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ADMINISTRACIÓNDE JUSTICIA

JDO. DE LO PENAL N. 1GUADALAJARA

SENTENCIA: 00360/2018

S E N T E N C I A

Número 360/1 8En Guadalajara, a 7 de junio de 2018.

Don RICARDO GALLEGO CÓRCOLES, Magistrado del Juzgado de loPenal Número 1 de Guadalajara y su partido, habiendo visto yoído en juicio oral y público las presentes actuaciones deJuicio Oral número 493/2017, dimanantes del ProcedimientoAbreviado número 18/2016, del Juzgado de Instrucción n° 4 deGuadalajara, por un delito de usurpación en las que aparecenacusados

D,G-G- y S^f . -R. f ., representados por la Procuradora doña MARÍA BLANCA

LABARRA y asistidos por el Letrado don ERLANTZ IBARRONDOMERINO. Como acusación particular la JUNTA DE COMUNIDADES DECASTILLA LA MANCHA, representada y asistida por la Letrada desu Gabinete Jurídico. Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente procedimiento se inició en virtud dedenuncia de la Consejería de Agricultura de la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha, lo que dio lugar a que enfase de Diligencias Previas y por el Juzgado de Instrucción,se siguieran los trámites oportunos en averiguación de loshechos denunciados y sus autores .

Una vez interesada por las acusaciones la apertura deljuicio oral, se acordó seguir los trámites conforme a lodispuesto en el Capítulo IV, Título II, Libro IV de la LECrim,recibiéndose los autos en este Juzgado y precediéndose alseñalamiento y celebración del correspondiente Juicio Oral,que se llevó a cabo el día señalado.

SEGUNDO.- En el acto del juicio oral, la acusaciónparticular retiró la acusación por el delito de daños enbienes de dominio público. En lo demás, la acusaciónparticular, el Ministerio Fiscal y la defensa elevaron adefinitivas sus conclusiones provisionales, con lasmodificaciones que constan recogidas en el sistema degrabación audiovisual. Tras el trámite de última palabra lasactuaciones quedaron pendientes de sentencia.

Rimado por: RICARDO GALLEGOCÓRCOLES03/06/201610:12Minerva

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HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En la primavera de 2013, los acusados:T:T.R. ,

T,AV*^

i y CT'P.R.- T. f procedieron aestablecerse en la finca en la que se ubicaban las ruinas delantiguo casco urbano de Fraguas. Concretamente:

1) IT- A t"l , se mantuvo en la fincadesde el 18 de mayo de 2013 hasta el 9 de noviembre de 2014.

2) jT T'** - ' se mantuvo en la fincadesde el 18 de mayo de 2013 hasta el día de celebración deljuicio oral (25/5/2018) .

, se mantuvo en la finca desdehasta el dia de celebración del

3) (SAO.la primavera del año 2013juicio oral (25/5/2018).

4) JXfejGs ' se mantuvo en la fincadesde la primavera del año 2013 hasta diciembre de ese mismoaño.

5) vJ'T-K. ' • • se mantuvo en lafinca desde mayo de 2013 hasta enero de 2014.

6) t~V í"Vv5 . se mantuvo en la fincadesde el 24 de junio de 2013 hasta el 6 de noviembre de 2013.

Los acusados carecían de titulo alguno que les habilitarasu posesión y se mantuvieron en la finca contra la voluntad dela entidad propietaria, la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha.

SEGUNDO.- La finca ocupada por los acusados es el prediodenominado "Fraguas", sito en el término municipal deMonasterio, provincia de Guadalajara. Sus limites son lossiguientes:

Norte: linea del término municipal de Arroyo de fraguas ensu anejo Santotís del término municipal de Las Cabezadas en suanejo Robredarcas.

Este: Terrenos de propiedad particular de los vecinos deMonasterio.

Sur: Linea del término municipal de Arbancón y terrenos depropiedad particular de los vecinos de Monasterio.

Oeste: Linea del término municipal de Arbancón, quedelimita el monte denominado "Jocar", propiedad del PatrimonioForestal del Estado.

La finca tiene una superficie de 1.134 hectáreas, fueadquirida el Estado mediante el procedimiento de urgencia de

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expropiación forzosa el día 29 de diciembre de 1.969 y,posteriormente, su propiedad fue trasferida a la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha, actual propietaria, envirtud de Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero. La fincafigura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cogolludo alTomo 797, Libro 6, folio 175, finca número 1.077.

La citada finca ha sido catalogada por la Consejería deAgricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manchacomo monte de utilidad pública con el número 277 de laprovincia de Guadalajara, formando parte del espacio protegidodenominado Parque Natural de la Sierra Norte. Dicha fincaconstituye suelo rústico no urbanizable de especial proteccióny se encuentra en una zona que sufre despoblación.

TERCERO.- Una vez ocupada la finca, los acusados TA » ^, TT& , GAC , D-GG- y

/ durante el tiempo que han permanecido enella, con conocimiento de que carecían de autorizaciónadministrativa y de que las obras que estaban realizado noeran autorizables, han llevado a cabo tareas de reconstrucciónde edificaciones sobre las ruinas de las preexistentes,instalaciones y acopio de materiales y efectos, en lossiguientes términos:

1) La inspección llevada a cabo por el equipo del SEPRONAcompuesto por los agentes con TIP G-34839-R, Z-11881-H y W-82155-T, el día 17 de septiembre de 2013 constató lassiguientes obras, instalaciones y efectos:

-Construcción de una casa techada, un corral y un pequeñocobertizo para albergar aves de corral.

-Empalme de un tubo semirrígido y colocación de un grifode plástico a la entrada del canal de la arqueta.

-Placa solar pequeña anclada en un muro pétreo y bateríasde vehículos para el suministro de electricidad.

-Enseres de diversa tipología (construcción,domiciliarios, bicicletas, residuos, etc) .

-Camión marca IVECO, matrícula y una roulottesin matrícula.

2) La inspección llevada a cabo el 14 de enero de 2014 porlos agentes medioambientales números 10313 y 10314 constataque, además de las obras indicadas, existen las siguientesobras, instalaciones y efectos:

-Casilla que se usa como baño.

-Casilla para guardar herramientas.

-Instalación de soporte para placas solares

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-Acumulación de diversos enseres como bombonas de butano,neumáticos y botellas de vidrio.

3) La inspección llevada a cabo por la técnico forestal dela Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha / jTiff -

el 7 de febrero de 2017, constata que, ademásde las obras ya indicadas, existen las siguientes obras,instalaciones y efectos:

-Casa almacén.

-Construcción de paja y adobe.

-Construcción trasera casa principal.

-Carpa de plástico de 30m2.

-Residuos y restos no identificados con anterioridad(andamies, sillas, estufas, barriles, cocina).

-Depósito de fibrocemento y dos depósitos de plástico.

-Paneles solares.

