INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL. LOS RIESGOS FRENTE A UN PROCESO DE EXTINCIÓN

EN LUZ y FUERZA DEL CENTRO PREÁMBULO

El tema de esta ponencia comprende a una empresa recién desaparecida,

cuyas funciones estaban enmarcadas en el ámbito urbano y rural. Cuando el eje rector es aquí el “Patrimonio industrial y el mar”, lo único con que puedo enlazar mi participación es con una metáfora a modo de pregunta: ¿Hundimos, hundieron o se hundió Luz y Fuerza del Centro? Estar aquí supone una oportunidad que no desaprovecharé. Han transcurrido seis meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), empresa paraestatal que funcionó de 1960 hasta 2009; aunque como empresa con capital extranjero había comenzado a trabajar desde 1905; en septiembre de 1960 fue nacionalizada por el licenciado Adolfo López Mateos. Fue una empresa destinada y dedicada a la producción, generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, labor evidente en el Distrito Federal, Estado de México, y partes de las entidades de Hidalgo, Puebla y Morelos, que llegó a servir a 26 millones de habitantes concentrados en la zona centro del país, bajo el compromiso de poco más de 6 millones de contratos domésticos e industriales. Desde 1903 fecha en la cual comenzaron las obras en el estado de Puebla –concretamente en Necaxa–, se desplegó un universo impresionante de infraestructura que quedó emplazada y distribuida en diversos lugares como los ya mencionados. Muchas de esas instalaciones funcionaron hasta nuestros días, con pocos cambios, pero reflejaban el deterioro y la fatiga que supone la “continuidad de servicio”, principal filosofía de esa empresa emblemática y entrañable. A lo largo de esos 106 años se sumó al paisaje natural un nuevo paisaje inscrito en el denominador común de un lenguaje que nos es afín: la arqueología industrial. Pues bien, con motivo de la extinción a que fue sujeta esta empresa la “noche triste” del 10 de octubre de 2009, comenzó no sólo el proceso de traspaso a su nuevo propietario: Comisión Federal de Electricidad, sino un verdadero martirio puesto que la “entrega-recepción” supone la cesión de todos los bienes; pero cuando muchos de éstos, por su envejecimiento, no son del interés por parte de su nueva propietaria, entonces quedan condenados a la licitación, venta o destrucción. Estos aspectos de carácter legal y administrativo son atendidos por el Servicio de Administración de Enajenación de Bienes (SAE), entidad del gobierno que cumple las funciones de “liquidadora”, que lo hace en apego a las leyes existentes al respecto, aunque no son todas las que debieran ser, porque varias de ellas aún no han sido creadas –como es el caso de la protección de patrimonios como estos–

por lo que son susceptibles de ser propuestas, redactadas, discutidas y aprobadas a la brevedad posible. Espero que el caso que aquí se ventila no tenga que ser el amargo detonante ante lo irrecuperable. ¿A qué me refiero con todo este preámbulo? A las pruebas fehacientes de que LyFC contaba con una infraestructura de distinta índole, mucha de la cual hoy está amenazada con desaparecer por razones de antigüedad, por ser equipo viejo y costoso en su mantenimiento. Al mencionarlo trato de dar énfasis al hecho de que buena parte de esos elementos pueden ser recuperados para integrarlos a la colección museográfica de la nueva institución. Para ello se cuenta con elementos claros susceptibles de entretejer su historia, valioso elemento entre un amplio sector de académicos e investigadores que ya tienen, en temas como estos, nuevas líneas de reflexión. Por lo tanto, estoy enviando señales de alarma para que este foro se convierta en la caja de resonancia, en el llamado de atención sobre las amenazas que, hasta el día de hoy, pesan sobre la extinta LyFC. Varias plantas ya han sido desmanteladas para utilizar sus piezas como refacción en otras instalaciones. Casos como la planta termoeléctrica “Ing. Jorge Luque Loyola” o las Turbojet´s de Nonoalco, que además se consideran instalaciones emblemáticas, hoy están sujetas a ese despojo. De todo esto, además del asunto relacionado con el patrimonio documental, se ocupa la presente ponencia. Manifiesto

