joaquim dodero curtani
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Número 102 de mayo de 2012
Notas del mes
Observatorio de Salud: 3
Por Joan Benach, Neus Moreno, Carles Muntaner, Salvador Moncada,
Clara Llorens, María Menéndez y Gemma Tarafa
Cuaderno de depresión: 9
Por Albert Recio Andreu
Responsabilidad política
Por Juan-Ramón Capella
Laicismo es libertad...
Por Vicenç Molina
El fraude fiscal en España
Por Miguel Ángel Mayo
Enric Juliana, los anarcoitalianos y el catalán "assenyat"
Por Carlo Pisacane
Resolver la crisis a golpe de detención
Por Carles Camps Mundó
Comentarios prepolíticos: 8
Por Joan Busca
Apuntes para un "Libro de la Selva Política"
Por El Lobo Feroz
Dilemas después del 29-M
Por Antonio Antón
Diez normas elementales para la dirección de un servicio
residencial
Por Josep Torrell
Percepciones y realidades sobre la crisis y la inmigración
Por Enric Prat Carvajal
Mayo del 37 y la izquierda: ayer y hoy
Por José Manuel Barreal San Martín
Ensayo
Arthur Rosenberg, historiador del socialismo y la democracia
real
Andreu Espasa
Marxismo ecológico: elementos fundamentales para la crítica
de la economía-política-ecológica
Damiano Tagliavini e Ignacio Sabbatella
Presente y futuro de las personas con trastorno del espectro
autista (TEA)
1
Joaquim Dodero Curtani
La Biblioteca de Babel
La Sanidad está en venta. Y también nuestra salud
Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde
La mano invisible
Isaac Rosa
Conversaciones con la izquierda anticapitalista europea
Miguel Romero
En la pantalla
Las nieves del Kilimanjaro
Robert Guédiguian
Cap a on va la guerra contra el terror?
José Luis Gordillo
El extremista discreto
Pertinencias
El Zorro Blu
De otras fuentes
Conseller Puig, no a la delación
Carlos Jiménez Villarejo
La auditoría ciudadana para dejar de vivir en deudocracia
Dani Gómez-Olivé y Iolanda Fresnillo
Más allá de la crisis
Josep Fontana
Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu
Àngel Ferrero
Fragilidad, inconsciencia, belicismo...
Rafael Poch-de-Feliu
Entrevista a Agustín Moreno
Manuel Menor Currás
Foro de webs
Jornal Pessoal
Interludium
Climate and Capitalism
Revista "Critica Marxista"
2
3
Observatorio de Salud: 3
La reforma laboral y su impacto en la salud
Joan Benach, Neus Moreno, Carles Muntaner, Salvador Moncada,
Clara Llorens, María Menéndez y Gemma Tarafa
Introducción
La llamada “globalización” no es sino la última fase en la evolución de un
sistema capitalista dominado por las políticas neoliberales, dentro de la
estrategia política que la clase dominante puso en marcha desde mediados
los años setenta (Harvey, 2005). Esa estrategia se ha centrado en
“reliberalizar” los mercados financieros, “oligopolizar” los mercados y
concentrar el poder económico privado, “reabsolutizar” la empresa capitalista,
aumentar el control de las corporaciones sobre el Estado, reducir la
participación social y aumentar la pasividad ciudadana (Domènech, 2004).
Contrariamente a la retórica neoliberal comúnmente usada, el Estado ha
jugado y sigue jugando un papel esencial en ese modelo tal y como muestran
las enormes ayudas económicas destinadas al rescate financiero, las
reducciones del gasto público y las prestaciones sociales, las privatizaciones y
el continuo ataque a las organizaciones sociales y sindicales. Estas políticas
favorecen un aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza y tienen
un efecto claro sobre la salud (Benach et al., 2012). En ese contexto, la
reciente reforma laboral impuesta por el nuevo gobierno del Partido Popular
jugará un papel clave en profundizar estas políticas neoliberales. Más aún,
cuando las prácticas de gestión de mano de obra en España se caracterizan
por las exigencias de adaptabilidad y la muy baja participación y autonomía
de la población trabajadora derivada de la implementación del taylorismo y
autoritarismo en los puestos de trabajo (Llorens et al., 2010).
Los objetivos de la contrarreforma laboral
La actual reforma laboral —aprobada con urgencia, sin debate público ni
negociación social, como si fuera una mera acción “técnica”— representa una
agresión neoliberal sin precedentes históricos recientes a los derechos
laborales de millones de trabajadores y trabajadoras. Los argumentos más
citados para justificarla son la existencia en España de un desempleo y una
temporalidad muy elevados, y un mercado laboral “rígido” y “dual”, con
algunos trabajadores muy protegidos y otros muy precarios. Sin esa reforma,
se aduce, no podremos crear empleo y mejorar la situación económica del
país. No son argumentos nuevos. Todas las reformas laborales realizadas
desde 1984 en España (incluidas las realizadas por el “social-liberal” PSOE, y
ya van ocho) han afirmado que los problemas de nuestro mercado laboral
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radican en la excesiva regulación de las relaciones laborales en lugar de en
nuestro modelo productivo (Recio, 2012). También se nos asegura que es una
reforma “equilibrada”, donde “todos ganan, empresarios y trabajadores”, que
es “un proceso necesario e inevitable” y que ayudará a que “los jóvenes
tengan un horizonte de futuro”, para acabar con “el pesimismo y la
desesperación”. Nada de ello es cierto. La reforma, aprobada mediante un
Real Decreto-ley (RDL 3/2012), ha entrado en vigor el 12 de febrero de 2012 y
es hasta ahora la “joya de la corona” del gobierno del PP y de otros gobiernos
de corte autoritario neoliberal (como el de CiU y el PP en Cataluña) que
aspiran a transformar profundamente no sólo el sistema de relaciones
laborales, sino también el sistema político reduciendo aún más la limitada
democracia existente. En la reforma laboral, el Partido Popular muestra sin
tapujos su cruda ideología empresarial de clase, antisindical, de índole
neofascista y neoliberal. El objetivo de la reforma laboral es claro: abaratar
aún más los costes laborales, facilitar el despido, reforzar todavía más el
poder de los empresarios y debilitar a sindicatos y trabajadores. Sus
apartados más importantes pueden resumirse así (Pastor, 2012; CERES,
2012): abaratar y facilitar los despidos, debilitar los convenios colectivos y
fortalecer los “acuerdos” individuales, precarizar el mercado laboral y
empeorar las condiciones de trabajo favoreciendo la “flexibilidad interna”.
Consecuencias sociolaborales y previsibles efectos sobre la salud
La contrarreforma laboral tendrá consecuencias muy profundas y de largo
alcance sobre la población, la cual verá empeorar sus condiciones de vida,
trabajo y salud. Aunque no disponemos de los estudios sociológicos, laborales,
epidemiológicos y de salud pública que permitan medir su impacto real, el
conocimiento actual (Benach, Muntaner et al., 2010) permite anticipar
verosímilmente sus principales consecuencias que resumimos a continuación
en seis apartados.
1) Aumento del desempleo. En España, la crisis ha empeorado dramática y
desigualmente el desempleo, el más alto de los países ricos, generando uno
de cada veinte nuevos parados en el mundo. Desde el 2007 a febrero de
2012, se ha pasado de 1,7 a más de 5,2 millones de parados (del 8% a más
del 23,6% de la población activa) afectando sobre todo a los jóvenes,
inmigrantes y clases sociales pobres con menor educación. Uno de cada cinco
parados europeos (24,5 millones) es español y la reforma laboral empeorará
la situación. Aunque el ministro de Economía y Competitividad, Luis de
Guindos, ha “estimado” graciosamente que si se hubiera aplicado antes la
reforma laboral ahora habría un millón menos de parados (Información, 2012),
con más realismo el propio gobierno del PP apunta que en el 2012 se
perderán 630.000 puestos de trabajo (Gómez, 2012), cifra que asciende según
otras estimaciones hasta los 800.000 empleos (Fundación IDEAS 2012). A
5
finales de 2012 podría haber seis millones de parados (24,3%). El desempleo
produce una incontable “cascada” de efectos negativos: paraliza carreras
profesionales, reduce la autoestima personal, genera riesgos que dañan la
salud y aumenta la probabilidad de enfermar. El estrés crónico produce
graves problemas de salud como la depresión (tres veces más que en quienes
trabajan), “engancharse” a drogas (legales o ilegales), padecer enfermedades
cardiovasculares (angina, infarto de miocardio, etc.), morir prematuramente o
suicidarse. Los problemas empeoran en las familias obreras, los pobres y las
madres solas con hijos. Por ejemplo, en los parados sin subsidio los problemas
de salud mental se multiplican por tres en profesionales y por siete en
trabajadores manuales, riesgos que se reducen mucho cuando hay subsidios
(Artazcoz, 2004). Obviamente, tras cada cifra, se cuentan miles y miles de
historias vitales llenas de lucha, dolor y desesperación. La amenaza de quedar
sin trabajo es un mecanismo disciplinario y de presión sobre la clase
trabajadora, que aumenta aún más a medida que crece el desempleo. La
inseguridad de parados y trabajadores incrementa además el miedo, la
xenofobia y la violencia.
2) Aumento de la precariedad laboral y el empleo informal. Los efectos del
desempleo sobre la sociedad y la salud representan la punta del iceberg de
otras condiciones de empleo relacionadas. Junto a los “desempleados
oficiales” hay cientos de miles de parados encubiertos (dejan de buscar
trabajo), subempleados (quieren trabajar más horas o buscan un trabajo más
regular), múltiples formas de autoempleo marginal y empleo informal
(actividades laborales remuneradas sin cotizar en la Seguridad Social de las
que se benefician empresarios sin escrúpulos), el trabajo sumergido en las
tareas domésticas o de cuidados (principalmente realizadas por mujeres
inmigrantes) y la precariedad laboral (asalariados inseguros, vulnerables, con
bajos salarios, escasa protección, pocos derechos e incapacidad de
ejercerlos). La elevada cifra de contratos temporales (25%) no refleja la
situación real de precariedad laboral (48% de la población asalariada según
un estudio con datos de 2005, que previsiblemente ha aumentado) que se
distribuye desigualmente (90% en mujeres obreras inmigrantes jóvenes, por
20% en hombres profesionales españoles mayores de 30 años) (Vives et al.,
2011). La precariedad, o trabajar intermitentemente con periodos de paro y
precariedad, daña la salud: a peor situación laboral peor salud. La creación de
falsos contratos “indefinidos” no eliminará las diferencias en las condiciones
laborales ya que éstas seguirán siendo el resultado de las estrategias
empresariales de gestión de personal dirigidas a reducir los costes laborales,
controlar el proceso productivo y externalizar la inseguridad económica. Con
los nuevos contratos seguirán existiendo millones de empleados afectados por
contratos basura, extendiéndose aún más la precariedad laboral a un número
cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras.
6
3) Peores condiciones de trabajo. La inseguridad, un riesgo psicosocial en el
trabajo ampliamente descrito en la literatura científica por su impacto
negativo sobre la salud (Ferrie, 2005) tanto en términos de empleabilidad
como en cambios no deseados en las condiciones de trabajo fundamentales
(por ejemplo, horarios, tareas, contratos, salarios), afecta negativamente la
salud. La mayoría de factores que favorecen el aumento de la flexibilidad
interna de las empresas aumentarán los factores de riesgo de trabajadoras y
trabajadores, lo cual se traducirá en más accidentes de trabajo, problemas de
salud y enfermedades y un mayor riesgo de morir prematuramente. Por
ejemplo, la inseguridad laboral en las condiciones de trabajo, en especial la
crónica, empeora la salud física (problemas cardiovasculares, aumenta el
sobrepeso y la obesidad, el nivel de colesterol, la tensión arterial) y mental
(mayor ansiedad, más trastornos del sueño), incrementando el número de
visitas médicas. Una distribución irregular de la jornada de trabajo, en
especial el trabajo a turnos, así como las largas jornadas de trabajo debidas a
las prolongaciones de jornada, incrementan la fatiga (especialmente en el
trabajo nocturno), los accidentes y el riesgo de tener trastornos
cardiovasculares, amén de producir trastornos del sueño y mayores
dificultades para responder a las demandas del espacio doméstico-familiar y
del espacio asalariado. En las empresas con procesos de ajustes de plantillas,
ya sea a través de la no renovación de contratos, de los despidos individuales
o de los expedientes colectivos de regulación de empleo, se produce un
empeoramiento de las condiciones, de los riesgos psicosociales y de la salud
entre el colectivo superviviente (Moncada, 2011).
4) Menos participación en salud laboral. Los trabajadores y trabajadoras no
sólo tienen el derecho de trabajar en condiciones seguras y saludables, sino
también de participar en las decisiones sobre sus condiciones de trabajo. Un
número creciente de estudios muestra la estrecha relación existente entre la
participación de los trabajadores (a través de diferentes formas de
representación y en particular de los delegados de prevención) y una mayor
salud laboral (Menéndez et al 2008), y, en general, la evidencia muestra como
la participación se asocia con mejores prácticas de gestión de la prevención,
de la que puede esperarse mejores resultados en salud (Menéndez et al.,
2009). La evidencia muestra también como esos resultados sólo se alcanzan
si la participación está organizada a través de sindicatos. Por ejemplo, un
estudio ha mostrado el efecto protector de los sindicatos —mediado a través
de los comités de seguridad y salud paritarios (empresa y delegados de
prevención)— en la reducción a la mitad de las lesiones por accidente de
trabajo (Walters y Nichols, 2007).
5) Más “presentismo” laboral. El miedo a ser despedido, la precarización del
empleo y el menor poder de los trabajadores favorecen la extensión del
llamado “presentismo” laboral (la presencia de los trabajadores en sus
7
puestos de trabajo aún estando enfermos). Dado que faltar al trabajo puede
suponer ser despedido más fácilmente (20% de horas de la jornada en un
periodo de dos meses si son enfermedades cortas de menos de 20 días, o
25% en un periodo de cuatro meses discontinuos en un año), ahora el
trabajador no tendrá ni el derecho de estar enfermo. Según la Vª Encuesta
Europea de Condiciones de Trabajo de 2010, el 40,7% de los trabajadores y
trabajadoras de la UE-15 contestó afirmativamente a la pregunta si en los
últimos doce meses había “trabajado estando enfermo”, al tiempo que el 46%
de encuestados admitió haberse ausentado del trabajo por motivos de salud
en el último año. En España, un estudio muestra como el “presentismo” ha
aumentado notablemente en los últimos años debido a la actual crisis
económica: desde un 45% en 2010 al 85% en 2012, lo que significa que
actualmente ocho de cada diez trabajadores pasan más horas de las
establecidas en sus puestos de trabajo. Entre quienes alargan su jornada en la
empresa, seis de cada diez argumentan que lo hacen por temor a perder su
empleo, mientras que el 24% se queda en su puesto porque falta personal
(Randstad, 2010). El presentismo aparece con mayor frecuencia en los
colectivos con más dificultades para hacer valer sus derechos. La forma en
que éste se fomenta es diversa: desde prácticas visibles e institucionalizadas
hasta diversos tipos de presiones formales o informales de los jefes o las
mutuas (Gadea y Moreno, 2011). Por eso no puede extrañar el hecho de que
el presentismo acarree muchas consecuencias negativas para trabajadores y
empresas: deterioro de la salud, pérdidas de bienestar, disminución del
rendimiento, incremento de errores, más bajas y más largas a medio plazo.
6) Más pobreza y desigualdad social. Los cambios en las relaciones laborales
de la reforma laboral facilitan la reducción de salarios y la renta de las
familias, lo cual contraerá aún más el consumo y el PIB. Todo ello repercute en
un aumento de la pobreza y en un mayor número de “trabajadores pobres”,
con el efecto final de una mayor desigualdad social. Además del aumento de
la pobreza y la desigualdad derivada del paro y la precarización del empleo,
también empeorará la situación de los millones de trabajadoras y trabajadores
ocupados a quienes se impone una mayor presión para que reduzcan sus
salarios y un aumento de la incertidumbre sobre el mantenimiento de sus
puestos de trabajo. Es conocido que la pobreza y la desigualdad social son
determinantes fundamentales (Benach y Amable, 2004) que influyen en la
aparición de muchas enfermedades y la presencia de desigualdades en salud
(Benach y Muntaner, 2005). Por todo ello, la reducción de las desigualdades
en salud y la mejora de la salud y la calidad de vida dependerán en gran
medida de una mejora real en la equidad de oportunidades y en la creación de
empleo (con tal de que sea de calidad).
Comentario final
8
En el Reino de España, la gran recensión de 2009 ha permitido que al fin las
clases dominantes realizaran su sueño dorado: acabar con la nimia protección
de la que gozaba la clase trabajadora española en su mercado laboral. Este
proyecto de clase en el cual se aúnan los intereses del capital financiero e
industrial español ha sido una asignatura pendiente que finalmente han
podido poner en marcha gracias, en buena medida, a la victoria del Partido
Popular en las urnas, tanto en las elecciones generales como en las
autonómicas y locales.
En el contexto de la actual crisis económica del capitalismo global, donde
siguen aumentando las desigualdades sociales y de salud, la nueva reforma
laboral es un nuevo paso atrás que empeora las condiciones de empleo y
trabajo produciendo también un significativo empeoramiento de la salud. La
reforma laboral, junto con otras políticas neoliberales del gobierno del PP que
flexibilizan una supuesta “rigidez” del mercado laboral español, debilita la
negociación colectiva y la protección social de la población trabajadora,
recorta los servicios públicos, crea inseguridad en los trabajadores y merma
su capacidad de lucha organizada contra la sobreexplotación capitalista a la
que están sometidos.
Los países con mejores condiciones de empleo y menor desigualdad son
también aquellos donde los trabajadores y trabajadoras, sindicatos y
movimientos sociales tienen más fuerza. Los paros, huelgas y otras formas de
lucha y protesta, deben ayudar a cambiar esa contrarreforma, mejorar las
condiciones laborales, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de
trabajadoras y trabajadores. Nuestra salud, individual y colectiva, está en
juego.
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9
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safety. New York: Palgrave MacMillan, 2007.
[Joan Benach y Gemma Tarafa forman parte del Grup de Recerca
Desigualtats en Salut-Employment Conditions Network
(GREDS-EMCONET) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona;
Neus Moreno, Salvador Moncada y Clara Llorens forman parte del
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) de
Barcelona; Carles Muntaner forma parte del GREDS-EMCONET y de la
Bloomberg Faculty of Nursing and Dalla Lana School of Public Health
de la Universidad de Toronto; María Menéndez forma parte del
GREDS-EMCONET y de Comissions Obreres de Catalunya.]
26/4/2012
11
Cuaderno de depresión: 9
Albert Recio Andreu
Austeridad, desigualdad y ajuste
A la hora de justificar sus decisiones, los políticos y los técnicos de alto nivel
apelan siempre a los aspectos colectivos. Las políticas se hacen en beneficio
del país, de la Unión Europea, de la economía mundial. Como si las
colectividades fueran homogéneas, cohesionadas y participativas, y estuviera
claro que los intereses del conjunto son también los de cada cual.
Esto es especialmente relevante cuando se trata de aplicar “sacrificios” en
forma de recortes de rentas, cambios en la jornada laboral, aumentos de
impuestos o cualquier otra medida que afecta a las condiciones de vida
cotidiana de la gente. Pero sabemos que en ningún nivel de colectividad
(desde la familia a la comunidad mundial) existe igualdad entre sus
miembros. Y también podemos observar que pocas veces las medidas afectan
por igual a todos.
Es posible que, en determinados momentos, las colectividades deban realizar
esfuerzos de austeridad, bien porque su comportamiento anterior ha sido
equivocado, bien porque deben hacer frente a una fuerza externa que las
obliga a ello. Si consideramos el impacto ecológico del modelo de vida
occidental, es evidente que estamos abocados, en un plazo de tiempo más o
menos corto, a realizar cambios importantes en nuestra forma de vida que
podemos asociar a la idea de austeridad. Si consideramos la actual estructura
de poder económico mundial, parece difícil que muchos países puedan evitar
recortes en su nivel de vida, aunque en bastantes casos se trate de una
imposición injusta.
Cualquier política seria de austeridad debe cumplir una serie de requisitos
para observar su compromiso de “emergencia colectiva”. En primer lugar, la
de preocuparse por la situación de las personas que están en peor situación.
En segundo lugar, la de ser equitativa en los efectos individuales. En tercer
lugar, la de centrar el peso de la carga en aquellos comportamientos que
tienen más responsabilidad a la hora de generar el problema. En cuarto lugar,
la de sentar las bases para desarrollar un modelo de vida viable en el futuro.
En quinto lugar, la de ser eficiente en las respuestas. Y en sexto lugar, la de
minimizar los daños.
Parece claro que, aplicando estos criterios, los actuales planes de ajuste
resultan manifiestamente inicuos y estériles. Las reformas adoptadas en
12
materia laboral, sanitaria, educativa y de rentas están aumentando las
desigualdades sociales (en un país que ya en 2009 era el segundo con
mayores desigualdades de la Unión Europea, con un nivel de desigualdad un
40% superior al de la media, ya de por sí obscena). Algunos de los recortes,
como los del copago sanitario o los experimentados en las rentas de inserción,
atentan directamente contra las condiciones de vida de los más
desfavorecidos, y son completamente contradictorios con el propio discurso
oficial, que cifra en la educación y la investigación las posibilidades de salida
de la situación actual, mientras ambas partidas experimentan recortes
sustanciales. Asimismo, es evidente que eximir de impuestos a los
defraudadores, seguir permitiendo que los directivos de bancos quebrados se
autoconcedan generosos “bonus” o abogar por la creación de un nuevo
sistema de “castas” universitarias bajo el pretexto de que hay que premiar el
talento, nada tiene que ver con un sacrificio colectivo. Es el viejo trágala de
imponer a la mayoría sacrificios para mantener los privilegios de las elites.
Un mundo más austero sólo es tolerable si es más igualitario; si la actividad
humana se centra en alcanzar las condiciones esenciales de bienestar y elude
el despilfarro; si el menor consumo tiene una contrapartida en una forma de
vida y trabajo más rica en participación social. Una participación que permite,
además, debatir racionalmente sobre prioridades, límites y opciones. Los
planes de ajuste actuales no sólo no incluyen estos aspectos, sino que
introducen reformas que los hacen imposibles.
Frente a la desigualdad y el padecimiento que generan los nuevos planes, es
el momento de empezar a elaborar propuestas que apuesten por otro modelo
de austeridad, el de una sociedad ecológicamente responsable, socialmente
justa y participativa. Debemos ser capaces de construir una propuesta de
austeridad alternativa basada en propugnar una jerarquía de necesidades que
satisfacer, la penalización fiscal de las actividades de lujo o lesivas (por
ejemplo, impuestos diferenciados a consumos inadecuados, fiscalidad
ecológica, etc.), esquemas retributivos más igualitarios (incluyendo garantías
básicas de renta), formas de organización laboral más equilibradas y un
reparto equitativo de los costes del ajuste (no se pueden salvar bancos
cuando no se salva a las personas endeudadas injustamente). Debemos
convertir la consigna de la austeridad en un boomerang contra los verdaderos
promotores del despilfarro.
Dos preguntas sobre la tasa de paro en España
Participar en charlas y debates sirve para que a uno le planteen preguntas
insidiosas a las que es difícil responder a bote pronto de modo taxativo. Esta
pequeña nota tiene por finalidad intentar matizar lo que les dije en su
momento a mis interlocutores y, de paso, tratar de participar en una discusión
13
más amplia.
I
La primera de estas preguntas me la lanzó mi amigo Agustí Colom durante un
seminario sobre la crisis que celebramos en la Facultad de Económicas de la
Universidad de Barcelona. En él yo trataba de explicar que las causas del
elevado desempleo español en la crisis actual se encuentran en la particular
estructura económica del país (fruto de su particular forma de inserción en la
economía mundial), más que en la regulación del mercado laboral. Su
pregunta directa fue cómo se explica, en todo caso, que incluso durante los
mejores momentos del auge económico el paro no bajara de 2 millones de
personas. De hecho, la cifra era algo menor (1,74 millones de personas en el
segundo trimestre del 2007), pero igualmente considerable. La figura se
volvía más moderada cuando de las cifras absolutas pasábamos a la tasa de
paro, que se situó algo por debajo del 8%, en cualquier caso superior a la de
muchos otros países.
A un nivel de desempleo se llega por muchas vías. Pero creo que hay una
serie de cuestiones que deben considerarse a la hora de explicar este mayor
desempleo español incluso comparándolo con otros países mediterráneos. En
primer lugar, hay factores que tienen que ver con el modelo productivo y su
variabilidad estacional. La economía española no sólo se caracteriza por la
importancia de actividades claramente estacionales (especialmente el
turismo) o actividades que generan entradas y salidas cortas del empleo
(como la construcción en el momento del auge), sino por que en las fórmulas
de organización adoptadas por muchas empresas en años recientes existen
sistemas de ajuste temporal de la producción (just in time) que también
provocan una elevada variabilidad del empleo. Ello nos lleva a tener que
considerar un segundo elemento: posiblemente, la economía española ha
experimentado en las últimas décadas un proceso más intenso de
“modernización” que otras economías próximas, y ello, paradójicamente, ha
minado la importancia de actividades que tradicionalmente han constituido
“reservas de empleo o subempleo”. No me refiero sólo a la agricultura, un
sector relativamente residual en lo tocante a la creación de empleo, sino
especialmente a la intensa modificación de las redes comerciales, hoteleras,
etc., así como a la intensa “racionalización” de lo que queda de actividad
industrial; una modernización que combina una intensificación laboral y un
mayor recurso a los sistemas de ajuste temporal ya mencionados. Y, en tercer
lugar, en el hecho de que la fase de crecimiento viniera acompañada de un
intenso proceso inmigratorio —la movilización de un colosal ejército de
reserva transnacional—, que contribuyó a la creación de un mayor excedente
de fuerza de trabajo. De hecho, en el momento de mayor auge, la tasa de
desempleo de los “nativos” había experimentado una caída notable y la de los
14
recién llegados se situaba 4,5 puntos por encima (un 7,2% para los de
nacionalidad española frente a un 11,7% para los extranjeros, según cálculos
a partir de la EPA del segundo trimestre de 2007). La combinación de estos
tres elementos —paro friccional ligado a la estacionalidad y a la variación de
la actividad productiva, modernización acelerada y crecimiento del ejército de
reserva vía inmigración— explica, a mi entender, parte de nuestro diferencial
de desempleo. Básicamente, son los problemas de un país que podríamos
considerar que ha experimentado una modernización “truncada” porque no
ha desarrollado nuevos sectores de actividad con la misma intensidad que las
naciones centrales. Y hay que considerar, además, el insuficiente desarrollo
del sector público (fruto también de este mismo truncamiento, en gran
medida debido a la insuficiente fiscalidad y al hecho de que el Estado del
bienestar se empezó a consolidar justo cuando imperaban políticas
neoliberales), que ha frenado la creación de empleo.
Es posible que a todo ello se sumen problemas de funcionamiento del
mercado laboral: que, en la época de auge, una parte de la población
combinara activamente empleos poco deseables con la percepción del
desempleo (aunque vale la pena recordar que para percibir el seguro de
desempleo hace falta haber cotizado al menos doce meses), o que el uso
excesivo de la contratación temporal por parte de las empresas haya
generado un mayor desempleo. Aun así, creo que su papel en la historia es
menor. Que el ineficiente sistema de formación profesional y la insuficiencia
de los sistemas de orientación laboral son parte del problema. Y que, en todo
caso, forma parte de un mismo modelo productivo inadecuado y que ha
tenido poca preocupación por generar condiciones aceptables de empleo.
Cuando menos, considero que estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta a
la hora de discutir sobre las razones de nuestras abultadas y persistentes
cifras de paro.
La explicación de la situación actual es más simple: el hundimiento de la
construcción explica una parte sustancial (el 50% de manera directa y el 75%
si contabilizamos sus efectos en otros sectores) de la destrucción de empleo.
La incapacidad para encontrar vías alternativas, el conocido efecto
multiplicador (la destrucción de unos empleos genera un efecto en cadena al
caer el consumo y la inversión) y la aplicación de ajustes en el gasto público,
visibles en 2011, han hecho el resto.
II
La segunda cuestión me la planteó Rosa M.ª Artal en la presentación del libro
colectivo Actúa (disculpad la autopublicidad). La pregunta era simple y
directa: ¿a qué cifra de paro llegaremos? Más allá de la osadía de ofrecer una
evaluación “experta” —que casi siempre resulta fallida—, lo que conviene
15
entender es que la cifra estadística puede ser mayor o menor no sólo en
función de la profundidad de la crisis del empleo, sino también de la forma
que tome el mismo.
La cifra de desempleo es el resultado estadístico de aplicar unos criterios de
clasificación a las respuestas que ofrecen las personas sobre su situación
personal. En concreto, se contabiliza como desempleada cualquier persona
que declare estar buscando empleo y no tenerlo. El criterio de tener empleo
es simple: se considera ocupada a cualquier persona que la semana en que se
efectúe la encuesta diga haber dedicado al menos una hora semanal a una
actividad remunerada. El criterio de estar buscando empleo no sólo exige que
la persona diga que lo está haciendo, sino que especifique que ha realizado
alguna acción concreta en este sentido (entrevista de trabajo, sesión de
orientación, curso formativo, etc.).
El primer criterio, el de la ocupación, está sujeto a múltiples distorsiones,
especialmente por la existencia de diversas situaciones de subempleo, como
trabajos de pocas horas, actividades informales para sacar unos cuartos, etc.
Cualquier actividad de este tipo que el encuestado declare hace bajar el
desempleo y aumentar la ocupación. Sabemos que mucho de ello ocurre en
países en desarrollo donde el empleo informal está normalizado y en muchos
países desarrollados donde el empleo a tiempo parcial es habitual para
muchas mujeres. La misma Alemania ha conseguido maquillar sus estadísticas
con la proliferación de microempleos a los que ha sido condenada una parte
de su población. De hecho, si alguna de las personas que encontramos
recogiendo cartones del contenedor declara al ser preguntado que ha estado
trabajando como reciclador informal y obtenido por ello algunos ingresos,
puede ser perfectamente considerada como “ocupada”. Cuando el desempleo
se enquista, es habitual que prolifere este tipo de informalidad marginal y que
finalmente ello sirva, entre otras cosas, para maquillar la ocupación. Sólo hay
que ver las cifras de desempleo que lucen algunos países donde la
informalidad impera por doquier.
Los resultados del segundo criterio dependen de la forma en que respondan
los parados. Al fin y al cabo, la búsqueda de empleo (como la de setas)
depende de las expectativas de encontrarlo. Cuando el sujeto que “busca” ve
defraudadas sus esperanzas de hallarlo, la intensidad de su búsqueda decrece
(al igual que cuando vamos a buscar setas al bosque y constatamos que no se
dan las condiciones climatológicas adecuadas, o cuando consideramos que la
cola para acceder a un espectáculo es excesiva y no confiamos en que “nos
toque”). Cuando el paro es muy elevado y las posibilidades de encontrar
empleo son pequeñas, una parte de la gente deja de buscar (los
“desanimados”), y en lugar de ser contabilizados como parados se los
considera inactivos. La evolución reciente del paro español ilustra este
16
fenómeno. Entre principios de 2008 y el segundo semestre de 2011, se
incorporaron unas 700.000 mujeres adultas a la búsqueda de empleo,
empujadas por la situación económica familiar y alentadas por la expectativa
de que podrían encontrar empleo (de hecho, en esta fase preliminar de la
crisis se crearon unos 275.000 empleos ocupados por mujeres). Esta entrada
de mujeres contribuyó a elevar las cifras absolutas de desempleo. A partir del
segundo semestre de 2011 las cosas cambiaron, se dejaron de crear empleos
y algunas mujeres están desalentadas por una búsqueda infructuosa. El
resultado es que la EPA refleja una reducción de la tasa de actividad
femenina, en la misma línea que antes lo hicieron las de los menores de
veinte años y las de los hombres de edad elevada. Si la situación se mantiene,
es bastante probable que prosiga esta tendencia al abandono de la búsqueda.
El resultado es que la inactividad camuflaría las cifras del desempleo. Y el
mismo efecto tienen la salida de inmigrantes o la emigración española al
exterior.
El resultado de esta historia es que la cifra de paro no sólo depende de cuánto
empleo se crea o se destruye, sino también de lo que se considere un empleo
o de la intensidad de la búsqueda. Por todo ello, creo que en el futuro
inmediato el desempleo seguirá creciendo, pero puede que las cifras se
moderen si la persistencia de la crisis provoca la proliferación de subempleos
diversos o desalienta los procesos de búsqueda. Sin embargo, más que en una
cifra concreta, en lo que nos tenemos que centrar es en la variedad de
víctimas que genera la situación, ya sean parados “pata negra”, inactivos
forzosos o supervivientes informales; una realidad plural bien definida por el
concepto “ejército de reserva”.
27/4/2012
17
Responsabilidad política
Juan-Ramón Capella
La democracia ateniense era en muchos aspectos una democracia directa de
los pocos que tenían la condición de ciudadanos. En las sociedades
occidentales la complejidad de las poblaciones hace difícil que la democracia
directa se pueda dar. Ante todo hay que decir que los sistemas
contemporáneos se parecen al modelo griego en que son sistemas de
exclusión, aunque ésta se articule de distinta manera. La exclusión ateniense
de los trabajadores esclavizados era clara y descarada. La exclusión, en los
sistemas políticos contemporáneos, además de tener un componente claro y
descarado —los trabajadores sin voto por ser inmigrantes, en un universo
donde todo el mundo emigra—, tiene otro componente más fundamental: a
diferencia de los atenienses, donde los ciudadanos —propietarios— eran
relativamente iguales socialmente, los sistemas contemporáneos pretenden
ser democracias de desiguales: como si la formal igualdad del voto, cuando
existe, compensara la desigualdad social. Ésta es relevante políticamente
porque existen grandes masas de población manipulables hasta el punto de
hacer irreconocibles para ellas las opciones políticas en juego. Por eso, por
causa de la desigualdad social, los sistemas que suelen presentarse como
democráticos no pasan de ser oligarquías: unas oligarquías en las que los
representantes politicos pertenecen a empresas de servicios políticos
—grandes partidos— financiados por —y a las órdenes de— los poderes
económicos y de algún poder cultural afín (como ocurre en España con la
iglesia católica). Los derechos individuales —lo que permite el disfraz
democrático de estos sistemas oligárquicos— se recortan o se inutilizan
siempre que les conviene a los que mandan.
El sistema político ateniense, casi democracia directa de los propietarios,
contaba sin embargo con un instrumento para exigir la responsabilidad
política que a la modernidad le ha resultado extraño, precisamente porque
excluirlo sirve para evitar la exigencia de responsabilidad política. A la
democracia del capital le va un sistema de mercado: ¿no le gusta esta marca?
¡Pues elija otra! La única manera de exigir responsabilidades políticas en estos
pseudodemocráticos sistemas es cambiar de marca política, de partido,
vamos, a la hora de votar. El sistema se convierte así en irresponsable
políticamente. Las empresas de servicios políticos (llamadas partidos) al
servicio del capital se turnan en el gobierno con un único objetivo común:
impedir que prosperen partidos políticos al servicio de los trabajadores y de
las gentes corrientes. Pueden aliarse con ellos coyuntural o marginalmente,
pero al final siempre les pegan la patada.
18
En cambio, los atenienses sí disponían de un instrumento de exigencia de la
responsabilidad política: el grafé paranómon o acusación de ilegalidad.
Consistía en que quien hubiera propuesto una ley —y la asamblea de
ciudadanos hubiera aprobado esa ley— que finalmente resultara nociva para
la ciudadanía, tenía que responder penalmente por ello, por mucho que en su
momento hubiera convencido a la asamblea y hubiera sido aprobada como
ley.
Para exigir responsabilidades políticas habría que inventar un grafé
paranómon adaptado a las circunstancias presentes. Una ley que permitiera
castigar severamente a los representantes y a los delegados de éstos —ya
que estamos en sistemas indirectos— por proponer leyes que resulten nocivas
para la ciudadanía.
25/4/2012
19
Laicismo es libertad...
Vicenç Molina
… y la libertad se construye con nuestras acciones y opciones cotidianas. No
es un supuesto bien social, político o cultural instalado de forma definitiva en
nuestras sociedades. Se construye mediante el pensamiento libre, la reflexión
coherente, la afirmación contundente y nítida de nuestro derecho a una vida
libre y digna, y mediante la acción pública. La acción política, en el sentido
más genérico —o aristotélico, si así os parece— del término. Libertad para que
los seres humanos podamos acceder a la realización de aquello que nos haga
ser felices, sin obstaculizar ni impedir que los demás seres humanos también
lo hagan. Queda claro, entonces, que esto de la libertad no es tan sólo un
supuesto “negativo” de ausencia de coerción, sino que es, también, una
aplicación “positiva” de nuestra capacidad para convertir en realizaciones
factuales nuestros derechos. Y, para ello, es preciso que no existan
condicionantes ni limitaciones apriorísticas, ni que algunos tengan —o crean
tener— más derechos y menos deberes que otros.
El laicismo, entendido como la fundamentación de la absoluta libertad de
conciencia para todos, que hace posible la ausencia de criterios que deban ser
asumidos acríticamente como verdades finalistas, constituye un núcleo —creo
que insustituible— para que, desde la libertad completa de conciencia, pueda
llegarse a la libertad efectiva en nuestras vidas. Los planteamientos
antisociales, destructores de las mínimas cotas de bienestar que tanto habían
costado construir, propios de la versión más salvaje del capitalismo financiero
contemporáneo, y la mentalidad restrictiva, anclada en los esquemas del más
rancio conservadurismo clerical, propios de una de las peores derechas del
mundo —la española, el Partido Popular— atacan frontalmente ese derecho.
Atacan e intentan impedir el ejercicio de la libertad efectiva en nuestras vidas.
Podrían ser creyentes o practicantes en lo que consideraran oportuno, pero
sin agredir al personal. Podrían creer que la única ley económica es la de la
selva, que el sexo es únicamente un mecanismo concebible —precisamente—
para la reproducción, que no hay más que una verdad, que los depositarios de
esa verdad tienen legitimidad para impartirles doctrina, pero no tienen por
qué hacernos cargar a los demás con las consecuencias. La causa de todo ello
es la ausencia de laicidad, la falta del componente laico en la base
constitutiva de nuestra sociedad y de sus instituciones públicas. Ninguna
opinión laica les niega su derecho a someterse a códigos de conducta,
personal y privada, de carácter más o menos sadomasoquista, pero sí les
niega que ello deba ser extensible al resto de los miembros de la sociedad.
La amenaza flagrante contra los derechos sociales y las libertades civiles que
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se habían ido adquiriendo en España en los últimos tiempos —facilidad para el
divorcio en caso de mutuo acuerdo, la custodia compartida, ley de plazos para
ampliar el derecho a la salud sexual y la reproducción, investigación con
células-madre contra enfermedades degenerativas, igualdad de trato jurídico
independientemente de la orientación sexual de las personas, dependencia,
ampliación del derecho a la educación y educación para la ciudadanía, ley de
igualdad, regulación de espacios de culto...—, y que constituían medidas de
cierto avance (siempre insuficiente, no obstante) hacia una mayor civilidad
democrática y unas mínimas cotas de racionalidad democrática, pueden verse
completamente revertidas por la ofensiva neoclerical que se desprende de las
propuestas que se están efectuando en los ámbitos de la educación, la salud,
el bienestar social, la administración de justicia, y, obviamente, el económico
y laboral, que tampoco es ajeno al mismo tipo de fundamentaciones
dogmáticas.
En el actual gobierno del PP se junta lo peor de cada casa: fundamentalismo
de mercado, en su peor versión, y fundamentalismo filosófico-religioso. No es
casual el grado de satisfacción y contento de banqueros y obispos católicos
con sus medidas. Comparten la misma fe, en sus dos versiones. Han hecho lo
que han podido para bloquear los tímidos avances anteriores, han contribuido
a lo que se nos viene encima y se han beneficiado frívolamente del desgaste y
de la crisis para echarnos más crisis, menos libertades, más doctrinarismo.
Frente a ambos dogmas, necesitamos con urgencia un mínimo de
oxigenación. Para poder vivir, debemos poder respirar. Un compromiso con la
laicidad es, ya, cuestión de supervivencia...
La autodeterminación de las personas, de todos y cada uno de los individuos,
su derecho a acceder al espacio público y a los elementos configuradores de
los derechos a satisfacer las expectativas de una vida digna —salud, vivienda,
educación, seguridad, trabajo— están, ineludiblemente, vinculados a la
existencia de una sociedad en la que no existan impedimentos ni represiones
para el desarrollo de la libre conciencia, en la que no haya sometimiento de
ninguna persona hacia ninguna otra en virtud de una u otra relación de poder.
La laicidad —el laicismo— es, pues, el nervio, el sustrato y el vehículo
mediante el cual los individuos pueden asumir la libertad que les capacita
para elegir sus propios caminos hacia la felicidad. Y es la clave de bóveda de
una sociedad que garantice ese derecho, que otorgue igualdad de
oportunidades para su ejercicio, que facilite la conversión de los derechos en
capacidades para la acción. La laicidad, así, no debe ser entendida tan sólo
como garantía de la no injerencia de ninguna cosmovisión particular en el
espacio público o en las conciencias ajenas, sino también como la garantía de
la ausencia de dominación, es decir, como uno de los ejes vertebradores de la
justicia social.
21
Posiblemente, si intentásemos efectuar una lectura crítica del estado actual
de la laicidad en nuestra sociedad, como opción potencialmente mayoritaria
—lo es, casi con seguridad, aunque bastante inconscientemente—, una de las
conclusiones más claras que obtendríamos es la falta, casi absoluta, de
conocimiento social que de ella se tiene. Interesadamente, por parte de
quienes continúan defendiendo la imposición pública de alguna cosmovisión
privada, o por parte de quienes confunden su propia conciencia particular con
el único argumentario posible para desprenderse de dicha imposición, se
tiende a confundir laicismo con ateísmo o anticlericalismo. En realidad, el
componente filosófico del laicismo se concibe como el trabajo para la defensa
de una ciudadanía liberada de dogmas y de tutelas, casi siempre impuestos
desde estructuras de poder ajenas a la conciencia personal, o simplemente
fruto de una tradicional inercia cultural. Es, además, un esfuerzo de
racionalidad para desvelar la capacidad crítica con el fin de reconocer las
rutinas de las formas de organización social que perpetúan la desigualdad. Se
identifica el horizonte filosófico de la laicidad —la libertad y el derecho a la
felicidad para todas las personas, independientemente de sus condiciones y
características personales o sociales— con una permanente invitación a
reflexionar sobre la coherencia entre aquello que somos —seres humanos
dotados de conciencia y con expectativas de acceso a nuestros propios
caminos de proyección vital— y aquello que hacemos –los resultados
concretos de nuestra acción, de nuestra cotidianidad, de nuestras opciones.
Esta reflexión sobre la coherencia es la propuesta de una ética que no se
sustenta en ningún fundamento extraconsciente, ajeno a la propia razón
autónoma, ni en ningún tipo de fuente de autoridad, y que pretende ser un
instrumento útil para la construcción de unas relaciones ciudadanas exentas
de sometimiento, exentas de dominación, exentas de cualquier tipo de
relación de poder como eje configurador de los vínculos interpersonales. Una
ética civil republicana, por lo tanto, como parámetro de concreción de aquello
que la fundamentación filosófica del laicismo propone construir.
