iniciativa con proyecto de decreto por el que …
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS A EFECTO DE CREAR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS
FISCALIAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, COMO
ORGANISMOS AUTONOMOS.
La suscrita Ma. del Pilar Ortega Martínez, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de las
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8,
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de
la H. Cámara de Senadores la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS A EFECTO DE CREAR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS
FISCALIAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, COMO
ORGANISMOS AUTONOMOS, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, modernizar la capacidad de investigación y combate del
delito debe ser una tarea prioritaria en la agenda gubernamental, al ser actualmente la delincuencia la peor amenaza
a la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía en nuestro país.
Sin duda alguna, los tiempos actuales de ejercicio de libertades y respeto a los derechos humanos propios de un
estado democrático de derecho, hacen necesario que las instituciones públicas tengan capacidad de respuestas para
los legítimos reclamos sociales consistente en lograr mejores condiciones de seguridad.
En ese sentido, un reclamo prioritario es contar con instancias de procuración de justicia profesionales, eficientes,
honestas, que velen en todo momento por la exigencia histórica por procurar un real acceso a la justicia por parte
de la ciudadanía, sobre la base de su actuar científico, objetivo y más allá de toda presión o sesgo político.
De acuerdo a la última encuesta realizada por el Grupo Reforma respecto de la confianza de la ciudadanía en las
instituciones del país al mes de abril de 2013, de una lista de 18 Instituciones, la Procuraduría General de la
República se encuentra en el lugar número 13, solo un punto arriba de la Policía, dos de las Cámaras del Congreso
de la Unión y finalmente cuatro de los Partidos Políticos quienes se ubican en el último lugar.
Sin duda la búsqueda de la autonomía de las instancias de procuración de los delitos ha sido un tema presente por
muchos años en la agenda ciudadana, académica e incluso legislativa de nuestro país, al grado de existir diversas
propuestas legislativas de varias fuerzas políticas que se pronuncian lograr una verdadera autonomía del ministerio
público, mismas que constituyen referentes válidos para el proceso de análisis y discusión de este tema
fundamental inscrito en el proceso de reforma política que se desarrolla en el Congreso de la Unión y que además
han servido de referentes importantes en el proceso de confección de la presente iniciativa.
En este las principales propuestas se encuentran las siguientes:
PRINCIPALES INICIATIVAS QUE PLANTEAN LA AUTONOMIA DE LOS
ÓRGANOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA, PRESENTADA POR EL EJECUTIVO
FEDERAL, VICENTE FOX QUEZADA.
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL
DIPUTADO MIGUEL ANGEL GARCIA-DOMINGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE PROCURACION DE JUSTICIA Y
AUTONOMIA DEL MINISTERIO PUBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO
DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 76 Y EL APARTADO "A", PRIMER PÁRRAFO, DEL
ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, REMITIDA POR EL CONGRESO DE VERACRUZ
Y PRESENTADA EN LA SESIÓN DELA COMISIÓN PERMANENTE DEL
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO DE 2004
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A
CARGO DEL DIPUTADO ROGER DAVID ALCOCER GARCÍA, GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FRANCISCO JAVIER VALDEZ DE
ANDA, PABLO ALEJO LÓPEZ NÚÑEZ Y ANTONIO MORALES DE LA
PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PARA MODIFICAR LA NATURALEZA JURÍDICA
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LAS
PROCURADURÍAS ESTATALES, PARA OTORGAR LA AUTONOMÍA AL
MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO FEDERAL Y DEL FUERO COMÚN,
DEL SEN. MARIO LÓPEZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
MINUTA DEL SENADO DE LA REPUBLICA POR EL QUE SE
REFORMAN 76 Y 102 DE LA CONSTITUCIÓN, A FIN DE ESTABLECER
LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A
CARGO DEL DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA Y
SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE
REFORMA POLÍTICA ELECTORAL PRESENTADA POR INTEGRANTES
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL Y DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN
EL SENADO DE LA REPÚBLICA.
QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE
REFORMA POLÍTICA ELECTORAL PRESENTADA POR INTEGRANTES
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL
En el ámbito académico el tema de la autonomía del órgano de procuración de justicia no ha sido la excepción, por
el contrario, habrá que reconocer que históricamente este importante sector de la sociedad ha sido el que ha
pugnado por esta propuesta a través de diversos estudios, investigaciones y aportaciones que establecen la
conveniencia, las bondades y las ventajas que traería consigo la autonomía del ministerio público para el sistema de
justicia.
Pero sin duda alguna, la reforma al sistema de justicia penal de corte acusatorio derivado de la reforma del 18 de
junio de 2008 así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, constituyen hitos en la
historia constitucional de nuestro país que apuntalan la necesidad de transitar hacia la autonomía de la institución
de ministerio público, toda vez que dentro de un sistema penal democrático de derecho, de corte acusatorio, lo
ideal es que todo órgano de acusación goce de autonomía necesaria para poder realizar sus funciones de manera
imparcial y objetiva, alejada de todo tipo de influencia, dependencia o presión que pueda en determinado momento
pervertir el ejercicio de esta importante función.
Es así que dentro de las propuestas de reforma integral de nuestro sistema de justicia penal, la autonomía de los
órganos de procuración de justicia constituye un aspecto fundamental, al partir de las nuevas funciones que le
asigna el propio sistema de justicia, en donde el fiscal se erije como un verdadero órgano de acusación y de
conducción jurídica de la investigación del delito, bajo el principio de objetividad, eficacia y autonomía técnica y
lealtad que le impone el propio modelo acusatorio.
Cabe señalar que la autonomía de los órganos encargados de la investigación de los delitos dentro del sistema
acusatorio, ha sido una constante en diversos países que han adoptado a dicho modelo como su sistema de justicia
penal, particularmente en las latitudes de Latinoamérica, tal y como se muestra a continuación:
AUTONOMIA DEL MINISTERIO PUBLICO [1]
Bolivia El Ministerio Público es independiente de los poderes del Estado en lo funcional y su
ámbito está señalado por la ley. Anualmente tendrá una partida en el Presupuesto General de
la Nación y sus recursos los administrará de manera autónoma en función a sus propios
requerimientos.
(Ley Orgánica del Ministerio Público, Título Preliminar, Art. 2)
Chile El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado.
(Ley 19640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, Art. 1)
Colombia La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tiene autonomía
administrativa y presupuestal.
(Constitución Política, Art. 249)
Ecuador El Ministerio Público tiene autonomía administrativa y económica. Es representado por el
Ministro Fiscal General.
(Constitución Política, Art 217)
Perú El Ministerio Público es un organismo autónomo. (Art. 158 Constitución Política del Perú)
En lo presupuestal el Ministerio Público constituye un pliego independiente en el
Presupuesto del Sector Público.
(Ley Orgánica del Ministerio Público, Art. 30)
Venezuela El Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público
y, en consecuencia, no puede ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus funciones por
ninguna otra autoridad.
(Ley Orgánica del Ministerio Público, Art. 2 de las Disposiciones Generales)
Sin duda, todos los modelos planteados por el derecho comparado arrojan una serie de características que brindan
autonomía a las fiscalías o procuradurías en el ejercicio de sus funciones, mismas que incluso han sido señalados
en diversos estudios especializados en la materia entre los cuales se encuentran la inmediatez constitucional, la
esencialidad, la paridad de rango, la autonomía orgánica, técnica y funcional, apoliticidad, transparencia,
permanencia así como un funcionamiento apegado al Estado de derecho.
En tal contexto, en términos generales la presente iniciativa plantea una serie de diversas reformas y adiciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de crear la Fiscalía General de la República así
como las Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades Federativas, como organismos autónomos con
personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión, ubicadas fuera de los tres poderes
tradicionales tanto en la federación como en las entidades federativas, respectivamente.
