se puede adicionar la que el juez fije según las circunstancias del
caso.
Pareciera que la finalidad de la norma en cuestión es, por una parte, unificar la tasa de
interés que venía siendo fijada de un modo dispar en la jurisprudencia nacional y provincial,
entre sí y entre ellas; por la otra, disuadir el incumplimiento, agravándose sus consecuencias
al engrosar el crédito alimentario con tal tasa de interés; finalmente, y aunque estimamos que
esta es una finalidad secundaria, que en períodos inflacionarios, la tasa sea retributiva por la
imposibilidad del disponer el capital (además de moratoria).
Más allá de lo expuesto hasta aquí, el artículo 553, de un modo amplio, deja librado al
arbitrio judicial otras medidas para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria,
disponiendo: "Otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al
responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables
para asegurar la eficacia de la sentencia".
Sobre esta norma, merecen realizarse las siguientes apreciaciones.
En primer lugar, se hace mención de incumplimientos reiterados, por lo que no bastaría un
solo incumplimiento para su aplicación; es decir, podríamos considerar a esta norma
subsidiaria (o, depende el caso, complementaria) de todo el otro abanico de medidas
expresamente previstas para tales fines.
En segundo lugar, no se tratan de sanciones o castigos para el incumplidor, sino de
medidas, que propendan a efectivizar o facilitar el cumplimiento de la sentencia dictada.
En tercer lugar, a pesar de referirse al incumplimiento reiterado de "la obligación
alimentaria" a secas, puede ser comprensiva de los alimentos provisorios.
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Finalmente, entendemos que entre estas medidas razonables se encontrarían la imposición
de sanciones conminatorias (también denominadas "astreintes"), la inscripción del
alimentante en los Registros de Deudores Alimentarios Morosos (leyes 269 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y sus correlativas provinciales), hasta en algún supuesto
excepcional y grave, la prohibición de salida del país del incumplidor por tiempo limitado
(5).
Con relación a las sanciones conminatorias, y más allá de su discusión en cuanto a su
naturaleza procesal o de fondo y a que generalmente se encuentran previstas en los Código
Procesales (v. gr., art. 37 CPCCN y analógicas en los Códigos Procesales provinciales) el
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación las regula en el artículo 804 y salvo un leve
cambio en la redacción, de un modo idéntico al artículo 666 bis del Código Civil, pero con
una importante salvedad que fuera introducida por el Poder Ejecutivo al momento de remitir
el Proyecto al Congreso de la Nación y que, en esta materia, tendría trascendencia por
ejemplo, en caso de que un juez ordenara a una autoridad pública (Estado Nacional,
Provincial, Municipal, ente centralizado o descentralizado, etc.) que retuviera y depositara a
la orden del Tribunal un porcentaje del salario del deudor alimentario —o algún crédito a su
favor— y ésta fuere reticente en cumplir o, lisa y llanamente, incumplidora.
En tal caso, el último párrafo del artículo 804 citado dispone que "la observancia de los
mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del
derecho administrativo".
d) Medidas cautelares. Alimentos provisorios
El nuevo Código Civil y Comercial en esta materia recepta los caracteres propios y
específicos de las medidas cautelares en este tipo de procesos, adoptando un criterio de
amplitud y flexibilidad para su adopción, criterios que también son dispuestos en líneas
generales en los artículos 705 y siguientes.
En este sentido, se incorpora una norma que expresamente habilita la solicitud y
disposición de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros (es decir los que
aún no fueron fijados), lo que modifica el criterio general imperante en la jurisprudencia, que
establecía el carácter restrictivo para su dictado (6).
El artículo 550 establece: "Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar
el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede
ofrecer en sustitución otras garantías suficientes".
De esta forma, cualquiera haya sido el origen de la deuda alimentaria —se trate de
alimentos futuros, provisionales, alimentos establecidos en la sentencia definitiva o alimentos
convenidos—, se puede asegurar su eficacia por medio de distintas medidas cautelares como
el embargo preventivo sobre bienes o ingresos del demandado, inhibición general de bienes,
designación de un interventor judicial, entre otras, previstas en los códigos procesales, todas
estas medidas de carácter netamente instrumental para asegurar, como dijéramos, la eficacia
de la resolución provisoria o definitiva (objeto inmediato de la pretensión) y el objeto
mediato de la pretensión, es decir, los alimentos en sí (en especie o en sumas de dinero).
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Su procedencia no será automática, sino que deberán acreditarse los presupuestos clásicos
(o particulares de las medidas cautelares en el derecho de familia) (7) de tales medidas
cautelares, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En cuanto a la
contracautela, entendemos que, atendiendo al carácter de la obligación que tiende a asegurar,
en principio no sería exigible —al menos no con carácter real o personal.
Atendiendo al carácter mutable y/o sustituible de las medidas cautelares, se incorpora
expresamente la posibilidad para el deudor de ofrecer otras garantías en sustitución de las
medidas ordenadas aunque, agregamos, siempre que se cumpla con la función de garantía a la
que están destinadas (conf. art. 203 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En cuanto a los alimentos provisorios, el artículo 544 dispone: "Desde el principio de la
causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos
provisionales, y también las expensas del pleito, si se justifica la falta de medios."