En ningún momento ni en ninguna de sus auténticas concreciones, el laicismo
se opone al libre desarrollo de la investigación, de la búsqueda viva, en el
mundo interior de cada cual —que constituye el núcleo de la vida espiritual—
ante los interrogantes suscitados por la existencia. Más bien al contrario, el
laicismo, la ausencia de prejuicios, de dogmas y de límites al libre
pensamiento, es la garantía y la condición de una vida espiritual despojada de
toda injerencia y de toda pauta reglada por pretendidas autoridades que
aspiren a dirigir aquello que no puede ser susceptible de control ni de
limitación. En suma, el laicismo, la laicidad, no niega la espiritualidad. Y, para
favorecerla, allí donde debe, como es el caso de España, tiene que luchar
contra toda forma de clericalismo o de imposición dogmática sobre las
conciencias. Es en dicho sentido que el horizonte laico puede contar con
aliados entre posibles creyentes de una u otra cosmovisión religiosa o
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filosófica que defiendan el respeto a los caminos interiores de percepción de
la realidad espiritual, y que no acepten su congelación y esclerotización por
parte de las burocracias eclesiásticas de cualquier signo.
El laicismo, combate filosófico y político por la razón democrática en cuanto a
la vertebración de una comunidad política libre de sujeciones y de limitaciones
a la libertad de conciencia, conduce a la laicidad como fundamento común del
Estado y de las instituciones públicas, como base de la construcción de una
ciudadanía republicana. La laicidad política se expresa en el combate por la
separación jurídica y efectiva de la Iglesia y el Estado (de las Iglesias y el
Estado, en un marco potencialmente multirreligioso), por la ausencia de
privilegios de las confesiones religiosas o de cualquier tipo de cosmovisión de
carácter particular que pretenda obtenerlos, o que pretenda desentenderse
del respeto a los derechos de las personas y a los deberes de ciudadanía. La
adscripción a una u otra concepción filosófica o religiosa, del tipo que sea, no
puede, bajo ningún concepto —en un plano de estricto respeto a la
convivencia democrática— ni otorgar derechos ni restringirlos, porque las
relaciones entre las personas y el marco político de convivencia tienen que
articularse en virtud de sus derechos y deberes en tanto que ciudadanos, no
en tanto que creyentes o confesantes —o no— de ninguna cosmovisión
determinada. Es en virtud de dicho respeto que los poderes públicos —sea
cual sea su ámbito de representación o su marco territorial o administrativo—
no deben vincularse, en tanto que tales poderes, con ningún tipo de
acontecimiento o manifestación pública que se identifique con una u otra
concepción religiosa o filosófica, puesto que deben ser representantes del
conjunto de la ciudadanía, al margen de sus creencias particulares.
La laicidad de un Estado se pone de manifiesto de más de una manera. Y, en
negativo, su ausencia es, también, públicamente evidente. En España existen
múltiples manifestaciones de privilegio de las confesiones religiosas,
especialmente de la católica. Quizás algunas de ellas son, hasta ahora, más
de hecho que de derecho (al menos, explícitamente) como la doble red de
enseñanza pública, en la cual la privada concertada es mayoritariamente
confesional. Y las hay de derecho —exenciones fiscales, por ejemplo— que
transgreden abiertamente el mismo espíritu del mandato constitucional. Las
instituciones públicas, pues, para ser realmente representativas del conjunto
de la ciudadanía, y no solamente de una parte –aunque se pretexte su
mayoría sociológica, completamente inercial y rutinaria, ateniéndonos a los
datos empíricos– deben basar su acción en la responsabilidad democrática,
demostrando su respeto a la conciencia plural de la ciudadanía. Para ello, la
laicidad constituye el eje de sustentación de una actuación responsable.
Dicha responsabilidad se concretaría en la denuncia de los acuerdos
concordatarios entre el Estado español y la llamada Santa Sede, en el
23
establecimiento de un trato jurídico igualitario entre las instituciones y todas
las confesiones con cierto arraigo social, en la anulación de cualquier
consideración con respecto a éstas que no las someta al mismo ordenamiento
jurídico que a cualquier otra asociación civil, en la anulación de cualquier
discriminación educativa, fiscal, institucional, comunicativa, basada en
cuestiones de pertenencia comunitaria o confesional. La responsabilidad
implicaría, también, la defensa del derecho del conjunto de la sociedad a
acceder a todas las capacidades para desarrollar su proceso de emancipación.
Proceso claramente incompatible con la exigencia de un trato basado en una
creencia dogmática de cariz economicista que nos convierte en simples
herramientas al servicio de un supuesto poder extraconsciente (los mercados)
y con el mantenimiento de estructuras educativas que impiden, en ciertos
casos, que el alumnado pueda acceder a toda la formación, a toda la
información, sin límites, sea cual sea el contexto cultural de pertenencia de
sus comunidades de origen o la ideología o convicciones de sus familiares o
responsables. La sociedad democrática debería hacer prevalecer, ante todo,
ese derecho de acceso de los que menor facilidad pueden tener para defender
la plenitud de desarrollo de sus personalidades. Y todo ello implica,
necesariamente, la recuperación, defensa y potenciación del espacio público
—cívico, laico, republicano...— de todos y todas, de nadie en particular. Y no
sólo en lo que se refiere a la educación, la cultura o la moral pública, sino
también a la economía y las estructuras sociales. Mucho trabajo por hacer, por
tanto. Muchos combates que librar... Muchos compromisos que adquirir...
Mucha inercia que vencer... Mucha vida por vivir, sin sujeciones. Es decir, en
libertad.
[Vicenç Molina es profesor de la Universidad de Barcelona y miembro
de la Fundación Ferrer i Guàrdia (www.ferrerguardia.org)]
25/4/2012
24
El fraude fiscal en España
Miguel Ángel Mayo
La delicada situación económica y social que afecta a España podría poner en
riesgo el mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar. Para evitarlo, es
necesario obtener en los próximos años una financiación impositiva suficiente
y equitativa, traducida en mayores ingresos fiscales que permitan reducir el
déficit público sin recurrir a sacrificios en gastos sociales. Ello requiere una
actuación verdaderamente eficiente por parte de la Administración Tributaria,
que tiene que extender su actuación a la generalidad de los contribuyentes y
repartiendo entre ellos, de forma equitativa, la carga impositiva conforme a su
capacidad económica. Un objetivo que precisa del compromiso de las
Administraciones Públicas responsables de la gestión y de toda la sociedad:
gobierno, parlamento, partidos, agentes sociales y ciudadanos.
Los estudios académicos sobre el fraude fiscal han apuntado a dos
conclusiones principales sobre las cuales se ha formado un amplio consenso, a
saber: que el cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los
impuestos con una administración tributaria poco eficaz (compensando y
neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas de impuestos); y que
este mismo cumplimiento tributario aumenta cuando la Administración
Tributaria mejora sus procedimientos de gestión y control, lo que revela la
rentabilidad recaudatoria y social y el efecto multiplicador de la inversión en
recursos para la gestión tributaria. Por ello, en estos momentos de crisis
económica, con un déficit cifrado a finales del año 2011 en 91.000 millones de
euros y que amenaza con mantenerse en niveles elevados en los próximos
años, es cuando se presenta una oportunidad excepcional y a la vez necesaria
para afrontar, en positivo, una lucha eficaz para la prevención, detección y
sanción del fraude fiscal. Nuestra clase política deberá afrontar el reto de
tomar decisiones trascendentes en estos momentos de dificultad y apostar
valientemente por un modelo fiscal que garantice un desarrollo social y
económico sostenible.
Pero, ¿qué es el fraude fiscal? ¿Es la factura del fontanero con o sin IVA? ¿Los
2,4 millones de euros que la Audiencia Nacional condena pagar a Luis Figo a
Hacienda referidos a una controversia por derechos de imagen? ¿O la
posibilidad de establecer tu residencia en un paraíso fiscal para no tributar a
la Hacienda Española? El fraude fiscal es simplemente el hecho de dejar de
ingresar a la Hacienda Pública. Pero nunca una definición tan simple tuvo
efectos tan demoledores, porque supone, por un lado, una disminución de
ingresos al Estado que nos permitirían costear esos servicios públicos
indispensables que están siendo recortados en estos momentos, y por el otro,
25
porque legitima una conducta defraudatoria por la cual la gente podría
pensar: “todos defraudan. De manera que yo también, si puedo, defraudaré”.
Es importante delimitar si estamos o no hablando de cifras elevadas. Los
diferentes estudios elaborados sobre la materia coinciden en estimar una cifra
de fraude fiscal en torno al 23% del PIB, lo cual supone que cerca de 89.000
millones de euros dejan de ingresarse anualmente. O dicho de otra manera,
que uno de cada cuatro euros se escapan del control fiscal. Aún más
preocupante es que nuestras cifras de fraude se sitúen diez puntos por
encima de la media de nuestros países vecinos de la Unión Europea. Y
hablamos de la media, no de aquellos países con una mayor conciencia fiscal
cuyas cifras de fraude están alrededor del 4%, como podrían ser Suecia o
Dinamarca. De manera que es menester tener claro que sólo con rebajar
nuestro fraude en estos diez puntos que nos diferencian de la media de los
países de nuestro entorno, ingresaríamos anualmente cerca de 38.000
millones de euros, quince veces más que lo que se espera recaudar mediante
la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del Partido Popular.
Pero hemos de ahondar aún más en el problema del fraude y preguntarnos
quién defrauda estas enormes cantidades, así como cuáles son los
mecanismos para eludir al Fisco. En lo que se refiere a la primera pregunta, es
sin duda más fácil visualizar a quien realmente no defrauda, esto es, la clase
asalariada. Actualmente, las arcas del Estado se nutren básicamente de dos
impuestos que recaen directamente sobre ella: por una parte, el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supuso en el último ejercicio
liquidado un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo
quienes aportaron el 83,7% de la recaudación; y por otra, el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), un impuesto totalmente regresivo que no discrimina en
su tributación la capacidad económica del obligado a su pago y que aporta un
32% del importe de la recaudación por impuesto de nuestro país.
En el otro vértice de la justicia impositiva, estarían los que sí defraudan al
Estado, y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo cometen
actualmente los grandes patrimonios y las grandes empresas. Podemos
aportar como dato empírico el hecho de que, al cierre del ejercicio 2010,
existían en nuestro país 3.113 Sociedades de Inversión de Capital Variable
(SICAV) que gestionaban un patrimonio acumulado de 26.154,3 millones de
euros, reguladas por una normativa del todo ventajosa que no las empuja a
gestionar el patrimonio de un conjunto de partícipes, sino a gestionar y
aminorar la tributación de grandes patrimonios individuales. De modo que,
cuando hablamos de grande patrimonios, surge inevitablemente una
pregunta: ¿para cuándo un impuesto sobre grandes patrimonios que grave no
sólo la renta titularidad de las personas físicas, sino la totalidad de la renta
real que se esconde tras estas sociedades instrumentales, muchas veces a
26
través de entramados que acaban irremediablemente gestionados por
empresas fantasma domiciliadas en paraísos fiscales? Sin entrar en las
sofisticadas y modernas normativas fiscales de determinados países como
Belize, Panamá, Luxemburgo, podemos poner aquí el ejemplo de la Isla de
Sark, que en 2005 tenía una población de 575 habitantes al tiempo que poseía
domiciliadas a más de 15.000 empresas (y uno sólo de sus residentes era el
director financiero —figura similar al administrador de la sociedad en nuestra
normativa estatal— de más de 2.400 de ellas).
Actualmente, estos territorios están contribuyendo con su singular aportación
a la pesadilla financiera que vivimos. Su insolidaridad hace que la disminución
de los ingresos impositivos de los Estados, tan necesarios en el contexto
actual, haga peligrar nuestro Estado del Bienestar y el mantenimiento de sus
prestaciones sociales básicas. Para dar una idea de la eficacia de estos
paraísos fiscales, baste con decir que la empresa de asesoramiento
económico Merrill Lynch estima que unos seis billones de dólares están
depositados en estos territorios, lo que supone casi un tercio de los activos de
las fortunas particulares del planeta. Por su parte, el Fondo Monetario
Internacional calcula que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en
ellos, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) piensa que la evasión fiscal de los países que forman parte
de ella y que se realiza a través de los paraísos fiscales, llega a los 600.000
millones de dólares.
Qué duda cabe de que no podemos permitirnos estos agujeros fiscales en un
momento en que asistimos a un auténtico desplome de nuestros ingresos
tributarios. Entre los años 2007 y 2010 el volumen de ingresos tributarios ha
descendido en 41.140 millones de euros, lo que equivale a una caída
impositiva de más del 20% en términos de recaudación. Desde luego, hay
instrumentos para erradicar el fraude fiscal. Otra cosa es que se disponga
plenamente de ellos. En este sentido, España es un caso paradigmático: pese
a tener un nivel de economía sumergida en torno al 23% de su PIB
—porcentaje sólo comparable a Grecia e Italia—, cuenta con un empleado de
la Agencia Tributaria por cada 1.680 contribuyentes: un indicador tres veces
inferior al de la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a países
vecinos como Francia o Alemania. ¿Es el problema realmente grave? Sí, y
espero que le lectura de este artículo ayude al lector a tener una dimensión
exacta de su magnitud. El descenso de ingresos tributarios, unido al enorme
fraude fiscal existente y al inevitable aumento de gastos sociales derivado del
pago de prestaciones sociales en tiempos de crisis, hacen que la situación
económica del país peligre seriamente y que las necesidades de ingresos
impositivos cobren una importancia primordial.
Ante tal situación, el pasado viernes 31 de marzo de 2012, el gobierno del PP
27
aprobó una amnistía fiscal que durará ocho meses y que permitirá a las
empresas y personas que defraudaron regularizar su situación con el Fisco
mediante una tasa blanda del 10% de los saldos en cuentas opacas o del
precio de los inmuebles y/o acciones en los que invirtieron las cantidades
ocultadas. Como no podía ser de otra manera, esta amnistía viene
acompañada de la clásica advertencia de aumento de sanciones,
intensificación de la lucha contra el fraude y de la declaración de que “ésta
será la última amnistía”, siguiendo el guión de las anteriores amnistías
fiscales de 1977, 1984 y 1991 y de la amnistía laboral de 2011. Así, cualquier
contribuyente, o, mejor dicho, cualquier no contribuyente podrá regularizar su
situación tributaria, es decir, blanquear su dinero oculto por un pago único del
10%.
Pero hemos de ser coherentes y decir que el gran inconveniente de cualquier
amnistía de este tipo es que raya los límites del principio de igualdad
tributaria sancionado por el artículo 31 de la Constitución española, ya que
supone un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus
obligaciones fiscales y que soportan tipos superiores que llegan hasta el 52%
en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el
Fisco a precio de saldo. Además, podemos señalar una serie de graves
defectos que la amnistía fiscal va a provocar en el funcionamiento de nuestro
sistema tributario. Por de pronto, esta medida da a entender que el Gobierno
reconoce la incapacidad de la Agencia Estatal Tributaria para luchar contra la
economía sumergida, lo que choca frontalmente con los reiterados anuncios
del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude. De hecho, entre 1980 y
2008, mientras el volumen de la economía española se duplicó, la economía
sumergida se multiplicó por cuatro. A mayor abundamiento, la tasa del 10%
se considera “cuota declarada”, lo que evitará la persecución de delitos
fiscales a un precio de saldo evitando la condena penal, pagar la cuotas
defraudadas, las multas de hasta seis veces el importe de la cuota
descubierta, la responsabilidades civiles y los antecedentes penales. Es decir,
la amnistía permite enjuagar los mayores fraudes cometidos. Ante estas
premisas, va a ser difícil explicar a la opinión pública los motivos por los que
se suben los impuestos a los ciudadanos que ya los pagan y se aprueban
amnistías para quienes defraudan.
Pero no todo ha de ser un mensaje pesimista. Si la situación global de crisis y
déficit ha propiciado una amnistía fiscal, pongámonos a trabajar por una
Administración Tributaria realmente eficiente que rebaje drásticamente las
cifras del fraude fiscal. Es del todo incoherente anunciar una amnistía fiscal si,
al mismo tiempo, no se regula el sector como es debido para que este
episodio no vuelva a repetirse y no nos viéramos obligados a hablar en futuro
de una nueva amnistía a causa de la impotencia por detectar el fraude en
nuestro país. Ante ello, el Gobierno está trabajando en un Anteproyecto de
28
Ley de Medidas para la Prevención y Control del Fraude Fiscal, del cual
podemos destacar como medidas anunciadas la prohibición del pago en
metálico por importe superior a 2.500 euros, la eliminación de determinados
obligados tributarios al régimen de estimación objetiva (los conocidos
módulos) y un control más exhaustivo de las rentas en países terceros. Es
evidente que estas medidas no son más que una tirita aplicada a nuestra
hemorragia fiscal. Sin embargo, ¿existirá voluntad política para aplicar nuevas
medidas, regulaciones y reformas que permitan acabar con el fraude fiscal, o
permitiremos que el fraude se mantenga y cuadraremos el déficit con recortes
del gasto público?
Me permito concluir: no más recortes al gasto público y sí más recortes… al
fraude fiscal.
[Miguel Ángel Mayo es coordinador en Cataluña del Sindicato de
Técnicos de Hacienda y miembro de la Plataforma por una Fiscalidad
Justa, Ambiental y Sostenible]
30/4/2012
29
Enric Juliana, los anarcoitalianos y el catalán "assenyat"
Carlo Pisacane
Seny: sana capacitat que és penyora d’una justa percepció, apreciació, captinença,
actuació.
(Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans)
Assenyat: que té seny, que obra amb seny.
(Ibidem)
Hace tiempo, un amigo catalán me espetó medio en serio medio en broma:
“¡Los italianos nos estáis invadiendo!”. Si no ando errado, debía correr el año
2007. Y no le faltaba algo de razón. Era una época en que todavía centenares
de italianos se establecían cada mes en Barcelona atraídos por una España de
la que se hablaba en nuestro país como ejemplo de dinamismo económico y
modernidad cultural contrapuesto a una Italia berlusconiana en caída libre
desde todos los puntos de vista. La directora y actriz Sabina Guzzanti plasmó
esta imagen en su película Viva Zapatero! (2005), de la que emergía la falsa
imagen de un ZP como demiurgo de una nueva izquierda europea.
El hecho, decía, es que en la primera década del nuevo siglo fueron muchos
los italianos que se afincaron en Barcelona por los motivos más diversos:
quien por amor, quien por trabajo y quien por el destino. Un fenómeno sin
duda favorecido por iniciativas académicas como el Programa Erasmus o la
implantación de vuelos a bajo coste a través de los cuales un italiano podía
pasarse un fin de semana en casa de sus padres por veinte euros. Hasta no
faltó quien se declaró “exiliado” de la Italia de Il Cavaliere haciéndose la
víctima y el agraviado. Bastaría con ver el documental L’altra Itàlia que emitió
TV3 el año pasado para darse cuenta de cuánto funcionaba, a nivel mediático,
este tipo de simplezas para legitimarse como “nuevos catalanes” (¿hacía falta
en una Europa unida?), y reforzar la autoestima de los autóctonos como
pueblo acogedor.
Con todo, la presencia italiana en Cataluña no es nueva. En un reciente libro
de Silvio Santagati se explica el peso de la comunidad italiana de Barcelona
30
desde 1865 y su no escasa incidencia en la vida cultural y económica de la
ciudad [1]. Esta presencia no desapareció ni en los duros años de la dictadura
franquista. Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, en 1972 los italianos
residentes en esta ciudad eran 3.000, un número nada despreciable si
consideramos la situación política que vivía el país y en una etapa de auge de
la cultura italiana en Cataluña: por aquel entonces, la gran mayoría de sus
líderes y activistas políticos y sindicales se declaraban “italianizantes” y
discutían en sus escritos los textos de Gramsci, Berlinguer, Pasolini, Lama,
Basso, Lombardi, Bobbio, Ingrao, Rossanda y un largo etcétera. No era una
moda que concernía sólo a la izquierda: por poner un ejemplo significativo,
eran años en que Jordi Pujol se declaraba admirador del democratacristiano
Amintore Fanfani. Quien tenga hoy más de cincuenta años y haya tenido en su
juventud el gusanillo de la política, podrá corroborar lo que acabo de decir.
Finalmente, y ya en los años de la democracia, los italianos volvieron a
descubrir Barcelona a través de dos acontecimientos significativos: el Mundial
de fútbol de 1982, en que la selección italiana que se proclamaría campeona
del mundo jugó la mitad de sus partidos en el viejo estadio de Sarrià y en el
Camp Nou acompañada por miles de hinchas procedentes de todo el país; y
los Juegos Olímpicos de 1992, durante los cuales los italianos se quedaron
fascinados por la transformación de una ciudad que había derribado las
chimeneas de las viejas fábricas del textil para convertirse en un robusto polo
de atracción turística. En definitiva, fue en los años noventa cuando
—paralelamente a la aplicación del Tratado de Schengen— se sentaron las
bases para la llegada de los 30.000 italianos que actualmente residen en
Barcelona y que han formado una comunidad variopinta que ha sabido
adentrarse en todos los ámbitos de la sociedad catalana —desde el comercio
y la investigación científica hasta el mundo “okupa” y el activismo político—
con una cierta capacidad de adaptación.
Pero he aquí que, después de años de convivencia tranquila, el director
adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, apunta a esta comunidad en un
reciente artículo para el diario de la familia Godó cuando afirma que los
disturbios callejeros producidos en Barcelona durante la huelga general del 29
de marzo tuvieron una “matriz anarcoitaliana” [2]. Fijémonos bien en cómo el
autor yuxtapone ideas, sujetos y acontecimientos completamente distintos
para dar cuenta de ello: “Desde los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona es
una ciudad mítica para los jóvenes italianos. Mar, alegría, cultura y liberalidad.
La ciudad Erasmus. Barcelona, ciudad en la que los italianos (sumados a los
argentinos con pasaporte italiano) son hoy una de las minorías nacionales
más numerosas. Josep Pla sugirió en una ocasión que Catalunya es la región
más occidental de Italia. Hay una matriz anarcoitaliana en los recientes
sucesos de Barcelona que conduce al No TAV de Val di Susa y a la violencia
que asoló el centro de Roma en octubre pasado, poco antes de la caída del
31
gobierno Berlusconi. En los incidentes registrados en Barcelona en el último
año, siempre ha habido algún italiano entre los detenidos. El pasado 29 de
marzo no fue la excepción. Dos jóvenes italianos también figuran en la lista de
heridos por la acción de los Mossos d'Esquadra”.
¡Zas! En dos párrafos Juliana encadena las Olimpiadas, el programa Erasmus,
la referencia a la nutrida comunidad italiana de Barcelona, la lucha popular
contra la construcción de la línea del Tren de Alta Velocidad que devastará la
Val di Susa piamontés, la matriz anarcoitaliana de los sucesos del 29M y los
heridos italianos en los disturbios. Todo en el mismo saco y bien revuelto con
vista a causar en el lector la sensación de que estos anarquistas tengan que
ver, directa o indirectamente, de una manera u otra, con sus compatriotas
residentes en la ciudad condal. Ahora bien, puesto que Juliana no cita ninguna
fuente directa ni recurre a la siempre ambigua frase “según fuentes
consultadas”, resulta claro que su "tesis" se descalifica por sí sola. Si acaso, lo
interesante del artículo es preguntarnos por el objetivo que se proponía
alcanzar, lo que a su vez nos obliga a decir unas cosas sobre su mismo autor,
ya que no se entiende el uno sin el otro.
Como muchos excomunistas, Enric Juliana es un periodista que se las da de
profundo conocedor de Italia. Sus artículos están repletos de referencias a
Italia y a su cultura, por mucho que, como la mayoría de italianólogos que
circulan por los medios de comunicación de este país, no vayan más allá de
los tópicos más trillados: la inevitable cita del “Gatopardo” por aquí, algo de
Maquiavelo por allá, reflexiones sobre la supuesta finezza política italiana (¿?)
y cosas de este tipo. En definitiva, el italianismo más trasnochado de quien,
en vez de estudiar la realidad compleja de un país, basa su escritura sobre
algunas ideas costumbristas que sólo sirven para ganar la condecoración de
“Comendador de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana”. (Preguntad
a cualquier italiano que conozcáis qué es esta condecoración y ya veréis la
cara que os pondrá). Este estilo tertulianesco se une a otra característica del
quehacer periodístico de Juliana que no tienen los colegas que, como él,
proceden del viejo PSUC: la de hablar de Cataluña y España como dos
entidades con cuerpo y alma, dos sujetos con vida propia que discuten, se
pelean, hacen las paces y se conllevan con resignación. No hay catalanes,
sino “Cataluña”. No hay españoles, sino “España”. Es dentro de estos dos
entes metafísicos e interclasistas que se dirime la lucha política del Estado
español según un relato que cualquiera puede encontrar en las páginas de
diarios tan distintos como El Mundo, Avui, Abc o La Vanguardia. Los
nacionalismos se distinguen entre ellos por la diferente patria que quieren
potenciar y no por el método que emplean para hacerlo. Y este método,
Juliana lo domina perfectamente. Tanto que fue él el acuñador de la
archicitada categoría del “català emprenyat” que encarnaría
antropomórficamente a la nación y que reuniría presuntamente a siete
32
millones de catalanes encabritados con España y con un gobierno tripartito
que no defendió los intereses de Cataluña como era debido. En suma, una
definición simplona pero útil para banalizar el sentido común que envuelve la
política catalana y reconducirlo al lugar de donde nunca tendría que haberse
desviado: el de dialéctica entre naciones y nacionalismos que tan bien maneja
Convergència i Unió.
Pero esta vez, insinúa Juliana, el problema de Cataluña no es España, sino
unos centenares de anarquistas italianos dispuestos a encender el fuego
destructor que dará origen a la nueva sociedad. Nada nuevo bajo el sol. El
fantasma del italiano anarquista, lumpen y subversivo fue ampliamente
utilizado por la prensa nacionalista conservadora de la Lliga de Enric Prat de la
Riba y Francesc Cambó en los años de la Restauración y de la II República.
Sobre todo a partir del asesinato de Cánovas del Castillo a manos del
apuliense Michele Angiolillo en 1897, el libertario italiano fue considerado por
el diario La Veu de Catalunya como el virus que amenazaba con infectar al
cuerpo sano de la nación y a un proletariado menor de edad y fácil presa de
demagogos foráneos. Porque claro: el proletariado catalán, antes que
proletariado, era catalán, y por lo tanto innatamente imbuido de los valores de
la laboriosidad, la disciplina, el espíritu religioso y el patriotismo que tanto
gustaban a aquella derecha. Este es el motivo por el cual los lligaires siempre
se negaron a reconocer la catalanidad de la potente galaxia anarcosindicalista
construida alrededor de una CNT que acusaban de estar bajo el control de
“murcianos” desnacionalizadores y españolistas. De haberlo hecho, como era
preciso dado que la mayoría del cenetismo estuvo formada por catalanes de
soca-rel como Salvador Seguí y Joan Peiró, se habría esfumado el mito de una
sociedad catalana hecha a su imagen y semejanza.
Mutatis mutandis, Juliana intenta ahora repetir este tipo de propaganda
reclamando la necesidad de luchar contra estos anarcoitalianos que, con su
terrorífica propaganda por el hecho, estarían convirtiendo la placentera y
“assenyada” Barcelona en la capital antisistema de Europa; anarquistas
italianos que han surgido de esa numerosa comunidad que ya vive entre
“nosotros”, catalanes laboriosos e inmunes al vicio de la guerrilla urbana y,
más aún, de la protesta social. Sólo unos guiris ultrapolitizados y ajenos a
tranquila realidad catalana podrían haber cometido los destrozos del día 29
tras haber “encontrado en Barcelona un gran escaparate, un malestar juvenil
en fase creciente y una contradicción política que posiblemente haría las
delicias de Malatesta: la fuerza política encargada del orden público catalán
cuestiona o discute —democráticamente— el statu quo español. Poniendo en
tensión el orden público catalán, se tensa toda la cadena de las
contradicciones internas españolas”. Sin duda, un plan perfecto: atacar a
Cataluña para desestabilizar a toda España. ¡Ni el pobre Errico Malatesta
habría llegado a tamaña perfección estratégica! Estas consideraciones serían
33
divertidas si no fuera porque contribuyen a crear un determinado clima de
emergencia en nombre del cual el inefable conseller de Interior Felip Puig ha
presentado una página web en la que invita a los ciudadanos de Cataluña a
convertirse en delatores de los agitadores callejeros, y por el que su colega
estatal Jorge Fernández Díaz quiere endurecer el Código Penal incluyendo
entre las “modalidades de acometimiento” (ataque violento dirigido contra un
policía) las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de
objetos peligrosos. O que ambos quieran incluir como delito de desorden
público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se
obstaculice el acceso a los mismos. En una palabra, criminalizar los piquetes
informativos de huelga.
Y resulta aún menos divertido saber que la jueza Carmen García Martínez
basara su negativa a poner en libertad a los injustamente detenidos durante
el día de la huelga (Dani, Ismael y Javier) asegurando que, pese a no estar
fichados por los Mossos d’Esquadra como miembros de grupos antisistema,
“ello no excluye que tales grupos estén teniendo últimamente una acogida
más grande, aún individuos reclutados en el extranjero, como fuentes
periodísticas solventes revelan estos últimos días”. Teniendo en cuenta que
Juliana ha sido el único periodista catalán en hablar de extranjeros
antisistema, cabe deducir que fue su artículo la “fuente periodística solvente”
que utilizó la jueza para apuntalar su decisión. Una fuente tan solvente que no
cita datos e informaciones mínimamente contrastados. Así funciona nuestro
periodismo y nuestra justicia. Y así funciona nuestro Estado de Derecho.
En definitiva, los artículos como el de Juliana cumplen, por un lado, con la
función de crear miedo y la “necesidad” de recurrir a medidas excepcionales
de carácter policial para restablecer un orden público supuestamente
quebrado; y por el otro, tratan de absolver a una sociedad catalana
consustancialmente pacificada que, como tal, no pudo tener nada que ver con
los incidentes del día 29. Para ello, la numerosa y visible comunidad italiana
de Barcelona era el chivo expiatorio perfecto al que endosarle la
responsabilidad de lo ocurrido.
De todos modos, es de dudar que los cambios penales que se proponen tirar
adelante Fernández y Puig sirvan para ablandar la conflictividad sociolaboral
del país. Lo que sí parece innegable es que, dentro del enorme drama social
que está viviendo Cataluña con sus 836.000 parados, hay también el
minúsculo drama intelectual que están experimentando Juliana y los corifeos
más o menos confesos de la derecha pujolista: el del desmoronamiento de
aquella Cataluña oficial en la que han ido creyendo ciegamente. Para
entendernos, la Cataluña emprendedora, mesocrática y moderada, con una
ética del trabajo luterana y portadora de posibilidades de ascensión social
para aquellos que estuvieran dispuestos a integrarse a través del aprendizaje
34
del idioma y de su cultura. Hace tiempo que esta imagen, cuyos orígenes ya
he dicho que se remontan a los textos del nacionalismo conservador del siglo
XIX, ha dejado de existir sin que esta misma derecha sepa cómo y con qué
otra imagen sustituirla. Por muchas subvenciones que otorgue a diarios y
asociaciones afines, Convergència i Unió ya no podrá reconstituir ese
segmento social afecto que, con expresión metonímica, solía llamar “sociedad
civil”. Porque es su misma base social la que está en crisis por las políticas
económicas que está llevando a cabo este partido y que están esquilmando
no sólo a las clases trabajadores, sino también a su electorado tradicional
formado por empresarios y clases medias. En realidad, estamos ante el final
de un ciclo político y económico que se remonta a los años ochenta, y será
cada vez más complicado para los periodistas como Juliana invocar la paz
social ante una sociedad con tantos parados y tanta gente que tiene miedo a
perder su puesto de trabajo. La política de CiU, de cuya validez e
inevitabilidad el diario La Vanguardia es uno de los partidarios más
entusiastas, es una política sin futuro vertebrada en torno a un despliegue de
recortes sociales que están ahogando al ya anémico tejido económico catalán.
Bastaría con citar el caso de “Eurovegas” para darnos cuenta de que, si se
quisiera proseguir por este camino de austeridad capitalista, la única manera
para crear trabajo sería —efectivamente— crear un monstruoso desfogadero
para ludópatas, meretrices y aventureros de toda laya. El horno de CiU no
está para otros bollos.
Puestas así las cosas, no bastarán los artículos de Juliana para desviar la
atención de los problemas de la sociedad catalana y exorcizar un conflicto
social destinado a aumentar, incluso —y por desgracia— en sus
manifestaciones más violentas e inútiles como las que acaecieron en el centro
de Barcelona el 29 de marzo. Este es el resultado de las políticas que tanto él
como su diario propugnaron durante décadas. Apelar hoy, como no dejan de
hacer Juliana y La Vanguardia, al catalán “assenyat” como columna vertebral
de un país moderno y avanzado, esto es, al catalán razonable y con sentido
común, ya no equivale a apelar a capitanes de industria que no existen o a
una burguesía en crisis de identidad y/o subvencionada por el cada vez más
mísero erario público, sino a las miles de personas que se manifestaron
pacíficamente en las calles de Barcelona el 29 de marzo para exigir un cambio
de modelo social y económico que salve a una Cataluña hundida por los
desmadres del neoliberalismo. Un país, en definitiva, que esté en condiciones
de ofrecer un futuro digno a sus ciudadanos que ahora les es negado. Y que
Juliana tome nota: muchos de los italianos que vivimos en Barcelona y que
consideramos esta tierra como nuestra, estaremos fraternalmente a su lado.
Notas
[1] Silvio Santagati, La Casa degli Italiani. Storia della comunità italiana di Barcellona
(1865-1936), Barcelona, Mediterrània, 2007.
35
[2] Enric Juliana, “El brote violento en Barcelona tiene una matriz anarcoitaliana”, en La
Vanguardia, edición del 8 de abril de 2012. Consultable en:
http://www.lavanguardia.com/politica/20120408/54282903647/brote-violento-barcelona-matri
z-anarcoitaliana.html
[Carlo Pisacane es un italiano residente y activo políticamente en Barcelona]
28/4/2012
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Resolver la crisis a golpe de detención
Carles Camps Mundó
Cuando las actuales autoridades españolas y catalanas trabajan para imponer
medidas restrictivas extraordinarias en nombre de la protección de la
democracia, precisamente están haciendo todo lo contrario: desacreditarla.
Nos están diciendo, lisa y llanamente, que todo lo que hemos votado los
ciudadanos para otorgarnos derechos y deberes, con todas sus garantías, es
insuficiente, y que es necesario restringir la libertad —¡oh, paradoja!— para
protegerla. El discurso del miedo. Pero ¿quién tiene miedo realmente? Porque,
¿de qué libertad nos hablan sobre todo? ¿De la de mercado para continuar
estafándonos y empobreciéndonos?
Contra todo aquello que, según nos quieren hacer creer los que se sientan en
las poltronas del poder económico y político, es un atentado contra la libertad
—la queja, la protesta, la resistencia y, en último extremo, la violencia—, sólo
hay un remedio: más libertad, y la libertad no lo es sin justicia, sin igualdad
—social y de género—, sin distribución equitativa, sin pleno empleo, sin
protección social —educación, sanidad, vivienda, pensiones—, sin el respeto
de las mayorías por las minorías —ideológicas, raciales, lingüísticas, de opción
sexual—, sin una vida digna garantizada... En definitiva, la libertad no lo es si
al menos los derechos constitucionales no son derechos de verdad y sólo se
pueden disfrutar como privilegios que se obtienen con dinero.
El problema real de que se trata es que la democracia con límites no
democráticos —como lo son los límites ademocráticos o directamente
antidemocráticos del capital empresarial y financiero— enseguida choca con
contradicciones irreversibles cuando no se dispone de bastante dinero para
“comprar” un tanto por ciento suficiente de población para garantizarse su
silencio. Y no nos hagamos ilusiones, hoy día no existe ningún político en el
ámbito parlamentario que sea capaz de plantar cara a la voracidad del capital
nacional y transnacional, que prefiere arramblar con todo lo que pueda y
llevárselo, si las cosas se ponen mal, a otro lado. Cada reducción de sueldo
que nos aplican con el permiso formal de “nuestros” representantes políticos
es una ampliación de la plusvalía que arrancan de nuestro trabajo mientras
les “servimos”, en el doble sentido del término.
Esto es lo que ahora han descubierto los políticos actuales (los empresarios ya
hace muchas décadas que lo saben): la perfectibilidad de la democracia
llevaría ineluctablemente a la socialización y, por lo tanto, a la necesaria
democratización de la economía. Por ello, ante unas docenas de violentos, en
37
vez de reconducir las situaciones de conflicto por vías políticas, han de
amplificar el fenómeno como si fuese el Apocalipsis para poder decirnos que
la libertad corre peligro y de este modo, en un auténtico juego de manos,
poder restringírnosla. Incluso pretenden criminalizar la resistencia pasiva, ese
derecho humano básico contra cualquier tipo de abuso.
Es inútil que detengan a violentos; si acaso tendrían que “detener” la
violencia, y esto sólo se puede conseguir “deteniendo” el sistema que nos
arruina y que, en realidad, con los detenidos, expresa el deseo de “detener”
cualquier posibilidad de transformación de las relaciones de producción.
Pero, por lo que se ve, todo encargado de Interior de la derecha española o
catalana sufre el “síndrome Fraga” —aquello tan sintomático de la calle es
mía—; por esto da miedo que, con tanta ceguera política en graves momentos
de crisis económica y social, cualquier día alguien lo pague muy caro, como
pasó en Vitoria en 1976. O como le ha pasado no hace mucho a la Ertzaintza.
Las moscas no se matan a cañonazos sin causar estragos mucho más graves.
23/4/2012
38
Comentarios prepolíticos: 8
Joan Busca
Autoritarismo y violencia
La deriva autoritaria de las políticas conservadoras parece imparable. Y
claramente visible en nuestro país, donde la derecha ha conservado gran
parte de sus privilegios y de su tradición cultural. No es posible aplicar un plan
de ajuste como el español, el italiano, el griego o el portugués sin ejercer una
violenta coacción para impedir que las protestas vayan más allá de límites
tolerables. La enorme campaña propagandística del “no hay alternativa” que
los expertos recomiendan, o los mercados demandan, no es suficiente para
desmovilizar a la sociedad. Y, a medida que crecen las protestas, se
desarrollan con una fuerza inusual políticas represivas que derivan claramente
en un vaciamiento real de los derechos políticos básicos. La erosión de los
pocos elementos de democracia real (los derechos sociales básicos) corre
paralela a la de la democracia formal (los derechos políticos y la ficción de la
ciudadanía protagonista de la vida social deja paso a la recuperación de una
sociedad estamental, conformada por individuos con derechos diferenciados
según el estatus social, en que los extranjeros sin papeles ocupan, de
momento, el lugar más bajo de la escala).
Todo esto es conocido. Lo experimentamos todos los días y se ha exacerbado
a raíz de la reciente huelga general: encarcelamientos injustificables, uso
masivo de medios violentos, promoción de la delación, propuestas de ley
orientadas a criminalizar a cualquier organización social, criminalización de la
resistencia pacífica. Se trata de la vieja estrategia de diferenciar al ciudadano
de orden del revoltoso, de promover la parálisis mediante el miedo, de
generar una imagen violenta de los movimientos sociales que permita su
aislamiento. De paralizar las respuestas sociales. Los Puig y los Fernández
Díaz aplican una estrategia tradicional que no duda en dar prioridad a la
defensa de la injusticia en detrimento de la libertad y la democracia.
Es una estrategia peligrosa, sobre todo para quienes somos víctimas
potenciales de la misma. Y por esto es necesario que nuestras acciones tomen
en consideración la necesidad de cortocircuitar, en la medida de lo posible,
esta estrategia de criminalizar la disidencia y camuflar la injusticia. Y en este
campo es evidente que la línea de respuesta que se adopte va a jugar un
papel esencial. No hay nada que legitime tanto al poder como el
enfrentamiento directo con una acción que puede aparecer violenta.
Especialmente cuando se puede presentar “troceada” en los medios de
comunicación para que el espectador pasivo no pueda entender el conjunto
39
del proceso. Y no hay nada que resulte, al menos, tan difícil de digerir por el
poder como la violencia contra protestas pacíficas. La violencia en el desalojo
de la plaza de Catalunya el año pasado, las imágenes de policías pateando a
personas que estaban simplemente sentadas y la imposibilidad de aportar,
por parte de los Mossos d’Esquadra, pruebas de que se había enfrentado a
una manifestación violenta hicieron mucho para reforzar las simpatías de
parte de la población hacia los jóvenes del 15M.
Ahora que la opción represiva se ha reforzado, ayudándose con las imágenes
efectistas de la huelga general en Barcelona, los movimientos sociales deben
saber desarrollar una línea de acción que combine resistencia y acción
pacífica. Que evite generar una imagen del teatro de la acción favorable al
discurso represivo. Porque, al final, donde nos jugamos la libertad y la
democracia es en la capacidad de sumar millones de personas a la defensa
activa de los derechos. Donde podemos desactivar la represión es socavando
su legitimación. Y ello requiere huir de escaramuzas infantiles y optar por una
perseverante e incansable lucha en defensa de las libertades, los derechos y
la justicia. Un objetivo que debe también tratar de aislar el uso de la fuerza
bruta como un medio legítimo de relación social. Toda la historia de la
indignidad humana está llena del uso y abuso de la violencia. Un abuso que
fue una parte crucial del primer intento histórico de construcción de una
sociedad igualitaria.
27/4/2012
40
Apuntes para un "Libro de la Selva Política"
El Lobo Feroz
Los que abominan de la política tienen razón: la política institucional es
abominable. Las políticas neoliberales son abominables. Le quitan a la gente
que vive de su trabajo la escasa seguridad conquistada a lo largo de
generaciones de lucha política.
Pero los que pasan de la política de los de abajo siendo de los de abajo son no
sólo apaleados sino cornudos. Para los de abajo intervenir a pie en política es
esencial.
* * *
Socialdemocracia. Éste es un concepto que hay que retomar, aunque se ha
convertido en un insulto. Un absurdo insulto de otros tiempos. Los
bolcheviques eran la mayoría de un partido socialdemócrata. Luchaban por
una democracia socialista y les fue, sin embargo, como les fue. Se empezó a
llamar denigratoriamente 'socialdemócratas' a los socialistas no adheridos a la
Internacional Comunista. El calificativo de socialdemócratas casi nunca lo
merecieron; la denigración, en no pocos casos, sí. Hoy, ¿es el Psoe un partido
socialdemócrata? No: el Psoe es un partido neoliberal, sean cuales sean sus
siglas y su historia: así les ha ido también a ellos. ¿Es Izquierda Unida un
partido socialdemócrata? Sí, lo es, y quizá no lo sabe. Aunque no puede gran
cosa no puede ser otra cosa. Eso no es malo.
* * *
Un movimiento puede ser muy importante, pero nunca es universal. Habita en
un mundo social donde hay otros movimientos, donde hay antagonistas e
indiferentes y neutrales. Pero un verdadero movimiento de la sociedad es algo
muy básico que nadie puede atreverse a ignorar. Manifiesta que en la
sociedad se da un impulso que procede de sus necesidades vitales. Por eso
han existido el movimiento de los trabajadores y el movimiento feminista y
antisexista. Pero han existido en un mundo donde han encontrado resistencia
de aquellos aspectos de la sociedad que no quieren morir: los depredadores
de todo tipo.
* * *
No usemos a tontas y a locas el concepto de movimiento social. Hacerlo es
crear confusión donde no la debe haber.