-Dos letrinas, una de ellas de madera y la otra de metal yplástico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Delito de Usurpación

PRIMERO.- De la prueba practicada resulta acreditada laocupación de la finca por parte de lojs jacujsados. Los acusadosno soio rueron~±ctentif icados por agentes del SE i? ROÑA el día 17de septiembre de 2013 en la finca (f. 66 y 67), sino tambiénpor los agentes forestales en otras ocasiones 16/6/2013,19/6/2013, 20/6/2013 (f. 12 a 23), 24/6/2013 (f. 98),27/6/2013 (f. 54), 3/7/2013 (f. 99), 19/7/2013 (f. 103),25/7/2013 (f. 100), 6/11/2013 (f. 131). A todas estasidentificaciones hay que unir el hecho de que los propiosacusados han reconocido su permanencia en la finca en elplenario. Así, jTpvH afirmó en el plenario que llegó aFraguas el 18 de mayo dé 2013 y lo abandonó el 9 de noviembrede 2014. TTA afirmó en el plenario que llegó el 18 demayo de 2013 a Fraguas y sigue en la actualidad. (3-P -afirmó eme llegó en la primavera de 2013 y también sigue allí.

t}GG> afirmó que estuvo en la finca dése primavera de2013 hasta diciembre de 2013 o enero de 2014 y $?Q.-9 .

afirmó en el plenario que estuvo viviendo en Fraguasdesde mayo de 2013 hasta enero o febrero de 2014.

La única que ha negado haber ocupado la finca es «At~1 f\> ' en el acto del juicio oral,

ratificando su declaración en fase de instrucción (f. 221 y222), señaló que no ha llegado a vivir en ningún momento en

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Fraguas, que ella vivía y trabaja en Madrid y que ibaeventualmente a Fraguas. También afirmó que cuando visitabaFraguas ayudaba en la reconstrucción realizando tareas talescomo acercar piedras o cemento o hacer la comida. Sin embargo,sus declaraciones no resultaron verosímiles. Constan en lasactuaciones diversas identificaciones de la acusada. En primerlugar, fue identificada el día 17 de septiembre de 2013 poragentes del SEPRONA (f. 66). En segundo lugar, también ha sidoidentificada por agentes medioambientales de la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha el 24 de junio de 2013 (f.98), el 25 de julio de 2013 (f. 100) y el 6 de noviembre de2013 (f. 131) . ríA<3 - ha sido identificada en la fincaen varias ocasiones y por agentes distintos, por lo que nocabe sino concluir que al menos durante el periodo que abarcanlas identificaciones estuvo ocupando la finca junto con suscompañeros. Además, t~tPvG> - : na reconocido que participóen las tareas de reconstrucción de edificios. Teniendo encuenta que nos encontramos ante una finca ubicada en la SierraNorte de Guadalajara y cuyo acceso no es fácil (debe hacerse através de una pista forestal), carece de toda lógica pensarque t~t A (3 ' pasaba unas horas en la finca yposteriormente se iba a Madrid a trabajar y dormir. Además,

f~~fAG> afirmó en el plenario que trabajaba en Madrid.Sin embargo, este hecho no ha sido acreditado. Por otra parte,fue identificada en la finca días laborables (el 17 deseptiembre de 2013 fue martes; el 24 de junio de 2013 fuelunes; el 25 de julio de 2013 fue jueves; y el 6 de noviembrede 2013 fue miércoles) . Por todo ello, no resultaronverosímiles sus afirmaciones de que no vivía en la finca. Ladeclaración en el plenario del testigo <5rT~"t . ,afirmando que \-\, |E\5 vivía con él en Madrid, nodesvirtúa lo anterior. Se trató de una declaración muygenérica sin precisar de manera concreta si ^~tpvO -pernoctaba en el domicilio durante el periodo en el que fueidentificada hasta en cuatro ocasiones en Fraguas. Por tanto,resulta insuficiente para desvirtuar la prueba de cargoconstituida, esencialmente, por las identificacionesrealizadas en el lugar por agentes del SEPRONA y de laConsejería de Agricultura.

SEGUNDO.- Una vez acreditado que los acusados, en losperiodos de tiempo expuestos, han ocupado la finca propiedadde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, debeanalizarse si concurren los elementos del delito de usurpaciónpor el que se formula acusación. Con carácter previo deberesolverse la excepción de prescripción que invocó la defensa,afirmando que el delito estaría prescrito respecto de ftA^O

D<SG Y CJ-'P.RJ3- - al haber transcurrido

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más de un año desde los hechos hastadeclaración en fase de instrucción.

que se les tomó

La defensa, a la hora de invocar la concurrencia de laprescripción, parte de considerar el delito de usurpación comoun delito aislado. Sin embargo, en el presente supuesto, losdos delitos por los que se formula acusación han de serconsiderados conexos, pues no seria posible a los acusadoscometer el delito contra la ordenación del territorio sincometer previamente el delito de usurpación. Por ello, elplazo de prescripción no es el de un año que invoca ladefensa, sino el de cinco años, de conformidad con lodispuesto en el artículo 131.4 del Código Penal en relacióncon el artículo 131.1, regla 4a del Código Penal. Por tanto,debe ser desestimada la prescripción invocada.

TERCERO.- Los hechos declarados probados son leqalmenteconstitutivos de un delito de usurpación, previsto y penado enel artículo 245.2 del Código Penal. Sobre este delito, laSentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2014 hadicho lo siguiente: «Los delitos de usurpación, tipificados enel Capitulo V del Título XIII del Código Penal de 1995,constituyen una modalidad de delitos patrimoniales que tutelanespecíficamente los derechos reales sobre bienes inmuebles.

En ellos el bien jurídico protegido es el patrimonioinmobiliario, y como delitos patrimoniales la lesión del bienjurídico requiere que se ocasione un perjuicio al titular delpatrimonio afectado, que es el sujeto pasivo del delito.

La modalidad delictiva específica de ocupación pacífica deinmuebles, introducida en el Código Penal de 1995 en el número2° del articulo 245, requiere para su comisión los siguienteselementos:

a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de uninmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituyamorada de alguna persona, realizada con cierta vocación depermanencia.

b) Que esta perturbación posesoria puede sercalificada penalmente como ocupación, ya que la interpretaciónde la acción típica debe realizarse desde la perspectiva delbien jurídico protegido y del principio de proporcionalidadque informa el sistema penal (Art 49 3° de la Carta deDerechos Fundamentales de la Unión Europea). Desde ambasperspectivas la ocupación inmobiliaria tipificada penalmentees la que conlleva un riesgo relevante para la posesión delsujeto pasivo sobre el inmueble afectado, que es lo que dotade lesividad y significación típica a la conducta, por lo quelas ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de

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permanencia o de escasa intensidad, son ajenas al ámbito deaplicación del tipo.

c) Que el realizador de la ocupación carezca detitulo jurídico que legitime esa posesión, pues en el caso deque hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunquefuese temporalmente o en calidad de precarista, la acción nodebe reputarse como delictiva, y el titular deberá acudir alejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperarsu posesión.

d) Que conste la voluntad contraria a tolerar laocupación por parte del titular del inmueble, bien antes deproducirse, bien después, lo que especifica este articulo alcontemplar el mantenimiento en el edificio "contra la voluntadde su titular", voluntad que deberá ser expresa.

e) Que concurra dolo en el autor, que abarca elconocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia deautorización, unido a la voluntad de afectación del bienjurídico tutelado por el delito, es decir la efectivaperturbación de la posesión del titular de la finca ocupada».

