informe independiente de grupo de trabajo ......informe independiente de grupo de trabajo el centro...

INDEPENDENT TASK FORCE REPORT

RELEASE DATE: MAY 4, 2017

CODIRECTORES

John NegroponteEstados Unidos

Eduardo SteinGuatemala

María Eugenia Brizuela de ÁvilaEl Salvador

Luis CosenzaHonduras

DIRECTOR GENERAL

Jason Marczak

CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO

Un plan de acción para el Triángulo Norte de Centroamérica

Atlantic CouncilADRIENNE ARSHTLATIN AMERICA CENTER

INFORME INDEPENDIENTE DE GRUPO DE TRABAJO

El Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council se dedica a ampliar el conocimiento de los transformativos cambios políticos, económicos, y sociales en toda América Latina. El centro se enfoca a unir líderes políticos, empresariales, de la sociedad civil y de la academia con el objectivo de cambiar la naturaleza fundamental de los debates sobre América Latina, y para desarollar nuevas ideas y recomendaciones de políticas innovadoras que resalten el potencial de la región como un socio estratégico y económico para Europa, Estados Unidos, y demás.

El Atlantic Council promueve el liderazgo y el compromiso constructivo en temas internacionales basado en el papel central de la comunidad atlántica en el cumplimiento de los retos globales. Para obtener más información, por favor visite www.AtlanticCouncil.org.

© 2017 The Atlantic Council of the United States. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio sin el permiso por escrito del Atlantic Council, excepto en el caso de breves citas en artículos de noticias, artículos críticos o revisiones.

Atlantic Council 1030 15th Street NW, 12th Floor Washington, DC 20005

ISBN: 978-1-61977-425-4

Junio de 2017

Atlantic CouncilADRIENNE ARSHTLATIN AMERICA CENTER

CODIRECTORES John NegroponteEstados Unidos

Eduardo SteinGuatemala

María Eugenia Brizuela de ÁvilaEl Salvador

Luis CosenzaHonduras

DIRECTOR GENERALJason Marczak

INFORME INDEPENDIENTE DE GRUPO DE TRABAJO

Construyendo un mejor futuroUn plan de acción para el Triángulo Norte de Centroamérica

Tabla de contenidos

PRÓLOGO 01

RESUMEN EJECUTIVO 03

UNA COYUNTURA IMPERATIVA PARA LA ACCIÓN 10

GRUPO DE TRABAJO SOBRE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD ECONÓMICA EN EL TRIÁNGULO NORTE 12

ESFUERZOS ACTUALES PARA GENERAR IMPULSO 15

PLAN DE ACCIÓN PARA ENFRENTAR LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA REGIÓN 20

1. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 21Integración e infraestructura 22

Desarrollo de sectores claves 25

Desarrollo del capital humano 28

2. FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO 30Fortalecimiento de instituciones judiciales 31

Corrupción y flujos ilícitos 33

Regímenes de finanzas públicas 34

3. MEJORA DE LA SEGURIDAD 36Mejoras policiales 38Reforma penitenciaria y de la justicia penal 40

Pandillas 41

Tráfico ilícito 43

CONCLUSIÓN: UN TRIÁNGULO NORTE MÁS PROSPERO Y UN ESTADOS UNIDOS MÁS SEGURO 45

CODIRECTORES Y MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 46

AGRADECIMIENTOS 50

REFERENCIAS 51

IV INFORME INDEPENDIENTE DE GRUPO DE TRABAJO | CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO

INFORME INDEPENDIENTE DE GRUPO DE TRABAJO | CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO 1

as dificultades que enfrenta el Trián-gulo Norte de Centroamérica, com-puesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, pueden parecer algo muy lejano para muchos estadounidenses,

pero el futuro de los Estados Unidos está ligado a estos países, que son algunos de nuestros vecinos más cercanos. El mero aspecto geográfico indica que la estabilidad y prosperidad de esos países son clave para los intereses nacionales de los EE.UU.

El tráfico ilegal, la violencia de pandillas, el sub-desarrollo económico y la atmósfera de impuni-dad y corrupción que allí se vive continúan siendo enormes desafíos en el Triángulo Norte. Aunque se han logrado ciertos avances, todavía es necesario hacer más, para asegurar que la población tenga otras opciones que enfrentar la arriesgada travesía hacia el norte para llegar a los Estados Unidos.

Existen en la región socios dispuestos y en condiciones para asistir a los Estados Unidos en el abordaje de estos asuntos. Los demócratas y los republicanos deberían unirse para reforzar y llevar adelante las aspiraciones por mejorar la situación, y esto incluye la ayuda para dar impulso a los in-cipientes esfuerzos por enfrentar la criminalidad y la impunidad.

La asistencia que brinda EE.UU. al Triángulo norte ha resultado eficaz en general acción local y es un complemento a los importantes esfuerzos que en ese sentido llevan adelante los mismos países. No obstante ello, creemos que es posible hacer aún más. Los esfuerzos de aquí en adelante deberían priorizar medidas transformadores e innovadoras que maximicen la rentabilidad de nuestra inversión.

Estos desafíos fuertemente arraigados no podrán resolverse de un día para otro, por lo cual sólo será

posible reencaminar a la región por la vía adecuada mediante alianzas e inversiones a largo plazo en el desarrollo económico sostenible, el estado de derecho y la seguridad. Por esta razón, el Congreso de los Estados Unidos debería considerar una au-torización bipartidista de financiación de varios años para el Triángulo Norte. El Plan Colombia es un ejemplo fundamental de lo que es posible lograr cuando el Congreso deja de lado sus difer-encias internas para ayudar a que un país retome el camino adecuado. Y al igual que en el caso de Colombia, existe en estos tres países un compro-miso nacional para colaborar con el trabajo que lleve adelante los Estados Unidos.

Hemos suscrito nuestra participación como codirectores honorarios del Grupo de Trabajo de Seguridad y Oportunidad Económica en el Trián-gulo Norte del Atlantic Council porque el trabajo que ese grupo ha llevado adelante se enfoca en las soluciones que resultan necesarias para esa región. El grupo de trabajo se planteó abordar esas prob-lemáticas, identificadas como prioritarias por los ci-udadanos mismos en la región. El trabajo realizado ha tenido en cuenta diferentes puntos de vista de los sectores público y privado así como de la so-ciedad civil, tanto de los tres países como de los Estados Unidos. Y el gran liderazgo de los codirec-tores de los cuatro países tomó en cuenta una mul-tiplicidad de puntos de vista y posiciones políticas.

El presente informe debería considerarse como un plan de acción para lo que será nuestro accio-nar dentro del Congreso, en tanto toma en cuenta soluciones a corto plazo y cambios estructurales a largo plazo. Los tres pilares fundamentales de se-guridad, estado de derecho y desarrollo económico sostenible son planteos ya conocidos y repetidos

PrólogoCongresista Eliot EngelCodirector honorario del Grupo de TrabajoMiembro Principal, Comité de Asuntos Exteriores(D-NY Distrito 16)

Congresista David ValadaoCodirector honorario del Grupo de TrabajoCodirector, Grupo de Enfoque de Centroamérica(R-CA Distrito 21)

2 INFORME INDEPENDIENTE DE GRUPO DE TRABAJO | CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO

en el enfoque que tiene los Estados Unidos para con la región, pero esos pilares alimentan pro-puestas que plantean una perspectiva renovada para los esfuerzos continuados que se requieren. Las recomendaciones de políticas están dirigidas tanto a EE.UU. como al Triángulo Norte, dado que los problemas regionales conllevan la necesidad de alianzas multilaterales.

Tenemos la esperanza de que nuestros cole-gas tomen en consideración las ideas contenidas en este informe, con miras a un renovado enfoque para el Triángulo Norte. Y también esperamos que los tres gobiernos reconozcan la imperante necesi-

dad de acciones compartidas. En nuestra condi-ción de Miembro Principal de la Comisión de Asun-tos Exteriores de la Cámara de Representantes y codirector del Grupo de Enfoque Congresional de Centroamérica, estamos orgullosos de poder tra-bajar juntos como parte de este grupo de trabajo.

Este espíritu de bipartidismo nos brinda el po-tencial para resolver de manera definitiva los de-safíos que la región enfrenta. En la medida que se continúe discutiendo sobre Centroamérica, estare-mos usando este informe como herramienta impor-tante de nuestro trabajo y alentaremos a nuestros pares, de ambos lados, a que se hagan lo mismo.

PRÓLOGO


l Triángulo Norte de Centroamérica enfrenta una encrucijada. A los cin-cuenta mil asesinatos que ha pade-cido la región en los últimos tres años se suman escándalos de corrup-

ción a gran escala que han puesto a prueba a insti-tuciones desbordadas y han exacerbado la insat-isfacción generalizada. La falta de oportunidades en el plano económico, combinada con la crimina-lidad reinante y un débil manejo gubernamental, han provocado, en los últimos años, la emigración de prácticamente el diez por ciento de los treinta millones de habitantes de El Salvador, Gua-temala y Honduras. Tal statu quo no puede perpetuarse, ni en el plano local, ni en relación con la política de los Estados Unidos. Si no se da una profunda recali-bración tanto de la estrategia es-tadounidense como de la de los tres países en cuestión, los de-safíos que actualmente enfrenta la región conducirán acelerada-mente hacia panoramas naciona-les desalentadores en el largo plazo, con un efecto más directo sobre los intereses de seguridad na-cional de los Estados Unidos.

El presente informe, que resulta del grupo de trabajo independiente y multisectorial presen-tado en septiembre de 2016 por el Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Coun-cil, propone una nueva orientación para recuperar el impulso positivo. El cometido del grupo de tra-

bajo, el cual incluye políticos de alto nivel, líderes del sector privado y dirigentes de la sociedad civil de los Estados Unidos y de cada uno de los países del Triángulo Norte, es abordar los desafíos regio-nales con soluciones prácticas que generen im-pacto. Las recomendaciones contenidas en este informe se fundamentan en los datos obtenidos en una encuesta de opinión pública llevada a cabo por CID-Gallup en los países del Triángulo Norte durante el otoño de 2016. Los resultados de la en-cuesta muestran altos niveles de desconfianza en

relación con prácticamente todas las instituciones, así como un deseo de un mayor grado de asistencia inter-nacional. En función de las respues-tas obtenidas en la encuesta, y con el agregado de consultas adiciona-les realizadas, las recomendaciones se organizaron en tres recomenda-ciones relacionadas entre sí: desar-rollo económico sostenible, estado de derecho, y seguridad.

Al igual que la Alianza para la Prosperidad liderada por la región y el actual apoyo de los Estados

Unidos al Triángulo Norte, el grupo de trabajo fun-ciona sobre la premisa de que el mero incremento de la seguridad fronteriza no servirá para detener el flujo de migración ilegal. Ante la falta de alterna-tivas, la población continuará dirigiéndose rumbo al norte. Lo mismo sucederá con las drogas ile-gales, que seguirán por ese mismo camino. Sin un impulso renovado orientado a cambiar el curso, los tres países jamás dejarán de ser tildados de

Resumen Ejecutivo

Sin un impulso renovado orientado a cambiar el curso, los países del Triángulo Norte no dejarán de ser tildados de estados débiles.


SO

UR

CE

: JE

SU

S A

LF

ON

SO

/ W

OR

LD

BA

NK

estados débiles. Y es por esa razón que se deben multiplicar los esfuerzos tendientes a facilitar las condiciones para que los líderes de Guatemala, Hon-duras y El Salvador tomen las decisiones difíciles pero necesarias para lograr un nuevo empuje que impulse la prosperidad.

Los líderes locales han demostrado una notoria voluntad para lograr el cambio necesario. Más del 80 por ciento del gasto de la Alianza para la Pros-peridad proviene del Triángulo Norte, pero sus ac-ciones –al igual que las de los Estados Unidos hasta el momento– constituyen sólo los pasos iniciales. La influencia significativa de los Estados Unidos sobre estos tres países, al igual que las consecuen-cias directas de la inacción para los intereses es-

tadounidenses, convierten a la asistencia finan-ciera y técnica en una inversión que, más que una mera ayuda, resulta un pago anticipado en pos de mayor seguridad nacional para los Estados Unidos.

El punto de partida para la asistencia por parte de los Estados Unidos consiste en demostrar las ganancias de lo invertido para los contribuyentes estadounidenses. Esto debe hacerse demostrando tanto los resultados obtenidos como el financia-miento complementario adjudicado por los mismos tres países. Es por esa razón, y con la finalidad de generar una mayor transparencia dentro de la región, que el grupo de trabajo considera clave el desarrollo de recursos públicamente accesibles y fáciles de usar que sirvan para el monitoreo de los

Un agente de la Policía Civil Nacional patrulla un distrito comercial en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, Guatemala.

RESUMEN EJECUTIVO


RESUMEN EJECUTIVO

fondos que los tres países incluyen en sus presu-puestos y aplican a gastos en las áreas complemen-tarias a la inversión estadounidense. Es necesario poder controlar más de cerca estos importantes compromisos internos de los países.

Uno de los principales motivos para la mi-gración en los tres países es la falta de oportuni-dades económicas. Un enfoque con tres ejes para vigorizar las perspectivas económicas debería fundamentarse en la integración e infraestructura, en el desarrollo de sectores clave, y en el capital humano. La falta de empleo trae consigo serios riesgos en las sociedades vio-lentas, donde el reclutamiento que ejercen las bandas y pan-dillas prospera entre los jóvenes pobres y las familias vulnerables. Este informe señala sectores estratégicos de las economías del Triángulo Norte que ofre-cen oportunidades inmediatas de crecimiento (ver p.25). Las actividades comerciales necesi-tan de una infraestructura confi-able y, con tal fin, el grupo de trabajo recomienda apoyar el fondo de infraestructura recientemente creado y coordinado por el BID para facilitar las asociaciones público-privadas en tanto se enfoca en uno de los principales impedimentos para el cre-cimiento (ver p.22). Para que el fondo funcione de manera efectiva deberá incluir mecanismos para reducir la corrupción.

Una mejora en los procedimientos aduaneros también permitiría aumentar el comercio entre los tres países, así como un incremento de las export-aciones de los Estados Unidos. Es en tal sentido que se propone un instituto trinacional para la co-ordinación fronteriza (ver p.24). Otra prioridad es la inversión en comunidades de elevado poten-cial económico como lo son, por ejemplo, las ci-udades intermedias (ver p.25), y también lo es el proveer de apoyo significativo a las comunidades de donde proviene el mayor número de niños mi-

grantes. Una herramienta adicional es el otorga-miento de más becas a estudiantes centroameri-canos con el objetivo de colaborar con la transición de los países hacia economías basadas en el con-ocimiento (ver p.29).

La corrupción sistemática, así como la inefica-cia del gasto público y la falta de supervisión de los flujos financieros restringen el potencial de crec-imiento económico del Triángulo Norte, y también su capacidad para enfrentar problemáticas de se-guridad regional. Existen tres aspectos que repre-sentan obstáculos para el estado de derecho y en

los cuales tanto los Estados Unidos como cada uno de los gobiernos nacionales podrían lograr avances con la debida inversión; ellos son: la corrupción y los delitos finan-cieros, los regímenes de finanzas públicas, y la fortaleza de las insti-tuciones judiciales.

Es posible una reducción del nivel de corrupción si se combate el lavado de activos mediante la dig-italización de transacciones finan-

cieras y la implementación de una hoja de ruta para hacer cumplir las normas internacionales contra el lavado de activos (ver p.33). Los Estados Unidos cuenta con la capacidad de proveer a las autori-dades pertinentes apoyo técnico que contribuya a detener y perseguir los delitos financieros (ver p.33). Asimismo, los tres gobiernos nacionales de-berán insistir en sus esfuerzos por reformar las in-stituciones judiciales y hacerle frente a la corrup-ción, además de lograr acuerdos con los Estados Unidos y otros asesores internacionales que asis-tan a jueces y fiscales con el objetivo de despe-jar la acumulación de casos pendientes (ver p.31). Garantizar el éxito de las iniciativas para combatir la impunidad –como lo son la CICIG (Comisión In-ternacional Contra la Impunidad en Guatemala), la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), y la unidad anti-cor-rupción de El Salvador– sería una ayuda impor-

Uno de los principales motivos para la migración es la falta de oportunidades económicas.


tante para asegurar las mejoras locales del estado de derecho (ver p.32). Paralelamente, los gobier-nos del Triángulo Norte tendrían que resolver las inequidades en el sistema tributario para mejorar la eficiencia del gasto y la recaudación de ingresos públicos (ver p.35).

La concreción de la prosperidad en la región no es factible sin la debida mejora de la seguridad; el 95 por ciento de los homicidios quedan sin es-clarecer, el 75 por ciento de los encuestados de-muestran poca o ninguna confianza en las fuerzas policiales, y existen pocos mecanismos para com-batir la tentación de sumarse a las pandillas o para minimizar la influencia que éstas tienen. La inca-pacidad de las autoridades para reducir las con-secuencias de la violencia que ejercen las bandas ha llevado a una sensación gen-eralizada de desorden descontro-lado que a su vez viene contribuy-endo al aumento de las cifras de emigración. Además, la región se ha convertido en un corredor de tránsito para las drogas ilegales destinadas a los Estados Unidos. La estrategia para combatir la in-seguridad debería centrarse en mejoras policiales, así como en una reforma penitenciaria y de la justicia penal, y en poner fin a las pandillas y el tráfico ilegal.