41
* * *
Un movimiento se dota siempre de algunos elementos programáticos: el
movimiento sabe al menos lo que no quiere, y, con menos precisión, trata de
definir lo que quiere. Pero en seguida tropieza con los problemas de la
comunicación interna. Una manifestación se puede convocar desde teléfonos
móviles; un programa de lo que se quiere precisa una comunicación más
amplia, más reposada, más madurada, más capaz de precisarse y adaptarse a
las necesidades. No va por móvil. Para eso están los materiales de discusión,
los debates en asambleas y todo lo demás. Un movimiento no consigue sus
objetivos en el momento de su formación. No es como un relámpago, sino
como un río. A veces como un glaciar.
* * *
¿Qué son los partidos? Los partidos son grandes corrientes de opinión
subterránea si los entendemos como inteligentemente lo hizo Antonio
Gramsci: según eso, los lectores de ABC y La Razón compondrían un partido,
los nacionalistas secesionistas —incluso de diversas orientaciones (derecha,
izquierda)—, otro. Los manifestantes indignados de esta crisis del presente
componen otra gran corriente, una corriente visible y otra subterránea que
está de acuerdo con ellos. Los golfantes que votan a la derecha, que siempre
votarán a la opción más reaccionaria que se les proponga, y en cualquier
materia, y que viven pisoteando a los demás, son otro partido (por mucho que
a veces sus argumentos aparenten ser lo que defienden los de abajo). A veces
los partidos, en este sentido fundamental, subterráneo, que no tiene siglas, se
unen en los movimientos sociales y cada uno trata de arrimar a su sardina las
ascuas de estos movimientos.
* * *
En el gran movimiento de los de abajo confluye mucha, mucha gente. Es
natural que diferencias de edad, de historia personal, de posición social o
laboral, culturales y demás, produzcan extrañamientos internos.
Afortunadamente las grandes verdades sociales son siempre corales, y en los
coros cada voz aporta algo distinto. Las diferencias son riqueza de
pensamiento. El monolitismo ideológico no puede ser otra cosa que una triste
mierda generalmente seca.
* * *
Hay que desconfiar de los que se indignan mucho por poca cosa. Aunque a
veces hay que leer esa indignación por poco como incapacidad para expresar
su verdadera indignación.
42
* * *
Un movimiento precisa un referente político. Porque para avanzar hacia sus
objetivos tiene que dar pasos, esto es, alcanzar objetivos intermedios, y para
alcanzar objetivos intermedios tiene que poner toda la carne en el asador, de
vez en vez, en cada uno de ellos, incluso cuando en alguna ocasión se
equivoque y tenga que rectificar. Ha de conseguir unos aliados para dar
ciertos pasos que no serán aliados para otros pasos. Por estas razones un
referente politico es esencial. Tan esencial como impedir que sea ese
referente quien imponga sus objetivos al movimiento. La única manera de
impedirlo es democratizar radicalmente el referente político o crear
decididamente uno nuevo si lo que hay se demuestra inservible.
* * *
Los partidos políticos, incluso los de los trabajadores y de la multitud
corriente, son muy necesarios y a la vez muy peligrosos. Parte de la gente que
empieza como activista de partido acaba profesionalizándose en esa
actividad. Y como no estará dispuesta a perder su puesto de trabajo tenderá a
confundir los objetivos del partido con sus objetivos personales, e imponerle
estos últimos al partido. Y si esto no lo hace una sola persona, sino muchas, el
partido acabará desnaturalizado.
Por eso se han buscado artificios que posibiliten mantener la orientación del
partido al margen de los intereses personales de sus dirigentes. La separación
entre los órganos dirigentes del partido y la presencia en las instituciones es
uno de esos artificios; la limitación de los mandatos, otro; la constitución de
fondos de reserva para que quienes cesan en un cargo público puedan
subsistir mientras buscan otro trabajo es un tercer expediente, en realidad
poco usado. Pero lo esencial es esto: si se cabalga en un partido, hay que
asegurarse de que está bien embridado. Los mecanismos de democracia
interna deben estar muy bien engrasados y facilitar a todos tener los ojos bien
abiertos. No puede haber opacidad en esos mecanismos.
* * *
A veces partidos y movimientos experimentan una división interna. Me refiero
a divisiones internas muy esenciales y generales, no a asuntos de detalle.
Estas divisiones importantes no se pueden resolver mediante la formación de
mayorías y minorías. Ni tampoco con escisiones o divisiones. Las escisiones
hacen imposible que los problemas maduren y la división se supere, por una
parte, y por otra no hacen más que debilitar y desanimar. Si se forman
mayorías y minorías básicas en una institución de los de abajo y uno se queda
en minoría, debe saber resistir estando en minoría. El tiempo y el
43
mantenimiento de la actividad permitirán saber si lleva razón o no la lleva, y
en todo caso lograr precisiones programáticas satisfactorias para todos.
* * *
Lo que ha de buscar un movimiento es tener hegemonía. Lo que busca un
partido es tener dominio. El dominio sin hegemonía es pan para hoy y hambre
para mañana. Por eso conviene saber en qué consiste la hegemonía.
La hegemonía de un movimiento consiste en que capta para su avance las
cabezas de la gran mayoría de la sociedad. Que las ideas del movimiento se
vuelvan predominantes en la sociedad. Así, el movimiento feminista y
antisexista está consiguiendo ganar creciente hegemonía social. Conseguir
hegemonía es conseguir impregnar la cultura de una sociedad y de una
época. Hay hegemonía de un movimiento cuando el comportamiento de las
personas, la creación cultural social, y también la creación de su avanzadilla
artística —poetas, pintores, músicos, cineastas, dramaturgos, narradores,
etc.—, materializan los ideales del movimiento social.
Los viejos del lugar —pero también los jóvenes espabilados— pueden medir
cómo se ha volatilizado la hegemonía de las ideas socialistas en los últimos
veinticinco años, cómo ha disminuido. Probablemente esa minoración empezó
mucho antes. Eso enseña, en primer lugar, que ninguna conquista social es
"para siempre". Y en segundo lugar enseña que la hegemonía es histórica, y
que hay que comprender la historia.
* * *
El movimiento obrero del pasado ignoró en amplia medida el dominio del
patriarcado y la explotación del nicho ecológico de la vida superior en el
planeta. Tienen razón los que dirán que esa ignorancia no fue total; fue, sin
embargo, substancial, y por eso el movimiento obrero tradicional merece ser
criticado, como merecen ser criticados los movimientos actuales que luchan
contra el dominio patriarcal y la explotación ecológica y tienen los ojos
cerrados para la explotación de unas personas por otras, esencial en el
capitalismo que conocemos. Quien esté libre de pecado que tire la primera
piedra.
Dicho esto, también está claro que el movimiento de los trabajadores del
pasado fue extremadamente fideísta: quiso creer que la revolución de Octubre
era una conquista inviolable y cerró los ojos a su reiterada violación. Lo
terrible es que muchas personas, cuando finalmente se han dado cuenta de
que se habían hecho ilusiones, han abandonado sus ideales en vez de
enfadarse consigo mismas por su ingenuidad.
44
Pero las personas que se habían hecho demasiadas ilusiones también
consiguieron muchas cosas. Eso es visible ahora que los poderes se sienten
fuertes para destruirlas todas. Por eso es hora de sobreponerse, de ponerse
en pie y volver a luchar junto con otros.
Hay que repetir en voz alta muchas veces la palabra solidaridad para
buscarla. Es una idea-fuerza, el Norte de la brújula social. Y practicarla.
* * *
Los de arriba les roban las palabras a los de abajo: libertad, democracia,
socialismo. Corromperlas forma parte de su juego. A buen entendedor...
25/4/2012
45
Dilemas después del 29-M
Antonio Antón
La huelga general del 29-M es un paso clave contra la ofensiva regresiva del
Gobierno del PP. Ha sido una actuación acertada de los sindicatos, que han
demostrado ser agentes sociales fundamentales para encauzar el rechazo
popular y frenar la involución social. Ha tenido un impacto social positivo, y
reabre nuevas posibilidades y escenarios para continuar la acción sindical y
ciudadana contra la política de recortes y por los derechos sociolaborales y
una gestión más justa de la crisis. Es una tarea conjunta del movimiento
sindical y la izquierda social y política, que se enfrentan a diversas dificultades
y limitaciones. Aquí nos centraremos en las actuaciones de los grandes
sindicatos, dada su influencia y protagonismo. En las orientaciones y
decisiones de sus dirigentes ha habido aciertos y errores. Y son convenientes
una reflexión crítica y un debate constructivo para reafirmar los primeros y
evitar que se reproduzcan los segundos. Las encrucijadas inmediatas están
abiertas. Es preciso sacar enseñanzas, comprender mejor el significado de
esta amplia y contundente respuesta ciudadana y enmarcarla en el proceso
social anterior. Así, se podrán definir mejor su impacto posterior, las opciones
estratégicas para el sindicalismo y las perspectivas a medio plazo.
Límites del diálogo social
La actuación de las cúpulas sindicales ha dado diversos bandazos, y ha
denotado algunos diagnósticos poco realistas y una estrategia ambivalente y
contradictoria. Su apoyo a los tres últimos pactos sociales (el acuerdo para la
negociación colectiva —ANC— de 2010, el pacto para el recorte de las
pensiones en 2011 y el acuerdo salarial con la aceptación de su pérdida de
capacidad adquisitiva en 2012) ha llevado al movimiento sindical a callejones
sin salida. Han constituido concesiones sindicales relevantes en el retroceso
de los derechos sociolaborales de las clases trabajadoras, no han conseguido
resultados significativos con vistas a frenar los planes gubernamentales o
empresariales, y no han impedido las siguientes reformas regresivas: la de la
reforma laboral del PSOE en el primer caso; la de la negociación colectiva del
Ejecutivo socialista en el segundo, y la actual reforma laboral del Gobierno del
PP en el tercero. Tampoco han evitado el deterioro de la estabilidad del
estatus y la capacidad contractual de las estructuras sindicales.
La experiencia de esos pactos generales ha demostrado que esos procesos
institucionales de diálogo social no han conseguido resultados positivos para
las condiciones y los derechos de capas populares y para el mantenimiento
del equilibrio contractual en las relaciones laborales, ni han constituido un
46
freno significativo o una suavización relevante de su aplicación. Todo lo
contrario. La colaboración de esos dirigentes sindicales, con su apoyo a esos
retrocesos, no les ha reportado mayor credibilidad social, sino mayores
dificultades de legitimidad ante la sociedad y sus bases sociales. Así, han
producido una erosión de su capacidad representativa y de influencia frente a
empresarios e instituciones políticas, que ahora, con esta demostración de
fuerza y apoyo popular del 29-M, recuperan parcialmente. Sin embargo, esa
mayor debilidad sindical ha sido aprovechada por la patronal y los gobiernos
(primero el del PSOE y después, de forma más dura, el del PP, además de
varios autonómicos) para imponer sus siguientes reformas regresivas. Estas
medidas, además de un profundo recorte de los derechos laborales, también
conllevan un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales, con mayor poder
empresarial y marginación de la función reguladora y representativa de los
sindicatos.
Por tanto, esa apuesta fundamentalista por el diálogo social, en el actual
contexto de fuerte ofensiva antisocial, ha sido ineficaz respecto de sus
objetivos explícitos de frenar sustancialmente estos recortes. Tampoco ha
servido para garantizar el estatus y la estabilidad de los propios aparatos
sindicales, a cuya línea de flotación apuntan las tres reformas laborales:
indefensión de los trabajadores y trabajadoras, subordinación al
empresariado, y debilitamiento de la capacidad reguladora y contractual de la
negociación colectiva y de las correspondientes comisiones negociadoras y
paritarias. La función reivindicativa y representativa a través de la acción
sindical en la negociación colectiva queda cuestionada y disminuida, y puede
generar mayor impotencia transformadora y menor legitimidad de los
aparatos sindicales ante sus bases sociales.
No obstante, desde hace tiempo ya eran evidentes el estancamiento de la
acción sindical reivindicativa y dinamizadora durante la negociación de los
convenios colectivos y el bloqueo en el avance sobre sus resultados para las
capas asalariadas. El primer ANC de 2002 fue defensivo; pretendía impedir la
reforma laboral del PP, cosa que no evitó, y hubo que frenarla con la huelga
general de ese año, que sí consiguió su modificación sustancial. Era todavía
una época de crecimiento económico y de empleo y de mantenimiento de las
condiciones salariales y laborales, aun en un mercado de trabajo con
importantes zonas de precariedad, particularmente juvenil. La conflictividad
laboral en la negociación colectiva prácticamente desapareció. La
dinamización y el empuje del sindicalismo de base no aparecían como una
necesidad para fortalecer esos derechos y la propia credibilidad de sus
representantes en la negociación. Junto con esa relativa estabilidad en el
empleo y en las condiciones laborales y salariales, esa inercia ofrecía cierta
confianza en el mantenimiento de dicho equilibrio contractual y la
acomodación de esa estructura negociadora. Se reforzaba con el
47
reconocimiento institucional y jurídico de varias decenas de miles de
sindicalistas en su función negociadora, a través de las comisiones
negociadoras de los convenios, comisiones paritarias y diversas funciones de
mediación y arbitraje, junto con la participación institucional de muchos
dirigentes sindicales y la ampliación de su aparato para desarrollar políticas
activas y de formación (cuestión contra la que apunta la rebaja de 1.500
millones de los presupuestos generales de 2012).
Sin embargo, ese entramado organizativo tenía unas bases frágiles si no se
asentaba en la bonanza del crecimiento económico y del empleo con un
reparto equitativo de sus rentas, es decir, con unos resultados reivindicativos
significativos para las clases trabajadoras. Presuponía una fuerte vinculación
con sus bases sociales, importante en los grandes centros de trabajo, pero
más débil entre las capas trabajadoras de las pymes y la gente joven. Con la
crisis y las políticas regresivas, esa labor negociadora e institucional no ha
sido suficiente para evitar su cuestionamiento empresarial y del gobierno
socialista primero y de la derecha después, que han impuesto un profundo
desequilibrio que cercena la dimensión y el estatus adquiridos por esos
aparatos sindicales. La simple inercia de una representatividad y una
comunicación básica con sus afiliados y sus bases sociales más estrechas,
presenta insuficiencias para acometer las nuevas tareas, más duras, que
requieren una profunda y prolongada activación de los trabajadores y
trabajadoras y una mayor participación de sus bases sociales.
La crisis económica y de empleo, la presión empresarial y la política
institucional de austeridad y subordinación del diálogo social a una política
regresiva, han puesto de relieve la fragilidad del estatus de esa burocracia
sindical. Los sindicatos son instrumentos fundamentales —reconocidos en la
Constitución— para participar en la regulación de las condiciones
sociolaborales. Las sucesivas reformas, además de precarizar las condiciones
laborales, han debilitado la capacidad de articulación y presión social de las
capas asalariadas y han fortalecido el poder empresarial. Pero el segundo
componente clave y más específico es el desequilibrio en las relaciones
laborales, con el debilitamiento de la capacidad reguladora de las estructuras
sindicales en la negociación colectiva y en el plano más general. Los cambios
normativos e institucionales que ahora se aprueban consolidan esa situación y
van a tener efectos regresivos profundos, laborales y sindicales, en los
próximos años. Ello sí puede constituir una derrota particular de los aparatos
sindicales, idea incorporada en la visión algo catastrofista de que la ofensiva
del PP va “a terminar con todo”, incluidos el reconocimiento y la estabilidad
de los dirigentes de los grandes sindicatos. No es el final. En las 4.500
empresas grandes y medianas (con un millón de asalariados) con convenio
propio, su representación sindical más estable y su comisión negociadora ven
reducidas sus funciones en favor del empresario y las comisiones de arbitraje,
48
pero tienen mayores recursos que el resto de las pequeñas empresas en
situación más desventajosa. Sus trabajadores y trabajadoras, particularmente
los precarios, tienen mayores riesgos de retrocesos.
Por tanto, tiene sentido su valoración de que el actual es el mayor ataque
laboral y sindical de toda la democracia, y puede ser un punto de inflexión en
el menor papel regulador, negociador, institucional y asistencial de las
estructuras sindicales, cuestión que genera en ellas una lógica preocupación.
A finales del año 2010, tras el pulso del 29-S, se produjo en las cúpulas
sindicales un vértigo ante el riesgo de una prolongación del conflicto social
con los poderosos. Para evitarlo, generaron la ilusión de que la desactivación
del conflicto y su colaboración con el pacto de las pensiones les permitirían
mantener el objetivo estratégico del equilibrio en las relaciones laborales, es
decir, la capacidad contractual de las estructuras sindicales y su estatus
institucional y en la negociación colectiva. Las siguientes reformas laborales
se han encargado de demostrar lo desacertado de ese pronóstico y de esos
pactos, así como la ausencia de la previsión y preparación suficientes para
hacerles frente. Ha sido la evidencia de la última reforma laboral del PP,
especialmente agresiva, la que ha forzado a los dirigentes sindicales
mayoritarios, por encima de las pretensiones iniciales de ignorarla o
minusvalorar la indignación social contra ella, a una reconsideración de la
gravedad de este embate y la conveniencia de una actuación contundente y
firme contra ella.
De momento no se ha conseguido su abolición, y su aplicación ya tiene
efectos graves. La imposición y la arbitrariedad empresarial ya están a la
orden del día. Además, la desarticulación de la negociación colectiva sectorial
y la marginación de las comisiones negociadoras y paritarias de los convenios
colectivos, dando el poder decisorio a las comisiones de arbitrajes, ajenas al
sindicalismo, pueden ser un duro golpe a su función principal de defensa
reivindicativa y garantía de las condiciones laborales de las clases
trabajadoras. A corto plazo, es difícil una modificación sustancial de esas
reformas, cuyo pleno desarrollo va a profundizar esas dinámicas regresivas y
ese desequilibrio para el sindicalismo. No se puede confiar en una improbable
negociación sustantiva con el Gobierno para que las retire o modifique
significativamente, pero hay que evitar adaptarse y acomodarse a la nueva
situación, refugiándose en el intento de salvar sólo algunas parcelas sindicales
de actividad institucional y mirar hacia otro lado.
Refuerzo de la acción sindical y sociopolítica
La única alternativa sindical realista para frenar esta ofensiva regresiva de la
derecha es fortalecer la dimensión representativa y social del movimiento
sindical y ciudadano, su vinculación con las clases trabajadoras y la
49
ciudadanía indignada, y su activación y articulación. Se trata de afianzar el
arraigo de los representantes sindicales con sus bases trabajadoras,
particularmente en las pymes y la gente joven, con la extensión a las
personas desempleadas y sin descuidar a las capas profesionales. Y además,
junto con otros grupos de la izquierda social y política, estimular y ser
portadores de las demandas sociopolíticas de la ciudadanía. Supone reafirmar
la confianza y la credibilidad entre sus propias bases sociales, recomponer su
función reivindicativa y dinamizadora, para hacer frente a toda esta ofensiva
antisocial. Ello le permitirá ir ganando legitimidad, representatividad,
influencia y capacidad contractual en el nuevo marco de relaciones laborales,
más disperso y desventajoso, que imponen las últimas reformas laborales.
Consiste en una reorientación de la estrategia sindical, superando las inercias
de pasividad y acomodamiento —desde hace más de una década— en la
negociación colectiva, ámbito clave para el sindicalismo, y con un sistema de
concertación institucional ahora fracasado. Es una adecuación imprescindible
y necesaria para frenar el desgaste del prestigio y la legitimidad de los
dirigentes sindicales por sus pactos infructuosos y la tendencia a la
irrelevancia que los poderes políticos y económicos quieren imponer al
movimiento sindical. La reversión del nuevo marco jurídico-laboral y el
reconocimiento del estatus de las estructuras sindicales son objetivos
fundamentales, que se deben alcanzar, particularmente, con el
fortalecimiento de la acción sindical en los centros de trabajo y con una
dinámica general de resistencia frente a la involución socioeconómica y
laboral. Frente a la casi nula conflictividad laboral en las empresas y en el
ámbito local, y más allá de los conflictos sociales y las manifestaciones
generales, la actividad defensiva y prolongada supone un cambio de las
inercias y prioridades de la acción sindical. La respuesta depende, sobre todo,
de la capacidad representativa y dinamizadora de los sindicalistas de base, de
los representantes directos de los trabajadores y trabajadoras, en los centros
de trabajo. La nueva estrategia de las direcciones sindicales debería apuntar a
ello, renovando la cultura, las dinámicas organizativas, las propuestas y los
nuevos horizontes de cambio que ilusionen a sus bases y a la ciudadanía.
Dada su influencia social, y junto con otros grupos sociales progresistas,
deberían ofrecer un liderazgo y dar una alternativa a las exigencias de
fortalecer un sindicalismo firme y una mayor participación democrática y
ciudadana, como instrumentos para conseguir mejoras sociolaborales e
impulsar una democracia social y económica avanzada.
Uno de los ejes específicos de la nueva orientación frente a la nueva realidad
impuesta debería ser una mayor dinamización de la acción sindical en las
empresas y los sectores, reafirmando la acción reivindicativa con motivo de la
articulación de los convenios y acuerdos colectivos. Su plasmación en
movilizaciones sociolaborales y avances colectivos puede ser desigual; se
50
trata de empezar en los sitios y momentos más favorables. En todo caso,
presupone el reconocimiento del fracaso del reciente acuerdo de los
negociadores sindicales con la patronal para la reducción salarial, que ha
demostrado ser desequilibrado y perjudicial para los trabajadores y las
trabajadoras. El contenido de esa concesión sindical, sustancial para la
patronal como confirmación de la disponibilidad de las cúpulas sindicales para
admitir ese retroceso y garantizar la pacificación de las relaciones laborales
en la negociación colectiva, se ha aplicado. La supuesta contrapartida para los
sindicatos, derivada de la promesa patronal de respetar el consenso en la
reforma laboral posterior y admitir sólo un retroceso limitado en la capacidad
contractual de las estructuras sindicales, se ha incumplido. Está claro que el
acuerdo era desequilibrado y que, además, ese compromiso ha resultado ser
retórico para la patronal, que apostaba —aún más con el acuerdo en la
mano— por un retroceso profundo de las condiciones laborales y del estatus
de los sindicatos. Han quedado de manifiesto sus consecuencias: éxito para la
patronal (y el Gobierno) y fracaso para los sindicatos. Es motivo suficiente
para que los órganos dirigentes de los grandes sindicatos impugnen el citado
acuerdo, en vez de seguir reclamándolo. Supone abrir un frente de rechazo a
los retrocesos salariales y laborales en las empresas y sectores, y resituar la
acción reivindicativa.
El segundo eje tiene que ver con la respuesta ante los recortes sociales y en
defensa de los servicios públicos y del Estado de bienestar. Las ejemplares
movilizaciones y huelgas del sector de la enseñanza en Madrid y de la sanidad
y los empleados públicos en Catalunya constituyen una pauta a seguir y
generalizar. Motivos no faltan en este periodo restrictivo del gasto público y
de deterioro de las prestaciones y los servicios públicos. El impulso sindical y
social debe ser prolongado y general.
El tercer eje tiene que ver con la orientación global hacia la continuación de la
oposición y la resistencia sindical y ciudadana, tras la negativa del Gobierno
del PP a modificar su reforma laboral y sus planes restrictivos. El próximo reto
lo tenemos esta misma primavera, en mayo y junio, como marco para
proseguir con una contestación social masiva que siga debilitando la
legitimidad de esa política, favoreciendo la dinámica sociopolítica para su
cambio, a través del fortalecimiento del movimiento sindical y de la izquierda
social, junto con la expresión colectiva de esa ciudadanía activa. Y en el
horizonte del curso que viene, con la amenaza de mayores planes de ajuste y
de austeridad y un agravamiento de las consecuencias sociales de la crisis,
hay que impulsar una dinámica creíble de resistencia social y de cambio del
escenario sociopolítico que apueste por el empleo decente y los derechos
sociolaborales.
Los dirigentes de CCOO y UGT utilizan un lenguaje doble. Por un lado,
51
conscientes de las dificultades para forzar avances sustanciales en los
objetivos reivindicativos, amenazan al Gobierno con una movilización
sostenida y creciente, manifestando firmeza en sus exigencias de cambios de
calado. Por otro, ponen el acento en una faceta más limitada y de cierta
ambigüedad: la recomposición del diálogo social, como freno a las
imposiciones gubernamentales, junto con el reconocimiento institucional de la
función de los aparatos sindicales y la garantía del reequilibrio de su
capacidad contractual y su estatus. Pero, como se ha dicho, ha terminado la
etapa en que el diálogo social, como condición o veto sindical para regular
condiciones y derechos sociolaborales, permitía conseguir o mantener algunos
derechos o, al menos, evitar recortes sustanciales. Y la promesa institucional
de tratar bien a los sindicatos está condicionada a una subordinación
completa a sus planes.
La situación actual ha dejado operativas dos opciones de acción colectiva: 1)
negociación institucional y colaboración con acuerdos generales regresivos
para las capas trabajadoras que tampoco consolidan al sindicalismo, o 2)
respuestas firmes y masivas para frenar esos retrocesos y activar a sus bases
sociales y a la ciudadanía, afianzar la representatividad y el arraigo del
sindicalismo y su unidad con otros movimientos populares, y condicionar y
revertir esos recortes. Y será en la medida en que se consolide la segunda
opción que se podrán recuperar unas negociaciones más equilibradas y unos
acuerdos (generales y en la negociación colectiva) positivos, para sus bases
sociales y para los propios sindicatos.
La otra cara es la opción individual de la supervivencia y adaptación a la
inseguridad y la precariedad. El tradicional esfuerzo de muchos jóvenes en
cuanto a formación no constituye ya una salida segura con vistas al empleo
cualificado y el ascenso social. Se generan dinámicas de descontento y
malestar, con distintas posturas reactivas, pero también de miedo,
resignación y segregación.
Este proceso de huelga general es una clara y firme advertencia popular para
modificar esa dinámica. Supone un fortalecimiento de la izquierda social
frente a la involución social y refuerza al movimiento sindical. Ha sido una
convocatoria acertada, con objetivos justos. La masiva participación popular
aporta una nueva relegitimación de las estructuras sindicales. No obstante,
ese apoyo no es incondicional ni a cualquier iniciativa o acuerdo. Los
dirigentes sindicales asumen una gran responsabilidad en la gestión de la
gran capacidad social expresada por esta ciudadanía activa. Les exige una
afirmación de sus objetivos fundamentales: derogar la reforma laboral —y las
dos anteriores—, frenar la ofensiva antisocial del Gobierno del PP, abrir un
horizonte de cambio.
52
Dados el desequilibrio en las relaciones de poder y la persistencia y
profundidad de la política regresiva del Gobierno de la derecha, la baza
fundamental de los sindicatos y del conjunto de la izquierda social es una
resistencia sindical y ciudadana, intensa y prolongada. Supone estimular la
participación democrática y la activación de la ciudadanía, modificar el
escenario sociopolítico, generar las condiciones para deslegitimar y abolir
esas normas antisociales, promover un cambio de la política socioeconómica y
de empleo, garantizar los derechos sociales y laborales, y reforzar el Estado
de bienestar y una democracia social más avanzada.
[Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad
Autónoma de Madrid]
10/4/2012
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Diez normas elementales para la dirección de un servicio residencial
Cuestiones preliminares y conflicto colectivo
Josep Torrell
El sistema de los servicios residenciales —que sólo tiene treinta y cinco años
de antigüedad, contando los centros pioneros— está en una profunda crisis,
creada, en parte, por los nuevos problemas que plantea la propia evolución de
las enfermedades y la situación de la sociedad, que ni se ha planteado qué
hacer con ello.
La crisis afecta por igual el modelo en su conjunto, y por lo tanto, también a
los profesionales que viven de él. Toda la estructura y la concepción de los
servicios residenciales deben ser cuestionadas y modificadas en profundidad.
Esto implica asimismo cuestionar lo que se exige de los profesionales
involucrados en los servicios residenciales, en particular los destinados a la
dirección.
Para que el sistema de residencias sea mínimamente democrático ha de tener
en cuenta una serie de normas elementales, que se esbozan a continuación, y
que normalmente no se aplican.
Hacer memoria de cosas simples
1. Cuestiones preliminares
Primero. Un director o directora debe luchar continuadamente contra
cualquier atisbo de paternalismo. El paternalismo que aparece en los otros
pero también el que inevitablemente aparece en él mismo.
Paternalismo es aceptar que los dirigidos deben sumisión a los dictados de los
dirigentes, por encima de la ley y el ordenamiento jurídico. Es aceptar que nos
dividimos en dirigentes y dirigidos —o entre personal de la residencia y
simples residentes— y que ésta es una división esencial (en vez de una
división puramente casual).
El paternalismo es la principal violación contra los derechos universales de la
persona inflingida a las personas con diversidad funcional. Es también la que
suele estar en el origen de las demás violaciones y arbitrariedades que suelen
sufrir las personas con discapacidad (psíquica o mental), o ancianos y
ancianas.
Paternalismo es la privación de derechos a los residentes cuando estos
54
derechos afectan a la supremacía de los dirigentes: es decir, siempre. Es creer
que en función del cargo que ostentan (que no han hecho mucho por ganarlo,
que puede ser el de director técnico o el de simple cuidador) el personal del
centro es investido de la anticonstitucional capacidad de cohibir el ejercicio de
los derechos de los residentes.
Paternalismo es equiparar a los ciudadanos del sistema residencial público,
privado o concertado, en ciudadanos sin plenos derechos, como los de las
cárceles y prisiones, pero sin haber pasado por un juicio y sin haber sido
excluidos por derecho de sus derechos.
Paternalismo es aceptar que los derechos de los residentes son vulnerados
impunemente, sin que a nadie le importe demasiado.
Paternalismo es también la ideología que sustentó a muchos de los antiguos
pioneros que crearon los primeros centros de asistencia a personas con
diversidad funcional: todo para el discapacitado, pero sin el discapacitado. En
este sentido, es un peligro latente en nuestro sistema residencial y, por ello,
ha de ser visto como una violación fundamental de los derechos universales
de la persona.
Segundo. El director o directora tiene como función primordial y básica que
los residentes que están bajo su tutela sean tratados con libertad, justicia e
igualdad, con arreglo a la Constitución, y, en la medida de sus posibilidades,
pueda garantizárseles una vida independiente. El director o directora está
obligado, por la ley fundamental, a promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo sean efectivas y reales.
Por lo tanto, y en todo momento, es un deber básico del director o directora
hacer saber a sus residentes que tienen derechos irrenunciables, empujar a
todos a luchar por el pleno reconocimiento de la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la
personalidad, incitarles a no renunciar a su cumplimiento y favorecer el
reconocimiento de que hay también derechos de los demás, que deben ser
respetado asimismo.
Sólo así se podrá favorecer el clima de convivencia que se dice ha de reinar
en los sistemas residenciales, y que, de común, brilla por su ausencia.
No hacer esto presupone un acto de autoindulgencia inaceptable, un error
gravísimo, y permite que el centro bajo su tutela se deslice hacia la
arbitrariedad y el abuso de poder.
No considerar el cumplimiento de los derechos y libertades un deber
55
primordial es el reconocimiento de la propia imposibilidad de cumplir las
tareas que le competen a un director o directora; es decir, el tácito
reconocimiento de la necesidad de dimitir por no ser esa la persona adecuada
para el cargo que ostenta.
Tercero. El director o directora tienen la necesidad de ponerse en el lugar del
otro para comprenderle, sino quieren convertirse en un ser odioso y temible.
Tienen la necesidad (y la conveniencia, para evitar muchos equívocos) de
comprender las necesidades, las preferencias, los hábitos, las ausencias, y las
historias (médica, psicológica y, en general, las de quién fue en el mundo
cada paciente).
En particular, el director y directora deben ser muy cuidadosos con las
prendas de vestir y con la dotación y decoración de la habitación en la que
han de vivir los y las residentes.
Todavía predominan en las residencias las habitaciones compartidas, que es
urgente erradicar rápidamente (salvo casos especiales).
Lo que hay en la habitación del residente es responsabilidad del propio
paciente, y nadie tiene competencias para quitar ni para añadir nada.
Éste ha sido, es y será uno de las puntos fuertes dónde se ha visto, se ve y se
seguirá viendo la falta de respeto y la presencia del abuso de poder en el seno
de las residencias.
No plegarse a estas necesidades y preferencias puede ser nefasta para los y
las residentes, destrozando su forma de vida y alterando las actividades con
que dotan de sentido a sus vidas, afectando las iniciativas que han elegido
realizar y que les suponen momentos creativos.
Si ello ocurre es necesario pedir responsabilidades a las instancias oportunas
de bienestar social, porque coartan el que “las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo sean efectivas y reales”, que reconoce la
carta magna.
Cuarto. El director o directora ha de ser muy cuidadoso hacia la atención que
presta su centro. Hoy por hoy, las prestaciones a todos los niveles son muy
deficitarias. Entre los profesionales del sector circula un dicho que a mayor
gravedad de las enfermedades a tratar, menor es la necesidad de personal
cualificado. Es como si se aceptara que a mayor gravedad, cualquiera puede
hacerse cargo. Por esta regla de tres, en los centros residenciales mercantiles
o de iniciativa social hay mucho personal que no tiene estudios —ni generales
ni específicos— que les capaciten para las funciones que realizan.
56
Un director o directora habrá de poner freno a esta tendencia, incrementar en
la medida de lo posible la contratación de personal adecuado y un control de
la calidad de las plantillas del centro.
Quinto. Un director o directora debe tener muy en cuenta el poder del que
dispone, que en la mayoría de casos es casi total. La propia situación de
práctica ausencia de directivas al respecto abunda en este sentido. En la
realidad, nadie le pone límites; quién ha de ponérselos es la propia
consciencia del deber y la profesionalidad.
Para ver lo omnipresente que es su presencia sólo hay que repasar el conjunto
de temas sobre los que pueden ejercer su poder: horas de levantarse y
acostarse; horas de estancia de los y las residentes en su propia habitación
(sic); horas de desayuno, comida y cena; los menús de cada residente; el
numero de trozos de pan que se autoriza a comer a cada residente (sic); la
prohibición de los intercambios de comida (sic); horarios para el baño;
discrecionalidad absoluta en la concesión de permisos para que se le guarde
la comida; arbitrariedad para entrar en las habitaciones (estén o no en su
interior los residentes); capacidad de decidir lo que el residente pueda tener o
no; etcétera.
Esto provoca en los residentes —sobre todo entre aquellos que no saben qué
significa tener derechos— reacciones enfermizas típicas, pero a la vez mal
diagnosticadas: por ejemplo, los “dolores en el pecho” que se imaginan puede
ser una anomalía (fantasmalmente cancerigena, por supuesto), que se
traduce sin ninguna dificultad en un diagnóstico bastante certero por una
situación de creciente angustia.
La cuestión es que tales situaciones de angustia estallan después (o durante)
de un enfrentamiento con la dirección del centro con el paciente, en el que
este no tiene la capacidad de decir no.
Es común oír a estos residentes que están mejor en el hospital para enfermos
mentales que no en la residencia. Algo que es insólito para la comprensión de
quien no haya vivido bajo los dictados de un director o directora, pero que es
rigurosamente cierto en muchas residencias actuales.
Cuando el poder de un director o directora constituye la causa de la
enfermedad de sus pacientes, el sistema por entero debería ser revisado (y el
sistema de salud debería tener los medios para impedir que ese director
siguiese cometiendo sus desmanes).
El director o directora ha de ser consciente del mal que puede causar
—incluso involuntariamente: por ejemplo, los fantasmas personales de los
57
residentes— y ser muy conscientes que de no ser especialmente cuidadosos
en este aspecto podría ser motivo de cese en una sociedad realmente
democrática.
Sexto. Un director o una directora no pueden tener enemigos entre los
residentes (ni entre sus subordinados: personal sanitario, cocina y limpieza). A
veces sólo hace falta ver, con el cambio de dirección, la práctica desaparición
del personal contratado anteriormente para saber que se ha cometido un
error gravísimo al elegir el nuevo director o directora.
Un director o directora no puede tener enemigos, porque su propia condición
de persona íntegra, ha de situarle por encima de este tipo de rencillas. No
puede tener enemigos porque se lo impiden sus conocimientos de la
naturaleza humana, el relativismo que la psicología imprime a sus juicios, y la
consciencia de que la mayoría de los residentes son, en último instancia,
enfermos o gente que ha de vivir con serias discapacidades en todos los
sentidos.
Cuando alguien se enfrenta armado con un pretendidamente infalible "ordeno
y mando" a un colectivo de discapacitados da congoja y se encienden todas
las luces rojas alertando que algo está pasando.
Cuando un director o directora cae en los enfrentamientos personales y en las
enemistades, algo propio de su función ha sido violado y el clima de su
residencia ha sido ya emponzoñado.
Se imponen unas vacaciones, el cambio de puesto o incluso la carta de
despido (si el enfrentamiento ha vulnerado ya los derechos o la integridad del
residente). Muchas profesiones están sometidas a presión —y el director o
directora de residencia son claramente un factor de riesgo innegable— y
debería estar prevista su suspensión momentánea del trabajo. El problema es
que las pequeñas residencias privadas o “sin ánimo de lucro” no están
dispuestas a dar este trato a los propios asalariados: los problemas sindicales
no están tan lejos como parecen de la dirección de residencias.
Detengámonos.
La razón es muy simple: puede parecer una exageración o, directamente, una
mentira lo que sustenta este análisis. Desgraciadamente, no lo es. Hay un
mecanismo que arroja a quienes lo tienen a la enemistad y al odio: es el
miedo.
El miedo a fracasar, el miedo a la incompetencia, el miedo al saberse en un
cargo para el cual no tiene ninguna experiencia. Las reacciones ante el miedo
58
que atenaza son de distinto tipo. Una puede ser multiplicar las horas en el
trabajo (pero, casualmente, en labores de dirección pero que nada tienen que
ver con las asuntos conflictivos).
La otra es lisa y llanamente la mentira. Pero mentir es una espiral: se miente a
los residentes —hasta límites difíciles de creer—, después se ve forzado a
mantener la cara delante de sus propios subordinados, y llega un punto en
que se finge creerle, aunque ya nadie le crea realmente. El problema es que
pueden entrar en este maléfico juego la junta rectora y hasta el Departamento
de Bienestar Social.
Es difícil argumentar contra la mentira: se puede mentir para tapar que se es
una persona mentirosa. Pero cabe defender el propio punto de vista moral,
decir con Antonio Gramsci que “la verdad es revolucionaria”: que “decir la
verdad es una necesidad en la política de masas”, entendiendo como tal toda
voz que aspira a convencer a más y hacer realidad aquello que se propone. …
también en un modesto papel sobre lo que va mal en las residencias.
2. Conflictos colectivos
Séptimo. El director o la directora han de evitar los enfrentamientos por
cosas nimias. Porque las cosas nimias se clavan como dagas en el interior de
los residentes.
Quizás un residente haya conseguido tumbar la política de la residencia en un
punto (por ejemplo, en la imposición del menú de régimen). Y quizás la
dirección esperaba mortificarle, escondiéndole la carta. Pero una vez el
residente posee la carta sólo cabe acatarla.
No hacerlo –o buscar vías para no hacerlo— significaba magnificar el asunto, y
que la dirección se mostrara ante los residentes como lo que sustancialmente
es: un perfecto “incompetente”, como le puede gritar el propio residente.
El director o la directora han de saber que una cosa sin importancia puede
crecer y sobredimensionarse si no se va con cuidado. Que eso es una
mortificación al residente que hay que evitar. Que es tarea de la dirección
abortarlo y suavizar sus consecuencias, antes de que se enquiste y devenga
una ofensa que los residentes van a recordar permanentemente.
Octavo. El lugar clave donde se mide la propia valía de una dirección es, sin
duda, en la actitud —y en la capacidad para resolver con pleno respeto de los
derechos de los residentes— ante un conflicto colectivo planteado por diez
personas (suma más que importante, dados los límites de capacidad que
marcan las autoridades: 25 residentes). La autoorganización de los propios
59
residentes tiene en sí algo de inusual, y es algo tan portentoso como valeroso.
Por lo demás, para la dirección, es una sorpresa absoluta.
Una dirección sensata detectaría de inmediato la señal de peligro, que
afectaba a toda la política realizada por ella. Y entablaría inmediatamente
conversaciones sobre qué es lo que no va bien. No suele ser así,
desgraciadamente.
El miedo y el nerviosismo se anteponen a cualquier consideración racional. La
consigna que se impone es básicamente en decir: las protestas, una a una. La
razón colectiva, quintaesencia del ordenamiento democrático, se ve así
menospreciada y arrinconado por parte de gente que son miembros de un
servicio concertado.
Como casi siempre, la represión toma el mando: entrevistas con gritos,
amenazas, mentiras, intentos de que algunos se desdijeran del escrito que
habían firmado, etcétera. El Servicio de Inspección de Bienestar Social —ante
la delicada situación de una residencia, en fase de transición para incluir
también una residencia subvencionada— puede desentenderse del asunto:
una contestación en pocas líneas sin fundamento jurídicas, para hundir en la
nada las esperanzas de los que protestaban… pero para reaparecer como un
grito desesperado, protagonizado por quienes no habían querido participar en
la protesta colectiva, pero con idénticas motivaciones (“Hitler de la
residencia”, “incompetencia”, etcétera).
Cuando un director o directora deja que un conflicto interno de más de una
persona contra la reglas de dirección traspase las fronteras de la dirección e
interese —o deba interesar— a las inspección de Bienestar o a los juzgados,
no cabe duda que el funcionamiento de la residencia es totalmente anómalo y
merece ser investigado, con independencia de lo que hayan denunciado los
residentes.
Noveno. Lo más grave de este asunto, sin embargo, es la actitud ante los
subordinados. En vez de guardarse la denuncia y reflexionar sobre lo que
expresaba el sentir de los residentes, el director o la directora suelen ir entre
el personal, enseñándola y pidiendo el tácito acuerdo de repulsa.
El problema es que, así, se creaba un acuerdo no escrito entre dirección y
personal, predisponiendo a éste contra una parte de los enfermos de la
residencia. Quienes más han sufrido esto son quienes están más desvalidos
para hacer valer sus derechos.
Por lo demás, cuando —como en el caso de una dirección denunciada— se
vive en el miedo y en la inseguridad, se necesitan respaldos, y los apoyos hay
60
que pagarlos. Con esto, se extiende una impunidad —tácitamente querida por
la dirección— que afecta a todo el personal subalterno (con las excepciones
de rigor). No hay que olvidar nunca que sólo precisa impunidad quién viola el
derecho ajeno. Así, la política de la dirección tiene como seguidores
literalmente una estela de subalternos que son candidatos al despido por
causas justificadas.
Décimo. El director o la directora son responsables también de todo aquello
que no hacen ellos, pero dejan que inevitablemente suceda. Aquí cabe citar
un tema muy delicado, que es el de robo y hurtos continuados que sufren los
residentes.
Es delicado porque la desmemoria y la idiosincrasia de los propios residentes
—y la naturaleza misma del delito, al no saber quién ha sido exactamente el
responsable— difuminan su importancia. Pero es evidente que se produce un
aumento de hurtos a los residentes (dinero, mercancías susceptibles de
transformarse en dinero, cosas útiles como los paraguas, o cosas curiosas,
etcétera). Tales hurtos se convierten en verdaderos robos (cuantías
importantes de dinero, rondando entre los 50 o los 100 euros) cuando las
víctimas de los mismos son a la vez los residentes menos protegidos: alguien
con demencia senil, extranjeros que no hablan castellano, etcétera.
La dirección paga también aquí su apoyo: en la residencia no hay robos, dice,
aunque sean evidentes. Y aún es mucho más evidente el malestar de los
pacientes que los han sufrido.