Entre las principales propuestas planteadas por la iniciativa destacan:
Modificar el término de Ministerio Publico, por Fiscal, en función de la nueva concepción que debe asumir
esta institución de cara al sistema de justicia penal acusatorio, al asumir el fiscal la función de conducir la
investigación del hecho, tanto la de campo como la técnica, es una investigación en la que se agrega
necesariamente un valor jurídico, la cual deberá realizarse orientando o reorientando los procedimientos de
investigación del delito.
Este nuevo esquema implica que el fiscal ejerza la conducción y mando de la policía en ejercicio de la función de
investigación y ésta se constituya en una verdadera fuente de investigación con sentido jurídico, teniendo como
guía, los requerimientos típicos del caso. (diversos artículos)
Se prevé la intervención del Fiscal General de la República, respecto de la facultad del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos para restricción o suspensión de los derechos y garantías en casos de invasión,
perturbación grave de la paz pública. (art. 29)
Se elimina la mención del Procurador General de la República para ser citado por el Congreso como parte
de las dependencias del Ejecutivo Federal en el marco del informe de gobierno del Ejecutivo Federal, en
virtud de que se establece un procedimiento de rendición de cuentas específico a dicho organismo
constitucional. (artículo 69)
Se prevé facultar al Senado de la República para designar, por el voto de las dos terceras partes, al Fiscal
General de la República así como ratificar a los Fiscales Adjuntos de la Fiscalía General de la República,
incluido el responsable de la atención de los delitos electorales. (art. 76)
Se elimina la facultad de la Comisión Permanente de participar en su caso, en el proceso de designación del
titular de la Fiscalía General de la República. (art. 78), asimismo se elimina la facultad del Presidente de la
República respecto de su nombramiento. (art. 89)
Se regula la organización de la Fiscalía General de la Republica misma que tiene las siguientes
características (art. 102 apartado A):
a. Será un organismo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio
propios.
b. En el ejercicio de su función, regirá su actuación bajo los principios de legalidad, honradez, certeza,
objetividad, profesionalismo, independencia, imparcialidad, equidad y eficiencia.
c. Estará presidida por un Fiscal General designado por el Senado de la República, con el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes. Durará en su encargo siete años improrrogables, sin posibilidad
de reelección, y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta
Constitución o por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta
grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley.
d. Durante su encargo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que
actúen en representación de la Fiscalía.
e. Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando
menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años,
con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por
delito doloso.
f. Se prevé que corresponda a la Fiscalía General de la República, la persecución, ante los tribunales, de todos
los delitos del orden federal así como del orden común en los casos previstos en la fracción XXI del
artículo 73 de esta Constitución; así como solicitar las medidas cautelares en contra de los imputados;
obtener y presentar las pruebas que acrediten la existencia de los hechos que la ley considera como delito y
la participación del imputado en los mismos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la
administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los
negocios que la ley determine.
g. Se prevé que el Fiscal General de la República intervenga personalmente en las controversias y acciones a
que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.
h. Que la administración, vigilancia, disciplina y servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de la
República, estará a cargo un Consejo integrado por seis consejeros que serán nombrados en la forma y
términos que determine la ley. Siendo el caso que la ley establecerá las bases para la formación y
actualización de los funcionarios de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de
dichos funcionarios, la cual se regirá por los principios de independencia, excelencia, objetividad,
imparcialidad y profesionalismo.
i. Que el Fiscal General de la República nombrará con ratificación del Senado a los Fiscales Adjuntos de la
institución, incluido el responsable de la atención de los delitos electorales.
j. Que el Fiscal General de la Federación presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de
actividades, al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
Se adiciona el apartado C del artículo 102, el cual contempla la figura de la consejería jurídica de la
Federación misma que estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto,
establezca la ley.
De igual forma se prevé que el titular de la consejería jurídica será nombrado y removido libremente por el
Presidente de la República, así como que en todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de
los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás que conforme a las leyes aplicables corresponda,
intervendrá la consejería jurídica de la Federación.