En línea con la recomendación del grupo de trabajo de enviar ase-sores para colaborar con el avance del trabajo judi-cial atrasado, deberían también enviarse más ase-sores estadounidenses para brindar capacitación y asistencia técnicas a las fuerzas policiales locales. Las iniciativas relativas a policía comunitaria repre-sentan, a la vez, una oportunidad para lograr pro-gresos en el combate contra la inseguridad des-enfrenada (ver p.38). Los gobiernos de la región también deberán redoblar su apuesta en relación con acciones orientadas a reforzar la responsabi-lidad policial (ver p.39). Las comunidades necesi-

tan un impulso integral que les permita debilitar la fuerza con la que cuentan las pandillas. Esto implica tanto la implementación de programas preventi-vos en zonas de alto riesgo así como la necesidad de asegurar que las cárceles superpobladas no se conviertan en campo sde cultivo y reclutamiento de bandas (ver p.41). Ante el inminente aumento de las deportaciones desde los Estados Unidos, se vuelve necesario aumentar la información com-partida con los gobiernos del Triángulo Norte rel-ativa a los retornados (ver p.42). En ausencia de renovadas estrategias, tanto de parte de los Esta-dos Unidos como de los países del Triángulo Norte, será imposible impedir el crecimiento del tráfico ilegal. En tal sentido, los gobiernos regionales po-drían edificar sobre la base de la nueva fuerza trina-

cional anti-pandillas. Los Estados Unidos también deberían traba-jar en colaboración con las auto-ridades locales con el fin de con-centrar los esfuerzos en combatir los corredores ilegales (ver p.43).

La opinión del grupo de tra-bajo es que estas soluciones deben implementarse como parte de una estrategia interconect-ada. Ninguna iniciativa aislada podrá volverse una solución exi-tosa. Dicho sucintamente, es im-posible que los proyectos de in-fraestructura prosperen cuando no se toma acción en cuanto al

tema de corrupción. Las acusaciones y condenas a gran escala no serán más que un avance incom-pleto ante la ausencia de una profunda reforma judicial y de la voluntad política de promulgarla. El contar con fuerzas policiales mejor preparadas tampoco dará resultados de largo alcance mien-tras sigan existiendo estímulos económicos para quienes se adhieren a las pandillas.

Guatemala, Honduras, y El Salvador se enfren-tan al momento de la verdad. Actuar en este mo-mento es de fundamental importancia para evitar

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe representa un plan de acción para abordar los desafíos y las respuestas que fortalezcan la seguridad nacional estadounidense y la estabilidad regional.


SO

UR

CE

: RB

RE

VE

/FL

ICK

R

Hondureños marchan contra la corrupción en 2015, en reclamo de una comisión anti-impunidad con respaldo de la ONU.

RESUMEN EJECUTIVO

una mayor espiral en caída que terminará por afec-tar de forma directa a los intereses estadounidenses. El financiamiento para equilibrar la seguridad con el desarrollo, y brindar apoyo técnico sujeto a una estricta supervisión externa, resulta crucial para ampliar oportunidades económicas y construir ca-pacidad institucional. En tanto el presidente Donald Trump y el Congreso estadounidense fijan priori-dades, una estrategia de gran alcance y a largo plazo

para el Triángulo Norte –impulsada por un proyecto de ley para una autorización a varios años– asegu-raría la estabilidad que permita una planificación estratégica orientada a promover las prioridades de los Estados Unidos. Este informe representa un plan de acción para abordar los desafíos y las re-spuestas que fortalezcan la seguridad nacional es-tadounidense y la estabilidad regional.


DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Recomendaciones para los Estados Unidos

Recomendaciones para los países del Triángulo Norte

Integración e infraestructura

Apoyar los esfuerzos del recientemente creado fondo de infraestructura (p.22).

Redoblar la apuesta de los actuales esfuerzos por modernizar procedimientos aduaneros (p.23).

Organizar una iniciativa público-privada de seguridad de las cadenas de suministro, centrada en la seguridad física de los bienes transportados (p.24).

Introducir tecnología para el rastreo de camiones y vehículos de transporte público (p.24).

Priorizar la mejora de las vías secundarias y terciarias dentro de las áreas clave para el desarrollo económico (p.23).

Crear una institución trinacional para la coordinación de todos los actores involucrados en temas fronterizos (p.24).

Desarrollo de sectores clave

Enfocar la asistencia en las comunidades generadoras de migrantes y las ciudades intermedias (p.25).

Apoyar y elaborar sobre proyectos de agricultura que empoderen a los pequeños agricultores (p.27).

Enfocar el financiamiento en sectores estratégicos para el crecimiento de la economía (p.26).

Disminuir la informalidad con una estrategia sectorial que incluya un aumento en las penas aplicables a los evasores de tributos comerciales (p.27).

Capital humano

Aumentar la información compartida para permitir la puesta en práctica de un sistema efectivo en la reincorporación de los residentes retornados al Triángulo Norte (p.28).

Apoyar un aumento en el financiamiento de las becas a estudiantes centroamericanos para estudiar en los Estados Unidos (p.29).

Implementar una iniciativa para la creación de empleo orientada a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) (p.28).

Incluir un mayor número de mujeres y jóvenes en la población económicamente activa (p.29).

Promover programas de reinserción laboral más eficaces para expandilleros (p.29).

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen de las recomendaciones

SEGURIDAD



Mejoras policiales

Fortalecer y promover iniciativas de policía comunitaria debidamente implementadas (p.38).

Enviar asesores estadounidenses y coordinar la participación de asesores internacionales adicionales para entrenar a las fuerzas policiales locales (p.38).

Promover y aumentar la presencia de mujeres en las fuerzas policiales (p.39).

Mejorar la responsabilidad policial a través de: más independencia en el reportaje y la denuncia de abusos policiales, además de nuevos controles internos y externos para la fuerza policial (p.39).

Reforma penitenciaria

y de la justicia penal

Aumentar el apoyo financiero y técnico para la reforma del sistema penitenciario (p.40).

Implementar una reforma penitenciaria integral centrada en la rehabilitación (p.41).

PandillasIncrementar la información compartida acerca de delincuentes y pandilleros deportados (p.42).

Enfocar un incremento de programas sociales y educativos en los barrios de alto riesgo (p.42).

Tráfico ilegal

Trabajar conjuntamente con las autoridades del Triángulo Norte para identificar, monitorear y restringir los corredores ilegales (p.44).

Comprometerse a compartir información financiera sobre ciudadanos del Triángulo Norte bajo la sospecha de llevar adelante actividades ilícitas que estén en EE.UU. (p.44).

Aumentar las capacidades de la nueva fuerza trinacional antipandillas para tratar los temas del crimen organizado y el tráfico de drogas (p.43).

ESTADO DE DERECHO



Instituciones judiciales

Continuar apoyando el trabajo de la CICIG y asegurar el éxito de la MACCIH, así como el de la unidad anti-corrupción de El Salvador (p.32).

Dirigir los fondos existentes a las fiscalías que padecen un déficit de personal (p.32).

Lograr un acuerdo para recibir a asesores estadounidenses con miras a despejar la acumulación de casos pendientes de resolución (p.31).

Promover el intercambio de mejores prácticas entre los organismos judiciales de los países (p.32).

Aumentar la transparencia en la elección de los funcionarios públicos secundarios (p.32).

Corrupción y flujos ilícitos

Brindar asistencia técnica para capacitar a la policía, los fiscales y los jueces en relación con la investigación de delitos financieros (p.33).

Ofrecer asistencia técnica adicional a las agencias reguladoras de la banca, al sector privado y a las multilaterales (p.34).

Crear iniciativas para digitalizar las transacciones financieras y reducir la dependencia del dinero en efectivo (p.33).

Implementar una hoja de ruta acelerada para el cumplimiento de las normas internacionales referentes al combate contra el lavado de activos (p.34).

Regímenes de finanzas

públicas

Destinar más fondos a las entidades locales con historial de gasto transparente verificado (p.34).

Resolver inequidades en el sistema tributario para generar fondos públicos (p.35).


una distancia de tres horas por avión desde Miami o Houston, el Trián-gulo Norte de Centroamérica se encuentra en un círculo vicioso de oportunidades perdidas y violencia.

Esta región, que comprende a El Salvador, Guate-mala y Honduras, ha padecido 50.000 asesinatos en los últimos tres años, la mayoría de ellos como consecuencia de la violencia de pandillas y el tráf-ico de drogas.1

La débil gobernabilidad de estos tres países ha sido un aliciente para la creación de un corredor ilegal destinado al narcotráfico y al crimen orga-nizado que comienza a una distancia de apenas 2.500 millas de la frontera suroeste de los Esta-dos Unidos. Estos crímenes no sólo representan una crisis para el orden legal y la ciudanía en gen-eral, sino que además conllevan sustanciales consecuencias que afectan a Centroamérica más ampliamente y van más allá del mismo. Para los Estados Unidos, la inseguridad y las actividades ilícitas combinadas con el au-mento de la migración hacia el norte convierten a esta región en una prioridad para la seguri-dad nacional.

Los líderes empresariales y políticos de la región han mostrado un renovado interés por la búsqueda de mejores horizontes para sus países, pero para ello es fundamental la asistencia que obtengan desde el exterior. Las soluciones a las actuales crisis requerirán de una colaboración sin precedentes de parte de los Es-tados Unidos con sus socios centroamericanos. La región nunca logró recuperarse por completo de las guerras civiles que tuvieron lugar en las déca-

das de 1980 y 1990, y continúa sufriendo los efec-tos de un significativo aumento de las deporta-ciones de miembros de pandillas desde los Estados Unidos. En la actualidad, la debilidad institucional y las economías subdesarrolladas siguen sin re-solver la problemática de la inequidad social que dio lugar a tales conflictos y la cultura de la vio-lencia que surgió. Los resultados: la falta de opor-tunidades en el plano económico, la proliferación de pandillas y del narcotráfico y un flujo saliente de capital humano.

La combinación de la escasez de empleo, una débil gobernabilidad y un aumento de la criminali-dad en el Triángulo Norte llevó a la crisis migratoria de los menores sin custodia en el 2014 y volvió a co-locar a la región en el radar del público estadoun-idense. Ese año, los oficiales de la frontera de EE.UU.

retuvieron a 68.541 niños sin custo-dia y a 68.445 grupos familiares.2 Hoy seguimos viendo que la may-oría de los migrantes indocumen-tados que llegan a través de México provienen del Triángulo Norte. En total, aproximadamente el 10 por ciento de los treinta millones de habitantes de El Salvador, Guate-mala y Honduras han emigrado en los últimos años buscando reunirse con sus familias, alejarse de la po-

breza, y encontrar refugio y protección contra la violencia creciente.3

Los esfuerzos de los actores de la región por su-perar la inestabilidad han sido importantes, pero se debe hacer más. Un paso positivo en ese sen-tido lo constituye el Plan de la Alianza para la Pros-peridad — una estrategia de desarrollo creada por los tres países con respaldo del Banco Interameri-cano de Desarrollo (BID)4 —, pero se requieren es-

Una coyuntura imperativa para la acción

Casi el 10 por ciento de los treinta millones de habitantes del Triángulo Norte han emigrado.


SO

UR

CE

: MIK

E S

TE

NH

OU

SE

/FL

ICK

R

fuerzos aún más amplios que incluyan, desde un primer momento, a los responsables de las políti-cas, a la sociedad civil, y al sector privado. A fina-les de 2015, el Congreso de los EE.UU. aprobó un paquete de asistencia de US$750 millones para re-spaldar a la Alianza para la Prosperidad y dar trata-miento a las causas estructurales de la reciente ten-dencia migratoria. Este aumento en la asignación presupuestal — que sobrepasa notoriamente a las previas asignaciones de fondos destinadas a Cen-troamérica — incluía asistencia para el desarrollo y estaba ligado a condiciones obligando a los go-biernos a demostrar logros en la lucha contra la criminalidad, la impunidad y la corrupción. La pre-misa principal: solamente el aumento de la seguri-dad fronteriza no sería suficiente para detener el flujo migratorio no autorizado.5

Aunque Honduras, El Salvador, y Guatemala en-frentan problemáticas similares, cada país necesita un plan de acción específico. No obstante, el punto de partida para los tres países es determinar formas innovadoras y con una buena relación costo-ren-dimiento de trabajar juntos para impulsar acciones que mejoren las condiciones locales, y en el proceso, aborde de manera directa los intereses de EE.UU. El enfoque principal de este informe es abordar y avanzar ese proceso.

Los legisladores de los Estados Unidos deberían tener en cuenta que únicamente con un enfoque holístico será posible reducir la presión sobre los cuerpos policiales de fronteras regionales y el tráfico ilícito de drogas para mejorar los intereses comerciales de los EE.UU. Tal estrategia deberá incluir un trabajo conjunto con los socios de los Estados Unidos, incluido México, en relación con aspectos que van desde la seguridad hasta el de-sarrollo económico. En el Triángulo Norte, los go-biernos de Juan Orlando Hernández (Honduras), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador), y Jimmy Mo-rales (Guatemala) deberán multiplicar sus esfuer-zos por alcanzar soluciones colaborativas para sus problemas regionales, además de llevar adelante cambios locales cruciales.

Es inevitable que sin un compromiso sostenido y a largo plazo de EE.UU. para apoyar el avance de las acciones locales, la combinación de falta de me-joras del capital humano, debilidad institucional e inseguridad aumentan el riesgo de crisis nacio-nales aún mayores para cada uno de estos países.

La volatilidad en el Triángulo Norte tiene serias consecuencias para la seguridad de toda la región. En los próximos cuatro años o más, sería beneficioso para el gobierno de los Estados Unidos reconocer que solo si se aplican soluciones multifacéticas e innovadoras para combatir las barreras internas al desarrollo económico y la seguridad de esos países, mejorará la seguridad en EE.UU. Tanto el gobierno del presidente Trump como el Congreso de los EE.UU. tienen una oportunidad para imple-mentar una política holística a largo plazo que sirva de incentivo para un accionar más preciso y eficaz en los tres países, que también rendirá dividendos para la seguridad de los estadounidenses.

La frontera entre México y Guatemala es un punto de control clave para los centroamericanos que se lanzan a la ominosa travesía hacia los Estados Unidos.

UNA COYUNTURA IMPERATIVE PARA LA ACCIÓN


SO

UR

CE

: AT

LA

NT

IC C

OU

NC

IL

ste Grupo de Trabajo del Atlantic Coun-cil tiene sus orígenes en una encuesta de opinión pública realizada en los países del Triángulo Norte a finales de agosto y principios de septiembre de

2016. Esa encuesta sirvió como punto de partida clave para acercar las voces de la gente y sus inter-eses al trabajo del Grupo de Trabajo. La encuesta, realizada por CID-Gallup a pedido del Centro para América Latina Adrienne Arsht, indicó que el 75 por ciento de los residentes consideran que su país no está en el camino correcto, y nueve de cada diez personas en los tres países consideran que la cor-rupción es endémica y que el sistema de justicia favorece a los ricos y a los poderosos.

La encuesta puerta a puerta se implementó sobre la base de tres temas regionales: la seguridad, el estado de derecho y el desarrollo económico. Los

encuestados estaban dentro de un rango variado de edades (mayores de 18), nivel educativo y de in-gresos, situaciones familiares, ocupaciones, y dis-tintas ubicaciones geográficas, por lo cual la mues-tra es representativa de los países en su conjunto. El margen de error fue de 3,4 por ciento, con un intervalo de confianza de 95 por ciento.

Las respuestas obtenidas en la encuesta son indicativas de un panorama de frustración y pes-imismo profundo en relación con los gobiernos del Triángulo Norte, así como en lo relativo a la economía y la seguridad. Aproximadamente la mitad de los encuestados declararon estar en una situación económica peor a la que estaban un año antes. Los resultados también muestran que la desesperanza económica y el aumento de los deli-tos han contribuido al incremento de la migración; y el pequeño porcentaje de encuestados que indic-

Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Oportunidad Económica en el Triángulo Norte

Miembros del Grupo de Trabajo del Triángulo Norte discuten durante su reunión de diciembre de 2016 en Washington D.C. Esta fue la segunda reunión en el marco de un año de trabajo.


aron que sus familias están mejor que hace un año suelen ser los mismos que declararon tener famili-ares en los Estados Unidos.

Es evidente la percepción en el público de un déficit de liderazgo, además de la desconfianza en la mayoría de las entidades gubernamentales. Más de tres cuartos de los que respondieron la encuesta en los tres países declararon tener poca o ninguna confianza en los jueces, la policía, los militares, las autoridades económicas y los fis-cales generales. Un porcentaje sim-ilar cree que los jueces son sob-ornables a cambio de sentencias favorables. Y hasta la confianza del público en los sacerdotes y pastores llegó apenas al 50 por ciento en Guatemala y Honduras, mientras que en El Salvador ni si-quiera se registró el 30 por ciento en ese sentido. En promedio, la mayoría de los ciudadanos de los tres países expresaron su buena disposición al llamado a entidades internaciona-les para una más amplia supervisión de las autori-dades tributarias y del sector judicial (que abarque aspectos que van más allá de la anti-corrupción).