Esta norma se refiere a los alimentos provisorios durante el juicio de alimentos, de manera
similar a como lo hace el artículo 375 del Código Civil, y si bien —como también ocurre con
esta última norma— se encuentra ubicada en el Capítulo dedicado a los alimentos derivados
del parentesco, como dijéramos "supra", se aplica a todo juicio de alimentos cualquiera fuere
la fuente de la obligación, máxime cuando el artículo 721 ("Medidas provisionales relativas a
las personas en el divorcio y en la nulidad del matrimonio"), establece en el inciso d) que el
juez puede, especialmente, "disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los
hijos conforme con lo establecido en el Título VII del Libro II,, es decir, conforme al título
que regula la Responsabilidad parental. También se establece que se podrán imponer las
expensas del pleito, sólo si se justifica la falta de medios.
Por otra parte, se incorporan expresamente en el nuevo Código dos institutos de gran
trascendencia, que ya venían siendo admitidos por la jurisprudencia.
Uno de ellos, se refiere a los alimentos provisorios en los juicios de filiación respecto del
hijo extramatrimonial no reconocido (arts. 586 y 664) (8), y el otro a los alimentos
provisorios que puede solicitar la mujer embarazada (art. 665) (9).
Así, cuando se reclaman alimentos provisorios antes o durante el juicio de filiación (10),
el legitimado activo sería el hijo extramatrimonial presuntamente no reconocido, por si o por
medio de sus representantes, con la representación promiscua y necesaria del Defensor de
Menores e Incapaces; y para su procedencia aquí sí se exigirá la acreditación sumaria de la
verosimilitud del derecho invocado
Ahora bien, si los alimentos provisorios se fijan con anterioridad a la demanda de
filiación, están sujetos a un plazo de caducidad que fijará el juez al disponerlos, lo que
significa que de no iniciarse la acción en ese plazo, cesará automáticamente la cuota
provisoria fijada.
También, como adelantáramos, y siguiendo los lineamientos del moderno derecho
comparado (11) y de las leyes de protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes (arts. 18 y 37, inciso c)de la ley 26.061), el nuevo Código prevé que la mujer
embarazada está legitimada para reclamar alimentos al progenitor presunto, debiendo
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acreditar la verosimilitud del derecho invocado mediante la información sumaria de la
filiación alegada, la que —estimamos— podrá estar orientada a la acreditación de la
convivencia de aquella con el presunto progenitor al momento de la concepción, mediante
testigos, documentos y/o informes.
e) Incidentes de modificación o cesación de cuota alimentaria
Al igual que con el juicio de alimentos, el artículo 554, último párrafo, dispone que "la
pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más
breve que prevea la ley local".
Es importante señalar que a diferencia del juicio de alimentos que cuenta, como
dijéramos, con un trámite especial de procedimiento, estos procesos de modificación de cuota
alimentaria se sustancian por las normas de los incidentes (conf. art. 650 del CPCCN), salvo
que existiera un procedimiento más breve en la legislación procesal local.
f) Cuestiones probatorias. La carga de la prueba
El artículo 710 del nuevo Código establece: "Principios relativos a la prueba. Los procesos
de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La
carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar".
Se recepta de este modo el principio de "favor probationes" que significa que, en casos de
objetivas dudas en torno a la producción, admisión, conducencia o eficacia de las pruebas,
habrá de estarse por un criterio amplio en favor de ella (12), máxime en juicios como el de
alimentos donde, como se ha dicho, si no es posible acreditar el caudal económico del
alimentante, mediante la prueba directa de sus haberes, debe estarse a lo que resulta de las
pautas que permiten una apreciación de su capacidad patrimonial, a través de sus actividades,
forma y medios de vida; además, las presunciones e indicios en punto a la entidad de los
ingresos del alimentante deben considerarse con un criterio amplio y favorable a las
aspiraciones legítimas de la parte reclamante (13).
Por otra parte, la norma citada al comienzo consagraría la figura de las "cargas dinámicas"
en virtud de la cual, si bien ambas partes deben llevar a consideración del juzgador la prueba
sobre la verdad de sus argumentos, dicha carga se encuentra en mayor grado en cabeza de la
parte que cuenta con mayores elementos materiales para hacerlo (14) o que se encuentra en
mejores condiciones de probar determinado hecho (15). Ello, en los procesos de familia
produciría una atemperación del principio contenido en el artículo 377 CPCCN (16).
No obstante, es menester recalcar que ello no exime a la parte "ab initio" del esfuerzo
probatorio o al menos de la intención de probar, aspecto que tiene suma importancia en
materia de valoración de su conducta en el proceso (art. 163, inciso 5°, tercer párrafo del
CPCCN); en otras palabras, las partes igualmente deben intentar probar los presupuestos de
hecho de las normas en las que fundan sus pretensiones, pues la valoración de quién estaba
en mejores condiciones de probar será algo que el juez eventualmente efectuará al momento
de resolver y en base a todos los elementos reunidos y los que, precisamente, no pudieron
reunirse por imposibilidad o dificultad probatoria, marcándose de este modo una notoria
diferencia con el supuesto contemplado en los artículos 1.734 y 1.735, en cuanto a la carga de
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la prueba de los factores de atribución de la responsabilidad civil.
En el caso del juicio de alimentos, en no pocos supuestos las normas exigen la prueba
cabal de determinado hecho o directamente ponen la actividad probatoria a cargo de una
parte, como sucede por ejemplo con los supuestos del artículo 545, 663, último párrafo o 668,
segunda parte. En estos casos, deberá afinarse el análisis y tener muy en cuenta las
circunstancias del caso para ajustar el campo de aplicación de la teoría de las cargas
dinámicas que consagra el artículo 710 del CCCN.
Por último, el artículo 711 dispone que "Los parientes y allegados a las partes pueden ser
ofrecidos como testigos.
Sin embargo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración
de personas menores de edad, o de los parientes que se niegan a prestar declaración por
motivos fundados".
g) Intervención del demandado en el proceso. Advertencia sobre determinados supuestos.