Se produce así una doble versión: la imagen oficial según la cual en la
residencia no hay robos, y la imagen real para todos los residentes de que en
la residencia se roba y, lo que es peor, la dirección lo niega.
Un director o directora debería tener presente que el más mínimo hurto es
una lacra imperdonable y que es preciso poner todos sus esfuerzos para
descubrir al culpable y despedirle expeditivamente.
* * *
Si un director o directora tuviera en cuenta estas cuestiones mínimas —y las
tuviera en cuenta siempre y en todo momento— la vida en las residencias
sería algo más agradable de lo que es para quienes tienen la desgracia de
vivir en ellas, y la convivencia entre residentes algo más que una palabra
huera.
1/2/2012
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Percepciones y realidades sobre la crisis y la inmigración
Enric Prat Carvajal
Muchas de las democracias liberales actuales son multiculturales, es decir, en
una misma sociedad y sistema político coexisten grupos de personas con
diferentes culturas, idiomas y orígenes nacionales. En el caso de la
democracia del Reino de España hay dos tipos de fenómenos multiculturales:
el que está relacionado con la existencia de diferentes naciones históricas,
como Catalunya, el País Vasco y Galicia, y el que está asociado a la presencia
de diversos colectivos de personas migrantes que han llegado en los últimos
años desde diferentes lugares del mundo. En Catalunya, ambos fenómenos
multiculturales están o deberían estar interrelacionados, ya que la
construcción de la nación catalana es o debería ser un proceso abierto,
continuo, que ha de tener en consideración la diversidad existente en lo que
se refiere a las características sociales y culturales de las personas.
Los principales fenómenos migratorios del mundo de las últimas décadas han
tenido una misma dirección: de los países empobrecidos hacia los países
económicamente ricos. Las personas procedentes de diversas regiones del
mundo que han llegado a los países económicamente ricos pretendían
escapar de la pobreza y de la guerra, y mejorar su calidad de vida. Ahora bien,
con la crisis económica de los últimos años, un número significativo de
migrantes extracomunitarios que habían llegado a los países europeos ha
retornado a sus lugares de origen y un número también significativo de
autóctonos de los países europeos occidentales están emigrando a lugares
como América Latina o África, donde han conseguido o esperan conseguir
contractos de trabajo que no encuentran en sus países de origen. También es
relevante el número de europeos que han emigrado, en busca de trabajo, a
los países de Europa menos afectados por la crisis económica.
Les migraciones de las últimas décadas han configurado un panorama mucho
más plural, desde el punto de vista de las identidades culturales y de las
prácticas religiosas, en la mayoría de los países democráticos del mundo.
En el Reino de España, con el aumento de la inmigración experimentado en la
última década, se ha llegado, a fecha 1 de enero del 2010, a un 12,16% de
población extranjera sobre la población total, en Catalunya a un 15,90% y en
Sabadell a un 13,22%.
Realidades sobre la crisis, la inmigración y la democracia
En bastantes de los países que actualmente tienen un sistema político
62
democrático y pluralidad de identidades culturales no se garantiza el principio
de igualdad de derechos políticos y sociales para todas las personas que
residen legalmente. Es una evidencia que determinados colectivos de
inmigrantes que han sido aceptados como parte integrante de la población,
porque eran y son necesarios para cubrir diferentes ocupaciones laborales, en
sectores como la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico, no son
considerados ciudadanos de pleno derecho. Se les exige que obedezcan las
leyes pero se les niega determinados derechos políticos, como el derecho a
votar y a ser elegidos en las diferentes elecciones políticas que se convocan. Y
cuando a algunos colectivos de extranjeros residentes se les ha reconocido el
derecho a votar, concretamente a los que tienen la nacionalidad de los países
que han firmado convenios de reciprocidad con el Reino de España, como
sucedió en las pasadas elecciones municipales, los excesivos trámites
burocráticos que había que hacer para poder votar y la negativa a incorporar
de oficio en el censo electoral a estos nuevos electores contribuyeron a que la
participación electoral de estos colectivos fuera muy baja, en torno al 13% de
las personas que tenían derecho a votar.
Por otra parte, los impactos de la actual crisis económica sobre la inmigración
están siendo demoledores. Es cierto que las consecuencias de la crisis están
afectando a sectores amplios de la población, sobre todo a los jóvenes,
independientemente de cual sea su lugar de origen. Pero es una realidad
innegable que a los inmigrantes recientes, considerados extranjeros, les
afecta la desocupación y la precariedad laboral en mayor medida que a los
españoles. Según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de
Estadística (cuarto trimestre del 2011), la tasa de paro de la población
española es del 20,69% mientras que la de la población extranjera es del
34,82% (y la tasa de paro entre la población de origen subsahariano supera el
50%). Además, la economía sumergida afecta principalmente a los
inmigrantes indocumentados y, en general, los inmigrantes siguen teniendo
los contractos laborales y los tipos de trabajo más precarios. El paro y la
precariedad laboral comportan también, para estas personas, una disminución
de las posibilidades de contar con una vivienda digna.
Garantías para la construcción de una ciudadanía integradora
Un reto democrático de primera magnitud es encontrar las formas adecuadas
para integrar política y socialmente la diversidad cultural, lingüística y
religiosa que hay, actualmente y previsiblemente en el próximo futuro, en los
países democráticos occidentales. Se trata de construir, desde los valores
democráticos, una ciudadanía integradora que respete las diferencias
culturales y religiosas existentes. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo superar los
obstáculos que dificultan la construcción de una ciudadanía integradora y una
sociedad cohesionada? Al menos, convendría abordar y garantizar las tres
63
cuestiones que se apuntan a continuación.
En primer lugar, hay que garantizar la igualdad de derechos y deberes
políticos y sociales. ¿Por qué? Porque la fuente fundamental de las
discriminaciones que sufren los inmigrantes y el principal problema que
genera fracturas sociales, que dificulta la integración y la cohesión social, es
la desigualdad económica, la falta de equidad, la injusticia social. Por lo tanto,
la conquista de la igualdad de derechos políticos y sociales ha de ser el
elemento clave si se quiere avanzar en la integración y la cohesión social. Se
han de garantizar plenamente, a toda la población, derechos sociales y
políticos como el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la atención
sanitaria, a la educación, al voto y a ser elegidos como representantes en las
instituciones democráticas. Es decir, se ha de reconocer la ciudadanía plena a
todas las personas con residencia legal, independientemente de su origen y
características culturales. También se ha de exigir el cumplimiento de los
deberes de ciudadanía, como el pago de los impuestos y el respeto de los
derechos y libertades reconocidos legalmente.
En segundo lugar, se puede contribuir de manera decisiva a la construcción
de una ciudadanía integradora a través de la lucha reivindicativa compartida
de las entidades, grupos y plataformas donde participan los autóctonos y los
inmigrantes recientes para la mejora de la vida de las personas. Conviene
crear y fortalecer espacios comunes de participación, deliberación y acción
colectiva para la mejora de las condiciones de vida de los vecinos y las
vecinas. En ese sentido, se debería situar como un objetivo a conseguir que el
conjunto de la población asuma como un deber la defensa de los bienes
colectivos.
La democracia no solo necesita instituciones democráticas, sino también una
ciudadanía activa que defienda los intereses comunes de la sociedad y unas
asociaciones comprometidas en la lucha por la mejora de las condiciones de
vida del conjunto de la población. Una democracia de calidad requiere una
sociedad civil activa y participativa, y un tejido asociativo denso y rico. En ese
sentido, los inmigrantes que participan en asociaciones aportan una mayor
densidad y riqueza asociativa, y también contribuyen a ampliar el número de
cuestiones sobre las cuales conviene debatir públicamente. Se ha demostrado
que existe una clara conexión o correspondencia entre la democracia, el
asociacionismo y los movimientos sociales.
Y, en tercer lugar, habría que situar como un objetivo fundamental la
erradicación de la xenofobia y el racismo, desarrollando una tarea educativa
orientada a la desactivación de los falsos rumores, de las percepciones
parciales y de los prejuicios hacia determinados colectivos de inmigrantes, así
como de las actitudes xenófobas y racistas, tanto las que se expresan
64
abiertamente como las que permanecen latentes.
Sólo a partir de la solución de estos problemas se podrá articular la sociedad
catalana en torno a los principios de la igualdad y la inclusión social, y de la
aceptación de la pluralidad cultural y religiosa existente. Por lo tanto, la
integración de la nueva inmigración y la cohesión social convendría que
fueran un proyecto político de todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto de los
recién llegados como de los autóctonos.
En este proyecto de construcción de una ciudadanía integradora y de una
sociedad cohesionada, deberían jugar un papel activo las asociaciones de
inmigrantes, las entidades sociales, los partidos políticos, los servicios
públicos y las instituciones democráticas, en particular los ayuntamientos.
Convendría que estas asociaciones e instituciones compartieran un mismo
proyecto de potenciación de la participación y la integración de las personas
inmigradas. Se necesita, como se afirmaba en el Pla de Ciutadania i
Immigració 2005-2008 de la Generalitat de Catalunya, la colaboración de
todos los agentes sociales que, de una manera u otra, intervienen en los
procesos de acogida e integración de la nueva población catalana.
Ahora bien, hay que ser realistas y saber las dificultades que existen para el
desarrollo de esta labor, tal y como se reflejan en los preocupantes resultados
de algunos sondeos de opinión sobre la percepción que tienen los catalanes
de la inmigración.
Algunas percepciones sobre la inmigración que no se corresponden a
la realidad
A continuación se detallan algunos de los resultados de un sondeo sobre la
opinión que tienen los catalanes de los inmigrantes, elaborado por el Centre
d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya, que se presentó a los
medios de comunicación el 14 de marzo del 2011. El sondeo se hizo a 1.600
personas de nacionalidad española [1].
El 6,7% considera que la inmigración es muy negativa y el 34% que es
negativa, mientras que el 29,2% la considera positiva y el 27,3% ni
positiva ni negativa (el 2,8% restante corresponde a otras respuestas).
El 30,8% opina que los inmigrantes reciben del Estado mucho más de
lo que aportan, el 28,7% más de lo que aportan, el 19,7% tanto como
aportan y el 3% menos de lo que aportan (el resto corresponde a otras
respuestas).
Por lo tanto, según el sondeo del CEO, el 60% de los catalanes con
nacionalidad española opina que los inmigrantes reciben del Estado mucho
65
más o más de lo que aportan. ¿Ésta percepción corresponde con la realidad?
Los resultados del estudio “Immigració i Estat del benestar a Espanya”
elaborado por Francisco Javier Moreno y María Bruquetas [2] no sólo
desmienten esta suposición, sino que revelan que los inmigrantes aportan
más al Estado de lo que reciben. A continuación se resumen algunos de los
principales resultados de este estudio.
• En relación a la Seguridad Social, hay dos datos bastante reveladores. Por
una parte, en el 2010, menos del 1% de los beneficiarios de pensiones eran
extranjeros [3] (y más de la mitad de estos eran comunitarios), aunque los
extranjeros representaban el 10,5% de los afiliados a la Seguridad Social. Es
decir, los extranjeros cotizan a la Seguridad Social bastante más de lo que
reciben en concepto de pensiones. ¿Cómo explicar este fenómeno? El
elemento clave son las consecuencias de las características demográficas del
colectivo de inmigrantes recientes: la población extranjera es más joven que
la autóctona. Obviamente, en el futuro muchos de estos inmigrantes
considerados hoy como extranjeros serán beneficiarios de pensiones.
• Por lo que se refiere a la Sanidad, según datos del 2006, los extranjeros
utilizan el sistema sanitario en inferior medida que la población con
nacionalidad española: acuden a consultas de atención primaria (al médico de
cabecera) un 6,48% menos y un 19,56% menos a los médicos especialistas.
En cambio, los extranjeros usan los servicios de urgencias un 3,20% más que
los autóctonos, destacadamente por la noche y los fines de semana. ¿Por qué?
Hay quién dice que por falta de información sobre el funcionamiento del
sistema sanitario. También se ha dicho que para evitar pedir permisos en el
trabajo.
¿Por qué los extranjeros utilizan menos el sistema sanitario? Moreno y
Bruquetas apuntan el siguiente motivo: son más jóvenes y, por lo tanto, no
necesitan tanto a los médicos. Yo añadiría otras razones, que surgieron en las
entrevistas que realizamos en el 2010 un grupo de investigadores de la
Universidad Pompeu Fabra para un estudio sobre la inmigración, la
participación asociativa y la construcción de la ciudadanía: las dificultades de
comunicación, por falta de dominio del castellano y del catalán, de sectores
de inmigrantes de origen africano y asiático, con los médicos y los
trabajadores de los centros de atención primaria (CAP); y el hecho de que en
algunos casos haya un trato poco correcto por parte de médicos y
trabajadores de los CAP hacia los inmigrantes con dificultades para entender
el castellano y el catalán.
• Sobre los servicios sociales, aunque los inmigrantes presentan altas tasas de
pobreza, hay pocas evidencias de que estén sobrerrepresentados como
usuarios de estos servicios y alguna evidencia de infrarrepresentación. El
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13,69% del total de usuarios de servicios sociales en el 2008 eran extranjeros,
es decir, un porcentaje similar a su peso demográfico en el conjunto de la
población. El 6,85% de las actuaciones de los servicios sociales se dirigieron al
colectivo de extranjeros, por lo tanto, aquí hay una clara infrarrepresentación.
El 11,20% de los beneficiarios de rentas mínimas de inserción (RMI) eran
extranjeros, es decir, un porcentaje parecido a su peso demográfico en el
conjunto de la población, aunque los tantos por ciento varían en las diferentes
comunidades autónomas (por ejemplo, en Catalunya, el 30% de los
extranjeros son beneficiarios de rentas mínimas).
A la vista de estos resultados, ¿cómo explicar las percepciones erróneas de la
población autóctona en relación al uso que hacen los inmigrantes del Estado
del bienestar? ¿Todo es producto de los prejuicios? En parte sí. Pero estas
percepciones también se fundamentan en algunas realidades, como la
concentración de población de origen inmigrante en ciertos municipios y
barrios, que ha comportado ciertos desequilibrios entre la oferta y la demanda
de servicios públicos y una concentración territorial de la vulnerabilidad y la
exclusión social. El deterioro actual de las prestaciones y de los servicios
públicos, producto de los recortes aprobados por los gobiernos español y
catalán, pueden agravar aún más ésta problemática. Todo ello, puede derivar
en un deterioro de los servicios públicos que favorezca un creciente uso de
servicios privados por parte de los grupos sociales con más recursos, muy
visible ya en educación y sanidad.
¿Cómo explicar los preocupantes resultados del estudio de Moreno y
Bruquetas? ¿Por los efectos de la crisis económica y el paro existente? ¿Los
que tienen la nacionalidad española perciben a los inmigrantes como
competidores en el acceso a recursos cada vez más escasos por los efectos de
la crisis, como el trabajo, las prestaciones o los servicios públicos? Todo indica
que sí. Además, parece claro que hay sectores sociales que, en un contexto
de crisis económica, piensan que la inmigración sólo provoca un aumento de
los gastos sociales del Estado y, como consecuencia, un aumento de los
impuestos o una privatización de los servicios públicos.
Instrumentación política de las percepciones erróneas sobre la
inmigración
¿Las percepciones erróneas de la inmigración pueden favorecer un mayor
crecimiento de las fuerzas políticas xenófobas? Sin duda, determinadas
organizaciones políticas como Plataforma x Catalunya (PxC) y el Partido
Popular (PP) están interesadas en politizar estas percepciones, en destacar
que hay un exceso de inmigrantes y en asociar la delincuencia con la
inmigración, todo ello con el propósito de avanzar electoralmente y conquistar
más poder político en las instituciones democráticas (ayuntamientos,
67
parlamentos...), sin que les importe mucho que su discurso provoque
confrontación social y genere una mayor xenofobia y racismo.
También es preocupante que algunos dirigentes de Convergència i Unió (CiU)
hayan expresado opiniones negativas sobre la inmigración, similares a las
formuladas por el PP y PxC.
¿Qué convendría hacer para desactivar los falsos rumores y las
percepciones erróneas sobre la inmigración?
Para desactivar los faltos rumores y las percepciones erróneas sobre la
inmigración habría que desarrollar una labor desde diferentes instituciones y
asociaciones.
Convendría que las instituciones democráticas, como los
ayuntamientos, los parlamentos y los gobiernos, desarrollaran
campañas informativas para deshacer las percepciones erróneas y los
prejuicios hacia los inmigrantes.
Se debería fomentar un debate sobre estas cuestiones en el interior de
los partidos políticos, los sindicatos y los grupos sociales, como primer
paso para que estas organizaciones puedan realizar una tarea
pedagógica en la sociedad de desactivación de los prejuicios y las
percepciones erróneas de la inmigración.
En las escuelas, institutos y universidades se podrían introducir este
tipo de temáticas en los programas de determinadas asignaturas.
Los medios de comunicación también han de jugar un papel
importante, aportando información rigurosa, veraz y contrastada
frente a los prejuicios y las percepciones erróneas sobre los
inmigrantes.
Como se puede comprobar, hay muchas tareas por realizar en este campo. Y
además, son urgentes.
Notas
[1] El País, 15 de marzo de 2011.
[2] Francisco Javier Moreno y María Bruquetas (2011), “Immigració i Estat del benestar a
Espanya”, Col·lecció Estudis Socials, n.º 31, Barcelona, Obra Social “la Caixa”.
[3] En muchos estudios no se diferencia entre inmigrantes y extranjeros, porque los datos
disponibles acostumbran a ser sobre extranjeros. Pero con el paso del tiempo, los extranjeros
dejan de serlo en la medida en que van accediendo a la nacionalidad española.
68
[Este texto corresponde a la intervención realizada en el taller
“Rumors i realitats sobre la crisi i la immigració”, organizado por ICV
de Sabadell, que se celebró el 12 de marzo de 2012 en el Casal Pere
Quart. Enric Prat Carvajal es historiador, profesor del Departamento
de Ciencia Política y Derecho Público de la Universitat Autònoma de
Barcelona.]
15/4/2012
69
Mayo del 37 y la izquierda: ayer y hoy
José Manuel Barreal San Martín
Este año se cumple el 75 aniversario de los acontecimientos que tuvieron
lugar en Barcelona entre los días 3 y 6 de mayo de 1937. Unos sucesos que,
más allá de la razón de unos y la sinrazón de los otros, y a la luz que hoy
arroja la historia, resultaron estériles y yermos para la causa que se dilucidaba
por aquellas fechas.
Se sabe que los acontecimientos que ensangrentaron las calles de Barcelona
se debieron a enfrentamientos entre organizaciones de la izquierda catalana y
española: el POUM marxista y la anarcosindicalista CNT contra el PSUC y el
PCE, marxistas-leninistas, dominados estos últimos por la tendencia
inspiradora de Iósif Stalin. Tendencia que propició una persecución implacable
contra los poumistas y anarquistas cuyo lamentable y estéril colofón fue el
asesinato de Andreu Nin, máximo líder del POUM, y de Camilo Berneri, uno de
los autores de la tradición anarquista más lúcidos e interesantes. Sin olvidar a
Domingo Ascaso y a Francisco Martínez (de la FIJL).
Que los órganos del PCE jugaron un papel importante en la persecución del
POUM y de anarquistas es sencillamente histórico. Así, Mundo Obrero no dudó
en emplear los epítetos más duros: “El POUM, incitador a la rebelión, enemigo
del pueblo (...). El POUM, aliado a lo más turbio de una organización sindical
(...) ha incitado a la rebelión y ha consumado la rebelión (...). Es hora de
exterminar al POUM”. O aquella frase para la historia del “derecho” de Dolores
Ibárruri en un mitin, en Valencia en 1938, refiriéndose al proceso contra el
POUM: “Es preferible condenar a cien inocentes que absolver a un solo
culpable”. El PSUC —no así el PCE— admitió la equivocación de su partido en
los acontecimientos de aquel mayo de 1937. Unos hechos que están
suficientemente “juzgados” por la historia, aunque algunos se empeñen en
negarlos o minimizarlos.
A la luz de los sucesos que se comentan, intentaré una aproximación a las
querellas de la izquierda de ayer en relación con las que se sostienen
actualmente en la izquierda. Efectivamente, ambas son distintas en el tiempo
y en las circunstancias históricas, sociales y económicas. Pero una izquierda
que cual “Piedra de Sísifo” deambula por la vida social y política en una
interminable sucesión de momentos y caminos que hacen que nunca
encuentre su sitio. Y que, lamentablemente, se mantiene distanciada. Me
refiero a la izquierda llamada “alternativa”, “transformadora”, no a la
representada por el social-liberalismo.
70
En el tiempo que se conmemora, mayo del 37, había una guerra civil, las
organizaciones sindicales y políticas no eran, ni por asomo, las de hoy. Eso
está claro. Pero veamos. Vivimos un tiempo en el que el interés general y el
bien común están en entredicho; un tiempo de desigualdad y polarización
social insoportables, que lleva a la indignación generalizada. Nos
encontramos, pues, en una fase histórica que el inversionista y filántropo
estadounidense Warren Buffet no duda en definir como “una guerra de clases,
pero es mi clase, la clase rica, la que está realizando la guerra, y la estamos
ganando”. Es decir, estamos en guerra. En palabras de Julio Anguita, los
recortes en salud y educación del gobierno “y la amenaza con más” es “un
delito de alta traición”. ¿No fue el período 1936-1939 un guerra de los de
arriba contra el pueblo y el proletariado y una traición al gobierno legítimo de
la República?
Más alto y claro, imposible. La clase capitalista —es decir, la dominante— ha
tomado una decisión estratégica: declarar la guerra a las clases subalternas. Y
el gobierno de España es cómplice de ello. ¿Cómo está respondiendo la
izquierda, o las izquierdas, a la estrategia de guerra de la oligarquía
financiera? En mi opinión, con una sorprendente e inquietante falta de
perspectiva histórica y de horizonte estratégico. Debates, mesas ciudadanas,
reuniones maratonianas… Es la otra “guerra”, incruenta por supuesto, que se
desarrolla en el seno de la izquierda. Mientras, la gente honesta, de la calle,
esa a la que tanto se llama en época electoral, contempla con asombro, y
pienso que sin entender mucho, que su voto vale menos que la papeleta que
deposita en la urna.
¿No ha llegado la hora, pregunto, de que desde la izquierda alternativa,
transformadora y radical se ponga fin, al menos en forma de tregua, a la
“guerra” que se libra entre parientes de la misma familia simplemente
colocando sobre la mesa, en palabras del sociólogo Samir Amín, “la
construcción de amplios bloques sociales alternativos anticapitalistas (...) para
la audacia, para plantear un cambio radical”? Una izquierda que entiendo
debería caminar no sólo, en efecto, defendiendo las conquistas alcanzadas
socialmente y en el mundo del trabajo, sino también intentando mostrar un
horizonte cercano para conquistar una democracia económica, más social y
más participativa. Para ello habría que extraer conclusiones positivas de lo
estériles que resultan, al igual que en mayo del 37, las desavenencias que
actualmente constriñen a la izquierda. Ayer triunfó una dictadura. Hoy, se está
bajo la férula de la dictadura de las finanzas. La democracia no es tal. La
izquierda debería pensar en ello. ¿Lo está haciendo?
Sostengo, para finalizar, que aquellos momentos de lucha entre fuerzas de la
izquierda catalana y española hay que pensarlos, actualmente, sin añoranzas
ni nostalgias. Extrayendo, si es posible, enseñanzas para un mejor caminar en
71
el recorrido de la izquierda en la actualidad. Esperemos.
10/4/2012
72
Ensayo
Andreu Espasa
Arthur Rosenberg, historiador del socialismo y la democracia real
A finales de los años treinta, Nueva York era la capital emblemática del
izquierdismo estadounidense. Era la época del Frente Popular, que en los
Estados Unidos se concretaba en un amplio movimiento social que daba un
apoyo crítico al presidente Roosevelt y donde el Partido Comunista de los
Estados Unidos jugaba un papel central. Sus principales luchas eran la
erradicación de la discriminación racista, la extensión de los derechos
sindicales y la solidaridad internacionalista con China y, sobre todo, con la
España republicana. El grueso de la izquierda frentepopulista eran
sindicalistas, pero entre sus filas también se contaban numerosos artistas e
intelectuales, muchos de los cuales eran refugiados de la Alemania nazi.
Arthur Rosenberg, historiador de la democracia y el socialismo, era una las
cabezas más privilegiadas de aquella generación.
La etapa norteamericana de Arthur Rosenberg es el último episodio de una
biografía política y académica muy accidentada. Nació en Berlín en 1889, en
el seno de una familia de clase media judía. Al estallar la Primera Guerra
Mundial, Rosenberg era un joven de ideología nacionalista alemana que
trabajaba como profesor de historia antigua. Se alistó como voluntario al
ejército imperial en 1915 y sirvió la mayor parte del tiempo en su
Departamento de Prensa de Guerra. Para Rosenberg, la catástrofe de la
guerra significó una profunda decepción con el sistema político imperial. El
73
joven historiador abandonó el nacionalismo alemán para abrazar la causa del
internacionalismo proletario. En noviembre de 1918, Rosenberg se afilió al
Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD). Dos años más
tarde siguió al ala izquierda del USPD en su confluencia con el Partido
Comunista Alemán, donde ocupó varios cargos. Su producción académica
también se vio profundamente afectada por su nuevo compromiso político.
Después de la guerra, su interés se irá desplazando progresivamente al
campo de la historia contemporánea.
A partir del otoño de 1925, Rosenberg empezó a mostrar signos de
desconformidad con la línea política de sus camaradas hasta que, finalmente,
en abril de 1927, abandonó el partido comunista, denunciando la
subordinación de los distintos partidos del Comintern a las directrices de
Moscú como principal causa de su ruptura. Rosenberg también lamentaba que
la política de los comunistas hubiera derivado en una fraseología
revolucionaria —romántica e inofensiva— que ya no servía para derrocar el
orden capitalista. Siguió como diputado independiente en el Reichstag hasta
1928 y se reincorporó a la enseñanza, desde donde trató de conciliar su
pasión política y su carrera profesional a través de escritos sobre la historia de
la democracia. La vida calmada fuera de la política duró pocos años. Huyó de
Alemania en cuanto Hitler fue nombrado canciller, en el invierno de 1933.
Después de una breve estancia en Suiza, retomó el rumbo hacia Inglaterra,
donde trabajó como lector de historia antigua durante tres años en la
Universidad de Liverpool. Acabado el contrato en Liverpool aceptó una oferta
en Brooklyn College, en los Estados Unidos. Rosenberg llegó a Nueva York con
su familia en noviembre de 1937. Con el raquítico sueldo que recibía por sus
clases y las ayudas de una organización de solidaridad con los refugiados, el
historiador alemán se dispuso a rehacer su vida como intelectual
comprometido. Entre las pertenencias que había traído hasta Nueva York se
encontraba el manuscrito del que sería su último libro: Democracia y
Socialismo [1].
La democracia entendida como el gobierno de la mayoría de pobres
libres
Entre las principales premisas de la obra de Rosenberg, destacan la voluntad
de historizar la democracia, el rechazo a las abstracciones
descontextualizadas de cierta literatura politológica y la centralidad de un
análisis de clases libre de esquematismos deterministas. En efecto, la
importancia otorgada por Rosenberg a las clases sociales en la historia de la
democracia no va reñida con una visión llena de matices y respetuosa con la
complejidad histórica. Las clases sociales no son estáticas ni tienen un
comportamiento predecible, sino que son realidades dinámicas y fluidas,
donde el elemento subjetivo ejerce una influencia relevante. El historiador
74
berlinés no pretendía definir categorías de clase válidas para cualquier
contexto histórico ni limitar la clase a factores meramente económicos.
Rosenberg tampoco veía posible escribir una historia de la democracia a partir
del relato embellecido de sus defensores intelectuales, cómodamente
instalados en una liberal República de las Ideas en la que no hacía falta
esforzarse por entender las condiciones económicas y sociales de cada
periodo histórico. Es por eso por lo que Rosenberg se propone la novedosa
tarea de historizar la democracia, trazando la evolución de su significado
variable y definiendo las fuerzas sociales que le han dado apoyo a lo largo del
tiempo.
En Democracia y lucha de clases en la Antigüedad (1921) encontramos un
buen ejemplo de su método histórico. Rosenberg nos recuerda que la
democracia, según los antiguos, era el gobierno de las clases populares, de la
mayoría de pobres libres. La extensión que conformaba esta mayoría era
cambiante y dependía de cada momento histórico, pero no sólo a causa de las
exigencias de los diferentes modos de producción. También influía la habilidad
del movimiento democrático a la hora de agrupar la mayoría del pueblo a su
alrededor y aislar a los más ricos. Para Rosenberg, las clases sociales se crean
y se redefinen a través de la lucha política. La originalidad de su marxismo
queda demostrada en su desafío a determinadas certezas de la historiografía
marxista tradicional. Como marxista, defiende que la lucha de clases es el
motor de la historia, pero, para que esta afirmación mantenga un valor
heurístico, exige que se examine de cerca las distintas clases en lucha en
cada momento histórico determinado. El carácter heterodoxo del marxismo de
Rosenberg llega al extremo de hacerle rechazar la teoría histórico-evolutiva
de los modos de producción. Ya en 1921, el historiador socialista señala que,
en la Antigüedad, la lucha de clases determinante no se dio entre esclavos y
amos. Sitúa la esclavitud como una relación social minoritaria y como un
régimen de explotación menos duro que la servidumbre de la gleba, la cual
aparece de forma intermitente durante la Antigüedad. Rosenberg concluye
que, en contra de lo que se afirma en el primer capítulo del Manifiesto
Comunista, las principales luchas de clases para los antiguos no fueron entre
señores, por un lado, y esclavos o siervos, por el otro, sino entre pobres libres
—demos, la plebe— y ciudadanos ricos —los oligoi, los patricios—[2].
Las bases del marxismo original de Rosenberg aplicadas a la historia de la
democracia ya se pueden apreciar en sus textos de principios de los años
veinte. La misma metodología y temática le servirá para explicar el
bolchevismo [Una Historia del Bolchevismo (1932)] y los orígenes de la
República de Weimar [Alemania Imperial (1928)]. En 1938 aparecerá en
Holanda la versión alemana de Democracia y Socialismo (1938) y, un año más
tarde, la traducción en inglés [3]. Democracia y Socialismo será su obra más
ambiciosa, tanto por el alcance cronológico como por la dimensión
75
internacional del período estudiado. Como indica su título, el libro trata sobre
la relación histórica del movimiento socialista con la democracia e intenta
demostrar que desde los tiempos de Marx y Engels el socialismo se había
insertado en la tradición de la democracia revolucionaria. La primera parte del
libro trata de la democracia moderna antes de Marx, con especial atención a
Jefferson y Robespierre, a quienes considera dos versiones del mismo
movimiento democrático, a pesar de la leyenda negra que persigue al
revolucionario francés. El grueso del libro, no obstante, se encuentra en la
segunda parte, dedicada a la evolución del pensamiento socialista desde 1848
hasta los inicios de la Segunda Internacional.
En un principio, como se puede observar en el último capítulo del Manifiesto
Comunista, Marx y Engels situaban el comunismo como una rama del
movimiento democrático. Si se autodefinían como comunistas y demócratas
es porque entendían que el objetivo de socializar la propiedad de los medios
de producción sólo se conseguiría como resultado de una gran revolución
democrática, que diera al proletariado el dominio político que le correspondía
por su gran fuerza numérica y su misión histórica específica. Además, Marx y
Engels nunca creyeron que su modesta organización, la Liga Comunista, fuera
capaz de tomar el poder en ninguna nación europea. Los escritos anteriores a
1848 muestran una gran convicción en la inminencia de la revolución porque,
como comunistas, tenían plena conciencia de pertenecer al amplio
movimiento democrático. Su tarea intelectual consistía en influir al
movimiento democrático con el objetivo de liberarlo de ilusiones y retrasos
propios de la pequeña burguesía y hacerlo consciente de la necesidad de
centralizar la actividad industrial moderna, con un programa de transición
gradual hacia el socialismo donde los privilegios de cuna más injustificables,
como el derecho a herencia o los impuestos regresivos, serían abolidos
inmediatamente. El movimiento democrático se fundaba en una coalición
interclasista que incluía trabajadores, campesinos y pequeña burguesía. En
esta vasta coalición, la misión de los comunistas consistía en el
fortalecimiento del liderazgo del proletariado, dado que ninguna otra clase
social se encontraba en mejor posición para entender la necesidad histórica y
el significado profundo del movimiento democrático. Del mismo modo que el
éxito de la revolución democrática pasaba por el liderazgo del proletariado, el
éxito del socialismo era inconcebible sin su medio principal, es decir, sin la
conquista del poder por parte del proletariado a través de la revolución
democrática. La teoría política de Marx y Engels, pues, no se puede entender
sin tener en cuenta su relación con el movimiento democrático de masas.
Después de 1850, las relaciones de Marx y Engels con los líderes oficiales del
movimiento democrático sufrieron un gran cambio. Para los líderes
comunistas, los dirigentes oficiales del movimiento democrático, una vez
aislados y derrotados, perdieron todo interés. Las duras críticas contra los
76
líderes demócratas no evidenciaban, sin embargo, una renuncia sustancial en
la apuesta democrática de Marx y Engels. Para los socialistas, el auténtico
cambio hacia el movimiento democrático se dio a partir de la derrota obrera
en la Comuna de París. En octubre de 1847, Friedrich Engels escribía que las
discusiones entre comunistas y demócratas no tenían ningún sentido, ya que
unos y otros coincidían en todas las cuestiones de política inmediata. Además,
el dominio del proletariado equivalía al dominio democrático de la mayoría. En
cambio, una generación después, en diciembre de 1884, el mismo Engels
escribiría en una carta sobre el peligro de que las fuerzas de la reacción, en
una situación revolucionaria, se agruparan bajo la bandera de la “pura
democracia” para impedir la hegemonía política del proletariado. La evolución
de los conceptos democracia y socialismo es aún más profunda si se tiene en
cuenta que, antes de 1848, democracia era una palabra ofensiva para la gran
burguesía, una palabra que olía a sangre y barricadas, mientras que
socialismo tenía unas connotaciones más bien inofensivas, asociadas con
aquellos que se entretenían en discutir sobre modelos de utopía social.
En efecto, la derrota de la Comuna de París de 1871 y la represión posterior
supusieron un duro golpe para el movimiento obrero europeo. El exterminio
de decenas de miles de obreros también trajo consigo la aniquilación de la
memoria democrática popular. Se esfumó el significado de pueblo y de
democracia, tal y como se entendían en la tradición política de la democracia
revolucionaria. El movimiento obrero socialista que renació en Francia ignoró
el legado de Robespierre, un radical de clase media sobre quién caerá una
leyenda negra. El declive del movimiento democrático coincidió con un
importante cambio de percepción hacia el sufragio universal. Hasta 1848, se
entendía que la extensión del derecho a voto tendría como consecuencia
inevitable el dominio económico y político de las masas. Las luchas por la
extensión del sufragio se libraron con la vehemencia y ferocidad que una
creencia como ésta podía suscitar en todos los bandos, pero la experiencia
posterior provocó un fuerte desencanto en los sectores politizados de las
clases populares, sobre todo en los obreros franceses, traumatizados por el
hecho de que la supresión de la Comuna había contado con la aprobación de
una Asamblea legitimada por el sufragio universal masculino. En la medida en
que la obtención del sufragio universal no suponía una amenaza para las
clases altas ni una mejora notable en las condiciones de vida de los
trabajadores, la fracción más radical del movimiento obrero empezó a
despreciar el sistema democrático, que ya no se asociaba con el autogobierno
de las masas como medio para su emancipación social y política, sino con la
organización política del capitalismo.
La socialdemocracia alemana liderada por Ferdinand Lassalle también
supondrá un punto de ruptura respecto a la etapa anterior, cuando el
socialismo se entendía como una rama de la tradición de la democracia
77
revolucionaria, basada en un movimiento interclasista y popular. Uno de los
motivos de disputa más graves entre Lassalle y Marx será justamente el
desprecio de los socialdemócratas alemanes hacia la necesidad de aliarse con
la clase media. En el Congreso de unificación de los socialdemócratas
alemanes de 1875 celebrado en el municipio de Gotha, la tendencia de
Lassalle era la dominante. El programa adoptado, conocido como el Programa
de Gotha, contenía muchas concesiones de los socialistas “marxistas”. Para
Marx y Engels, el resultado de la negociación fue muy decepcionante, ya que
el nuevo partido sufría el mal del sectarismo obrerista, además de ser
excesivamente estatista e insuficientemente internacionalista. La Segunda
Internacional vivirá, durante décadas, con una política de obrerismo estrecho,
cifrando sus esperanzas de crecimiento numérico al proceso mecánico de
proletarización de las clases medias.
Lenin, buen lector de Marx, fue el dirigente socialista que recuperó el viejo
programa marxista: revolución democrática con el liderazgo del proletariado.
En la profunda crisis de legitimidad a que la Primera Guerra Mundial condenó
al zarismo, la bandera de la democracia revolucionaria se mostró muy eficaz
en la toma de poder. El programa inicial de los bolcheviques era, en efecto, un
programa de radicalidad democrática: poder para los consejos democráticos
de trabajadores, campesinos y soldados, convocatoria inmediata de
elecciones para la Asamblea Constituyente, cese incondicional de la guerra
imperialista a través de negociaciones de paz transparentes, con luz y
taquígrafos, y confiscación de la gran propiedad agrícola. Los enemigos de la
Revolución Rusa eran la aristocracia latifundista, la gran burguesía industrial y
la burocracia absolutista —en ningún caso, la democracia o la clase media—.
El trágico golpe de timón vendrá después, cuando las circunstancias de
extrema dureza que los bolcheviques deberán afrontar para sobrevivir los
forzarán a abandonar los ideales ultrademocráticos de democracia soviética
—es decir, democracia directa, asamblearia— por el recurso desesperado a la
dictadura de partido. Ésta no fue la única contradicción que tuvo que afrontar
Lenin. Además, los bolcheviques habían llegado al poder con un partido que
pretendía hacer una revolución democrática, pero que, internamente, se había
regido con prácticas autoritarias, heredadas, según Rosenberg, de las mismas
malas prácticas de Marx y Engels en sus relaciones con los trabajadores
socialistas.
El descrédito casi absoluto que sufrió la democracia entre el movimiento
obrero no llegará hasta los últimos años de la Primera Guerra Mundial y, sobre
todo, en la posguerra. Este cambio no se deberá en exclusiva al éxito
aparente de la nueva dictadura bolchevique. En Estados Unidos, por ejemplo,
la guerra se había librado como una cruzada para construir a world safe for
democracy. El impagable monto de deuda impuesto a la nueva República
alemana, la creciente desigualdad social de los años veinte y el final abrupto
78
de la falsa prosperidad en el crack de 1929 revelaron el carácter cínico y vacío
de las promesas democráticas de las potencias vencedoras. El ascenso del
fascismo en los años treinta cambiará las cosas de nuevo. La irrupción de un
movimiento explícitamente antidemocrático y antiilustrado, que se proponía
exterminar las conquistas democráticas de la clase trabajadora y hasta el
propio movimiento obrero, hará revivir una nueva fe democrática entre los
trabajadores. Con la aparición de la cultura política del frentepopulismo, la
defensa de la democracia irá acompañada de una drástica redefinición de sus
bases. El carácter democrático de un régimen ya no se juzgará únicamente en
función del respeto a sus aspectos procedimentales, como el sufragio
universal o el derecho a la libertad de expresión. El nuevo empuje del
frentepopulismo enfatizará la necesaria inclusión de fuertes garantías sociales
como prerrequisito indispensable para una democracia plena. Para la
izquierda frentepopulista, el fortalecimiento de los aspectos sustanciales de la
democracia —servicios de educación y sanidad públicas accesibles para todos,
seguridad económica en caso de infortunio, nacionalización de los
monopolios— constituían la mejor garantía para evitar que un régimen
aparentemente pluralista acabara en manos de la oligarquía como máscara
instrumental para su dominio sobre la mayoría popular.
Es en este contexto de resurgimiento democrático entre la izquierda, donde
los libros de Rosenberg cobrarán un sentido especial. Su obra ofrecía las tesis
históricas que el Frente Popular necesitaba. Democracia y socialismo eran la
misma cosa desde los tiempos del joven Marx. La derrota de la Comuna de
París y la miopía política de los dirigentes de la Segunda Internacional
rompieron temporalmente el vínculo entre el socialismo y la democracia
revolucionaria y dieron paso a una política obrerista, despreocupada del resto
de clases populares. Lenin, el marxista que lideró una revolución victoriosa,
fue el encargado de reconciliar el socialismo con el movimiento democrático.
El reencuentro fue breve, debido a las peculiaridades y las durezas de la
nueva Rusia soviética. Ahora el empuje del fascismo exigía retomar, a través
de los Frentes Populares, la vieja tradición marxista. El movimiento obrero
debía intentar liderar una coalición interclasista con un programa mínimo de
radicalidad democrática. Para hacer realidad este programa, era
imprescindible el abandono de la doctrina del pacifismo abstracto, un dogma
compartido por el movimiento obrero socialista y por la vieja democracia
liberal, pero totalmente ajeno al pensamiento político de Marx y Engels y a la
tradición de la democracia revolucionaria. En este sentido, la política exterior
del Frente Popular —defensa de la política de seguridad colectiva, según la
cual, en caso de conflicto, las sanciones contra las naciones agresoras debían
de ir acompañadas de medidas de auxilio para las naciones agredidas—
suponía un cambio de gran significación histórica.
Arthur Rosenberg es, hoy en día, un intelectual bastante olvidado [4]. El
79
historiador Joaquín Miras atribuye el desconocimiento general de Rosenberg a
su radicalidad política e independencia de criterio (en afortunada expresión de
Luciano Canfora, Rosenberg fue un comunista sin partido), así como al poco
interés general por la historia de la democracia como movimiento sociopolítico
de las clases populares [5]. Sin duda, la obra de Rosenberg presenta
debilidades que no pueden escapar al lector crítico de hoy, especialmente su
manifiesta incapacidad para integrar el racismo y el colonialismo en su relato
historiográfico. Pero, más allá de los aciertos e insuficiencias de la obra
historiográfica de Rosenberg, Democracia y Socialismo mantiene todo el
interés por su significación política, muy representativa del espíritu de la
época frentepopulista. Refutar la pretendida antinomia entre comunismo y
democracia representa una tarea intelectual que no parece muy alejada del
significado histórico del Frente Popular, entendido como la reconciliación del
comunismo con el movimiento democrático y la rectificación inconfesada
respecto a muchas de las premisas que habían provocado la ruptura con los
socialistas, incluyendo la diferencia sobre la inminencia de la revolución.
Volver a leer a Arthur Rosenberg hoy
En la lectura de las obras de Rosenberg, se pueden encontrar muchas
lecciones útiles para los que luchan hoy por una democracia real. Quizás la
más importante sea la constatación histórica de que la democracia, además
de un ideal político, es también un movimiento. Su avance depende de la
articulación de un amplio frente de movilización social, que ponga fin a la
fragmentación de las clases populares e implante un programa de desarrollo
democrático. En una situación de crisis y ante el pánico represivo de las clases
dirigentes, el primer y más inmediato objetivo del movimiento democrático
pasa por la defensa del derecho a la protesta. A medio plazo, cualquier
programa democrático serio tendrá que proponerse eliminar la excesiva
concentración de poder económico y político por parte de la clase dominante.