Mi participación en este congreso quedará testimoniada a la manera de un

MANIFIESTO, también por otra razón muy sencilla: A raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ocurrida el pasado 10 de octubre de 2009, quedamos en el desempleo 43 mil 720 trabajadores, así como en la indefensión 22 mil 256 jubilados, a quienes el gobierno federal no les garantiza el derecho a seguir recibiendo el pago íntegro y puntual de su jubilación. Pero ese no es el único problema. Los casi 500 centros de trabajo distribuidos en las cuatro entidades del centro del país señaladas (México, Hidalgo, Morelos y Puebla), así como todo el Distrito Federal quedaron, desde el momento mismo de la publicación del decreto, en condiciones inciertas. Por un lado el SAE, que hace las veces de liquidadora debe –acatando la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (cuya última reforma es del 23 de febrero de 2005)–, generar todos los trámites para la entrega-recepción que, en este caso se turna a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como encargada del control técnico administrativo de todas las instalaciones estratégicas y, en términos laborales, convertida en el nuevo patrón-sustituto. Este asunto, de haberse aplicado correctamente desde un principio, no hubiera disuelto ni afectado en forma alguna las relaciones de trabajo entre la entidad liquidada y la actual empresa encargada de la operación del Sistema

Eléctrico Nacional (SEN). Por lo tanto, se entiende que, en el caso de la extinción de LyFC, la sustitución ha sido hecha por la CFE. Sin embargo, y hasta nuestros días, la CFE sin haber contratado a un solo trabajador de la extinta LyFC sólo tiene bajo control técnico, las instalaciones y sistemas a nivel de transmisión y distribución. Es en este último rango donde se han observado los mayores problemas que se hicieron notar en “apagones”, aunque no dejan de estar presentes diversos conflictos en los niveles de baja y mediana tensión, mismos sistemas que junto a los de transmisión (85, 115, 230 y 400 kV) han quedado fuera de control. Por tanto, un colapso en el sistema general, o un gran disturbio pueden ocasionar severos problemas, aunados a la falta de mantenimiento, a la presencia de una descompensación de cargas, al sobrecalentamiento en buena parte de cables subterráneos, o al hecho de que dejaron de funcionar algunas plantas como la de Necaxa (hidroeléctrica) o la denominada “Ing. Jorge Luque Loyola” (termoeléctrica). Algunas otras instalaciones, ya intervenidas por personal de CFE, han sido operadas incorrectamente, lo que ha traído como consecuencia un funcionamiento sobre o bajo carga, pero no con los valores a los que operaban antes de la extinción. De fondo, hay un mensaje subliminal en el párrafo recién terminado. Estoy refiriéndome a instalaciones que, por su antigüedad rebasaban, en algunos casos, el siglo; en otros los 50 años; o las 8 de 14 plantas de generación distribuida que, con tecnología de punta, habían sido instaladas y puestas en servicio desde febrero de 2006. Así que, en esencia, estamos ante un organismo descentralizado que, en tanto empresa destinada al servicio eléctrico, tuvo que mantener funcionando mucho equipo viejo, en forma milagrosa y que, por esa vejez referida lo hace hoy, en medio de ese escenario, susceptible de conservación o destrucción. Por un lado, la conservación depende de un gobierno que debiera estar conformado por funcionarios e instituciones sensibles a la cultura. Me temo que no es el caso en este país. Depende también de una legislación que aún no existe, por lo que razones como la “Carta de Venecia” de 1964, la “Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial” (Moscú, 17 de julio de 2003); la “Carta de Monterrey sobre conservación del patrimonio industrial”, Monterrey, Nuevo León (18 de noviembre de 2006) entre otras, son un buen motivo para reformar esos propósitos con un caso como el expuesto aquí y ahora. De lo contrario, la legislación que aplica el SAE (la ya mencionada Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público), simple y sencillamente cumplirá con los propósitos establecidos en artículos como el 6º, 7º, 24º, 34º, 38º, 55º y 69º que indican, en síntesis, el aseguramiento de los bienes, con su correspondiente recepción, registro, custodia, conservación y supervisión, mismos que quedan a disposición de quien acredite tener derecho a ellos, por vía de la donación o asignación. De no ser así, se puede proceder a la licitación pública, a la subasta, al remate o a la adjudicación directa, e incluso a la destrucción de los bienes.