CUARTO.- Todos estos elementos concurren en el presentesupuesto. En primer lugar, en cuanto al primero de losrequisitos, alegó la defensa que no concurre el elementoobjetivo del tipo afirmando que está fuera del ámbito deaplicación de la norma la ocupación de un monte público. No secomparte esta argumentación de la defensa. Lo que los acusadoshan ocupado es una finca, que constituye un bien inmueble.Dicho inmueble ha sido catalogado por la Consejería deAgricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manchacomo monte de utilidad pública con el número 277 de laprovincia de Guadalajara, formando parte del espacio protegidodenominado Parque Natural de la Sierra Norte (Ley 5/2011, de10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la SierraNorte de Guadalajara). Ahora bien, dicha catalogaciónadministrativa no altera la naturaleza de inmueble de la fincani impide la' aplicación del tipo penal objeto de acusación.

Que la finca denominada Fraguas es un inmueble resulta,indubitado. Dice el artículo 333 del Código Civil que "Todaslas cosas que son o pueden ser objeto de apropiación seconsideran como bienes muebles o inmuebles". La finca deFraguas es un bien inmueble susceptible de apropiación y comotal con acceso al Registro de la Propiedad. El artículo 1.1 dela Ley Hipotecaria dice que "El Registro de la Propiedad tienepor objeto la inscripción o anotación de los actos y contratosrelativos al dominio y demás derechos reales sobre bienesinmuebles". Ninguna duda cabe que la finca ocupada es un bieninmueble, cuya descripción precisa consta en las actuaciones(f. 86 y 145) y que figura inscrita en el Registro de la

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Propiedad de Cogolludo al Tomo 797, Libro 6, folio 175, fincanúmero 1.077 (f. 145). Dicha finca fue adquirida porexpropiación forzosa por el Estado (f. 86 y 87) y su propiedadtrasferida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha envirtud de Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero (BOE de 19de septiembre de 1984). Concretamente la finca de Fraguasaparece como transferida en la página 27.123 (f. 151 de lacausa).

Alegó también la defensa que ocupar un monte no estáincluido en el tipo penal objeto de acusación porque la Ley deMontes sanciona como infracción administrativa esta conducta.Efectivamente la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes yGestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sancionacomo infracción leve "la ocupación sin autorizaciónadministrativa de la Consejería de edificios, instalaciones einfraestructuras en general de los montes gestionados por lamisma, asi como su uso indebido, inadecuado o abusivo, auncuando no se causen daños" (articulo 80.28 en relación con elarticulo 81.3.c de la Ley 3/2008). Cabria añadir que la LeyOrgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridadciudadana, también tipifica como falta administrativa leve "laocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, ola permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad desu propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobreel mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal"(articulo 37.7 de la LO 4/2015).

Ahora bien, estas normas administrativas sancionanocupaciones de inmuebles en aquellos supuestos en los que loshechos no son constitutivos de infracción penal, es decir,cuando, conforme a la jurisprudencia anteriormente citada, laocupación no tiene vocación de permanencia o se trata de unaocupación de escasa entidad. Sin embargo, cuando la ocupaciáa_conlleva un riesgo relevante para la posesión del sujeto,pasivo sobre el inmueble afectado, nos encontramos ante unainfracciónpenal.Enelcasopresenteelriesgorelevante esevidente, no solo por la vocación de permanencia de la'ocupación sino también porque al margen de cualquierautorización administrativa, se están levantando edificacionesen la finca propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Además, el hecho de que la finca pertenezca a unaadministración pública y que como tal disponga de potestadesde autotutela para la defensa de la propiedad y posesión desus bienes no excluye la existencia de este delito. En estesentido, la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 12 denoviembre de 2014, establece que «El hecho de que laAdministración Pública disponga de facultades de autotutela noresulta relevante para despenalizar una conducta que reviste

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los caracteres necesarios para su subsunción en uno de lostipos expresamente recogidos en el Código Penal. Que laAdministración Pública disponga del procedimiento prevenido enel al art 41 de la Ley del Patrimonio de las AdministracionesPúblicas para la recuperación de la posesión indebidamenteperdida sobre sus bienes y derechos, no excluye la tipicidadde la conducta enjuiciada, ni obsta al hecho de que sus bienesinmuebles se encuentren protegidos penalmente frente a laocupación ilegal».

QUINTO.- También concurren el resto de requisitos. Nosencontramos ante una ocupación con vocación de permanencia.Algunos de los acusados todavía residen en la finca

Y <3/NCU- ) y el resto, aunque ya la ha abandonado,han ocupado la finca durante periodos de tiempo losuficientemente amplios para considerar que dicha ocupación noera esporádica u ocasional, sino que tenía vocación depermanencia. Así, I^f^^~\a estado ocupando la finca año ymedio (desde el 18 de mayo de 2013 hasta el 9 de noviembre de2014); J3-G"0 - al menos seis meses (desde la primavera delaño 2013 hasta diciembre de ese mismo año); .TP-R-r . unossiete meses (desde mayo de 2013 hasta enero de 2014); yr~fft(E7 unos cuatro meses y medio (desde el 24 de junio de2013 hasta el 6 de noviembre de 2013) . Además, todas estaspersonas durante el periodo de tiempo que estuvieron en lafinca contribuyeron con su trábalo a dotarla de elementos parasu ocupación permanente. "U~A- "V indicó en el plenario quesu intención era rehabilitar la zona y vivir en ella y que conesta intención llegó a Fraguas el 18 de mayo de 2013. Tambiénafirmó que repararon las canalizaciones del vivero, roturarontierra para el cultivo y levantaron una casa sobre las ruinasde la había existido con anterioridad. Es decir, dotaron a lafinca de infraestructura para vivir en ella de formapermanente. El acta de inspección ocular del SEPRONA indicaque se han realizado infraestructuras para el abastecimientode agua, disponen de una placa solar pequeña para laalimentación electica (f . 75 y 76) . Además, en el informefotográfico se aprecia un corral con un pequeño cobertizo paraalbergar aves de corral (f. 81). Ninguna duda cabe a la vistade lo expuesto de la vocación de permanencia de la ocupación.

es la única de los acusados que negó laocupación. Sin embargo, como ya se ha expuesto, de lasdistintas identificaciones practicadas se deduce de formainequívoca que durante al menos cuatro meses y medio estuvo enla finca, tiempo lo suficientemente prolongado para apreciarla vocación de permanencia que exige el tipo penal.