Esto sólo será posible si se recuperan objetivos tradicionales del movimiento
democrático como la renacionalización de los oligopolios privatizados, la
financiación pública y transparente de las campañas electorales, la
expropiación de los grandes de medios de comunicación en manos privadas,
la nacionalización de la banca, la implantación de una fiscalidad progresiva y
la mejora de unos servicios públicos en sanidad y educación que neutralicen
en gran medida los efectos del azar de cuna. Sólo con medidas drásticas se
facilitará la cesión del poder secuestrado por las minorías plutocráticas a la
mayoría popular y el establecimiento de un marco verdaderamente pacífico
para la solución de los conflictos sociales.
La otra gran lección de Rosenberg tiene que ver con la relación entre
capitalismo, socialismo y democracia. Después de cuatro años de dura crisis
económica, la conciencia de vivir en una democracia de cartón está muy
80
extendida. En menor medida, también es relativamente fácil escuchar
lamentos sobre la incompatibilidad de la democracia con la lógica
expropiadora y cortoplacista del capitalismo y sus insostenibles objetivos de
incrementos constantes en las tasas de beneficio empresarial caiga quien
caiga. Sin embargo, los debates sobre la necesidad del socialismo o sobre la
relación entre socialismo y democracia siguen sin estar presentes en la
agenda de la mayor parte de la izquierda intelectual. Parece que, como
respuesta a la radicalización derechista de las élites políticas y económicas,
gran parte de la izquierda ha buscado refugio en la franja más progresista
dentro del espectro de lo políticamente respetable. En España, esta
desmoralización ideológica provoca situaciones francamente extravagantes.
Un ejemplo de ello se encuentra en el espejo estadounidense. ¿Cómo es
posible que la izquierda española tienda a reverenciar a keynesianos
conservadores como Paul Krugman y Joseph Stiglitz en detrimento de la figura
más destacada del socialismo norteamericano, John Bellamy Foster, editor de
Monthly Review?
Con un socialismo pluralista que ha cosechado considerables éxitos en
América Latina y con la esperanzadora ola de movimiento democrático
mundial —desde el 15-M hasta el movimiento Occupy Wall Street—, la lectura
de la obra de Rosenberg puede resultar una refrescante invitación para
retomar la tarea de batallar intelectualmente por el socialismo, conectándolo
con la lucha por una democracia real. Y es que, para evitar el inminente
colapso social y medioambiental, la propaganda por el socialismo como
principio de organización social que sitúa la satisfacción de necesidades
humanas y ecológicas en el centro de sus prioridades presenta una afinidad
mucho más coherente con los anhelos democráticos de la mayoría que la
defensa de un retorno a los niveles de falsa prosperidad de antes de la crisis.
Notas
[1] Carsten, Francis L., “Arthur Rosenberg: Ancient Historian into Leading Communist”,
Journal of Contemporary History, vol. 8, núm. 1, enero de 1973, pp. 63-75.
[2] Rosenberg, Arthur, Democracia y lucha de clases en la Antigüedad (1921), Barcelona, El
Viejo Topo, 2006 (prólogo de Joaquín Miras), p. 45.
[3] Rosenberg, Arthur, Democracy and Socialism. Contribution to the Political History of the
past 150 Years, Nova York, Alfred A. Knopf, 1939 (traducción de George Rosen).
[4] A pesar del olvido aparente de Rosenberg, su obra ha dejado huella entre destacados
81
intelectuales de izquierda. El caso más relevante es el de Noam Chomsky, quien leyó
Democracia y Socialismo cuando era adolescente y frecuentaba el entorno de Avukah, la
misma organización sionista de izquierdas en la que Rosenberg colaboró en sus últimos años.
La historia del grupo Avukah y su relación con Arthur Rosenberg y Noam Chomsky, en:
Barsky, Robert F., Noam Chomsky. A life of dissent, Cambridge, The MIT Press, 1998, pp.
58-70.
[5] Prólogo de Joaquín Miras en Rosenberg, Arthur, Democracia y lucha de clases en la
Antigüedad (1921), Barcelona, El Viejo Topo, 2006, pp. 7-40. La excepción más notable al
desinterés por la historia de la democracia en una perspectiva similar a la de Rosenberg la
encontramos en: Canfora, Luciano, La democracia. Historia de una ideología, Barcelona,
Crítica, 2004. En el campo de la filosofía política, otra obra igualmente excepcional y con un
enfoque parecido: Domènech, Antoni, El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de
la tradición socialista, Barcelona, Crítica, 2004.
[Andreu Espasa es historiador y profesor de lengua catalana en la
Universidad de Harvard. El presente ensayo es la versión ampliada y
actualizada de un texto que fue publicado en catalán por la revista
L’Espurna en 2009]
30/4/2012
Damiano Tagliavini e Ignacio Sabbatella
Marxismo ecológico: elementos fundamentales para la crítica de la
economía-política-ecológica
1) Introducción
La crítica situación ecológica global, evidenciada en los procesos de cambio
climático, agotamiento de bienes naturales y degradación ambiental,
acompañados de crecientes conflictos socio-ambientales, nos sugiere
preguntarnos qué relación guarda con los fundamentos del modo de
producción y reproducción capitalista.
A través del presente artículo procuramos exponer la relevancia de la teoría
marxista para analizar dicha crisis y contribuir a la cimentación de un
marxismo ecológico (en adelante ME), como una novedosa corriente de
pensamiento crítico. A pesar de las experiencias fallidas del denominado
“socialismo real” en su relación con la naturaleza y de la propensión del
82
capitalismo a internalizar el discurso ambientalista, creemos posible observar
una significativa tendencia de algunos pensadores marxistas a incorporar la
ecología y de buena parte de los movimientos ambientalistas a radicalizar su
praxis política hacia posiciones anticapitalistas.
De esta manera, nos proponemos rastrear aportes en la obra de Marx y
Engels, analizar las críticas al marxismo que se realizan desde la Economía
Ecológica y, finalmente, enumerar algunos precursores del ME, junto a
algunos conceptos que ayudan a entender la relación entre capital y
naturaleza.
No pretendemos agotar el tema aquí sino apenas realizar una contribución
crítica, planteando la pertinencia del debate y sus potencialidades para la
investigación científica y la actividad política.
2) Aportes ecológicos en la obra de Marx y Engels
A pesar de los prejuicios vigentes en el ambientalismo, Marx y Engels
analizaron en diversos pasajes los vínculos entre el mundo social y el mundo
natural. La distinción analítica que proponemos no debe entenderse como
conceptos cerrados e independientes, sino más bien como temas vinculados
entre sí.
a) Concepción materialista de la naturaleza
Resulta sugerente comenzar con el trabajo de John Bellamy Foster (2004)
quien reconstruye una concepción materialista-dialéctica de la naturaleza en
la obra de Marx. Arroja luz sobre tres grandes herencias que han sido
descuidadas: el filósofo griego antiguo Epicuro, el químico agrícola Justus von
Liebig y Charles Darwin. El primero inspiró una visión materialista de la
naturaleza. A partir del segundo construyó una comprensión del desarrollo
sostenible. Mientras que de Darwin adoptó un enfoque coevolucionista de las
relaciones entre los humanos y la naturaleza. Sin detenernos aquí, señalamos
que dicha reconstrucción echa por tierra el prejuicio de la producción
intelectual de Marx como ajena al mundo natural.
En sus Manuscritos de 1844, Marx esboza una definición del concepto de
naturaleza: "La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, es decir, la
naturaleza en cuanto no es ella misma el cuerpo humano. El hombre vive de
la naturaleza; esto quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que
debe permanecer en un proceso continuo, a fin de no perecer. El hecho de
que la vida física y espiritual del hombre depende de la naturaleza no significa
otra cosa sino que la naturaleza se relaciona consigo misma, ya que el
hombre es una parte de la naturaleza” (Marx, 2004: 112).
83
En este pasaje se hace evidente que para Marx no existe dicotomía entre el
ser humano y la naturaleza. Esta no es algo externo o un mundo exterior. “El
hombre no está en la naturaleza, sino que es naturaleza” (Vedda, 2004: xxix).
La naturaleza le ofrece al hombre su medio de vida inmediato, así como la
materia, el objeto y la herramienta de su actividad vital, es decir el trabajo.
Esto nos conduce a plantear una continuidad con su obra de madurez,
especialmente en El Capital.
b) Relación trabajo-naturaleza en la producción de valores de uso
En El Capital, Marx señala que la naturaleza es, junto al trabajo, punto de
partida de la producción de valores de uso. “En este trabajo de conformación,
el hombre se apoya constantemente en las fuerzas naturales. El trabajo no es,
pues, la fuente única y exclusiva de los valores de uso que produce, de la
riqueza material. El trabajo es, como ha dicho William Petty, el padre de la
riqueza, y la tierra la madre” (Marx, 2000: 10).
Apartándonos de su forma histórica, en toda sociedad el trabajo es el
momento de intercambio con la naturaleza, es la actividad con la cual el
hombre se apropia de su entorno y lo transforma para satisfacer sus
necesidades básicas. En el proceso de trabajo interviene no sólo el trabajo del
hombre sino también el objeto sobre el cual se realiza y los medios de trabajo,
ambos brindados por la naturaleza. Además, Marx destaca las condiciones
materiales que no suelen identificarse en el proceso productivo pero sin las
cuales éste no podría ejecutarse. De esas condiciones dependerá la
productividad del trabajo y la producción de plusvalía. “Si prescindimos de la
forma más o menos progresiva que presenta la producción social, veremos
que la productividad del trabajo depende de toda una serie de condiciones
naturales. Condiciones que se refieren a la naturaleza misma del hombre y a
la naturaleza circundante. Las condiciones de la naturaleza exterior se
agrupan económicamente en dos grandes categorías: riqueza natural de
medios de vida, o sea, fecundidad del suelo, riqueza pesquera, etc., y riqueza
natural de medios de trabajo, saltos de agua, ríos navegables, madera,
metales, carbón, etc.” (Marx, 2000: 429) [1].
En su Crítica del Programa de Gotha, Marx refuerza la idea de la naturaleza
como parte fundamental de la producción de valores de uso y como primera
fuente de medios y objetos de trabajo. La propiedad sobre la naturaleza es la
que va a determinar que una parte de la humanidad, que no dispone de ella,
deba entregar su fuerza de trabajo a quienes se han adueñado de esas
condiciones materiales de trabajo. Se trata de una de las condiciones
históricas para el surgimiento de la mercancía fuerza de trabajo en el modo de
producción capitalista que desarrollara en El Capital.
84
c) Separación hombre-naturaleza y campo-ciudad
Desde los Manuscritos de 1844, Marx destaca que el trabajo alienado
convierte a la naturaleza en algo extraño al hombre, en un “mundo ajeno”,
“hostilmente contrapuesto al trabajador”. En el marco de la apropiación
privada, existe una alienación respecto a la naturaleza donde los medios de
vida y de trabajo no le pertenecen al trabajador y se le presentan como
objetos externos. Por tanto, concluye en los Grundrisse: “Lo que necesita
explicación, o es resultado de un proceso histórico, no es la unidad del
hombre viviente y actuante, [por un lado], con las condiciones inorgánicas,
naturales, de su metabolismo con la naturaleza, [por el otro], y, por lo tanto,
su apropiación de la naturaleza, sino la separación entre estas condiciones
inorgánicas de la existencia humana y esta existencia activa, una separación
que por primera vez es puesta plenamente en la relación entre trabajo
asalariado y capital” (Marx, 2005: 449).
La unidad del hombre con la naturaleza no precisa explicación sino su
separación. Esa separación es de carácter histórico y es la base sobre la que
se asienta la relación capital-trabajo. El trabajador es separado de su “cuerpo
inorgánico” al mismo tiempo que el producto de su trabajo se convierte en
mercancía apropiada por el capitalista.
El proceso de expulsión de pequeños propietarios y de cercamiento de tierras
comunales es el punto de partida de la acumulación originaria. Masas
humanas pasan a engrosar las filas del proletariado urbano. Como bien
señalan Bellamy Foster (2004) y Foladori (2001) no puede soslayarse el
entendimiento que tiene Marx de la separación campo-ciudad consumada en
el modo de producción capitalista. La agricultura capitalista se caracteriza por
la gran propiedad, el despoblamiento rural y el hacinamiento urbano. Además
de ser la causa fundamental de la polución y la depredación, quedan
disociadas progresiva y radicalmente las fuentes de la producción de medios
de vida y materias primas de los centros de consumo. Es la fractura del
metabolismo social con la naturaleza.
d) Degradación de la agricultura por el capital
En el capítulo XIII de El Capital, afirma que el capitalismo degrada ambas
fuentes de riqueza, el hombre y la tierra. Al contrario de lo que comúnmente
se cree, no sólo investigó las consecuencias de la explotación capitalista sobre
el trabajo, sino que también comprendió el daño que el latifundio capitalista
provoca sobre la vitalidad del suelo. La gran industria y la gran agricultura
explotada industrialmente actúan en unidad, una devastando la fuerza de
trabajo y otra degradando la fuerza natural de la tierra. El latifundio capitalista
es la raíz de una fractura irreparable en el proceso interdependiente del
85
metabolismo social. El concepto de metabolismo refiere a la interacción entre
naturaleza y sociedad a través del trabajo humano y le permite a Marx “dar
una expresión más sólida y científica de esta fundamental relación”, señala
Bellamy Foster (2004: 245). Es una herencia de la química de Liebig, utilizado
en la teoría de los sistemas en el complejo intercambio de los organismos con
su medio, que Marx adecua al entendimiento del proceso del trabajo humano
y de su fractura en el modo de producción capitalista [2].
El abordaje de la agricultura capitalista había tenido como primer blanco la
crítica de la teoría de la superpoblación de Malthus y la teoría de la renta de
Ricardo porque en ellas no se explicaba el cambio histórico en la fertilidad del
suelo, es decir, la intervención del hombre en ella más allá de la productividad
natural [3]. La mano del hombre puede ser tanto un factor de mejora como de
degradación del suelo. En este marco, Foladori (1996) recupera la importancia
de la teoría marxista de la renta capitalista del suelo como una aplicación de
la ley del valor a aquella parte de la naturaleza que puede ser monopolizable.
Entrega elementos metodológicos para explicar la degradación del suelo y de
los recursos naturales en general. La agricultura puesta al servicio del valor de
cambio es la condición de posibilidad de que mayores inversiones de capital
entreguen rendimientos económicos crecientes al tiempo que disminuyen la
fertilidad natural del suelo. La obtención de ganancias extraordinarias es
posible aún con rendimientos físicos decrecientes, hasta que en un momento
dado sucede una crisis ecológica (Foladori, 2001).
Por otra parte, Engels en El papel del trabajo en la transformación del mono
en hombre planteaba que en el capitalismo lo que prima es siempre la
inmediatez, el beneficio inmediato es el único fin del capitalista aislado, sin
importar las consecuencias de la producción e intercambio. El capitalista
produce sin tomar en consideración el posible agotamiento o degradación del
recurso, ni siquiera para una potencial utilización por otros capitalistas.
e) Ampliación del sistema de necesidades y expansión del capital sobre la
naturaleza
En un clarificador pasaje de los Grundrisse, Marx da cuenta que la creación de
plusvalía absoluta exige la ampliación constante de la esfera de circulación de
mercancías. De manera que “la tendencia a crear el mercado mundial está
dada directamente en la idea misma del capital”. La expansión capitalista
supone una progresiva conquista de las formaciones anteriores y la abolición
de la producción de “valores de uso directos”, con el fin de someter la
producción al intercambio. Por lo tanto, “el comercio ya no aparece aquí como
función que posibilita a las producciones autónomas el intercambio de su
excedente, sino como supuesto y momento esencialmente universales de la
producción misma”. A su vez, la creación de plusvalor relativo requiere la
86
ampliación del consumo dentro de la esfera de circulación: cuantitativa,
primero; cualitativa, segundo; y, por último, producción de nuevas
necesidades, descubrimiento y creación de nuevos valores de uso. Con ese
fin, el capital se lanza a “la exploración de la Tierra en todas las direcciones”
en búsqueda de nuevas propiedades y nuevos objetos naturales. La
naturaleza pierde su carácter divino y es objetualizada en función del
provecho útil para la satisfacción de esas nuevas necesidades. Hacia allí se
dirige el desarrollo de las ciencias naturales. “El capital crea así la sociedad
burguesa y la apropiación universal tanto de la naturaleza como de la relación
social misma por los miembros de la sociedad”. La fuerza “civilizadora” del
capital destruye tanto las barreras nacionales como las tradicionales y las
naturales para convertirse en la primera formación social de escala planetaria.
La ampliación incesante del sistema de necesidades humano y la expansión
sobre la naturaleza son inherentes al proceso de producción y reproducción
capitalista (Marx, 2005: 359-362).
f) Relación hombre-naturaleza en el comunismo
Marx evitó anticiparse al movimiento real existente y son pocas las
oportunidades en las cuales se pronunció sobre las características de una
sociedad futura. No obstante, en los Manuscritos de 1844 hace alusión al
comunismo como la “verdadera solución del conflicto que el hombre sostiene
con la naturaleza y con el propio hombre” (Marx, 2004: 142). En cuanto
superación positiva de la propiedad privada, el comunismo es, también,
superación de la alienación del hombre con respecto a la naturaleza. Para
Marx, la sociedad comunista “es la unidad esencial plena del hombre con la
naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo
consumado del hombre y el humanismo consumado de la naturaleza” (Marx,
2004: 144).
Esa concepción de juventud mantiene una continuidad en El Capital, donde
adelanta la definición del concepto contemporáneo de “sustentabilidad”, en
cuanto a la transferencia intergeneracional de la tierra: "Considerada desde el
punto de vista de una formación económica superior de la sociedad, la
propiedad privada de algunos individuos sobre la tierra parecerá algo tan
monstruoso como la propiedad privada de un hombre sobre su semejante. Ni
la sociedad en su conjunto, ni la nación ni todas las sociedades que coexistan
en un momento dado, son propietarias de la tierra. Son, simplemente, sus
poseedoras, sus usufructuarias, llamadas a usarla como boni patres familias
(buenos padres de familia) y a transmitirla mejorada a las futuras
generaciones" (Marx, 2000: III, 720).
Es interesante observar los rasgos de continuidad en la obra de Marx cuando
establece que aquella formación económica superior debería estar fundada en
87
una asociación de productores. Dicha “asociación” reconstruiría la unidad
esencial plena del hombre con la naturaleza, en su formulación de juventud
[4], o el “hombre socializado” recompondría la fractura metabólica, en su
enunciación posterior [5]. Se desprende de la lectura realizada la insistencia
en la eliminación de la propiedad privada y en la disolución de la contradicción
entre la ciudad y el campo como condiciones elementales para armonizar al
hombre con la naturaleza.
3) Críticas ecologistas al marxismo
A medida que progresan las problemáticas ambientales en la segunda mitad
del siglo XX, se desarrollan versiones ecológicas de la economía. Buena parte
de sus mentores se ocuparon de criticar la carencia de una preocupación
ecológica por parte de Marx. Pese a los aportes que hemos discutido en el
punto anterior, existen posturas que rechazan cualquier derivación de la
teoría marxista hacia este campo: “... si bien Marx y Engels se mostraron, en
ocasiones, preocupados por problemas ecológicos o medioambientales, tales
preocupaciones no tienen cabida en su visión global de lo económico y sus
formulaciones no aportan el aparato teórico y conceptual que exigiría el
análisis de tales problemas” (Naredo, 1987: 174).
Una afirmación más extrema refiere a que “Marx y Engels tuvieron la
oportunidad de estudiar el primer intento de marxismo ecológico y que no la
aprovecharon” (Martínez Alier/Schlupmann, 1992: 275). Inútil sería advertir el
inconveniente que suscita definir a Marx como el primer marxista, así como la
pretensión de un “ismo” ecologista para sus mismos mentores. Saliendo de
este atolladero gramatical, expondremos algunas críticas que Naredo (1987)
Martínez Alier y Schlupmann (1992), Cuerdo Mir y Ramos Gorostiza (2000)
realizaron desde la Economía Ecológica [6].
a) Separación valor de uso/valor de cambio
Marx no sólo habría desvinculado “radicalmente” valores de uso de valores de
cambio, sino que se habría focalizado en estos últimos. Por consiguiente, situó
a la economía fuera del mundo material y contribuyó a afianzar la ruptura que
los economistas clásicos hicieran entre lo físico y lo económico (Cuerdo
Mir/Ramos Gorostiza, 2000).
Este señalamiento parte de una concepción errónea de la teoría del valor
desarrollada por Marx en El Capital. Su teoría es una teoría crítica, una crítica
de la economía política clásica. La separación entre valor de uso y valor de
cambio no está determinada por la voluntad de Marx sino por la forma
sociohistórica que adoptan los productos del trabajo en una estructura
mercantil basada en el intercambio entre productores privados
88
independientes y en la división social del trabajo. Lo que debe ser explicado
no son los valores de uso en cuanto objetos que satisfacen necesidades
humanas en cualquier etapa histórica sino la forma mercantil que adoptan
bajo aquellas condiciones y que adquieren un valor en relación a otras
mercancías. El valor de cambio no es más que la manifestación de la igualdad
abstracta establecida entre al menos dos mercancías. El foco de Marx pasa
por el valor y por el develamiento de la cosificación de las relaciones sociales
de producción, el fetichismo de la mercancía. Lejos de tratarse de una
debilidad, es una de las fortalezas de la teoría marxista. Recordemos, además,
que el punto de partida de Marx es el trabajo al mismo tiempo que la
naturaleza para explicar la producción de riqueza.
b) Desinterés por la energía disipada
Calcular el grado de eficiencia en términos de disipación o fijación de energía
de cada proceso productivo, es una de las orientaciones de la Economía
Ecológica. Vista desde el metabolismo socioeconómico, la economía es un
sistema abierto a la entrada de energía y salida de calor disipado. El segundo
principio de la Termodinámica [7] postula que la cantidad de entropía [8] del
Universo tiende a incrementarse con el tiempo tendiendo a la disipación de
energía. Según algunos ecologistas, Marx y Engels habrían rechazado esa ley
“por considerarla incompatible con su visión del progreso humano e
interpretar que tenía implicaciones religiosas” (Cuerdo Mir/Ramos Gorostiza,
2000).
Serge Podolinsky era un socialista ucraniano que planteó la posibilidad de
analizar la explotación capitalista a partir de un estudio del flujo de la energía
en la agricultura. Su conclusión fue que la productividad aumentaba cuando
había una contribución de trabajo humano incrementando la acumulación de
energía en la Tierra y que la cantidad de energía acumulada en los productos
del trabajo es mayor a la necesaria para la reproducción de esa fuerza de
trabajo. Desde la Economía Ecológica se suele criticar a Marx por un supuesto
desinterés en estas cuestiones debido a que no contestó las cartas que le
envió Podolinsky. El que opina sobre la cuestión es Engels [9], quien plantea
que “su verdadero descubrimiento es que el trabajo humano tiene el poder de
fijar la energía solar sobre la superficie de la tierra permitiendo que su acción
dure más de lo que duraría sin él. Todas las conclusiones económicas que
deduce de esto son equivocadas”. Además, plantea que en la industria es
imposible todo cálculo energético por lo cual sería “imposible expresar las
relaciones económicas en magnitudes físicas”. Engels concluye su comentario
diciendo que Podolinsky “ha tomado caminos equivocados porque estuvo
tratando de encontrar en la ciencia de la naturaleza una nueva demostración
de la verdad del socialismo, y con ello ha confundido la economía con la
física” (Marx/Engels, 1973: 33-333).
89
Bensaïd (2003) plantea que las razones de Engels en su crítica al ucraniano
son de dos órdenes: una ideológica y otra epistemológica. La razón ideológica
se enmarca en las discusiones de la época sostenidas con el malthusianismo y
las visiones apocalípticas con respecto al futuro de la humanidad. La razón
epistemológica tiene que ver con el intento que realiza Podolinsky de justificar
el socialismo a partir de pruebas científicas: “La lucha de clases nunca es
reductible a una querella de expertos, que intervienen para abogar por la
inocencia de la técnica” (2003: 489).
c) Ruptura con el ideario romántico
Se remarca una ruptura en la obra de madurez de Marx con las ideas del
Romanticismo en relación a la búsqueda de armonía con la naturaleza. Si se
define “la visión romántica del mundo como una crítica generalizada de la
civilización industrial (burguesa) moderna en nombre de ciertos valores
sociales y culturales precapitalistas” (Löwy, 1990: 87), es posible y hasta
positivo para Cuerdo Mir y Ramos Gorostiza rastrear en los escritos de
juventud de Marx ese ideario. En cambio, en su obra posterior Marx habría
quedado preso de una ideología del progreso continuo de la humanidad
mediante la ciencia, la técnica y el trabajo. Sin embargo, hemos verificado en
El Capital una apreciación inequívoca sobre la destrucción capitalista tanto de
la fuerza de trabajo como de la tierra. Su crítica dejó de ser abstracta para
tomar un carácter científico con el fin de descubrir los distintos mecanismos
de explotación y obtención de plusvalía.
d) Ausencia de una definición de recursos naturales agotables
Otra de las críticas ecologistas hacia el marxismo se relaciona con el
agotamiento de los recursos naturales. Martínez Alier y Schlupmann (1992)
remarcan la ausencia de un análisis de la reproducción o sustitución de los
medios de producción utilizados en una economía basada en recursos
agotables, con lo cual no se ponen en consideración la existencia de límites en
la “reproducción simple” ni en la “reproducción ampliada”. Así, en Marx el
tratamiento de los recursos naturales habría sido más ricardiano que
ecológico, centrado en la distribución de la renta más que en el agotamiento y
contaminación que no se reflejan a tiempo en los precios. No existiría una
preocupación por la asignación intertemporal de los recursos agotables. Sin
embargo, cabría preguntarse hasta qué punto podemos esperar que Marx
problematizara una situación que no fue visible hasta muchos años después.
De todas formas, cabe destacar que en la carta de Engels a Marx sobre el
asunto Podolinsky se advierte una preocupación por el despilfarro de energía
y reservas naturales. Asimismo, en otra carta, Marx [10] realizaba un
comentario elogioso de los estudios de Karl N. Fraas [11], quien según él
90
habría demostrado que como resultado del cultivo, y en proporción a su
intensidad, desaparece la ‘humedad’, tan deseada por el campesino, y
empieza así la formación de estepas. Agrega Marx que el cultivo sin control, y
acompañado de desforestación, puede dejar tras de sí desiertos (Marx/Engels,
1973: 199).
e) Progreso indefinido de las fuerzas productivas
Uno de los aspectos de la obra de Marx que ha sido el más criticado por el
ambientalismo es el desarrollo indefinido de las fuerzas productivas. De allí se
derivan las más aferradas etiquetas acusatorias: “modernista” y
“productivista”. Martínez Alier y Schlupmann plantean que “los marxistas
posteriores deberían haber modificado la noción de “fuerzas productivas” a la
luz de la crítica ecológica de la ciencia económica, pero han existido
obstáculos epistemológicos (el uso de categorías de la economía política
clásica) e ideológicos (la perspectiva de una transición al comunismo en dos
etapas) que lo han impedido” (1992: 276). Bensaïd responde afirmando que la
noción de fuerzas productivas no constituye en Marx “un factor unilateral de
progreso, independientemente de su imbricación concreta en un modo de
producción dado. Pueden tanto enriquecerse con conocimientos y formas de
cooperación social nuevas como negarse a sí mismas mudándose en su
contrario, en fuerzas destructivas” (2003: 474).
En artículos que Marx escribiera en 1853 sobre la dominación británica en la
India es donde rastreamos su versión más modernista, una visión occidental y
evolutiva de los procesos sociales. En ellos, a pesar de denunciar las miserias
a las que Inglaterra estaba sometiendo al pueblo hindú, concluye que ese es
un paso necesario dentro del desarrollo de las fuerzas productivas, y que la
introducción de valores burgueses e infraestructura capitalista dentro de la
“atrasada” sociedad hindú son una “revolución social”. Aquí le otorga una
gran importancia a las condiciones de producción, en especial a las obras de
infraestructura que modernizan la estructura productiva.
Por otra parte, en el Manifiesto Comunista, se puede vislumbrar una cierta
concepción evolucionista de la historia [12]. En el mismo se describe el papel
revolucionario de la burguesía en la historia en cuanto al progreso de las
fuerzas productivas y al sometimiento de la naturaleza. Con todo, es una
imagen que podemos contraponer a otros pasajes señalados anteriormente y
que exhibe las hendiduras de una obra monumental pero no por ello
monolítica.
Por último, según sus críticos, Engels habría dado cuenta de una lógica
productivista e instrumental con respecto a la naturaleza cuando planteaba
que: “El hombre al convertirse en dueño y señor de sus propias relaciones
91
sociales, se convierte por primera vez en señor consciente y efectivo de la
naturaleza” (Engels, 1973a: 102).
4) Las aventuras del marxismo ecológico
Habiendo realizado una revisión de las críticas ecologistas, haremos un breve
recorrido por aquello que consideramos son los elementos fundamentales
para sentar las bases del ME. A lo largo de la tradición marxista encontramos
autores que problematizaron la relación de la sociedad capitalista y la
naturaleza, y que esbozaron algunas concepciones premonitorias sobre una
crisis ecológica causada por la misma.
En el siglo XIX, además de Podolinski, podemos referirnos a William Morris
[13], considerado el primer ecosocialista. En la década de 1920, durante los
primeros años de la revolución rusa, investigadores soviéticos como D. N.
Kasharov [14], Vladímir I. Vernadski [15], Georgii Gause y Vladimir
Stanchisky se interesaron por los estudios de la ecología, pero fueron
interrumpidos por el stalinismo. Algunos de esos pensadores fueron
perseguidos, encarcelados y sus ideas permanecieron ocultas largo tiempo.
Eso sucedió con Nikolai Bujarin, “el muchacho de oro de la revolución”, cuyos
escritos ecológicos fueron escondidos por Stalin luego de su ejecución en
1938. Una línea de pensamiento que habría contribuido a la transformación
del modo de vida fue aplastada por la burocracia soviética, enrolada en el
productivismo y la industrialización acelerada. Asimismo, Bensaïd cita al
economista austríaco Julius Dickman quien ya había observado en la década
de 1930 el “estrechamiento de la reserva de los recursos naturales” debido al
desarrollo “irreflexivo” de las fuerzas productivas bajo el capitalismo en
detrimento de sus “condiciones de reproducción permanente”, minando las
condiciones mismas de existencia humana (2003: 499).
Más notorio fue el trabajo de Walter Benjamin, quien cuestionó la idea del
progreso y la noción lineal y mecánica de la historia. La idea de revolución
cobraba otro sentido para él: “Marx dice que las revoluciones son la
locomotora de la historia mundial. Pero tal vez se trata de algo por completo
diferente. Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de
emergencia que da el género humano que viaja en ese tren” (2007: 49).
Más cerca en el tiempo, nos interesa destacar a James O’Connor (2001), quien
parte del concepto condiciones de producción del capital. Se trata de todo
aquello que compone el marco de la producción capitalista y que no es
producido como una mercancía aunque es tratado como si lo fuera. Uno de
sus componentes es la naturaleza. La propia explotación capitalista puede
generar problemas de agotamiento o encarecimiento de esas condiciones y es
cuando se pone en juego una crisis de subproducción. Por lo tanto, O’Connor
92
considera la relación con la naturaleza como la segunda contradicción del
capital.
En otra contribución significativa, David Harvey (2007) introduce el concepto
acumulación por desposesión para dar cuenta de la persistencia de los
mecanismos depredadores, violentos y/o fraudulentos del capitalismo que
Marx y el marxismo adjudicaban a una etapa primitiva u originaria.
En relación a la continua expansión del capital sobre la naturaleza, es
sugerente el concepto subsunción real de la naturaleza al capital (Sabbatella,
2010). El régimen capitalista no sólo incluye a la naturaleza sino que también
la subordina a los designios de la producción de plusvalor.
Como respuesta a la crisis ecológica causada por el capitalismo, surge un
movimiento político que pretende reformular la visión tradicional del
socialismo. Michael Löwy y Joel Kovel lanzaron un Manifiesto Ecosocialista en
donde plasman algunas ideas que aquí trabajamos en un programa de acción
política. Para Löwy, el ecosocialismo es una alternativa civilizatoria radical que
opone al progreso destructivo capitalista “una política económica basada en
criterios no monetarios y extraeconómicos: las necesidades sociales y el
equilibrio ecológico” (Löwy, 2010).
Aunque no podremos avanzar aquí en sus respectivas contribuciones al ME,
cabe mencionar a otros pensadores como André Gorz [16], Alfred Schmidt
[17], Wolfgang Harich [18], Manuel Sacristán [19], Ted Benton [20], Barry
Commoner [21], Paul Burkett [22] y Elmar Altvater [23]. Son muchos los
nombres y probablemente hayamos incurrido en omisiones importantes, pero
en ese caso estaríamos más cerca aún de comprobar que no hay tal divorcio
entre el marxismo y la ecología. Es necesaria una mayor sistematización que
instituya un cuerpo teórico más robusto y, en ese sentido, el presente artículo
representa apenas un primer peldaño.
5) Reflexiones finales
Hemos constatado fehacientemente que el mundo natural es uno de los
puntos de partida en la teoría de Marx. No obstante, en el desarrollo posterior
adquiere un carácter fragmentario y secundario respecto a la contradicción
fundamental del modo de producción capitalista entre capital y trabajo.
Tampoco podemos desconocer cierto optimismo en relación al desarrollo de
las fuerzas productivas y la inexistencia de límites naturales. Por tanto, una
traducción automática de Marx a la ecología contemporánea no alienta un
conocimiento e investigación sobre los nuevos problemas ecológicos. La
degradación de la tierra producto del mismo sistema capitalista había sido
adelantada en numerosos pasajes de su obra, pero la misma no es
93
suficientemente esclarecedora de las consecuencias que traen aparejados el
agotamiento de otros bienes naturales y la contaminación ambiental.
Nuestra propuesta de trabajo se dirige, entonces, a abrir nuevos campos de
investigación a partir de una concepción materialista de la naturaleza, cuyo
pilar básico sea el estudio las relaciones sociales de producción y
reproducción capitalistas. A tal fin, es necesario recuperar la fortaleza de la
ley del valor, del fetichismo de la mercancía y del trabajo alienado. Son los
elementos fundamentales para la crítica de la economía-política-ecológica en
la edificación del aparato conceptual del ME, el cual debe ser ampliado,
complementado y/o profundizado por los aportes contemporáneos en el
marco de la crisis ecológica sin precedentes que atraviesa la humanidad. En
ese sentido, el ecosocialismo se presenta como la nueva corriente política
para el siglo XXI.
No queremos encontrar todas las respuestas en Marx, sino en la
reconsideración y reformulación de sus categorías. No es nuestro interés un
“Marx verde” sino un Marxismo Ecológico. No pretendemos hacer hablar a
Marx sobre el cambio climático o sobre el régimen energético capitalista
basado en combustibles fósiles, sino reapropiarnos de la crítica de la
economía política para facilitar la crítica de la economía-política-ecológica.
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Notas
[1] James O’Connor desarrolla en profundidad el concepto de condiciones de producción
basándose menos en este pasaje de El Capital que en los Grundisse.
[2] Bellamy Foster destaca que “el concepto de metabolismo, con sus nociones asociadas de
intercambios materiales y acción reguladora, le permitía expresar la relación humana con la
naturaleza como una relación que incluía las “condiciones impuestas por la naturaleza” y la
capacidad de los seres humanos para afectar este proceso [...] y le proporcionaba a Marx un
modo concreto de expresar la noción de la alienación de la naturaleza (y su relación con la
alienación del trabajo), que era fundamental en su crítica a partir de sus primeros escritos”
(2004: 245).
[3] Al respecto, Marx habría sido más influido por el economista político escocés James
Anderson quien atribuyó la existencia de una renta diferencial principalmente a los cambios
históricos en la fertilidad del suelo (Bellamy Foster, 2004).
[4] “La asociación, desde el punto de vista de la economía política, aplicada a la tierra y el
suelo, divide la ganancia del latifundio y es la primera en realizar la tendencia originaria de la
división, a saber, la igualdad, porque ella produce la relación afectiva del hombre con la tierra
de manera racional y ya no mediada por la servidumbre, la dominación y la mística estúpida
de la propiedad, en tanto que la tierra deja de ser un objeto de mercantilización y se convierte
nuevamente, mediante el trabajo y el goce libres, en una propiedad del hombre verdadera y
personal (Marx, 2004: 101).
[5] “La libertad en ese terreno sólo puede consistir en que el hombre socializado, los
productores asociados, regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza,
poniéndolo bajo su control colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder
ciego; que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más
dignas y adecuadas a su naturaleza humana” (Marx, 2000: III, 759).
[6] La Economía Ecológica es “una crítica ecológica de la economía convencional, [...] nuevo
enfoque sobre las interrelaciones dinámicas entre los sistemas económicos y el conjunto total
de los sistemas físico y social” (Van Hauwermeiren, 1998). Esa corriente académica
interdisciplinaria suele ser definida como “la ciencia de la gestión de la sustentabilidad” ya
que estudia al sistema económico como un sistema abierto en relación con el sistema natural
y los flujos de energía. Su crítica se fundamenta en el estudio de los límites ecosistémicos del
desarrollo económico. Algunos de sus principales referentes son Nicholas Georgescu-Roegen,
Herman E. Daly, Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo.
[7] La Termodinámica es una rama de la Física que estudia los intercambios y
transformaciones de energía en forma de calor.
[8] Mediante el concepto de entropía, el cual mide el grado de orden o desorden de un
96
sistema, la termodinámica postula la irreversibilidad de los procesos de utilización de la
energía.
[9] En una carta dirigida a Marx el 19 de diciembre de 1882 (¡tres meses antes de la muerte
de Marx…!).
[10] Carta de Marx a Engels del 25 de marzo de 1868.
[11] Botánico alemán (1810-1875) La obra a la que se refiere Marx es El clima y el mundo
vegetal a través de los tiempos, una historia de ambos (1847).
[12] Cabe destacar que al estudiar, en sus últimos años, la realidad de Rusia a partir de un
intercambio epistolar con Vera Zasúlich, Marx planteó la posibilidad de un desarrollo
alternativo al occidental para ese país. De este modo, esa concepción lineal de la historia no
era aplicada por Marx a cualquier situación, sino que dependía del medio en que se
desenvolviera.
[13] William Morris (1834-1896). Inglés. Su crítica al capitalismo industrial se basaba en la
idea de “trabajo inútil”, es decir, la “producción de una cantidad ilimitada de tonterías
inútiles”, lo más barato posible, “para ser vendidas y no para ser utilizadas” (Cuerdo
Mir/Ramos Gorostiza, 2000: 88).
[14] Kasharov dirigió un Instituto de enseñanza de Ecología, publicó el primer manual de
ecología para la enseñanza (“Ambiente y comunidades”) y colaboró en la publicación de la
primer revista soviética de ecología.
[15] Vernadski desarrolló en 1926 el concepto de biosfera. Hizo hincapié en el creciente
deterioro del medio ambiente, el cual únicamente podría revertirse mediante un cambio en
los hábitos dietéticos y la forma de utilización de la energía.
[16] Gorz, A., “Ecología y libertad” (1977); “Ecología como política” (1979). Planteó el vínculo
que existe entre crisis ecológica y crisis de la sobreacumulación, realizando una fuerte crítica
al consumismo y el productivismo.
[17] Cf. Schmidt, A., “El concepto de naturaleza en Marx” (1983).
[18] Cf. Harich, W., “¿Comunismo sin crecimiento?” (1978).
[19] Cf. Sacristán, M., “Algunos atisbos político-ecológicos de Marx” (1984).
[20] Cf. Benton, T., “The greening of Marxism” (1996).
[21] Cf. Commoner, B., “The Closing Circle: Nature, Man, and Technology” (1971).
[22] Cf. Burkett, P., “Marx and Nature: A Red and Green Perspective” (1999).
[23] Cf. Altvater, E., “¿Existe un marxismo ecológico hoy? (2003).
97
[Ignacio Sabbatella es licenciado en Ciencia Política por la
Universidad de Buenos Aires y becario del Conicet-Instituto Gino
Germani. Damiano Tagliavini es licenciado en Ciencia Política y
director del “Curso regional sobre evaluación y reducción de la
contaminación en ambientes acuáticos”. Ensayo publicado
originalmente en la revista argentina Herramienta.]
7/2011
Joaquim Dodero Curtani
Presente y futuro de las personas con trastorno del espectro autista
(TEA)
Los datos epidemiológicos (España y Europa) sobre población afectada por el
“Trastorno del Espectro Autista” (TEA) ponen de manifiesto un incremento de
su prevalencia —1 de cada 155 nacimientos— todavía inferior a la de Estados
Unidos, donde estudios recientes dan cuenta de una prevalencia superior: 1
de cada 91 nacimientos. La distribución por géneros nos muestra que el TEA
es cuatro veces más frecuente entre hombres que entre mujeres.
Las características o rasgos más comunes de las personas afectadas por el
TEA consisten en una alteración significativa del desarrollo de las habilidades
de comunicación, lenguaje y relación social , y, frecuentemente,
manifiestan intereses restringidos, conductas repetitivas y estereotipadas.
Aunque siga desconociéndose la etiología de este trastorno —existen
múltiples hipótesis no corroboradas científicamente—, la experiencia de
trabajo socioeducativo y sanitario indica la necesidad de una detección
precoz y una intervención psicoeducativa especializada de la
intensidad necesaria como factores clave para la mejora significativa del
pronóstico y la calidad de vida de las personas afectadas por el TEA, ya que
ello aporta a los afectados habilidades comunicativas y de relación , lo
que a la postre les podrá permitir desarrollar un mayor grado deautonomía
personal.
Otra intervención fundamental es la dirigida al entorno familiar de personas
con TEA que necesitan orientación, atención y apoyo, ya que el cuidado de los
afectados comporta un fuerte desgaste físico y psíquico.
El balance de los últimos veinte años, en lo referente a la carta de servicios
públicos (española y catalana) para personas con TEA, no arroja resultados
muy positivos: todavía es muy deficitaria e incompleta, y los rasgos
98
principales de lo poco existente siguen siendo la precariedad y el colapso
subsiguiente.
Así, una breve panorámica sobre los servicios nos muestra de forma más clara
las lagunas existentes:
Intervención precoz: los test de detección precoz no son aplicados de forma
sistemática por la mayoría de los pediatras públicos o privados (sí que lo
aplican los psicólogos de algunos colegios). Carecemos de una red de
servicios especializados para intervención temprana (los centros de atención
precoz no asumen las necesarias terapias intensivas de estimulación, y en lo
concerniente a personas con TEA se han convertido en centros de juegos para
niños, un día a la semana, en sesiones de 45 minutos).
La intervención psicoeducativa en la adolescencia y juventud sigue
siendo precaria, y en muchos sigue siendo asumida privadamente por las
familias pagando una buena cantidad de servicios sociosanitarios y
socioeducativos a precios de mercado.
Infraestructuras de alojamiento y tratamiento de afectados por el TEA y
para sus familiares: siguen faltando “Respirs”, pisos asistidos, residencias,
servicios de terapia ocupacional y centros de educación especial; no se
dispone de centros de orientación a cuidadores/familiares de personas
afectadas por el TEA, un servicio esencial.
Entre los servicios dirigidos a personas con TEA prevalecen los gestionados en
régimen de concierto administrativo por asociaciones de familiares y
afectados (impulsoras, hace más de veinte años, de la mayoría de las
infraestructuras existentes).
La situación de las asociaciones del tercer sector no es nada halagüeña.