Se prevé la licitación de todos aquellos bienes muebles e inmuebles para que: o pasen a un nuevo propietario (nacional o extranjero), o se destine para su destrucción como chatarra. La amenaza, como se ve, se cierne peligrosa; no en lo que son meras instalaciones eléctricas, sino sobre un patrimonio histórico que justifica plenamente el concepto de arqueología industrial, mismo conjunto de elementos que enriquecieron con su paisaje los otros paisajes tanto identitarios como de origen; es decir: rural y urbano. Tal circunstancia comenzó a materializarse desde 1903, hasta el día de su terrible desaparición.

IMAGEN Nº 1. Logograma de la empresa Luz y Fuerza del Centro, fue emblema desde 1955 y hasta el año de su extinción: 2009. Las bases del encuentro que hoy nos reúne, indican con mucha certeza “promover el conocimiento del patrimonio heredado por la actividad industrial y dar a conocer la experiencia de recuperación y salvaguarda en México”. Por ello, me parece importante aprovechar la presente ponencia para ventilar el caso de la extinción de LyFC y buscar que se convierta, de alguna manera, en un foco rojo para manifestaciones de conservación, rescate y preservación como las que privan en actividades en las que cada uno de ustedes tiene responsabilidad clara. El presente llamado de atención no sólo nos pone en preventiva. Obliga a quienes hemos tenido especial cuidado y atención por los patrimonios históricos en sus distintas expresiones y soportes (más adelante indicaré lo ocurrido tanto con el Archivo Histórico como con la biblioteca y el museo que pasaron por los mismos riesgos) a acelerar mediante la acumulación de experiencias, la redacción y propuesta de una legislación que garantice recuperar éste y otros patrimonios en riesgo, pues se puede concluir, en una primera apreciación, que los antojos de la privatización no tienen límite. Para ello existen algunos recursos tales como: - La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Nacional,

París, 21 de noviembre de1972. - La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, París,

17 de octubre de 2003. - La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las

Expresiones Culturales, París, 20 de octubre de 2005. Y en términos de la legislación nacional a documentos tales como: - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (con su última

modificación del 27 de abril de 2010). - El Convenio de Colaboración entre ICOMOS Mexicano, A.C. y TICCIH México,

A.C. del 22 de febrero de 2008 y el Reglamento TICCIH México de la misma fecha.

- El Decreto de Avalúo de Bienes Nacionales del 2 de septiembre de 2004 y en particular su Art. 8 fracción XXXVII y Art. 9, fracciónn XXXIII.

- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, del 13 de enero de 1986; así como el Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, del 5 de enero de 1993.

- La Ley General de Bienes Nacionales (en su conjunto), del 31 de agosto de 2007.

- La Ley orgánica de la Administración Pública Federal, del 17 de junio de 2009, en concreto su Art. 38 fracción XX.

- El Código de Ética propuesto por el AGN, a su vez propuesto por los profesionales de la archivística, en el XIII Congreso Internacional de Archivos, celebrado en Pekín, China, en 1996.

- Los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, del 20 de febrero de 2004.

- El Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del 11 de junio de 2003.

- La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del 6 de junio de 2006, entre otros.

Es el caso de los trabajadores mineros de Cananea versus Grupo México, y ahora de Luz y Fuerza del Centro. Para ambos, toda su infraestructura se convierte en blanco de amenaza pues, de no crear los medios legales pertinentes para salvar el patrimonio, entendido como arqueología industrial, puede tornarse en un hecho de suyo vergonzoso. En estos momentos ni SAE, ni CFE tienen claro cómo resolver el asunto. Lo pertinente es que en casos como el que refiero, la ley diera la razón absoluta para que, por ejemplo, el Museo Tecnológico de Chapultepec (MUTEC) se convierta, en automático, en el depositario de un legado cuidadosamente seleccionado, catalogado y convertido en patrimonio histórico, mismo que hasta el día de la extinción estaba integrado, en principio, por 300 piezas de pequeño, mediano y gran formato. Ello no obstante que estaba previsto iniciar un levantamiento para integrar la base de datos de todos los bienes muebles e inmuebles, activos o fuera de servicio, con objeto de determinar, con los criterios pertinentes, el tipo de piezas o unidades que debían salvaguardarse en apego a los criterios de un museo, también de reciente formación.