El mensaje está claro: los ciudadanos del Trián-gulo Norte no creen ni en sus gobiernos, ni en sus instituciones, ni en sus líderes. Ayudar a revertir esta tendencia es un claro objetivo de este grupo de trabajo.

Con la encuesta como punto de partida, este grupo de trabajo independiente y multisectorial buscó comprender de manera más completa las problemáticas del Triángulo Norte con el fin de explicar la realidad de cerca y ofrecer soluciones concretas no solamente para legisladores, líderes del sector privado y el público de Estados Unidos, sino también para los actores principales de los mismos tres países. Las recomendaciones con-struyen sobre el contenido del Plan de la Alianza para la Prosperidad y además proponen nuevas e

innovadoras maneras de generar un cambio pos-itivo y significativo que rompa con el círculo vi-cioso de criminalidad y falta de oportunidades economómicas que alimentan las preocupaciones sobre la seguridad de EE.UU.

El Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Opor-tunidad Económica en el Triángulo Norte se reunió por primera vez durante el Foro Centroamericano de Donantes organizado por la Seattle International

Foundation en Antigua (Guate-mala), en septiembre de 2016. En diciembre de 2016 se realizó una segunda reunión en Wash-ington, DC, y en febrero de 2017 los miembros mantuvieron una nueva reunión a través de con-exión remota. El grupo de tra-bajo incluye tanto a políticos y legisladores de alto nivel, ejecu-tivos de negocios y líderes de la sociedad civil de cada uno de los países del Triángulo Norte, como

también a líderes políticos y del sector privado de los Estados Unidos (en la página 39 se incluye una lista completa de los miembros).

El grupo de trabajo –el cual fue codirigido por el ex-subsecretario de Estado de EE. UU. John Ne-groponte (quien sustituyó al General John Kelly en diciembre de 2016, después de su nombra-miento como Secretario de Seguridad Nacional), el ex-vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, el ex Ministro de la Presidencia de Honduras Luis Cosenza, y la ex Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador María Eugenia Brizuela de Ávila– ha recibido aportes de parte de una gran variedad de actores públicos y privados en aras de encontrar soluciones concretas y contundentes impulsadas desde el ámbito local para mejorar la seguridad y el desarrollo económico en la región.

Además de haber identificado áreas prioritar-ias para la colaboración de EE.UU., el grupo de tra-bajo se ha centrado en descifrar cómo sus hallazgos

Este grupo de trabajo buscó explicar la realidad de cerca y ofrecer soluciones concretas para los desafíos de la región.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD ECONÓMICA DEL TRIÁNGULO NORTE


pueden ayudar a impulsar el cambio en el Trián-gulo Norte, y también en cómo los legisladores de los Estados Unidos deben abordar el rol de EE.UU. en la región. A medida que el presidente Trump y el Congreso estadounidense establecen sus pri-oridades, ahora más que nunca existe una necesidad de impul-sar esfuerzos aunados para eval-uar la situación actual del Trián-gulo Norte, en cuanto a qué es lo que funciona, qué debe me-jorarse, y cómo pueden com-binarse los distintos sectores para lograr reformas significa-tivas. Este es el momento para desplegar una estrategia com-pleta y a largo plazo que sirva tanto a los intereses de los países del Triángulo Norte como a los intereses de segu-ridad de EE.UU.

Los objetivos de la Grupo de Trabajo son cuatro: 1. Brindar una hoja de ruta que construye sobre

los esfuerzos existentes y presenta nuevas ideas para que los Estados Unidos puedan afianzar sus intereses nacionales con un mejor respaldo

al Triángulo Norte en su desarrollo económico sostenible, su estado de derecho y su seguridad.2. Crear conciencia y estimular ac-ciones de los tres países que con-tribuyan a promulgar las reformas necesarias para mejorar la seguri-dad y la oportunidad económica. 3. Generar consenso entre distintos sectores y grupos políticos hacia una estrategia que construya sobre la Alianza para la Prosperidad.4. Asegurar avances para los esfuer-

zos que buscan convertir al Triángulo Norte en una prioridad de política exterior a largo plazo.

Este es el momento para una estrategia completa y a largo plazo que sirva a los intereses de la región y los de los Estados Unidos.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD ECONÓMICA DEL TRIÁNGULO NORTE


l aumento repentino en la cantidad de niños no acompañados y adultos con niños provenientes del Triángulo Norte que se dio en la frontera sur-oeste de los Estados Unidos en 2014

incitó el apoyo bipartidista de los EE.UU. hacia una estrategia para reducir la migración de niños desde el Triángulo Norte. El aumento del apoyo financiero, la asistencia técnica y la atención diplomática de parte de los Estados Unidos y de gran parte de la comunidad internacional dio lugar a una inversión sin precedentes para establecer las bases para una Centroamérica segura y próspera — con fronteras modernas, fortaleza institucional, redes eléctricas y de infraestruc-tura interconectadas, y un cap-ital humano productivo. Hasta ahora, la atención internacional ha motivado a los líderes locales a tomar acción, principalmente en el sector judicial, pero los avances estructurales de amplio alcance siguen pendientes.

El Congreso de los EE.UU. reconoció la importancia de esos esfuerzos y se unió para dar su apoyo al Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Cen-troamérica. Al momento del lanzamiento del Plan, en noviembre de 2014, el Congreso de los EE.UU. autorizó un aumento del 75 por ciento de la asisten-cia para Centroamérica, la cual pasó de los US$317 millones en el año fiscal 2014 a US$560 millones en el año fiscal 2015. El Congreso incrementó el presupuesto de ayuda a Centroamérica con un 34 por ciento adicional en el año fiscal 2016, con lo cual se llegó a los US$750 millones.6 Estos fondos

deben llegar a los países oportunamente y deben distribuirse de una manera efectiva.

En un esfuerzo por hacer responsables a los go-biernos del Triángulo Norte de reforma claves, la ayuda de los EE.UU. se ha condicionado a acciones específicas, como por ejemplo la necesidad de com-batir la corrupción, fortalecer las instituciones, fa-cilitar la repatriación segura de los migrantes no autorizados, y contrarrestar las actividades de las organizaciones delictivas.7

Para ampliar las oportunidades en el campo económico y construir capacidad institucional, será crucial la financiación que permita equilibrar la se-

guridad con el desarrollo, que ofrezca apoyo técnico, y que esté sujeta a una estricta su-pervisión externa. Y aunque la ayuda de US$750 millones para Centroamérica es un catalizador para reformas importantes, por si sóla no será suficiente para generar un cambio sostenible.

Es menester reconocer que un Triángulo Norte más prós-pero resultará en un beneficio directo para los Estados Unidos. Esto no ocurrirá de un día para

otro, por lo que resulta clave entablar un esfuerzo bipartidista de varios años. Con un compromiso a largo plazo, EE. UU. estará mejor posicionado como un socio para la consecución de resultados constructivos y duraderos.

Para que una estrategia de varios años resulte exitosa también se deberán considerar los de-safíos existentes por parte de los Estados Unidos. La implementación debe orientarse hacia un obje-tivo común y a la vez debe ser lo suficientemente

Esfuerzos actuales para generar impulso

Los líderes locales han tomado acción, principalmente en el sector judicial, pero los avances estructurales de amplio alcance siguen pendientes.


SO

UR

CE

: PR

ES

IDE

NC

IA E

L S

ALV

AD

OR

/FL

ICK

R

adaptable como para responder a las exigencias del Congreso en cuanto a resultados inmediatos que justifiquen un mayor involucramiento de EE.UU.

En un programa de asistencia extranjera a largo plazo de este tipo es inevitable que se deba corre-gir el curso, como sucedió en el caso del Plan Co-lombia (ver página siguiente) que pasó de ser una estrategia anti-drogas a una estrategia en contra del narco-terrorismo después del 11 de septiembre, y esa flexibilidad será fundamental para el involu-cramiento sostenido de los Estados Unidos en el Triángulo Norte. Por último, cualquier estrategia a largo plazo debería equilibrar las preferencias de algunos legisladores de EE.UU. por centrarse en la ayuda relacionada con la seguridad con la de otros

por apoyar a la justicia y las instituciones relacio-nadas con el estado de derecho. Ambos son fun-damentales para lograr una estrategia exitosa. A través de sus recomendaciones, este informe busca equilibrar esos objetivos complementarios.

CONSTRUYENDO SOBRE EL APOYO DE LOS ESTADOS UNIDOSLa nueva financiación fue precedida por esfuerzos sustantivos — aunque fragmentados — por parte de los Estados Unidos para asistir al Triángulo Norte. La Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (Central America Regional Secu-rity Initiative — CARSI), liderada por el Departa-mento de Estado de EE.UU., ha aportado US$1.500

De izquierda a derecha: los presidentes Salvador Sánchez Cerén, Juan Orlando Hernández y Jimmy Morales en cumbre presidencial del Triángulo Norte en 2016.

ESFUERZOS ACTUALES PARA GENERAR IMPULSO


SO

UR

CE

: US

EM

BA

SS

Y G

UA

TE

MA

LA

/FL

ICK

R


millones desde 2008 para desmantelar las redes criminales y mejorar los aparatos de seguridad es-tatales, dentro del marco de una estrategia más amplia destinada a fortalecer los cuerpos policia-les, aumentar la capacidad institucional y enfren-tar los desafíos socioeconómicos subyacentes de Centroamérica.8 Aunque el programa ha mejorado las capacidades de los cuerpos policiales, tam-bién deberá promover un enfoque integrado de los países y procurar igual compromiso de parte de los gobiernos locales.

Otra entidad estadounidense, la corporación /Millennium Challenge Corporation (MCC), ha lo-grado valiosos avances en la promoción de la in-versión privada y las mejoras en infraestructura.9 Desde 2005, ha contribuido cerca de US$1.000 millones para los tres países, a través de acuer-dos y de programas umbral, de los cuales El Salva-dor recibió la mayor parte (US$738 millones). Los niveles de financiación tanto de la iniciativa CARSI como de la corporación MCC enfrentan un futuro

incierto en el ciclo presupuestal actual. En comparación, el Plan Colombia — que ayudó

a un país deteriorado a recuperar su camino hacia una nación de ingresos medios — comenzó en el año 2000 con US$860 millones de asistencia de parte de los Estados Unidos e implicó una ayuda de casi US$10.000 millones en un plazo de quince años, estimulando así inversiones significativas re-alizadas por el gobierno colombiano e instituciones financieras internacionales.10

Los fondos aportados por los contribuyentes de impuestos colombianos permitieron financiar casi el 95 por ciento del total invertido en Plan Co-lombia. El éxito de este plan se debió por un lado al apoyo bipartidista del Congreso y por otro al in-terés compartido por Estados Unidos y Colombia por atacar las raíces de la ilegalidad y acabar con las guerrillas del narcotráfico.

Pero los desafíos que plantea el Triángulo Norte son diferentes a los de Colombia. Más que una región productora de drogas, ésta es una zona de

tránsito, por ejemplo, y tiene una base tributaria más estre-cha incapaz de soportar ig-uales niveles de financiación suplementaria. No obstante ello, será obligatorio un es-fuerzo inclusivo y sostenido

— como lo ha sido el del Plan Colombia — para llegar a una revitalización similar. Con la fi-nanciación clave de parte de EE.UU., consejeros colombia-nos ya han brindado asisten-cia a las fuerzas de seguridad del Triángulo Norte, con la ca-pacitación de aproxidama-mente 10.000 oficiales de se-guridad en los tres países.11 El desafío principal radica ahora en medir el éxito a largo plazo de estas acciones.

De izquierda a derecha: el Comisionado de CICIG Iván Velásquez, el sub-secretario de la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley William Brownfield, la Fiscal General Thelma Aldana, y el Embajador de EE.UU. en Guatemala Todd Robinson después de un encuentro en marzo de 2017.


SO

UR

CE

: PR

ES

IDE

NC

IA E

L S

ALV

AD

OR

/FL

ICK

R

Tanto Guatemala como Honduras y El Salvador han demostrado una importante voluntad política al tomar acción en distintas áreas, fundamental-mente en el fortalecimiento de sus instituciones judiciales. La Comisión Internacional Contra la Im-punidad en Guatemala (CICIG), que cuenta con el respaldo de la ONU, ha revelado una profunda cor-rupción dentro de los sistemas político y judicial. El trabajo investigativo de la comisión expuso la cor-rupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y logró la destitución tanto de Pérez Molina como de la vicepresidente Roxana Baldetti. En Hondu-ras, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), fundada en febrero de 2016 con el respaldo de Organización de Estados Americanos (OEA), ha comenzado in-vestigaciones sobre un escándalo de malversación que involucra al sistema de seguridad social hon-dureño (IHSS).12

El Congreso de Honduras, incentivado por la MACCIH, promulgó una ley de financiación electoral en enero de 2017 para impedir el uso de dineros ilícitos en la política y aumentar la vigilancia sobre

los partidos políti-cos.13 En El Salvador, el nuevo fiscal gen-eral Douglas Melén-dez ha dado lugar a varias investiga-ciones de corrup-ción a gran escala, incluyendo casos contra los ex presi-dentes Antonio Saca y Mauricio Funes.

Una de las lec-ciones aprendidas es que toda acción exi-tosa debe ser apoy-ada por los partíci-pes de la sociedad civil y del sector

privado. El apoyo de los guatemaltecos a la CICIG ha contribuido a la extensión de su mandato, y la indignación de los hondureños en relación con el caso de malversación del sistema IHSS permitió la creación de la MACCIH. En El Salvador, una coali-ción de organizaciones de la sociedad civil ha pro-movido una nueva ley que garantiza el acceso del público a información gubernamental.14

ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD: UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA Los tres países del Triángulo Norte lanzaron el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Trián-gulo Norte en noviembre de 2014, con asistencia técnica del BID. La Alianza para la Prosperidad tiene por cometido generar oportunidades en el plano económico para ciudadanos de los tres países del Triángulo Norte con la finalidad de motivarlos para que permanezcan allí. El trabajo de esta alianza se viene desarrollando sobre cuatro áreas estratégi-cas: el desarrollo de capital humano; la mejora de la seguridad pública y del acceso al sistema judi-cial, la promoción del sector productivo, y el for-

Representantes de los países del Triángulo Norte y de los Estados Unidos se reúnen durante una cumbre de la Alianza para la Prosperidad en 2015.



talecimiento institucional. Para poder solventar este plan

de desarrollo de cinco años, el Congreso de los EE.UU. aprobó la cifra récord de US$750 millones para el paquete de asistencia que se destinó a esa región.15 Aunque a finales de 2016 los fondos aproba-dos no habían sido desembolsados en el Triángulo Norte, en febrero de 2017 Honduras recibió US$125 millones y El Salvador otros US$98 millones.

Lo más importante es que el Plan de la Alianza para la Prosperidad representa una mejora sustan-tiva en la manera en que la región hace uso de la ayuda de EE.UU. para potenciar sus propios com-promisos financieros. Los gobiernos de los tres países se han apoderado del plan y han traba-jado para complementar los fondos recibidos de EE.UU. con los suyos propios. El presupuesto en conjunto de Guatemala, El Salvador y Honduras fue de US$2.800 millones para el Plan en 2016, y para 2017 hubo un pequeño aumento hasta los US$2.900 millones. Esto significa que los fondos de los con-tribuyentes de impuestos de esos países represen-tan el 80 por ciento del total de los recursos pre-supuestados para la Alianza para la Prosperidad.

Hasta ahora se han dado ciertas mejoras en la seguridad ciudadana y en el acceso a la justicia, lo cual fue posible mediante una limpieza dentro de la policía, la implementación de políticas de segu-ridad más robustas, e inversiones destinadas a fis-calías que cuentan con mayor independencia. En un hecho sin precedentes en Honduras, el gobierno despidió en 2016 a cerca de 40 por ciento de las fuerzas policiales, comenzando con la destitución de los mandos superiores.16 En El Salvador, los sal-arios de las fuerzas de seguridad han aumentado en un 25 por ciento, y los de los miembros de la policía hondureña de rangos más bajos en un 78 por ciento. Casi 5.000 oficiales de policía de los tres países han recibido capacitación adicional.17

En El Salvador, los asesinatos se redujeron en un 20 por ciento en 2016, aunque los grupos de dere-chos humanos han expresado su preocupación en relación con eje-cuciones extrajudiciales cometi-das por las fuerzas de seguridad.18 Las Naciones Unidas han expre-sado una preocupación similar en relación con Honduras.19

El fortalecimiento institucional es otra de las prioridades. El BID ha detectado un aumento positivo del ingreso fiscal en El Salvador (de 0,5 por ciento del producto interno bruto) y en Honduras el aumento fue de 2,3 por ciento entre 2013 y 2015.20 En El Salvador también se contra-taron cien nuevos asistentes de fiscalía y se aprobó un impuesto del 5 por ciento sobre las telecomu-nicaciones para financiar las medidas relativas a la seguridad.21 En Guatemala, los líderes de negocios y los legisladores finalmente se opusieron a un im-puesto similar propuesto por CICIG para financiar las políticas anti-corrupción.