Aunque evidentemente resulta prematuro sentar criterios rígidos en la materia, no
podemos dejar de llamar la atención sobre una cuestión que nos parece fundamental.
Y es que, evidentemente el proceso de alimentos en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación (artículos 638 y siguientes), ha sido previsto como un proceso especial y
abreviado, por la naturaleza de la pretensión que allí se ventila: esto es, la prestación
alimentaria.
De tal modo, y en concordancia con la normativa de fondo (Código Civil y leyes
complementarias), se estableció un proceso donde la intervención del demandado es
sumamente restringida, no sólo en virtud de la etapa en la que interviene (v.gr., directamente
en la audiencia preliminar y quizá con la prueba de la parte actora produciéndose —art. 639,
primera parte del CPCCN-), sino también por las limitadas facultades procesales que se le
otorgan para controvertir la pretensión de la actora (como regla, sólo puede demostrar la falta
de título o derecho de quien pretende los alimentos, así como la situación patrimonial propia
o de la parte actora —art. 643, primer párrafo-) y para probar los hechos por él invocados (en
principio, sólo puede acompañar prueba instrumental y solicitar informes cuyo
diligenciamiento no podrá postergar, en ningún caso, el plazo fijado en el artículo 644 del
Código Procesal).
Por tal razón, la doctrina y la jurisprudencia siempre se han preocupado por buscar un
equilibrio entre la celeridad que debe guiar la pretensión que se deduce y el derecho de
defensa en juicio del demandado (17), que también tiene anclaje constitucional (art. 18),
propiciando una intervención más amplia, con mayores posibilidades de controvertir la
pretensión de la actora y de ofrecer otros medios probatorios, con el límite de no
desnaturalizar el sistema previsto.
Vale decir que a las razones dadas, cabe agregar la premisa fundamental que permite
instaurar un proceso de ese tipo: la poca probabilidad de controversia del título de quien
reclama. En otras palabras, el título del reclamante estará dado, salvo casos excepcionales,
por alguna partida que acredite la calidad de hijo, pariente, cónyuge, entre muchos otros
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supuestos, más allá de que después deberá acreditarse el monto, y en algunos casos algún
otro u otros presupuestos (v. gr., la necesidad del alimentado en el caso del reclamo contra
parientes, o en los alimentos de toda necesidad del artículo 209 del Código Civil de Vélez).
Así las cosas, el nuevo Código prevé algunos supuestos en los cuales la escasa
intervención que el Código procesal le impone al demandado, podría resultar violatoria de su
derecho de defensa en juicio, teniendo en cuenta que el título de quien reclama no sería tan
incontrovertible; y aun cuando así no fuera, los presupuestos de hecho que debe probar el
demandado —por el sólo hecho de ser demandado—, conllevan cierta dificultad probatoria
que no podría ser llevada a cabo con las facultades que le otorga el artículo 643 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, ni tampoco con las mayores facultades que le suelen
reconocer la doctrina y la jurisprudencia antes referida.
Nos referimos particularmente a los supuestos de los artículos 434, inciso b) (alimentos
posteriores al divorcio que solicita un ex cónyuge al otro), 666 (cuidado personal compartido)
y 676 (reclamo al progenitor afín), donde deberá estudiarse cuidadosamente la cuestión a fin
de contemplar y preservar del mejor modo posible todos los derechos en juego.
III. Disposiciones especiales de acuerdo a las fuentes de la obligación alimentaria
Sentado lo expuesto en cuanto a las cuestiones comunes a todos los juicios de alimentos,
nos referiremos seguidamente a las disposiciones procesales específicas de acuerdo a las
distintas fuentes de obligación alimentaria, aclarándose desde ya que, si bien lo que hace a la
reforma de fondo en materia alimentaria excede ampliamente el marco de este trabajo (que
versa sobre los aspectos procesales), para un mejor entendimiento de la temática se hará una
somera referencia a ella, detallando brevemente el contenido y los presupuestos básicos de
cada fuente de obligación alimentaria.
a) Alimentos derivados del matrimonio.
Estos alimentos están previstos expresamente en el art. 432 que dispone: "Los cónyuges se
deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Con
posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los supuestos previstos en
este Código, o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a
los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles."
De acuerdo a ello, en lo que hace a los alimentos entre cónyuges y ex cónyuges podemos
hablar de dos etapas o períodos:
-Durante el matrimonio y la separación de hecho
El Código Civil y Comercial de la Nación, a diferencia del Código Civil, define
expresamente el régimen que tendrá la obligación alimentaria entre cónyuges durante la
separación de hecho y hasta el divorcio.
En este sentido, sujeta dicha obligación a los mismos presupuestos y alcances que la
originada durante la vida conyugal (arts. 432 y 433) —las que se regirán por el principio de
igualdad entre los cónyuges (18) e incorpora pautas orientadoras para su fijación en los casos
en que proceda.
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Así, el artículo 433 CCCN establece: "Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la
vida en común y la separación de hecho, para la cuantificación de los alimentos se deben
tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas: a) el trabajo dentro del hogar, la
dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades; b) la edad y el estado de salud
de ambos cónyuges; c) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de
quien solicita alimentos; d) la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles,
industriales o profesionales del otro cónyuge; e) la atribución judicial o fáctica de la vivienda
familiar; f) el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda.
En caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges u otra persona; g)
si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial; h) si los cónyuges están
separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la separación; i) la situación
patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de hecho.
El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, el cónyuge alimentado
inicia una unión convivencial, o incurre en alguna de las causales de indignidad".