IMAGEN Nº 2. Subestación tipo “Kiosko” o “Pirámide”. Equipo instalado en el centro de la Ciudad de México entre 1900 y 1930. Funcionaba a tensiones de hasta de 6000 volts. Fototeca del Archivo Histórico de Luz y Fuerza del Centro (En extinción). Pero, cuando priva la incertidumbre no sabemos, bien a bien, cuál va a ser el destino de piezas como las que se encuentran desplegadas a lo largo y ancho del territorio que estuvo bajo el dominio de LyFC, y de las que nunca perdimos de vista el propósito de musearlas con los discursos museológicos y museográficos más pertinentes, congruentes con los tiempos que corren.

A casi siete meses de haberse declarado la desaparición de LyFC, la situación es crítica. La totalidad de la plantilla de trabajadores, que a lo largo de años acumuló experiencias específicas, sigue en el desempleo. Las instalaciones, en realidad pocas, han pasado al control de CFE. La contratación de empresas que brindan servicio de mantenimiento industrial, pero no con especificidades como las que manejaba el personal liquidado, han ocasionado varias muertes y un considerable número de heridos con quemaduras graves a raíz de diversos cuadros de descarga o fibrilación ventricular. Todo esto, en su conjunto, ha originado una supervisión caótica de las instalaciones a nivel distribución (23 y 13 kV), así como en valores industriales: 440, 220 y 127 V.C.A. Han explotado diversos registros subterráneos donde se encuentran transformadores sumergibles que no han recibido, como muchas otras instalaciones, el mantenimiento preventivo. ¿Se tratará de una acción deliberada? ¿El operativo de extinción no tomó precauciones de esta naturaleza? Como puede observarse, las condiciones vulnerables de este caso quedaron, en principio, sujetas a la incertidumbre, sobre todo porque operan ciertas leyes, pero otras, o son un galimatías para el asunto, o de plano no se han elaborado. Ese es quid del asunto y no otro. Las gigantescas dimensiones de esta empresa han hecho más complicada la extinción así como diversos acontecimientos aislados, como la toma simbólica de instalaciones; hechos que nada tienen que ver con que, en realidad, las instalaciones estén bajo el control de la Policía Federal. Esta circunstancia, en opinión de los responsables del SAE, representa un gran impedimento, pues las instrucciones que se les turnan a los propios policías han impedido que el personal de la instancia liquidadora realice actividades relacionadas a su ámbito o que las lleve a cabo en horarios poco convencionales. Ahora bien, ¿qué patrimonio industrial es susceptible de ser rescatado? En términos de bienes muebles e inmuebles se encuentran algunas instalaciones emblemáticas como El Oro, Necaxa, Lerma, Tepuxtepec, o la antigua planta de Nonoalco, por mencionar algunas, y que pueden quedar convertidas en museos de sitio, perfectamente justificadas y convertidas en sitios ideales para ese propósito.

IMAGEN Nº 3. Planta hidroeléctrica Necaxa (Puebla), 29 de octubre de 1910. Fototeca del Archivo Histórico de Luz y Fuerza del Centro (en extinción). En términos de líneas de transmisión y subestaciones se encuentran las torres estructurales mejor conocidas como tipo Necaxa o Ecatepec, cuyos perfiles o diseños caracterizan a la primera etapa de esta empresa; interruptores en aceite; bancos de transformadores, etcétera.

En términos de distribución (aérea y subterránea) existe una variedad que puede recuperar subestaciones tipo “kiosko” o “pirámide”, transformadores robustos, aisladores en porcelana y otros objetos.

