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INSTITUTO ANDALUZ
INTERUNIVERSITARIO DE
CRIMINOLOGÍA SECCIÓN SEVILLA
ANÁLISIS A LA LEY FEDERAL
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
MÁSTER PROPIO EN DERECHO
PENAL CONVOCADO POR LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ALUMNO. ROGELIO LEOPOLDO
CANCINO LÓPEZ
2
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….……I
CAPITULO 1………………………………………………………………………...….5
CONCEPTOS Y ANTECEDENTES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
CAPITULO 2…………………………………………………………………………13
DEFINICIONES JURÍDICAS
ANÁLISIS A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
TERCER CAPITULO ………………………………………..………………………..74
PERFIL VICTIMO LÓGICO
ESTADÍSTICAS
REFORMA CONSTITUCIONAL
CONCLUSIÓN ………………………………………………………………………..93
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………….95
3
INTRODUCCIÓN
La ley federal contra la delincuencia organizada nace a la luz el 28 de octubre de
1996 y entra en vigor el 7 de noviembre de 1996 con el fin de una mejor administración
de justicia en cuanto a delitos que tuvieran que ver con delincuencia organizad se refiere
así como si disminución, de esto ya hace 16 años y lejos de que exista una disminución,
muy al contrario cada vez aumenta más el dominio que sobre la sociedad tiene la
delincuencia organizada, misma que hoy en día es mucho más grande y poderosa que en
el año de 1996.
Esta investigación tiene por objeto analizar dicha ley y su efecto en la vida tanto
jurídica como diaria de la nación ya que como lo dije antes el fenómeno de la
delincuencia organizada a crecido de manera desmedida y tal parece que la ley federal
contra la delincuencia organizada lejos de impedir ayudo a que así fuera.
Es de llamar la atención que esta ley nació con la idea de controlar a la
delincuencia organizada para que su influencia y poder no creciera mas de lo que ya
había crecido en los años de su, creación y es muy tristemente difícil de creer hoy en día
que esta haya servido para frenarla y evitar que creciera mas ya que de ser así hasta
donde habría llegado.
La crisis de inseguridad y de injusticia social que vivimos hoy en día es mucho
más grave d lo que pudiera parecer por que además de que se está minando la
tranquilidad y la confianza de la sociedad se está destruyendo por completo la estructura
tanto orgánica como jurídica de la nación ya que al las leyes no servir su objetivo de
mantener un orden y de impartir justicia hacen que la expectativa de nación que se tiene
sea cada vez mas mala.
La impunidad, la corrupción así como los delitos propios de la delincuencia
organizada son cada vez más y más graves llegando a ser estos muchas veces más
macabros que en cualquier novela de ficción, en el siguiente análisis trataremos de
4
analizar el papel que esta ley ha tenido en el camino que ha tomado la nación los
últimos años.
5
CAPÍTULO 1
A partir de su concepción epistemológica, se mantiene una relación directa
entendiendo la problemática social repercutiendo la conducta del individuo;
centrándonos en la política criminal1 para estudiar las medidas a las cuales se han
recurrido para aminorar el tipo de conducta efecto de nuestro estudio: la delincuencia
organizada.
El presente trabajo de investigación realiza una visualización del análisis del
estudio abordándolo como tema en lo particular y en lo general hasta llegar a casos
reales.
La elección del tema en conducta criminal dentro del tipo penal de la
delincuencia organizada se fundamenta en la curiosidad del actuar del ser humano en su
aspecto interno así como las consecuencias jurídicas que desencadena dicho acto.
Por una parte, el delito es señalado por la ley penal, que es la que decide en cada
momento qué debe ser acreditado con una pena. Por otra parte, el derecho debe tener en
cuenta los resultados de las disciplinas auxiliares del mismo para la elección de las
formas específicas de incriminación y penalización de las conductas humanas.
En un Estado social de derecho2 como el nuestro y la existencia de la libertad de
convivencia en donde proporciona la herramienta de habitar como ser natural y social,
el Estado tiene la obligación de defenderla y protegerla ofreciendo seguridad por medio
de la procuración e impartición de justicia.
1 Tomando a la política criminal como el punto de reunión de todas las disciplinas auxiliares del derecho
penal para así aplicarlas tanto en niveles preventivos como en niveles correctivos.
2 Entendiéndose al Estado social de Derecho como la facultad del mismo para la aplicación de un derecho
vigente.
6
La procuración y administración de justicia en un Estado democrático de
derecho implica necesariamente, la promoción y fortalecimiento de la cultura de la
legalidad.
Sólo la vigencia del orden jurídico garantiza el respeto de los derechos
fundamentales y de las garantías individuales; para ello se requiere que los habitantes de
un país crezcan con la firme convicción de que sólo por el camino de la legalidad es
posible realizar el anhelo de vivir en una nación justa y con mayores oportunidades.
Sabemos que contar con un marco jurídico adecuado no es suficiente, se
requiere garantizar la observación de las leyes y asegurar a quienes las violente, que
serán castigados sin excepción.
El ámbito de actuación de las instituciones responsables de la impartición y
procuración de justicia debe de ser inflexible e investigativo.
Por ello, para combatir la delincuencia, abatir la impunidad y desterrar la
corrupción se requiere de una administración de justicia eficaz que constituye una base
sólida sobre la cual se sustente el desarrollo de la nación.
La administración y procuración de justicia3 tiene su impacto en diversos
ámbitos de la vida nacional, ya que todas las actividades económicas, políticas y
sociales están regidas por leyes.
En el ámbito económico, la aplicación estricta de nuestra ley impulsa el
crecimiento económico por la certidumbre que brinda las inversiones productivas, a los
intercambios comerciales, al desarrollo de nuevas tecnologías y productos.
En el ámbito social, la administración y procuración de justicia contribuye a la
tranquilidad ciudadana, al perseguir y enjuiciar a quienes siembran temor social.
3 Referente a como el Estado debe ejercer la justicia y los medios para hacerlo, es decir, la facultad y
obligación aplicativa de la misma dentro de un norma penal vigente.
7
Sin duda, la violación de las leyes constituyen una gran amenaza para nuestra
viabilidad como nación; pues, donde la administración y procuración de justicia resultan
insuficientes se da paso a la desconfianza, a la discrecionalidad y al abuso.
Por el contrario, una administración y procuración de justicia eficientes y
eficaces, promueven la observación a la ley y, desde luego, hacen imperar una cultura
de la legalidad, así mismo, propician la confianza en las instituciones, impulsan la
inversión, el empleo, la productividad y con ello el bienestar social.
El nuevo sistema de persecución penal tiene involucramiento institucional, en
este sentido la facultad de investigar y la persecución de los delitos se ha ampliado no
sólo a los policías sino al ejército y a la Armada.
Además se han llegado a justificar penas sumarias a la luz de posibles
ejecuciones en el ámbito de la guerra contra la delincuencia organizada, así se habla de
un duro golpe para estas organizaciones criminales.
La política criminal en nuestro país en la lucha contra la delincuencia organizada
se encuentra liderada por el ejecutivo federal.
La delincuencia organizada es la variable que enfrenta la sociedad en la
postmodernidad, es evidente que se está gestando una carrera vertiginosa en la que
compiten los mecanismos de control institucional con la creatividad criminal.
Desde la perspectiva discursiva dominante, tiene construcción lingüística y
sujeto.
En suma, el derecho penal postmoderno ha optado por el control, vía la
excepción, bajo el esquema de un derecho penal simbólico, materializado en operativos
que ejercen la violencia institucionalizada de las leyes de excepción conjugando la
participación de las fuerzas del orden y de la disciplina4.
4 SILVA Sánchez, Jesús María. LA EXPANSION DEL DERECHO PENAL. 2da Edición. BDF.
Montevideo. 159 p.
8
Es importante mirar que la criminalidad avanza y que el Estado se detiene en un
discurso con tendencias políticas y justificantes.
El cambio de actitud para resolver los conflictos penales parece ser la única
alternativa para los interesados, entendamos gobernantes y gobernados así como
sociedad dominante y dominada; aceptar que la cultura de la legalidad el rumbo que
debemos tomar para recuperar la estabilidad social, se antoja complicado, en un mundo
global en donde los valores se han invertido e incluso suplido por lógicas de poder y de
éxito, que las condiciones sociales, dicho sea de paso, solo se las pueden dar a unos
cuantos que, además, eventualmente pueden estar o no interesados en tomarlas como
mecanismos de defensa.
Es aquí donde, si existe el quebrantamiento de esta estructura social y de sus
normas jurídicas, realizándose dentro de una gran masa de individuos con
jerarquizaciones establecidas nos encontramos con la problemática actual de la
delincuencia organizada.
El concepto de delincuencia no es un concepto eminentemente jurídico, sino que
se trata de un vocablo sociológico y de política criminal, que debe preferirse al de
criminalidad, puesto que en nuestra dogmática, no empleamos el término de crimen sino
el de delito. La diferencia entre ambos vocablos, estriba en las directrices de política
criminal que el Estado asume frente a hechos delictivos. Así, el término de crimen, es
un concepto sociológico y criminológico que agrupa a todas aquellas conductas que , de
alguna manera lesionan a la sociedad.
Los antecedentes que se conocen del crimen organizado datan del origen en
1658, en donde se manejó el término mafia, y éste a su vez, ha evolucionado a través
del tiempo y de la conducta criminal del ser humano5.
Durante el siglo XVIII se determina a éste como un grupo criminal establecido
en Sicilia, con un gran potencial violento criminal y con relaciones de poder y de
5 POLINA León, José G. LA SEGURIDAD PÚBLICA ENTRE LA RACIONALIDAD Y EL CAOS.
Porrúa. México. 107 p.
9
fidelidad muy arraigadas.
Se conocían cuatro grupos importantes con modelo cerrado de familia operando
en Italia los cuales son: La Siciliana (Sicilia), La Camorra (Nápoles), La N´Draguetta
(Calabresa) y la Sacra Corona Unita6.
Además de estas organizaciones, éste fenómeno criminal evolucionó de manera
significativa, particularmente a finales de los años veinte del siglo pasado, cuando en
Estados Unidos se produjo la Ley Seca, y esto desencadenó un tipo de delincuencia muy
peculiar llamada Cosa Nostra, organización delictiva formada por sicilianos que
radicaban en algunos estados de la Unión Americana.
En 1988, se utilizó una definición que trató de agrupar los elementos que
caracterizaban propiamente a las organizaciones delincuenciales y se hizo la definición
de crimen organizado quedando de la siguiente manera: aquella asociación o grupo de
personas que se dedicaban de una manera permanente a una actividad ilícita y cuyo
primer objetivo era sacar provecho, sin tomar en cuenta las fronteras nacionales. Es
aquí donde se denota que esta figura criminal se trasnacionaliza con objetivos
delictivos.
Las ultimas décadas el crimen organizado se ha encontrado en una continua
expansión teniendo esto como consecuencias un gran riesgo a la paz y la seguridad
pública en general lo cual pone en duda la viabilidad de las instituciones o los estados,
en México desde 1993 el termino de delincuencia organizada se vuelve de uso común
entre los estudiosos del derecho en los antropólogos sociales y en la misma ciudadanía.
El 3 de noviembre de ese año el artículo 16 de la constitución incorpora una
excepción en los casos de delincuencia organizada; ni el código penal ni el código
federal de procedimientos penales definían que se debería entender por delincuencia
organizada, esto no se hizo hasta enero de 1994 cuando se introduce el artículo 194 BIS
al código penal de procedimientos penales y lo define de una manera más clara de la
que existe hoy en día ya que establece la exigencia para acreditar las reglas de disciplina
6 LYKKEN, David T. PERSONALIDADES ANTISOCIALES. Herder. Barcelona. 210 p.
10
y jerarquía para cometer de modo reiterado o violento o con fines lucrativos algunos de
los delitos previstos en las disposiciones legales federales.
En Junio del 1994 se establecen cuales son los delitos que pueden ser cometidos
por la delincuencia organizada y no es sino hasta 1996 cuando se crea la ley federal
contra delincuencia organizada que se establece la descripción que tenemos hasta hoy
en día “Cuando tres o más personas atrever a organizarse o se organizan para organizar
en forma permanente o reiterada, conductas que por si unidas una a otras tienen como
fin o resultado cometer algún o algunos de los delitos mencionados en el artículo de
dicha ley“7.
Como cimientos de la ley federal contra la delincuencia organizada podemos
encontrar el cuarto congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y
tratamiento del delincuente en Tokio Japón en agosto de 1970 y en dicha reunión se
señalo una nueva forma de delincuencia con nuevos lineamientos y características las
cuales eran fundamentalmente la organización de los delincuentes y el poder económico
o político de los mismos ya que se pudo ver que esta manera de delincuencia traspasaba
los barrios pobres y eran conocidos como delitos de cuello blanco.
El Quinto congreso de las naciones unidas en Ginebra, Suiza en Septiembre de
1975 aquí no se trato el tema de la delincuencia organizada de manera directa pero se
inserto dentro de un nuevo denominado delito, en este tipo de delitos la participación de
individuos de altas esperas políticas y/o sociales suponían una cierta organización entre
sus miembros.
Sexto congreso en las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento
del delincuente en caracas Venezuela en 1980 aquí se hace notar la presencia del poder
económico y político dentro de este tipo de delincuencia lo que constituye un obstáculo
para la administración de justicia; también se destaco la alta repercusión social que en
aquellos momentos presentaba la delincuencia organizada8. 7 ALVARADO Martínez, Israel. ANÁLISIS A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA. Porrúa. México. 152 p.
8 CERDA Lugo, Jesús. DELINCUENCIA ORGANIZADA. Universidad Autónoma de Sinaloa.
11
Séptimo congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y
tratamiento del delincuente en Milán Italia en septiembre en 1985,en este congreso ya se
habla específicamente de la delincuencia organizada, las repercusiones de la diversidad
de las conductas delictivas efectuadas por las redes internacionales, también se venció el
problema que representaba la diversidad legislativa ya que los miembros de la
delincuencia organizada aprovechan las diferencias que existen entre las diversas
legislaciones de los diversos países.
Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias mejor
conocidas como la convención de Viena en Austria en noviembre de 1988, aquí el
objeto era unificar criterios y plasmarlos en un instrumento que fuera eficaz completo y
operativo en el combate contra el narcotráfico; en esta convención se contemplaron
medidas respecto a la extradición, decomiso, competencia, operación internacional,
entregas, etc.
Esta convención resulta de mucha importancia para la historia legislativa de la
delincuencia organizada en México ya que los principios rectores de esta misma son
adoptados por nuestro país al suscribirla en 1989 el 16 de febrero y siendo aprobada por
el senado de la república el 30 de noviembre del mismo año dando esto como resultado
que a partir de entonces se contara ya con disposiciones legales a la delincuencia
organizada.
Octavo congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y
tratamiento del delincuente la Habana Cuba Agosto y Septiembre de 1990
En este congreso se abordo a la delincuencia organizada con mayor profundidad se
hablo de las técnicas y dinámicas complejas que utilizan los delincuentes así como de
qué manera aprovechaban las lagunas para eludir la acción de la justicia por lo que se
hizo evidente la necesidad de acortar instrumentos y medidas para el combate adecuado
de ese tipo de delincuencia.
Conferencia magisterial mundial sobre la delincuencia trasnacional organizada
Nápoles Italia Noviembre de 1994, en esta conferencia los objetivos primordiales fueron
México.2000. 134 p.
12
examinar los peligros y problemas que nacen a raíz de la delincuencia organizada,
examinar si es posible la elaboración de instrumentos trasnacionales contra la
delincuencia organizada, estudiar las legislaciones y evaluar su eficacia para reprimir la
delincuencia organizada, considerar directrices y modalidades apropiadas para la
prevención y la represión en los niveles internacional y regional de la delincuencia
organizada y por ultimo determinar las formas de cooperación internacional mas
eficaces para la represión de la delincuencia organizada.