Se prevé la posibilidad de que la Fiscalía General de la República pueda interponer controversias
constitucionales que se susciten entre ésta y la Fiscalía General de un Estado o del Distrito Federal, el Poder
Ejecutivo Federal, Local, del Distrito Federal o un municipio y el Congreso de la Unión, o cualquiera de las
Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente. De igual forma se prevén los supuestos en que las
fiscalías locales pueden presentar controversias constitucionales. (art. 105)
Se facultad al Fiscal General de la República para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de
leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de Tratados Internacionales celebrados por
el Estado Mexicano, exclusivamente respecto de disposiciones de carácter penal.
Se establece que la Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal
Colegiado de Circuito, del titular de la consejería jurídica de la Federación o del Fiscal General de la
Federación, en este último caso sólo en materia penal, podrá conocer de los amparos directos que por su
interés y trascendencia así lo ameriten. De igual forma se prevé en el caso de los amparos en revisión. (art.
107)
Se establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en
los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, sólo en materia penal, podrá
denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe
prevalecer como jurisprudencia. (art. 107)
De igual forma se previene que cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis
contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa el Fiscal General de la República, sólo en
materia penal, podrá denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley
reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. (art. 107)
Se establece que el Fiscal General de la República o el Fiscal Federal que al efecto designare, será parte en
todos los juicios de amparo, salvo en el caso que el asunto carezca a su juicio, de interés público. (art. 107)
Se establece al por Fiscal General de la Republica y al Fiscal General de Justicia del Distrito Federal, como
sujetos de juicio político (art. 110) y sujetos a declaratoria de procedencia (art. 111).
Se prevé la obligación de que tanto las Estados de la Federación como el Distrito Federal crearán Fiscalías
Generales de Justicia, que contarán con plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios; cuyo
titular será nombrado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso local. Su objeto
será prevenir, conocer, investigar, y en su caso, consignar ante los tribunales competentes aquellos actos u
omisiones que puedan constituir delitos competencia del fuero común, conforme a las bases contenidas en
la Constitución. (artículos 116 y 122 respectivamente)
En suma la presente iniciativa propone un replanteamiento integral de las instancias de procuración de justicia en el
país, retomando propuestas referentes planteados al efecto en los últimos años y ajustándolas a las nuevas
necesidades y requerimientos que impone la nueva realidad que atraviesa nuestro país, en la consolidación de un
estado democrático de derecho, sobre la base de un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y la
preminencia en la observancia de los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, preocupada por lograr mejores condiciones en nuestro sistema de
justicia penal y lograr que éste responda cabalmente a los requerimientos, exigencias y necesidades de la
ciudadanía en el sentido de lograr que salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos, es que someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS A EFECTO DE CREAR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS
FISCALIAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, COMO
ORGANISMOS AUTONOMOS.
Único. Se reforman los párrafos quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, décimo segundo y décimo cuarto del
artículo 16, párrafo séptimo del artículo 17, párrafo segundo del artículo 19, la fracción III del apartado A del
artículo 20, así como las fracciones II, IV, segundo párrafo de la fracción V y la fracción VII del aparado C del
artículo 20, los párrafos primero, segundo, séptimo y décimo del artículo 21, la fracción VII del artículo 28, el
párrafo primero del artículo 29, el segundo ´párrafo del artículo 69, las fracciones II y IX del artículo 76, la
fracción VI del artículo 82, el segundo párrafo del artículo 84, el segundo párrafo del artículo 93, la fracción VI del
artículo 95, el apartado A del artículo 102, los incisos k y l de la fracción I del artículo 105, los incisos c), e), f), g)
de la fracción II y la fracción III del artículo 105, el último párrafo de la fracción V, el último párrafo del inciso b
de la fracción VIII, las fracciones XIII, XV, el segundo párrafo de la fracción XVI del artículo 107, el primer
párrafo del artículo 108, los párrafos primero y segundo del artículo 110, el párrafo primero del artículo 111, la
fracción VIII del artículo 116, el párrafo segundo y tercero del artículo 119, el apartado D del artículo 122 así como
la fracción XIII del apartado B del artículo 123; se adiciona un apartado C al artículo 102, los incisos m), n),ñ), o),
p) a la fracción I del artículo 105 así como el inciso h) de la fracción II del artículo 105; se deroga la fracción V del
artículo 78 así como la fracción IX del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 16. …
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…
…
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma
prontitud, a la del Fiscal. Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el
indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial
por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Fiscal podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención,
fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
…
La autoridad judicial, a petición del Fiscal y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el
arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta
días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o
cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá
prorrogarse, siempre y cuando el Fiscal acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la
duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
…
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Fiscal por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse
su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la
ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley
penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Fiscal, se expresará el lugar
que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que
únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la
diligencia.