El resto de elementos del tipo no fueron objeto dediscusión. Los acusados reconocen que carecen de título quelegitime su ocupación. La oposición del propietario, la Junta

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de Comunidades de Castilla-La Mancha, también ha sidoreconocida por los acusados y en todo caso, resulta innegableque los acusados conocían la oposición de la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha a la vista de las diferentesdenuncias que constan en las actuaciones formuladas poragentes de la Consejería de Agricultura como consecuencia dela ocupación (f. 12 a 23). Finalmente, el dolo se deduce de lapropia conducta de los acusados al permanecer en la fincaconociendo la ajenidad del inmueble y de la ausencia deautorización, así como la perturbación de la posesión deltitular, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, queformuló diversas denuncias administrativas por la ocupación(f. 12 a 23) .

También alegó la defensa que la propietaria había hechodejación de sus facultades posesorias. Sin embargo, no seaprecia esta circunstancia. La finca está enclavada en elParque Natural de la Sierra Norte, existiendo presencia endicho Parque Natural de agentes medioambientales de la Juntade Comunidades de Castilla-La Mancha. Dichos agentesadvirtieron la presencia de personas en el lugar desde losprimeros momentos, desde luego antes de que comenzaran lasconstrucciones, y les informaron de que se encontraban en elParque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y que losterrenos en los que se pretendían establecer eran públicos.Así resulta de la denuncia inicial corroborada por los agentesmedioambientales que declararon en el plenario. Lacircunstancia de que transcurriera casi un año desde losprimeros avistamientos (agosto de 2012) hasta la interposiciónde la denuncia (24/6/2013) obedece a la circunstancia de queexistieron conversaciones previas para llegar a una soluciónamistosa y que hasta mayo de 2013, momento en el que seestablecen la mayoría de acusados, no se observaronactuaciones en el antiguo casco urbano de Fraguas (f. 6) . Portanto, la denuncia se produce tan solo un mes después delestablecimiento de los acusados en el lugar, sin que seaprecie ni permisividad ni abandono posesorio por parte de laJunta de Comunidades de Castillas-La Mancha.

Para concluir, debe precisarse que el delito de usurpaciónes un delito continuado, que se produce mientras la personahabita en la finca sin consentimiento de su titular. Portanto, cuando las acusaciones califican los hechos como"delito continuado de usurpación", debe entenderse que laexpresión "continuado" alude a la naturaleza del delito, sinque pretendan la aplicación del artículo 74 del Código Penal.Así se deduce de sus propias peticiones de pena que no seajustan a lo determinado por el artículo 74 del Código Penal.En todo caso, como la continuidad forma parte de la naturaleza

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tipo penal, no sería posible aplicar el artículo 74 del CódigoPenal.

Delito contra la ordenación del territorio

SEXTO.- Losconstitutivos

hechos declarados probados también sonde un delito contra la ordenación del

territorio, previsto y penado en el 319.1 del Código Penal. Elartículo 319.1 del Código Penal dice que "Se impondrán laspenas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multade doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenidopor el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyocaso la multa será del tanto al triplo del montante de dichobeneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficiopor tiempo de uno a cuatro años, a los promotores,constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras deurbanización, construcción o edificación no autorizables ensuelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominiopúblico o lugares que tengan legal o administrativamentereconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico,histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sidoconsiderados de especial protección".

Conforme al citado precepto, los requisitos de este tipopenal son los siguientes: a) sujeto del delito han de ser a"los promotores, constructores o técnicos directores"; b) laconducta típica ha de consistir en llevar a cabo obras deurbanización, construcción o edificación; c) el lugar en quese ha de desarrollar la conducta han de ser suelos destinadosa viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugaresque tengan legal o administrativamente reconocido su valorpaisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, opor los mismos motivos hayan sido considerados de especialprotección; d) la obra realizada ha de tener la consideraciónde "no autorizable"; y e) Como en todos los delitos dolosos hade concurrir dolo (en cualquiera de sus manifestaciones)consiste en el conocimiento por parte del sujeto activo de queen su actuación concurren todos los elementos objetivos deltipo delictivo.

SÉPTIMO.- El primero de los elementos del tipo es elrelativo al sujeto que puede cometer este delito. El preceptopenal se refiere a "los promotores, constructores o técnicosdirectores". Dice el Tribunal Supremo que «será consideradopromotor cualquier persona, física o jurídica, pública oprivada, que, individual o colectivamente, impulsa, programa ofinancia, con recursos propios o ajenos, obras de edificaciónpara sí o para su posterior enajenación» (SSTS 830/2017 de 18diciembre; 1127/2009 de 27 de noviembre; y 690/2003 de 14 demayo; y 1250/2001 de 26 de junio) . En el caso presente, losacusados, en cuanto que de forma colectiva han impulsado en la

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finca de Fraguas la reconstrucción de una casa y demás obras einstalaciones reflejadas en el acta de inspección ocular delequipo de investigación del SEPRONA (f. 75 y 76) , ratificadaen el plenario, en las actas de seguimiento de los agentesmedioambientales (f. 114 y 115), también ratificadas, y en elinforme de fé _j7 f~~f í, aportado por laacusación particular junto a su escrito de calificaciónprovisional, también ratificado, son sujetos del delito queles imputan las acusaciones.

En cuanto al segundo elemento, la defensa sostuvo en elplenario que lo que han hecho no es una construcción, porquela casa ha sido levantada sobre las ruinas de la antigua casaque fue abandonada. Dice el Tribunal Supremo que construcción«es tanto como "obra construida o edificada", lo que equivalea hacer algo de esta índole, utilizando los elementos y losmedios adecuados» (STS de 18 de abril de 2017) . La SAP deMadrid de 13 de febrero de 2017, con cita de la STS de 29 denoviembre de 2006 dice que hay construcción cunando «seproduce por la obra del hombre y con el empleo de mediosmecánicos y técnicos apropiados, una sustancial modificacióncon vocación de permanencia de la configuración original dezona geográfica afectada».