Como podemos ver estas convenciones son el génesis no solamente de las
disposiciones internacionales de la delincuencia organizada sino de las dependencias a
nivel mundial
13
CAPÍTULO 2
El crimen9, puede ser desde un insulto menor, hasta un delito que lesa
humanidad, sin que esto implique que se encuentre regulado por el derecho en todas las
manifestaciones en que se presenta. Y es precisamente la regulación jurídica, lo que
hace que se note la diferencia entre delito y crimen, pues es aquél el único que se
encuentra sistematizado en preceptos legales. Es la agresión a un bien social y jurídico
regulado y reconocido por el Estado, lo que hace que la conducta adquiera el carácter de
delito, dejando a todas aquellas lesiones a bienes sociales en general no reconocidas por
el Derecho, ese nombre de Crimen, que sin duda, también abarca al concepto mismo de
Delito.
Por Crimen, entiende la calidad o circunstancia que hace que una acción sea
criminosa. Número proporcional de crímenes cometidos en un territorio y tiempo
determinado. Infracción penal grave, en el derecho francés se distingue entre crimen,
delito y contravención, en atención a su gravedad. Es empleado como sinónimo de
delito, de acuerdo con su clasificación tripartita en cuanto a las infracciones penales que
el derecho francés conserva todavía se ha dicho que los crímenes lesionan la libertad y
la vida, los delitos, los derechos derivados del pacto social, como la propiedad, y las
contravenciones suponen meras infracciones de los reglamentos de policía10.
De esta manera, el crimen se presenta como un género, mientras que el delito,
constituye una especie de aquel que es mucho mas lato que éste, pues no discrimina
conductas, ya que no atiende al reconocimiento jurídico de éstas.
Entendiéndose por delincuencia que proviene de la locución latina delinquentía
y se entienden por el conjunto de delitos, ya en lo general o ya referidos a un país, 9 Conociéndolo como uno de los niveles de interpretación criminológicos aunado con el criminal y la
criminalidad.
10 DE PINA Vara, Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. Porrúa. México. 204 p.
14
época o especialidad en ellos.
Debe resaltarse el hecho de que al margen de estas diferenciaciones doctrinarias,
pero no por ello menos importantes y trascendentales, se encuentran cuestiones
consuetudinarias que revelan la constante tradición de llamar en nuestra sociedad delitos
a las acciones sin valor. Y lo mismo sucede con la doctrina dogmática que se empela
por definir al concepto de delito y, no así, al de crimen como objeto de estudio propio y
que le da vida a su rama del conocimiento.
Crimen como tal, es la conducta antisocial, propiamente dicha. Es un episodio
que tiene principio, desarrollo y fin. Un delito es una violación a la ley penal.
La tradición criminológica latinoamericana nos ha llevado a usar más el término
delito que el término crimen, ya que este último tiene un origen anglosajón.
En cuanto a los delitos y crímenes ambos explican en el ámbito penal o
criminológico. Actualmente algunos ordenamientos distinguen entre estas figuras,
señalando que los ilícitos graves son los crímenes y los menores, son los delitos. Es
importante resaltar que en la legislación mexicana no distingue la diferencia, a pesar de
que en México, no se clasifican los ilícitos atendiendo a su gravedad en crímenes y
delitos. Se habla de delitos graves y no graves; pero cabe mencionar que la gravedad se
vincula con un aspecto procesal.
Dentro de la diferenciación de los niveles de delitos desde el punto de vista
criminológico, dado a que la criminología se ha manifestado respecto del fenómeno
delictivo clasificando genéricamente las diversas formas del delito.
Uno de las teorías sobre las categorías en materia criminología respecto al
fenómeno delictivo es la de Sergio García Ramírez11, las cuales son:
� Delincuencia natural.- esta ataca a los bienes o sentimientos básicos de la convivencia
humana.
11 GARCIA Ramírez, Sergio. DELINCUENCIA ORGANIZADA. Porrúa. México. 356 p.
15
� Delincuencia artificial.- lesiona o pone en riesgo bienes emergentes, cuya entidad y
trascendencia dependen de las condiciones de la vida social en un tiempo y un espacio
determinados.
� Delitos convencionales o tradicionales.
� Delitos evolucionados o modernos.
Bajo esta perspectiva, la delincuencia organizada encuentra cabida como una
manifestación de los delitos considerados como modernos.
Continuando con la diferenciación de los niveles de delitos desde el punto de
vista jurídico existe una escala constitucional y una diferenciación de los niveles de
delincuencia a combatir a cargo del Estado que deberán servir para que éste diseñe su
política penal, los cuales son:
1.Delitos no violentos.
2.Delitos violentos
3.Delincuencia organizada.
Al respecto de esta escala, los primeros delitos atienden aspectos meramente
sustantivos, en contraposición con los segundos, que se basan en aspectos procesales,
puesto que corresponden, a delitos que traen aparejada la calificativa de la gravedad,
que facultan a la autoridad persecutora a la detención sin el previo mandamiento judicial
(situación del caso urgente). Por lo que hace al tercer grupo, el de la delincuencia
organizada, tan sólo se trata e la calificativa constitucional de los casos en que se puede
duplicar el plazo constitucional con el que cuenta el agente del Ministerio Público para
determinar la situación jurídica del indiciado.
Al considerar las características antes mencionadas, la diferenciación de los
niveles de los delitos que se presentan desde la perspectiva meramente jurídica. Para
esto, es necesario señalar el hecho de que no existe una clasificación de los delitos desde
la perspectiva jurídica, ni doctrinal, ya que la diferenciación que se presenta en la
práctica, tan sólo atiende al tratamiento procesal que recibe cada uno de ellos.
Ahora bien, por lo anterior podemos concluir que dado a la normatividad
constitucional contempla situaciones especiales para el caso de figuras específicas, de la
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misma, se pueden desprender tres clases de delitos en los que se atienden,
exclusivamente, los aspectos procesales que ya han quedado establecidos, y que son:
1.Delitos no graves.
2.Delitos graves
3.Delincuencia organizada.
Para ello, necesitamos saber la definición de organización, que según la
institución rectora de la lengua española, esta palabra quiere decir “disposición, arreglo,
orden”, pero dentro del verbo rector es la palabra organizar, que significa “establecer o
reformar una cosa, sujetándose a las reglas, el número, orden armonía y dependencia de
las partes que la componen, o han de componerla”.
Ahora bien, la delincuencia organizada se ha conceptuado bajo dos formas en el
Estado: una como una forma de cometer ciertos delitos, y a partir de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada como una figura penal autónoma.
Los elementos importantes de la delincuencia organizada para afirmar la figura
delictiva son:
1.La concurrencia de tres o más personas
2.El propósito de delinquir o cometer delitos
El delito se consuma por el sólo hecho de tomar participación en una asociación
de tres o más personas organizadas para delinquir, es decir, el tipo exige la mera
asociación, no requiere que los delitos se cometan.
El tipo de delincuencia organizada, sanciona un acto anterior a la constitución de
la organización, es decir, el acuerdo. De tal forma, que el tipo de delincuencia
organizada se integra con dos vertientes: el acuerdo para asociarse y la organización en
sí. En el primer paso, los sujetos expresan sus voluntades e intercambian ideas para
pasar a una segunda etapa que consiste en la organización. En consecuencia, el simple
acuerdo para organizarse, se castiga.
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Se establece que, en cuanto a la división del trabajo, se presentan diversas
criminalidades emergentes, independientes al narcotráfico, que representan la actividad
principal en muchos países12, y que son:
1.Desvío de ayuda humanitaria.
2.Criminalidad ecológica.
3.Toma de control directo de agencias gubernamentales.
4.Experimentación ilegal en biotecnología.
5.Venta de materiales y tecnología nucleares.
6.Tráfico de órganos humanos.
7.Fabricación de tarjetas de crédito falsas.
8.Robo y renta de niños.
Existe otro grupo de delincuentes que se dedican a realizar diversas actividades
delictivas que han ido cobrando gran fuerza, por lo cual se les clasifica como de fuerte
crecimiento, y que son:
1.Corrupción de funcionarios o políticos.
2.Fraude informático.
3.Tráfico de productos de la sangre.
4.Lavado de dinero.
5.Especulación ilícita en los mercados bursátiles.
6.Espionaje industrial y comercial
7.Piratería industrial y comercial.
8.Desvío de ayuda a países en vías de desarrollo.
9.Desvío de fondos del gobierno.
10.Extorsión de fondos contra empresas industriales.
11.Piratería marítima.
Álvaro Bunster Briceño, en su obra “la delincuencia organizada frente al 12 Dependiendo la evolución del actuar del individuo dentro de su entorno social es como varios países
encuadran dentro de su normatividad la figura del tipo penal, en donde finalmente, los mencionados en el
presente trabajo son los más comunes, señalando que es de carácter descriptivo más no limitativo.
18
derecho”, señala seis características esenciales que, bajo su punto de vista, son los
rasgos indispensables con que debe contar la delincuencia organizada, a fin de que no se
confunda con las asociaciones delictuosas, las pandillas o algunas otras figuras que, por
la pluralidad de los sujetos que intervienen en las conductas delictivas, pudieran
confundirse con aquélla:
1.Ante todo, la delincuencia organizada aparece como un modo estable y permanente de
obrar en contra de la Ley en un campo transnacional, vinculado, materialmente, a
mercados de bienes y servicios.
1.La actual variedad de rubros adoptados como suyos por la delincuencia organizada, es
creciente: a la explotación de la prostitución, del juego, del alcohol y de las drogas,
del robo transnacional de automóviles, del trafico ilegal de armas, del secuestro con
exigencia de rescate, etc.
1.Característica indeclinable de la delincuencia organizada es la explotación simultánea
de los mercados ilícitamente abiertos y mantenidos por ella y de giros ilícitos de
actividad en la industria, la prestación de servicios, el comercio y las finanzas.
1.Desde tiempos, se suele ostentar la delincuencia organizada, en grado apreciable, el
don de la ubicuidad. La interdependencia de la economía mundial y la disminución de
la distancia física entre las naciones le han hecho posible operar transnacionalmente y
extender sus redes, por imperativos de la propia dinámica delictiva.
1.En las empresas, la criminalidad organizada actúa generalmente un número
considerable de personas de las más diversas condiciones sociales, culturales y
económicas, que se desempeñan en muy variados menesteres y con diferentes grados
de responsabilidad.
1.A esta especie de delincuencia, que se erige sobre bases distintas de aquellas en que
reposan los episodios delictivos eventuales y contingentes de que son actores unas
cuantas personas ligadas en una relación participativa, es connatural un aparato de
actividades criminales que desarrolla.
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Es por esto, que con las características anteriormente mencionadas, se crea la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual es aplicable en todo el territorio
nacional mexicano, cuya aplicación incumbe a los órganos federales (Procuraduría
General de la República, Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito),
exclusivamente, en lo que concierne al fenómeno delictivo que se sujeta a reglas de
número, orden, armonía y dependencia de las partes que componen la organización
delictiva.
Es necesario impulsar cambios de mentalidad entre los individuos para fomentar
el comportamiento basado en valores morales, para hacer que prevalezca la cultura de la
denuncia y erradicar así, las prácticas de corrupción e impunidad.
En este proceso, la participación ciudadana resulta fundamental; gobierno y
sociedad, unidos de forma responsable, seremos capaces de hacerle frente a ese enemigo
común que es la delincuencia; ya que atenta contra toda la sociedad y sus alrededores;
pero sobre todo que pone en riesgo el porvenir de nuestra nación; su combase te quiere
hacer efectivo y demanda el fenómeno delictivo.
El problema de la inseguridad se debe atender desde el ámbito preventivo hasta
la completa rehabilitación del infractor de la ley, sin olvidar la atención a las víctimas
del delito13.
Para desarrollar sistemas de seguridad pública y justicia penal eficaces, se
requieren dejar atrás de que la inseguridad es un problema de policías y delincuentes.
En realidad es una problemática compleja, seria, que demanda atención
multidisciplinaria para hacer frente a todas las caras de la delincuencia.
Ha sido reclamo social la exigencia de modernizar y dotar a las instituciones
encargadas de la seguridad social y de la justicia penal, de los instrumentos legales que
les hagan ser más eficaces en el cumplimiento de su misión y responder así, a los mas 13 Haciendo hincapié a que efectivamente existen organismos para la atención a las víctimas del delito
pero no siempre realizan la atención de manera integral e idónea ocasionando la deserción de la persona
afectada.
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sentidos reclamos ciudadanos: seguridad y justicia.
Sin duda, la consolidación del régimen democrático en México dependerá de la
fortaleza, transparencia, efectividad, eficacia y calidad de las instituciones encargadas
de velar por la estricta aplicación de las leyes, es un reto que tenemos y dependerá del
compromiso, la determinación y esfuerzo con el que cada uno asuma sus
responsabilidades en los tiempos venideros.
En las últimas décadas, las redes internacionales de narcotráfico y del crimen
organizado han conjuntado estructuras perversas de mando y formas violentas y
sofisticadas de expansión, cuya permanencia en la sociedad, trae aparejadas
consecuencias tan graves que ponen en riesgo la paz y la seguridad pública en general,
de las sociedades, lo cual hace poner en duda la viabilidad en los Estados-Nación y sus
instituciones.
Estos hechos, significaron de manera muy importante que en nuestro país, a
partir de 1993, empezaran a surgir una serie de discusiones cada vez más vehemente,
entre los estudiosos del fenómeno delincuencial. En esas circunstancias, este término de
delincuencia organizada, prácticamente ya se volvió de uso común en los discursos de
los estudiosos del Derecho, así como de los antropólogos sociales, es más, de la
ciudadanía en general. Incluso, el término ha sido explotado exageradamente, por los
creadores del poder político y por los representantes de las instituciones que, a veces
más en el discurso, que con una concepción o una comprensión real de este fenómeno,
utilizan el término de delincuencia organizada.
La ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene, como muchas otras
leyes de nuestro país, un sustento histórico político que es el reflejo del quehacer
mundial en determinados tópicos.
De esta manera, México ha recogido esas experiencias de manera abierta ha
hecho lineamientos político-internacionales hasta el grado de signar instrumentos
jurídicos de corte internacional que obligan al Estado mexicano a acatar esos parámetros
y colaborar con los países signantes.
21
Por ello el Estado no puede ser más violento e indeseable que aquello que
combate, en este caso, la delincuencia organizada, ya que debe de actuar bajo el marco
de la racionalidad y la prudencia, sin arrebatar a nadie su condición de persona; por ello,
una legislación eficiente contra el crimen organizado, como lo es la Ley de Extinción de
Dominio, debe de establecer normas claras y también garantistas, bajo un sistema
acusatorio y oral en el que si bien es cierto son acotados algunos derechos
fundamentales, éstos no desaparecen totalmente, a fin de evitar un Estado totalitario.
Así, la legitimidad del sistema penal debe medirse por la capacidad de alcanzar
finalidades protectoras en relación con la disminución de la delincuencia sin traspasar
los límites del Estado de Derecho en cumplimiento de garantías formales y materiales,
como sería la tendencia del cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.
Es por esto, que se considera importante primero conocer el significado de la
composición gramatical Delincuencia Organizada, en partes, y para ello nos referimos a
lo siguiente:
Delincuencia, (Del Lat. delinquentia). f. Cualidad de delincuente. || 2. Acción de
delinquir. || 3. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un país, época o
especialidad en ellos. || 4. Colectividad de delincuentes14.