Aún así, la Alianza para la Prosperidad se desar-rolló rápidamente sin consultar en profundidad a todos los sectores de la sociedad para encarar los significativos desafíos estructurales que enfren-tan esos países. Serán necesarias acciones multi-sectoriales más concertadas, especialmente para generar un entorno de inversión más competitivo que atraiga y mantenga la inversión privada gen-eradora de empleo. El sector privado en particular debe formar parte de la solución, especialmente a la luz de su desmedida contribución al PIB de los países. Aunque el Plan de la Alianza para la Pros-peridad constituye un paso inicial importante en la dirección correcta, ello debe mantenerse, y las conclusiones de este grupo de trabajo son comple-mentarias al Plan, en tanto sus recomendaciones construyen sobre los actuales esfuerzos que llevan adelante los tres países.

La Alianza para la Prosperidad representa una mejora sustancial en la manera en que la región usa la ayuda de EE.UU.


SO

UR

CE

: IS

TO

CK

ediante un profundo análisis de la situación del Triángulo Norte y teniendo en cuenta los resultados básicos de la encuesta, el Grupo de Trabajo de Seguridad y Opor-

tunidades Económicas del Triángulo Norte delineó los principales desafíos para los cuales los Estados Unidos podría contribuir asistencia adicional en la búsqueda de soluciones que reúnan a los gobiernos del Triángulo Norte, el Congreso de los EE.UU., el sector privado estadounidense, y la comunidad in-ternacional. Al mismo tiempo, la opinión del grupo de trabajo es que la ayuda de EE.UU. deberá conl-levar medidas adicionales que deberán asumir los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en los tres países. El punto central de las siguientes recomendaciones es cómo generar un cambio es-tratégico en aquellas áreas que podrían impactar de forma directa los intereses estadounidenses.

Cada recomendación responde directamente a un desafío clave que hay que enfrentar, y las ideas están distribuidas en tres categorías:

1. Desarrollo económico sostenible (p.21) 2. Estado de derecho (p.30) 3. Seguridad (p.36)

Tal como lo demuestran los resultados de la en-cuesta de opinión pública, estos temas forman la base de la violencia que hoy afecta a Centroamérica, lo cual empuja a decenas de miles a escapar de sus países de origen. Al desglosar los complejos temas regionales a problemas concretos y tangibles, el grupo de trabajo ha identificado áreas en las que los Estados Unidos y la comunidad internacional pueden brindar asistencia a los actores locales.

El grupo de trabajo es consciente de que su enfoque sobre tres bases se superpone, inevita-blemente, en relación con algunos temas, mien-

tras que otros aspectos quedan excluidos. No hay duda de que otros temas como la salud y los dere-chos de la población indígena resultan inestimables para el progreso del Triángulo Norte. Pero al con-centrarse en estos tres aspectos, el grupo de tra-bajo pretende empoderar asociaciones estratégi-cas entre los Estados Unidos y Centroamérica que sean mutuamente beneficiosas y resalten la im-portancia que esto tiene para los intereses nacio-nales de EE.UU.

El grupo de trabajo sugiere, además, la adop-ción de metodologías más eficaces para la medición de impacto, aumentar la transparencia y asegurar la rendición de cuentas relativa a los distintos es-fuerzos que se están realizando y los recursos di-sponibles para la región. El monitoreo y la evalu-ación constante por parte de los Estados Unidos y los gobiernos locales, así como por los actores de la sociedad civil — tanto de fondos adjudicados por EE.UU. como de las sumas dedicadas por los tres gobiernos a un plan compartido — serán un modo de asegurar una mejor coordinación entre iniciativas complementarias.

Plan de acción para enfrentar los principales desafíos de la región



Desarrollo económico sostenible

Cuando ya venían sufriendo una condición de subdesarrollo, El Salvador, Guatemala y Honduras se vieron afectados seriamente por la crisis económica global de 2008–2009. La recuperación

ha sido lenta, con el agravante de desastres naturales y una roya del café, por lo que el desempleo no sólo ha sido fluctuante sino que ha au-mentado en los últimos años.22

El aumento en la falta de empleo implica serios riesgos para estas sociedades en las que el reclutamiento que ejercen las pandillas pros-pera entre la juventud desocupada y las familias fragmentadas. El por-centaje de jóvenes que no estudia ni trabaja es alarmante — hasta una cuarta parte de los jóvenes de entre quince y veintinueve años de edad en El Salvador y Honduras, en comparación con el 20 por ciento que tiene América Latina en su conjunto.23

La juventud desocupada del presente será un mayor problema en años futuros. Para el 2033, la ventana demográfica de la región — el período en el que hay muchos trabajadores y pocos dependientes — se cerrará,24 obligando aún más a asegurar que la juventud adquiera ca-pacidades ahora para luego poder sustentarse a sí mismos y a sus fa-milias. Esto hace aún más crucial la necesidad de dar a todos los jóvenes

— incluidos los retornados de EE.UU. — caminos claros para acceder al mercado de empleo formal y divisar un futuro que no exista en función de actividades ilícitas.

Los resultados de la encuesta del grupo de trabajo indican que el costo de las necesidades básicas es la principal preocupación de los ci-udadanos hondureños (43 por ciento) y guatemaltecos (30 por ciento). Sin embargo, el diálogo entre autoridades gubernamentales y el sector privado, que resulta fundamental para la creación de empleo, ha estado notoriamente ausente o improductivo en cada uno de los tres países, al igual que sucede con los programas educativos vocacionales y técni-cos que, aunque meritorios, han funcionado como esfuerzos corpora-tivos aislados.

Estas recomendaciones se enfocan en el desarrollo económico sostenible que desaliente la emigración y la criminalidad y que siente las bases para las generaciones venideras. A continuación se tratan las siguientes áreas centrales de la temática:

Integración e infraestructura (p.22) Desarrollo de sectores clave (p.25) Capital humano (p.28)

ESTADOSUNIDOS

Apoyar el nuevo fondo de infraestructura coordi-nado por el BID.

Enfocar la asistencia en comunidades generado-ras de migrantes y las ciu-dades intermedias.

Aumentar la información compartida para reincor-porar a los residentes re-tornados al Triángulo Norte.

TRIÁNGULO NORTE

Priorizar la mejora de las vías secundarias y tercia-rias dentro de las áreas clave para el desarrollo económico.

Enfocar el financiamiento en sectores estratégicos para el crecimiento de la economía.

Crear una institución tri-nacional para la coordi-nación de todos los acto-res involucrados en temas fronterizos.

IDEAS CLAVE


DESAFÍO:

El disponer de una infraestructura operativa y eficiente constituye un paso clave para pro-

mover la creación de empleo y la inversión extran-jera en el Triángulo Norte.25 La infraestructura es un requisito para la prosperidad de los negocios, y también es necesaria para permitirle a la ciu-dadanía acceso a oportunidades laborales. Pero las oportunidades para proyectos de infraestruc-tura no han tenido avances debido a la ausencia de un marco intuitivo y transparente para asocia-ciones público-privadas (APPs).26

Al mismo tiempo, la escasa infraestructura le ha impedido al Sistema de la Integración Cen-troamericana (SICA) — que también incluye a Nic-aragua, Panamá, Belice, Costa Rica, y la República Dominicana) — y a otros acuerdos regionales fo-mentar la integración regional y la competitividad global necesaria.

Líderes de negocios de seis países centroamer-icanos han calificado la calidad de las vías como inferior a la de los aeropuertos, los puertos y el suministro de energía eléctrica en el Índice de Competitividad Global, apuntando a lo que debe ser una clara prioridad para las inversiones que los gobiernos del Triángulo Norte dediquen a infrae-structura.27 Las carreteras con pavimentación in-adecuada o de baja calidad representan un des-perdicio de tiempo para el transporte de cargas, resultando en costos de transporte elevados y pérdidas de productos, particu-larmente los productos agríco-las sensibles al paso del tiempo. Los pequeños productores se ven particularmente afectados por la baja calidad de las vías.28

Las empresas estadoun-idenses que pretenden participar en el mercado de infraestructura tienen dificultades para compe-

tir debido a la ineficacia local y la incapacidad de los gobiernos para atraer suficientes inversiones. Además, los escándalos de corrupción que rodean a la infraestructura pública han sido un obstáculo para los negocios y han hecho crecer las reservas que existen frente a la posibilidad de desarrollar proyectos futuros a gran escala.

RESPUESTAS: Los Estados Unidos debería apoyar el re-cientemente creado fondo de infraestruc-

tura coordinado por el BID, y promover la creación de una comisión de supervisión compuesta por instituciones multilaterales, la sociedad civil y el sector privado. De ese modo, tanto las compañías de EE.UU. como del Triángulo Norte podrían in-vertir en proyectos de transporte y energía a través del trabajo en conjunto con los gobiernos del Triángulo Norte para establecer participaciones público-privadas (PPPs) enfocadas en la inte-gración regional y en la experiencia técnica compartida.

Por reglamento, la ayuda de EE.UU. adminis-trada por el Departamento de Estado y USAID, in-cluidos los US$750 millones, sólo puede financiar infraestructura siempre y cuando esta contribuya a combatir el delito y el tráfico de drogas. Una alter-nativa sería que el Congreso autorizara a la corpo-ración MCC, encargada de implementar proyectos de infraestructura, a avanzar en un acuerdo re-

gional que fomente la integración del Triángulo Norte; y otra sería, a modo de acción complementaria, la aprobación por parte del Con-greso de los EE.UU., de garantías de préstamo para proyectos de infraestructura. Tal iniciativa tam-bién podría incluir incentivos como por ejemplo bonos de cupón cero a compañías que tengan proyec-

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE1

Los escándalos de corrupción han sido un obstáculo para los negocios en la región.

INTEGRACIÓN E INFRAESTRUCTURA


tos de desarrollo de infraestructura en la región. El Fondo Mezzanine de Infraestructura para Cen-troamérica29 de US$188 millones de Latin Amer-ican Partners es un modelo para tales proyectos, así como lo es la inversión multimillonaria del go-bierno colombiano en infrae-structura.30 Todos los proyec-tos deberán ser desarrollados en consulta con los interesados y grupos de la comunidad local.

Al mismo tiempo, los países del Triángulo Norte deberían ar-monizar los marcos existentes de APPs y priorizar la mejora de las vías secundarias y terciarias en las áreas productivas, defin-idas en consulta con los grupos comerciales de distintas indus-trias. También se deberían reducir los costos de estos proyectos a través de la aplicación de una estricta supervisión que combata la corrupción.

DESAFÍO:

La operación descoordinada de las autoridades de control fronterizo, los sistemas inadecua-

dos de aduanas, y las barreras burocráticas con fre-cuencia anulan las ventajas de la infraestructura de transporte existente. Entre otras complicaciones, las infraestructuras de mala calidad y las demoras aduaneras contribuyen a la reputación que tiene el Triángulo Norte de ser un lugar arriesgado para hacer negocios. Los tres países están clasificados en las cercanías de la mitad inferior de los países en el Índice Doing Business 2016.31

RESPUESTAS: Existen beneficios claros, tanto para las compañías estadounidenses como para compañías locales si se facilita el comercio con la región. Estados Unidos

debería multiplicar sus actuales esfuerzos por ayudar a los países del Triángulo Norte

en la modernización y armonización de los pro-cedimientos aduaneros, e implementar procesos de datos electrónicos estandarizados, además de sistemas de administración de riesgos y una mejora de la infraestructura fronteriza. USAID re-

cientemente liberó fondos para la creación de instalaciones re-gionales que permitan reducir los tiempos de tránsito y mejo-rar el comercio intrarregional. Los esfuerzos podrían incluir la aplicación obligatoria del regis-tro y uso de etiquetas vehicu-lares y la introducción de tec-nología para el seguimiento de camiones y vehículos del trans-porte público. A modo de comienzo, el Departamento de

Seguridad Nacional también ha invertido en pro-gramas de seguridad fronteriza para facilitar el comercio y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection — CBP) de EE.UU. ha creado unidades de frontera en los tres países.

Estados Unidos también debería buscar la forma de replicar los esfuerzos exitosos

que se dieron con México y con Canadá en la or-ganización de una iniciativa público-privada de seguridad de cadenas de suministro por parte de los gobiernos del Triángulo Norte y las com-pañías estadounidenses, especializada en la se-guridad física de los bienes transportados. La re-ducción de los costos de seguridad de las cargas

— que hoy en día llegan hasta el 22 por ciento del valor de la carga — y la optimización de las condi-ciones del transporte por ruta con la introducción de sistemas de monitoreo y áreas seguras para los conductores hará que la región atraiga más activ-idad comercial.32 El uso de identificación de ra-diofrecuencia (RFID) en los camiones brasileños para asegurar el rastreo y la mayor seguridad de

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 1

La infraestructura de mala calidad y las demoras aduaneras hacen del Triángulo Norte un lugar arriesgado para hacer negocios.


las mercancías sirve como antecedente para ini-ciativas similares en los países del Triángulo Norte. Ocho de cada diez encuestados por el Atlantic Council expresaron su apoyo a ese plan.

Los programas como el Trusted Trader (un pro-grama conjunto de EE.UU.-Canadá y EE.UU.-Méx-ico), o como el programa de Aso-ciación Aduanera y Comercial Contra el Terrorismo (una inicia-tiva de seguridad público-privada para cadenas de suministro) son dos ejemplos bien conocidos de iniciativas que aumentan la se-guridad, mientras que a la vez permiten un despacho aduanero más expedito de los embarques pre-revisados.

Los tres países deberían crear una institución tri-

nacional — liderada potencial-mente por sus vicepresidentes

— encargada de la coordinación de todos los actores fronterizos, incluidas las autoridades aduaneras, migratorias, policiales y comerciales. Esa institución debería construir sobre la unión aduanera creada en el año 2015 por Guatemala y Honduras (en la presunción de que la misma demuestre tener éxito) para la

frontera que comparten.33 La meta es mejorar la operativa en las fronteras y los lazos instituciona-les. Todas esas instituciones — más representantes del sector privado — tendrían voz y voto dentro de ese instituto, que debería encargarse de llevar a cabo el logro de los siguientes objetivos:

• Aumentar la coordinación bilat-eral y armonización de las prácti-cas de ambos lados de las fron-teras compartidas;

• Establecer un portal en línea que publique registros detallados de actividad comercial, datos ad-uaneros y medidas sanitarias de manera que todo ello resulte fácil-mente accesible;34

• Mejorar los procedimientos ad-uaneros con nuevos procesos, in-specciones no invasivas, y con el desarrollo de capacidades para perfilar riesgos.

Los Estados Unidos también deberían promover y ayudar a fa-

cilitar la plena implementación del Tránsito Inter-nacional de Mercancías (TIM), una herramienta importante para facilitar la integración comer-cial al igual que el control aduanero y la seguri-dad fronteriza.35


Programas como el Trusted Trader y el programa de Asociación Aduanera y Comercial Contra el Terrorismo son iniciativas que aumentan la seguridad y permiten aduanas más expeditas.


SO

UR

CE

: AL

EX

AN

DE

R B

ON

ILL

A/F

LIC

KR


DESARROLLO DE SECTORES CLAVEDESAFÍO:

Aunque el sur de México y Centroamérica rep-resentan un mercado atractivo de 70 mil-

lones de personas, éste no es ni formal ni está integrado. La encuesta de septiembre de 2016 so-licitada por el Atlantic Council mostró que, para la mayoría de los salvadoreños (51 por ciento), guatemaltecos (70 por ciento) y hondureños (77 por ciento) sus amigos o familiares que han em-igrado lo han hecho en busca de mejores opor-tunidades económicas. Otra encuesta realizada en Guatemala indicaba que el 57 por ciento de los

emigrantes buscaban trabajo y el 26 por ciento se fueron a causa de la situación económica,36 lo cual torna la inversión en las comunidades con el mayor potencial para la creación de empleo en algo fundamental.

RESPUESTA:A modo de estrategia para facilitar el comercio re-gional y promover la creación de empleo, Estados

Unidos debería priorizar la ayuda para el desarrollo a las ciudades intermedias que

están sobre las principales rutas de transporte,

El volcán de San Salvador se extiende a través de Quezaltepeque, San Juan Opico, Colón, Nejapa, y Santa Tecla, todas áreas que pueden recibir mayores inversiones.


SO

UR

CE

: AL

EX

AY

AL

A/F

LIC

KR

y que cuentan con el potencial de crecimiento para grandes industrias como el turismo y la ves-timenta, a la vez que se destinen fondos para áreas en las que se genera la migración de niños hacia EE.UU. La ayuda para generación de em-pleos debería estar dirigida a las áreas que cuen-tan con el mayor potencial para la creación real de empleos en las zonas rurales y urbanas. Aunque abarca más de una única ciudad, un ejemplo de proyecto enfocado en la generación de empleo en El Salvador es el desarrollo del triángulo que se ubica desde el suburbio cosmopolita de Santa Tecla hasta el aeropuerto Comalapa y los balnearios de Mizata y Estero de Jaltepeque, el cual gener-aría un impacto positivo en el desarrollo del tur-

ismo, la pesca y las industrias relacionadas con la aviación.

DESAFÍO:

En una región en la que seis millones de perso-nas accederán al mercado laboral en los próx-

imos seis años, la creación de empleo en el sector formal es un paso fundamental para promover el crecimiento económico.37

Además de hacer resurgir sectores antiguos de empleo, los tres países deberían enfocarse en nuevos sectores laborales. La agricultura, por ejem-plo, da empleo a casi la mitad de todos los hom-bres trabajadores del Triángulo Norte, aunque rep-resenta una parte del PIB que va en disminución.38

La Gran Vía – centro comercial ubicado en Antiguo Cuscatlán (El Salvador) – es resultado directo del aumento de inversiones y la urbanización de San Salvador.