IMAGEN Nº 4. Torre de línea de transmisión conocida como tipo “Necaxa”, ubicada en las cercanías de la casa de fuerza de El Oro. 10 de julio de 1905. Fototeca del Archivo Histórico de Luz y Fuerza del Centro (en extinción). Con referencia a las áreas de comercialización, existen muchos elementos de oficina (antigua y moderna), medidores, equipos de prueba, elementos de capacitación, así como de seguridad e higiene; además de toda la gama de uniformes o herramientas de trabajo (de marca o “hechizas”) que se utilizaron en las distintas áreas. Ahora bien, gracias a una entrevista que sostuve con reporteros del periódico La Jornada, publicada a doble página el 22 de octubre de 2009 en su sección de cultura, considero que tal circunstancia se convirtió en el detonante de lo que, incluso aquí y ahora, motiva a que las alarmas sigan encendidas para evitar la dispersión o destrucción del patrimonio cultural de LyFC. Gracias a esa caja de resonancia, diversas personas e instituciones han puesto su empeño en mantenerse, no sólo al pendiente, sino participar activamente en gestos solidarios que han repercutido favorablemente en los avances para sensibilizar a sectores burocrático-administrativos que muchas veces no tienen la menor idea de lo que es patrimonio, y menos aún cuando éste es cultural. Esto permitió encontrar la solidaridad y el apoyo necesarios a fin de iniciar las gestiones pertinentes para que, en este caso el SAE, las tomara muy en cuenta, en virtud de que está de por medio el salvamento documental (sobre todo el que custodiaba el personal del Archivo Histórico de LyFC), el que, de no suceder ninguna situación adversa, pasará al Archivo General de la Nación (AGN), donde habrá de estar en mejores condiciones, que lamentablemente nunca tuvo, y lo que es peor, esas condiciones eran semejantes a las de la guardería “ABC”. Por otro lado se entiende que dentro del universo documental a que me refiero, deberá aplicarse, el Art. 245 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (2 de junio de 2009), relacionado con la liquidación de las sociedades, por lo que se espera una guarda documental sujeta a estos principios, tal y como ha ocurrido con otras instituciones (CONASUPO, por ejemplo). En ese universo se encuentra el patrimonio documental, donde cierto es que, se tienen detectados documentos virreinales –como resultado de la integración de expedientes de escrituras sobre diversas propiedades de la empresa–, aunque predominan todos aquellos documentos generados a lo largo del siglo XX y lo que alcanzó del XXI. Quizá, en términos archivísticos y, por lo excepcional del caso, los documentos activos, semiactivos e históricos formen, a partir del 10 de octubre de 2009, una sola unidad, aunque se ha dado énfasis en recuperar el que se

encuentra en el nivel de histórico, constituido de documentos, oficios, memorandos, circulares, convenios, acuerdos y otros. También deben integrarse a dicho universo los manuales, planos, instructivos y expedientes de procesos constructivos. A ello es necesario agregar un legado fotográfico importantísimo que, para el momento de la extinción, tenían digitalizadas alrededor de 10 mil imágenes, además de otras con soportes en vidrio, nitrocelulosa, película de seguridad, albúminas y papel fotográfico de reciente producción. Aquí destaca la fotografía más antigua con la inscripción del 8 de mayo de 1903. Una buena mayoría de estos soportes, fueron rescatados al pie de diversos botes de la basura y otros sitios inverosímiles, pero creíbles cuando se está en ambientes como el de los archivos. Lo fundamental es referirles que estábamos trabajando con dichos materiales desde el 3 de enero de 2005, fecha de la creación del Archivo Histórico de LyFC, organismo que pudo apoyar a varios tesistas, así como a otros tantos trabajos que, a nivel interno, eran solicitados con frecuencia, sobre todo por áreas como almacenes, agencias, seguridad e higiene. Afortunadamente en el trabajo cotidiano quedó un respaldo digital (del cual soy custodio) que es la única garantía de todas las actividades que incluyeron también: salidas a diversos archivos, museos y bibliotecas, la elaboración de un catálogo de casi un millar de efemérides, y la producción de varios trabajos multimedia. No puedo dejar de mencionar que existe un fondo cinematográfico con fechas extremas de 1928 hasta nuestros días, que ingresó en depósito a la Filmoteca de la U.N.A.M., materiales que, por fortuna están en condiciones de resguardo y estabilización. En el fondo, tratábamos de dar relevancia al tema del que se ocupa un archivo con especificidades como las del sector eléctrico, de ahí que fuera fundamental ligar no sólo el desarrollo de dicha empresa a lo largo de esos 106 años. También era importante tener un panorama que comprendiera la visión sindical, pues no existe empresa sin mano de obra, y sin demandas bajo el equilibrio de los derechos y las obligaciones; hubiera sido imposible entenderla de no contar con estos elementos tan a la mano, y que sirvieron de mucho para conocer de manera entrañable las circunstancias de diversos movimientos donde se enfrentaron, con frecuencia, empresa y sindicato, en su secular y cotidiano transitar.