…
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular de la
Fiscalía de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación
privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando
además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.
…
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio,
las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que
requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir
un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y fiscales y demás autoridades competentes.
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…
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…
Artículo 17. …
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…
…
…
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de
calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores.
Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los fiscales.
…
Artículo 19. …
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El Fiscal sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima,
de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado
previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos
de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con
medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad
de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
…
…
…
…
…
Artículo 20. …
A. …
I. a X. …
B. …
I. a II. …
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Fiscal o el juez,
los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad
judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.
…
IV. a IX. …
…
…
C. …
I. …
II. Coadyuvar con el Fiscal; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en
la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el
juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Fiscal considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III.…
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Fiscal estará obligado a solicitar la reparación
del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
…
V. …
El Fiscal deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que
intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
VI.…
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Fiscal en la investigación de los delitos, así como las
resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no
esté satisfecha la reparación del daño.
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Fiscal y a la policía de investigación, la cual actuará
bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Fiscal. La ley determinará los casos en que los
particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
…
…
…
…
El Fiscal podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y
condiciones que fije la ley.
…
…
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Fiscal y las
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases
mínimas:
a) a e) …
Artículo 28. …
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…
…
…
…
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…
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I. a XII. …
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…
I. a VI. …
VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o local,
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y
IX. …
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…
…
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…
…
…
…
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la
sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con
los titulares de las Secretarías de Estado y la Fiscalía General de la República y con la aprobación del Congreso
de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo
el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente,
rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones
generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el
Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al
Congreso para que las acuerde.
…
…
…
…
Artículo 69. …
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la
información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades
paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus
reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
Artículo 76. …
I. …
…
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los embajadores, cónsules generales, empleados
superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de
telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
III. a X. …
XI. Designar al Fiscal General de la República en los términos previstos por esta Constitución, así como
ratificar a los Fiscales Adjuntos de la Fiscalía General de la República, incluido el responsable de la atención
de los delitos electorales.
XII. …
Artículo 78. …
…
I. a IV. …
V. Se deroga
VI. a VIII. …
Artículo 82. …
I. a V. …
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, gobernador de algún Estado ni
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la
elección; y
VII. …
Artículo 84. …
Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin
autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de
labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.
…
…
…
…
Artículo 89. …
I. a VIII. …
IX. Se deroga
X. a XX. …
Artículo 93. …
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las
entidades paraestatales, al Fiscal General de la República así como a los titulares de los órganos autónomos, para
que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus
respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
…
…
…
Artículo 95. …
I. a V. …
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República o del Distrito Federal, senador, diputado
federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
…
Artículo 102.
A. La Ley organizará la Fiscalía General de la República, que será un organismo público
con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. En el
ejercicio de su función, regirá su actuación bajo los principios de legalidad, honradez, certeza,
objetividad, profesionalismo, independencia, imparcialidad, equidad y eficiencia.
La Fiscalía General de la República estará presidida por un Fiscal General designado por el Senado de la
República, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Durará en su encargo siete años
improrrogables, sin posibilidad de reelección, y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos
del Título Cuarto de esta Constitución o por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de
la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley. Durante su
encargo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en
representación dela Fiscalía.