-Posteriores al divorcio
Este caso en rigor se trata de los alimentos posteriores al dictado de la sentencia de
divorcio que es la que disuelve el vínculo (conf. art. 435, inciso c) CCCN). A partir de allí,
sólo se deben alimentos en dos supuestos: a) A favor de quien padece una enfermedad grave
preexistente al divorcio que le impide autosustentarse; y b) A favor de quien no tiene
recursos suficientes ni posibilidad de procurárselos. En este supuesto la obligación no puede
tener una duración mayor que el número de años del matrimonio y no procede a favor del que
recibe la compensación económica (conf. art. 434).
No resulta ocioso resaltar que ésta última figura (compensaciones económicas), cuyos
recaudos de procedencia se encuentran previstos en los artículos 441 y 442 CCCN (19),
constituye una obligación que, si bien presenta algunas semejanzas con la obligación
alimentaria, tiene distinta naturaleza y debe ser cuidadosamente diferenciada, para evitar
equívocos (20).
Ahora bien, retomando la línea de análisis, dispone el artículo 434 del CCCN: "Las
prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aun después del divorcio:
a) A favor de quien padece una enfermedad grave prexistente al divorcio que le impide
autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos.
b) A favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de
procurárselos. Se tienen en cuenta los incisos b), c) y e) del artículo 433. La obligación no
puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a
favor del que recibe la compensación económica del artículo 441
En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si: desaparece la causa
que la motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o
cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad.
Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas
convenidas."
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De acuerdo a lo dispuesto en la norma citada no existiría obligación alimentaria del ex
cónyuge a favor del que recibe una compensación económica sólo en el supuesto del inc. b),
es decir cuando el ex cónyuge no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad de
procurárselos, por lo que a "contrario sensu" nada impediría que se peticionara y fijara una
cuota alimentaria a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente aunque reciba
una compensación económica.
En la faz procedimental, entendemos que el pedido de alimentos tramitará por las normas
del juicio de alimentos, con las modificaciones generales ya descriptas en el punto II de este
trabajo.
La vía procesal para declarar el cese de la obligación alimentaria será, a la luz de lo
dispuesto por el artículo 554, último párrafo —aplicable por la remisión efectuada por el
artículo 432, segundo párrafo, ambos del CCCN—, y como se dijera más arriba, la incidental,
en donde se tendrán que invocar y acreditar las circunstancias de cese apuntadas
precedentemente.
c) Alimentos derivados de la responsabilidad parental.
En esta materia se registran numerosas e importantes modificaciones, tanto sustanciales
como procesales con respecto al régimen actual, las que iremos analizando en el presente
acápite en forma general, refiriéndonos luego a su influencia en los procesos alimentarios y
específicamente en cuanto a la legitimación.
- Cuestiones generales
Se mantiene como regla general que ambos progenitores tienen la obligación de alimentar
a sus hijos hasta los 21 años (art. 658 CCCN) —es decir, aunque sean éstos mayores de edad
en los términos del artículo 25 del nuevo Código—, salvo que el obligado acredite que el hijo
mayor de 18 años cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.
La referencia al obligado pareciera apuntar al progenitor o al pariente que tuviera el deber
alimentario, y no al alimentado, lo que a primera vista supondría modificar el criterio del
artículo 265 del Código Civil de Vélez Sarsfield (texto según ley 26.579), que en expresión
poco feliz, prevé que el propio hijo puede acreditar que cuenta con recursos suficientes,
supuesto casi inaplicable en la práctica. No obstante, no se descarta ni que el hijo pueda
participar en el proceso —ya sea en calidad de tercero adhesivo simple o litisconsorcial—
defendiendo la postura de cualquiera de los progenitores. Obviamente, ello no es habitual en
la práctica, ni tampoco es deseable.
La obligación alimentaria que prevé el artículo 658 citado (es decir, la derivada de la
responsabilidad parental), es amplia, lo que significa que comprende la satisfacción de las
necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta habitación,
asistencia, gastos de enfermedad, agregándose expresamente los gastos necesarios para
adquirir una profesión u oficio, rubro que no se encontraba previsto en el artículo 267 del
Código de Vélez.
Una modificación de gran trascendencia prevista por el artículo 663 del nuevo Código,
que ya venía siendo admitida por la jurisprudencia, es la extensión de la obligación
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alimentaria de los progenitores respecto del hijo mayor que se capacita hasta los 25 años,
siempre que la prosecución de los estudios o la preparación profesional de un arte u oficio le
impida a aquél proveerse de los medios necesarios para sostenerse independientemente. El
reclamo, podrá efectuarlo el hijo o el progenitor con quien convive, pero siempre debiendo
acreditar la viabilidad del pedido.
Vale decir que, al no aclarárselo (sólo se refiere a la obligación de proveer "recursos"), el
contenido sería el que dispone el artículo 659 antes referido, más allá de que habrá que
ponderar la edad del beneficiario y la mayor o menor entidad de lo que fuera que le impide
proveerse los recursos por sí mismo.
En todos los supuestos mencionados se establece que los alimentos pueden consistir en
prestaciones monetarias o en especie y deben ser proporcionales a las necesidades de los
alimentados y las posibilidades económicas de los obligados al pago (art. 659, segunda
parte).
El nuevo Código también aquí recepta un consolidado criterio jurisprudencial,
estableciendo expresamente en el artículo 660, que las tareas cotidianas que realiza el
progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y
constituyen un aporte a la manutención.