Organización, Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función
de determinados fines15.
Por lo tanto, como toda asociación o sociedad, estará sujeta a normas, disciplina
y rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una
“Sociedad del Crimen”, ya que sus actos, a parte de ser ilegales tendrán el fin de obtener
ganancias lucrativas de esas actividades ilícitas.
Entendiéndola como una serie de actividades delictivas complejas que llevan
una gran escala de organizaciones u otros grupos estructurados y que consiste en crear,
mantener y explorar mercados de bienes y servicios ilegales, con la finalidad de obtener
14 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 15 Ídem.
22
beneficios de cualquier índole.
Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se
refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a
la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a la "unión", como forma de conjuntar
esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los
delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales16.
Su estructura es piramidal
Ya que hay un líder, 2 o 3 auxiliares directos del líder, líderes cambiantes sub-
especializados, informantes, ejecutores, vigilantes y auxiliares externos (médicos,
abogados, psicoterapeutas, etc.).
Delincuencia organizada local.
Delincuencia organizada nacional.
Delincuencia organizada transnacional.
Delincuencia organizada local.- ésta se caracteriza por un territorio
determinado, siendo su principal actuar los rumbos en donde los delincuentes viven
conformando así sociedades familiares y vecinales.
Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede consistir en una
sola banda de diferentes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de
una escala relativamente de menor a mayor, y ya se le reconoce como un tipo de delito
mayor, pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede
llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.
Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia organizada
construye conexiones y vínculos con organizaciones similares formando redes en todo
el mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia
organizada transnacional. También se le denomina delincuencia organizada
16 Procuraduría General de la República. Pág. Web www.pgr.gog.mx
23
transfronteriza, como le denomina la Comisión Europea.
"La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta
estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de
acuerdo a la célula que la integran.
La Delincuencia Común y la del Crimen Organizado.- Ahora bien, ¿que
diferencia habrá entre la delincuencia organizada y la común? Bien, para ello un delito
cometido por el delincuente no es del todo espontáneo, sino que puede ser premeditado
y programado. Sin embargo este depende de varios factores verbigracia, del número de
personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que siga, de los recursos que
utilice y de los objetivos que persiga. Podrá haber, entonces dos tipos de delincuencia, a
Delincuencia común y la Delincuencia Organizada.
La Delincuencia Común.- Los delincuentes comunes o delincuencia “simple”,
pueden actuar solo o en pandilla, empero su fin no es mas que delinquir con la finalidad
de obtener dinero, para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta
con una organización, códigos, estructura, capital financiero, aunque estos actúen en
pandillas, no pueden operar como parte de la delincuencia organizada y esto es así
porque, es obvio que el delincuente común delinque para obtener dinero robando a
transeúntes, automóviles estacionados o sus partes, casa habitación etc., es decir no
tiene objetivos claros u específicos, en mas a veces lo hace hasta en forma
desorganizada, esto con el único fin de que lo sustraído ilegalmente vaya al consumo de
drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un automóvil, este a su vez es
desmantelado para vender sus partes, lo mas común es que estos delincuentes se
disuelvan una vez repartido el motín para no ser capturados por las autoridades, acción
que la delincuencia organizada no hace, ya que cuando es aprehendido un individuo de
su organización esta sigue y este individuo se sustituye por otro, en forma jerárquica.
Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y
cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ser
desde una falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y
proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien organizadas, no hay una gran
planeación en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran
24
escala.
Hilda Marchiori en su libro17 “Psicología criminal” señala que "en la
delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantes de autobuses,
estafadores, etc. Esa es la delincuencia más común, más popular, la que vemos y a la
que le tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan que es un problema
cuando transitan por determinadas zonas en que pueden ser asaltados, por lo tanto la
gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridad".
Es pues, este tipo de delincuencia a la que podríamos llamar vulgarmente como
delincuencia callejera, es decir la más ordinaria18; citando un ejemplo serian las
siguientes:
I. Asalto a transeúntes.
II. Carterismo.
III. Violación.
IV. Robo de bienes y artículos menores.
V. Robo a casas habitación.
VI. Vandalismo.
VII. Robo de vehículos.
VIII. Graffiti y pinta de muros y monumentos.
La Delincuencia Organizada.-Si analizamos con detenimiento a las
organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas comerciales, se
puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues
su fin fundamental es obtener el máximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas
organizaciones legales, legítimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente
ilegales para incrementar sus objetivos, como es el caso de la evasión de impuestos,
ocultamiento de información, sobornos, enmascaramientos, etc., vemos que la
diferencia no es fundamentalmente grande. Esta reflexión nos conduce a señalar que
hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados para conseguir sus fines. Por lo
que podemos decir, que la delincuencia menor a comparación de la delincuencia 17 MARCHIORI, Hilda. PSICOLOGÍA CRIMINAL. Porrúa. México. 58 p.
18 4. Cecilia Lozano Meraz Tipos de delincuencia. Pág. Web.www.google.com.mx
25
organizada; esta última opera a gran escala, con una organización y estructura de
trabajo, códigos y disciplinas rígidas, la delincuencia organizada opera en grandes
cantidades de dinero y tecnología.
Las características más importantes de éstas organizaciones son19:
� Están estructurados en forma empresarial (y/o) militar.
� Su complejidad organizativa es notable.
� Manejan bienes y servicios ilegales.
� Recurren continuamente a la violencia.
� Tienden al monopolio, no acepta competencia.
� Utilizan sistemáticamente la intimidación, el soborno y la corrupción.
� Buscan la internacionalización y la ampliación de territorio.
� Pueden ser una empresa flexible y cambiar de giro o de territorios.
� Adquieren o fundan negocios, compañías o empresas legales para aumentar sus
ganancias y a su vez ocultarse.
� Procuran incrementar su influencia en el gobierno, la política y la sociedad en general.
� Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros.
� Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los
recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos).
� Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo
se relacionan entre sí a través de los mandos superiores.
Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios países nos dice que una
organización criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera20:
I. La gestión administrativa y financiera.
II. El establecimiento y operación de canales y sistemas de comunicación e
información interna.
III. La especialización y división del trabajo.
Como hemos dicho con antelación de este tema, la delincuencia o crimen 19 RODRIGUEZ, Manzanera, Luis. CRIMINOLOGIA. Porrúa. México. 2009. 82 p.
20 CECILIA Lozano Meraz. Modelos de la Delincuencia Organizada. Pág. Web www.goglee.com.mx.
26
organizado no solo cuenta con una estructura económica sino también tecnológica y
operacional, con su poderío tecnológico, armamentista y de organización es muy
importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organización criminal
puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, aún en contra del mismo
gobierno que en muchas ocasiones y aún con su capacidad y poder de Estado, es
rebasado muchas veces por estas organizaciones.
Ya que en estas conductas delictivas han sido preocupantes y lacerantes a la moral
de la sociedad, su incremento es inquietante para los estudiosos en la política criminal.
De igual manera sus actividades eran repetidas de manera reiterada y constante,
por lo consiguiente podemos hablar de una operación organizada y sistemática ya que
contaban con los medios tecnológicos y previamente pensados para la comisión de los
delitos aquí investigados.
El aumento punitivo de la consecuencia jurídica imponible al sujeto activo, como
inserto para cada uno de los delincuentes, dada su actuación dentro de la red operacional
organizada, es decir la inclusión de un catálogo de circunstancias agravatorias de la
responsabilidad penal21.
El lógico reconocimiento para esta tipología delictiva de las consecuencias
accesorias contempladas.
La forma en que opera la delincuencia organizada, con independencia de las
operaciones que realice, por lo regular son siempre ilícitas, por lo tanto no podrán a luz
pública realizar actividades comerciales como cualquier otra empresa del ámbito legal,
aunque ya hemos afirmado que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del
ámbito de operaciones legales, también operan bajo el esquema ilegal y que mas le
convienen para si misma, ejemplo la evasión de impuestos, el pago de indemnizaciones
en forma irregular etc.
21 ZAFFARONI Eugenio, Raúl. EL ENEMIGO EN EL DERECHO PENAL. Coyoacán. México. 60 p.
27
La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz22 señala algunas características
concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como también se le
denomina, y que a continuación se describen en forma de lista junto con otras
características observadas en otro análisis sobre el tema:
1. "Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso;
2. Actúa con la finalidad de obtener, en la forma de prácticas sociales recurrentes
enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias
rápidas sin inversión previa de capital, de origen ilegítimo e ilegal, mediante la
apropiación de objetos de uso privado y de propiedad ajena.
3. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prácticas, se comercializa con bienes,
productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o ninguna inversión de
capital.
4. La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad, protegida - y
a veces también dirigida y operada- por autoridades corruptas, delincuentes de alto
nivel, especialización y jerarquía, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de
lograr sus objetivos.
5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia
organizada, una vez que estos se ponen en circulación, "quedan definidos sus precios
por las condiciones del mercado regional o mundial" denominado, coloquialmente,
mercado negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada".
En conclusión podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia
organizada, mas que una acepción, es un nivel en el que se involucran demasiados
intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, políticas, etc., a comparación de
la delincuencia común, que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son
“simples”, mientras el delincuente común opera con el miedo de la sociedad a través de
robos sin escala, la delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnología
para lograr un poder financiero nacional e internacional.
Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilícitas se ocultan a
22 LOZANO Meraz Cecilia . Características y ámbitos de la Delincuencia 0rganizada. Pág. Web www.google.com.mx. Consulta: “La delincuencia Organizada y sus sistemas”.
28
luz pública, no sabemos como se integran, quienes son responsables de sus áreas, esta
información la sabemos cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado.
La delincuencia en México y en el mundo es uno de los problemas más grandes
en la actualidad pero para hablar de ella es necesario saber todo lo que su concepto
encierra, el fenómeno de la delincuencia puede considerarse desde una perspectiva
social y desde otra jurídica.
Desde el punto de vista jurídico se considera delincuente a quien realiza una
acción o una omisión que sanciona las leyes penales.
Desde un punto de vista social se puede decir que el delincuente es quien comete
actos para sí mismo, para sus semejantes o para los intereses morales y materiales de la
sociedad.
En México la delincuencia organizada se legalizó en 1933, y se llevó a la
Constitución y a los Códigos Penales y se identifica como la participación de tres o más
personas, bajo las reglas de disciplina y jerarquía para cometer delitos como terrorismo,
sabotaje, evasión de presos, ataque a las vías de comunicación, tratantes de blancas,
violación, narcotráfico, prostitución, lavado de dinero, entre otros.
Ley federal contra la delincuencia organizada
La ley federal contra la delincuencia organizada esta compuesta por cuatro
títulos el primero nos habla de las disposiciones generales y comprende del articulo 1°
al 7° el artículo 1° dice.-
“Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación,
persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos
por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden
público y de aplicación en todo el territorio nacional.”(23)
23
29
Como podemos ver en la primera parte de este articulo se pretende que en esta
ley tengan cabida el ministerio público, la policía, lo concerniente a lo punitivo y el
derecho adjetivo, dando como resultado una ley todo siendo esta a todas vistas
anticonstitucional violando expresamente lo descrito en el artículo 13 constitucional que
nos dice .-
“Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.
Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los
que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero
de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales
militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre
personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar
estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que
corresponda”.(24)
Como podemos ver y de acuerdo esta disposición como tal es anticonstitucional
ya que es una ley especial privativa.
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o
resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese
solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: Párrafo reformado DOF
23-01-2009
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional
previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos
194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los
artículos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el
artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;
Fracción reformada DOF 11-05-2004, 28-06-2007
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de
Población; 24
30
IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General
de Salud; Fracción reformada DOF 27-11-2007
V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en
los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o
de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto,
previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y
Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o
en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito
Federal; Fracción reformada DOF 27-03-2007, 27-11-2007, 23-01-2009, 30-11-2010
VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y Fracción adicionada DOF 27-11-2007.
Fracción reformada DOF 30-11-2010
VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fracción adicionada DOF 30-11-2010(25)
Como primer error podemos decir que ser refiere a tres o más personas por que
solo se puede tipificar este supuesto habían tres o más personas por que dos no son
suficientes para poderse organizar y delinquir., en los casos en los que dos elementos de
la supuesta delincuencia organizada delincan el juzgador no va a poder aplicar esta ley?,
lo numérico debido a su precisión no se puede interpretar, así que no es posible que dos
sujetos se puedan organizar para llevar a cabo uno de estos delitos.
25
31
En cuanto al tipo este trata de constituir un tipo autónomo especial ya que trata
de regular conductas autónomas con punibilidades distintas a la de los tipos a los que
hace referencia, es por lo tanto un tipo de remisión a otras leyes distintas como son.-
Código Penal Federal
Ley Federal de Armas de Fuego
Ley General de Población
Ley Federal de Salud
Códigos Penales Estatales
El tipo es la descripción de acción que hace el legislador tutelando una norma de
cultura y previendo una sanción, según Welzel el tipo era “la materia de la prohibición
de las disposiciones penales”(26), “la descripción concreta de la conducta prohibida (del
contenido, o de la materia de la norma). Es una figura puramente conceptual.”(27)
Según Castellanos Tena “lo describía como “la descripción legal de un delito”,
según el Doctor Gimbernat el tipo “consiste en la descripción de la conducta prohibida y
su fin es el de motivar (mediante la amenaza de una pena) para que dicha conducta no
se cometa”(28).
Una vez teniendo claro lo que es el tipo podemos decir que este tipo es un tipo
que nos presenta una pluralidad en el sujeto activo, es de puesta en peligro de un bien
jurídico es decir de peligro abstracto ya que no se requiere la existencia y su respectiva
comprobación del resultado material.
En relación a este artículo encontramos la siguiente jurisprudencia
“DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO DE. Conforme al
artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la hipótesis delictiva
se actualiza cuando: tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen
26
27
28
32
como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en diversas fracciones
se precisan de manera limitativa en el propio numeral. De lo anterior se obtiene que,
desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, el aludido delito puede
clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un número
mínimo de activos, que es de tres personas; de comisión alternativa, pues puede
actualizarse mediante la hipótesis conductual de “organizarse, o bien, por el hecho de
acordar hacerlo”; ello con la finalidad de realizar conductas que por sí mismas o unidas
a otras, que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos
que limitativamente se precisan; por tanto, requiere de un elemento subjetivo específico
(distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; además, puede clasificarse
como de aquellos que la doctrina denomina “de resultado anticipado o cortado” puesto
que para su configuración es irrelevante el que se logre o no la consumación,
materialización, o simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a
los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la
organización. Además, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el
conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integración,
esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o
acuerda organizarse.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 289/2002. 14 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente:
José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendáin Carrillo.”(29)
Es importante comentar esta tesis ya que trata sobre la anticonstitucionalidad de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, este tesis nos dice que se puede
actualizar el ilícito mediante la hipótesis conductual de organizarse, o por el solo hecho
de acordar hacerlo, este tipo delito es de resultado anticipado o cortado ya que para su
configuración el que se logre o no la consumación es irrelevante, siendo con esto
suficiente la exteriorización de la conducta para que se pueda integrar el delito.
En cuanto a el total del contenido del artículo dos nos plantea un serio problema 29
33
que es el de la duplicidad típica los delitos que refiere las fracciones I y V se encuentran
tipificados en el Código Penal por lo tanto la aplicación de las penas correspondientes
es llevada a un extremo que vulnera al articulo 18 Constitucional en cuanto a la
readaptación social del delincuente.