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando
menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años,
con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por
delito doloso.
Corresponde a la Fiscalía General de la República, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos
del orden federal así como del orden común en los casos previstos en la fracción XXI del artículo 73 de esta
Constitución; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las medidas cautelares en contra de los
imputados; obtener y presentar las pruebas que acrediten la existencia de los hechos que la ley considera
como delito y la participación del imputado en los mismos; hacer que los juicios se sigan con toda
regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e
intervenir en todos los negocios que la ley determine.
El Fiscal General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere
el artículo 105 de esta Constitución.
La administración, vigilancia, disciplina y servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de la
República, estará a cargo un Consejo integrado por seis consejeros que serán nombrados en la forma y
términos que determine la ley. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los
funcionarios de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de dichos funcionarios, la
cual se regirá por los principios de independencia, excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.
El Fiscal General de la República nombrará con ratificación del Senado a los Fiscales Adjuntos de la
institución, incluido el responsable de la atención de los delitos electorales.
El Fiscal General de la Federación presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de
actividades, al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
B. …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
C. La consejería jurídica de la Federación estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal
que, para tal efecto, establezca la ley. El titular de la consejería jurídica será nombrado y
removido libremente por el Presidente de la República.
En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los cónsules
generales y en los demás que conforme a las leyes aplicables corresponda, intervendrá la consejería jurídica
de la Federación.
Artículo 105. …
I. …
a) al j) …
k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de
la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
m) La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de un Estado o del Distrito Federal;
n) La Fiscalía General de la República y el Poder Ejecutivo Federal, Local, del Distrito Federal o un municipio;
ñ) La Fiscalía General de cualquier Estado o Distrito Federal y el Poder Ejecutivo Federal, Local o del Distrito
Federal;
o) La Fiscalía General de la República y el Congreso de la Unión, o cualquiera de las Cámaras de éste o, en su
caso, la Comisión Permanente; y
p) La Fiscalía General de cualquier Estado o Distrito Federal y la Legislatura Local o la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, respectivamente.
II. …
…
a) y b) …
c) El titular de la consejería jurídica de la Federación, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del
Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
d)…
e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en
contra de leyes expedidas por la propia Asamblea;
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales,
en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus
dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les
otorgó el registro;
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito
Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la
República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los
estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y
h) El Fiscal General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así
como de Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, exclusivamente respecto de
disposiciones de carácter penal.
…
…
…
III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del titular de la consejería
jurídica de la Federación, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de
Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo
ameriten.
…
…
Artículo 107. …
I. a IV. …
V. …
a) a d) …
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito,
del titular de la consejería jurídica de la Federación o del Fiscal General de la Federación, en este último
caso sólo en materia penal, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo
ameriten.
VI. y VII. …
VIII. …
a) y b) …
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito,
del titular de la consejería jurídica de la Federación o del Fiscal General de la República, en este último caso
sólo en materia penal, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo
ameriten.
IX. a XII. …
XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo de su competencia, el titular de la consejería jurídica de la Federación, los mencionados tribunales y
sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron, o el Fiscal General de la
República, en este último caso sólo en materia penal, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del
Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
…
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los
Jueces de Distrito, el titular de la consejería jurídica de la Federación, las partes en los asuntos que las
motivaron o el Fiscal General de la República, en este último caso sólo en materia penal, podrán denunciar la
contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la
contradicción.
XIV. …
XV. El Fiscal General de la República o el Fiscal Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios
de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su
juicio, de interés público.
XVI. …
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con
el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad
responsable, y dará vista a la Fiscalía General de la República, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje
sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
…
…
XVII. a XVIII. …
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores
públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial
del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en
la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, de la Fiscalía General de la República así como a los
servidores públicos de los demás organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
…
…
…
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho,
los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la
República, el Fiscal General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito,
los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal,
el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los
magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos
públicos.