- Supuesto del cuidado personal compartido
También, y en consonancia con el nuevo régimen de responsabilidad parental, en el
artículo 666 se establece, para el supuesto de cuidado personal compartido con la modalidad
alternada (previsto en los artículos 650, 651 y siguientes del CCCN), que si ambos
progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la
manutención del hijo cuando está bajo su cuidado, pero si los recursos no son equivalentes,
entonces el que cuenta con mayores ingresos debe pasar alimentos al otro, de modo tal que el
hijo pueda mantener el mismo nivel de vida en ambos hogares, debiendo los gastos comunes
ser solventados por ambos progenitores, de acuerdo a su condición y fortuna.
De acuerdo con este texto, entonces, aunque el cuidado personal del hijo sea compartido y
por tiempo similar, podrá un progenitor iniciar reclamo alimentario contra el otro en caso de
que éste último contara con mayores recursos, debiendo en el proceso acreditar que éstos no
son equivalentes. Cabe destacar que la norma en ningún momento menciona la necesidad
como presupuesto del otorgamiento de la cuota, sino la falta de equivalencia, precisamente
porque tiene como finalidad que el hijo mantenga el estilo de vida en ambo hogares.
Adelantamos que, quizá adrede, no se define a qué se refiere la norma citada con la
palabra "recursos", por lo que aquí, como en tantas otras cosas, serán la práctica, la doctrina y
la jurisprudencia las que irán delineando su campo de aplicación.
- La obligación del progenitor afín.
Como verdadera novedad se incorpora en el nuevo Código la figura del progenitor afín,
que es el "cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del
niño o adolescente" (art. 672 CCCN).
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Entre los diversos deberes que se le imponen al progenitor afín (algunos de ellos
enumerados en el artículo 673), se encuentra el alimentario, previsto por el artículo 676.
No obstante, es preciso resaltar que la obligación alimentaria del progenitor afín tiene
carácter subsidiario, y cesa en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la
convivencia (art. 676) (21).
Más allá de que no se especifica el contenido de la obligación, es de suponer por la
ubicación de la norma dentro del Título VII ("Responsabilidad parental"), que es el amplio
que establece el artículo 659.
Por otra parte, y a pesar de que se indica su carácter subsidiario, no se precisa respecto de
qué obligado es subsidiaria, lo que reviste importancia a los efectos de establecer los grados
de coparticipación. Entendemos que esta obligación es subsidiaria de la de los progenitores, y
que tendrá entonces igual rango que la de los ascendientes de los progenitores (v. gr.,
abuelos), más allá de la diversidad de contenido entre una y otra, toda vez que el artículo 668
remite al Título del parentesco a los fines de evaluar los presupuestos y el contenido de la
cuota, y como dijéramos la del progenitor afín pareciera remitir a la derivada de la
responsabilidad parental.
- Legitimación activa
En cuanto a la legitimación activa para iniciar o continuar un juicio de alimentos cuya
fuente es la responsabilidad parental, deben distinguirse tres situaciones.
La primera, el reclamo de alimentos a favor de un menor de 18 años, que lo pueden hacer
por medio de sus representantes legales, o por sí cuando cuente con edad y grado de madurez
suficiente —de acuerdo a los criterios de capacidad progresiva (22)—, aunque siempre con
asistencia letrada; subsidiariamente, puede ser iniciado por cualquiera de los parientes o por
el Ministerio Público.
En este sentido, dispone el artículo 661 del nuevo Código: "El progenitor que falte a la
prestación de alimentos puede ser demandado por:
a) el otro progenitor en representación del hijo;
b) el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada;
c) subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público".
La segunda, el reclamo de alimentos a favor del hijo mayor de edad, materia sobre la cual
se introdujeron importantes modificaciones. En efecto, se establece expresamente que el
progenitor conviviente tiene legitimación para solicitar alimentos hasta que el hijo cumpla 21
años, pudiendo no sólo iniciar el proceso sino también continuarlo en caso de que durante el
transcurso del mismo alcanzare la mayoría de edad.
Adviértase que según la nueva norma sancionada no sólo el hijo mayor de dieciocho años
y menor de 21 años tiene legitimación para iniciar un juicio de alimentos contra su
progenitor, sino que también el progenitor con quien el hijo convive está habilitado para
iniciar el proceso o continuarlo con la conformidad de éste o no.
Así, dispone el artículo 662 que "El progenitor que convive con el hijo mayor de edad
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tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún
años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido
durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al
otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Las
partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden
fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal
suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria,
como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que
se estimen pertinentes"
El problema se puede suscitar si el hijo mayor de edad no quiere iniciar el proceso contra
su progenitor no conviviente y el conviviente lo inicia.
Creemos que aquí deben efectuarse algunas consideraciones.
De lo dispuesto por los artículos 646, inciso a), 658, primer párrafo, 660, 661, 662 y 666,
se desprende que inicialmente la obligación de alimentos recae sobre ambos progenitores y
en partes iguales; que el progenitor que tiene a su cargo el cuidado personal o, en mejores
términos, que convive con el hijo, realiza una tarea que por sí misma tiene un valor
económico, más allá de que es probable (depende el caso) que también sea quien solvente la
mayoría de las actividades y gastos cotidianos; que esto último determina que se le otorgue la
legitimación para el reclamo judicial de alimentos; y que todo ello será así, salvo que con
respecto al hijo mayor de edad se demuestre que cuenta con recursos suficientes para
proveérselos por sí mismo.
De lo expuesto, se deduce que el progenitor conviviente, en principio, reclamaría por un
derecho propio —aunque el beneficiario final fuera el hijo—, lo que significa un derecho a
exigir la contribución del otro progenitor en la manutención del hijo.