Otro punto a comentar sería el de juzgar dos veces por el mismo delito ya que si
se incurre en el supuesto de un acto terrorista de acuerdo al artículo dos de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada el juez al momento de juzgar deberá de
omitir lo que al respecto de ese tipo penal dice el artículo 139 del Código penal, el
articulo dos precisa solo lo que dice el párrafo primero del articulo 139 pero excluye la
pena que contiene el párrafo segundo entonces como consecuencia se tendría que juzgar
dos veces por el mismo delito.
“DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA. PARA
ENCUADRAR LA CONDUCTA ILÍCITA DEL INCULPADO EN ALGUNO DE
ESTOS TIPOS PENALES, NO DEBE REGIR EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN
RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO O
SENTENCIADO, SINO EL DE ESPECIALIDAD.
Cuando el inculpado realiza una conducta ilícita susceptible de encuadrarse tanto
en el tipo penal de asociación delictuosa, tomando en cuenta el momento en que
comenzó a delinquir, como en el de delincuencia organizada, por la continuación de su
conducta hasta la entrada en vigor de esta nueva norma penal, el problema no es de
aplicación retroactiva de la ley más benéfica, sino de una concurrencia aparente de
normas que ha de resolverse bajo el principio de especialidad, según el cual la ley
especial excluye a la general (lex especialis derogat legi generali) y, en el caso, la norma
penal que prevé y sanciona al delito de asociación delictuosa es una norma general, con
respecto a la diversa de delincuencia organizada, en la hipótesis de organizarse para
realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí tengan como fin cometer
los delitos en ella precisados, puesto que este tipo penal contiene, además de los
elementos de la descripción penal de asociación delictuosa, el especializado relativo a
que el propósito de delinquir se concrete a la comisión de ciertos ilícitos. Por tanto, el
concurso aparente de normas, ha de resolverse atendido a la especialidad del tipo penal
de delincuencia organizada, sin que obste que la organización a la que se dice pertenecía
34
el inculpado se hubiere conformado con anterioridad a la vigencia de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, porque tal conformación se prolongó en el tiempo
hasta quedar comprendida dentro de la vigencia de este ordenamiento especial.
Consecuentemente, la norma penal que prevé y sanciona la delincuencia organizada no
obra hacia el pasado en perjuicio del inculpado, sino que se le aplica por su conducta
desplegada a partir de que entró en vigor, atendiendo al principio de especialidad.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 315/2003. 25 de marzo de 2004. Mayoría de votos. Disidente:
Humberto Venancio Pineda. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secretario: Julio César
Ramírez Carreón.”(30)
“DELINCUENCIA ORGANIZADA. NO SE APLICA RETROACTIVAMENTE EN
PERJUICIO DEL ACUSADO AUNQUE SE DEMUESTRE SU PERTENENCIA A
LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LEY ESPECIAL QUE LA PREVÉ, SI TAL PERTENENCIA SE PROLONGÓ
DESPUÉS DE ESA FECHA.
Ello es así cuando, en el supuesto que se apunta, la norma que prevé y sanciona el ilícito
de delincuencia organizada se aplica sólo por la conducta que el indiciado desplegó a
partir del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis en que inició su
vigencia, en observancia al principio de que la norma vigente debe regir el acto (tempus
regit actum), es decir, no obra hacia el pasado en su perjuicio. No es óbice a lo anterior
la relación de especialidad que guarda este tipo penal respecto al diverso de asociación
delictuosa (en tanto que el primero, además del agrupamiento de tres o más personas
con el propósito de delinquir y la reiteración o permanencia de realizar actos delictivos,
requiere el elemento especializante consistente en la vinculación de ese propósito a
realizar ciertos ilícitos que taxativamente indica), ni la naturaleza permanente o continua
de ambos, pues tales circunstancias sólo impedirían que, originalmente descubierta la
pertenencia del imputado (desde su ingreso a ella, hasta la fecha de su detención), se
aplicase, por un lado, la norma que prevé y sanciona la asociación delictuosa, por el
surgimiento de la organización y la pertenencia del inculpado a ésta, hasta antes de la
entrada en vigor de la diversa norma que prevé y sanciona el delito de delincuencia
organizada: siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis; y, por otro lado, que 30
35
se aplique la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el lapso en que estuvo
actuando en tal organización, específicamente desde el ocho de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, fecha del inicio de la vigencia de la ley federal, hasta la
fecha de su detención, ya que ello presupondría que siendo un delito permanente o
continuo el de asociación delictuosa y habiéndose, en la especie, prolongado su
consumación hasta abarcar la vigencia de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, se le estaría sancionando doblemente a través de la figura de delincuencia
organizada, que contiene los mismos elementos de la diversa de asociación delictuosa y
otros más. Esto es, a partir del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis se
estaría en realidad sancionando la misma conducta de asociación delictuosa dos veces:
1a.) La que tuvo lugar antes del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis,
mediante la aplicación de la norma que prevé y sanciona el delito de asociación
delictuosa; y, 2a.) La que se verificó después de esa fecha, a través de la aplicación de la
norma que prevé y sanciona el ilícito de delincuencia organizada, recalificando una sola
conducta considerándola constitutiva desde un ángulo como ilícito del delito de
asociación delictuosa y, por otro, del diverso de delincuencia organizada, con
trasgresión del principio non bis in idem, consagrado en el artículo 23 constitucional,
entendido de manera dinámica no sólo como la consagración de la "cosa juzgada" en
materia penal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 315/2003. 25 de marzo de 2004. Mayoría de votos. Disidente:
Humberto Venancio Pineda. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secretario: Julio César
Ramírez Carreón.
Amparo en revisión 362/2003. 25 de marzo de 2004. Mayoría de votos. Disidente:
Humberto Venancio Pineda. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secretario: Julio César
Ramírez Carreón.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII,
octubre de 2003, tesis II.2o.P.103 P, página 988, de rubro: "DELINCUENCIA
ORGANIZADA. LA DEBIDA MOTIVACIÓN PARA EL ACREDITAMI ENTO DE
36
ESTE DELITO DEBE REFERIRSE A LA TEMPORALIDAD DE LOS ACTOS
ATRIBUIDOS COMO DELICTUOSOS EN RELACIÓN CON LA VIGENCIA DE
LA LEY DE LA MATERIA."( 31)
“DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA. PARA
ENCUADRAR LA CONDUCTA ILÍCITA DEL INCULPADO EN ALGUNO DE
ESTOS TIPOS PENALES, NO DEBE REGIR EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN
RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO O
SENTENCIADO, SINO EL DE ESPECIALIDAD.
Cuando el inculpado realiza una conducta ilícita susceptible de encuadrarse tanto en el
tipo penal de asociación delictuosa, tomando en cuenta el momento en que comenzó a
delinquir, como en el de delincuencia organizada, por la continuación de su conducta
hasta la entrada en vigor de esta nueva norma penal, el problema no es de aplicación
retroactiva de la ley más benéfica, sino de una concurrencia aparente de normas que ha
de resolverse bajo el principio de especialidad, según el cual la ley especial excluye a la
general (lex especialis derogat legi generali) y, en el caso, la norma penal que prevé y
sanciona al delito de asociación delictuosa es una norma general, con respecto a la
diversa de delincuencia organizada, en la hipótesis de organizarse para realizar en forma
permanente o reiterada conductas que por sí tengan como fin cometer los delitos en ella
precisados, puesto que este tipo penal contiene, además de los elementos de la
descripción penal de asociación delictuosa, el especializado relativo a que el propósito
de delinquir se concrete a la comisión de ciertos ilícitos. Por tanto, el concurso aparente
de normas, ha de resolverse atendido a la especialidad del tipo penal de delincuencia
organizada, sin que obste que la organización a la que se dice pertenecía el inculpado se
hubiere conformado con anterioridad a la vigencia de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, porque tal conformación se prolongó en el tiempo hasta
quedar comprendida dentro de la vigencia de este ordenamiento especial.
Consecuentemente, la norma penal que prevé y sanciona la delincuencia organizada no
obra hacia el pasado en perjuicio del inculpado, sino que se le aplica por su conducta
desplegada a partir de que entró en vigor, atendiendo al principio de especialidad.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 315/2003. 25 de marzo de 2004. Mayoría de votos. Disidente: 31
37
Humberto Venancio Pineda. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secretario: Julio César
Ramírez Carreón.”(32)
“DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTÍCULO 2o., PÁRRAFO PRIMERO, DE
LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBER TAD DE
EXPRESIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.
El precepto constitucional citado garantiza a todo individuo que se encuentre en
territorio nacional la facultad de expresar libremente su pensamiento, ya sea en forma
escrita o verbal, con las únicas limitaciones de que no ataque a la moral o los derechos
de terceros, que no provoque algún delito o perturbe el orden público. En congruencia
con lo anterior, se concluye que el numeral 2o., párrafo primero, de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada no viola la mencionada garantía constitucional, pues
no coarta el derecho de los gobernados de expresar libremente sus ideas, en virtud de
que lo que sanciona no es la expresión del pensamiento en sí mismo, sino el acuerdo de
constitución de una organización criminal, cuya finalidad principal es cometer cierto
tipo de delitos, lo que indudablemente va en perjuicio de la sociedad y del interés
público, razón por la cual la represión de esa manifestación se ubica entre las
limitaciones que el referido artículo 6o. constitucional impone a la libertad de expresión.
Esto es, el mencionado artículo 2o., párrafo primero, es acorde con los principios que
derivan de la garantía constitucional señalada, pues no sanciona el hecho o acto de
pensar, sino el acto a través del cual se materializa ese pensamiento que se traduce en el
acuerdo de tres o más personas para organizarse o la organización en sí para cometer los
delitos a que el propio artículo 2o. se refiere, en forma permanente o reiterada.
Amparo en revisión 173/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
Amparo en revisión 444/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco.
Amparo en revisión 446/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. 32
38
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veinticinco de junio en curso,
aprobó, con el número XXVI/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a
veinticinco de junio de dos mil dos.”(33)
“Artículo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo
anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán
investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de
esta Ley.
Los delitos señalados en las fracciones V y VII de dicho artículo lo serán únicamente si,
además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio
Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio
Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes
para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas
previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
Párrafo reformado DOF 30-11-2010”(34)
En cuanto a la facultad de atracción esta se ejerce de acuerdo al artículo cuarto de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República., porque se debe de hacer una
distinción entre unos y otros lo dispuesto en la ley solo obedece a que se utilice como
estrategia para que el ministerio público federal solo tenga que ver con delitos más
importantes.
“Artículo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se
cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:
I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del
artículo 2o. de esta Ley:
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de
33
34
39
la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a
veinticinco mil días multa, o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de
doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.
II. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley:
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a
dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de
doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.
En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los objetos,
instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y
aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima
procedencia de dichos bienes.”(35)
En el artículo 22 de la constitución se prohíbe la confiscación de bienes, el
decomiso es similar a la confiscación el decomiso equivale a comiso y proviene del latín
commissum, que es confiscación de acuerdo a el Diccionario de la Real Academia
Española., es incautarse de algo como pena, la confiscación es privar de bienes que
después asumirá el fisco, pero ante todo es privar de bienes, es por lo tanto que el
decomiso del que nos habla el último párrafo de este artículo es en verdad una
confiscación ya que van a parar al fisco de una u otra manera.
“DELINCUENCIA ORGANIZADA. ES INOPERANTE EL ARGUMENTO
CONSISTENTE EN QUE EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA
LEY FEDERAL DE LA MATERIA ESTABLECE UNA PENA INUSITADA Y
TRASCENDENTAL Y, POR ENDE, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 22 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DEL AUTO
DE FORMAL PRISIÓN. 35
40
Toda vez que el Juez, al dictar el auto de formal prisión, sólo debe tener en cuenta los
elementos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del
inculpado, pero sin imponer pena alguna, se concluye que cuando en el juicio de amparo
se reclama el auto de formal prisión en el que se cita, entre otros artículos, el artículo
4o., fracción I, inciso A), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y la
parte quejosa alega que éste viola el artículo 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos por establecer una pena inusitada y trascendental, el
concepto de violación relativo resulta inoperante porque en ese estado del proceso penal
todavía no se da el supuesto de aplicación del mencionado precepto constitucional, en
virtud de que no se ha dictado sentencia definitiva y, por tanto, no se sabe si el
inculpado será declarado penalmente responsable de los delitos por los cuales se le
acusó ni se le impondrá una pena, pues conforme a lo establecido en los artículos 20,
apartado A, fracciones VI y VIII, y 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, las
penas sólo pueden imponerse válidamente, por el Juez penal, precisamente en la
sentencia con que culmine el proceso, de modo que como esta hipótesis de aplicación
todavía no se presenta, resultan inoperantes los conceptos de violación respectivos.
Amparo en revisión 446/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veinticinco de junio en curso,
aprobó, con el número XXX/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a
veinticinco de junio de dos mil dos.”(36)
Si bien es cierto que para dictar un auto de formal prisión el juez solo necesita la
probable responsabilidad del inculpado y comprobar el cuerpo del delito, se da de
acuerdo a esto por sentado que se realizo un delito aunque no se imponga una pena,
como en este caso si la pena es inusitada y trascendental se estará entonces violando lo
establecido en el contenido normativo del artículo 22 constitucional, suponer lo
contrario sería decir que el delito es independiente de la pena, pero esto no es asi ya que
son una unidad.
36
41
“Artículo 5o.- Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una
mitad, cuando:
I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los
delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho
servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o
comisión públicos, o
II. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los
delitos a que se refiere esta Ley.”(37)
“Artículo 6o.- Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad
de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarán respecto
de los delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley cometidos por miembros de la
delincuencia organizada.”(38)
“Artículo 7o.- Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en
Materia de Fuero Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y las de la
legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad,
así como las comprendidas en leyes especiales.”(39)
El que este articulo hable de la supletoriedad de las leyes y códigos nos demuestra la
necesidad de le misma ley de ellos, contradiciendo lo dispuesto en el articulo uno
“DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA
CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 133 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El numeral 7o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no contraviene el
artículo 133 constitucional, pues sólo instituye la supletoriedad de las disposiciones de
37
38
39
42
los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como de las
legislaciones que establezcan las normas sobre ejecución de penas y medidas de
seguridad e, incluso, las comprendidas en leyes especiales; por tanto, la supletoriedad
indicada no atenta en contra del principio de supremacía constitucional, del que no se
infiere ninguna jerarquía entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión.
Amparo en revisión 173/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
Amparo en revisión 444/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco.
Amparo en revisión 446/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veinticinco de junio en curso,
aprobó, con el número XXVII/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a
veinticinco de junio de dos mil dos.”(40)
El titulo segundo de la Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada swe
compone de siete capítulos y abarca del articulo ocho al treinta y ocho establece lo
referente a la investigación de la delincuencia organizada , el capitulo primero consta de
cuatro capítulos y nos dice lo respectivo a las reglas generales.
“Artículo 8o.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad
especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la
delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación,
auxiliados por agentes de la Policía Judicial Federal y peritos.
La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las
intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados;
establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a 40
43
autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos.
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que
conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo
a las atribuciones que les confiere esta Ley.
Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se
entenderá que se refiere a aquéllos que pertenecen a la unidad especializada que este
artículo establece.
En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras
dependencias de la Administración Pública Federal o entidades federativas.”(41)
En el segundo parafo encontramos la gran incoastitucionalidad de la ley, en lo que a
intervención de comunicaciones privada se refiere, dentro de la carta magna en el
articulo 16 en el párrafo onceavo primera frase se consagra la inviolavolidad de las
comunicaciones privadas, que de acuerdo a los avances tecnológicos hoy en dia son por
medio de teléfono, fax, internet, etc.,
“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier
acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean
aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El
juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada
con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el
deber de confidencialidad que establezca la ley.”(42)
Pero en el párrafo siguiente se adiciona a la constitución que solamente la
autoridad federal puede violar esta disposición.