En definitiva, lo esencial radica en que la obraconstruida realice una sustancial modificación de laconfiguración de la finca respecto a su situación previa a laocupación. En el caso presente, este elemento resultaindiscutible?Así,lasfotografíasobrantesalfolio79muestran la finca con anterioridad a la intervención llevada acabo por los acusados. Se puede apreciar que la zonapresentaba ruinas parcialmente cubiertas por la vegetación, loque corroboraron los agentes que conocían previamente elmonte. Así, el agente 1031-4 afirmó en el plenario que conanterioridad a la ocupación había vegetación y "lo poco que seveía de las ruinas". En igual sentido el agente 1031-7 afirmóque con anterioridad había vegetación y ruinas abandonadas,casas derruidas y zarzas por las calles. -P-Xü). afirmóen el plenario que conocía Fraguas y que antes de la ocupaciónhabía ruinas abandonadas cubiertas por la vegetación, así comorestos de piedras y tejados. Sin embargo, con posterioridad sereconstruyó una casa, con sus muros, cerramientos y cubierta,además de un corral y un pequeño cobertizo para albergar aves.Por tanto, estamos ante una alteración sustancial de lopreexistente que no eran sino ruinas parcialmente ocultasentre la vegetaciónT"

La SAP de Barcelona que invoca la defensa, dice que «Segúnla doctrina científica las características de la"construcción" son las siguientes: 1a) Que sea una obra denueva planta, no una reposición, ni rehabilitación, ni

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reconstrucción, ni reparación, ni ampliación de otra yarealizada, salvo que en estos últimos casos se altere laconfiguración de lo ya realizado con anterioridad; 2a) Quetenga una entidad o importancia suficientes para considerarque atenta al bien jurídico, y 3a) Que sea una obra permanenteo fija al suelo, no movible ni desmontable fácilmente». Estasentencia consideró que no había delito contra la ordenacióndel territorio porque la conducta consistió en reconstruir unacaseta preexistente y montar una casa prefabricada dereducidas dimensiones fácilmente desmontable. Sin embargo, elcaso aquí enjuiciado no resulta análogo, pues nos encontramosante una casa (no una caseta) -reconstruida íntegramente salvosus cimientos, junto con un corral y un pequeño cobertizo. Lajaobras llevadas a cabo por los acusados han modificado de formasustancial la configuración original, por lo que integran eldelito objeto de acusación.

El tercer elemento del tipo consiste en que el lugar enque se ha de desarrollar la conducta han de ser suelosdestinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público olugares que tengan legal o administrativamente reconocido suvalor paisajístico, ecológico, artístico, histórico ocultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados deespecial protección. En el caso presente nos encontramos anteunas obras que se han realizado en una finca de dominiopúblico que ha sido catalogada por la Consejería deAgricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manchacomo monte de utilidad pública con el número 277 de laprovincia de Guadalajara, formando" parte del espacio protegidodenominado Parque Natural de la Sierra Norte, de conformidadcon la Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del ParqueNatural de la Sierra Norte de Guadalajara. Por tanto, ningunaduda existe de la concurrencia de este elemento del tipo, nosiendo una cuestión discutida.

OCTAVO.- Fue objeto de discusión en el plenario elcarácter de no autorizable de las construcciones. S-S

se mostró clara, precisa y contundente al ratificarsu informe de 24 de septiembre de 2013 (f. 91 a 94).

El artículo 4 del Decreto 242/2004, de 27 julio, queaprueba el Reglamento de Suelo Rústico de Ordenación delTerritorio y Urbanismo de Castilla-La Mancha, señala en suapartado a) que constituye suelo rústico no urbanizable deespecial protección "El suelo rústico no urbanizable deprotección ambiental, natural, cultural, paisajística o deentorno, por razón de los valores, naturales o culturales, queen ellos se hagan presentes, en el cual se deberán distinguirlas subcategorías correspondientes de acuerdo con el artículosiguiente Dicho artículo indica que, en todo caso,

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constituye suelo rústico no urbanizable de protección natural,los montes catalogados de utilidad pública (articulo S.l.b).

El articulo 12 del citado Decreto determina los usos,actividades y actos que pueden realizarse en suelo rústico nourbanizable de especial protección. Concretamente, señala esteprecepto que "1. En los terrenos clasificados como suelorústico no urbanizable de especial protección podránrealizarse excepcionalmente los usos, actividades y actosenumerados en el articulo 11 siempre y cuando esténexpresamente permitidos por la legislación sectorial y elplaneamiento territorial y urbanístico aplicable por resultarcompatibles con la mejor conservación de las características yvalores determinantes del régimen de especial protección oresponder al uso o disfrute públicos compatibles con unas yotros.

2. A estos efectos, la inexistencia de legislaciónsectorial concreta y especifica directamente aplicable sobreun determinado lugar no podrá ser interpretada comocircunstancia habilitadora para llevar a cabo usos,actividades o actos de que se trate.

3. No obstante, cuando la legislación sectorial permitaexpresamente ciertos usos, actividades y actos pero no losconcrete de acuerdo con la clasificación que realiza esteReglamento y la Instrucción Técnica de Planeamiento, seprecisará para el otorgamiento de la calificación urbanísticainforme previo favorable del órgano competente en la materiasectorial de que se trate".

En el caso presente, no existe legislación sectorialconcreta y específica directamente aplicable a Fraguas, siendode aplicación las Normas Subsidiarias de la Provincia deGuadalajara, publicadas en el Boletín Oficial de la Provinciade fecha 3/6/1987. Dichas normas no permiten expresamente,como exige el artículo 12.1 del Decreto, las construcciones enla finca ocupada.

Finalmente, el artículo 179.1 del Texto refundido de laLey de Urbanismo de Castilla-La Mancha, aprobado por DecretoLegislativo 1/2010, de 18 mayo, dice que "Las actuaciones queno se adecúen a la ordenación territorial y urbanísticatendrán la consideración de actuaciones ilegales", añadiendoen su apartado 2.b que en ningún caso podrán legalizarse: "1)Las actuaciones ilegales realizadas en suelo rústico deprotección, zonas verdes, espacios públicos o bienes dedominio público, servicio público o en bienes comunales. 2)Las realizadas en terrenos forestales protegidos o en espaciosnaturales, así como en terrenos rústicos que hayan perdido sumasa arbórea en virtud de talas ilegales".

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A la vista de la normativa expuesta, ninguna duda existesobre que las construcciones realizadas por los acusados nosolo no están autorizadas sino que tampoco resultanautorizables. Por obras no autorizables han de entenderseaquellas que no lo pueden ser conforme a la legislaciónurbanística vigente. En este sentido, la Sentencia delTribunal Supremo de 13 de enero de 2018 dice que «La expresiónno autorizable no alude a la eventualidad de que en un futuro,más o menos incierto o lejano, pudiera modificarse lalegalidad urbanística. Esta interpretación nos lleva alabsurdo: por vía de hipótesis y en abstracto toda calificaciónes susceptible de modificación por decisión del legislador ode la administración competente en materia urbanística. Eseelemento del tipo se refiere a la ilegalidad material de laedificación cuando se realiza, por no ajustarse a laordenación. No basta que se haya levantado sin licencia; esnecesario que sea contraria a la legalidad urbanística vigenteen ese momento, lo que excluiría su autorización (noautorizable)».