Es por eso que —creemos—, el hijo mayor —entre 18 a 21 años, o hasta los 25 si se
capacita—, sólo podrá disponer de esa cuota (renunciar, desistir, etc.) en tanto se acredite que
el progenitor reclamante en rigor no contribuye con tarea cotidiana alguna, ni abona gastos o
actividades del hijo, o bien que ambos obligados participan de forma equivalente en el pago
de las necesidades de aquel.
También por eso es que se autoriza al progenitor conviviente a administrar y cobrar las
cuotas alimentarias devengadas y a devengarse en los períodos antes referidos, sin perjuicio
de que por acuerdo de partes o por disposición del juez a pedido de algunos de los
progenitores o del hijo, se fije una suma a percibir directamente por éste (art. 662 CCCN),
suma que está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento,
gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes
(art. 662, segundo párrafo) y que sí será de entera disposición y administración del hijo.
En otro orden de ideas, y aunque algo ya se adelantara, se incorpora la obligación
alimentaria de los progenitores del hijo mayor de edad hasta los 25 años cuando éste se
capacita, es decir, cuando para la prosecución de los estudios o preparación profesional de
una arte u oficio no pueda contar con los recursos o medios necesarios para sostenerse (art.
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663 CCCN).
Estos alimentos pueden ser solicitados por el hijo y también tiene legitimación el
progenitor conviviente, pero deberá acreditarse la viabilidad del pedido. Es decir deberá
acreditarse sumariamente, ya sea por testigos o documental fehaciente el derecho que se
invoca para solicitar los alimentos (por ejemplo certificados de estudios, gastos necesarios
para desarrollar un oficio o arte determinados, etc.), sin perjuicio de la eventual aplicación de
la teoría de las cargas probatorias dinámicas, de acuerdo a la facilidad para probar
determinado hecho (conf. art. 710 CCCN), tal como lo explicáramos más arriba.
d) Alimentos derivados del parentesco:
Cabe aclarar liminarmente que en este acápite se tratarán las modificaciones específicas
en el régimen alimentario entre parientes que no hayan sido analizadas en el punto II, sobre
las disposiciones procesales generales en todo juicio de alimentos, pues, como se dijera allí,
en este Capítulo se establecen normas procesales generales aplicables, en lo pertinente y
salvo disposición en contrario, a todo proceso de alimentos, y no sólo los derivados del
parentesco.
Ya ingresando en el análisis particular, cabe decir que si bien en el nuevo Código se
mantiene el orden subsidiario de los parientes obligados, es decir los ascendientes y
descendientes y los hermanos bilaterales o unilaterales, se establece expresamente que en
estos supuestos los alimentos son debidos por aquellos que estén en mejores condiciones de
proporcionárselos y si no fuera así, en partes iguales. A su vez el juez está facultado para fijar
cuotas diferentes según la situación familiar y patrimonial de cada uno (art. 537).
Por otra parte, se mantiene la extensión de la obligación alimentaria entre parientes, que
comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario, asistencia médica y, en el
caso de alimentos debidos por los ascendientes a menores de edad (por ejemplo el caso de los
abuelos), se agrega los de educación (art. 541). Asimismo se mantiene la obligación
alimentaria de los parientes por afinidad, pero únicamente los que estén vinculados en línea
recta de primer grado (arts. 538 y 538, es decir, suegro, suegra, yerno y nuera).
Se introduce aquí una norma de gran trascendencia en materia probatoria, pues
expresamente se establece que el pariente que pide alimentos debe probar que le faltan los
medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera
haya sido la causa que haya generado tal estado (art. 545). Asimismo, incumbe al demandado
la carga de probar que existe otro pariente, de grado más próximo o de igual grado, que estén
en condiciones de prestar los alimentos, a fin de ser desplazado o concurrir con él (art. 546).
Se prevé en esta última norma que si el pariente reclama a varios obligados al pago, el
accionado puede citar a juicio a todos o parte de los restantes, a fin de que la condena los
alcance.
También, recuérdese que, tal como se dijera más arriba, el artículo 668, permite el
reclamo en un mismo proceso al progenitor obligado y a los ascendientes (v. gr., abuelos).
Advertimos pues, que aquí se introduce expresamente la posibilidad de la citación de
terceros y, en definitiva, se admite la presencia un litisconsorcio en este tipo de procesos,
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cuestiones ambas que hasta la actualidad la doctrina y la jurisprudencia admitían con muchas
reservas, o bien no lo admitían.
Creemos que deberá determinarse en cada caso el carácter de la intervención (adhesiva
simple, litisconsorcial) y los planteos de las partes, pero por lo pronto imaginamos que
pueden darse tres situaciones.
Por un lado, el pedido de citación de tercero a instancias del obligado al pago, a fin de que
un pariente de igual grado coparticipe con él en el pago de la cuota. En este caso, teniendo en
cuenta lo dispuesto por los artículos 94 y 639 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, se tratará de una intervención obligada que deberá ser requerida hasta el momento de
la audiencia preliminar del juicio de alimentos, puesto que ésta resultaría la primera
intervención del demandado en el juicio (art. 643 CPCCN).
Ahora bien, debe destacarse que históricamente no se admitía este tipo de intervención por
la especialidad del trámite del juicio de alimentos que, a su vez, tiene su justificación en el
carácter de los derechos en juego.
Empero, en el caso se habilita expresamente tal figura, por lo que deben coordinarse dos
normas que, prima facie, estarían en contradicción, y que son el artículo 95 y el artículo 639,
primera parte, ambos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ello, por cuanto
mientras el primero dispone que la citación de un tercero suspende el procedimiento hasta su
comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiere señalado para comparecer,
el segundo establece que el juez debe ordenar inmediatamente las medidas probatorias que
fueren solicitadas por la actora.