IMAGEN Nº 5. Revista LyF, publicación que apareció entre la quinta y sexta décadas del siglo XX, bajo resguardo del Archivo Histórico de Luz y Fuerza del Centro (en extinción). Hoy eso terminó con el juicio sumario aplicado por el gobierno. De igual forma –si bien estaba reconocida una biblioteca, la del organismo, con alrededor de 6 mil volúmenes, aunque también dejada al olvido–, fue necesario que personal del propio Archivo Histórico, y como resultado de diversas acciones que se efectuaban con apoyo del personal de Archivo y Correspondencia, se lograra integrar otra biblioteca, la que denominé como “Clandestina”, que

finalmente y con alrededor de 800 volúmenes, pusimos al servicio de investigadores e interesados. Pues bien, tanto el Archivo Histórico como las bibliotecas (es casi un hecho), serán transferidos al Archivo General de la Nación (AGN), partiendo del hecho de que SAE ha reconocido que al AGN le asiste la razón de ser la institución con las atribuciones necesarias para determinar la recuperación de materiales y documentos con el suficiente valor histórico que, a no dudar, tienen los que en su momento pertenecieron a The Mexican Light and Power Company and Limited, a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, S.A., a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A. (en liquidación) y a Luz y Fuerza del Centro, que son las empresas que durante 106 años conformaron la trayectoria de esta noble institución. Todavía, como desenlace nada apropiado, apenas se ha dado a conocer hace unos días (La Jornada, del 29 de abril de 2009, p. 19), el hecho de que en el Senado se pretende aprobar la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, iniciativa que abre totalmente el camino a la privatización total de la electricidad y se posibilita la intervención de trasnacionales en la prestación de servicios en todos los sectores, fundamentalmente el educativo, de salud, carretero, hidráulico, entre otros, como lo indica la nota. De aprobarse la ley, permitiría a las dependencias gubernamentales adjudicar contratos de manera directa y hasta por 40 años a la iniciativa privada y extranjera, para obras que serían financiadas con recursos presupuestales, lo que implica un retroceso, que conlleva la “entrega de las áreas estratégicas y los bienes de la nación” a consorcios nacionales y multinacionales que, en consecuencia, podrían construir escuelas, hospitales o cárceles y administrarlos, comprometiendo las finanzas públicas por casi medio siglo. Todo en contraposición a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que, a la letra dicen:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. (...) Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (…) Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Por todo lo anterior parece necesario que experiencias como la de Luz y Fuerza del Centro sirvan de referente para evitar el conflicto que aún no está resuelto del todo. Una ley de salvamento patrimonial en sus diversas expresiones debe ser el siguiente paso y por eso, actividades como la presente son una buena oportunidad para convocar a los expertos, y en este caso a los directamente afectados, para establecer los criterios pertinentes a fin elaborarla. Por fortuna también existe una gama legislativa que va a servir para apuntalar a otras que se encuentran en proceso de elaboración, con vistas a impedir situaciones como la que quedó expuesta en la presente ponencia, reflejo de una amarga experiencia que me obliga a pronunciar la ya conocida demanda, la ya conocida consigna de:

¡¡¡NUNCA MÁS!!!

Ciudad de Campeche, mayo 5 de 2010.