Esta misma sentencia indica, respecto del principio deintervención mínima invocado por la defensa que «No es unprincipio de interpretación del derecho penal sino de políticacriminal. Va dirigido fundamentalmente al legislador, que es aquien incumbe mediante la fijación de los tipos y las penasconcretar los límites de la intervención del derecho penal»(STS de 13 de enero de 2018).

NOVENO.- Finalmente, queda por analizar el elementosubjetivo del tipo y relacionado con el mismo el error deprohibición invocado. Afirma la defensa que los acusados eranconscientes de la ilegalidad de las obras pero que actuabancon el convencimiento de que era una mera ilegalidadadministrativa, no penal, y que las obras podrían legalizarse.

No nos encontramos ante un error de prohibición, queexcluye la antijuridicidad, como sostuvo la defensa. LaSentencia del Tribunal Supremo 816/2014, de 24 de noviembreaclara que «la conciencia de antijuridicidad como elemento deldelito no requiere el conocimiento concreto de la norma penalque castiga el comportamiento de que se trate, ni tampoco elconocimiento de que genéricamente el hecho está castigado comodelito. Basta con saber a nivel profano que las normas queregulan la convivencia social (el Derecho) prohiben elcomportamiento que él realiza. El contenido de este elementodel delito, la conciencia de la antijuridicidad, o de sureverso, el error de prohibición, se refiere al simpleconocimiento genérico de que lo que se hace o se omite estáprohibido por las Leyes, sin mayores concreciones, sin que serequiera conocer las consecuencias jurídicas que de suincumplimiento pudieran derivarse. Basta conocer la ilicitud

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del propio obrar: «Creencia errónea de estar obrandolícitamente», decía el anterior art. 6 bis a); «error sobre lailicitud del hecho», dice ahora el vigente art. 14.3" (SSTS1301/1998, de 28-10 ; 986/2005, de 21-7 ; y 429/2012, de 21-5)». En el presente supuesto, es manifiesto que los acusadossabían que las construcciones son ilegales, así lo hanreconocido en el plenario, siendo irrelevante a los efectosdel conocimiento de la antijuridicidad que tuvieran una ideaerrónea de las consecuencias jurídicas de su conducta.

En cuanto a la ausencia de dolo, también invocada, sealega que los acusados eran plenamente conscientes de lailegalidad de las obras (conciencia de la antijuridicidad)pero que a pesar de ello, las llevaron a cabo por su firmepropósito de rehabilitar y repoblar la zona, entendiendo quedichas obras podían ser legalizadas por la Administración. Noresultan verosímiles estos argumentos. No cabe ninguna duda dela existencia de dolo en la conducta de los acusados. Losacusados necesariamente conocían que las obras que pretendíanllevar a cabo no eran autorizables por los siguientes motivos:1) Porque como señala el Tribunal Supremo, «"existe laobligación de cerciorarse de la legalidad de la obra arealizar", y quien no solicita licencia antes de comenzar unasobras de una cierta entidad realizadas en una zonasuficientemente conocida, pone de manifiesto de modo evidenteque sabe que esas obras no pueden ser autorizadas» (Sentenciadel Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2017) . Las obrasllevadas a cabo por los acusados son de entidad notable, pueshan reconstruido una casa partiendo únicamente de los antiguoscimientos, por lo que no podían ignorar el hecho de que lalicencia era necesaria. Por tanto, si no la pidieron solo pudoser porque conocían (dolo directo) o porque se representabancomo altamente probable (dolo eventual) que las obras quepretendían no eran autorizables. 2) Representantes de laasociación a la que pertenecen algunos de los acusados, segúnestos reconocieron en el plenario, se reunieron a finales defebrero con -P«vD - técnico de la Delegación deAgricultura, quien les informó que la finca ocupada no escasco urbano y, por tanto, lo que pretendían era incompatiblecon la legislación vigente (f. 112, ratificado en el plenariopor YD ) . Es decir, un técnico de la Delegación deAgricultura de la Junta de Comunidades les dijo que lopretendían era ilegal y, a pesar de ello, ignorando a lostécnicos, lo llevaron a cabo. 3) Si los acusados hubierancreído de buena fe que las obras eran autorizables, comosostuvieron en el juicio, hubieran solicitado unaautorización, cosa que no hicieron. JT-P^^ . afirmó en elplenario que lo que querían era obtener una concesión pararepoblar. Sin embargo, nunca la solicitaron. Afirmó IÍ~Pv .

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que no la solicitaron porque les dijeron que no se la iban adar. Dada la tenacidad demostrada para establecerse ymantenerse en Fraguas, no resulta verosímil pensar que elhecho de que les dijeran que no la pidieran porque no se laiban a dar (hecho no acreditado, en cualquier caso), leshiciera desistir de solicitarla. Si no solicitaronautorización solo pudo deberse a que conocían que las obrasque pretendían no eran autorizables porque P.T) leshabía informado, como ya se ha indicado, que lo que pretendíanera incompatible con la legislación vigente. Por todo loexpuesto, concurre en el presente supuesto el dolo o elementosubjetivo del tipo.

La defensa se refirió a la existencia de supuestossimilares en la zona. Concretamente, aportó una concesiónadministrativa relativa al pueblo de La Vereda. De ladocumentación aportada lo que se aprecia es que dichaconcesión, hoy día extinguida, nada tiene que ver con el casoaquí enjuiciado. La Vereda, como señaló €> S

, es un núcleo de población dependiente de Campilloal igual que Matallana. Se trata de núcleos de población(Fraguas es suelo rústico no urbanizable de especialprotección) y, además, la concesión no es para reconstruiredificios sino para el uso y disfrute "de los edificios yterrenos adyacentes al pueblo de La Vereda", es decir, el usoy disfrute de edificios ya existentes. En ninguna cláusula delcontrato aportado se faculta al concesionario a reconstruircasas. En todo caso, el contrato es de 29 de julio de 2008finalizando el 31 de diciembre de 2010 (clausula tercera). Apartir de la Ley 5/2011 de 10 de marzo, la zona fue declaradaParque Natural, cambiando su estatus jurídico. /5C- ^

responsable de la gestión de 50 casas en La Veredaafirmó en el plenario que ya no se construye nada nuevo.

¿ ¡u , afirmó que en la localidad de Umbrale jo se hanreconstruido 52 casas. Ahora bien, dicha reconstrucción sellevó a cabo entre 1984 y el año 2000. Es decir, mucho antesde que la zona fuera declarada Parque Natural por Ley de 10 demarzo de 2011. i^& afirmó que tiene unacasa en Muriel. Sin embargo, Muriel es una pedanía de Tamajóncomo la propia testigo reconoció, por lo que su situacióntampoco puede equipararse a la de Fraguas. Finalmente, j£Jn

, vecino de Fraguas antes de la expropiación, pocoaportó al esclarecimiento de los hechos. Alabó la iniciativade los acusados de repoblar su antiguo pueblo.