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales
y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales así como los Fiscales Generales de
Justicia de las Entidades Federativas sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido
de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las
Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
…
…
…
…
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los
consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal,
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Fiscal General de Justicia del
Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará
por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Artículo 116. …
…
I a VII. …
VIII. Las Constituciones de los Estados crearán Fiscalías Generales de Justicia, que contarán con plena
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios; cuyo titular será nombrado por las dos terceras
partes de los miembros presentes del Congreso local. Su objeto será prevenir, conocer, investigar, y en su
caso, consignar ante los tribunales competentes aquellos actos u omisiones que puedan constituir delitos
competencia del fuero común, conforme a las bases contenidas en esta Constitución para el órgano federal a
que se refiere el apartado A del artículo 102.
Artículo 119. …
Cada Estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora a los indiciados, procesados o
sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito
atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con
intervención de las respectivas Fiscalías Generales de Justicia, en los términos de los convenios de colaboración
que, al efecto, celebren éstos y las entidades federativas. Para los mismos fines, los Estados, el Distrito Federal y
los Fiscales de las entidades federativas podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal y
con la Fiscalía General de la República.
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, en coordinación
con la Fiscalía General de la República, y con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta
Constitución, en los tratados internacionales que al respecto suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el
auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días
naturales.
…
Artículo 122. …
…
…
…
…
…
A. a C. …
1. La investigación y persecución de los delitos de competencia del Distrito Federal incumbe a su Fiscalía
General de Justicia del Distrito Federal, que será un órgano con plena autonomía, personalidad jurídica
y patrimonio propios. Su titular será nombrado por dos terceras partes de los miembros presentes de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estará encargada, de acuerdo a su competencia, de
prevenir, conocer, investigar, y en su caso, consignar las conductas de los servidores públicos que
puedan constituir delitos competencia del fuero común en el Distrito Federal, conforme a las bases
contenidas en esta Constitución para el órgano federal a que se refiere el apartado A del artículo 102.
2.
E. a H. …
Artículo 123. ...
…
1. …
2.
I. a XXXI. …
B. …
I. a XII. …
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, fiscales, peritos y los miembros de las instituciones
policiales, se regirán por sus propias leyes.
Los fiscales, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los
Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere
promovido.
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del
sistema de seguridad social del personal de las Fiscalías Generales de Justicia, de las corporaciones policiales y
de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad
social.
…
XIII bis. a XIV. …
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Cualquier denominación que se realice en los ordenamientos legales respecto al Procurador General de la
República o a la Procuraduría General de la República o al ministerio público se entenderán hechas al Fiscal
General de la República, a la Fiscalía General de la República y al fiscal respectivamente.
Tercero. Los recursos materiales con que actualmente cuenta la Procuraduría General de la República, serán
transferidos a la Fiscalía General de la República, en los términos que para tal efecto se establezcan en las
disposiciones administrativas correspondientes.
Cuarto. Los trabajadores de la Procuraduría General de la República, se les respetarán sus derechos laborales, pero
en todo caso, deberán sujetarse a los procedimientos del servicio de carrera que al efecto se determine.
Quinto. El Congreso de la Unión, deberá adecuar las leyes federales correspondientes, de conformidad a lo
dispuesto por el presente decreto, en un plazo no mayor de 180 días, a partir de la entrada en vigor del mismo.
Sexto. En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto se deberá de adecuar el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad a lo dispuesto por la presente reforma.
Séptimo. Los Estados y el Distrito Federal, contarán con el plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, para actualizar sus leyes, conforme a lo dispuesto por este mismo decreto.
Octavo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma se deberá de expedir el
Reglamento Interior de la Fiscalía General de la República.
Noveno. La Cámara de Senadores deberá de designar al Fiscal General de la República dentro de los 60 días
siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Décimo. El Consejo de la Fiscalía General de la República deberá quedar instalado en un plazo no mayor a 180
días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Decimoprimero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el tratamiento de la Fiscalía General de la República como organismo autónomo.
[1] Tabla elaborada por la Comisión Andina de Juristas.