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
41
42
44
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su
duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se
trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo,
ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.”(43)
Esto deja en evidencia que se convirtió a la constitución en una ley que se
contradice y que otorga facultades que la vuelven selectiva.
“Artículo 9o.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue
actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, o de la autoridad judicial
federal, de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se
harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, según corresponda. Los de naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada
exclusivamente en la investigación o en el proceso penal correspondiente, debiéndose
guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que indebidamente
quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los
documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal,
según corresponda.”(44)
De este articulo podemos comentar la actividad del ministerio publico este
puede investigar delitos ya calificados como delitos?, es decir al estar investigando da
por hecho que hay un delito de por medio, los investiga desde antes de s calificados
como tales por un juez.
43
44
45
“Artículo 10.- A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales,
cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son
miembros de la delincuencia organizada.”(45)
Este articulo nos habla de presunciones e indicios mas no de delitos en si, es
decir deja abierta la posibilidad a las autoridades a poder investigar a cualquier persona
basándose en la plena presunción, además de lo anterior este articulo no habla de que
tanto las personas físicas como las morales pueden ser miembros de la delincuencia
organizada, de cierta manera acepta que las personas morales puedes ser sujetos del
derecho penal tema tan de moda y controvertido hoy en día a nivel mundial ya que solo
por citar un ejemplo en España se considero esto en el Código Penal hasta apenas el
mes de diciembre pasado.
“Artículo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta
Ley, la investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de
organización, formas de operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador
General de la República podrá autorizar la infiltración de agentes.
En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a esta
organización, sino las personas morales de las que se valgan para la realización de sus
fines delictivos.
Artículo 11 Bis.- El Titular del órgano previsto en el artículo 8 podrá autorizar la
reserva de la identidad de los agentes de la policía infiltrados, así como de los que
participen en la ejecución de órdenes de aprehensión, detenciones en flagrancia y cateos
relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley, mediante resolución fundada y
teniendo en cuenta el tipo de investigación, imposibilitando que conste en la
averiguación previa respectiva su nombre, domicilio, así como cualquier otro dato o
circunstancia que pudiera servir para la identificación de los mismos.
En tales casos, se asignará una clave numérica, que sólo será del conocimiento del 45
46
Procurador General de la República, del Titular del órgano antes citado, del Secretario
de Seguridad Pública y del servidor público a quien se asigne la clave.
En las actuaciones de averiguación previa, en el ejercicio de la acción penal y durante el
proceso penal, el Ministerio Público y la autoridad judicial citarán la clave numérica en
lugar de los datos de identidad del agente. En todo caso, el Ministerio Público acreditará
ante la autoridad judicial el acuerdo por el que se haya autorizado el otorgamiento de la
clave numérica y que ésta corresponde al servidor público respectivo, preservando la
confidencialidad de los datos de identidad del agente. En caso de que el agente de la
policía cuya identidad se encuentre reservada tenga que intervenir personalmente en
diligencias de desahogo de pruebas, se podrá emplear cualquier procedimiento que
garantice la reserva de su identidad.
Artículo adicionado DOF 23-01-2009”(46)
Aquí se nos habla de la infiltración de agentes a las organizaciones
delincuenciales con el fin de espiar o intentar conseguir información secreta sobre estas
organizaciones, esto al hacerse como lo dice este articulo en la averiguación previa es
una flagrante violación a los artículos 14 y 16 constitucional ya que no ha habido un
juicio que motive la causa legal del procedimiento. De igual manera nos habla de las
personas morales como sujetos del derecho penal, y además como podemos ver se
acepta de manera indirecta por medio de la protección de la identidad de los agentes
encubiertos que de saberse sus nombres por la procuraduría estos correrían peligro por
eso esa información sol la debe de tener el procurador.
En el capitulo segundo que comprende el artículo doce nos habla de la detención
y retención de indiciados nos dice:
“Artículo 12.- El Juez podrá dictar el arraigo, a solicitud del Ministerio Público de la
Federación, en los casos previstos en el artículo 2o. de esta Ley y con las modalidades
de lugar, tiempo, forma y medios de realización señalados en la solicitud, siempre que
sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas, de bienes
jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de
la justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta días y se realice con la 46
47
vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y la
Policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación.
La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público
acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que la duración total de esta
medida precautoria exceda de ochenta días.
Artículo reformado DOF 23-01-2009”(47)
Aquí como podemos ver se consagra la figura del arraigo, misma que carece de
sustento constitucional es más que inconstitucional anticonstitucional, esta figura
contrapone lo que nos dice el artículo catorce constitucional:
“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales
del derecho.”(48)
Arraigar es privar a una persona de su libertad es privarla de un derecho
fundamental sin juicio seguido ante los tribunales.
“ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.
La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de
47
48
48
Procedimientos Penales, antes y después de su reforma mediante decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa
y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción
penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la
justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y
persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble, por
tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de
suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de
la Ley de Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley.
Contradicción de tesis 3/99. Entre las sustentadas por una parte, por los Tribunales
Colegiados Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito y Primero del Décimo Octavo
Circuito y, por otra, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito. 20 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ministro Juan
N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Óscar Mauricio
Maycott Morales.
Tesis de jurisprudencia 78/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de
cuatro votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino
V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza.”(49)
“ARRAIGO, ORDEN DE. NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.
La orden jurisdiccional de arraigo que contempla el artículo 133 bis del Código Federal
de Procedimientos Penales, no afecta la libertad personal propiamente dicha, a que se
refiere el artículo 130 de la Ley de Amparo, sino tan sólo la libertad de tránsito del
destinatario de la misma, regulada por el artículo 11 de la Constitución General de la
República.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
49
49
Queja 33/97. Víctor Manuel Salazar Huerta. 5 de agosto de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Secretaria: Celia García Luna.
Queja 61/98. José Fernando Peña Garavito. 25 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Celia García Luna.
Queja 73/98. Salvador Giordano Gómez. 5 de octubre de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Celia García Luna.
Queja 85/98. Francisco García González. 10 de noviembre de 1998. Unanimidad de
votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Celia García Luna.
Queja 89/98. Agente el Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado Noveno de
Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 10 de noviembre de 1998. Unanimidad
de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Celia García Luna.
Notas:
El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 3/99, resuelta
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión celebrada
el veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la cual se determinó que no
existe la contradicción de criterios sustentados, por el Tribunal Colegiado Primero en
Materia Penal del Primer Circuito, y por la otra, el Primer Tribunal Colegiado del
Décimo Octavo Circuito, por el contrario que sí existe contradicción de tesis entre los
criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, y por la otra, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito. De esta contradicción de tesis derivó la tesis 1a./J. 78/99, que aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
X, noviembre de 1999, página 55, con el rubro: "ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN
DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL."
Por ejecutoria de fecha 4 de noviembre de 1998, la Primera Sala declaró inexistente la
50
contradicción de tesis 22/98 en que participó el presente criterio.”(50)
El capítulo tercero es sobre la reserva de las actuaciones en la averiguación
previa y comprende los artículos trece y catorce.
“Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere
esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, una vez que
haya aceptado el cargo, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra,
por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor
reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base en la
información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas.
Párrafo reformado DOF 30-11-2010
No se concederá valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos imputados al
indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al Ministerio Público de la
Federación, se le haya negado.”(51)
El hecho de que estas actuaciones carezcan de valor probatorio no es motivo
suficiente para que el juez niege al indiciado el poder tener acceso a ellas, el ministerio
publico no tiene derecho de negar la indiciado información que tarde o temprano puede
ser usada en su contra.
“Artículo 14.- Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las
personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia
organizada deberá, a juicio del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo
reserva su identidad hasta el ejercicio de la acción penal.”(52)
Este es un pequeño adelanto de lo que sería más tarde la protección de testigos,
el ministerio publico es el único que debe de saber si oculta o guarda la identidad de los
que rinden testimonio, y este criterio tiene como parámetro el de los servidores
públicos, esto en la práctica no se lleva a la práctica ya que en las actuaciones se
50
51
52
51
asientan los nombres de los testigos.
“DELINCUENCIA ORGANIZADA. PARA QUE SEA PROCEDENTE LA
IMPUGNACIÓN EN AMPARO, DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 34 DE LA LEY
FEDERAL DE LA MATERIA, ES NECESARIO QUE HAYAN SIDO APLICADOS
EN PERJUICIO DE LA PARTE INCULPADA, LO CUAL SÓLO OCURRE SI EL
MINISTERIO PÚBLICO, ANTES DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LE
OCULTA LA IDENTIDAD DE LOS TESTIGOS QUE DECLARARON EN SU
CONTRA.
En materia de amparo contra leyes, es necesario que la acción constitucional se ejerza
con motivo del primer acto de aplicación de la ley que cause perjuicio al gobernado; por
tanto, debe estimarse que el cuestionamiento de la constitucionalidad de los artículos 14
y 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que facultan al Ministerio
Público de la Federación a mantener bajo reserva la identidad de las personas que rindan
testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada, hasta el ejercicio
de la acción penal, con la correlativa obligación de la Procuraduría General de la
República de prestar apoyo y protección suficientes a dichos testigos, sólo procede ser
examinado en el juicio de amparo, cuando el Ministerio Público Federal, antes de
ejercitar la acción penal contra el inculpado, hubiere mantenido en reserva o le haya
ocultado la identidad de los testigos que declararon en su contra, pero cuando de las
actuaciones de la averiguación previa se desprende que se asentó el nombre de cada uno
de dichos testigos y el Ministerio Público los dio a conocer a la parte inculpada como
las personas que deponen en su contra, y esta última se manifestó conocedora de sus
identidades, es dable concluir que los artículos citados no se aplicaron en la parte que
podría perjudicarle y que, por tanto, opera la causal de improcedencia establecida en el
artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo.
Amparo en revisión 446/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veinticinco de junio en curso,
aprobó, con el número XXXI/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a
52
veinticinco de junio de dos mil dos.”(53)
Capítulo cuarto de las órdenes de cateo y de intervención de comunicaciones
privadas, este comprende del articulo quince al veintiocho,
“Artículo 15.- Cuando el Ministerio Público de la Federación solicite por cualquier
medio al juez de distrito una orden de cateo con motivo de la investigación de alguno de
los delitos a los que se refiere el presente ordenamiento, dicha petición deberá ser
resuelta en los términos de Ley dentro de las doce horas siguientes después de recibida
por la autoridad judicial.
Párrafo reformado DOF 23-01-2009
Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el
Ministerio Público de la Federación podrá recurrir al tribunal unitario de circuito
correspondiente para que éste resuelva en un plazo igual.
El auto que niegue la autorización, es apelable por el Ministerio Público de la
Federación. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de
cuarenta y ocho horas.
Cuando el Juez de Distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensión,
deberá también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el
caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público de la
Federación, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aquél que se
señale como el de su posible ubicación, o bien el del lugar que deba catearse por tener
relación con el delito, así como los demás requisitos que señala el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Párrafo reformado DOF 23-01-2009”(54)
“Artículo 16.- Cuando en la averiguación previa de alguno de los delitos a que se
refiere esta Ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General de la República
o el titular de la unidad especializada a que se refiere el artículo 8o. anterior, consideren
necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito al juez
53
54
53
de distrito, expresando el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan
presumir fundadamente que en los delitos investigados participa algún miembro de la
delincuencia organizada; así como los hechos, circunstancias, datos y demás elementos
que se pretenda probar.
Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas que
serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de
comunicación privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento y equipos para
la intervención y, en su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la
prestación del servicio a través del cual se realiza la comunicación objeto de la
intervención.
Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma
oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos,
electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos,
así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o
varios emisores y uno o varios receptores.”(55)
“Artículo 17.- El juez de distrito requerido deberá resolver la petición en los términos
de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en
ningún caso podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las
comunicaciones del detenido con su defensor.”(56)
En los anteriores artículos podemos ver desde la eficacia y celeridad que le dan a
la emisión de órdenes de cateo hasta los recursos que este le reserva al ministerio
publico como es la apelación de acto de negación, esta apelación debe ser resuelta en un
plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, l articulo dieciséis es uno de los mayores
ejemplos de la anticonstitucionalidad de este ordenamiento ya que significa una
invasión a la privacidad y además nos dice que en la petición se debe de estipular la
duración algo que es imposible ya que como se puede saber cuánto tiempo durara una
conversación o en cuanto tiempo de la misma se obtendrá la información buscada.
55
56
54
“Artículo 18.- Para conceder o negar la solicitud, el juez de distrito constatará la
existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona
investigada es miembro de la delincuencia organizada y que la intervención es el medio
idóneo para allegarse de elementos probatorios.
En la autorización el juez determinará las características de la intervención, sus
modalidades y límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos
específicos de colaboración.
La autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, que únicamente
llevará a cabo el Ministerio Público de la Federación bajo su responsabilidad, con la
participación de perito calificado, señalará las comunicaciones que serán escuchadas o
interceptadas, los lugares que serán vigilados, así como el periodo durante el cual se
llevarán a cabo las intervenciones, el que podrá ser prorrogado por el juez de distrito a
petición del Ministerio Público de la Federación, sin que el periodo de intervención,
incluyendo sus prórrogas pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo
podrán autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Público de la Federación
acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.
El juez de distrito podrá en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean
realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, podrá decretar su
revocación parcial o total.
El Ministerio Público de la Federación solicitará la prórroga con dos días de
anticipación a la fecha en que fenezca el periodo anterior. El juez de distrito resolverá
dentro de las doce horas siguientes, con base en el informe que se le hubiere presentado.
De negarse la prórroga, concluirá la intervención autorizada, debiendo levantarse acta y
rendirse informe complementario, para ser remitido al juzgador.
Al concluir toda intervención, el Ministerio Público de la Federación informará al juez
de distrito sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva.
Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos
55
en ellas ordenados, carecerán de valor probatorio.”(57)
La ley establece que presumir la participación de la persona en la delincuencia
organizada y la intervención es lo ideal, por lo que se salta la comprobación del cuerpo
del delito, y la presunción de responsabilidad ambas funciones del juez, el párrafo
primero de este articulo rebasa el marco constitucional y legal, además de que anticipa
que el juez una tarea exclusiva de la sentencia, como puede antes de culminar el proceso
determinar que una persona es miembro de la delincuencia organizada, estas facultad
concedidas tanto al juez como al ministerio publico encontramos una gran
anticonstitucionalidad.
“Artículo 19.- Si en los plazos indicados en los dos artículos anteriores, el juez de
distrito no resuelve sobre la solicitud de autorización o de sus prórrogas, el Ministerio
Público de la Federación podrá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente,
para que éste resuelva en un plazo igual.
El auto que niegue la autorización o la prórroga, es apelable por el Ministerio Público de
la Federación. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de
cuarenta y ocho horas.
Artículo 20.- Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, el Ministerio
Público de la Federación ordenará la transcripción de aquellas grabaciones que resulten
de interés para la averiguación previa y las cotejará en presencia del personal del cuerpo
técnico de control de la unidad especializada prevista en el artículo 8o. anterior, en cuyo
caso serán ratificadas por quien las realizó. La transcripción contendrá los datos
necesarios para identificar la cinta de donde fue tomada. Los datos o informes impresos
que resulten de la intervención serán igualmente integrados a la averiguación.
Las imágenes de video que se estimen convenientes podrán, en su caso, ser convertidas
a imágenes fijas y ser impresas para su integración a la indagatoria. En este caso, se
indicará la cinta de donde proviene la imagen y el nombre y cargo de la persona que
realizó la conversión. ”(58)
57
58
56
Nos dice de los métodos que se deberán de utilizar para obtener la información
de las grabaciones de acuerdo al texto podemos entender que se trata en primer párrafo
de grabaciones de voz que tendrán que ser transcritas y convertidas en texto, y por otro
lado nos dice que las grabaciones de video pueden ser convertidas en imágenes fijas,
estas no pueden ser tomadas como intervenciones si no como grabaciones de imágenes.