A la vista de todo lo expuesto concurren todos loselementos del delito contra la ordenación del territorio quese imputa a los acusados. Por muy loables que puedan resultarlos fines de los acusados de rehabilitar y repoblar una zonaque presenta graves problemas de despoblación, dichos fines no

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pueden justificar los medios que han empleado. Dichos medioshan consistido en la ocupación ilegal del dominio público v enla vulneración de las normas urbanísticas que regulan laordenación del territorio. Los acusados, a sabiendas de_. quelasconstruccionesque pretendían llevar a cabo no podían serautorizadas,las realizaron sin solicitar licencia alguna.

Los fines que persiguen los acusados (repoblar una zonaque sufre despoblación) coinciden con el hecho de que lapropia Junta de Comunidades considera la zona como zona deinversión territorial integrada, teniendo por finalidad ladefinición de dicha área "frenar el despoblamiento, conseguirel relevo generacional, dar continuidad a los pueblos,modificar el modelo socio-económico y ofrecer alternativas ala población para compensar los fuertes desequilibriosterritoriales y sociales existentes" (Decreto 31/2017, de 25de abril, por el que se establece el procedimiento degobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) deCastilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020).Por ello, seria positivo que las partes encontraran unasolución dialogada al conflicto. En todo caso, los finespretendidos no se pueden conseguir ocupando bienes de dominiopúblico y vulnerando la legalidad urbanística.

DÉCIMO.- De los delitos de usurpación, previsto y penadoen el artículo 245.2 del Código Penal, y contra la ordenacióndel territorio, previsto y penado en el artículo 319.1 delCódigo Penal, son responsables en concepto de autores losacusados, conforme a lo previsto en los artículos 27 y 28 delCódigo Penal, por haber realizado directa y materialmente loshechos que los integran, en los términos expuestos en losfundamentos anteriores.

UNDÉCIMO.- En el presente procedimiento no concurrencircunstancias modificativas de la responsabilidad criminalque se hayan probado con igual rigor que el hecho típicomismo, exigencia que constituye requisito imprescindible parasu apreciación, conforme reiterada jurisprudencia del TribunalSupremo.

DUODÉCIMO.- El artículo 245.2 castiga el delito deusurpación con la pena de multa de tres a seis meses. Noapreciándose la concurrencia de especiales circunstancias queafecten a la culpabilidad, procede imponer a los acusados lapena mínima de tres meses de multa.

El artículo 319.1 del Código Penal, castiga el delitocontra la ordenación del territorio con penas de prisión de unaño y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatromeses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuesesuperior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa serádel tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e

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inhabilitación especial para profesión u oficio. Como en elsupuesto anterior, no apreciándose la concurrencia deespeciales circunstancias que afecten a la culpabilidad,procede imponer a los acusados las penas minimas de un año yseis meses de prisión y doce meses de multa.

Respecto a la cuota diaria de las multas, resultaprocedente fijarla en seis euros conforme a lo solicitado porla acusación particular. Se puede considerar que estacantidad, inferior al dos por ciento del limite máximolegalmente previsto (400€), es aquella a la que puede hacerfrente todo ciudadano, salvo que se acredite una especialcapacidad económica, lo que no es el caso; o se acredite unestado de pobreza o indigencia, que tampoco es el caso.

Por otro lado, de conformidad con el articulo 56 delCódigo Penal, resulta necesario condenar, por imperativolegal, junto con las penas de prisión, a la accesoria deinhabilitación especial para el ejercicio del derecho desufragio pasivo durante el tiempo de la condena, segúncriterio igualmente establecido por la jurisprudencia de laSala Segunda del Tribunal Supremo (SSTS de 23 de marzo y 25 deseptiembre de 1999) y la Consulta 2/2000, de 14 de diciembre,de la Fiscalía General del Estado, sobre aplicación de laspenas accesorias previstas en el artículo 56 del Código Penal.

DECIMOTERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en elartículo 109 del Código Penal, la ejecución de un hechodescrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, enlos términos previstos por la Ley, los daños y perjuicios porél causados.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a lo que seadhirió el Ministerio Fiscal en el juicio oral, solicita quese condene a los acusados a abonar a la Junta de Comunidadesde Castilla-La Mancha la cantidad de 26.779'17€ por los dañosy perjuicios causados con la ocupación ilegal. En efecto, laocupación ilegal de la finca propiedad de la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha ha ido seguida de larealización de una serie de obras, ni autorizadas niconsentidas por la propietaria. Por tanto, el coste de lademolición de dichas obras debe ser asumido por los acusados.

Según el informe de 7 de febrero de 2017, elaborado por&í£ t~f r ratificado en el plenario y no

contradicho por elemento probatorio alguno, la reparación deldaño en el caso presente ha de consistir en la reposición dela finca a su estado original previo a la ocupación. Dichareparación, según la perito RjJLT'f • necesariamenteha de consistir en la demolición de los edificios existentes y



la retirada de residuos acopiados. El coste de reposición seestima en 26.779'17€.

La valoración aportada por la Junta de Comunidades deCastilla-La Mancha es una valoración del estado de la finca el7 de febrero de 2017. En ese momento había cincoconstrucciones en la finca. Hoy día, según el informe de losagentes medioambientales de 20 de mayo de 2018, aportado en elacto del juicio oral, hay siete construcciones. Sin embargo,lo relevante son las construcciones, instalaciones, residuos yrestos existentes en el periodo en el que ocupaban la fincalos acusados, pues cuatro de ellos la abandonaron por lo queno pueden ser responsables de lo realizado con posterioridad.

También debe indicarse que la aportación del informe de 7de febrero de 2017 por la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha junto con su escrito de calificación provisional novulnera el derecho de defensa de los acusados, pues en contrade lo que sostiene la defensa, no introduce hechos nuevos,sino que se limita a precisar y cuantificar los daños que laJunta reclama por las construcciones y obras realizadas. Elauto de transformación en procedimiento abreviado de 25 denoviembre de 2016 incluye en su relato la realización por losacusados de reconstrucciones de viviendas y otras obras.

El Ministerio Fiscal al elevar a definitivas susconclusiones solicitó que se condenara a los acusados aadoptar las medidas necesarias a restaurar el equilibrioperturbado. El Ministerio Fiscal se limitó a reproducir elcontenido del artículo 339 del Código Penal, sin solicitar laadopción de ninguna medida concreta, por lo que no procedepronunciamiento alguno en este punto. No se puede acordarninguna medida de las del artículo 339 del Código Penal sinque previamente dicha medida haya sido solicitada de formaconcreta y los acusados la hayan podido conocer y defendersefrente a la misma.

DECIMOCUARTO.- El informe del SEPRONA de 31 de octubre de2013 (f. 56 y siguientes) permite afirmar que en la fecha enla que todos los acusados ocupaban la finca, sobre la misma sehabían realizado las siguientes actuaciones por los acusados(f. 75 y 76):

-Construcción de una casa techada, un corral y un pequeñocobertizo para albergar aves de corral.