RESPUESTAS: Los países del Triángulo Norte deberían identificar sectores estratégicos para el

crecimiento económico, como por ejemplo la ag-ricultura y el turismo, y orientar la financiación hacia estos sectores para complementar las in-versiones estadounidenses. Los gobiernos de-berían reunir a distintos actores de la sociedad para la formulación de planes económicos a largo plazo, con la incorporación de mediadores extran-jeros, de ser necesario, así como lo ha hecho El Sal-vador con las Naciones Unidas.39

Estas sesiones de diálogo se deberían basar en herramientas fundamentadas en la evidencia, así como en la investigación y el análisis de centros de pensamiento e instituciones educativas para identi-ficar nuevos sectores estratégicos (como por ejem-plo telecomunicaciones y call centers) y maneras de ampliar y adaptar los más viejos. El crecimiento económico debería estar complementado con una estrategia de mejora de la calidad de vida general a través del progreso social.

Estados Unidos debería apoyar y construir sobre proyectos de agricultura que permi-

tan el empoderamiento de los pequeños produc-tores agrícolas a través de la asistencia técnica y el acceso a los mercados. EE.UU. debería expandir estrategias tales como el Proyecto ACCESO de Honduras y el proyecto Alimen-tar el Futuro de Guatemala, finan-ciados por MCC y USAID, que ca-pacitaron a los agricultores pobres acerca de los sistemas de riego por goteo y brindaron oportuni-dades para intensificar la produc-ción con productividad aumen-tada y mejores rendimientos.40

Esos proyectos deben incluir no solamente la educación relativa

a nuevas tecnologías en la agricultura, sino tam-bién vínculos con los potenciales compradores a través de cooperativas, con el fin de asegurar la ex-istencia de un mercado para los nuevos productos y el incremento de la producción. Las compañías estadounidenses deberían también continuar con su apoyo a las instituciones como Zamorano en Honduras, donde se capacita a la próxima gener-ación de agricultores. Pero, aunque sea un obje-tivo importante el empoderamiento de los agricul-tores, será obligatorio mantener el enfoque sobre la mejor manera de ayudar a la fuerza laboral a ad-quirir competitividad para lo que serán los empleos del mañana. Los gobiernos deberían promover un entorno de políticas amigables con la innovación.

Los tres países también deberían identifi-car los sectores con los niveles más altos

de informalidad para imponer castigos mayores a los evasores fiscales que se benefician del ne-gocio del contrabando. Esos sectores podrían in-cluir la distribución mayorista de alimentos y el consumo masivo de bienes, así como la venta de alcohol y tabaco. La debida y efectiva penalización de la evasión fiscal a gran escala es una forma de reducir la informalidad.41 Una estrategia para iden-tificar estos sectores y estimar el porcentaje del

PIB que implica la informalidad es un primer paso en el combate contra la misma. Los gobiernos también deberían considerar un sistema tributario simplificado para las Pymes, además de incen-tivos tributarios como por ejem-plo las reducciones temporales, para alentar a los comerciantes a pasar sus negocios al sector formal.

Será obligatorio mantener el enfoque sobre cómo ayudar a la fuerza laboral a adquirir competitividad para los empleos del mañana.


SO

UR

CE

: NE

LO

MIJ

AN

GO

S/F

LIC

KR

CAPITAL HUMANODESAFÍO:

Las oportunidades educativas inadecuadas agudizan las desventajas que tiene la juven-

tud en el Triángulo Norte. En el año 1984, el Comité Nacional Bipartidista para Centroamérica, liderado por Henry Kissinger, determinó que la reforma de las escuelas constituía un paso crucial para la es-tabilidad y prosperidad de la región.42 Desde en-tonces han subido los niveles de alfabetismo y asis-tencia escolar — ahora más del 85 por ciento de los niños recibe una educación primaria — aunque las escuelas públicas aún no han logrado capaci-tar a los estudiantes para el mercado laboral glo-balizado de estos tiempos.43

En Guatemala y Honduras, menos de la mitad de los niños reciben educación secundaria,44 mien-tras que en El Salvador, en el año 2015, más de 39.000 niños se vieron obligados a abandonar su educación debido a la violencia de pandillas.45 La falta de movilidad económica originada por una for-mación educativa insuficiente hace que el unirse a una pandilla o a otros grupos ilícitos se convierta en una de las pocas alternativas que ofrece esta región en la que abundan el desempleo y el sub-empleo. Otra opción para los jóvenes es tomar di-rigirse al norte hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades.

RESPUESTAS: Se deben establecer sistemas eficaces para reintegrar a los residentes del Triángulo

Norte retornados a sus comunidades de origen. Los servicios de reintegración global a largo plazo siguen siendo limitados y sólo alcanzan a una parte de los retornados.46 Estados Unidos debería brin-dar recursos adicionales para una mayor coordi-nación entre las entidades gubernamentales del Triángulo Norte con organizaciones no guberna-mentales (ONGs) y el sector privado para conec-tar a los deportados con servicios sociales y pro-gramas de empleo y así desalentar futuros intentos de migración.

Estados Unidos también debería proveer la asistencia técnica necesaria para ayudar a los go-biernos del Triángulo Norte a administrar, recabar, analizar y compartir información relativa a las ten-dencias migratorias y las mejores prácticas para la reinserción. Aunque El Salvador fue el primero en establecer programas de recepción como el Centro de Atención a los Migrantes La Chacra,47 el gobi-erno de Guatemala está ahora brindando servi-cios más integrales a sus ciudadanos retornados.48

Al mismo tiempo, los países del Triángulo Norte deberían implementar una iniciativa de creación de empleo que tenga como objetivo las pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo de ello es el programa Impulsa tu Empresa de Tech-noserve, que brinda ayuda a las Pymes de la región para aumentar su crecimiento a través de tutorías y capacitación comercial. Los gobiernos deberían incluir capacitación sobre emprendimiento en los programas educativos para promover la innovación entre los estudiantes más jóvenes. También de-berían auspiciarse programas de pasantías y ca-pacitación en sectores específicos para las áreas en que las compañías y las universidades puedan vincular mejor a los trabajadores con pequeñas y medianas empresas. También deberían constitu-irse mesas redondas organizadas por los gobier-nos para jóvenes empresarios, compañías y ONGs

Propietario de un pequeño negocio familiar en Guatemala corta uno de sus productos de cuero.



para identificar “puntos neurálgicos” del proceso de iniciación de un negocio.

Los países del Triángulo Norte deberían promover programas de reinserción lab-oral más eficaces para ex-pandilleros. Quienes definen las políticas locales deberían liderar el pro-ceso de superación del estigma social y ayudar a la sociedad civil y al sector privado a entender que el encontrar actividades económicas para miles de pandilleros será la única manera de erradicar las estructuras delictivas. Los gobiernos debieran tomar el ejemplo de League Colleagiate Outfitters en El Salvador como un caso de éxito, específica-mente su proceso de contratación, revisión y mon-itoreo, el cual establece un método efectivo para que los empleadores se aseguren la debida situ-ación legal de sus empleados.49

Los tres países también deberían incorpo-rar más mujeres y jóvenes en su mano de

obra. Los empleos de tiempo parcial y otras op-ciones que mejoran el acceso a oportunidades de trabajo formal son herramientas que sirven para la creación de empleo y para promover una fuerza laboral más inclusiva. Los legisladores de-berían consultar con líderes de las diferentes in-dustrias, representantes gremiales y ONGs con el fin de garantizar que las reformas impliquen un crecimiento económico y al mismo tiempo garan-ticen los derechos y las protecciones laborales.

Estados Unidos también debería contribuir con más fondos para becas que permitan

a los estudiantes centroamericanos ir a estudiar a los Estados Unidos, incluido un aumento en el número de becas otorgadas a través del pro-grama Fulbright para estudiantes extranjeros y la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI por sus siglas en inglés). Siguiendo el legado del Programa de Becas para Estudiantes Universi-tarios Centroamericanos, el cual surgió de la comis-ión presidencial liderada por el Dr. Kissinger, se podría introducir un nuevo programa para becas universitarias y técnico-vocacionales que ayuden a las futuras generaciones de líderes centroamer-icanos a adquirir las capacidades necesarias para transitar hacia una economía basada en el cono-cimiento.50 Los programas deberían estar orienta-dos hacia los aspirantes de bajos ingresos, así como a estudiantes de origen indígena, y tendrían que incluir capacitación en el idioma inglés para ase-gurarles la debida preparación para estudiar en universidades de los Estados Unidos. Asimismo, los becarios deberían tener como requisito el re-tornar a sus países natales al completar sus estu-dios. Los fondos deberían aplicarse a ampliar los esfuerzos de las iniciativas conocidas como Guate-Futuro y HonduFuturo, y sustentar un programa similar en El Salvador.

• Desarrollar diálogos regulares en los países para el monitoreo de distintos parámetros de desarrollo económico, como por ejemplo el Índice Doing Business y el Índice de Com-petitividad Global. Los mismos deberían, entre otras cosas, medir variables como lo son la reducción de la informalidad, la fa-cilidad para realizar negocios y la partici-pación de los jóvenes en la fuerza laboral. Los diálogos deben incluir al sector privado y a las ONGs locales que hacen seguimiento a la eficacia de las políticas públicas.

• Trabajar con el BID en el seguimiento del gasto de los países receptores en áreas que complementen el apoyo brindado por EE.UU., y establecer un diálogo permanente entre los gobiernos, además de asociarse con las instituciones multilaterales para me-jorar la coordinación. Asegurar que todos los recursos locales relacionados sean com-partidos de manera pública en formatos accesibles.

MEDICIÓN DE IMPACTONUEVAS MANERAS DE DETERMINAR RESPONSABILIDAD



Fortalecimiento del estado de derecho

La corrupción sistémica, en combinación con un gasto público ineficaz y una in-suficiente inversión local y extranjera provocan el estancamiento del crecimiento económico del Triángulo Norte. De hecho, ocho de cada diez encuestados con-

sideran que la corrupción en la región es endémica. Distintos estudios de investigación han revelado la existencia de redes masivas ded-

icadas a apropiarse de fondos públicos con fines de enriquecimiento personal de los funcionarios gubernamentales. Ejemplos de ello son el caso La Línea, que logró der-rocar al presidente Otto Pérez Molina en Guatemala; los casos abiertos contra ex-fun-cionarios salvadoreños —incluidos los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca y el ex-fiscal general Luis Martínez; así como los escándalos por corrupción de Hondu-ras, con la malversación de fondos de la seguridad social y vínculos con el grupo crim-inal conocido como los Cachiros que supuestamente involucran al partido oficialista, al presidente, a los militares, a la policía y a algunos miembros del sector privado. No obstante ello, la exitosa condena de muchos de estos casos de corrupción demuestra que igualmente existen importantes avances en el ámbito de la justicia.

La corrupción disminuye el crecimiento, alejando los recursos del desarrollo y disua-diendo la inversión extranjera. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial indicó que el mayor problema para hacer negocios en Honduras lo constituye la burocracia que torna al gobierno ineficaz. En El Salvador, los crímenes y los robos constituyen los principales obstáculos, y en Guatemala, los crímenes, los robos, la cor-rupción y la infraestructura inadecuada son los factores principales.51

Al mismo tiempo, a las autoridades judiciales les ha costado combatir la crimina-lidad en aumento y la creciente violencia de pandillas. Un inaudito 95 por ciento de todos los homicidios que se cometen en el Triángulo Norte quedan impunes.52 Tal impunidad se origina en fuerzas policiales y oficinas fiscales cortas de personal y en la falta de recolección de pruebas de base científica, entre otros aspectos. Aunque se han visto ciertas mejoras en El Salvador y en Guatemala (ver la sección anterior), un sistema judicial débil–característico de la región desde antes de las guerras civi-les– contribuye a perpetuar los delitos y la impunidad. Los delincuentes asumen que pueden continuar con sus actividades ilegales y las víctimas no se molestan en de-nunciar los delitos. Más del 75 por ciento de los encuestados demostraron poca o ni-nguna confianza en los jueces, y el desencanto con las instituciones públicas se exac-erba por la excesiva polarización política a nivel nacional.

Además de las consecuencias económicas que derivan de la corrupción y la impuni-dad — que incluyen un emprendimiento atrofiado y escasa inversión extranjera —las instituciones inconfiables vuelven increíblemente difícil encontrar socios fiables para implementar respuestas a los principales desafíos de la región. El tratamiento de este déficit es fundamental en las recomendaciones en las siguientes áreas: Construcción de institucionalidad judicial (p.31)

Corrupción y flujos ilícitos (p.33) Regímenes de finanzas públicas (p.34)

ESTADOSUNIDOS

Dirigir los fondos existentes a las fiscalías que padecen un déficit de personal.

Ofrecer asistencia técnica adicional a las agencias reguladoras de la banca, al sector privado y a las multilaterales.

Destinar más fondos a las entidades locales con historial de gasto transparente verificado.

TRIÁNGULO NORTE

Promover el intercambio de mejores prácticas entre los organismos judiciales de los países.

Aumentar la transparencia en la elección de los funcionarios públicos secundarios.

Implementar una hoja de ruta acelerada para cumplir con normas internacionales contra el lavado de activos.

IDEAS CLAVE


CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONALIDAD JUDICIALDESAFÍO:

Las instituciones judiciales del Triángulo Norte son notoriamente débiles y se enfrentan a muchos

obstáculos para tratar con la ilegalidad sistémica. Las instituciones fuertes impiden la criminalidad, lo cual a su vez es disuasivo de la migración no au-torizada. Los esfuerzos apoyados de forma inter-nacional para fortalecer a las instituciones como la CICIG en Guatemala constituyen un paso en la dirección correcta, y las condiciones que resul-tan del paquete de asistencia de la Alianza para la Prosperidad dan a los gobiernos del Triángulo Norte una oportunidad para aprobar reformas cru-ciales. Las siguientes recomendaciones delinean un recorrido hacia instituciones fortalecidas y una mejor defensa contra la corrupción, la impunidad y la actividad ilícita.

Los ciudadanos del Triángulo Norte no confían en las instituciones gubernamentales responsables del monitoreo de los políticos y la erradicación de la corrupción. Tres cuartos de los participantes de la encuesta del Atlantic Council respondieron que creían en la posibilidad de pagar a los jueces para obtener un fallo favorable, mientras que solamente el 26 por ciento de los guatemaltecos, el 17 por ciento de los hondureños y el 14 por ciento de los salva-doreños creen que todas las personas reciben igual tratamiento ante la ley. Menos del 30 por ciento de los residentes de los tres países expresaron tener confianza en los fiscales y jueces. La resolución de los asesinatos de los activistas hondureños Berta Cáceres, Julián Arístides González, Alfredo Landav-erde y Orlan Chávez será un paso crucial en la con-strucción de la confianza del público.53

RESPUESTAS: Los países del Triángulo Norte deberían llegar a un acuerdo para ampliar la pres-

encia de asesores de los Estados Unidos e inter-nacionales en instituciones judiciales y ministe-rios públicos con el fin de ayudar a jueces y fiscales a despejar la acumulación de casos pendientes.

Entre otras cosas, esto podría ayudar a aliviar la po-blación carcelaria de entre 7.500 y 8.000 personas que aguardan sentencia en cada uno de esos países.54

Los Estados Unidos deberían comprometerse a enviar consejeros, y los países del Triángulo Norte deberían dar a ellos acceso a las oficinas centrales y locales de las organizaciones. En los últimos años, los Estados Unidos han brindado un apoyo funda-mental para los ministerios públicos de Guatemala, Honduras y El Salvador, incorporando a consejeros legales locales para ayudar capacitación de fiscales, jueces e investigadores que trabajan en casos de alto perfil.55 Ese apoyo ha sido un factor importante en la creación de nuevas unidades anticorrupción, y ha ayudado a promover avances en el desman-telamiento de estructuras delictivas como La Línea en Guatemala y los holdings financieros de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Este tipo de asistencia debería expandirse de modo significativo. Los tri-bunales de veinticuatro horas de Guatemala — siete tribunales en siete jurisdicciones a lo largo del país

— representan una estrategia exitosa para la reduc-ción de casos acumulados y podría replicarse en los otros dos países.

Para convertir a esta colaboración en algo más eficaz, Estados Unidos debería enviar más conseje-ros a los ministerios públicos (incluidas las oficinas departamentales de fuera de la capital) a través de la Oficina de Asistencia Extranjera de Desarrollo y Capacitación Procesal, así como también a tribu-nales especializados que tratan casos relacionados con la corrupción y otros casos de alto perfil. Estos consejeros no necesariamente deben provenir de EE.UU. Los gobiernos del Triángulo Norte deberían explorar asociaciones con otros países latinoamer-icanos como por ejemplo Colombia. Las embaja-das estadounidenses en el Triángulo Norte ya están facilitando la coordinación regional entre fiscales, pero este proceso debería acelerarse de manera sustantiva. Los organismos internacionales, como Transparencia Internacional, están trabajando de manera activa para establecer las redes de apoyo a

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO 2


los institutos judiciales del mundo entero y podrían resultar socios adecuados para estos esfuerzos.