Por otra parte, debe analizarse en qué términos se citará a ese tercero, si se toma en cuenta
que la audiencia preliminar ya se habría celebrado y que, más allá de lo dicho en el párrafo
anterior, en principio "cuando en la oportunidad prevista en el artículo 639 no se hubiere
llegado a un acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de parte, deberá dictar sentencia
dentro de cinco días, contados desde que se hubiese producido la prueba ofrecida por la parte
actora" (art. 644, primera parte, del CPCCN).
Por otro lado, la segunda situación que imaginamos, es la petición del demandado para
que se cite a un pariente de grado más próximo al alimentado y/o que está en mejores
condiciones económicas para prestar los alimentos.
Aquí cabe destacar que la situación se resolverá del mismo modo que la anterior, puesto
que no opera en este caso la exclusión del pariente de grado más lejano por la existencia de
uno de grado más próximo, como ocurre por ejemplo con el derecho sucesorio, por lo que no
se encuentra en discusión la falta de legitimación para obrar de aquel pariente (podría
encontrarse en juego, pero en un grado muy remoto si se probara las "mejores condiciones"),
sino la preferencia de un obligado por sobre otro que no por eso lo excluye como tal, pero
que por razones humanitarias y sociales, el Código lo exime de responder en ese caso.
Finalmente, la última situación que puede darse que a nuestro juicio no sería tan
conflictiva como las descriptas, es la presencia de un litisconsorcio pasivo originario, que
creemos, tendrá carácter facultativo (art. 89 del CPCCN). El ejemplo, es el caso de que el
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alimentado reclame desde el inicio a dos parientes en el mismo proceso, o bien reclame al
progenitor y también al ascendiente (más allá de que, desde ya, esto no le hace perder el
carácter subsidiario de la obligación).
Entendemos que, en este último caso, cuando se dicte sentencia obligando a ambos —
progenitores y ascendiente/s—, deberá discriminarse el monto con respecto a cada cual por la
distinta fuente de la obligación alimentaria y, por ende, al distinto contenido; es decir, con
respecto a los padres el monto (contenido) será mayor, y con respecto a los ascendientes,
menor
Nos parece oportuno resaltar que no deben confundirse estas situaciones con la
prohibición de acumular pretensiones dispuesta por el artículo 543, puesto que ello se refiere
al supuesto de acumulación objetiva de pretensiones del artículo 87 del Código Procesal, es
decir, lo que impide la norma es, por ejemplo, la acumulación de una pretensión de alimentos
con una de régimen de visitas o de cuidado personal.
IV. Palabras finales
Nuestra pretensión con estas líneas, teniendo en cuenta la inminente entrada en vigencia
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ha sido difundir y concordar algunos
aspectos relevantes de la nueva normativa de fondo en materia alimentaria con relación al
juicio donde se canalizarán dichas pretensiones, que es la sede donde se controvertirán los
reclamos que no puedan ser zanjados de común acuerdo entre las partes o en las instancias de
mediación y conciliación.
Reiterando la aclaración inicial acerca de la mesura con la que cabe efectuar el análisis de
un cuerpo normativo totalmente nuevo, con principios y espíritu propios, nos parece que
estos aportes pueden ayudar a comprender la temática y también pueden funcionar como
disparadores de ideas y debates que, finalmente y con el correr del tiempo y los sucesivos
aportes doctrinarios y jurisprudenciales, terminen por consolidar criterios, o incluso generar
nuestra propia rectificación de algunos aquí volcados.
(1) Véanse algunas nociones en el punto IV.a en GUAHNON, Silvia V. - SELTZER,
Martín E., "Los parientes como testigos en los procesos de familia y el Proyecto de Código",
LL 2014-B, 832 - DFyP 2014 (agosto), 3.
(2) Llamativamente los artículos presentan una redacción disímil aunque, entendemos, sin
discordancias en cuanto a sus alcances, razón por la cual son pasibles de ser tratados
conjuntamente.
(3) Que, a todo evento, no sería causal de interrupción del plazo antedicho, sino de
suspensión, en los términos del artículo 18 de la ley N° 26.589 de mediación y conciliación;
suspensión que se encontraría habilitada por el artículo 2.567 CCCN que establece que "los
plazos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen, excepto disposición legal en
contrario".
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(4) Ver proyecto de ley de "Organización y procedimiento de familia de la Nación", el
que fuera elaborado por los doctores Jorge L Kielmanovich, Nelly Minyersky, Angelina
Ferreyra De la Rua, y Eduardo Cárdenas, y en el cual tuve el honor de ser Secretaria de
Comisión.
(5) BELLUSCIO, Claudio, "Prohibición de salir del país ante el incumplimiento
alimentario", DFyP, La Ley 2011 —enero Febrero—; VELAZQUEZ, Alejandra, "El deber
de asistencia paterno: Medidas judiciales tendientes a su cumplimiento", DFyP, La Ley 2011
—abril—; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida "Principios Procesales. Informe de la
parte especial", Ponencia presentada en el XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal,
Santa Fe, junio de 2.011, disponible en la web de la Asociación Argentina de Derecho
Procesal; conf. CNCiv., sala C, 5/11/14, "G., P. D. c/ L., D. G. S/ Medidas precautorias").