Las administraciones han acumulado una enorme deuda con ellas (750
millones de euros en Cataluña) y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las
administraciones (la Generalitat entre ellas), a su vez, les ha retirado la
mayoría de las subvenciones para su funcionamiento corriente, sus
actividades y/o los servicios concretos que prestaban. Por ello, las maltrechas
economías de las familias de los afectados han visto incrementado el coste de
los servicios que reciben sus familiares con TEA.
En definitiva, en muchos casos las familias están asumiendo el coste real,
aumentando de forma asfixiante el peso específico del importe de los
servicios sobre la renta familiar (entre un tercio y la mitad de la renta, hasta
alcanzar importes superiores al 60%). Así, en muchos casos la única salida
99
posible es renunciar al tratamiento o servicio, lo que indefectiblemente lleva
asociado el deterioro de la persona afectada y de su entorno.
Unos cuantos ejemplos (vividos por quien escribe estas líneas, padre de un
joven de veinte años afectado por el TEA) servirán para advertir de la
gravedad de la situación:
SERVICIOS DE SALUD MENTAL: Desde hace casi un año estamos
intentando que mi hijo reciba atención psiquiátrica especializada por
parte de la red sanitaria publica; una y otra vez nos remiten al Centro
de Salud Mental (CESMA) del barrio, a pesar de que el propio director
reconoce que no cuenta con un psiquiatra profesional con experiencia
clínica en el tratamiento de autismo. He presentado una denuncia al
Instituto Catalán de la Salud (ICS), que todavía no ha dicho “esta boca
es mía”.
Su antiguo psiquiatra privado nos cobraba 70 euros por visita, y el tratamiento
prescrito, en los últimos tiempos, no fue muy acertado.
SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL: Mi hijo ha cumplido veinte
años, por lo que deberá abandonar el Centro de Educación Especial al
que asiste actualmente y deberá integrarse en un Centro de Servicios
de Terapia Ocupacional (en el que hará más o menos lo mismo que
hacía en el Centro de Educación Especial). Con mi cónyuge hemos
debido pasar un largo periplo hasta encontrar un centro idóneo.
Hemos visitado hasta siete centros, la mayoría de ellos en
instalaciones bastante destartaladas y sobrepobladas, sin luz natural,
ubicadas en los bajos de edificios envejecidos.
Al final del periplo hemos descubierto que el traslado de nuestro hijo de un
Centro de Educación Especial a un Servicio de Terapia Ocupacional
comportará la pérdida de la mitad de las ayudas y/o servicios que recibíamos
por la Ley de Dependencia (las primeras ayudas que habíamos recibido
después de dieciocho años de vida de nuestro hijo, lo que indefectiblemente
supondrá un incremento de los costes que deberemos asumir; no tendrá
trasporte escolar y sus horarios no encajan con nuestros horarios laborales,
por lo que previsiblemente, si los servicios sociales del Ayuntamiento no lo
remedian, deberemos pagar un cuidador).
También hemos aprendido mucho de la cicatería del Departament de
Benestar Social de la Generalitat a las persones con TEA o con otros
trastornos y enfermedades invalidantes que, debido a la falta de plazas en
Servicios de Terapia Ocupacional, han permanecido en sus casas, a la espera
de que les fuera asignada. Cuando han renovado la solicitud de una plaza les
100
ha sido denegada de forma ilegal. O sea: estamos frente a prácticas
recurrentes de recortes no publicitados e ilegales.
SERVICIOS RESPIR (centros donde dejar a un familiar afectado unos
días, para permitir el descanso de los padres y de otros familiares
cuidadores): el único centro público existente para ciudadanos
barceloneses pertenece a la Diputación de Barcelona, absolutamente
colapsado. Por ello, a menudo debemos acudir a los servicios de una
asociación, lo cual supone asumir un coste que oscila entre los 350 y
los 500 euros para estancias que oscilan entre tres y cinco días). La
asociación en cuestión, al haberle sido retirada cualquier tipo de
subvención para el funcionamiento o para prestación de servicios, se
ve obligada a repercutir en sus usuarios no sólo el coste real de cada
servicio, sino también los costes fijos derivados del funcionamiento
normal de la asociación.
TERAPIAS DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN: Mi hijo
presenta un déficit comunicativo severo, y para combatirlo deberemos
recurrir a un gran profesional de este campo, una vez por semana,
para realizar una sesión de 45 minutos para emprender un proceso de
aprendizaje que puede durar entre seis meses y dos años, y que
también incluirá prácticas en nuestro domicilio familiar, que se
intentará que sean realizadas por estudiantes en prácticas, para no
encarecer el coste hasta hacerlo inasumible.
Me consta que muchas familias de niños afectados por TEA están siguiendo el
mismo camino.
Así, no sólo se ha ido imponiendo el copago como sistema prevalente para los
pocos servicios de titularidad pública existentes , sino que se está
incrementando el número de servicios cuyos costes reales son soportados
íntegramente por familiares /cuidadores, lo que aplicado en un contexto social
con una elevada tasa de paro, un descenso de las rentas medias del trabajo,
el incremento de familias situadas en el umbral de la pobreza, aboca a la
marginación y al deterioro a una buena parte de las persones afectadas por
TEA.Una situación análoga al resto de persones afectadas por una
discapacidad severa o una enfermedad mental crónica.
La "cirugía de caballo” que se está aplicando en los recortes, y el debate
previo y/o subsiguiente, solo tienen en cuenta los grandes números, el
tamaño de los sectores afectados, y nadie advierten los peligros de aplicar un
tijeretazo sobre una estructura muy endeble i chapucera como la de los
servicios a personas tan vulnerables como las afectadas por TEA y sus
familiares (y, repito, en general de los servicios a personas con fuertes
101
trastornos o enfermedades mentales graves),ya que algunos de los recortes
pueden provocar un desplome de enfermos y sus familias de consecuencias
sociales y personales aterradoras.
Como botón de muestra, el ejemplo catalán de las consecuencias de los
recientes recortes a la educación. El ex consejero de Educación, el señor
Ernest Maragall, en un ejemplo de cicatería social sin límites, decidió,
utilizando un plan de educación inclusiva, cerrar muchos centros de educación
especial (demasiado caros debidos a la ratio inferior profesor/alumno) e
integrar un sector muy importante de personas con discapacidad mental en
centros ordinarios, dotándolos de un número escaso de técnicos de apoyo
para atender a los nuevos acogidos para inclusión. Por ello, los últimos
recortes educativos perjudicarán a personas con TEA o discapacidades
mentales severas no sólo por el incremento del número de estudiantes por
aula (al restringir las posibilidades de atención personalizada a este tipos de
personas), sino también por el publicitado incremento del número de horas
lectivas, se conseguirá, a base de la detracción de horas de soporte a
personas con discapacidad o dificultades de aprendizaje. Ello puede suponer
que estas personas sean abandonadas a su suerte.
Así, por obra y gracias de los recortes, para este sector de poblaciones han
sido ampliadas las funciones de los Centros Ordinarios de educación, serán la
de simples aparcamientos que les alojarán durante unas horas, o, lo que es lo
mismo, asumirán funciones propias de los “Centros de Día”.
Si los únicos criterios utilizados por el poder político para determinar el tipo de
servicios de educación y de toda clase a personas con TEA son económicos
(despreciando los morales y éticos), y el elemento decisivo es el valor
cuantitativo o el coste del servicio, corremos el peligro de recuperar las
prácticas sociales de siglos anteriores: el confinamiento en sus domicilios
particulares o su internamiento en manicomios.
Éste es uno de los peligros de seguir por la senda de los recortes iniciada por
los gobiernos del PP y de CiU en Cataluña.
¿Un camino hacia el fin de la historia?
29/4/2012
102
La Biblioteca de Babel
Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde
La Sanidad está en venta. Y también nuestra salud
Prólogo de Vicenç Navarro
Icària, Barcelona, 2012, 112 pags.
He aquí un pequeño gran libro, importante por su contenido,
por el momento oportuno de su publicación y por el prestigio de sus autores,
profesores e investigadores universitarios (UPF) que nos dan una lección de
compromiso social, explicando al público general lo que está pasando en la
Sanidad Pública y ofreciendo propuestas de acción. Actitud esta no muy
frecuente entre nuestros intelectuales.
El mensaje principal de todo el libro es que hemos de defender el Sistema
Público de Salud frente a las políticas neoliberales que están desmontando
nuestro Estado de bienestar y menoscabando nuestros derechos. Y que
hemos de defender un Servicio Público, financiado suficientemente por una
fiscalidad progresiva, pero también mejorarlo, centrándolo en la salud y no en
la enfermedad y la medicalización creciente. En definitiva, un servicio que
garantice la equidad, la eficiencia y la calidad, y que disminuya las
desigualdades.
El libro consta de cinco capítulos que van de lo general a lo concreto, y que se
pueden resumir parafraseando sus mismos títulos, bien explícitos: 1. Salud
para algunos, o de las desigualdades en salud y la necesaria equidad; 2. La
salud, mucho más que la atención sanitaria: los determinantes económicos y
sociales de la salud y la necesidad de salud en todas las políticas; 3. El modelo
y la organización de un Servicio Nacional de Salud Público también es un
determinante importante de la salud, y la atención a la enfermedad es un
logro colectivo y un derecho que no podemos perder; 4. La amenaza de un
golpe de Estado contra la Sanidad Pública por el cual el neoliberalismo y los
103
intereses económicos de una minoría quieren hacer de la sanidad (con dinero
público) un negocio. 5. Retomar la salud en nuestras manos, ya que el silencio
y la pasividad son nocivos para la salud.
Como se puede ver, estamos ante una obra que se propone —y consigue—
analizar en profundidad los actuales problemas que amenazan a la salud y la
sanidad públicas, y que aporta once propuestas concretas para hacer frente a
las desigualdades sociales en salud. Conviene prestar atención a estas
cuestiones y que sepamos lo mucho que nos estamos jugando. Y también,
como afirman los autores al final del libro, que tengamos presente que solo el
“crecimiento de un movimiento popular, participativo y valiente, que defienda
y promueva la mejora de la sanidad pública es motivo de esperanza”.
Josep Martí Valls (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris)
19/4/2012
Isaac Rosa
La mano invisible
Seix Barral, Barcelona, 2012, 384 pags.
Isaac Rosa sigue en su empeño de desarrollar una escritura
crítica que rompe los códigos de la narración normal. En este caso aborda el
tema del trabajo, en concreto del trabajo manual. Vuelve la clase obrera, pero
no una clase obrera mítica y protagonista, sino el mundo del trabajo manual
de la posmoderninad. Un mundo donde los trabajadores han sido despojados
del aura de clase alternativa, donde el discurso de la cualificación profesional
y la carrera individual, de la crisis de la idea de socialismo, ha vuelto a
convertir los empleos “manuales” en un espacio de marginalidad. Rosa
construye una ficción que le permite describir la naturaleza real del trabajo de
millones de personas. Una descripción particularmente útil y certera. Se
aprende mucho del mundo del trabajo en estas páginas, lo que lo convierte en
una lectura obligada para todo izquierdista ilustrado, sobre todo para aquellas
personas con poca relación con los empleos manuales. Y se aprende mucho
de los mecanismos que consiguen de la gente un esfuerzo laboral innecesario.
104
Y ello sin caer en un maniqueísmo innecesario. Los hombres y mujeres que
llenan el libro son personas con valores, con subjetividad, no meros
comparsas, por más que en la obra predomine una visión estructural. Quizá
existe una cierta minusvaloración de la complejidad real de estas actividades,
pero esta es una cuestión menor, y discutible, respecto a lo mucho de
reflexión e información que contiene una obra de una escritura magnífica.
Albert Recio Andreu
27/4/2012
Miguel Romero
Conversaciones con la izquierda anticapitalista europea
Los libros de Viento Sur-La Oveja Roja, Madrid
Miguel Romero, veterano dirigente de la extinta Liga
Comunista Revolucionaria y alma máter de nuestra revista amiga Viento Sur,
ha realizado tres entrevistas a prominentes dirigentes de la izquierda
anticapitalista europea: el francés Olivier Besancenot (del Nouveau Parti
Anticapitaliste), la alemana Ulla Jelpke (de Die Linke) y el portugués Francisco
Louça (Bloco de Esquerda). Se trata de un texto breve, de lectura amena y en
el que aparecen bien planteadas algunas preguntas clave que uno puede
hacerse desde un planteamiento anticapitalista: ¿qué modelo organizativo
desarrollar para generar una alternativa política a la izquierda?; ¿cuáles son
los medios a desarrollar para promover el crecimiento organizativo?; ¿a qué
problemas se enfrenta un proyecto anticapitalista en las sociedades del siglo
XXI? Las respuestas no son fáciles ni las experiencias, parecidas. Una de las
virtudes del libro es que permite detectar estas dificultades, mostrar la
existencia de procesos diferenciados en cada país, constatar sus ventajas y
limitaciones. Y ello en un debate abierto con alguien que proviene de una
tradición tan consolidada como la trotskista, en cierta medida un diálogo entre
posiciones más o menos tradicionales dentro de una misma tradición política.
A pesar de su modestia, se trata de una buena obra para pensar el problema
central de todos los tiempos: ¿cómo generar un proceso que permita cambiar
de verdad la desastrosa realidad que nos ofrece y nos promete el capitalismo
105
real?
Albert Recio Andreu
27/4/2012
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En la pantalla
Robert Guédiguian
Las nieves del Kilimanjaro
Francia, 2012
Conciencia socialista, fragmentación de la clase obrera y amor
Robert Guédiguian nos regala otra maravillosa película que podríamos situar a
medio camino entre Marius y Jeanette y La ciudad está tranquila, pero con una
diferencia: ya no estamos en la Europa de mediados de los años noventa sino
en el Viejo Continente de la crisis.
Como la mayoría de las películas del director francés se sitúa en Marsella. Allí
se despliega la fuerza del sindicalismo del puerto, auténtica escuela de lucha
de clases. Nos cuenta la historia de un sindicalista que no se muestra
revolucionario o combativo (como en el último medio siglo lo fueron los
estibadores locales), sino claudicante aunque honesto y consciente. El
protagonista renuncia a sus prerrogativas como representante sindical
después de aceptar el despido colectivo de veinte de sus compañeros, entre
los que se incluye.
Su “heroísmo” individual queda truncado por el robo a mano armada que
sufren los protagonistas (interpretados por Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin y Gérard Meylan, como casi siempre en las obras del creador
marsellés). Este robo no tendría mayor trascendencia si no fuera por que el
agresor resulta ser alguien de su propia clase. La película constituye un
esfuerzo por superar el dolor y el estupor que les produce a los personajes
enfrentarse a esa realidad tan terrible como incomprensible.
La unidad de clase y el destino común se plasman en el filme a través de la
misma visión que de las grúas pórtico del puerto de Marsella tienen agresor y
agredidos. Pero ese elemento identitario que puede ser el trabajo se observa
en un caso desde el tranquilo barrio de L’Estaque y en otro desde el clásico
barrio obrero de barraquismo vertical que se depaupera en momentos de
crisis. Aunque indiscutiblemente hablamos de una misma clase, no podemos
esconder que se trata de dos realidades distintas: por un lado, aquellos que
consolidaron derechos y se estabilizaron como aristocracia obrera en las
últimas tres décadas del siglo XX, a la vez que participaron activamente en el
sindicato y mantenían referentes históricos del movimiento obrero. Por otro
lado, jóvenes que sólo han conocido contrato temporal tras contrato temporal
y ahora desempleo y más desempleo, que no han conocido el sindicalismo
como instrumento de confrontación y victoria, sino de concertación y derrota,
107
a la vez que sus alternativas son las individuales.
Pero no sólo se nos dibuja la fragmentación de la clase obrera sino también la
desconfianza y el recelo entre la misma. Jóvenes precarios que observan el
sindicato como algo ajeno, aristocracia obrera que se encierra en
urbanizaciones y exige medidas punitivas para quien busca salidas
individuales con violencia. Sin querer huir de la crítica a la pequeña
delincuencia, ingenuos seríamos si no viéramos que ante la falta de
alternativas revolucionarias existe un proceso material por el cual un sector
de la clase trabajadora se verá abocada a la lumpenización. Pero no, nunca
debemos confundir a la víctima con el verdugo.
Inteligente es la plasmación de cómo la mujer y el hombre progresistas
resuelven el problema con una expresión clara de comportamiento de género.
La opción por el amor es el cortoplacismo que los personajes expresan, la
necesidad de unidad de acción, la moraleja de Guédiguian, y el fracaso del
sindicalismo de concertación, la discusión que no se aborda.
El filme transita bañado en el mar y el sol del Mediterráneo, y su luz traspasa
la pantalla. Encontramos un Guédiguian todavía más maduro con unos
encuadres y una forma de incorporar a los personajes más pausados.
En el inicio y el final se recurre a los clásicos de la cultura socialista francesa,
de Victor Hugo a Jean Jaurès. Dejo para que se puedan conocer o recuperar a
través del filme grandes citas de los susodichos, pero regalo dos frases del
marxista francés en su etapa madura: "El valor consiste en buscar la verdad y
decirla, en no plegarse ante la ley de la mentira triunfante que pasa y en no
hacernos eco en nuestra alma, en nuestra boca y en nuestras manos de los
aplausos imbéciles y los abucheos fanáticos." "Nuestro deber es grande y
claro: propagar siempre la idea, estimular y organizar las energías, esperar,
luchar con perseverancia hasta la victoria final..."
Vidal Aragonés
29/4/2012
José Luis Gordillo
Cap a on va la guerra contra el terror?
El professor de Filosofia del Dret i investigador del Centre d'Estudis per la Pau
Josep Maria Delàs, José Luis Gordillo, va parlar de "Cap a on va la guerra
contra el terror?" en la quarta sessió del cicle "Vells i nous conflictes del segle
XXI". Organitzen el Centre Delàs i Fòrum Altair, amb la col·laboració de
l'Associació Amics de la Unesco de Barcelona i el programa TotsxTots, de Com
Ràdio.
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30/4/2012
109
El extremista discreto
El Zorro Blu
Pertinencias
Cuatro reales
Como es bien sabido, Dios está loco de atar, y le importan un carajo las
desgracias que se producen en su creación. De ahí la divina omnipresencia de
eso que llamamos azar. Por la ley de los grandes números, sin embargo, a
veces el azar hace justicia. Microjusticia. Ahora ha tomado partido por los
elefantes y en contra del Rey de España.
• • •
Un rey pachucho tiene la legitimidad que tiene y de donde le viene.
• • •
Dicen que el 23-F el Rey lloró. ¿Por qué nadie recogió aquellas lágrimas reales
en una redoma, como preciosa reliquia para la historia? Ahora Rajoy podría
subastarlas en Christie's para privatizar algo sin jorobar.
• • •
Entró un cazador en un bar, llegó a la barra y dijo: "Un bourbon". El bar se
vació en menos de lo que se tarda en contarlo.
* * *
Cuatro económicas
La prima de riesgo ha crecido tanto, tanto, que ya es una soprano coloratura
de riesgo. Puede acabar dejándote sin empleo, sin hospital, sin casa y sin
pensión.
¿Os acordáis de cuando Sin Principios decía que bastaba hacer las cosas con
sentido común? ¿Que no tocaría las pensiones?
Toca los cataplines, con perdón.
La crisis económica se ha convertido en una crisis cultural y social, pero
todavía no en una verdadera crisis política, que es lo que se echa en falta. Es
110
necesario cambiarlo todo para que todo pueda cambiar.
Los chicos y chicas que pasaron por las Facultades de Económicas
neoliberales podrían pedir responsabilidades indemnizatorias a las
universidades si esto fuera Norteamérica. Como es España, disfrutan de unos
diplomas que certifican la nada.
* * *
Una de cultura política elemental
Ruiz Gallardón, catapultado a ministro de Justicia, propone una cosa muy
americana, muy in: la cadena perpetua revisable. De momento para los
terroristas y luego ya se vería. Se ha quitado la máscara que se puso para ir al
programa de Buenafuente: la del chico que no se sabe por qué está en la
derecha. Y se ha puesto la de eventual sucesor duro de Rajoy para los tiempos
duros. El cuatro ojos no sabe que nunca llegará, o, si llega, será si acaso muy
viejecito, porque la de Rajoy va a ser una legislatura inolvidable —y única—
que no nos librará de nada.
Gallardón se enguarrará al pervertir todo el derecho penal, en el afán del PP
de liquidar el derecho de manifestación y contener las protestas mediante
medidas represivas. Cualquier cosa se va a llamar "atentado", cualquier cosa
"violencia", cualquier cosa "terrorismo", incluida la resistencia pasiva.
Un ministro de Justicia que se precie, ante todo, tendría que eliminar la
prescripción para los delitos cometidos por responsables políticos y personas
asimiladas, así como funcionarios públicos, en el ejercicio de sus cargos.
Porque ahora casi toda la corrupción prescribe, esto es, sale gratis.
Es casi lo único gratis que queda.
* * *
Cosas de los pollos sin cabeza
Los pollos sin cabeza van de la estupidez a la canallada; y, más en general, a
la ruina.
La Estupidez: encarecer las tasas universitarias para los estudiantes no
comunitarios. O sea: para los latinoamericanos, marroquíes y chinos. Una
medida de efectos políticos distantes en el tiempo y de efectos económicos
insignificantes. El Zorro arribafirmante agradece todavía hoy una modesta
beca que el gobierno francés le dio en su día. Los estudiantes "no
111
comunitarios" recordarán bien al gobierno español de los pollos sin cabeza.
La Canallada: negar la sanidad a inmigrantes irregulares.
(Aunque la canallada también es una estupidez: esa denegación de asistencia
sanitaria puede generar problemas de salud pública.)
Sin duda habrá más perlas de esos pollos.
La ruina, sin embargo, es el círculo vicioso en que esos prepotentes pollos del
PP han metido al país. Menos ingresos fiscales debido a menos actividad
económica llevan al Estado a endeudarse para atender los gastos corrientes
—entre otros, pagar la deuda creciente—; eso agiganta y encarece (intereses
más altos) una deuda que era muy pequeña hace unos meses; para poder
pagar, se recortan gastos; y al recortar gastos, disminuyen más la actividad
económica y la recaudación fiscal, por lo que el problema se ha agravado y
vuelta a empezar. Los Rajoyes, Guindos y Montoros no se han enterado aún
de que para crear actividad económica y empleo se precisa gasto de Estado y
no al revés. Cualquier otra política lleva a un hundimiento económico de
lustros.
* * *
Las reales culpas
¿De qué se ha disculpado el rey? ¿Qué culpa ha reconocido? ¿La de intentar
matar elefantes? ¿La de dejarse invitar a un safari en África? ¿Que le pillaran?
Si matar elefantes revela una sensibilidad ecológica y etológica nula, no es
creíble el "no volverá a ocurrir". La sensibilidad no cambia en cinco minutos.
"No volverá a ocurrir" es "No me volverán a pillar".
¿Dejarse invitar? Esto es más peliagudo. Una invitación a un safari en
Botsuana sale como poco a 20.000 euros, viaje incluido. Pero cuando se invita
a un rey ya se sabe que no va solo. Supongamos que le acompañaron sólo
tres personas. Eso suma más que los trajes de Camps. Lo peor es que este
tipo de regalos no se hacen gratis et amore. Tarde o temprano se sugiere un
do ut des. ¿No sabe el rey lo que es un conseguidor? ¿De dónde aprendió el
yerno?
Probablemente por esto se ha disculpado el rey. Como es inimputable, le
basta decir "no volverá a ocurrir". Un presidente de la república tendría que
irse. Ésta es la diferencia fundamental entre monarquía y república.
112
Al Zorro que suscribe, sin embargo, estas reales disculpas le importan un
pimiento. Los pecadillos no pasan de ser pecadillos. Pero:
Aún espera disculpas reales por haber impulsado cuando menos la carrera del
general Armada; y por haber mantenido relaciones de proximidad y cercanía
con delincuentes como Mario Conde, Javier de La Rosa o Prado Colón de
Carvajal.
Aún espera disculpas reales —o una explicación autocrítica— por haber
considerado legítima la insurrección militar de 1936 y "tristes pero necesarios"
los sufrimientos que ocasionó —en su discurso de aceptación de la
designación franquista como sucesor a título de rey—.
Aún sigue en primer plano la "legitimidad" franquista de un rey que ni siquiera
ha jurado la constitución. Eso lo saben hasta las ardillas. Las plumas corifeas,
en cambio, evitan hablar de la República y se inventan la posibilidad de
abdicación. Aunque el Zorro arribafirmante no es Ortega y Gasset, puede
coincidir con éste: Delenda est monarchia!
25/4/2012
113
De otras fuentes
Carlos Jiménez Villarejo
Conseller Puig, no a la delación
El Conseller Puig, es decir, el Gobierno de Catalunya, ha tomado una iniciativa
preocupante por su abierto contenido antidemocrático. Con el pretexto de la
lucha contra lo que denomina "violencia urbana" ha decidido perseguir como
si fueran delincuentes a personas inocentes. Lo está haciendo a través de una
página web del Departamento de Interior en la que solicita la "colaboración
ciudadana" para la identificación de 68 personas cuyas fotografías figuran en
dicha página web. Es una evidencia que sobre dichas personas, identificadas o
no, no hay abierto ningún procedimiento judicial penal y, por tanto, no pesa
sobre ellas ningún mandamiento judicial de busca y captura. El primer
problema que plantea esta forma completamente atípica e irregular de luchar
contra la supuesta delincuencia es recurrir a la reproducción pública de
fotografías de personas de las que la Policía de la Generalitat dice disponer de
"elementos de incriminación por su participación en actos delictivos o
vandálicos". Resulta sorprendente que pueda hablarse tan ligeramente nada
menos que de “incriminación” de ciertas personas por unos supuestos actos
denominados “vandálicos” que no están incluidos en el Código Penal y, por
tanto, carecen absolutamente de relevancia en una investigación policial,
puesto que es obvio que cualquier policía solo puede investigar hechos
calificados como delitos o faltas en dicho Código.
Para ello, dicha Policía solicita la colaboración ciudadana para "la
identificación" de dichas personas como forma, dice, de implicar a la
ciudadanía en la lucha "para erradicar los episodios de violencia urbana".
Resulta evidente que dicha página web es una llamada a la delación
organizada e incitada por una Policía que, además de ser gravemente ineficaz
en el cumplimiento de sus funciones, se muestra una vez más por encima de
las leyes. Y, desde luego, por encima de los principios éticos exigidos por
todas las declaraciones internacionales sobre el comportamiento de las
policías democráticas.
Es significativo el paralelismo de esa página web con el decreto franquista de
2 de septiembre de 1941 "sobre la regulación de presentación de denuncias",
que, decía entonces el dictador —que era quien firmaba el decreto—, tenía
como finalidad que las denuncias no se basaran "en estímulos personales de
tipo vindicativo sino en móviles de justicia y de exaltación patriótica". Ahora,
la lucha contra la violencia urbana ha sustituido al móvil patriótico de
entonces o quizás se confundan. Es lo cierto que en dicho decreto las
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denuncias, con ser un régimen totalitario, estaban sometidas a mayores
garantías que la solicitud de colaboración ciudadana que ahora se solicita.
Entre otros extremos, se exigía que el denunciante presentara "dos testigos
de conocimiento" y acreditara "la verosimilitud de los hechos denunciados".
Nada de esto se exige ahora, es más, se garantiza a los ciudadanos que
colaboren en la identificación de las personas fotografiadas "la plena
confidencialidad de su identidad", promesa absolutamente irrelevante, porque
en el caso de que se iniciara un proceso penal contra cualquiera de esas
personas por supuestos hechos delictivos, los denunciantes tendrán que ser
identificados. Por otra parte, el ciudadano, ante la comisión de cualquier clase
de delitos, solo tiene una obligación, la que desde siempre ha establecido el
artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "El que presenciare la
perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo
inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción…", o de otras
autoridades judiciales o, en su caso, de la Policía. Fuera de esta obligación
legal, los ciudadanos no pueden ni deben bajo ningún concepto sustituir lo
que es una función exclusiva de la Policía judicial, que es la que tiene la
obligación de "descubrir" a los “delincuentes" y otras tareas relacionadas con
la comprobación del delito.
Por otra parte, resulta sorprendente que a estas alturas del proceso
democrático se pueda exponer públicamente la fotografía de cualquier
persona, porque, sencillamente, lo prohíbe la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de Protección Civil del Derecho a la Propia Imagen. En ella se considera
una “intromisión ilegítima” en ese ámbito personal, protegido
constitucionalmente, "la captación, reproducción o publicación por fotografía,
filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares
o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en
el artículo octavo, dos", excepciones que en modo alguno concurren en este
caso. Es consecuente, pues, plantear que la citada página web quebranta
abiertamente una ley que garantiza y protege derechos fundamentales.
Concluyendo, la citada página web expresa una concepción autoritaria y
franquista del orden público donde ya parecen no regir las leyes y la ética. Por
ello, la respuesta serena y democrática de la ciudadanía debe ser, como
expresión de un acto colectivo de desobediencia civil, el rechazo de cualquier
forma de colaboración con la Policía de la Generalitat en la identificación de
las personas tan injustamente tratadas y expuestas a la afrenta pública. En
definitiva, estamos volviendo, como en el pasado, a la defensa de los
derechos civiles.
[Fuente: blog La Lamentable.]
25/4/2012
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Dani Gómez-Olivé y Iolanda Fresnillo
La auditoría ciudadana para dejar de vivir en deudocracia
Como todo el mundo sabe, en los últimos años una importante crisis de deuda
está afectando a numerosos países europeos. Los ajustes y recortes
impuestos por los acreedores, sean los mercados internacionales o el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE) o el Banco Central
Europeo (BCE), afectan a diario a miles de familias de toda Europa. ¿Es muy
distinta esta crisis de la vivida por los países del Sur en las décadas de los
ochenta y noventa? ¿Cuál es la situación del Estado español? ¿Somos iguales
a Grecia? Y, sobre todo, ¿qué alternativas hay ante la tiranía de la deuda?
¿Podemos decir "no" a pagar la deuda?
La deuda en el Sur
La primera cuestión que deberíamos tener en cuenta al hablar de la deuda es
que muchos otros países han pasado antes por lo que estamos viviendo
actualmente en Europa. Como sabemos, la deuda externa ha sido durante
décadas una herramienta de dominación y neocolonialismo que ha transferido
del Sur Global al Norte Global ingentes cantidades de dinero y de recursos
naturales. Es importante, pues, revisar qué ha supuesto y supone aún la
deuda del Sur y qué respuestas se han dado.
En la década de los setenta, bancos del Norte e instituciones financieras
internacionales inundaron los países del Sur, en especial América Latina, pero
también Asia y África, de crédito barato. El exceso de liquidez debido al
aumento del precio del petróleo, la necesidad de subvencionar las
exportaciones y el uso de crédito como instrumentos de apoyo a gobiernos
amigos durante la Guerra Fría, fueron algunos de los factores que hicieron
aumentar los préstamos hacia el Sur y, por lo tanto, su deuda externa. A
principios de los ochenta, la repentina subida de los tipos de interés y la caída
de los precios internacionales de las materias primas llevaron a muchos
países a una crisis de deuda que hoy en día aún pesa sobre ellos.
Estos países, exhaustos, no pudieron seguir pagando a sus acreedores e, igual
que han hecho Grecia, Irlanda o Portugal ahora, acudieron a las instituciones
financieras internacionales, en especial al FMI y el Banco Mundial, en busca de
ayuda. Estas instituciones les ofrecieron nuevos créditos, para que los países
endeudados pudieran hacer frente al pago de la deuda acumulada, pero a
cambio de la exigencia de aplicar reformas, privatizaciones y recortes que, de
hecho, imposibilitaban garantizar el bienestar de la población. ¿Les suena de
algo? Estos ajustes, conocidos como “Planes de Ajuste Estructural”, no sólo
implicaron recortes sociales, sino también la imposición de un modelo
116
económico basado en la apertura de los mercados y la exportación a cualquier
precio de materias primas, con el único objetivo de conseguir divisas para
pagar a los acreedores. Lejos de significar una salida a la crisis de la deuda,
estos planes hundieron a numerosos países en décadas de empobrecimiento,
aumentaron las desigualdades y supusieron una incesante transfusión de
recursos hacia sus acreedores.
Esta misma lógica de huida hacia delante, en que se da prioridad al pago de la
deuda por encima de cualquier prestación social, es la que ahora se está
imponiendo a Europa. Asimismo, la historia es sabia y nos cuenta que es el
modo en que los diferentes países decrecen, soberanamente o de manera
impuesta, afrontar la deuda, cosa que puede marcar la diferencia.
Efectivamente, ahora sabemos que los países que han hecho prevalecer su
soberanía por encima de la imposición de los acreedores son los que mejor
han salido de sus respectivas crisis de deuda. Este es el caso de Argentina,
que suspendió el pago de buena parte de su deuda en 2001; de Ecuador, que
llevó a cabo una auditoría de su deuda y anuló los créditos ilegítimos en 2009,
o de Malasia, que en el momento de la crisis del sudeste asiático en 1997
evitó el FMI y sus programas de ajuste estructural e hizo que los indicadores
económicos se recuperaran más rápidamente que los de sus países vecinos.
¿Cuál es el camino que seguiremos en el Estado español? La respuesta está
en nuestras manos. Para empezar, debemos comprender cómo hemos llegado
a la situación actual de sobreendeudamiento de nuestra economía. Para poder
rebelarnos desde el conocimiento y exigir que no nos hagan pagar una fiesta
que es suya…
¿Cómo empezó la crisis de la deuda aquí?
La raíz del problema en nuestro país no difiere mucho del origen de la crisis de
los países del Sur hace cuarenta años. Actualmente, como en los años
setenta, las economías con excedentes de capital (como es el caso de
Alemania, a principios del siglo XXI) necesitaban colocarlos en países
deficitarios (como es el caso del Estado español). De esta forma, desde la
entrada en vigor del euro, el crecimiento de Alemania se ha acentuado gracias
al endeudamiento de los países más débiles de la unión monetaria. Al igual
que en los años setenta con los países del Sur, Alemania ha ido financiando la
exportación de sus bienes y servicios hacia los países periféricos de la UE
mediante la concesión de créditos.
Promotoras y constructoras españolas pudieron endeudarse de manera
irracional debido a la facilidad que tenían para encontrar crédito barato que
procedía en gran medida, directa o indirectamente, de Alemania, con una fe
ciega en que éste era un negocio que nunca conllevaba pérdidas. Así, los
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bancos alemanes prestaron directamente a los empresarios del negocio del
ladrillo español e, indirectamente, prestaban dinero a los bancos españoles,
que también quisieron sacar tajada de la burbuja inmobiliaria. Fue de esta
manera que los bancos españoles pudieron otorgar tan fácilmente cientos de
miles de hipotecas y de créditos a familias y empresas españolas,
especialmente al sector de la construcción. Por eso, podemos afirmar que en
el origen de esa abultada deuda privada hay una parte de responsabilidad
—o, mejor dicho, de irresponsabilidad— de los que prestaron sin ningún
control sobre la capacidad real de retorno de estos créditos.
¿Cuál es la deuda total de la economía española?
Podemos estimar la deuda de toda la economía española en el 400% del PIB,
cifra que, en números absolutos, rondaría los 4,25 billones de euros. Del total
de la deuda, la cantidad que deben las administraciones públicas representa
cerca de 700.000 millones de euros, la de las familias españolas es inferior al
billón de euros y la de las empresas es de 1,3 billones. Respecto a la deuda
que los bancos españoles han contraído entre ellos o con acreedores
internacionales (ya sea con bancos privados o públicos, como el BCE, o con
fondos y seguros), se sitúa alrededor de los 1,35 billones de euros. Por lo
tanto, la deuda pública representa sólo el 16% del total que se exige a la
economía española, mientras que los actores privados acumulan el 84% de la
deuda total. Son, pues, los bancos (con un 32%) y las empresas financieras
(con un 31%) los principales causantes del sobreendeudamiento de la
economía española. Es por eso que, aunque constantemente se asegura que
el Estado español tiene un problema de deuda soberana, lo cierto es que el
problema reside fundamentalmente en la deuda que ha acumulado el sector
privado, que es el que se ha endeudado hasta niveles insostenibles. Este
sector privado, en especial el bancario, está avalado en gran parte por el
Estado.
Respecto de la deuda externa española, es decir, la deuda contraída con
acreedores extranjeros, asciende a 1,7 billones de euros, cifra que representa
aproximadamente el 170% del PIB español, menos de la mitad de la deuda
total. De toda esa deuda externa, la parte de deuda pública con el extranjero
representa únicamente el 18%, mientras que todo el sector privado debe el
82% restante. En total, la deuda privada externa está cerca del 140% del PIB
español. En un momento de estancamiento de la economía y con más de
cinco millones de personas en el paro, un posible impago de la deuda externa
por parte de los deudores privados tendría efectos inmediatos también sobre
los acreedores extranjeros.
Si nos centramos en la deuda pública, que, como hemos visto, es una
pequeña porción del total, veremos que, hasta finales del año 2010 y con una
118
deuda soberana del 60,1% del PIB, el Estado español cumplía estrictamente
los criterios de Maastricht. De hecho, la deuda pública española es de las más
bajas entre los países de la zona euro, ya que en muchos de estos países la
deuda pública supera sorprendentemente el umbral del 60% establecido en
Maastricht desde hace ya tiempo. Es el caso de Francia (82%), Alemania
(83%), Portugal (93%), Irlanda (96%), Bélgica (97%), Italia (119%) o Grecia
(143%), mientras que la media de la UE es del 80%. A la espera de que se
confirmen los datos, la deuda pública española se situó alrededor del 70% del
PIB a finales de 2011, un nivel inferior a la media europea, pero creciente por
las necesidades del gobierno central de emitir deuda pública para afrontar las
ayudas a los bancos privados y el aumento del déficit.
La presión de la UE y de los mercados para sanear (reducir el déficit y la
deuda de las administraciones públicas) se debe en parte al hecho de que son
precisamente los bancos alemanes y franceses los que mayor deuda contraída
tienen con la economía española (tanto pública como privada). Son estos
mismos bancos los que presionan para que la economía pública española esté
tan saneada como sea posible, por si se diera el caso de que el Estado
español se tuviera que hacer cargo de la deuda privada de los bancos
españoles de los cuales ellos mismos son también acreedores.
Sin embargo, menos de la mitad de la deuda pública está en manos
extranjeras. En realidad, son los bancos y las inversoras españolas los
principales acreedores de la deuda pública española, ya que poseen el 55%
del total. Así, como acreedores, obligan al gobierno a priorizar el pago de la
deuda que el Estado tiene con ellos por encima de su obligación básica, que
es la de cubrir las necesidades sociales básicas de la población. Esta
obligación se ha trasladado ahora a la Constitución española. En efecto, la
reciente reforma de la Constitución no sólo fija un límite al déficit público, sino
que establece que el pago de la deuda “disfrutará de prioridad absoluta”.
Además, determina que los créditos que genera esa deuda “no podrán ser
objeto de enmienda o modificación”, y de esta forma limitan la capacidad
soberana de negociar una reestructuración de la deuda o incluso de decidir su
repudio en caso de que sea necesario.
Esta presión de los mercados financieros, foráneos o locales, va en detrimento
de la ciudadanía, que se está quedando sin recursos a causa de los recortes, y
que necesita más que nunca servicios públicos tan esenciales como la
sanidad, la educación o los servicios sociales. Ante esta situación, la cuestión
acaba siendo no si podemos no pagar la deuda, sino si podemos siquiera
permitir pagarla, a costa del empobrecimiento de la población. Dada la
imposibilidad de asumir, social y económicamente, el pago de la deuda, ¿por
qué no la auditamos para repudiar toda esa parte que pueda resultar
ilegítima? Eso han hecho otros y no les ha ido tan mal…
119
La ciudadanía dice "no" a vivir en deudocracia
Desde el pasado mes de octubre, en diferentes ciudades del Estado ha
empezando un proceso para realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda en
el Estado español. Personas vinculadas a la red ¿Quién debe a quién?, al 15M,
a Attac, a Democracia Real Ya y a otros grupos, o a título individual, están
participando en un proceso para definir cómo queremos que sea esa auditoría,
qué deudas queremos auditar, quién debe participar en este proceso y con
qué objetivos. A partir del pasado 25 de marzo se puso ya en marcha la
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda “¡No debemos! ¡No pagamos!”.
En un momento en que la posible suspensión de pagos de Grecia es cada día
más factible y en que cada vez es también más evidente que las medidas de
ajuste y los recortes no están ayudando a salir de la crisis, la ciudadanía de
diversos países europeos ha querido dar un paso adelante no sólo para
informarse y formarse, sino también para construir salidas alternativas a la
crisis. Sólo cuando los pueblos conozcan la verdad podrán reclamar sus
derechos y oponerse con fuerza a las medidas de austeridad y a la carga
insostenible de la deuda. Así, en Grecia, Irlanda, Portugal, Francia o Italia, la
sociedad civil crítica opta por la Auditoría como mecanismo ciudadano para
conocer las causas reales de la crisis y denunciar a los responsables.
Vistas no tanto como un fin en sí mismas, sino como un medio para evidenciar
las irregularidades, irresponsabilidades e ilegalidades que se ocultan bajo los
procesos de endeudamiento, las auditorías deben permitir avanzar en el
camino hacia el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda. En los últimos
años ha habido importantes avances en ese sentido, que culminan con la
Auditoría Integral del Crédito Público realizada en Ecuador en 2008,
promovida por el propio gobierno. Los resultados de esa auditoría permitieron
poner sobre la mesa numerosas irregularidades y demostrar la ilegitimidad de
buena parte de la deuda de Ecuador, permitiendo una renegociación de la
deuda contraída por el Estado con acreedores privados y un ahorro de 2.200
millones de euros más 6.000 millones en intereses. Un ahorro que se tradujo
en recursos para el gasto social. Más allá del caso de Ecuador, movimientos
sociales en Brasil, Zimbabue o Filipinas, entre otros, han logrado impulsar
procesos ciudadanos de auditoría.
En cualquiera de estos casos, la apuesta de la sociedad civil es realizar
auditorías integrales, que analicen tanto el proceso de endeudamiento
financiero como las consecuencias e impactos sociales, económicos y
ambientales resultantes de la ejecución del objeto del préstamo (en el caso de
créditos para proyectos) y de las condicionalidades impuestas.
Como sociedad civil, nuestra función no debe reducirse sólo a denunciar la
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existencia de deudas ilegítimas. Los procesos de acumulación de deudas
ilegítimas se han llevado a cabo frecuentemente en nombre del progreso
económico y del bienestar de la población, cuando en realidad sólo han
servido para enriquecer a una minoría. Así pues, la auditoría nos permite no
sólo señalar lo que se ha hecho de forma irresponsable, sino también ayudar a
construir nuevas alternativas, en forma de nuevos modelos productivos y de
consumo, nuevos sistemas financieros y de modelos de gestión de los
recursos públicos, entre muchas otras cuestiones que, sumadas, deberían
llevarnos a superar el capitalismo.
[Publicado originalmente en la revista Entrepueblos-Cooperación
Pueblo a Pueblo, n.º 57 (primavera de 2012). Traducción del catalán
de Pau Grosc Alsina. Dani Gómez-Olivé y Iolanda Fresnillo son
miembros del Observatorio de la Deuda en la Globalización y de la
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda “¡No debemos! ¡No
pagamos!”]
12/4/2012
Josep Fontana
Más allá de la crisis
De lo que quisiera hablarles no es tanto de la crisis actual como de lo que está
ocurriendo más allá de la crisis: de algo que se nos oculta tras su apariencia.
Para explicarlo necesitaré empezar un tanto atrás en el tiempo.
Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de
una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la
producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la
abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución
neolítica y la revolución industrial. Después había venido la lucha por las
libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la
victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que permitió el
asentamiento del Estado de bienestar. No me estoy refiriendo a una visión
sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino a algo tan respetable
como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la
cual, cito por la Wikipedia, “se representa el pasado como una progresión
inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.
Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto
de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del
progreso fuese inevitable —la ilusión de que teníamos la historia de nuestro
lado, lo que nos consolaba de cada fracaso—, sino la consecuencia de unos
equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de
121
revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos
de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio
de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.
Para decirlo simplemente, desde la Revolución francesa hasta los años
setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron
atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer
que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero
fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los
anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas
fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero
ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.
En un artículo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el
pasado mes de octubre se podía leer: “Los beneficios sociales fueron el fruto
de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a
no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la Revolución
francesa para acá. Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que
ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se
trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de
mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes
mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.
Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de
doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba
más claro que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones —en 1968 se
habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga—, ni tenían
la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a
partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los
burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así
siguen hoy.
Déjenme examinar esta cuestión en su última etapa. El período de 1945 a
1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que
un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de
la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo que aumentaba la
productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte
de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que
Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, describe como el
acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo
suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”. Era, se ha
dicho, “una democracia de clase media” que implicaba “un contrato social no
escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las
masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.
122
Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del
petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera
consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial
del mundo disminuyera en un 10% y que millones de trabajadores quedaran
en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Éstos fueron,
por esta razón, años de conmmoción social, con los sindicatos movilizados en
Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió
retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los
Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio
de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el
momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace
del Estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.
La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de
libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países,
donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales, más débiles, e
importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores
beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la
capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus
condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron un
7% de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después
de la crisis.
Así se inició lo que Paul Krugman ha llamado “la gran divergencia”, el proceso
por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 1% de los más
ricos y el empobrecimiento de todos los demás. En los Estados Unidos, que
citaré con frecuencia por dos razones —porque disponemos de buenas
estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo
que va a pasar aquí más adelante—, se pudo ver en vísperas de la crisis de
2008 que este 1% de los más ricos recibía el 53% de todos los ingresos (esto
es, más que el 99% restante).
En las primeras etapas este proceso tal vez resultaba poco perceptible, pero
cuando sus efectos se fueron acumulando acabaron despertando la conciencia
de una desigualdad social en constante aumento. En mayo de 2011 Joseph
Stiglitz publicó un artículo que se titualaba: “Del 1%, para el 1% y por el 1%”,
donde decía que los norteamericanos, que estaban contemplando cómo se
producían en muchos países, por ejemplo en los de la primavera árabe,
protestas contra regímenes opresivos que concentraban una gran masa de
riqueza en las manos de una élite integrada por muy pocos, no se daban
cuenta de que esto ocurría también en su propio país.
Éste del 1% ha sido uno de los lemas principales de los movimientos de
123
ocupación que se han desarrollado en diversas ciudades norteamericanas.
Pero Krugman ha hecho un análisis aún más afinado que muestra que son en
realidad el 0,1% —esto es, el 1 por mil de los norteamericanos— los que
concentran la mayor parte de esta riqueza. “¿Quiénes son éstos del 1 por mil?
—se pregunta—. ¿Son heroicos emprendedores que crean lugares de trabajo?
No. En su mayor parte son dirigentes de compañías [...] o ganan el dinero en
las finanzas.”
Los resultados a largo plazo de la gran divergencia, que se iniciaba en los
Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años setenta y se extendió después
a Europa, transformaron profundamente nuestras sociedades. Las
consecuencias de una inmensa redistribución de la riqueza hacia arriba no
sólo se han manifestado en el empobrecimiento relativo de los trabajadores y
de las clases medias, sino que han dado a los empresarios una influencia
política con la cual, a partir de ese momento, les resulta cada vez más fácil
fijar las reglas que les permiten consolidar su poder.
Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento
del mercado, como se pretende que creamos, sino el de una acción
deliberada. Su origen es netamente político. El primer programa que inspiró a
este movimiento lo expresó Lewis Powell en agosto de 1971 en un
“Memorándum confidencial. Ataque al sistema norteamericano de libre
empresa”, escrito para la United States Chamber of Commerce, que se
encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell denunciaba el riesgo
que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al
“sistema de libre empresa”, expuestas no sólo por extremistas de izquierda,
sino por “elementos totalmente respetables del sistema”, e insistía en la
necesidad de combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación.
El memorándum tenía una primera parte sobre la amenaza que representaban
los “estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de
comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los
científicos”, y proponía planes de ataque para limpiar las universidades y
vigilar los libros de texto, para lo cual pedía a las organizaciones
empresariales que actuasen con firmeza. No me ocuparé ahora de esta batalla
de las ideas, que ha llegado hoy al extremo de proponer la eliminación de la
escuela pública, sino de otra parte del memorándum que tendría
consecuencias más inmediatas y trascendentales. Powell advertía: “No se
debe menospreciar la acción política, mientras esperamos el cambio gradual
de la opinión pública que ha de conseguirse a través de la educación y la
información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace
tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de
que el poder político es necesario; que este poder debe cultivarse
asiduamente y que, cuando convenga, hay que usarlo agresivamente y con
124
determinación”.
Para emprender este programa se necesitaban organizaciones empresariales
potentes, que dispusieran de recursos suficientes. “La fuerza reside en la
organización, en una planificación y realización persistentes durante un
período indefinido de años.” Este llamamiento a la lucha política tuvo efectos
de inmediato en la actividad de las asociaciones empresariales y sobre todo
de la United States Chamber of Commerce, que pretende ser hoy “la mayor
federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más
de tres millones de empresas”. Estas asociaciones no sólo emprendieron
grandes campañas de propaganda, sino que acentuaron su participación en
las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, en una
actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión
del Tribunal Supremo Citizens United, que ha liberalizado las inversiones de
las empresas en la política, en nombre del derecho a la libre expresión (esto
es, considerando a las empresas como personas y atribuyéndoles los mismos
derechos). La gran cuantía de recursos proporcionados por los empresarios
explica, por ejemplo, que la United States Chamber of Commerce invirtiese en
las elecciones norteamericanas de 2010 más que los comités de los dos
partidos, demócrata y republicano, juntos.
No se trata tan sólo de donativos para las campañas, sino también de formas
diversas de pagar sus servicios a los políticos, entre ellas la de asegurarles
una compensación cuando dejan la política. Y, sobre todo, de la actuación
constante de los llamados “lobbyists”, que atienden las peticiones de los
políticos. En el pasado año 2011 se calcula que las empresas han gastado
3.270 millones de dólares en atender a los congresistas y a los altos
funcionarios federales. Entre 2008 y 2010 las treinta mayores compañías
gastaron más en esto que en pagar impuestos.
¿Qué ha conseguido el mundo empresarial con este asalto al poder? En julio
del año pasado, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase,
escribía, en una carta dirigida tan sólo a sus clientes que se conoció porque la
descubrió un periodista, que “los márgenes de beneficio han conseguido
niveles que no se habían visto desde hace décadas”, y que “las reducciones
de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora. La
compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al
mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las
empresas como del PIB de los Estados Unidos”.
Otro beneficio indiscutible ha sido la disminución de sus contribuciones al
sostén del Estado. El peso político creciente de las empresas ha conducido a
la situación paradójica de que éstas escapen a la fiscalidad por la doble vía de
negociar recortes de impuestos y exenciones particulares, y de tener libertad
125
para aflorar los beneficios en las subsidiarias que tienen en paraísos fiscales,
donde apenas pagan impuestos. Un estudio de noviembre de 2011 concluye
que el conjunto de las 280 mayores empresas de los Estados Unidos no han
pagado en los tres últimos años más que un 18,5 % de sus beneficios. Pero es
que una cuarta parte de éstas han pagado menos del 10%, y 30 de las más
grandes no han pagado nada en tres años, sino que encima han recibido
devoluciones. Lo que se dice de las empresas se aplica también a los
empresarios: de 1985 a 2004, los 400 americanos más ricos han pasado de
pagar un 29% de sus ingresos a tan sólo un 18%, mucho menos que los
pequeños comerciantes o los trabajadores a sueldo. Y cuando Obama
pretendió que quienes ganasen más de un millón de dólares al año pagasen el
mismo tipo que el ciudadano medio norteamericano, no consiguió que el
Congreso aprobase la medida. Como ha dicho Stiglitz: “Los ricos están usando
su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aún más
ricos. En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores
rendimientos invirtiendo en Washington”.
Hay un tercer aspecto de estos beneficios que es la desregulación de las leyes
que controlan algunos aspectos de la actividad empresarial. Un estudio
reciente de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, que han
analizado el papel de las contribuciones económicas de las empresas en la
política, llega a la conclusión, que les leo literalmente, de que “el gasto
realizado está directamente relacionado con la posibilidad de que un
legislador cambie de postura en favor de la desregulación”. Esto, que en el
sector de la industria les ha permitido reducir, o incluso anular, los gastos
relacionados con el control de la polución, ha tenido en la actividad financiera
unas consecuencias que son las que han conducido directamente a la crisis de
2008.
Gracias a la supresión de controles sobre sus actividades, que culminó
durante la presidencia de Clinton, las entidades financieras pudieron lanzarse
a un juego especulativo con derivados y otros productos de alto riesgo, que
parecían más propios de un casino de juego que de la banca, mientras los
dirigentes de la Reserva Federal estimulaban el optimismo de los
especuladores, rebajando los tipos de interés y animando al público a que
gastase, a que comprase casas con créditos hipotecarios e invirtiese en
operaciones financieras de riesgo.
Esta fiebre especuladora se producía en un país que, como resultado de su
desindustrialización, estaba convirtiendo en una actividad fundamental el
sector FIRE (Finance, Insurance and Real Estate; o sea, “Finanzas, seguros y
negocio inmobiliario”). Una desindustrialitzación semejante se ha producido
en Gran Bretaña, que de ser “la fábrica del mundo” quiso convertirse en “el
banco del mundo”, y que vive ahora con la angustia de lo que pueda suceder
126
si pierde esta gran fuente de exportación de servicios, teniendo en cuenta la
situación de una economía en que “la demanda interna será probablemente
escasa en muchos años [...], mientras los consumidores se esfuerzan en hacer
frente a sus deudas y el gobierno batalla por reducir el déficit presupuestario”.
Nuestra situación es más compleja, ya que si bien hemos perdido el tejido
industrial tradicional, contamos con una consideable industria de propiedad
extranjera a la que proporcionamos trabajo barato, o sea, que nos ha tocado
el papel de receptores de la industria que otros países más prósperos
deslocalizan, y que conservaremos mientras les sigamos garantizando salarios
bajos. Lo cual me mueve a preguntarme cómo se explica que, si el trabajo de
nuestros obreros es poco competitivo, como se argumenta para proponerles
rebajas de sueldos y derechos, Volkswagen, Ford o Renault se vengan a
fabricar coches aquí. En lo que sí nos vamos pareciendo a las economías
avanzadas es en el peso dominante que ha adquirido entre nosotros el sector
financiero.
La influencia política adquirida por los empresarios explica por qué, cuando se
ha producido la crisis —en Norteamérica, en Gran Bretaña o en España—, el
Estado ha corrido a salvar las empresas financieras con rescates
multimillonarios, pero no ha hecho un esfuerzo equivalente por remediar la
situación de los muchos ciudadanos que pierden sus hogares, al ser incapaces
de seguir pagando las hipotecas, ni por asegurar estímulos a las actividades
productivas con el fin de combatir el paro.
Lejos de ello, lo que se ha hecho, para justificar los sacrificios que se están
imponiendo a la mayoría, es difundir la fábula de que la crisis económica se
debe al excesivo coste de los gastos sociales del Estado, y que la solución
consiste en aplicar una brutal política de austeridad hasta que se acabe con el
déficit del presupuesto, lo cual, como veremos, resulta imposible a partir de
esta política.
Merece la pena escuchar esta historia como la cuenta Krugman: “En el primer
acto los banqueros se aprovecharon de la desregulación para lanzarse a una
especulación desbordada, hinchando las burbujas con préstamos
incontrolados; en el segundo las burbujas estallaron y los banqueros fueron
rescatados con dinero de los contribuyentes, mientras los trabajadores sufrían
las consecuencias, y en el tercero, los banqueros decidieron emplear el dinero
que habían recuperado en apoyar a políticos que les prometían bajarles los
impuestos y desmontar las pocas regulaciones que se habían impuesto tras la
crisis”. ¿Piensan ustedes que ésta es una historia exótica, que sólo puede
referirse a los Estados Unidos? Pues no; nosotros también tuvimos una
burbuja inmobiliaria desbordada, hinchada con los créditos que concedieron
bancos y cajas de ahorro. Ahora estamos en el segundo acto, el del rescate
127
“mientras los trabajadores sufren las consecuencias”. Nos queda el desenlace,
ese tercer acto que, si no se hace algo para evitarlo, será parecido: esto es,
que se recuperarán los bancos, pero no los puestos de trabajo, tal como está
ocurriendo hoy en los Estados Unidos.
Nadie ignora que la austeridad es incompatible con el crecimiento económico.
Peter Radford lo sintetiza en pocas palabras: “La austeridad disminuye una
economía. Es un acto de retroceso. Disminuye la demanda. Los ingresos caen.
Pagar las deudas a partir de una menor cantidad de dinero significa que hay
menos dinero para otros gastos. Del crecimiento se pasa a la decadencia”.
Una revisión del pasado demuestra que la política de austeridad nunca ha
funcionado y que no tiene sentido en la situación actual. Lo sostiene, por
ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de
Tokio, quien, tras haber analizado comparativamente la crisis económica de
los años treinta, las décadas perdidas de Japón y la crisis actual en los Estados
Unidos y en la “eurozona”, concluye que: “Aunque evitar el gasto público
exagerado es el modo adecuado de proceder cuando el sector privado de la
economía está en plena forma y maximiza los beneficios, nada resulta peor
que la restricción del gasto público cuando un sector privado en mal estado
está reduciendo sus deudas”. Actuar sobre una economía que ahorra pero no
invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar su situación.
Koo sostiene que la crisis, que empezó en el sector inmobiliario
estadounidense, sigue siendo una crisis bancaria, que ha acabado
contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos
problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas
constitucionales “es un completo disparate”.
Más contundente aún es la opinión que Krugman ha expresado esta misma
semana: “Lo más indignante de esta tragedia es que es totalmente
innecesaria. Hace medio siglo, cualquier economista […] os podría haber
dicho que austeridad en tiempos de depresión era una muy mala idea. Pero
los políticos, los entendidos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron,
sobre todo por razones políticas, olvidar lo que sabían. Y millones de
trabajadores están pagando el precio de su deliberada amnesia”.
No ha sido la deuda pública la causa de la crisis de los países del sur de
Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los
problemas de estos países no proceden de un exceso de gasto público, sino
que son una consecuencia de la propia crisis. Un análisis de la relación que ha
existido entre la deuda pública y el PIB de estos países, demuestra que estuvo
mejorando (esto es, disminuyendo) hasta 2007. El endeudamiento posterior
del Estado es consecuencia de las cargas que ha asumido como consecuencia
de la crisis bancaria, no de un exceso anterior de gasto público. Si leen
128
ustedes la prensa, fijándose en los datos que ofrece y no en la doctrina que
predica, verán que lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes es
cómo remediar el problema que para el sistema bancario representan las
grandes inversiones inmobiliarias efectuadas en años de euforia en que estas
fantasías se estaban financiando con nuestros ahorros.
No importa que economistas galardonados con el Premio Nobel, como Stiglitz
y Krugman, condenen la política de austeridad. Porque resulta que, en
realidad, esta política beneficia a los mismos que han causado el desastre y
favorece la continuidad de su enriquecimiento. Como dice Michael Hudson:
“No hay ninguna necesidad [...] de que los dirigentes financieros de Europa
impongan una depresión a la mayor parte de su población. Pero es una gran
oportunidad de ganancia para los bancos, que han conseguido el control de la
política económica del Banco Central Europeo [...]. Una crisis de la deuda
permite a la élite financiera autóctona y a los banqueros extranjeros endeudar
al resto de la sociedad”.
Los resultados se pueden ver ya en la experiencia de Grecia, donde las
medidas de austeridad impuestas por la Unión Europa y el FMI están poniendo
en peligro el propio crecimiento económico, y tienen unas durísimas
consecuencias sociales: los suicidios y el crimen aumentan, la masa de los
nuevos pobres está integrada por jóvenes que no encuentran trabajo y por
personas de media edad que han perdido el suyo, mientras faltan en los
hospitales los medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede
conducir a que resurjan allí la poliomielitis o la difteria.
Éste comienza a ser también el caso de España, donde la prensa anuncia que
el PP se propone ahorrar este año 6.000 millones en medicamentos. Como
dice Peter Radford: “¡Que se lo digan a los españoles! Ellos han probado ya
toda esta historia de la austeridad. Tanto que la tasa de paro es del 23%,
mientras las medidas que lo han producido no han conseguido frenar el déficit
público, que está a punto de superar el límite del 8% que el gobierno español
se había fijado como objetivo. ¿Se imaginan lo que ocurrirá ahora? Que los
españoles van a ver aumentar su sufrimiento. Están insistiendo en más
austeridad para estrujar su economía cada vez más”. Y ello, añade, “para
reducir un déficit que es menor que el de los Estados Unidos o el de Gran
Bretaña”.
Una reflexión adicional acerca del carácter más “empresarial” que “público”
de la crisis nos la puede proporcionar una información publicada por el New
York Times el 25 de diciembre pasado, que nos advierte que la crisis de los
bancos europeos, que los está obligando a deshacerse de activos, crea
buenas oportunidades de negocio para las empresas financieras
norteamericanas que, a pesar de sus problemas, están lanzándose a comprar
129
en Europa. En efecto, en un artículo publicado en La Vanguardia del 15 de
enero pasado —y el hecho mismo de que un periódico conservador publique
este tipo de análisis demuestra el desconcierto reinante entre nuestra
burguesía— no sólo se explica que los fondos de inversión norteamericanos se
han lanzado a comprar “gangas” europeas, como empresas y bancos
devaluados por la propia política de austeridad, sino que se nos dan las
razones: “La crisis bancaria europea está beneficiando a los fondos
extranjeros que aguardan a las puertas de Europa”. Por una parte, compran
empresas que han perdido valor porque los bancos se niegan a darles crédito,
a lo cual se añade que las medidas de recapitalización impuestas a los bancos
los han forzado a “vender activos por un valor de billones de euros”. Wim
Butler, del Citi Group, no dudó en decir en una conferencia pronunciada en
Bruselas: “De aquí a unos años todos los bancos europeos pertenecerán a
extranjeros”.
Las políticas restrictivas han llegado a tal punto de irracionalidad que desde el
propio Fondo Monetario Internacional se ha comenzado a advertir a los
dirigentes políticos europeos: “En la medida en que los gobiernos piensan que
deben responder a los mercados, pueden ser inducidos a consolidar
demasiado aprisa, incluso desde el simple punto de la sostenibilidad de la
deuda”. Como ustedes saben, el presidente actual de nuestro gobierno ya ha
dicho, cuando se aprestaba a rendir pleitesía a la señora Merkel, que lo
primero es cumplir con el deber de sanear los bancos y reducir el gasto
público: los puestos de trabajo, los hospitales o las escuelas no son
prioritarios.
Hay razones que ayudan a entender la inhumanidad de este capitalismo
depredador. Richard Eskow, que trabajó en un tiempo para Wall Street, dice:
“La gente que sufre por los efectos de los presupuestos austeros no son de la
clase de los que [estos capitalistas] conocen personalmente, sino que se trata
de empleados públicos, como maestros, policías, bomberos o funcionarios de
programas sociales; de gente que necesita de ayudas del gobierno, como los
pobres, y de otros de la clase media que han tenido la temeridad o de hacerse
viejos o de sufrir una incapacidad”. En realidad, los “superricos” no sólo se
sienten ajenos a todos éstos, sino que en el fondo los desprecian.
Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana, que fue la
primera en implantar estas reglas, nos indica la clase de futuro al que nos
conduce a todos la austeridad. Dos noticias de prensa publicadas alrededor de
la Navidad del año pasado ilustran sus dos caras. Sabemos, por una parte,
que la “paga” de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un
36,5% en 2010, al propio tiempo que aumentaba en 1.600.000 el número de
niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38%
respecto de 2007. El año pasado, el de 2011, no ha sido tan bueno para los
130
negocios de Wall Street; pero sabemos ya que esto no va a afectar a las pagas
millonarias de los dirigentes de Citigroup o de Morgan Chase, que van a
cobrar más de veinte millones de dólares.
Los empresarios son conscientes de que el aumento de la desigualdad es
nefasto para el crecimiento económico, en términos globales. Como señala
Robert Reich: “Con tanta parte de los ingresos y de la riqueza concentrada en
los más ricos, la amplia clase media no tiene ya el poder adquisitivo necesario
para comprar lo que la economía es capaz de producir [...]. El resultado es la
generalización del estancamiento y del paro”. Un memorándum de la Reserva
Federal norteamericana de 4 de enero recuerda que el 70% de la economía
nacional depende del gasto de los consumidores, y que la recuperación no
será posible si no aumenta la capacidad de consumo de la clase media.
Este planteamiento sobre el interés general no afecta, sin embargo, a los
intereses inmediatos de los más ricos, puesto que una reducción global del
crecimiento no implica una reducción simultánea de sus beneficios, que han
seguido aumentando. Y se están, además, adaptando a la nueva situación,
con la esperanza de obtener cada vez mayores beneficios. El 16 de octubre de
2005 Citigroup, la mayor empresa financiera del mundo, publicaba un informe
con el título de Plutonomía, al que en ese momento se prestó poca atención,
hasta que, cuando comenzó a volverse famoso, Citigroup se preocupó de
eliminarlo por completo de la red.
El informe proponía el término “plutonomía” para designar a los países donde
el crecimiento económico se había visto promovido, y en gran medida
consumido, por el pequeño grupo de los más ricos. Sostenía que “el
encarecimiento de los activos, una participación creciente en los beneficios y
el trato favorable por parte de gobiernos partidarios del mercado han
permitido a los ricos prosperar y capitalizar una proporción creciente de la
economía en los países de plutonomía”. Lo ilustraba con las cifras de la
desigualdad de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos, que
comentaba con estas palabras: “No tenemos una opinión moral acerca de si
esta desigualdad de los ingresos es buena o mala; lo que nos interesa es que
es importante”. Opinaban, además, que era probable que las fuerzas que
habían llevado a este aumento de la desigualdad en los veinte últimos años
continuasen en los próximos. De lo cual había que deducir que se crearía un
entorno positivo para la actividad de empresas que vendiesen bienes o
servicios a los ricos.
Su conclusión final era: “Hemos de preocuparnos menos de lo que el
consumidor medio vaya a hacer, ya que la conducta de este consumidor es
menos relevante para el agregado final, que de lo que los ricos vayan a hacer.
Ésta es simplemene una cuestión de matemáticas, no de moralidad”,
131
concluían.
Y debían de tener razón, porque sabemos que las empresas de bienes de lujo
(o, como se dice en el negocio, de “bienes para individuos de un valor
extremo”, que The Economist nos aclara que son aquellos para los que “un
bolso de 8.000 dólares es una ganga”) están aumentando espectacularmente.
LVMH —o sea, Louis Vuitton Moët Hennessy— creció un 13% en la primera
mitad de 2011 con ventas de 10.300 millones. Una noticia publicada
recientemente en la prensa nos dice que, mientras que la matriculación de
automóviles disminuyó en su conjunto en España en el año 2011, la excepción
han sido los de lujo, cuya matriculación ha aumentado en un 83,1%.
“En algún momento —habían avisado los analistas de Citigroup— es probable
que los trabajadores se opongan al aumento de beneficios de los ricos y
puede haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más
acomodados”, pero “no vemos que esto esté ocurriendo, aunque hay
síntomas de crecientes tensiones políticas. De todos modos, mantendremos
una extrecha observación de los acontecimientos”.
La ofensiva empresarial no se limita, por otra parte, a buscar ventajas
temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema
político. En los Estados Unidos se está tratando de dificultar el acceso al voto
a amplias capas de la población que se consideran poco afines a los principios
de la derecha: ancianos, minorías étnicas, pobres... En la actualidad hay en
Norteamérica 12 estados que han introducido medidas restrictivas del
derecho a votar (otros 26 las están gestionando), la más importante de las
cuales es la exigencia de un documento de identidad como votante, para cuya
obtención se exige la presentación de documentos como el carnet de conducir
o la acreditación de una cuenta bancaria. No sin problemas. En julio de 2011
el documento le fue negado en Wisconsin a un joven, con el argumento de
que el comprobante de su cuenta de ahorro, que presentaba como
identificación, no mostraba bastante actividad reciente como para servir para
esta finalidad. Más del 10% de los ciudadanos norteamericanos no tienen
estas identificaciones, y la proporción es todavía mayor entre sectores que
normalmente votan por los demócratas, incluidos un 18% de votantes jóvenes
y un 25% de los afroamericanos.
Pero la amenaza a la democracia no necesita formularse con medidas legales
de limitación del voto, porque el camino más efectivo es el control de los
políticos por parte de la oligarquía financiera. Robert Fisk hacía recientemente
una comparación entre las revueltas árabes y las protestas de los jóvenes
europeos y norteamericanos en un artículo que se titulaba “Los banqueros son
los dictadores de Occidente”, en que decía: “Los bancos y las agencias de
evaluación se han convertido en los dictadores de Occidente. Como los
132
Mubarak y Ben Alí, creen ser los propietarios de sus países. Las elecciones que
les dan el poder —a través de la cobardía y la complicidad de los gobiernos—
han acabado siendo tan falsas como las que los árabes se veían obligados a
repetir, década tras década, para ungir a los propietarios de su propia riqueza
nacional”. Los partidos políticos, afirma Fisk, entregan el poder que han
recibido de los votantes “a los bancos, los traficantes de derivados y las
agencias de evaluación, respaldados por la deshonesta panda de expertos de
las grandes universidades norteamericanas, […] que mantienen la ficción de
que ésta es una crisis de la globalización en lugar de una trampa financiera
impuesta a los votantes”.
Michael Hudson, profesor de la Universidad de Missouri, que había sido
analista y asesor en Wall Street, denuncia en un texto sobre lo que llama “la
transición de Europa de la socialdemocracia a la oligarquía financiera” los
efectos de las políticas de austeridad: “Una crisis de la deuda facilita que la
élite financiera autóctona y los banqueros extranjeros endeuden al resto de la
sociedad [...] para apoderarse de los activos y reducir el conjunto de la
población a un estado de dependencia”. A lo que añade que la clase de guerra
que se extiende ahora por Europa tiene objetivos que van más allá de la
economía, puesto que amenaza con convertirse en una línea de separación
histórica entre una época caracterizada por la esperanza y el potencial
tecnológico, y una nueva era de desigualdad, a medida que una oligarquía
financiera va reemplazando a los gobiernos democráticos y somete a las
poblaciones a una servidumbre por deudas. El resultado es “un golpe de
Estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los
presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el
cártel internacional de los banqueros” (no sé si será oportuno recordar que
nuestro actual ministro de Economía procede del sector bancario
norteamericano).
Hay un aspecto de estos problemas sobre el que nos conviene reflexionar.
Randall Wray sostiene que la crisis norteamericana de 2008 no la causó la
insolvencia de las hipotecas basura, porque su volumen no era suficiente
como para haber provocado por si solo este desastre, sino que ésta fue
simplemente la chispa que desencadenó un incendio cuyas causas profundas
eran el estancamiento de los salarios reales y la desigualdad creciente, que
empujaban a la economía lejos de una actividad centrada en la producción
hacia otra esencialmente financiera, dedicada al manejo del dinero. Lo más
grave de esta interpretación, advierte, es que, dado que estas causas
profundas no sólo no se han remediado, sino que son más graves ahora que
en 2008, pudiera ocurrir que una chispa semejante, como la insolvencia de
uno de los grandes bancos norteamericanos o un problema grave en la banca
europea, volviera a iniciar una nueva crisis, tal vez peor.
133
Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que
estamos viviendo en términos de una mera crisis económica —esto es, como
un problema que obedece a una situación temporal, que cambiará, para
volver a la normalidad, cuando se superen las circunstancias actuales—, ya
que esto conduce a que aceptemos soluciones que se nos plantean como
provisionales, pero que se corre el riesgo de que conduzcan a la renuncia de
unos derechos sociales que después resultarán irrecuperables. Lo que se está
produciendo no es una crisis más, como las que se suceden regularmente en
el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de las reglas del juego
social, que hace ya cuarenta años que dura y que no se ve que haya de
acabar, si no hacemos nada para lograrlo. Y que la propia crisis económica no
es más que una consecuencia de la “gran divergencia”.
¿Qué hemos de hacer? Hay, evidentemente, un primer nivel de urgencia en
que resulta obligado luchar por salvar los puestos de trabajo y los niveles de
vida. El Banco de España se ha encargado de comunicarnos hace pocos días
que lo que vamos a tener este año, y muy probablemente el siguiente, es más
recesión y más de seis millones de parados. Cuesta poco imaginar la cantidad
de EREs y de recortes que esto va a implicar, lo que nos va a obligar a muchos
esfuerzos puntuales para salvar todo lo que se pueda.
Pero lo que revela la naturaleza especial de la situación actual es el hecho de
que para la generación que ahora tiene entre veinte y treinta años no va a
haber ni siquiera EREs, sino una ausencia total de futuro. Y eso sólo podrá
resolverse con una política que vaya más allá de la defensa inmediata de
nuestras condiciones de vida, para enfrentarse a las políticas de austeridad y
que, sobre todo, se proponga acabar con el gran proyecto de la divergencia
social que las inspira.
Como demostró la Gran Depresión de los años treinta, cuando eran muchos
los que pensaban que el viejo sistema capitalista se había acabado y que el
futuro era de la economía planificada al estilo de la de la Rusia soviética, la
capacidad del capitalismo para superar sus crisis y rehacerse es considerable.
El problema inmediato al que hemos de enfrentarnos hoy no es, como algunos
pensábamos hace unos años, la liquidación del capitalismo, que debe ser en
todo caso un objetivo a largo plazo, porque la verdad es que no disponemos
ahora de una alternativa viable que resulte aceptable para una mayoría. Y lo
que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está
condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para
alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política
cotidiana.
Lo que nos corresponde resolver con urgencia es decidir si luchamos por
134
recuperar cuanto antes un capitalismo regulado, con el Estado del bienestar
incluido, como se había conseguido cuando los sindicatos y los partidos de
izquierda eran interlocutores eficaces en el debate sobre la política social, o
nos resignamos a seguir sufriendo bajo la garra de un capitalisno depredador
y salvaje como el que se nos está imponiendo. De hecho, lo que nos proponen
las políticas de austeridad es simplemente que paguemos la factura de los
costes de consolidar el sistema en su situación actual, renunciando a una gran
parte de las conquistas que se consiguieron en dos siglos de luchas sociales.
No es que no haya signos esperanzadores de resistencia. No cabe duda de
que las ocupaciones de plazas y las manifestaciones de protesta van a volver
a brotar esta primavera, empujadas por la desesperación. Pero lo más
importante es saber si la experiencia de los efectos combinados de los
recortes y del aumento de las cargas servirá para devolver el sentido común a
quienes dieron el voto a una derecha que prometía soluciones y se limita
ahora a pedirnos sacrificios, o si sus votantes se resignarán a aceptar
mansamente las consecuencias de su error.
Pienso que es urgente, para dar sentido y coherencia a las protestas, que la
izquierda —una izquierda real que nazca de más allá de la traición de la
socialdemocracia de las terceras vías— elabore nuevas formas de lucha y de
mejora, ahora que ya hemos aprendido que la idea de que el progreso era el
motor de la historia es un engaño y que los avances para el conjunto de los
hombres y las mujeres sólo se han conseguido a través de las luchas
colectivas. La semana pasada me pidieron en un diario de Barcelona que
opinase acerca de cómo sería dentro de cinco años este capitalismo con el
que nos ha tocado vivir. Y lo que respondí fue que eso dependía de nosotros:
que lo que tengamos dentro de cinco años será lo que nos habremos
merecido.
[Texto íntegro de la conferencia pronunciada en León por el profesor
Josep Fontana, que, salvo pequeñas variaciones, es la misma que
pronunció en la sede de CCOO de Catalunya, en el consell de Comfia.
Fuente: Metiendo Bulla]
2/2012
Àngel Ferrero
Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu
¿Cómo ves Europa en comparación con China y América Latina (economía,
dinámica social)?
Regresar a Europa tras más de veinte años fuera, fue encontrarse con un
135
bostezo. Los años noventa y la primera década del siglo han sido socialmente
somnolientos, de gran apatía social. En los ochenta el continente estaba
dividido en dos amalgamas estrambóticas: capitalismo y democracia en el
Oeste y socialismo y dictadura en el Este. La tensión entre aquellas
amalgamas moderaba algo el capitalismo en el Oeste. Hoy Europa se ha
unificado con el resultado de más desigualdad y más explotación, tanto en el
Este como en el Oeste. Pero ese cambio, que evidentemente no es igual en
todos los países, no ha sido contestado. En el Este seguramente por el
desprestigio que las dictaduras imprimieron a lo social y el "sálvese quien
pueda" en el que se convirtió la mera supervivencia para mucha gente en
muchos países. En el Oeste los motivos también varían de un país a otro. En
España, por ejemplo, se produjo lo que yo denomino como el "asfaltado
intelectual" de la sociedad: cierta americanización, cierto espíritu cutre de
nuevo rico hipotecado... En cualquier caso el resultado final fue parecido en
todas partes: retroceso de los movimientos sociales y de la conciencia crítica.
Mientras tanto, en China se vivía un extraordinario avance de la economía y
de la contaminación, regado por el mayor proceso de urbanización de la
historia. Un dinamismo extraordinario. Un cambio social vertiginoso difícil de
caracterizar con un solo brochazo. De América Latina sólo puedo hablar de
oídas, pero es evidente que ha habido un despertar social que ha tenido
consecuencias políticas en media docena de países con el resultado de una
inusitada capacidad de autonomía con respecto al gran vecino del Norte,
Estados Unidos, y toda una serie de iniciativas coordinadas en el Sur, algo
novedoso y esperanzador. Volviendo a Europa, parece que ahora nos
encontramos en una especie de divisoria, pues vemos indicios de cambio de
signo contradictorio. Algo se va a mover.
En un artículo cita una frase de Merkel "Nada debería dar por supuesto otro
medio siglo de paz y prosperidad en Europa". ¿La puede comentar?
Contiene una gran verdad, aunque seguramente la frase fue introducida en el
discurso como mero adorno retórico por algún asesor de la canciller. El hecho
es que la estabilidad en la que han vivido los europeos en las últimas dos o
tres generaciones se sostiene sobre unas bases muy frágiles que ahora la
crisis pone en cuestión. Pero en Occidente no hay conciencia de la posibilidad
de un hundimiento -lo que pasó en la URSS en los noventa, en Argentina con
el corralito, o la normalidad de cualquier nepalí medio es un hundimiento. Los
europeos occidentales y sus dirigentes no tienen experiencia de eso. Eso hace
que se continúe bailando sobre la cubierta del Titanic o que se crea que por
tener un camarote de primera están a salvo del naufragio. En Alemania es
significativo que la generación que conoció el desastre de 1945, los viejos,
sean los únicos que dicen cosas sensatas sobre Europa y la euro crisis. Pero
cuando hablo de crisis me refiero a un asunto de tres niveles. Uno es el
financiero, el desmoronamiento del piramidal castillo de naipes
136
especulativo/ladrón. El segundo es la consecuencia que ese desmoronamiento
tiene en la "economía real", con empresas que cierran, sectores inflados que
se desinflan, gente que pierde su trabajo y una generación de jóvenes sin
futuro. El tercer nivel es el principal: se trata de la crisis asociada al "cambio
global antropogénico" del que el calentamiento global es el escenario más
conocido y popular. Este tercer nivel es superior, porque contiene los demás
niveles y mucho más. A su lado la crisis del neoliberalismo es algo anecdótico,
casi una nota a pie de página, podríamos decir...
El reto de la "crisis neoliberal", cuando apareció en 2008, era aprovecharla
para atajar toda la crisis en su conjunto, con una transición energética, un
cambio de modelo, de contabilidad, de racionalidad económica, de relación
con el medio y, naturalmente, de valores. Avanzar en esa dirección. Lo que se
denominó "New Green Deal". De momento ni siquiera se ha reconocido la
crisis del neoliberalismo y la crisis financiera se afronta con recetas
neoliberales y leyendas nacionales que nos llevan de regreso al siglo XIX.
Respecto a la gran crisis, la cumbre de la ONU sobre cambio climático de
Durban ha dejado bien claro el desfase entre la urgencia del cambio que se
precisa y la ceguera de la respuesta. Todo sumado, resulta difícil imaginar una
situación más necia y miserable.
Cuando las instituciones internacionales como la ONU, ya llevan años
dedicando grandes eventos, esfuerzos y acuerdos al calentamiento global, las
políticas económicas nacionales deberían poner el cambio de modelo en el
centro de su estrategia a medio y largo plazo. Ni siquiera en Alemania, uno de
los países pioneros del movimiento "verde", se habla de eso en las
instituciones como se debería. Y no es casualidad. Por un lado, las
instituciones de nuestras democracias no están diseñadas para el largo plazo,
sino para un "usar y tirar" de cuatro o cinco años. La transición energética
exige estrategias a quince, veinte, treinta años vista, pero la mirada de
nuestros gobernantes no alcanza mucho más allá de las próximas elecciones.
Por otro lado, la estructura económica-empresarial regida por el beneficio
determina mucho cualquier proyecto de cambio energético: los mismos
monopolios e intereses que alimentan el calentamiento son los nuevos líderes
eólicos y solares. Las nuevas energías en manos de las viejas estructuras sin
duda no son lo mismo, pero tampoco son la solución. No se saldrá de esta
crisis sin profundas reformas estructurales e institucionales. Tales reformas
precisan de un fuerte movimiento social internacional.
A Alemania le favoreció la burbuja inmobiliaria española. ¿Qué hay detrás de
la propaganda contra los "vagos del sur"?
Ante todo la vana esperanza de que el país puede salir ileso de la crisis.
Alemania había sido un país de relativa nivelación social, como Japón, con un
137
estado social generoso y unas relaciones laborales mucho más decentes que
la media europea. En 1990, la anexión de la RDA, que costó un billón de
euros, acabó con el espantajo comunista, que era el principal incentivo para el
"modelo social alemán". La mayor competitividad de los productos alemanes,
en Europa y en el mundo, se logró, en gran parte, congelando salarios y
generalizando la precariedad laboral en Alemania. Ese desmonte social-laboral
contribuyó afirmar la potencia exportadora alemana en una época en la que
aparecían nuevos desafíos competidores en Asia, pero desequilibró aun más
internamente la zona euro.
Desde la introducción del euro Alemania generó un superávit comercial de
800.000 millones de euros dentro de la euro zona, lo que creó un agujero
equivalente en los países menos competitivos del grupo. Esta es la "unión de
transferencias" de la que no se habla en Alemania, donde bajo ese concepto
sólo se entiende los subsidios y fondos de compensación al sur de Europa que
Alemania y otros países ricos desembolsaron. En cualquier caso, las empresas
alemanas (no "los alemanes") ganaron mucho dinero e invirtieron gran parte
de sus beneficios en el exterior, capitalizando la estafa inmobiliaria de Estados
Unidos, la destrucción del litoral español y buena parte de las fantasías
irlandesas o griegas, etc., etc. Desentenderse de eso y hacer ver que la
situación es resultado del maniqueísmo entre países virtuosos y manirrotos,
denota una gran desvergüenza, porque el problema no es nacional. La crisis
fue desencadenada por el sector privado, especialmente por los bancos que
financiaron la pirámide inmobiliaria que se desmoronó. Para atajarla, los
países europeos han dado a los bancos 4,6 billones de euros desde 2008 –esa
es la cifra facilitada por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso. Además, hubo otro enorme desembolso de dinero público en
los programas de estímulo keynesianos del 2008. Todo ello incrementó,
evidentemente, la actual deuda pública.
Que hoy el debate esté centrado en la crisis de la deuda pública, y no sobre el
casino que la ocasionó, se debe, fundamentalmente, a que el poder financiero
controla gobiernos y medios de comunicación e impone la leyenda que más le
conviene. El gobierno alemán ha sido particularmente activo en ese frente. Su
nacional-populismo acerca de que el problema son unos países del sur
gastadores que no "hicieron sus deberes" y en los que la gente común vivió
"por encima de sus posibilidades", le permite canalizar el descontento de los
contribuyentes alemanes por los centenares de millones transferidos a los
bancos como consecuencia de la irresponsabilidad de estos invirtiendo en el
casino global. Reconocer la realidad significaría revisar los últimos veinte años
de política económica y social alemana que se han vendido como exitosos y
modélicos para el resto de Europa.
Pero ¿no lo fueron?
138
Solo fueron exitosos para los empresarios y para los más ricos. Desde la
anexión de la RDA la economía alemana ha crecido alrededor de un 30%, pero
el resultado no ha sido una prosperidad general, sino un enorme incremento
de la desigualdad. Desde 1990 los impuestos a los más ricos bajaron un 10% y
la imposición fiscal a la clase media subió un 13%, los salarios reales se
redujeron un 0,9% y los ingresos por beneficio y patrimonio aumentaron un
36%. Desde el punto de vista de la (des) nivelación social, Alemania es hoy un
país europeo normal: el 1% más rico de su población concentra el 23% de la
riqueza (una relación similar a la existente en Estados Unidos en 2007) y el
10% más favorecido el 60% de ella, mientras la mitad de la población sólo
dispone del 2%.
¿Por qué siguen rechazando los eurobonos?
En parte porque el gobierno alemán es rehén de su propia leyenda populista.
La leyenda afirma que Alemania es el gran pagador de Europa, la gran
víctima. Su contribución a los rescates europeos es, efectivamente, la mayor
en términos absolutos, pero sólo porque su economía y su población son las
mayores. La contribución alemana per cápita es la sexta entre 17 países, y
según la parte del PNB dedicada es la décima, pero eso no se dice, como
tampoco se dice que han sido los mayores beneficiarios de la existencia de
una moneda única. Entonces, si la música con la que se desayunan
diariamente los alemanes les dice que ellos son los que más pagan y que ellos
lo han hecho todo "bien", acceder a los eurobonos significa socializar el
desbarajuste de quienes lo hicieron "mal". Salir de este enredo significaría
reconocer la interrelación de la euro crisis y corregir la leyenda, lo que resulta
muy complicado para el conjunto del establishment alemán porque supone
cuestionar la política de los últimos veinte años. No es un problema de
gobierno, sino también de la actual oposición: recordemos que fue un
gobierno de socialdemócratas y verdes quien realizó la última gran ofensiva
neoliberal en el país, con la llamada "Agenda 2010" de Schröder y abriendo
las puertas a los hedge funds... Además de esto, también hay un punto de
dogmatismo ideológico neoliberal.
Pero sería injusto no añadir algo: si la actitud alemana es obtusa, ¿cómo
calificar el disciplinado seguidismo masoquista de los gobiernos de Francia,
España y los demás, que ni siquiera defienden los vanos intereses nacionales
de una estrategia exportadora y consienten una política que incrementa su
crisis? En España ni siquiera ha habido un "mea culpa" por el ladrillo. Ningún
aeropuerto inútil o destrucción del litoral ha llevado a nadie a la cárcel. Al
revés, el discurso político del PP reivindica aquella "etapa de crecimiento". Es
una casa de locos... Hemos de ponernos de acuerdo en una cosa: en la Europa
de hoy la estupidez es internacional. Frente a la división de una Europa en
países virtuosos y manirrotos, que pretende disolver problemas sociales en
139
cuestiones nacionales, el internacionalismo ciudadano debe constatar la
absoluta unidad de la estupidez europea como primer paso.