“Artículo 21.- Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se
tuviera conocimiento de la comisión de delitos diversos de aquéllos que motivan la
medida, se hará constar esta circunstancia en el acta correspondiente, con excepción de
los relacionados con las materias expresamente excluidas en el artículo 16
constitucional. Toda actuación del Ministerio Público de la Federación o de la Policía
Judicial Federal, hechas en contravención a esta disposición carecerán de valor
probatorio.
Cuando de la misma práctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o
lugares la intervención, el Ministerio Público de la Federación presentará al juez de
distrito la solicitud respectiva.
Cuando la intervención tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos
distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorización correspondiente
podrá ser utilizado como medio de prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la
intervención y se trate de alguno de los delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una
persona distinta sólo podrán utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se
autorizó dicha intervención. De lo contrario, el Ministerio Público de la Federación
iniciará la averiguación previa o lo pondrá en conocimiento de las autoridades
competentes, según corresponda.”(59)
Como ya se menciono anteriormente esta medida es a todas vistas
anticonstitucional es así que de una medida de este tipo no se puede obtener algo legal,
partiendo de algo antijurídico no se puede concluir en algo legal, dando esto como
resultado que la constancia que se obtenga por haber sido obtenida de manera ilícita
carecerá de todo valor probatorio.
“Artículo 22.- De toda intervención se levantará acta circunstanciada por el Ministerio 59
57
Público de la Federación, que contendrá las fechas de inicio y término de la
intervención; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de
audio o video que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la misma; la
identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos
que considere relevantes para la investigación. Las cintas originales y el duplicado de
cada una de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para
su identificación. Se guardarán en sobre sellado y el Ministerio Público de la Federación
será responsable de su seguridad, cuidado e integridad.”(60)
Nos dice que las identidades de los que tuvieron que ver en las intervenciones
deberán contar en el acta que se menciona asi como credenciales y demás documento
que sean necesarios para la plena identificación de los miembros de dicho acto, lo
elementos de prueba quedaran a resguardo del ministerio publico hasta que este
consigne a la autoridad y dichos medios de prueba queden a resguardo del juzgado
correspondiente.
“Artículo 23.- Al iniciarse el proceso, las cintas, así como todas las copias existentes y
cualquier otro resultado de la intervención serán entregados al juez de distrito.
Durante el proceso, el juez de distrito, pondrá las cintas a disposición del inculpado,
quien podrá escucharlas o verlas durante un periodo de diez días, bajo la supervisión de
la autoridad judicial federal, quien velará por la integridad de estos elementos
probatorios. Al término de este periodo de diez días, el inculpado o su defensor,
formularán sus observaciones, si las tuvieran, y podrán solicitar al juez la destrucción de
aquellas cintas o documentos no relevantes para el proceso. Asimismo, podrá solicitar la
transcripción de aquellas grabaciones o la fijación en impreso de imágenes, que
considere relevantes para su defensa.
La destrucción también será procedente cuando las cintas o registros provengan de una
intervención no autorizada o no se hubieran cumplido los términos de la autorización
judicial respectiva.
El auto que resuelva la destrucción de cintas, la transcripción de grabaciones o la 60
58
fijación de imágenes, es apelable con efecto suspensivo.”(61)
Es una suposición equivocada de la ley que la facultad que concede esta articulo
al inculpado y a su defensor se reguarda un derecho fundamental del inculpado, pero
esto es solo una falacia ya que al quedar en resguardo las cintas relevantes para el
proceso estas al ser utilizadas por el ministerio publico.
“Artículo 24.- En caso de no ejercicio de la acción penal, y una vez transcurrido el
plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se pondrán a disposición del
juez de distrito que autorizó la intervención, quien ordenará su destrucción en presencia
del Ministerio Público de la Federación. Igual procedimiento se aplicará cuando, por
reserva de la averiguación previa u otra circunstancia, dicha averiguación no hubiera
sido consignada y haya transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal.”(62)
Aquí se habla de dos supuestos jurídicos que forman parte de la averiguación
previa el no ejercicio de la acción penal y la reserva, el único vinculo que existirá entre
la el órgano judicial y el persecutor es la autorización de la intervención de las
comunicaciones, en estos dos supuestos una ves que paso el tiempo de para que se
impugne el no ejercicio o la reserva el juez que autorizo la intervención de las
comunicaciones deberá de destruir los materiales en cuestión en presencia del ministerio
publico aunque este articulo no especifica cual si el adscrito o el de la siedo.
“Artículo 25.- En los casos en que el Ministerio Público de la Federación haya
ordenado la detención de alguna persona conforme a lo previsto en el artículo 16
constitucional, podrá solicitar al juez de distrito la autorización para realizar la
intervención de comunicaciones privadas, solicitud que deberá resolverse en los
términos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida, si cumpliera
con todos los requisitos establecidos por la ley.
Artículo 26.- Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o
sistemas susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo, deberán
colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas
61
62
59
diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial
correspondiente.
Artículo 27.- Los servidores públicos de la unidad especializada a que se refiere el
artículo 8o. de esta Ley, así como cualquier otro servidor público, que intervengan
comunicaciones privadas sin la autorización judicial correspondiente, o que la realicen
en términos distintos de los autorizados, serán sancionados con prisión de seis a doce
años, de quinientos a mil días multa, así como con destitución e inhabilitación para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo de la pena de
prisión impuesta.”(63)
Como podemos ver en estos artículos se establecen reglas sobre la autorización
de la intervención de comunicaciones como son el termino y la manera en que las
empresas concesionarias de los medios de comunicación deberán de acatar estas
órdenes, el articulo 27 nos habla de un nuevo tipo penal devenido de esta medida, que
es aplicable a los servidores públicos que interfieran sin autorización correspondiente.
“INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PRIVADAS.
ACREDITACIÓN DEL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY
FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
El bien jurídico tutelado en el delito previsto en el artículo 27 de la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada, es la seguridad de la sociedad de que las comunicaciones
privadas se mantengan en reserva, por lo que es ésta quien resulta afectada con actos de
intervención sin previa autorización judicial o en términos distintos a los autorizados y,
en esa virtud, se trata de un ilícito perseguible oficiosamente. Ahora bien, para la
acreditación del cuerpo del delito y la responsabilidad penal, tratándose de intervención
de comunicaciones telefónicas, no se requiere que se precisen las líneas telefónicas
intervenidas por el servidor público y a quiénes se realizaron éstas, ya que el precepto
mencionado no lo prevé, por lo que será suficiente que del cúmulo probatorio se
desprenda circunstancialmente que el sujeto activo, sin contar con la autorización de
autoridad judicial o en términos distintos a los autorizados, realizó la intervención de
una comunicación telefónica privada, lo que implica que el juzgador, al tomar en
conjunto todas esas probanzas e integrar la prueba circunstancial, llamada prueba de 63
60
indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma autónoma y aislada no tienen
mayor valor, en su conjunto puedan adquirir eficacia probatoria plena, por relacionarse
y vincularse lógicamente entre sí para crear absoluta convicción, sin olvidar que la
prueba circunstancial precisa para su integración que se encuentren acreditados los
hechos indiciarios y que exista un enlace más o menos necesario entre la verdad
conocida y la que se busca; de ahí que la apreciación que de las pruebas haga el Juez en
los términos aludidos, aparte de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba
en materia penal, porque conforme lo dispone la ley se valora la prueba circunstancial,
sirve para presumir la materialidad del delito.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 676/2002. 29 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza.”(64)
En esta tesis podemos entender que se trata de cuidar es el de el derecho a la
vida privada no el de que la seguridad de la sociedad de que las comunicaciones
privadas se mantengan en reserva, si bien la sociedad se encuentra compuesta por miles
de vidas privadas ella la sociedad en si no es una vida privada.
“Artículo 28.- Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas
deberán guardar reserva sobre el contenido de las mismas.
Los servidores públicos de la unidad especializada prevista en el artículo 8o. de esta
Ley, así como cualquier otro servidor público o los servidores públicos del Poder
Judicial Federal, que participen en algún proceso de los delitos a que se refiere esta Ley,
que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la
información o imágenes obtenidas en el curso de una intervención de comunicaciones
privadas, autorizada o no, serán sancionados con prisión de seis a doce años, de
quinientos a mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de
prisión impuesta. 64
61
La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión
público tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de
intervención de comunicaciones privadas y revelen su existencia o contenido.”(65)
La disposición descrita en el primer párrafo es inútil ya que una vez que se a
exhibido la intimidad de alguien de manera anticonstitucional, como impedir que se
indague mas en ellos, si se diera el caso de que se aplicara la pena a el supuesto o
supuestos infractores el daño ya se llevo a cabo, sobre cuestiones que deben ser privadas
y personalísimas.
Los artículos veintinueve al treinta y tres componen el capitulo quinto, mismo
que nos dice lo concerniente a el aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso.
“Artículo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente
que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la
Federación podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes
de dicha persona, así como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como
dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos
bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento.”(66)
Este articulo nos habla sobre aseguramiento como lo dice al final del mismo y
de cómo se pueden asegurar también los bienes que estén a nombre de terceros pero en
los cuales el indiciado se conduzca como dueño esto significa que pueda enajenar,
disponer como si fuese el dueño los terceros no solamente deberían acreditar la
propiedad si no la licita obtención del bien, además podemos mencionar que el
aseguramiento sea durante la averiguación previa.
“Artículo 30.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente
que hay bienes que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada, o de
que éste se conduce como dueño, podrán asegurarse con autorización judicial previa. Si
se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento.
65
66
62
Artículo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podrá realizarse en
cualquier momento de la averiguación o del proceso.
Artículo 32.- Los bienes asegurados se pondrán a disposición del juez de la causa,
previa determinación del Ministerio Público de la Federación de las medidas
provisionales necesarias para su conservación y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto
por los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal y 181 del Código
Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 33.- El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, tomará las
determinaciones que correspondan para la supervisión y control de los bienes
asegurados conforme a las disposiciones de esta Ley. La administración de bienes
asegurados por el Ministerio Público de la Federación, conforme a las disposiciones de
esta Ley y, en su caso, la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos
bienes, serán determinados por el Consejo Técnico de Bienes Asegurados, previsto en la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.”(67)
El capitulo sexto habla sobre la protección de las personas y está conformado
por el artículo treinta y cuatro.
“Artículo 34.- La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección
suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su
intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se
requiera.”(68)
Las personas que pudieran ser susceptibles de protección además de todas las demás a
las que se refiere este artículo son los policías, los auxiliares del ministerio público, los
auxiliares de los tribunales, los actuarios, los secretarios, así como empleados del
servicio telegráfico, estafeta etc.…
Los artículos del treinta y cinco al treinta y nueve forman el capitulo séptimo y nos dice
67
68
63
lo referente a la colaboración en la persecución de la delincuencia organizada.
“Artículo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para
la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los
beneficios siguientes:
I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán
tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión
respecto de la misma persona;
II. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y
éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia
organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser
reducida hasta en dos terceras partes;
III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes
para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos
por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y
IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el
juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la
pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.
En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se
refiere este artículo, el juez tomará en cuenta además de lo que establecen los artículos
51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para
toda la República en Materia de Fuero Federal, la gravedad de los delitos cometidos por
el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente
tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las
disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de
64
seguridad.”(69)
Aquí se introduce una figura conocida como la Plea Bargain que es la
colaboración eficaz de miembro de la delincuencia organizada y que mediante esto se
les reduzca la pena o la culpabilidad., esto se toma de legislaciones como la colombiana
la española, la de los estados unidos del norte de América, Francia, Inglaterra etc.., esta
potestad pertenece al juez ya que nos dice que los elementos de prueba que aporte el
miembro de la delincuencia organizada no serán tomados en su contra cuando no exista
averiguación en su contra.
“DELINCUENCIA ORGANIZADA. REDUCCIÓN DE LA PENA PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA. APLICACIÓN
EXCLUSIVA DE DICHO BENEFICIO.
El artículo 35, fracción II, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,
establece que se podrá reducir la pena que le correspondería al miembro de la
delincuencia organizada que aporte indicios en la averiguación previa en la que esté
implicado, que sirvan para la consignación de otros de sus miembros. Esta disposición
resulta aplicable en el momento en que se realice la individualización de sanciones, y se
tomen en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes, así como los
beneficios procedentes, entre los cuales se encuentra el beneficio de la reducción de la
pena hasta en dos terceras partes, que establece el numeral citado. Por lo que dicho
beneficio sólo puede ser aplicado a quien se ubique en la hipótesis jurídica prevista, y
no puede tener aplicación a otras personas aunque pudieran llegar a resentir algún
perjuicio en razón de los indicios aportados.
Amparo directo en revisión 851/2002. 14 de enero de 2004. Mayoría de tres votos.
Ausente: Humberto Román Palacios. Disidente y Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Secretarias: Carmina Cortés Rodríguez y Guadalupe Robles Denetro.”(70)
“Artículo 36.- En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpación en contra
de quien colabore con el Ministerio Público de la Federación, a solicitud de éste se le
podrán reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y
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70
65
cuando, a criterio del juez, la información que suministre se encuentre corroborada por
otros indicios de prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otros
miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el
colaborador.”(71)
En este caso se nos habla de un beneficio que se puede dar pero para esto la
cooperación tiene que ser antes de la sentencia, aquí la jerarquía de los delatados es
importante tanto como de su peligrosidad, siendo aquí lo mas importante no el numero
de delatados sino la jerarquía de los delatados.
“Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la
delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien
eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que,
por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine.
En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes sin haber
participado en el delito, auxilien con cualquier información que resulte cierta y eficaz
para la liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La
autoridad garantizará la confidencialidad del informante.
Párrafo adicionado DOF 21-12-2004”(72)
La doctrina critica a la recompensa que se ofrece en este articulo ya que no
mueve a principalmente al individuo a un acto de solidaridad con el cuerpo social, la
justificación de la recompensa es exclusivamente pragmática, otra cosa seria que los
gobernados coadyuvaran sin ningún estimulo material para conservar la seguridad
general.
“Artículo 38.- En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos
relacionados con la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley, el Ministerio
Público de la Federación deberá ordenar que se verifiquen estos hechos. En caso de
verificarse la información y que de ello se deriven indicios suficientes de la comisión de
estos delitos, se deberá iniciar una averiguación previa, recabar pruebas o interrogar a
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72
66
testigos a partir de esta comprobación, pero en ningún caso dicha información, por sí
sola, tendrá valor probatorio alguno dentro del proceso.
Para el ejercicio de la acción penal, se requerirá necesariamente de la denuncia,
acusación o querella correspondiente.”(73)
En la redacción de esta articulo evidenciamos el error en la técnica legislativa
“recabar pruebas o interrogar a los testigos”, ya que interrogar a los testigos es una
forma de recabar pruebas, además no solo se refiere a el delito de delincuencia
organizada sino que se refiere a los delitos susceptibles de ser cometidos por ella que
son las once figuras delictivas establecidas en el articulo dos de esta ley.
“Artículo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan
servir de pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el
Ministerio Público de la Federación durante la averiguación previa, o por el juzgador
durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes.”(74)
Título tercero este está conformado por el articulo cuarenta y cuarenta y uno y
nos dice las reglas para la valoración de la prueba y del proceso.