Los Estados Unidos deberían continuar apoyando el trabajo de CICIG y asegurando

el éxito de MACCIH y de la Unidad Anti-impuni-dad que El Salvador tiene dentro de su fiscalía. La asistencia del gobierno estadounidense a Gua-temala durante el año 2016 incluyó US$7 millones para CICIG,56 junto con otros US$5.2 millones en fondos para MACCIH,57 además del apoyo técnico y financiero para la nueva unidad anti-impunidad con que ahora cuenta la oficina del fiscal general de El Salvador.58

Serán cruciales el equipamiento y capacitación de la nueva unidad anti-impunidad de El Salvador y el fortalecimiento de CICIG y MACCIH. Una parte importante de la financiación de estas instituciones proviene de donaciones internacionales voluntar-ias que deberán mantenerse si se espera que los avances continúen. Los países latinoamericanos que han tenido éxito en combatir la corrupción y el crimen organizado deberían enviar a sus conseje-ros para capacitar a sus pares del Triángulo Norte. La comunidad internacional debería alentar a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador en cuanto a la creación de hojas de ruta para me-diano y largo plazo con el fin de integrar las uni-dades anti-impunidad al sistema judicial, y brindar asistencia técnica y legal a los legisladores que tra-bajan en estos programas.

Los Estados Unidos también deberían ori-entar los fondos que se brindan en la actu-

alidad hacia las fiscalías con déficit de personal para aumentar la capacidad procesal. El rendimiento de las fiscalías debería evaluarse para determinar las áreas que requieren refuerzos. Los fiscales lid-eran los esfuerzos anti-corrupción del Triángulo Norte, pero necesitan mayores recursos para de-sarrollar plenamente las instituciones judiciales de modo funcional e independiente.

Los Estados Unidos deberían destinar fondos a la contratación y capacitación de fiscales adiciona-les y al fortalecimiento de unidades especializadas para perseguir la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, el crimen organizado y otros casos complejos. Los especialistas de la unidad anti-clep-

tocracia del Departamento de Justicia de los Esta-dos Unidos tendrían que incorporarse para actuar como tutores y para facilitar la cooperación entre los cuerpos policiales de EE.UU. y los locales. Los jueces y los fiscales necesitarán protección física agregada para mitigar las amenazas que acom-pañan las acciones de un mayor nivel de concert-ación. Los asesores también pueden ser de ayuda en mantener el carácter apolítico de las investiga-ciones y las resoluciones resultantes.

Los países del Triángulo Norte deberían comprometerse a aumentar la transparen-

cia de la elección de funcionarios públicos secund-arios como los magistrados de la corte suprema, los magistrados de tribunales de cuentas y los fis-cales. El proceso mediante el cual el congreso des-igna y elije a estos funcionarios es poco traspar-ente y a menudo se funda más en consideraciones políticas que en las capacidades de los nominados para el cargo. Se debe generar una reforma que ga-rantice la independencia de las personas y evite un retraso de los avances logrados en los últimos años dentro de las instituciones judiciales de la región.

También se debería promover que los or-ganismos judiciales de los tres países com-

partan sus mejores prácticas. El año pasado, los países del Triángulo Norte reforzaron sus esfuer-zos para coordinar su lucha contra las pandillas y la inseguridad.59 Con el apoyo de los EE.UU., y dentro del marco que representa la Alianza para la Pros-peridad, los tres fiscales nacionales se reunieron en varias oportunidades para el lanzamiento de una fuerza fronteriza trinacional que facilite la detención y captura de los narcotraficantes y los miembros de pandillas.60 Los miembros del ministerio público guatemalteco también han contribuido con las fis-calías de El Salvador y de Honduras en el lanzamiento de similares esfuerzos anti-corrupción.

Este nuevo ánimo de colaboración tendría que ser extensivo a otras instituciones, incluidas las rel-ativas a las leyes indígenas, con el fin de entablar una coordinación formal entre los departamentos de justicia de los tres países. Más del 66 por ciento de los encuestados ven con buenos ojos la creación de un organismo trinacional para combatir la cor-rupción y mejorar la administración judicial.

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO2


SO

UR

CE

: SU

RIZ

AR

/FL

ICK

R

CORRUPCIÓN Y FLUJOS ILÍCITOSDESAFÍO:

La corrupción y otras actividades ilícitas del Trián-gulo Norte han llevado, en los últimos años, a

calificaciones crediticias bajas y degradadas. En combinación con la percepción de una gobern-abilidad débil y un crecimiento económico lento, todo ello pone en peligro las perspectivas de in-versión en la región.61

RESPUESTAS:Los Estados Unidos deberían continuar brindando asistencia técnica para la ca-

pacitación de la policía, los contadores públi-cos, los fiscales y los jueces en relación con el uso de la tecnología para llevar adelante investi-gaciones sobre delitos financieros. Honduras ha logrado importantes avances en esta área después de la aprobación de una ley sobre confiscación de bienes en el año 2010. La ley reforzó la Oficina Ad-ministradora de Bienes Incautados y permitió el lanzamiento del Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros apoyado por la Sección de Asuntos In-ternacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés). La misma es ahora parte de la Oficina de Crimen Organizado del Ministerio Público, e implica la presencia con-junta de la policía, los fiscales, y miembros de la

Unidad de Investigación Financiera de la Comisión de Banca Nacional y Seguros. El grupo de trabajo, sustentado por fondos estadounidenses, ha sido capacitada por consejeros de EE.UU., Colombia y Costa Rica y ha estado bajo su observación, mien-tras persigue el lavado de dinero y los delitos fis-cales, además de encargarse de los casos de falsi-ficación de activos.62 Esto podría servir de modelo para unidades similares en otros países.

Los Estados Unidos también deberían apoyar la reforma de las funciones gubernamen-

tales de auditoría para crear una institución sim-ilar a la Oficina de Rendición de Cuentas (Gov-ernment Accountability Office) del gobierno de EE.UU. En la actualidad, institutos como el Tribu-nal Superior de Cuentas en Honduras funcionan en base a designaciones de carácter político y care-cen de independencia.

Los gobiernos del Triángulo Norte deberían generar incentivos para la digitalización de

transacciones financieras (planillas de sueldos, pagos, desembolsos, etc.) y reducir la depen-dencia del dinero en efectivo, particularmente dentro del sector público. Esto facilitará para los cuerpos policiales y a las entidades regulado-ras el seguimiento de los fondos para combatir el lavado de activos, el tráfico ilegal y otros delitos financieros. Al mismo tiempo, le hará más difícil a los gobiernos, a los negocios y a las personas in-volucrarse en acciones de corrupción y evadir im-puestos. Las acciones podrían incluir el requisito de la distribución electrónica de subsidios nacio-nales y locales y transferencias condicionadas, sal-arios, beneficios sociales y pensiones. Los países también podrían adoptar políticas que exijan a los organismos públicos, a los proveedores de servi-cios esenciales y a las entidades privadas que se designan para llevar a cabo actividades de organis-mos públicos, la aceptación de pagos electrónicos.

El movimiento inapropiado de dineros es el re-sultado de procesos manuales y que involucran el


En 2015, las masivas protestas anticorrupción de Guatemala alentaron la salida del Presidente Otto Pérez Molina y la extensión del mandato de CICIG.


dinero en efectivo. La lógica para digitalizar estos flujos financieros es muy clara: es más eficiente y menos caro, y permite una mayor visibilidad y con-trol, a la vez que reduce las posibilidades de lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y otras actividades ilícitas mientras que promueve una mayor inclusión financiera. Se estima que una mejora del 10 por ciento en la digitalización de los flujos monetar-ios es capaz de llevar más de US$1.000 millones a la economía formal.

El Triángulo Norte también debería compro-meterse con la implementación de una hoja

de ruta acelerada para cumplir con los estándares internacionales contra el lavado de dinero e in-troducir salvaguardas adicionales para contrar-restar el lavado de activos a través de las com-pras del sector público. Para el desarrollo de esos planes, tal implementación debería incluir la colab-oración de reguladores y la del sector privado y de instituciones multilaterales. La percepción de un alto nivel de riesgo en cuanto al lavado de dinero

entre bancos centroamericanos pone en peligro las perspectivas de inversión para la región.63

Los gobiernos deberían aprobar y hacer cumplir leyes que cumplan con los mecanismos de control recomendados por el Frupo de Trabajo de Acción Financiera del Caribe y copiar las mejores prácti-cas de los sistemas sofisticados de regulación. La enmienda que se hizo en 2015 en El Salvador sobre la ley anti-lavado de dinero del año 1998 consti-tuye un paso en la dirección correcta; el gobierno deberá aplicar la ley y aumentar la concientización dentro del sector bancario y financiero en cuanto al cumplimiento de las obligaciones.64

Para complementar tales esfuerzos, los Estados Unidos deberían aumentar la asis-

tencia técnica que brinda a las agencias regula-doras de bancos, al sector privado, y las insti-tuciones multilaterales para que éstas adecúen los marcos regulatorios locales y las funciones de supervisión a los estándares internacionales contra el lavado de activos.

REGÍMENES DE FINANZAS PÚBLICASDESAFÍO:

A pesar de las recientes mejoras, los países del Triángulo Norte cuentan con una de las cargas

impositivas más bajas del mundo, siendo ésta apenas el 16 por ciento del PIB.65 Por lo general, los escasos ingresos que genera la recaudación de impuestos responden a la falta de confianza que existen en cuanto a la capacidad de los gobiernos para aplicar los recursos públicos de manera efici-ente y transparente, creando de esta forma un cír-culo vicioso de desconfianza.

Los problemas que existen en relación con los sistemas tributarios son complejos y no pueden ser resueltos con un mero aumento de los impues-tos. En general, los impuestos de la región tienen carácter regresivo, y la mayoría de la población paga impuestos a través de su consumo diario. La escasa recaudación de impuestos, combinada con

el contrabando, el fraude fiscal y la ineficiente per-secución de estos delitos exacerban aún más esa problemática.

RESPUESTAS: Estados Unidos debería asegurar que el dinero de los contribuyentes estadoun-

idenses se invierta con responsabilidad, medi-ante la adjudicación de nuevos fondos directa-mente a las entidades locales cuyo historial de gasto transparente haya sido verificado. Tam-bién debería aplicar mecanismos adicionales para evitar el fraude y la corrupción local. Una opción para brindar una mayor supervisión a los gastos gubernamentales podría incluir programas que enviaran expertos en finanzas de la Oficina de Rendición de Cuentas (Government Accountabil-ity Office) de los Estados Unidos a la región.

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO2


• Establecer plazos de cinco a diez años para proyectar y evaluar el éxito de los es-fuerzos por fortalecer la institucionalidad.

• Asegurar la continuidad de las mejoras en cuanto al Índice de Percepción de la Cor-rupción de Transparencia Internacional.

• Medir el número de asociaciones exis-tentes con negocios y organismos guber-namentales de los Estados Unidos para ampliar programas de datos abiertos en el sector público.

• Trabajar con el BID en el seguimiento del gasto de los países receptores en áreas que complementen el apoyo brindado por EE.UU.



Es común que, en los países con una institucio-nalidad débil, estrategias verticales tradicionales no cumplan con objetivos duraderos. Los Esta-dos Unidos deberían cambiar el enfoque por uno más local, con el fin de apoyar a los socios regio-nales en el desafío que representan la lucha contra la corrupción y la reforma de institutos disfuncio-nales, de modo similar a al Plan Salvador Seguro de El Salvador.

Para que este enfoque sea exitoso a largo plazo, EE.UU. debería hacer un mayor énfasis en la iden-tificación de actores locales que lideran la batalla por una gobernabilidad más responsable. USAID ya ha comenzado a implementar este enfoque a través de su Iniciativa de Soluciones Locales, con la cual se ha propuesto incrementar la cantidad de asistencia a los socios locales en un 30 por ciento. Otras entidades de ayuda de EE.UU. como el De-partamento de Estado y la corporación Millennium Challenge Corporation deberían copiarlo. Los países del Triángulo Norte deberían resolver las inequidades del sistema tributario para gen-

erar recursos públicos y mejorar la eficiencia en el gasto. Los gobiernos deberían generar

estrategias integrales para reformar los regímenes tributarios y eliminar las distorsiones que favore-cen a ciertos grupos, así como ampliar la base im-positiva, priorizar la lucha contra la evasión fiscal, el fraude y el contrabando, y reducir la dependen-

cia en la deuda pública. Mientras que El Salvador ha avanzado en la recaudación de impuestos du-rante la última década, en la actualidad tiene la mayor deuda pública de Centroamérica (y la se-gunda mayor deuda de América Latina), seguido de cerca por Honduras.66

Para promover una administración más efici-ente del aumento de ingresos tributarios, se debe lograr una reforma fiscal acompañada de reformas tributarias y un gasto responsable por parte de los gobiernos. Los gobiernos deberán analizar en de-talle los incentivos fiscales que puedan ser atrac-tivos para los negocios estadounidenses, aunque reconociendo que solamente con incentivos no será posible atraer la inversión extranjera directa. Cualquier incentivo tributario deberá establecer un equilibrio entre la inversión directa extranjera y local, sin que ello haga un daño irreparable a la base tributaria. Los nuevos fondos recaudados deberían adjudicarse a proyectos productivos es-pecíficos y a inversiones realizadas mediante pro-gramas check-off que impidan el uso indebido de los fondos. Un mecanismo de supervisión dirigido por la sociedad civil y por el sector privado debería garantizar que el gasto que se hace de los recur-sos sea correcto, tal como se dio en la experiencia con el impuesto para la seguridad que se aprobó en Colombia.67


Mejora de la seguridad

Uno de los problemas más complejos para los residentes del Triángulo Norte — particularmente para los ciudada-nos de ingresos bajos y medios — es la inseguridad. El

tráfico de drogas y los conflictos entre pandillas rivales — al igual que entre las pandillas y la policía — conjuntamente con los cre-cientes niveles de crimen organizado y de impunidad han con-vertido a la región en una de las más violentas en todo el mundo.

Las autoridades han calculado que existen más de 85.000 miembros activos de pandillas en el Triángulo Norte, con casi un millón más de personas — entre familiares, socios de negocios y oficiales de policía corruptos — dependientes de las pandillas.68 Aunque las dos principales pandillas son las mismas para toda la región — Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 — cada una de ellas cuenta con una estructura organizacional diferente y dis-tintos modos de operar en cada país. Por ejemplo, las pandillas callejeras de El Salvador, por lo menos hasta hace poco, rara vez manejan drogas (su principal fuente de ingresos es la extorsión) mientras que las pandillas de Honduras y Guatemala están conect-adas al crimen organizado y a las redes de narcotráfico.69

A diferencia de los cárteles de droga mexicanos, las pandil-las callejeras del Triángulo Norte obtienen ganancias principal-mente a través de amplias redes extorsivas que exigen dinero a todos, desde los vendedores de tortillas de las esquinas hasta compañías internacionales de telecomunicaciones y distribui-dores de refrescos.

Las consecuencias económicas de la extorsión son de carácter masivo, y le cuestan a las grandes corporaciones millones de dólares, mientras que obligan a los negocios de pequeña y me-diana escala a cerrar sus puertas. La extorsión es la causa del cierre de entre siete y diez tiendas por semana en El Salvador según el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa.70

De igual modo, la extorsión tiene efectos directos sobre la competitividad y la generación de empleo de los pequeños y micronegocios. Según un estudio realizado por el Banco Cen-

ESTADOSUNIDOS

Fortalecer y promover iniciativas de policía comunitaria debidamente implementadas.

Promover y aumentar la presencia de mujeres en las fuerzas policiales.

Aumentar el apoyo financiero y técnico para la reforma del sistema penitenciario.

TRIÁNGULO NORTE

Mejorar la responsabilidad policial a través de: más independencia en el reportaje y la denuncia de abusos policiales, además de nuevos controles internos y externos.

Implementar una reforma penitenciaria integral centrada en la rehabilitación.

Enfocar un incremento de programas sociales y educativos en los barrios de alto riesgo.

IDEAS CLAVE


MEJORA DE LA SEGURIDAD 3

tral, los negocios de El Salvador y los salvadoreños pagan por año US$756 millones en sumas relacio-nadas con la extorsión de las pan-dillas y cientos de millones más por seguridad privada.71

Aunque el derramamiento de sangre se le está presentando a más sectores de la sociedad en la medida que aumentan los homi-cidios en el Triángulo Norte, la ex-torsión es lo que genera el mayor resentimiento entre los residentes de las clases media y alta — aunque los daños se sienten de manera más aguda entre los menos privilegiados.

Las autoridades no solamente son incapaces de erradicar los efectos de la violencia de pandil-las sino que no existen mecanismos para encarar las problemáticas sociales que generan el ambi-ente proclive a unirse a las pandillas ni para redu-cir la influencia de las mismas en la región. La ex-trema pobreza, un tejido social frágil debido a los altos niveles de migración y la falta de oportuni-dades laborales se convierten en una incubadora social para el crecimiento de las pandillas. Las dé-cadas de guerra civil erosionaron los medios tradi-cionales de apoyo social y normalizaron la violencia y la posesión de armas de bajo calibre.72 La influen-cia de las pandillas distorsiona el sistema educativo y lleva al abandono temprano de parte de los es-tudiantes.73 La migración y las deportaciones han estimulado la existencia de redes de pandillas y han convertido la adhesión a las pandillas en un medio para recrear la estructura social de muchos jóvenes.