¿Qué queda del proyecto europeo, ahora que ya se habla de dos zonas euro,
pero además con una clara división los europeos buenos y los malos?
Ese discurso introduce una tendencia desintegradora y disolvente en la Unión
Europea. Con el, Alemania ha abierto una caja de Pandora muy peligrosa. Es
un discurso que divide Europa y que ofenda a sus pueblos. Lo hemos visto en
Grecia donde se demoniza a Alemania, y se empieza a ver en España. Cuando
llegué a Berlín en 2008, Merkel era considerada en España como el paradigma
de la buena gobernante. Desde el año pasado su prestigio y el de Alemania
han caído por los suelos. Todo esto es disolvente para la cohesión europea,
pues abre una espiral desintegradora. Los alemanes, a los que siempre les ha
costado mucho ponerse en el lugar de los otros, no son conscientes de lo que
están sembrando. Cuando el año pasado le pregunté al ministro de Exteriores
alemán, Guido Westerwelle, sobre el resentimiento que sembraba en Europa
el discurso aleccionador de una Alemania virtuosa, me miró como si le hablara
en chino... Todo esto es muy malo, pues la Unión Europea, vista con
perspectiva histórica, es una buena solución a lo que había antes: naciones
que guerreaban constantemente entre sí. Por eso hay que conservarla,
reformándola. Para ello hay que poner los intereses generales de la
ciudadanía por delante del negocio, lo político por delante de lo económico, y
no pedir peras al olmo, no pretender hacer un superestado europeo a partir de
la idealización del continente como sugiere Jürgen Habermas en su "Zur
Verfassung Europas". En la proyección exterior de la Unión Europea, hay que
conformarse con una ambigua y paquidérmica estructura común que no le
complique la vida al resto del mundo. Lograr que esa estructura no sea
imperialista, ya sería un enorme avance histórico.
¿Y sobre el peligro de los populismos, que en lo económico vienen con
propuestas que deberían haber llegado desde la izquierda? ¿Estamos ante una
repetición de los 30?
Antes he mencionado que Europa está en una divisoria, que algo se va a
mover, porque se ha creado un agujero y hay una demanda de respuesta a la
nueva situación. La dirección que van a tomar las cosas es opinable. Tenemos
tanto indicios de 1930 -el aumento del desprecio al débil, el darwinismo social,
el racismo y el auge del discurso y la practica de la extrema derecha, con
situaciones que en algunos casos parecen calcar el mapa de la Europa de los
años treinta y cuarenta- como indicios de 1848, de una "primavera de los
pueblos" internacionalista, ciudadana y social. Pero, no nos engañemos, este
segundo escenario positivo precisa trabajo, compromiso y organización. El
espontaneísmo festivo-narcisista y el happening "on line" no son suficientes.
140
Los ejemplos que mencionas advierten que el populismo de extrema derecha
puede rellenar el agujero y ganar la calle.
Mirando la toma de decisiones en España o Italia, en relación a los recortes,
¿hacia donde vamos? Se modificó la Constitución sin referéndum, ya no se
consulta a los ciudadanos sobre los nuevos recortes...
Cierta austeridad popular a cambio de un desmonte del casino podría haber
sido aceptable, por lo menos en los países más ricos de Europa, pero el
intento de hacer regresar a Europa al siglo XIX en lo social y laboral, sin tocar
el casino y por decreto, evidentemente, no es democrático. Rompe lo que
quedaba del contrato social europeo de posguerra, allí donde lo hubo. La
imposición de las políticas de ajuste ha reventado la soberanía nacional, que
por otra parte nunca gobernó ni decidió las cuestiones económicas
principales. Aunque no todas las democracias son iguales (en Noruega hay
mucha más democracia que en España, en España más que en Rusia y en
Rusia más que en Haití), la democracia realmente existente tiene muy poco
que ver con su sentido genuino de "poder popular". La tendencia que hoy
gobierna Europa disuelve incluso esa caricatura de democracia. Como lo
social y lo político van unidos a la degradación de lo primero le corresponde la
degradación de lo segundo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, "reformar el
derecho de huelga", como se dice ahora en España, en el actual contexto?
Evidentemente se trata de restringir. ¿Cómo se lee que hombres de Goldman
Sachs estén al frente del gobierno griego, en Italia, o en el Banco Central
Europeo, o rodeando y asesorando a Merkel en Berlín y a Obama en
Washington? Todo eso lanza un desafío directo a los pueblos de Europa que
esperamos se dirima en una primavera rebelde a la 1848 y no en un auge de
la extrema derecha el militarismo y de la irracionalidad. En España el regreso
de los postfranquistas al gobierno es un incentivo para los movimientos
sociales porque crea condiciones más confortables para una contestación
ciudadana sin complejos de "hacer el juego a la derecha".
¿Pueden cambiar las cosas en Alemania en las elecciones de septiembre de
2013?
En Alemania hay una clara mayoría para desplazar a los conservadores del
gobierno en 2013. Esa mayoría se logra mediante la suma de los
socialdemócratas (SPD), los verdes, y los socialdemócratas de izquierda de
Die Linke. El problema es que la obvia viabilidad de este tripartito es tabú en
Alemania. Die Linke es el único partido opuesto al orden neoliberal y sin
responsabilidades en los recortes sociales de los últimos diez años. Eso
explica que sea tratado como una especie de "partido demente", del que se
dice que es "incapaz para gobernar", cuando la realidad es que es,
fundamentalmente, una fuerza socialdemócrata que lleva mucho tiempo
141
gobernando en coalición en diversas regiones del país. Die Linke se opone,
además, a la participación alemana en guerras imperiales. Esas dos virtudes,
con las que sociológicamente están de acuerdo el 60% o el 70% de los
alemanes, marcan una divisoria de respetabilidad institucional: pertenecer o
no al establishment. SPD y verdes prefieren perder las elecciones y que
gobiernen los conservadores antes que aliarse con Die Linke, entre otras
cosas porque tal alianza significaría auto criticarse por los años de gobierno
en los que iniciaron el gran recorte social y metieron, por primera vez desde
Hitler, al país en guerras. Tal autocrítica implicaría no sólo un cambio de
programa sino de dirigentes, pues los líderes de ambos partidos fueron los
que gobernaron y adoptaron aquellas decisiones. Así pues, descartado ese
tripartito, al día de hoy la suma de verdes y SPD no alcanza para gobernar.
Eso quiere decir que Merkel puede volver a ganar (a menos que la incierta
estabilidad exportadora se hunda, lo que es muy posible), o que vuelva a
gobernar en coalición con el SPD, o con los verdes. En ambos casos un cambio
de gobierno no alteraría nada fundamental. Para convencerse de ello basta
mirar hacia atrás: no sólo en Alemania, también en España, en Francia y en el
Reino Unido, el neoliberalismo se introdujo, o fue potenciado, de la mano de
los socialdemócratas. Y en ninguno de esos países hay indicios de corrección
en esos partidos. En ausencia de tal corrección, quien quiera un cambio
razonable, ¿puede seguir apostando por ellos? Dicho esto, una caída de
Sarkozy la próxima primavera en Francia podría complicarle las cosas a
Merkel. Lo decisivo, sin embargo, debe venir de abajo. Es sorprendente que,
ante una situación que es claramente supranacional, todavía no se hable de
coordinar las jornadas de huelga general entre varios países europeos. La
falta de solidaridad y empatía hasta ahora demostrada hacia la canallada que
están haciendo con la población de Grecia, es una prueba a la dignidad de los
otros países de la UE. Por el momento triunfa el reflejo cobarde y mezquino
del "nosotros no somos como Grecia". Además de mezquino es suicida,
porque los recortes que se van a aplicar en España introducirán escenarios
griegos. De momento, con el billón de euros de dinero público prestado a bajo
interés a la banca privada desde diciembre por el Banco Central Europeo,
parece que han conseguido comprar cierto tiempo de tranquilidad bursátil...
Esa parece ser la alternativa de la derecha a los eurobonos.
¿Cómo ha gestionado China la crisis?
China fue el único país que era consciente de su crítica posición en la
globalización antes de la aparición de la crisis. En 2002, cuando llegue a
Pekín, sus dirigentes ya pensaban en cambiar el modelo: en pasar de un
modelo puramente exportador, muy dependiente del mercado global y
expuesto a sus vaivenes, a un tipo de desarrollo más endógeno y basado en el
consumo interno. Para ello era necesario invertir más en la población pobre,
para que ésta pudiera consumir y alimentar el nuevo esquema con su
142
consumo. De ahí nació la recuperación del concepto confucioniano de
"pequeño bienestar" (Xiakoang) y la retórica de la "sociedad armoniosa".
China se propone ahora crear un sistema de seguridad social para su enorme
población. Si en los noventa realizaba experimentos capitalistas en ciertas
regiones, ahora hay experimentos "sociales" como el de Chongqing, que
recuperan cierto discurso maoísta nivelador. Todo eso, unido a la supremacía
de lo político, al control que el partido tiene de las finanzas (el jefe del Banco
central es nombrado por el partido y los jefes de los principales bancos son
miembros del comité central), le permite un control de la situación y una
capacidad de juego mayor que la que existe en Occidente. China es un país
que ha protagonizado enormes cambios de línea en su historia reciente. Si
fuera necesario, creo que podría volverse a poner el uniforme maoísta, no
para hacer la política de los años sesenta, pero sí para cambiar radicalmente
de línea... Dicho esto, hay que recordar lo más importante: que el país
presenta las contradicciones planetarias en su máxima concentración. Si el
crecimiento se detiene, el país puede inaugurar un nuevo "gran desorden" (da
luan), un concepto chino parecido al ruso de "smuta" que describe las etapas
de caos que jalonan su historia. Que sus dirigentes sean conscientes de la
fragilidad que gobiernan, no significa que vayan a tener éxito.
En tu libro sobre China, afirmas "Nuestro porvenir depende de China y todos
los problemas de la crisis están en ella".
Mi libro intenta presentar un país que es paradigma de la crisis mundial, algo
que me parece más realista y adecuado que recrearse en las leyendas de la
"nueva amenaza china" y la "próxima superpotencia hegemónica", que nos
vende el "mainstream" mediático. La expansión desarrollista china evidencia,
en última instancia, la inviabilidad de la economía mundial inventada por
Occidente. Los éxitos chinos de los últimos treinta años se han realizado sobre
modelos en crisis, lo que contiene más certezas que sospechas de que hay
muchos desastres incluidos en ellos. Lo que afirmo es que si los chinos logran
salir de la crisis antropogénica, de la crisis de civilización mundial, pese a su
manifiesta desventaja en población, recursos etc., entonces quiere decir que
todos los demás podemos salir de ella. Esa es la gran "Actualidad de China",
que da título a mi libro.
[Fuente: SinPermiso]
23/4/2012
Rafael Poch-de-Feliu
Fragilidad, inconsciencia, belicismo...
La confusa destitución de un alto dirigente en la China profunda, los nuevos
143
sobresaltos de la eurocrisis y el poema de un escritor alemán son las últimas
piezas de un rompecabezas: incertidumbre, crisis y belicismo. Piezas que no
encajan del todo, de ahí la confusión, pero que sabemos interrelacionadas. El
aparente vigor alemán en la crisis depende de China. Los dirigentes chinos
están nerviosos porque sienten temblar el suelo bajo sus pies. En Siria asoma
lo que podría ser el principio de un “big bang” bélico. El escritor Günter Grass,
que en Alemania advierte del peligro de una gran guerra, es abucheado con
argumentos cuya necedad es multiplicada por la disciplinada unanimidad con
que se formulan.
China: ¿Qué ha pasado en Chongqing, ciudad pobre y currante, con 30
millones de habitantes en su municipio, el más poblado del mundo? Su líder,
que mantenía una nueva línea “social”, invocando una escenografía maoísta,
niveladora y anticorrupción, ha sido fulminado ¿Era Bo Xilai, hijo de un padre
fundador de la Revolución China, ex guardia rojo, ex ministro de Comercio y
niño bonito de las multinacionales, antes de acceder a la jefatura del partido
en Chongqing, una especie de Boris Yeltsin a la china?
Recordemos que Yeltsin arrancó como “luchador contra los privilegios de la
nomenklatura”, reclamándose de la pureza leninista. Se apoyó en la calle, no
fue fulminado a tiempo y acabó conquistando el poder y disolviendo el Estado.
China no es Rusia y, además, los dirigentes chinos tienen muy en la mente lo
que pasó en la URSS. Pero es un hecho que, en vísperas del XVIII Congreso del
próximo otoño en el que el partido chino pasará el testigo a una nueva
generación, los dirigentes se han mostrado muy nerviosos ante Bo Xilai. Han
vinculado a su mujer, Gu Kailai, con la oscura muerte de un empresario
británico y lo han destituido entre advertencias contra una nueva “Revolución
Cultural” ¿Qué pasa en China?
Ocurre que los dirigentes sienten que caminan sobre cáscaras de huevo.
Aquello que permitió el prodigioso ascenso del país, la integración en la
economía global, es visto como posible causa de su hundimiento. Saben que
si se hunde la economía global de la que tanto dependen, deberán quitarse la
corbata y ponerse el uniforme. En Pekín esa percepción data de varios años,
de bastante antes de que la quiebra de Lehman Brothers institucionalizara en
2008 la “crisis financiera”.
Los cambios de línea de China son sonados. Sucedió con el Gran Salto
Adelante y con la Revolución Cultural, inesperados, incomprensibles. Lo
mismo con la reforma de mercado que sucedió a Mao. Ahora la discusión no
es si China va a dar un nuevo bandazo —ya está en ello—, sino con qué
profundidad lo hará.
Desde hace una década el sector público de su burocracia —empresas
144
estatales, el partido, el ejército, la policía y los sindicatos— está ganando peso
a expensas del sector privado que, pese a las apariencias, nunca dejó de ser
criatura del Estado. La reflexión de fondo parece ser la de que si se hunde el
sector exportador y el belicismo asoma como solución global a una crisis
general del capitalismo, habrá que tener bien amarrado el poder para no
perder el control de la situación. Bien amarrado para afirmar un desarrollo
más endógeno —más basado en el consumo interno— para ocupar a la
ingente población e impedir su revuelta, al tiempo que se organiza la
suficiente disuasión militar para evitar el cinturón de hierro que Estados
Unidos lleva años estableciendo con bases, alianzas y despliegue de nuevas
armas alrededor de China.
Impedir que la mayor clase obrera del mundo se rebele al quedarse sin
trabajo, por hundimiento del sector exportador y estallido de la burbuja
inmobiliaria, por citar dos escenarios extremos, obliga a la burocracia a
sintonizar con el movimiento telúrico de las fuerzas sociales. Ese giro
precisaría un nuevo discurso, actuar contra la desigualdad, la mafia y la
corrupción rampante de los últimos veinte años, desempolvar parte del
ideario maoísta evitando caer en su componente más inhumano y
autodestructivo, del que China guarda una viva memoria. Precisamente algo
así apuntaba Bo Xilai en Chongqing. Entonces, ¿por qué lo han echado?
Seguramente por miedo a los excesivos estrellatos que pueden degenerar en
caudillismos imprevisibles. No hay que destapar la botella que contiene el
genio yeltsinista. Hay que conjurar la aparición de líderes carismáticos
capaces de apelar a la calle contra el régimen. De ahí la reveladora
advertencia del primer ministro Wen Jiabao sobre la Revolución Cultural
pronunciada la víspera de la defenestración de Bo Xilai.
El giro que viene hay que hacerlo de forma ordenada, intentando que el
cambio sea lo más armónico posible, en primer lugar para la propia
burocracia, para los equilibrios entre sus diversos grupos e intereses. Sin
revolución. Bo Xilai podría haber sido visto como un peligroso exceso en ese
contexto, no por el contenido sino por la forma, no por lo que hacía sino por
cómo lo hacía…
Naturalmente, esto es sólo una hipótesis de lectura de un episodio, el de
Chongqing, aún demasiado confuso, pero el dato del nerviosismo de unos
dirigentes que sienten un suelo frágil bajo sus pies es claro como la luz del
día: China tiene muchas cartas invertidas en ese incierto casino mundial, está
más expuesta a un gran hundimiento que nadie, y tiembla.
Europa: La angustia de Pekín contrasta con la necedad cortoplacista de
Berlín. Los alemanes se desayunan cada mañana con noticias optimistas
145
sobre el “milagro alemán”, particularmente real comparado con la miseria de
sus vecinos del sur de Europa. Un día es el crecimiento de sus exportaciones,
otro el récord de empleo, otro el magnífico índice de “confianza empresarial”
y otro el aumento de ventas de Volkswagen o BMW.
Barriendo debajo de la alfombra los datos negativos del parcial desmonte del
“Modell Deutschland” de los últimos veinte años (el aumento de la
precariedad laboral, el crecimiento de la desigualdad social, el incremento del
cinismo hacia la política y el deterioro de la proverbial moral del trabajo), el
establishment mantiene su optimista campaña con la vista puesta en las
elecciones generales de 2013. Mientras tanto, la Europa del sur se va al
garete como consecuencia de una política alemana de austeridad asfixiante y
de un Banco Central Europeo de diseño alemán y al servicio del sector
financiero.
El aparente y frágil “milagro” se sostiene con las ventas en países como
China, cuyos aumentos compensan lo que dejan de comprar los arruinados
europeos meridionales. Es decir, se sostiene, en buena medida, sobre
cáscaras de huevo, porque China se está enfriando y lanza señales de
nerviosismo. La diferencia entre China y Alemania es que, mientras la primera
piensa en prevenir posibles escenarios de debacle, la segunda como máximo
piensa en las elecciones de 2013 y en escapar ilesa al hundimiento del Titanic
gracias a su billete de primera clase. Todos los partidos alemanes que optan a
posiciones de gobierno comparten a grandes rasgos el mismo programa al
servicio de la misma oligarquía corporativa-empresarial. En el Politburó del
Directorio Berlín-Bruselas ni siquiera hay necesidad de purgas, porque no hay
rastro de inquietantes disidentes en las instituciones.
La expectativa que hay en Europa no es alemana, sino una combinación del
creciente malestar social, en Grecia, Portugal, España e Italia, con unas
elecciones en Francia. Esos dos vectores podrían poner en cuestión la política
anticrisis de factura alemana. Habrá que ver lo que eso dará de sí, pero, como
en el caso de Chongqing, lo que aquí importa es el contexto: China depende
de Europa, Europa depende de China. Todos están caminando sobre cáscaras
de huevo. Unos lo saben; otros, al parecer, lo ignoran o confían en su billete
de primera.
Oriente Medio: Y en eso el anciano escritor les despierta de su dulce sueño.
Su poema les presenta una lista de banales evidencias sobre el peligro bélico:
critica el “supuesto derecho a un ataque preventivo” de Israel, que “dispone
de un creciente potencial nuclear fuera de control e inaccesible a toda
inspección”, contra un país, Irán, del que se sospecha la fabricación de una
bomba. Menciona la “hipocresía occidental” ante ese hecho, que “pone en
peligro una paz mundial ya de por sí quebradiza”. Denuncia a su país,
146
Alemania, por entregar a Israel un nuevo submarino, el sexto, capaz de portar
“ojivas aniquiladoras”. Romper el “silencio sobre ese hecho”, un silencio que
dice sentir como “una gravosa mentira”, supone ser tachado de “antisemita”,
dice.
Günter Grass ha pedido “un control internacional permanente y sin trabas del
potencial nuclear israelí” en bien de “todos los seres humanos de esa región
dominada por la demencia”. Puro sentido común. ¿Qué tiene que ver este
poema con todo lo anterior, con los miedos de China y la errática deriva
europea hacia la recesión?
Esa “región dominada por la demencia” citada por Grass es Oriente Medio, la
principal zona energética del planeta, donde, al calor de los problemas
internos del régimen sirio, un adversario, Occidente, alienta una guerra civil
financiada por otras dictaduras árabes amigas, con el objetivo de cambio de
régimen. Siria podría ser el aperitivo de la gran guerra contra Irán evocada por
Grass. Irán es, a su vez, el principal suministrador energético de China y gran
parte de Asia Oriental, una región cuyo ascenso en el mundo, impensable sin
quemar grandes cantidades de petróleo y carbón, preocupa al hegemonismo
occidental.
Una vez más, las piezas de este rompecabezas son confusas en su ensamblaje
concreto, no así el sentido general de la situación: una salida bélica es el
escenario clásico de una crisis general del capitalismo. Sólo que en este caso
la guerra sería detonante de una verdadera catástrofe general. Como dice
James Petras, sólo un necio puede pensar que el “ataque preventivo” de Israel
a Irán, hacia el que Estados Unidos y Europa muestran tanta indulgencia y
complicidad, no degeneraría en una gran guerra en la región con muchos
muertos en Irán, misiles lloviendo en respuesta sobre Israel, las terminales
petroleras del Golfo en llamas y un drástico corte del suministro petrolero, es
decir, “colapso de la economía mundial y brutal empobrecimiento de
centenares de millones de personas en todas partes”.
Todo esto lo suscribe, con distintas palabras y discursos, el sentido común de
la gran mayoría de los israelíes y de los alemanes que se declaran en contra
de tal ataque en las encuestas. El diario Haaretz de Israel alerta sobre la
insensatez de su gobierno en términos no muy diferentes a los de Grass,
recuerda el veterano Alfred Grosser, un judío nacido en Francfort en 1925, el
más conocido experto francés en temas alemanes. Hasta Shaul Mofaz, un ex
general nacido en Teherán que preside el mayor partido israelí, Kadima,
considera un desastre el plan guerrero de Netanyahu, sobre el que se habla
con preocupación en las calles de Tel Aviv y Haifa, y en la red israelí.
Que el establishment alemán, con su legión de periodistas y políticos
147
conformistas, proisraelíes por una mezcla de cobardía (el miedo a ser
tachados de “antisemitas”) y de responsabilidad mal entendida, haya
ridiculizado a Grass con la unanimidad y virulencia con que lo ha hecho, no
hace sino evidenciar la profunda ambigüedad del cheque en blanco alemán a
Israel.
Alemania apoya al gobierno de Israel, cruel y criminal con los palestinos, para
redimir la memoria de los horrendos crímenes de la Alemania nazi contra los
judíos. Pero los ciudadanos alemanes deben tener en cuenta una cosa, dice el
escritor Tariq Alí: “No fueron los palestinos los responsables del asesinato de
millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se han
convertido en víctimas indirectas del genocidio cometido contra los judíos
porque aquellos que sufrieron el mal lo practican a su vez contra otros. ¿Por
qué entonces ninguna simpatía hacia los palestinos?”. La condena de los
crímenes nazis obliga a condenar también los crímenes de Israel, no a cerrar
los ojos ante ellos. Sólo alguien que ha perdido por completo el sentido de la
justicia, alguien moralmente ambiguo, inmaduro y profundamente perdido en
sus complejos históricos, puede convivir con este absurdo.
En 2008, el continuado crecimiento de China fue clave para impedir un
hundimiento global mucho más drástico. Ahora los dirigentes de China se
muestran nerviosos. En Europa la situación española se añade a la griega en
la demostración de la completa ausencia de perspectiva de la actual
eurorreceta neoliberal: sólo con austeridad, las cosas empeoran. Y en
Alemania se abuchea al anciano escritor que, como Casandra, advierte de un
peligro de guerra completamente real. Compongan como quieran esas tres
piezas, pero hablan con toda claridad de la fragilidad, la inconsciencia y el
belicismo de nuestro mundo.
[Fuente: Sinpermiso]
16/4/2012
Manuel Menor Currás
Entrevista a Agustín Moreno
148
Agustín Moreno lleva quince cursos consecutivos en institutos de enseñanza
pública, desde que fue despedido de CCOO en 1996, cuando también quitaron
a Marcelino Camacho de la presidencia del sindicato, por oponerse al giro a la
derecha que emprendía Gutiérrez. Desde entonces, no ha tenido ni una hora
de liberación sindical ni ha faltado un día a su puesto de trabajo. Ha recorrido
ocho institutos, muchos en la periferia de la Comunidad madrileña, siempre
cursos completos. Ha estado nueve años en Fuenlabrada y ahora lleva dos en
Vallecas, cosa que dice que le alegra: “Por el dinamismo del barrio —ya el
curso pasado empezamos la lucha contra los recortes con las camisetas
verdes bajo el lema de ‘Vallecas no se calla’— y porque de alguna manera es
cerrar un círculo. Viví y milité ahí contra el franquismo a principio de los
setenta”. Es puramente casual no haberle tratado en Ourense por entonces,
cuya Ciudad de los Muchachos —del recientemente fallecido Jesús Silva—
frecuentábamos algunos, donde él había encontrado refugio frente a la
persecución policial.
Te ofrecieron cosas, pero quisiste ser profesor…
Aquella es una etapa pasada, que a veces me parece muy lejana. Por
carácter, vivo el presente con mucha intensidad y la enseñanza es un oficio
que se presta a ello. En estos últimos años, siempre he mantenido un fuerte
compromiso con la educación pública, con los compañeros, con el alumnado y
sus familias. Cuando escribo lo que opino, lo hago como “profesor de
Secundaria”, ni más ni menos. No soy más que un afiliado de base a CCOO, no
pertenezco a su dirección ni a Junta de Personal alguna.
¿Servirán para algo las protestas de la marea verde? ¿Qué recorrido
les ves?
Después de tantos días de huelga y muchos más de conflicto desde inicios del
curso, con manifestaciones de hasta 70.000 y 100.000 personas y una gran
creatividad de las movilizaciones (encierros en los centros, resistencia a los
horarios, PGA, etc.) que ha teñido de verde Madrid estos meses, destacaría
149
como lo más importante la toma de conciencia sobre el ataque estratégico y
planificado a la educación pública y la determinación para defenderla.
También se ha expresado la dignidad del profesorado.
La movilización es un camino que continuar, con mucha unidad y apoyo de
toda la comunidad educativa para expresar su dimensión de conflicto social.
Fomentando más la imaginación para que no se fracture el colectivo por el
coste de las huelgas. En todo el Estado, incorporando en mayor grado a
Infantil y Primaria. Y sumando a la Universidad, golpeada por la política de
Bolonia, la Estrategia 2015 y el recorte de fondos, lo que acelera su proceso
de privatización. Concertándose con otros sectores públicos y de trabajadores.
En cualquier caso, hay algo muy claro: hemos hecho lo que teníamos que
hacer, porque cuando se recibe una agresión, cuando se pierde la esperanza,
quedan los principios y uno de ellos es defender la escuela pública de tod@s y
para tod@s. Es el eje vertebrador de un sistema educativo con carácter
universal y que asegure la equidad mediante la obligatoriedad y gratuidad. Su
función compensatoria de dar más a quien menos tiene es fundamental para
luchar contra un fracaso escolar que afecta a los hijos de las clases más
desfavorecidas.
No parece que los sindicatos hayan estado finos en las protestas de
comienzo de curso…
La movilización ha pivotado sobre varios centros de gravedad: los sindicatos,
el movimiento del profesorado desde los centros, las zonas y las plataformas
en defensa de la escuela pública. Los sindicatos de enseñanza han
participado, incluidos los corporativos que han convocado varias de las
huelgas, lo que hace que el conflicto sea de todo el profesorado y no solo del
sector progresista: no podían hacer otra cosa, teniendo en cuenta la dureza
de la agresión.
Ha cabreado la anticipación de anuncios de huelga antes de que tomasen la
decisión las asambleas y el no respeto escrupuloso a los acuerdos. Y eso es un
error que no lo justifica la servidumbre de la unidad intersindical. La
responsabilidad de todos ha logrado reconducir las cosas y evitar que se
rompiera la unidad del colectivo, lo que hubiera conducido a la derrota del
movimiento: Vallecas ha jugado un papel decisivo en ello.
A veces no somos conscientes de lo que hacemos. Me comentaban hace poco
que en Sidney estaban muy interesados en la marea verde por su creatividad
y voluntad de resistencia. En este mundo globalizado se necesitan referentes,
como también lo han sido el 15-M o la lucha en Chile por una educación
pública gratuita.
150
¿Por qué a las movilizaciones de la comunidad educativa las han
calificado de “políticas”, como si fueran ilegales?
Creo que la Consejería cometió, ya antes de diciembre, un error de cálculo.
Pensaban que, con el apoyo de los medios de desinformación masiva a su
servicio y la propina del complemento a tutores, TIC y jefes de departamento,
iban a machacar al profesorado utilizando demagógicamente la jornada
lectiva. Cuando vieron que se quedaban sin argumentos, recurrieron a la
manipulación, la negación de la verdad y las presiones, como reflejo de su
nerviosismo.
Calificar la movilización de “política” —también han querido hacerlo con la
huelga general— mostraba afán por desprestigiar la lucha de la comunidad
educativa. Está claro que es una lucha contra la decisión “política” del
Gobierno madrileño de reventar la educación pública para fortalecer la
privada. También, que defender un modelo público de excelencia para todos
—como hace la marea verde—, es una apuesta “política” en el sentido más
noble del término: la participación de la ciudadanía para mejorar la sociedad.
Y entendiendo la excelencia no como segregación, sino como modelo de
potenciación: para sacar lo mejor de todos y cada uno de los alumnos.
¿Y que hayan llamado vagos a los profesores?
Cuando Aguirre afirmó que solo trabajábamos veinte horas nos estaba
insultando en la cara. ¿Dónde queda el respeto al profesorado y a su
autoridad? Que tuviera que rectificar —dada la soberbia del personaje—,
muestra que fuimos capaces de explicar a la opinión pública la dureza del
oficio de maestro, figura clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pero más allá de las descalificaciones, lo más grave son las consecuencias: la
reducción del cupo de profesores, el maltrato proferido al profesorado y el
ensanchamiento de los horarios lectivos. Ello ha causado otras víctimas, como
son proyectos de convivencia de muchos centros, equipos de mediación, el
EFQM y muchas extraescolares por imposibilidad de hacer guardias.
¿Qué ha sucedido para que la educación pública esté tan mal
defendida por las autoridades públicas?
La falta de valentía política, por un lado, y la concepción clasista neoliberal,
por otro. Los que dicen defenderla, en su momento abrieron la caja de los
truenos e inventaron los conciertos: creando una doble red —que es un
germen de desigualdad— se perdió la oportunidad de homologarnos con el
modelo de la mayoría de los grandes países europeos. Los últimos ocho años
de Gobierno del PSOE han sido infructuosos en el necesario blindaje y
151
fortalecimiento de la educación pública.
Luego vinieron los de la piqueta neoliberal atacando al servicio educativo
público. Ahí lleva situado el Gobierno de Esperanza Aguirre desde hace años,
privatizando la Educación Infantil, desmantelando la formación de profesores,
con ataques a los equipos de Orientación, Escuelas de Adultos, de Idiomas,
Aulas de Enlace, etc.
Son malos tiempos cuando hay que luchar por lo obvio. Pero hay un elemento
muy positivo: la participación del profesorado y de una buena parte de la
comunidad educativa. A veces, en tiempos de crisis aparecen nuevas ideas,
se crean nuevos modelos y se refuerza la solidaridad.
¿Volvemos a antes de los setenta?
La educación pública es un concepto históricamente reciente y puede ser
frágil, como demuestran los ataques que recibe. Antes, la educación era un
privilegio del poder político, económico y religioso. Ahora, es un derecho
humano reconocido en el artículo 26 de la Declaración Universal. En España,
se recoge en el artículo 27 de la Constitución. No deberíamos volver a una
situación preconstitucional, con un alto peso de la privada y una pública para
sectores desfavorecidos.
Los recortes que viene padeciendo la educación aumentan con los
presupuestos de 2012. ¿Cómo quedará el sistema después de esta
dieta?
Irreconocible por el brutal hachazo en los nuevos PGE y la presión sobre las
comunidades autónomas para reducir el déficit a través de las grandes
partidas sociales. La partida que gestionará Wert se recortará —de media— en
un 21,2%: veremos cómo traduce su déficit particular cada comunidad. Lo que
pretenden los neoliberales es lo que Harvey llama “acumulación por
desposesión”, es decir, la estrategia de deteriorar primero, para privatizar
después lo que es de todos los ciudadanos. Para ello, tienen que degradar lo
público para vaciar las aulas de alumnado. El profesorado y la ciudadanía
tienen que ser conscientes de esto para movilizarse en contra: la enseñanza
pública se defiende con la lucha y con la calidad. En la calle y de manera más
callada —menos espectacular—; más a medio y largo plazo, pero más
estratégica.
¿A qué te refieres?
La calidad de la educación pública exige mayor compromiso de la comunidad
educativa con sus centros. Es evidente que la responsabilidad del ataque
152
parte de las políticas neoliberales. Pero no todos los profesionales de la
educación hacemos siempre lo suficiente para defenderla, aunque la mayoría
del profesorado lo tiene claro. Ya que vienen a por la educación pública,
deberíamos convertir todo centro educativo en un proyecto de alta calidad, de
innovación pedagógica y didáctica; en un modelo de convivencia y
participación democrática de toda la comunidad. Con la máxima exigencia en
el cumplimiento de programaciones, objetivos, resultados académicos
positivos y formación continua, aunque sea por cuenta propia. Con
cooperación entre el profesorado y con las familias, con intercambio de
buenas prácticas y abriendo los centros al exterior. Haciendo de las tutorías
un instrumento clave, porque no hay educación de calidad sin buen trabajo
tutorial. Recuperando los Movimientos de Renovación Pedagógica y
desarrollando campañas de escolarización a favor de los centros públicos: ser
defensores de lo público también significa ser sus usuarios y dar ejemplo de
coherencia personal y de confianza en el sistema. Participando en los órganos
colegiados y en equipos directivos competentes, democráticos,
comprometidos con lo público y no sumisos a la Administración.
Si los partidarios de que mejore el sistema educativo público tienen
razón, ¿cómo se explica la mayoría absoluta del 20-N?
La educación no ha sido un factor decisivo en el voto del 20-N. En el debate
entre los candidatos apenas se abordó, aunque había movilizaciones en varias
comunidades. Influyó más la crisis, el hartazgo con el Gobierno anterior, y las
vagas promesas y bobas metáforas, como “la luz al final del túnel” de Rajoy,
que se está convirtiendo para todos —incluidos sus votantes— en un tren que
viene contra nosotros. Por otra parte, las mayorías absolutas son engañosas.
En el caso del PP, apenas representa el 30% del electorado, resultado
adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico
fraude. En Madrid, el PP ha perdido más de 30.000 votos —en su momento
electoral más dulce— respecto a las generales de 2008 que perdieron. Es
evidente que no les ha salido gratis la agresión a la educación y su
intransigencia de no negociar. Confirman este análisis las recientes elecciones
de Andalucía y Asturias, y el multitudinario seguimiento de la huelga del 29 de
marzo: la reforma laboral, la subida de impuestos y la falta de soluciones
reales a la crisis han desgastado al PP. En absoluto se puede afirmar que
tengan amortizado esto. Y mucho menos si las movilizaciones tienen
continuidad, son masivas, pacíficas y decididas: la política antisocial que están
llevando a cabo ya les está pasando factura con apenas 100 días de gobierno
después del 20-N.
¿Qué te parece la huelga del 29-M?
Nunca hubo una agresión tan grande a los derechos laborales. Busca un gran
153
recorte de salarios y deteriorar las condiciones de trabajo, a través de la
inseguridad y el miedo al poder empresarial. Apunta a un modelo propio de un
país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, un
débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo inexistente. Para que las
empresas ganen dinero sin modernizarse, mientras los demás somos más
pobres. Si añadimos los brutales recortes presupuestarios para 2012 —que
deprimirán la economía y desmantelarán servicios públicos—, va a ser la
reforma laboral de los 6 millones de parados y propiciará un exilio laboral de
la generación de jóvenes más formada de nuestra historia.
La huelga general ha sido en defensa propia, importante por su seguimiento y
su necesidad para que los sindicatos recuperaran la confianza de los
trabajadores, exigiendo respeto a Gobierno y patronal. El mensaje de la gente
a los sindicatos es que no se resignan, que la lucha debe continuar y que si el
Gobierno no rectifica, el 29-M solo debe ser el principio. Creo que hay que
dejar el pesimismo para mejores tiempos y eso solo se consigue luchando.
¿No ha sido abusiva la utilización de la palabra “normalidad” para
referirse al 29-M?
Tienes razón en la falta de imaginación y de recursos expresivos: cada uno
habla de una cosa. Cuando la CEOE habla de volver a “la normalidad”, se
refiere a que nos callemos de una vez; cuando lo hace el Gobierno la asocia a
que no ha pasado nada. Pero la única “normalidad” ha ido el ejercicio de los
derechos constitucionales de huelga y manifestación por millones de personas
de forma masiva y pacífica.
Lo que “no es normal” es que el Gobierno actúe contra la mayoría social, no
negocie nada con los sindicatos, permita las amenazas empresariales contra
el derecho de huelga, mienta patéticamente para negar la realidad o llene las
calles de policías —incluso a caballo— en imágenes que recordaban al
franquismo.
¿Qué opinas de los planes del nuevo ministro de Educación?
Wert no trae buenas intenciones para la escuela pública. Parece disparatado
su proyecto del nuevo Bachillerato, que supondría la segregación anticipada
del alumnado, la extensión de los conciertos en ese tramo y una argucia para
reducir estadísticamente el fracaso escolar.
La mayoría absoluta del PP —con el apoyo de tres de cada diez electores—, le
puede generar un espejismo político que intente aprovechar para modificar la
LOE. Sería un error otra nueva ley educativa para debilitar la pública, basada
en su retórica habitual de “libertad de elección”, “excelencia”, “esfuerzo”… En
154
política, muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos.
En cualquier caso, en tiempos oscuros debe ser infinita nuestra determinación
de resistencia frente a los retrocesos históricos.
Ha entrado como elefante en cacharrería y parece que el papel le gusta. Pero
lo cierto es que no parece que tenga mucho conocimiento de la educación y,
en vez de empezar a estudiar y a asesorarse, ha actuado de busto parlante y
no como ministro serio y competente. Es un buen representante de esa
derecha frívola que abusa de las ocurrencias; seguramente negociará poco
por inseguridad y puede ocasionar importantes desaguisados. Se agradecen
sus silencios.
Si la enseñanza pública se está ciñendo cada vez más a un papel
subsidiario, ¿avanzamos hacia una mayor armonía social
interclasista?
Evidentemente no. Todo tiene coherencia, el modelo educativo afecta al
modelo social y político: la cohesión social y la calidad de la democracia
tienen que ver con la formación, la información y el sentido crítico de la
ciudadanía. Sin escuela pública no se construye una sociedad solidaria y
cooperativa; se suprime el ascensor social y aumentan las desigualdades
sociales. Para su modelo de mercado de trabajo y de sociedad les basta con
un modelo educativo mediocre por clasista: de excelencia para unos pocos y
con muchos trabajadores precarios, mal pagados. Están utilizando la crisis y el
golpe de Estado financiero para acabar con nuestros sueños.
Por último, en esta etapa de carencias, ¿qué racionalización crees
que debe hacerse a todo el sistema educativo, no solo al público?
A pesar de la crisis, estoy con las recomendaciones que hacía el anterior
Consejo Escolar de Estado: incrementar la inversión educativa (no
considerarla un gasto) y elaborar una Ley de Financiación; si no invertimos
hoy en escuelas, gastaremos mañana más en subsidios de paro, en cárceles y
en otros conceptos. También pasaría por reforzar la pública y la educación
inclusiva como eje vertebrador de todo el sistema para conseguir una
sociedad democrática y cohesionada. Asegurar el imperio de los derechos
humanos y de la ciencia en la escuela: es decir, la laicidad. Un Estatuto
Docente que refuerce el reconocimiento del profesorado y un nuevo sistema
de acceso y de prácticas más equilibrado y eficiente. La potenciación de la
Formación Profesional prestigiándola con una oferta suficiente, con el objetivo
de formar buenos profesionales para empleos de calidad y no simple mano de
obra barata. Una nueva normativa que obligue a la democratización de los
centros concertados y a una escolarización equilibrada, en tanto haya dos
redes, aunque hay que cuestionar la existencia de la doble red sostenida con
155
fondos públicos porque cristaliza la desigualdad de oportunidades.
[Fuente: revista Escuela, n.º 3.940, pp. 28-29]
12/4/2012
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Foro de webs
Jornal Pessoal
www.jornalpessoal.com.br
Jornal Pessoal es una revista quincenal alternativa distribuida desde 1987 en
la ciudad de Belém do Pará (Brasil), la más importante de la Amazonia.
Sobrevive exclusivamente de los ingresos por venta al público y de
donaciones de sus lectores, y su autor es el periodista y sociólogo Lúcio Flávio
Pinto. Su objeto es denunciar informadamente la expoliación que padece esta
importante región del planeta, como consecuencia fundamentalmente de los
desmanes de hidroeléctricas y de poseedores ilegítimos de inmensas zonas
forestales para el negocio internacional de la emisión de gases de efecto
invernadero, así como de la connivencia política y judicial al respecto, como
prueban los 33 procesos judiciales y las amenazas de todo tipo que el
periodista ha debido afrontar hasta el momento.
En esta web pueden hallarse los doce últimos números, aunque el histórico de
la revista es consultable en el sitio web de la Universidad de Florida:
http://www.ufdc.ufl.edu/AA00005008/00338/2j
1/5/2012
Interludium
Reflexões anticapitalistas
http://interludium.com.br/
Revista brasileña de inspiración marxiana promovida por el economista Vito
Letízia, que pretende inspirar a —y constituir un canal de encuentro para—
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movimientos sociales que resisten o se movilizan contra el capitalismo
extermicida en sus diversas formas (ecológica, militar, social).
Muy atenta a la crisis mundial, Interludium tiene vínculos con revistas
(Actuel Marx) y movimientos (Occupy Wall Street) que nos son afines, y
sobre todo ofrece al lector de lengua hispana la oportunidad de conocer la
percepción de las cosas que nos preocupan que se tiene desde un país de la
importancia de Brasil.
5/2012
Climate and Capitalism
http://climateandcapitalism.com
Climate & Capitalism es una revista online que versa sobre el capitalismo, el
cambio climático y la alternativa ecosocialista. Tiene tres objetivos
principales:
Ofrecer noticias y análisis para informar, educar y desarrollar a la
izquierda verde;
Contribuir a construir un movimiento internacional contra la
destrucción capitalista del medio ambiente y a favor del
ecosocialismo;
Fomentar y facilitar la colaboración y el intercambio de puntos de vista
entre los activistas socialistas y ecologistas.
En febrero de 2012 anunciamos una alianza con la principal revista socialista
independiente del mundo, Monthly Review. Mantenemos la independencia
desde el punto de vista editorial —Monthly Review no se responsabiliza de
nuestros contenidos y viceversa—, pero compartimos recursos técnicos y
estamos buscando la manera de incrementar nuestra colaboración tanto
técnica como política.
1/5/2012
Revista "Critica Marxista"
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http://www.criticamarxista.net/index.html
Critica Marxista es una revista político-cultural italiana que se refundó en 1992
después de que su antiguo propietario, el entonces Partido Democrático de
Izquierda (ex Partido Comunista Italiano), decidiera cerrarla tras haber sido
una de las más prestigiosas de la izquierda europea. Dirigida por Aldo
Tortorella y Aldo Zanardo, Critica Marxista se propone ofrecer un espacio para
los análisis y las aportaciones teóricas dirigidas a potenciar el pensamiento y
la acción de la izquierda.
20/4/2012
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