-Empalme de un tubo semirrígido y colocación de un grifode plástico a la entrada del canal de la arqueta.

-Placa solar pequeña anclada en un muro pétreo y bateríasde vehículos para el suministro de electricidad.

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-Enseres de diversa tipologíadomiciliarios, bicicletas, residuos, etc).

-Camión marca IVECO, matrículasin matrícula.

(construcción,

y una roulotte

Estos eran las construcciones y objetos que había en lafinca el 17 de septiembre de 2013 cuando fueron identificadostodos los acusados. Construcciones y objetos cuyapreexistencia en esencia ha sido reconocida por los mismos yque, en todo caso, resulta acreditada a la vista del acta deinspección ocular ratificada en el plenario por los agentesdel SEPRONA que la llevaron a cabo. Por tanto, todos losacusados deberán responder del coste de demolición de losedificios existentes y la retirada de residuos acopiados afecha 17 de septiembre de 2013.

DECIMOQUINTO.- Con posterioridad a esta fecha, losagentes medioambientales constataron el 14 de enero de 2014 laexistencia de nuevas construcciones, instalaciones y efectos(f . 114 y 115) :

-Casilla que se usa como baño.

-Casilla para guardar herramientas.

-Instalación de soporte para placas solares

-Acumulación de diversos enseres como bombonas de butano,neumáticos y botellas de vidrio.

En esa fecha, ha quedado acreditado pues así lo hanreconocido los propios acusados, que seguían ocupando lalos acusados XA^ ' ZT^^ > <S-AC,. y TjP,

Por tanto, únicamente estos cuatro acusados hanresponder en vía civil del coste de demolición y retirada deestas construcciones, instalaciones y efectos. \~[.P*&- y

«D(S€> no pueden tener responsabilidad por estasconstrucciones e instalaciones, presentes en la finca conposterioridad a que cesaron la ocupación.

de

DECIMOSEXTO.- Finalmente, según el informe de., ratificado en el plenario y aportado por la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha junto con suescrito de calificación provisional, a fecha 7 de febrero de2017, existían nuevas construcciones, instalaciones y efectos:

-Casa almacén.

-Construcción de paja y adobe.

-Construcción trasera casa principal.

-Carpa de plástico de 30m2.

-Residuos y restos no identificados con anterioridad(andamies, sillas, estufas, barriles, cocina) .

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-Depósito de fibrocemento y dos depósitos de plástico.

-Paneles solares.

-Dos letrinas, una de ellas de madera y la otra de metal yplástico.

En esa fecha, ha quedado acreditado pues asi lo hanreconocido los propios acusados, que seguían ocupando la fincalos acusados * " jT 'R y G¿M~> • P°r tanto, únicamenteestos dos acusados han de responder en vía civil del coste dedemolición y retirada de estas construcciones, instalaciones yefectos. El resto de acusados no pueden tener responsabilidadpor actuaciones realizadas una vez que habían cesado laocupación.

El coste que ha de abonar cada uno de los acusados por lasobras, instalaciones, residuos y restos realizados yexistentes en la finca propiedad de la Junta de Comunidades deCastilla-La Mancha contra su voluntad, durante el periodo quela han estado ocupando deberá determinarse en ejecución desentencia, pues deberá desglosarse el coste de demolición delas construcciones e instalaciones y retirada de residuosexistentes en cada uno de los tres periodos que se handistinguido. En el caso de que no fuera posible unadistribución exacta de los costes en función del tiempo quehan ocupado la finca cada uno de los acusados, podrá hacersepor estimación.

En suma, los seis acusados deben responder de formaconjunta y solidaria del coste de demolición de lasconstrucciones e instalaciones y retirada de residuos y restosexistentes en la finca a fecha 17 de septiembre de 2013.Además, los acusados X/^^- i 3TÍ¿. , G- PvC- y

y V. R--P. deben responder de forma conjunta y solidaria delcoste de demolición de las construcciones e instalaciones yretirada de residuos y restos existentes en la finca a fecha14 de enero de 2014. Finalmente, los acusados inr -- j y(5-A C- . deben responder, además, de forma conjunta y

solidaria del coste de demolición de las construcciones einstalaciones y retirada de residuos y restos existentes en lafinca a fecha 7 de febrero de 2017.

DECIMOSÉPTIMO.- Las costas procesalpor ministerio de la ley, a los acusados,los delitos de usurpación y contraterritorio, conforme a lo dispuesto enCódigo Penal y en los artículos 239 y 240incluyen las costas de la acusación parsido solicitadas por esta en su escritofue elevado a definitivo en el plenariorespecto.

es vienen impuestas,como responsables dela ordenación delel artículo 123 delde la LECrim. No seticular al no haberde calificación quesin indicar nada al

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FALLO


CONDENO a los acusados(3AC

como autores criminalmenteresponsables de un delito de usurpación, previsto y penado enel artículo 245.2 del Código Penal y de un delito contra laordenación del territorio, previsto y penado en el artículo319.1 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstanciasmodificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientespenas, para cada uno de ellos:

-Por el delito de usurpación, MULTA DE TRES MESES, con unacuota diaria de SEIS EUROS.

-Por el delito contra la ordenación del territorio, UN AÑOy SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitaciónespecial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempode la condena; y MULTA DE DOCE MESES, con una cuota diaria deSEIS EUROS.

Para el supuesto que por los condenados no se hicieraefectivo el importe de las penas de multa impuestas, y deconformidad con lo establecido en el artículo 53 del CódigoPenal, se señala la responsabilidad personal y subsidiaria delos mismos a razón de un día de privación de libertad por cadados cuotas diarias insatisfechas.

En materia de responsabilidad civil condeno a los acusados4~£s rt , ' ;JT£. ¡,G^C- , MA<5

DG-e>- y 3~.P. £.9. i aabonar a la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, deforma conjunta y solidaria, el coste de la de demolición delas construcciones e instalaciones y retirada de residuos yrestos realizados en la finca ocupada, en los términosestablecidos en los fundamentos jurídicos decimocuarto adecimosexto. Dicha cantidad deberá determinarse en ejecuciónde sentencia, teniendo en cuenta las bases fijadas en dichosfundamentos jurídicos.

Todo ello, con imposición a los condenados de las costasprocesales causadas.

Notifiques© esta resolución al Ministerio Fiscal y demáspartes personadas, conforme dispone el artículo 248.4 de laLey Orgánica del Poder Judicial, haciéndoles saber que contrala misma cabe recurso de apelación ante la AudienciaProvincial de Guadalajara, dentro de los diez días siguientesa su notificación.

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Expídase testimonio literal de la presente resolución, quese unirá a los autos de su razón, y el original intégrese enel libro de sentencias a que se refiere el articulo 265 de laLey Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


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