Por otra parte, las mujeres y niñas se enfrentan a niveles de violencia nunca vistos en los países vecinos, con consecuen-cias de largo alcance para la equi-dad económica y de género. El Salvador, Honduras y Guatemala tenían tres de los cuatro índices más altos de femicidios del mundo entre 2007 y 2012, que fueron en aumento cada año.74 Según la Encuesta Demográfica y Sani-

taria, más del 20 por ciento de las mujeres de Gua-temala y casi el 27 por ciento de las de Honduras han experimentado algún tipo de abuso doméstico de parte de sus compañeros.75 Cada vez son más mujeres las que emigran escapando del Triángulo Norte y son detenidas en México — cerca de un 14 por ciento del total de los emigrantes del año 2011, y 24 por ciento en 2015.76

Será necesaria la colaboración entre los gobi-ernos del Triángulo Norte y la asistencia técnica de parte de los Estados Unidos para que estos es-fuerzos terminen siendo exitosos. Para ello será menester además una considerable inversión en programas de rehabilitación para ex-pandilleros y programas de prevención para los jóvenes que se encuentran en riesgo. Los esfuerzos deberían en-focarse en las siguientes áreas:

Mejoras policiales (p.38) Reforma carcelaria y de la justicia penal (p.40) Pandillas (p.41) Tráfico ilícito (p.43)

Las décadas de guerras civiles erosionaron los medios tradicionales de apoyo social y normalizaron la violencia.


SO

UR

CE

: PA

UL

IEN

OS

SE

/FL

ICK

R

MEJORA DE LA SEGURIDAD3

MEJORAS POLICIALESDESAFÍO:

Los resultados de la encuesta del Atlantic Coun-cil han indicado que la violencia constituye la

principal preocupación de las familias de El Salva-dor, y la segunda (después del alto costo de vida) de los guatemaltecos y hondureños. Los sistemas judiciales también han fallado al no responsabili-zar a las autoridades estatales de seguridad por abusos a los derechos humanos. Las investiga-ciones de los medios y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador detectaron una evidencia creciente de muertes orquestradas por la policía y los militares, como por ejemplo las de la masacre de San Blas de marzo de 2015, que fue mencionada en el informe de 2015 sobre derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. En Honduras, documentos re-cientemente revelados acerca del asesinato, en el año 2009, del zar antidrogas del país pusieron en evidencia una amplia red de conspiraciónes y en-

cubrimiento dentro de la policía nacional.77 Los re-cientes esfuerzos por empoderar a la policía de los tres países han mostrado que existen autoridades cómplices de la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.

RESPUESTAS: Estados Unidos debería aumentar el número de consejeros y coordinar la participación

de consejeros internacionales adicionales que den asistencia técnica y capacitación a las fuer-zas policiales locales. En Honduras, la Escuela de Investigación Criminal que cuenta con apoyo de EE.UU. ha capacitado a miles de oficiales de policía y fiscales con técnicas investigativas avanzadas, y sirve como lección importante para los países ve-cinos que busquen implementar modelos simi-lares.78 La escuela fue abierta en el año 2011 con cuatro instructores estadounidenses, pero pronto se sumaron colombianos y después hondureños

para impartir cursos a sus colegas menos experimen-tados. La Academia Inter-nacional Para el Cum-plimiento de la Ley de El Salvador constituye otro canal ideal para expandir la presencia de consul-tores a lo largo de la región.79 El programa de-bería ser revisado en de-talle y debería incorpo-rarse tecnología en las escuelas especializadas.

Estados Unidos también debería

reforzar las iniciativas de policía comunitaria ya existentes, en combi-nación con las autori-dades locales, con el fin

Fuerzas policiales en Honduras llevan adelante una operación rutinaria en las calles. Una mayor responsabilidad policial y la definición de controles internos estrictos ayudarían a reducir los niveles de violencia.



de construir confianza y apartarse de las estrategias de mano dura. En los últimos años, los Estados Unidos han financiado iniciativas relaciona-das a la policía comunitaria en los tres países del Triángulo Norte a través de USAID y CARSI, incluida la exitosa comisaría modelo de Villa Nueva en Guatemala. Pero los po-tenciales avances de los programas han sido socavados tanto por la percepción de la creación de cadenas de mando paralelas dentro de las comisarías modelo que sobrepasan a la policía local, como por la militarización simultánea de fuerzas de seguridad a modo de respuesta a la creciente criminalidad.

Una forma de asegurar que los programas poli-ciales comunitarios no se conviertan en una prueba para recibir ayudas y apaciguar a los gobiernos ex-tranjeros sería exigir un seguimiento y evaluación más frecuentes y rigurosos de los oficiales que par-ticipen en la capacitación.80 Si las evaluaciones de-muestran que los programas policiales comunitar-ios contribuyen a un más efectivo cumplimiento de las leyes — y/o a una mayor sensación de seguri-dad ciudadana según las mediciones realizadas por las encuestas de opinión — entonces Estados Unidos contará con mayores argumentos para alen-tar a los gobiernos del Triángulo Norte a desligar sus propios recursos de las políticas de mano dura.

De la mano de la ayuda estadounidense, los países del Triángulo Norte deberían forjar alianzas entre los gobiernos, el sector

privado y los grupos de la sociedad civil para identificar y mejorar la rendición de ceuntas a través de nuevos mecanismos de denuncia de abusos policiales como las iniciativas de la socie-dad civil con apoyo internacional establecidas para investigar y estudiar los fallos funcionales y sistémi-cos de la policía, los ministerios públicos y la rama judicial. La plataforma Honduras Denuncia, que admite quejas a través de mensajes de texto, men-sajes de correo electrónico y llamadas telefónicas, es un ejemplo de una herramienta útil. La mitad de

los salvadoreños y un 64 por ciento de los guatemaltecos encuestados expresaron que estarían dispues-tos a utilizarla.81 La plataforma que opera la Asociación para una So-ciedad Más Justa ha contribuido al trabajo sin precedentes de la Comisión de Depuración Policial. Durante el año 2016 se desvincu-laron a más de 2.000 oficiales de

las fuerzas policiales bajo la acusación de corrup-ción y conexiones delictivas.82

Pero también serán necesarios cambios más profundos dentro de las fuerzas policiales. Los

gobiernos del Triángulo Norte deberían crear mecanismos de responsabilidad hor-

izontal en relación con los abusos policiales que fortalezcan los controles internos y externos, como por ejemplo evaluaciones internas más rig-urosas y procesos de promoción para prevenir el clientelismo, además de una supervisión especial-izada de la policía por parte de las fiscalías.

Además de estos esfuerzos, los Estados Unidos también deberían alentar el aumento en el número de mujeres que se unen a las

fuerzas policiales. Las mujeres representan el 14 por ciento de las fuerzas policiales de Honduras, el 16 por ciento en Guatemala, y el 9 por ciento en El Salvador.83 Estudios demuestran que aumentar el número de mujeres dentro de las fuerzas poli-ciales permite una reducción de las cifras de vio-laciones, homicidios y ataques sexuales. Los Esta-dos Unidos deberían promover una mayor participación femenina en la policía mediante la adjudicación de fondos y la promoción de pro-gramas orientados a una mayor contratación de oficiales de policía femeninas, como se ha hecho en Afganistán, Nigeria y Pakistán, donde se han destinado US$133 millones al reclutamiento, con-tratación y capacitación de mujeres para incorpo-rarlas a las fuerzas policiales.84 El replicar estos es-fuerzos en el Triángulo Norte podría resultar en beneficios tangibles.

Se requieren cambios más profundos dentro de las fuerzas policiales.


SO

UR

CE

: OA

S/S

MS

AR

EN

A O

RT

EG

A /

FL

ICK

R

REFORMA PENITENCIARIA Y DE LA JUSTICIA PENALDESAFÍO:

Las cárceles del Triángulo Norte se han esca-pado del control gubernamental. Esas peni-

tenciarías están clasificadas entre las peores del hemisferio, y hay suficientes pruebas de que las pandillas continúan involucradas en actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.85 Durante las últimas dos décadas, la financiación ha apenas aumentado mientras que la población carcelaria de Guatemala, Honduras y El Salvador se ha du-plicado. Las prisiones de El Salvador son las que más superpobladas están, con un 300 por ciento de hacinamiento, lo cual genera serios obstáculos para la rehabilitación y el debido control policial interno. Las prisiones, particularmente atiborradas

de detenidos aún sin condena definitiva, mezclan presos juveniles con adultos, y se convierten en in-cubadoras de una nueva generación de quienes se unen a pandillas y organizaciones de tráfico ilegal.

RESPUESTAS: Estados Unidos debería incrementar su apoyo financiero y técnico para la reforma

penitenciaria. Debería fomentar la generación de capacidades entre las autoridades de las prisiones locales a través del equipamiento y la capacitación y con programas tutoriales, en forma paralela a la asistencia económica. La Sección de Asuntos In-ternacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) ha hecho

Un preso intenta encender una fogata en la prisión Quezaltepeque en El Salvador.



PANDILLASDESAFÍO:

Los gobiernos del Triángulo Norte a menudo com-batido el problema de las pandillas con tácticas

represivas de mano dura que no han logrado des-mantelarlas, sino que, por el contrario, han creado hacinamiento carcelario. Una tregua entre las pan-dillas y el gobierno de El Salvador que tuvo lugar en el marzo de 2012 redujo las cifras de homicid-ios a la mitad (de 14 asesinatos diarios en marzo de 2012 a 5,5). Pero cuando la tregua se deshizo a fi-nales del 2013, comenzó a aumentar el número de

homicidios; el 2015 se convirtió en el año más san-griento desde el final de la guerra civil de El Salva-dor en 1993 — se denunciaron más de 6.650 ase-sinatos incluidos los de 60 oficiales de la policía.

El problema de las pandillas se exacerba por la falta de coordinación entre EE.UU. y las autori-dades locales con respecto a los deportados. Entre los años 2013 y 2015, los tres países del Triángulo Norte recibieron más de 300.000 deportados desde los Estados Unidos.90 Muchos deportados tienen algún tipo de antecedente penal, pero el

esto en el pasado, con la contribución de US$10 millones en 2008 para la creación de 800 camas de seguridad intermedia en la prisión de Izalco en El Salvador. Este tipo de acciones debería ex-pandirse y complementarse con una combinación de asistencia técnica y financiera, usando experi-encias en México como referencia. Gracias a las in-versiones de casi US$24 millones y US$8.000 mil-lones realizadas respectivamente por los Estados Unidos y por el gobierno mexicano, en combinación con oficiales de INL realizando tareas directamente con las autoridades correccionales locales, fue posible quintuplicar la capacidad del sistema pen-itenciario federal de México entre 2008 y 2013.86 Con posterioridad el sistema obtuvo acreditación internacional con la ayuda de fondos provenien-tes de la Iniciativa Mérida –una asociación para co-operación en seguridad entre los dos países.87

En combinación con esta ayuda, los países del Triángulo Norte deberían implemen-tar una reforma penitenciaria integral ori-

entada principalmente a la rehabilitación. Aunque la población carcelaria del Triángulo Norte ha au-mentado en más del triple en las últimas dos dé-cadas, las inversiones en nuevas instalaciones y programas de rehabilitación apenas crecieron. Las medidas adoptadas recientemente, como la re-

stricción de comunicaciones para los presos con bloqueadores de señal de celular dentro de las cárceles salvadoreñas, o la actual construcción de cuatro nuevas cárceles en Honduras, son algunos pasos en la dirección correcta.88 Pero esto debe complementarse con una mayor inversión para la rehabilitación, incluyendo programas de capac-itación laboral hasta para los delincuentes más vi-olentos y mayor financiamiento para permitir condi-ciones carcelarias más compasivas.

Los últimos informes indican que un 70 por ciento de los menores guatemaltecos que están dentro del sistema penitenciario de ese país son rehabilit-ados durante su estadía en la cárcel, pero ese por-centaje cae a un 40 por ciento cuando se trata de menores relacionados con las pandillas.89 Esto de-muestra la importancia de implementar programas de rehabilitación diferenciados para los jóvenes que forman parte de pandillas. Aunque resulta políti-camente impopular, la reforma carcelaria basada en la rehabilitación es fundamental para disminuir el delito y para ofrecer alternativas frente a la par-ticipación en el mundo de las pandillas. Como se indicó antes, el sector privado también tiene un papel importante para cumplir para la facilitación de la reinserción en el mercado laboral (ver pág. 23).



Departamento de Seguridad Nacional no brinda los antecedentes penales completos a las autori-dades de los tres países del Triángulo Norte, y solo recientemente comenzó a compartir información tal como afiliación a pandillas. La insuficiencia de fondos para lograr una reinserción efectiva de los deportados exacerba aún más la inseguridad rein-ante en los tres países. El difícil proceso de asim-ilación y la falta de oportunidades laborales au-mentan la tentación de unirse a las pandillas, y en casos de aquellos deportados que ya estaban vin-culados a ellas, se perpetúa su involucramiento en actividades delictivas. La obligación de enfrentar este desafío se volverá crecientemente imperativa en la medida que el gobierno de Trump siga au-mentando el número de deportaciones.

RESPUESTAS: Estados Unidos debería incrementar la in-formación compartida con la región acerca

de los miembros de pandillas y los delincuentes que son deportados de EE.UU. y aumentar la co-ordinación entre las autoridades estadounidenses y los cuerpos policiales del Triángulo Norte. Desde mediados de la década del 2000, los gobiernos centroamericanos han solicitado a las autoridades de migración y policiales de EE.UU. el suministro de antecedentes policiales completos de las per-sonas que son deportadas por causas relacionadas con activi-dades delictivas.91 El Departa-mento de Estado y el Departa-mento de Seguridad Nacional deberían ampliar el programa de Información de Antecedentes Pe-nales Compartida (Criminal His-tory Information Sharing — CHIS) que viene siendo aplicado en Hon-duras, Guatemala y El Salvador desde el año 2014, con el compro-miso de compartir informes poli-ciales completos relativos a infrac-tores violentos y delincuentes

sentenciados por delitos relacionados con las pan-dillas. Los organismos estadounidenses deberían trabajar en pos de una mejor coordinación de los esfuerzos locales e internacionales de combate contra las pandillas, unificando estrategias y fuer-zas especiales instruidas por el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, el FBI y los gobiernos del Triángulo Norte.

A su vez, las autoridades del Triángulo Norte deberían enfocar un incremento de programas sociales y educativos en los barrios de alto riesgo. Sus esfuerzos tendrían que basarse en un enfoque más holístico para impedir que los jóvenes se unan a las pandillas. Se debería priorizar la educación y las iniciativas sociales en algunos barrios de alto riesgo y coordinar mejor los esfuer-zos con aquellos de las ONGs y los del sector privado. También deberían aplicarse más fondos a la pre-vención, ya que solamente el 6 por ciento de los US$318 millones recaudados a través del impuesto a la seguridad de Honduras entre 2012 y julio de 2016 se dedicó a programas de prevención.

Los gobiernos del Triángulo Norte deberían con-siderar los programas y modelos anti-pandillas ex-tranjeros que podrían ser adaptados a sus condi-ciones locales. Las ciudades de los Estados Unidos como Boston y Los Ángeles cuentan con programas modelo, y aunque son poco conocidas, existen ini-

ciativas prometedoras en otros países de Centroamérica. El pro-grama Barrios Seguros de Panamá brindó amnistía y capacitación laboral a más de 4.100 ex pandil-leros, mientras que en Nicaragua se ha involucrado a la policía en esfuerzos de prevención y reha-bilitación como parte de un pro-grama de cinco años que cuenta con el apoyo del BID para enfo-carse en la juventud de once mu-nicipalidades que está en situ-ación de riesgo.92

La insuficiencia de fondos para lograr una reinserción efectiva de los deportados exacerba aún más la inseguridad reinante en los tres países.



SO

UR

CE

: US

AR

MY

SO

UT

H/F

LIC

KR


TRÁFICO ILEGALDESAFÍO:

Con su ubicación intermedia entre la región productora de drogas de América del Sur

y el mercado de drogas de los Estados Unidos, el Triángulo Norte resulta un atractivo corre-dor de tránsito para el tráfico de drogas, armas, personas y otros bienes ilegales. El gobierno de los Estados Unidos estima que cerca del 90 por ciento de la cocaína que se trafica hacia EE.UU. llega a través de Centroamérica y de México. Las regiones remotas del noreste de Honduras en particular tienen bastante actividad aérea relacio-nada con los narcóticos. En 2016, las autoridades estimaban que el 87 por ciento de los vuelos de contrabando de cocaína que partían de América del Sur aterrizaban en Honduras.94

Los aspectos que permiten el tráfico de drogas — fronteras porosas, autoridades corruptas — tam-bién dan lugar a otros negocios ilícitos. La región está siendo testigo de un aumento del tráfico de personas que se pone en evidencia con el aumento

del 80 por ciento de casos de tráfico de personas en Guatemala entre 2012 y 2015.95 Los niños migrantes se vuelven cada vez más susceptibles ante las redes de contrabando operadas por organizaciones de-lictivas que se aprovechan de las familias que van en busca de reunificación o de mayores oportuni-dades en el plano económico. Los estimados indi-can que cerca del 80 por ciento de los menores no acompañados que llegaron a la frontera suroeste de los Estados Unidos en el año 2014 lo hicieron a través de contrabandistas.96

Desafortunadamente, las luchas por el con-trol de rutas rentables de tráfico ilegal a menudo se mezclan con la violencia de pandillas y con los delitos callejeros, y las investigaciones suelen dejar las redes de contrabando intactas. Esta im-punidad alimenta el peligro y la inestabilidad del Triángulo Norte.