(6) "Debe rechazarse el pedido de embargo por alimentos futuros formulado si, la actora
aún no ha obtenido la fijación de una cuota alimentaria provisoria ni ha promovido el juicio
de alimentos y pretende, por el solo hecho de haber fracasado la mediación, embargar el
vehículo del padre del menor titular del derecho alimentario pues, si bien excepcionalmente
puede decretarse la traba de embargo en garantía de la percepción de cuotas alimentarias
futuras, para que ello proceda es necesaria la existencia de condena al pago de una prestación
alimentaria" (CNCiv., sala L, 29/12/98, "B.O.M.M. c. A.M.E.A.", ED 238, 714). En similar
sentido, CNCiv., sala D, 11/02/1997, "P., P. M. c. M., J. O.", La Ley Online
AR/JUR/2052/1997. En contra: "Procede excepcionalmente el embargo por alimentos futuros
cuando existiere el riesgo de que el obligado enajene sus bienes para eludir el pago de las
cuotas futuras, o cuando, ante las reiteradas faltas de cumplimiento del alimentante, pueda
presumirse que el deudor eludirá el pago de la cuota a su cargo" (CNCiv., sala B, 02/04/1997,
"C., M. C. c. F., G. R.", La Ley Online AR/JUR/1323/1997).
(7) Véase para un mayor desarrollo del tema GUAHNON, Silvia, Medidas cautelares en
el derecho de familia, 2ª edición, Ed. La Rocca, 2011.
(8) Art. 586.- "Alimentos provisorios. Durante el proceso de reclamación de la filiación o
incluso antes de su inicio, el juez puede fijar alimentos provisorios contra el presunto
progenitor, de conformidad a lo establecido en el Título VII del Libro Segundo". Art. 664.—
"El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la
acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de
filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios el juez debe establecer un
plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa
carga esté incumplida".
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(9) Art. 665.- "La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor
presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada".
(10) Lo que ya venía siendo admitido por la jurisprudencia: Conf. CNCiv., sala "A", LL
1986-B-621 (37.247-S); id. LL 1989-B-127, id., sala C, "R., M. E. c/ M., C. M. s/ Suc.", ED
93-415; id., sala M, "S., M. s/ art. 250", JA 1999-II-454; id., sala H, 28/2/92, ED 148-435;
id., sala E, 13/6/83, LL 1984-A-46; id., sala C., 27/11/97, ED 248-98.
(11) Ver Código Civil de España (art.142);Código de la Niñez y Adolescencia de
Paraguay (arts. 9 y 97); Código de Familia de El Salvador (art.249), Código de los niños y
adolescentes de Perú (art.92), Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras (art. 97),
Código del Menor de Colombia (art. 133), entre otros, citados en BELLUSCIO, Claudio A.,
Alimentos debidos a los Menores de Edad, Ed. García Alonso, 2009, p. 220 y ss.
(12) KIELMANOVICH, Jorge, Derecho Procesal de Familia, 3ª edición, Abeledo Perrot,
2009, p. 15.
(13) CNCiv., sala D, 29/07/1980, "V. de A., M. B. c. A., J. C.", LL 1981-A, 99.
(14) Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 23/03/11, "M., M. S. c. C/ María
Mercedes Vázquez, Silvio Valenzuela y Jorge Félix Gómez", LLLitoral 2011 (mayo), 437.
(15) Sobre este tema, no cabe más que remitirse a los profundos estudios de PEYRANO,
Jorge W., "La carga de la prueba", LL 19/12/2013, 1 - LL 2013-F, 1205; del mismo autor
"Doctrina de las cargas probatorias dinámicas", LL 1991-B , 1034; véase también los
brillantes aportes de ARAZI, Roland, BERIZONCE, Roberto O., PEYRANO, Jorge W.,
"Cargas probatorias dinámicas" (Diálogos de doctrina), LL 01/08/2011, 3 - LL 2011-D, 1038.
(16) Art. 377 CPCCN: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia
de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber
de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o
normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción..."
(17) ESCRIBANO, Carlos y ESCRIBANO, Raúl, "Indefensión del alimentante", LL
1985-B, 938; BOSSERT, Gustavo "Sobre la actuación del demandado en el juicio de
alimentos", LL 1993-B, 606; Conf. CNCiv., sala I, 23/10/91, R. 83.029.
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(18) BELLUSCIO, Claudio A., Incumplimiento de la cuota alimentaria, Ed. Tribunales,
2013, p. 73.
(19) ARTICULO 441: "Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio
produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que
tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una
compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo
determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el
usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida
el juez". ARTICULO 442: "Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A
falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la
procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas
circunstancias, entre otras: a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a
la finalización de la vida matrimonial; b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia
y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con
posterioridad al divorcio; c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; d) la
capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la
compensación económica; e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles,
industriales o profesionales del otro cónyuge; f) la atribución de la vivienda familiar, y si
recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso,
quién abona el canon locativo. La acción para reclamar la compensación económica caduca a
los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio".
(20) Con respecto a este tema, puede consultarse con provecho los trabajos de MEDINA,
Graciela "Compensación económica en el Proyecto de Código", LL 2013-A, 472 - DFyP
2013 (enero-febrero), 3; y, PELLEGRINI, María Victoria, "El convenio regulador del
divorcio en el Código Civil y Comercial", Suplemento Especial Código Civil y Comercial de
la Nación. Familia, Ed. La Ley, diciembre, 2014, p. 75.
(21) Sin embargo, señala el mismo artículo 676 que "...si el cambio de situación puede
ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la
vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con
carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de
fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia".
(22) Debemos advertir que la participación del menor como parte en el proceso (es decir,
su capacidad procesal), es un tema por demás complejo y que excede con creces el marco del
presente aporte.
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