“Artículo 40.- Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la
responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan
los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación
previa.”(75)
Una cosa es el cuerpo del delito y otra el tipo penal anteriormente ya
explicamos, tiene elementos objetivos, subjetivos y normativos de valoración cultural
del juez, y de lo que se trata no es de comprobar los elementos del tipo penal sino el
cuerpo del delito, el juez no solo debe de valorar la imputación que hagan los diversos
participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa, la
imputación es solo un señalamiento en el que el juez debe indagar.
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67
“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN DELITOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.-
De la lectura de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, se observan normas específicas de valoración de pruebas que, aun cuando
por un lado, al igual que en el Código Federal de Procedimientos Penales, contienen la
conocida prueba circunstancial y por otro, otorgan amplio arbitrio al juzgador para
justipreciarlas; sin embargo, en los casos descritos en la legislación citada en primer
término, los tribunales de instancia están jurídicamente obligados a fundamentar sus
determinaciones en aquellas reglas de valoración predeterminadas, precisamente porque
la ley que rige el acto las distingue para ese fin, sin perjuicio de que, considerándose el
amplio arbitrio que los preceptos referidos conceden al juzgador para la evaluación de
pruebas, también soporten su decisión en los dispositivos del código adjetivo
mencionado, pero siempre fundando esta valoración en las reglas especiales en
comentario; luego, si el tribunal responsable realizó la justipreciación de los datos de
convicción que forman el proceso penal, a la luz de la regulación general de valoración
de pruebas comprendida en el Código Federal de Procedimientos Penales, sin remitirse
a dichas normas contenidas en la ley especial de referencia, entonces la sentencia
reclamada carece de la debida fundamentación, sin que ello se traduzca en inexacta
aplicación de la ley, porque se trata de normas procesales y no sustantivas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Novena Época:
Amparo directo 1418/99.-12 de julio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Juan
Wilfrido Gutiérrez Cruz.-Secretaria: Gabriela González Lozano.
Amparo directo 1422/99.-12 de julio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Juan
Wilfrido Gutiérrez Cruz.-Secretaria: Gabriela González Lozano.
Amparo directo 1426/99.-12 de julio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Juan
Wilfrido Gutiérrez Cruz.-Secretaria: Gabriela González Lozano.
68
Amparo directo 1430/99.-12 de julio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Juan
Wilfrido Gutiérrez Cruz.-Secretaria: Gabriela González Lozano.
Amparo directo 1462/99.-12 de julio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Juan
Wilfrido Gutiérrez Cruz.-Secretaria: Gabriela González Lozano.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, página
682, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P. J/12; véase la ejecutoria en la
página 630 de dicho tomo.”(76)
“Artículo 41.- Los jueces y tribunales, apreciarán el valor de los indicios hasta poder
considerar su conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba
de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca.
Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad
investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como
tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley.
La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una
organización delictiva determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de
esta organización en cualquier otro procedimiento por lo que únicamente sería necesario
probar la vinculación de un nuevo procesado a esta organización, para poder ser
sentenciado por el delito de delincuencia organizada.”(77)
El precepto contenido en este artículo es innecesario ya que de acuerdo a las
reglas generales de valoración de la prueba contenidas en el Código Federal de
Procedimientos Penales, hacen mención a esto, lo que se convierte en una imprecisión
en una ley que se presume es de excepciones.
El cuarto y último título nos habla de la prisión preventiva y de la ejecución de
las penas y de las medidas de seguridad y comprende del articulo 42 al 45.
“Artículo 42.- La autoridad deberá mantener recluidos a los procesados o sentenciados
76
77
69
que colaboren en la persecución y procesamiento de otros miembros de la delincuencia
organizada, en establecimientos distintos de aquéllos en que estos últimos estén
recluidos, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia.”(78)
“Artículo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no
tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria o de la condena condicional,
salvo que se trate de quienes colaboren con la autoridad en la investigación y
persecución de otros miembros de la delincuencia organizada.”(79)
“Artículo 44.- La misma regla se aplicará en relación al tratamiento preliberacional y la
remisión parcial de la pena a que se refiere la ley que establece las normas sobre
ejecución de penas y medidas de seguridad.”(80)
“Artículo 45.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere esta ley no tendrán el
derecho de compurgar sus penas en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.
La legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de
seguridad preverá la definición de los centros especiales para la reclusión preventiva y
la ejecución de sentencias, la restricción de comunicaciones de los inculpados y
sentenciados y la imposición de medidas de vigilancia especial a los internos por
delincuencia organizada.
Artículo adicionado DOF 23-01-2009”(81)
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
En España el primer antecedente de actuación contra la delincuencia organizada fue la
lucha contra el terrorismo esta lucha dio pie a modificaciones en la legislación española
que al paso del tiempo y el cambio de las circunstancias criminales se han tomado como
base para la lucha con la delincuencia organizada las manifestaciones de la delincuencia
organizada el terrorismo es una de sus formas más brutales y viscerales pero también
existen las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, de
78
79
80
81
70
personas, de grandes delitos de cuello blanco, de explotación sexual y a la vez surgen
nuevas modalidades como lo es los delitos contra el medio ambiente, el derecho a los
crímenes alimentarios, etc.
En cuanto a la incidencia de este tipo de delitos en España en las comunidades
autónomas la criminalidad aumento en Madrid, Aragón, Andalucía, Asturias, y Baleares
en todo el resto del territorio una disminución general y de acuerdo a las zonas
geográficas las mas utilizadas por este tipo de organizaciones son la costa del sol y el
resto de Andalucía, cantaría y Zaragoza la costa de Vantina, Galicia y la costa brava e
independientemente de estas zonas en el lugar donde mayor asentamiento de mafia
encontramos en valencia la Coruña, Málaga pero sobre todo en Barcelona.
Como antecedente legislativo podemos mencionar variados intentos que se vienen
dando desde mediados de los años 90 por los miembros de la unión europea como lo
son el acuerdo sobre cooperación en materia de justicia y asuntos del interior de 1997,
en 1999 la lucha contra la delincuencia organizada en el consejo europeo extraordinario
de Manper dio como resultado el documento prevención y control de la delincuencia
organizada- estrategia de la unión europea para el comienzo del nuevo milenio que
modificaba el plan original de 1997.
La EUROPOL tuvo ampliación de competencias en el 2002 y con esto puede solucionar
a los estados que inicien investigaciones y formar parte de grupOs de investigación
entre los estados miembros, de igual manera en 2002 se crea la EUROJUSTO
organización encargada de coordinar a las fiscalías europeas.
En España en la última modificación a la ley orgánica 10/1995 mejor conocida como la
ley orgánica 95/2010 y que entro en vigor en diciembre del año 2010 incorpora además
de bastantes cambios a la legislación penal un apartado contra las organizaciones y
grupos criminales bajo el titulo de capítulo VI y comprende del articulo 570BIS al
artículo 570 cuarto artículos que a continuación se expondrán.
CAPÍTULO VI. DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMIN ALES
“Artículo 570 bis
71
1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una
organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si
aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de
prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la
organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro
modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si
tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres
años en los demás casos.
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación
formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de
manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de
cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.
2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando
la organización:
a) esté formada por un elevado número de personas.
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por
sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos
o la impunidad de los culpables.
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en
grado.
3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este
artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la
libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.”(82)
“Artículo 570 ter
1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal serán castigados:
82
72
a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el apartado 3 del
artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión si se trata de uno o más
delitos graves y con la de uno a tres años de prisión si se trata de delitos menos graves.
b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo es cometer
cualquier otro delito grave.
c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer uno o varios
delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la perpetración reiterada de
faltas, debiéndose imponer en este último caso la pena en su mitad inferior, salvo que la
finalidad del grupo fuera la perpetración reiterada de la falta prevista en el número 1 del
art. 623, en cuyo caso podrá imponerse la pena en toda su extensión.
A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos
personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización
criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración
concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas.
2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando
el grupo:
a) esté formado por un elevado número de personas.
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por
sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos
o la impunidad de los culpables.
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en
grado.”(83)
“Artículo 570 quater
1. Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este Capítulo, acordarán la
disolución de la organización o grupo y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias
del art. 31 bis de este Código.
2. Asimismo se impondrá a los responsables de las conductas descritas en los dos 83
73
artículos anteriores, además de las penas en ellos previstas, la de inhabilitación especial
para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la
actividad de la organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los
mismos, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de
privación de libertad impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la gravedad
del delito, al número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el
delincuente.
En todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren
comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la
regla 4ª del art. 8.
3. Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a toda organización o grupo
criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se
hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero.
4. Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable
de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena inferior en uno o dos
grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades
delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para
obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para
impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya
pertenecido, bien para evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el
seno o a través de dichas organizaciones o grupos.”(84)
84
74
TERCER CAPITULO
Es evidente que la situación actual de nuestro país con respecto a la delincuencia
organizada se encuentra en la mira de resultar la aplicativa teoría del Estado fallido(85).
La delincuencia ya ha rebasado los índices de criminalidad que puede controlar el
propio gobierno.
Un país con falta de educación y de compromiso hacia sí mismo tiende a ser
blanco fácil para adaptarse a este tipo de grupos delincuenciales, esto generado por
desintegración familiar, olvido de principios y educación, pérdida de concepto de
buenos ciudadanos, personas jóvenes sin sentido de productividad social y la falta de
respeto hacia procuración e impartición de justicia.
Visualizando a la prisión como un factor de pobreza. Al parecer el delincuente
tiene más protección que el propio ciudadano contribuyente para el Estado.
Pero la mayor problemática desde el punto de vista social es el miedo
ciudadano, no sólo hacia los delincuentes sino también hacia los órganos de protección
de la sociedad, derivado de la corrupción y agresión hacia nuestras garantías de
seguridad contra la delincuencia organizada generadora de enormes cantidades de
capital.
Es por ello que se fijan las áreas básicas a las que se han dirigido la presente
investigación, las cuales son:
1.El papel de la víctima(86).- en donde se trata de averiguar hasta qué punto la víctima
1.85 La teoría del Estado fallido aplicativa a nuestro país dado que la facultad de el Estado a sido superada
en capacidad por las organizaciones delincuenciales.
2.86 Se entiende por víctimas a las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o psicológicas, realizando una evaluación total
75
ayudó, contribuyó, fomentó, dio lugar o participó en su propia victimización. En este
sentido son importantes las dificultades metodológicas y las necesidades para futuros
trabajos, principalmente en lo relacionado a la terminología (participación,
vulnerabilidad en lugar de precipitación y provocación).
2.El reporte del delito.- un área de interés sustancial es el conocer por qué las personas
llaman a la policía en busca de ayuda para sí o para otros. Aquí es importante conocer
los factores que conducen a un aumento en reportes, así como los factores que llevan a
una disminución de los mismos. Estas investigaciones tienen implicación para conocer
cuáles factores están relacionados y cuáles no, y cómo lograr una mayor cooperación
con la policía.
3.La víctima y el sistema de justicia penal.- en donde la primera esta directamente
relacionada con el segundo, principalmente en los casos en los que existe denuncia.
La investigación se ha centrado sobre las formas en que las decisiones de la
víctima afectan al sistema de justicia penal, la percepción de la víctima en el sistema
penal en cuanto a sus decisiones, y la forma en que la víctima es afectada por el proceso
y las decisiones judiciales.
Actualmente, la investigación se ha ampliado notablemente y ha salido en
mucho de los límites criminológicos, abarcando cada vez mayor cantidad y variedad de
campos.
A aquellas personas que de manera directa o indirecta, hayan sufrido
personalmente un daño o lesión a cualquier nivel personal, ya sea material, corporal,
emocional o mental, ocasionado por cualquier tipo de acción voluntaria o involuntaria,
personal o grupal, incluso sin que haya sido declarada formalmente la acción de acoso,
como delito o falta, por parte de ningún órgano jurisdiccional.
El objetivo de los estudios victimológicos es generalmente la víctima del delito,
en este sentido cabe distinguir entre lo que podíamos denominar “victimización
derivada del delito”.´
de los daños y en función de ello se realizan las aportaciones de las imposiciones de penas.
76
Es decir, aquel proceso por el que a una persona se le convierte en víctima de
unas conducta tipificada por el ordenamiento jurídico como delito, de las que se podrían
denominar victimización no derivada del delito87 y victimización social.
Los victimizadores actúan cumpliendo las normas del rol social que
desempeñan, es decir, existen supuestos en donde lo que está bien es colocar a la
víctima en un lugar determinado y son las propias instituciones las que colaboran al
mantenimiento de esa injusta desde el punto de vista material, situación que en ese
sentido, es plenamente válida, ya que la observación planteada es que lo injusto no
siempre es lo ilegal y viceversa.
Por otro lado, se perciben las dificultades ya que no tiene las mismas consecuencias ni
provoca las mismas reacciones en todas las personas, debido fundamentalmente a que
las diferencias entre las habilidades, capacidades y recursos para afrontarlas pueden ser
muy distintas; no obstante, sus consecuencias son devastadoras en la mayor parte de los
casos.
Se concretan a los daños sufridos y derivados de la criminalidad y esto excluye,
por tanto, a aquellos que emanan de agentes físicos no sujetos a la intencionalidad del
hombre. No obstante se han realizado importantes estudios sobre la victimización
sugiriendo que los objetos y fines de la victimología han de alcanzar cualquier daño
provocado o no, por la malicia o la negligencia del ser humano.
La investigación en este tema pone de relieve:
1) Que las omisiones y deficiencias en las actuaciones del Ministerio Público(88)
87 victimización no derivada del delito.- porque el órgano no es el delincuente pero al
no tener la preparación adecuada a la víctima la victimiza de tal forma que la opaca y la
enferma, por tanta presión hacia su persona por no recibir el trato adecuado para
atención.
88 Recalcando al Ministerio Público y a la integración de la averiguación previa como
el inicio del proceso penal.
77
son tan graves y tan frecuentes como los excesos en su actuación. Ambos constituyen
violaciones a Derechos Humanos y por lo tanto, son motivo de quejas y
recomendaciones por parte de los organismos públicos de protección a Derechos
Humanos, por lo que en estos casos se pone en claro que la omisión del Ombudsman de
ninguna manera es la de “proteger delincuentes”, sino, por el contrario, la de combatir a
la impunibilidad cuando se aplican adecuadamente los recursos materiales y legales
destinados a ello.
La trascendencia de los estudios se tienen, resaltando la importancia de ambos
sujetos que intervienen en el delito, y su participación en la configuración del hecho
punible, y es por ambos estudios que forman parte de la síntesis criminológica para la
aplicación de la correcta penología derivada de un buen funcionamiento en la
procuración e impartición de justicia y la adecuada aplicación de la política criminal
para analizar la reacción social.
Es por ello, que la política criminológica no puede concebirse sin hacer
consideraciones precisas sobre las víctimas y toda la teoría de prevención, dado a que el
fenómeno victimal(89) preocupa cada vez más a los especialistas de las diversas
disciplinas en materia penal.
La perspectiva jurídica es desarrollada desde tres aspectos: el penal, el procesal
penal y el victimal; en el primero vemos a la víctima como sujeto pasivo del delito, y la
influencia que tiene en la configuración del tipo, en el segundo su situación en el
proceso y en el tercero la creación de un verdadero derecho victimal, sin olvidar
detenidamente el problema de la reparación del daño.
Existe una relación directa entre criminalidad y victimidad esto es de cierta
forma una victimización que da como consecuencia el surgimiento de conductas
89 Mencionando la existencia de la política victimal que estará orientada hacia la
víctima, las medidas de protección, defensivas y precauciones que los blancos
potenciales podrían adoptar a fin de hacer la comisión del delito más difícil y menos
rentable.
78
agresivas que pueden originar actos antisociales y delictivos como un mecanismo de
defensa para la persona.
Presento los niveles de interpretación(90) victimológica y criminológica para
entender la aplicación y estudio de ambas ciencias para su mejor comprensión:
Nivel individual.- la víctima - el criminal.
Nivel conductual.- la victimización (91) por parte del victimario (92) - el crimen
Nivel general.- la victimidad(93) - la criminalidad.
La personalidad de cada quien y ciertas circunstancias pueden realizar
compensaciones y neutralizar la nocividad de las situaciones desfavorables. No hay que
confundir el factor con causa, ya que el primero favorece, facilita, conduce hasta el
fenómeno victimal, en tanto la segunda produce la victimización.
Es por ello, que se deben de puntualizar y visualizar correctamente los factores
no sólo criminógenos de este tipo penal sino también los victimógenos94 para así
realizar una correcta aplicación de los métodos95 no sólo de política criminal contra la
90 RODRÍGUEZ MANZANERA, L. Iter Criminis o Iter Victimae. Editorial Porrúa. México. 1985. 32 p.
91 victimización.- acción que realiza el victimario sobre la víctima.
92 victimario.- sujeto activo del delito; actúa lesionando los intereses, derechos o
propiedades de la víctima.
93 victimidad.- es la totalidad de las características socio biológicas comunes a todas
las víctimas en general, que la sociedad desee prevenir y combatir, sin importar cuales
sean sus determinaciones.
94 Factores victimógenos.- todos aquellos que favorecen la victimización, es decir las
condiciones que hacen proclive a un individuo o convertirse en víctima.
95 El método es el medio de que se vale o el camino que se sigue una ciencia para
adquirir el conocimiento de su objeto#. considerado procedimiento regular, explicito y
repetible para hacer algo, en materia científica, es la forma de resolver problemas.
79
delincuencia organizada sino también la atención y la prevención(96) hacia las víctimas
de éste delito.
A continuación presentaremos estadísticas oficiales sobre la incidencia de
delitos a nivel federal en el estado de Tlaxcala y en el estado de Veracruz.
(97)
96 Prevención victimal.- es el intento de prevenir o evitar que ocurra la victimización.
La prevención de la victimización tiene como objetivo básico intervenir en el
comportamiento posible victimógeno de la víctima teniendo en cuenta los procesos de
victimización.
97
80
(98)
(99)
Como podemos ver en estas estadísticas de 2001 a 2003 se tiene un repunte muy
importante en cuanto incidencia de crímenes se refiere y el lo que hace a nivel federal 98
99
81
los delitos crecen y se sostienen los dos últimos años sobre todo en lo que refiere a
delitos contra la salud.
En el estado de Tlaxcala la incidencia es menor que por ejemplo en Veracruz
teniendo como máximos niveles de 400 y en cambio Veracruz tiene máximos de más de
2300 como podemos ver el estado de Veracruz tiene un delincuencia muy elevados.
Esto sin importar que existan leyes más especificas y duras contra los delitos de
delincuencia organizada o de delitos contra la salud esto demuestra que independiente
que la ley no sea clara ni bien hecha no sirve ni siquiera para uno de los más primarios
fines de las leyes el de controlar mediante la amenaza.
A continuación se incorporan las estadísticas (100) sobre juicios llevados a cabo
en primera instancia:
100 El estudio estructural de las tasas de delincuencia tiene una larga tradición en Europa y los Estados Unidos que se remonta a principios del siglo XIX. Cien años más tarde apareció la primera investigación sistemática acerca de los índices criminales por parte de la escuela de Chicago, que llegó a la conclusión de que el factor explicativo central de la delincuencia era la desorganización social. Mucho se ha avanzado desde entonces en la purificación de los métodos, sobre todo cuantitativos, utilizados para encontrar relaciones entre diversas variables que inducen cambios en los tipos y las cantidades de delitos dentro de una comunidad. De entre todas las variables imaginables, las circunstancias económicas que conducen a los individuos y a los grupos sociales hacia la delincuencia han sido desde tiempo atrás fuente de interés para sociólogos, economistas, criminólogos y policy makers.
82
Nivel Federal
(101)
101
83
Estado de Tlaxcala
(102)
102
84
Estado de Veracruz
(103)
103
85
Segunda instancia
(104)
104
86
Amparos
(105)
Como podemos ver En estas graficas la mayoría en la mayoría de los procesos
en primera instancia la gran mayoría de los procesos son condenatorios y digo gran
mayoría porque así lo es la diferencia es abismal si tomamos en cuenta estos números
en 2001 18,931 condenatorias por 1,093 absolutorias y en 2004 21,583 condenatorias
por 779, tomando esto en cuenta podemos ver la incidencia de que en este país son más
los culpables que los inocentes ya sea por que el tramite es más fácil o porque realmente
son inocentes.
En cuanto a la segunda instancia los números no cambian mucho en 2001 el
total nacional nos dice que se llevaron a cabo 24997 procesos y de ellos se confirmaron
19347, se modificaron 3558 y se revocaron 2292, en 2004 se llevaron a cabo 31804
resoluciones se confirmaron 24981, se modificaron 4225 y se revocaron 2598, con esto
confirmamos que la tendencia es a la condena de tipo culpable ya que ni siquiera en la
105
87
segunda instancio con una revisión más detallada del asunto se cambia la tendencia.
En cuanto a lo que hace en los amparos los números nos dicen que en total en
2001 hubo 68,227 de este total los de materia penal son 45,177 por 5,538 y en 2004
fueron 89,604 de materia penal fueron 51,095 y de materia civil fueron 8,302, como
podemos ver la inmensa mayoría de las peticiones de amparo son de materia penal
además de que en el año más reciente que nos muestra la grafica el aumento en las
peticiones es muy considerable.
La reforma constitucional de 2008
El 18 de junio de 2008 se publica en el diario oficial de la federación una
reforma constitucional que tiene como fin cambien toda le estructura del derecho penal
en México., esta reforma a pesar de sr criticada y comentada en todos los espectros de la
nación las opiniones concuerdan en que la reforma era más que necesaria.
Pero como nos dice el Dr. Miguel Carbonel después de un análisis a esta
reforma que tiene cuatro conclusiones generales y estas son
a) “La dimensiones del procedimiento penal mexicano son muy considerables.
Debemos hacernos cargo de la magnitud del reto que enfrenta cualquier
reforma en la materia, dadas las condiciones sociales, políticas,
institucionales y delictivas actuales.”(106)
b) “El problema de fondo tiene que ver con la ineficacia general del sistema en
su conjunto, la cual se hace presente – si bien en distinto grado – en todos los
eslabones que componen la cadena del sistema.”(107)
c) “La respuesta que ofrezca, a partir de la reforma constitucional del 18 de
106
107
88
junio del 2008, tiene que enfrentar la citada complejidad del reto, a efecto de
atacar cada sector e ir avanzando de forma integral en la generación de un
sistema renovado que sea, a la vez más justo y más eficaz. Sobra señalar que
ambos objetivos no están peleados, sino que más bien se necesitan y se
alimentan recíprocamente. No puede haber eficacia sin justicia, de la misma
forma que no hay justicia sin un sistema que prevenga, persiga y sanciones
efectivamente la comisión de los delitos.”(108)
d) “Una clave del éxito de la reforma pasa por la reducción del numero de
armas que entran en el territorio nacional y que van a parar directamente a
manos de las mafias del crimen organizado. Si no se logra abatir el tráfico de
armas va a ser muy difícil que el estado mexicano se imponga a los grandes
carteles, pero también a las bandas delictivas de mediano tamaño.”(109)
Esta reforma modifico 10 artículos constitucionales y 11 transitorios esto la
convierte en una de las reformas más amplias en los últimos años, a continuación se
citaran dichos artículos y se explicara a grandes rasgos las modificaciones de las que
fueron objeto:
Articulo 16 se modificaron los requisitos para obtener la orden de aprensión
exigiendo solamente la acreditación de los datos que establezcan que se ha cometido un
hecho delictivo y que exista una probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo
en tal hecho.
Se modifico el concepto de flagrancia quitando el margen de 24 hasta a 48 horas
que existía anteriormente y dejándolo solo en el momento mismo que se esté
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo llevado a cabo., incorpora la
figura del arraigo y no dice que este mismo ser decretado solo por la autoridad judicial a
petición del ministerio publico y par delitos de delincuencia organizada, dando para esto
un tiempo de 40 días que puede ser ampliado a 40 mas.
108
109
89
En cuanto al concepto de delincuencia organizada en el párrafo noveno se
incorpora la definición como ya anteriormente lo expusimos en el capitulo anterior, se
crean los llamados jueces de control “Los Poderes Judiciales contarán con jueces de
control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de
medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la
autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y
de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades
competentes.”(110)
En el artículo 17 se incorporan figuras como mecanismos alternativos como lo
son la conciliación con fin de evitar el proceso penal, otra novedad es el deber de
explicar las sentencias, el servicio público de defensoría, la asistencia letrada.
El artículo 18 incorpora los fines de la pena, que tiene que ver con la pena
privativa de libertad, la cercanía del domicilio en sentencia de delitos de delincuencia
organizada y lo que tiene que ver con los lugares donde se tienen que purgar dichas
penas.
El artículo 19 nos habla sobre la prisión preventiva y nos lo dice adicionando un
párrafo segundo a este artículo:
“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado
en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos
o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión
preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,
así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el
libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”(111)
110
111
90
Y nos habla de que en qué circunstancias y lo mas importantes en que delitos se
podrá pedir la prisión preventiva de un delincuente.
El artículo 20 es tal vez el más modificado en esta reforma y consta en sí de cinco
grandes cambios que son, el cambio del proceso penal a acusatorio, los principios del
juicio penal enunciados en el siguiente párrafo:
“A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el
delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en
ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de
manera libre y lógica;
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que
hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y
los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera
desahogo previo;
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La
presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera
pública, contradictoria y oral;
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte
acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal
para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de
las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de
contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del
91
inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las
modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial,
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito
y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará
a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al
inculpado cuando acepte su responsabilidad;
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y
X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias
preliminares al juicio.”(112)
Nos habla de la constitucionalizacion de la nulidad de la prueba ilícita obtenida,
la contitucionalizacion del principio de la presunción de inocencia y del derecho a las
personas detenidas a que les sean leídos sus derechos.
El artículo veintiuno toca el tema de la acción penal, el párrafo segundo de este
artículo nos habla de quitarle el monopolio de la acción penal al ministerio público:
“El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La
ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la
autoridad judicial.”(113)
De la autonomía del ministerio público, de el principio de oportunidad.
En cuanto hace a el articulo 22 nos establece lo referente a la proporcionalidad y la
extinción de dominio, el principio de proporcionalidad nos dice que “.Toda pena deberá
ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”(114) y en cuanto a lo
que hace por la extinción de dominio entendemos o como no lo quisieron dar a entender
los legisladores busca afectar directamente la economía del crimen, aumentando sus
costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan,
112
113
114
92
asocian propician o promuevan el comportamiento delictivo.
Parte de la complejidad de la reforma es que algunos de sus preceptos ya
establecidos en la Constitución entrarán en vigencia en diversos términos. Por ejemplo,
las reformas orientadas a la restauración del sistema acusatorio y los juicios orales,
salidas alternas reducción del “estándar” para procesar, entrarían en vigencia, de
acuerdo con las reformas legislativas y el proceso de desarrollo institucional y
capacitación en las diversas entidades federativas, en no más de ocho años (segundo
artículo transitorio de la reforma).
Lo referido al ámbito de la seguridad pública entro en vigencia a los seis meses
y los ajustes a la legislación local en materia de seguridad pública se emitieron en el
término de un año (séptimo artículo transitorio de la reforma). Las reformas en materia
penitenciaria (cambio de “readaptación” por el de “reinserción” y el establecimiento del
juez de control de sentencias) entraron en vigencia a los tres años (quinto artículo
transitorio de la reforma). Las disposiciones en materia de delincuencia organizada
entraron en vigencia de inmediato.
Se puede decir que el 80% del éxito de una reforma penal está en su
instrumentación. Reformas legales poco significativas, pueden desarrollar todo su
potencial si son adecuadamente instrumentadas; en tanto que, reformas de gran alcance
y con gran desarrollo normativo pueden resultar en fiascos, si no son implementadas de
manera adecuada.
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Conclusión
En las paginas anteriores hemos visto los antecedentes del crimen organizado así como
distintas teorías y conceptos alrededor del mismo pero más que nada nos hemos referido
a lo que el texto de la ley contra la delincuencia organizada nos dice y como desde el
primer artículo nos pudimos dar cuenta el texto de esta ley es además de mal redactado
en ciertos y no muy pocos casos anticonstitucional es una ley excepcional si pero no por
eso tiene que en primer caso ser antijurídica y en segundo tiene que ser tan difícil d
aplicar en cuanto hace al tipo que nos marca el artículo segundo de la misma, como
podemos ver este tipo de errores solo nos dan un poco la explicación de por qué en el
plano jurídico el poder de las organizaciones criminales han crecido hasta los niveles d
poder tan grandes que tienen hoy en día, además pudimos ver que en cuanto hace a la
aplicación de la ley la tendencia no es juzgar si no condenar pero ¿Cómo se puede ser
justo sin leyes justas?.
Este precepto nos hace pensar que además de todas las reformas que ha tenido la ley a
lo largo de su vida que solo han tratado de cambiar cosas de forma no de fondo como
debería de haber sido desde hace mucho tiempo no han servido realmente de nada la
delincuencia sigue superando a el poder judicial de este país.
En cuanto hace a el derecho español a pesar de que no existen grandes precedentes de
delincuencia organizada a parte de el terrorismo, los casi recién nacidos artículos que se
incluyeron a la nueva reforma de la ley penal son más claros y específicos que toda la
ley federal contra la delincuencia organizada nacional, ya que en principio el tipo que se
plasma hay es más sensato no es tan fantasioso como el del artículo segundo de nuestra
ley no castiga la intención si no la finalidad, además de que solo necesita de dos
personas no de tres para poder hablar de delincuencia organizada, es más sensata su
calificación en cuento a la pena de acuerdo a la capacidad de dañar a la sociedad de la
organización.
Además como pudimos ver en México el lado de la víctima no existe es totalmente letra
muerta ya que si alguna victima busca apoyo y refugio en las autoridades tiende a ser
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victimizada ahora por las autoridades, esto genera solamente por si aun se puede más
descontento social y da pie a que los miembros de la sociedad se dejen victimizar son
oponer ninguna resistencia por miedo a ser victimizados nuevamente por los
autoridades supuestamente dedicadas a su protección.
Por otro lado la reforma constitucional del año 2008, no puede tener un buen fin si no se
tiene buenas leyes es decir de qué sirve tratar de cambiar el proceso si los lineamientos
siguen mal, para que sirva una reforma verdadera se tiene que cambiar también las leyes
que desde hace mucho tiempo ya demostraron su ineficacia y si poca utilidad.
Por lo tanto para que realmente pudiera servir una ley como la que ocupa este análisis
primero que nada debería de ser clara y apegada a derecho ya que si no es clara su
aplicación se vuelve complicada y si no se apega a derecho como se busca obtener algo
jurídico de un ordenamiento antijurídico.
Además de que no solo hace falta una ley y una reforma constitucional penal para
detener la crisis de delincuencia organizada que atraviesa el país si no que hace falta una
revisión general al sistema penal ley por ley ordenamiento por ordenamiento,
reglamento por reglamento, etc., hasta que se tenga la certeza de que las normas
existentes cumplan de la manera más perfecta con su cometido, acabando así con la
crisis social y jurídica que envuelve a este país devolviendo a la nación su tranquilidad y
un real estado de derecho.
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