RESPUESTAS: Los países del Triángulo Norte deberían construir sobre la nueva fuerza trinacional

antipandillas y aumentar su capacidad para en-frentar al crimen organizado y al tráfico de drogas. Guatemala, El Salvador y Honduras anunciaron la creación de una unidad conjunta de oficiales de la policía, el ejército, y de los departamentos de in-teligencia, migraciones y aduanas con el fin de re-stringir la capacidad que tienen los miembros de pandillas para escaparle a la justicia en sus propios países. Esa unidad será responsable de monitorear casi 400 millas de fronteras compartidas y lograr la captura de los pandilleros, traficantes de drogas y otros delincuentes.97 Este nuevo esfuerzo amplía el acuerdo de 2015 entre Honduras y Guatemala para desplegar una unidad bilateral para combatir el delito en su frontera. Para ser efectivos, los go-biernos deberían brindar los fondos y la capac-itación necesarios para permitir avances en el in-tercambio de inteligencia y la comunicación y coordinación de operaciones de forma regular.

Miembros de la Fuerza Especial Salerno de Guatemala llevan adelante operaciones de entrenamiento en Jutiapa (Guatemala) en 2015.


Estados Unidos debería trabajar con las autoridades locales para mejorar esfuer-

zos de identificar, monitorear y restringir los corredores ilegales e impedir de forma signifi-cativa el contrabando. EE.UU. debería ofrecer asis-tencia técnica y capacitación para ayudar a la policía y a los fiscales del Triángulo Norte con una identi-ficación, investigación y persecución más efectiva de las estructuras de tráfico ilegal. Al mismo tiempo, Estados Unidos debería mejorar la coordinación y el intercambio de inteligencia entre sus organis-mos estatales y federales y sus pares en el Trián-gulo Norte, ya que la mayor parte de los bienes que se trafican terminan en los Estados Unidos. Por ejemplo, el Tesoro de los Estados Unidos debería ampliar su rol en las investigaciones relacionadas al lavado de dinero que involu-cran a ciudadanos del Triángulo Norte como parte de una estrate-gia que ha servido para develar casos contra supuestas opera-ciones de tráfico de drogas, como por ejemplo los procedimientos actuales en Honduras en relación con los casos Rosenthal y Cachiros.98

Estados Unidos también de-bería comprometerse a com-

partir la información acerca de los activos con que cuentan los residentes del Trián-gulo Norte en el sistema financiero de EE.UU., en forma similar a como estos países tratan a los es-tadounidenses para la aplicación de la ley trib-utaria sobre cuentas en el extranjero (FATCA). Con el fin de facilitar la información compartida por ambas partes, Estados Unidos debería procu-rar establecer acuerdos intergubernamentales con Guatemala y con El Salvador, ya que Honduras es por ahora el único país del Triángulo Norte que ha suscrito un acuerdo relativo a la ley FATCA. Esta-dos Unidos debería aceptar brindar información sobre las transacciones realizadas por los resi-dentes de los tres países con residentes de EE.UU. que podrían estar escondiendo tanto la sobrefac-

turación como la subfacturación. Este tipo de acuerdos significaría que las autoridades tributarias locales dispondrían de datos clave para combatir el abuso de precios de transferencia y mejo-rar la recaudación tributaria, a la vez que podrían desalentar el uso de cuentas bancarias extranjeras como mecanismo para el lavado de dinero.99

• Publicar de forma regular datos sobre se-guridad y delitos para alentar la rendición de cuentas.

• Utilizar múltiples variables, no únicamente los homicidios, para evaluar la calidad del estado de derecho y la presencia del Estado en áreas remotas.

• Medir el éxito de la financiación de parte de los Estados Unidos a través de obje-tivos a cinco y diez años (ejemplo: ob-jetivos de reducción de cifras de deli-tos) que serán establecidas al inicio del desembolso.

• Trabajar con el BID en el seguimiento del gasto de recursos de los países en áreas que complementen el apoyo brindado por EE.UU.


Los Estados Unidos debería establecer acuerdos bilaterales con Guatemala y El Salvador para facilitar el intercambio de información.



SO

UR

CE

: MO

ON

JAZ

Z/F

LIC

KR


o existe panacea para todos estos temas que afectan hoy en día al Trián-gulo Norte. Inevitablemente, toda es-trategia que se base únicamente en la seguridad y no considere el for-

talecimiento de las instituciones y la promoción de un entorno económico alentador resultará insufici-ente. El cambio transformador únicamente podrá surgir de un enfoque holístico que, partiendo de los últimos esfuerzos realizados, reconozca las lim-itaciones de los mismos y se plantee acciones más firmes. Esto será necesario para cambiar radical-mente la dinámica de la región. De lo contrario, esta-remos condenados a un deterioro continuado de la economía local, el estado de derecho, y la seguridad, con repercusiones que se sentirán no solamente en el ámbito local sino también al norte del Río Grande.

El plan de acción que propone este grupo de trabajo ofrece ideas nuevas orientadas a generar cambios positivos sustantivos en estas tres áreas clave. Instituciones judiciales más eficaces, fuerzas policiales mejor equipadas y más responsables, un gasto público eficiente, medidas anti-corrupción más estrictas y una infraestructura mejorada son todas soluciones que se fortalecen mutuamente. El accionar de EE.UU. servirá de incentivo adicio-nal para que los gobiernos regionales también im-plementen reformas de largo alcance.

La naturaleza multisectorial del grupo de tra-bajo le ha permitido proponer recomendaciones que le proveen al Congreso, al gobierno del pres-idente Trump y a los gobiernos de los tres países, una estrategia integral y multifacética. La adopción de estas medidas asegurará la corrección del rumbo en las áreas donde sea necesario, mientras que tam-bién permitirá adelantos sobre esfuerzos ya inicia-dos como la Alianza para la Prosperidad y la asis-tencia dada anteriormente por EE.UU. Esto es lo

que se necesita para evitar que los estados que ya demuestran debilidades no se deterioren en mayor medida y para que los contribuyentes de los Esta-dos Unidos se beneficien de las ganancias que nece-sariamente deberán recibir de las inversiones de re-cursos gubernamentales.

No se le puede restar importancia a la partici-pación de EE.UU. en la región, dado que en el mundo interconectado de hoy en día, la inseguridad que existe en San Pedro Sula (Honduras) tendrá reper-cusiones en Abilene (Texas). Reconocer la natu-raleza de estos temas es lo que ha permitido a los miembros del Congreso estadounidense superar sus diferencias políticas y brindar su apoyo a esos tres países. Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras han demostrado un renovado compromiso para cooperar plenamente con los Estados Unidos. En la actualidad, esa voluntad permite al gobierno y al Congreso tener una oportunidad sin igual para catalizar acciones cruciales y generadoras. Está en los intereses directos de la seguridad y prosperi-dad de los Estados Unidos que se decidan a ello.

Conclusión: Un Triángulo Norte más próspero y un Estados Unidos más seguro

La promoción del desarrollo holístico tendrá beneficios mutuos para el Triángulo Norte y para EE.UU.


CODIRECTORES Y MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJOMaría Eugenia Brizuela de Ávila fue la primera mujer en convertirse en Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, puesto que ocupó desde 1999 hasta 2004 y que dejó para asumir el cargo de Presidente del Banco Salvadoreño, convirtiéndose así en la primera mujer que presidió un banco privado en ese país. Fue también una pionera de la Sustentabilidad Corporativa de HSBC para América Latina entre 2006 y 2015. En la actualidad Brizuela es miembro de los consejos directivos de Davivienda El Salvador, Davivienda Honduras, y el consejo de la Universidad JMDelgado. Brizuela ha tenido una activa participación en instituciones de servicios con orientación social como el Instituto de Seguridad Social de El Salvador, el Fondo de Inversión Social, FUSADES, FEPADE, la Escuela Agrafia Zamorano y la Escuela de Negocios INCAE Business, y también presidió el Capítulo de El Salvador de Vital Voices y FUDEM. Su trabajo en el campo de la caridad incluye su membresía en los consejos de Junior Achievement y PLAN International.Luis Cosenza fue Ministro de la Presidencia del gobierno de Ricardo Maduro, con la responsabilidad de coordinar las actividades diarias del gobierno y trabajar con donantes multilaterales y bilaterales. Dedicó ocho años de trabajo al Banco Interamericano de Desarrollo en la supervisión de proyectos en Costa Rica seguida de la preparación de otros proyectos en la sede central. En el año 1989, se unió al Banco Mundial y comenzó a trabajar en proyectos para

África y América Latina y actuó como consultor para distintos países en cuanto a proyectos eléctricos y de energía hasta 1997. En 2001, fue el gerente de campaña de Ricardo Maduro quien obtuvo la presidencia de Honduras. Cosenza fue director ejecutivo para Centroamérica y Belice en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. También fue miembro del directorio del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y fue miembro invitado del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame. Cosenza comenzó su carrera en la compañía de energía hondureña de propiedad estatal, donde llegó a ser el gerente general.John Negroponte ha ocupado distintos cargos dentro del gobierno de los Estados Unidos, incluido el de Subsecretario de Estado donde actuó como jefe de operaciones del Departamento de Estado. El embajador Negroponte es actualmente el vicepresidente de la firma McLarty Associates. Desde 2009 ha sido distinguido por Brady Johnson como experto en grandes estrategias y disertador principal acerca de asuntos internacionales del Instituto Jackson de la Universidad Yale, su casa de estudios. Ha sido embajador en Honduras, México, Filipinas, la ONU, e Irak. En Washington fue dos veces miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional, primero como director para Vietnam durante el gobierno de Nixon, y después como sub-consejero nacional de seguridad en el gobierno del Presidente Reagan. Ocupó un cargo de gabinete como primer director nacional

de inteligencia bajo el mando del Presidente George W. Bush. El embajador Negroponte es presidente emérito del Consejo de las Américas / Sociedad de las Américas. También ha recibido varias distinciones en reconocimiento de sus más de cuatro décadas de dedicación al servicio público, incluida la Medalla De Distinción al Servicio del Departamento de Estado en dos ocasiones, y en enero de 2009, el Presidente Bush le adjudicó al embajador Negroponte la Medalla de Seguridad Nacional. Eduardo Stein fue el vicepresidente de Guatemala desde 2004 hasta 2008 y fue coordinador de la Comisión Hondureña por la Verdad. Desde 1996 hasta 2000, Stein fue Ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala con una activa participación en el proceso de paz de ese país, y en el fomento del apoyo internacional a la implementación del mismo. Desde que abandonara su actividad en el gobierno, Stein se ha desempeñado como consultor para la Organización Internacional para las Migraciones, y para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También fue presidente de la Fundación de las Américas y líder de distintas misiones de observadores electorales designadas por la OEA. Stein cuenta con una vasta experiencia en la coordinación y promoción de la cooperación internacional entre los gobiernos latinoamericanos, la Comunidad Europea, los gobiernos nórdicos y Centroamérica, lo cual es resultado de su participación de una década en el Comité de Acciones para el Apoyo al Desarrollo Social y Económico


de Centroamérica. Entre las actividades internacionales que desarrolla en el presente, es uno de los doce miembros de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal que depende del Secretario General de la ONU. Stein también es uno de los dos miembros latinoamericanos del Grupo de Crisis Internacional que funciona en Bruselas.

CODIRECTORES HONORARIOSEl Congresista Eliot L. Engel es miembro de alto rango (Ranking Member) del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Antes de convertirse en Ranking Member Engel fue presidente y miembro de alto rango de la subcomisión para el Hemisferio Occidental. También es miembro de la Comisión de Energía y Comercio. En diciembre de 2016, el Presidente Barack Obama firmó la aprobación de dos de sus proyectos de ley relativos a América Latina y el Caribe: la Ley sobre Compromiso estratégico EE.UU.—Caribe (H.R. 4939) y la Ley sobre la Comisión de Políticas de Drogas del Hemisferio Occidental (H.R. 1812, incluida en S. 1635). Durante los doce años anteriores a ser elegido como miembro del Congreso, Engel fue parte de la Asamblea del Estado de Nueva York (1977-1988), y antes se desempeñó como profesor y consejero del sistema de educación pública de la Ciudad de Nueva York. El Congresista David G. Valadao nació y fue criado en Hanford, California. Desde 2012 Valadao ha sido representante del 21vo Distrito del Congreso de California, donde están

incluidos el condado de Kings County y parte de los condados de Fresno, Kern, y Tulare. Más recientemente, en noviembre de 2016, fue elegido por tercera vez para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Valadao está orgulloso de ser parte de la Comisión de Asignación Presupuestaria de la Cámara, responsable por la financiación del gobierno federal y por la designación del gasto que se hace con los dólares que los estadounidenses contribuyen a modo de impuestos. Durante su actuación como congresista, Valadao ha copresidido el Grupo de Enfoque de Centroamérica, que se centra en enfocar la atención de las políticas de EE.UU. en los temas que afectan a la región.

DIRECTOR GENERALJason Marczak es el director de la Iniciativa de Crecimiento Económico para América Latina del Centro Adrienne Arsht para Latinoamérica del Atlantic Council. Marczak se unió al Atlantic Council en octubre de 2013 para el lanzamiento del centro. Cuenta con más de quince años de experiencia en el liderazgo y el análisis de políticas relacionadas con Latinoamérica, y su trabajo incluye participación en tareas con legisladores de alto nivel y líderes del sector privado para la búsqueda de consensos acerca de los principales desafíos de esa región. En el Atlantic Council, además de dirigir el grupo de trabajo de Seguridad y Oportunidades Económicas del Triángulo Norte, Marczak ha liderado trabajos sobre temas que abarcan el comercio, los negocios entre

China y América Latina, las relaciones EE.UU.-Cuba, la transformación energética, y la Alianza del Pacífico. Fue responsable de supervisar, para el Banco Interamericano de Desarrollo, un esfuerzo conjunto de quince países que culminó en diciembre de 2016 con la publicación “América Latina y el Caribe 2030: Escenarios Futuros” de la que fue el principal autor. También es disertante sobre Asuntos Internacionales en la Escuela de Asuntos Exteriores Elliott de la Universidad George Washington. Con anterioridad, Marczak fue director de políticas de la Sociedad de las Américas / Consejo de las Américas, donde co-fundó la revista Americas Quarterly. Ha ocupado distintos cargos en National Endowment for Democracy, en la Secretaría General de la Comunidad Andina, y fue miembro fundador del Centro para la Sociedad Civil de Partners of the Americas. Comenzó su carrera en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

MIEMBROS El Salvador

Diego de Sola es un centroamericano comprometido con los impactos positivos en la región, los cuales realiza a través de sus empresas comerciales sin fines de lucro. Actualmente es gerente general de Inversiones Bolívar SA de CV, una empresa inmobiliaria de 60 años de trayectoria que se especializa en desarrollar proyectos de vivienda de múltiples niveles y proyectos comerciales. Alejandro Poma es director del Grupo Poma, una multinacional con base en El Salvador. Poma


es miembro del directorio de la Fundación Salvadoreña para la Salud y Desarrollo Humano (FUSAL) y de la Escuela de Negocios INCAE, además de ser cofundador del Proyecto País, un programa de prevención de violencia entre jóvenes de El Salvador. Roberto Rubio es director ejecutivo de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE) de El Salvador. También es coordinador del Capítulo de El Salvador de Transparencia Internacional y columnista reconocido de La Prensa Gráfica.

GuatemalaFelipe Bosch Gutiérrez dirige Losa Inversiones y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). También es parte del directorio de la Corporación Multi Inversiones, un conglomerado multinacional que invierte en agricultura, alimentos, inmuebles y la industria energética. Pedro Ixchíu es un experto en leyes indígenas y actuó como consejero de la rama jurídica de la Unidad de Asuntos Indígenas de Guatemala hasta el año 2016. Ha sido participante activo de los diálogos entre el Ministerio Público, CICIG, y la Oficina de Derechos Humanos relacionada con la reforma constitucional de Guatemala. Juan Carlos Paiz es co-fundador y presidente de Pani-Fresh, una panadería industrial que emplea a 450 personas y exporta a 20 países latinoamericanos. También fue el Comisionado Presidencial de Guatemala para el Plan de Competitividad y Prosperidad del Triángulo Norte durante ocho años. Salvador Paiz es vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). Como presidente

de la Fundación Sergio Paiz (Funsepa) se ha dedicado a aplicar la tecnología para mejorar la educación en Guatemala. También preside la empresa PDC, que tiene operaciones que van desde México hasta Colombia.Gert Rosenthal fue Ministro de Planeación de Guatemala desde 1969 hasta 1974 y Ministro de Asuntos Exteriores desde 2006 hasta 2008. Ha representado a su país de forma permanente ante las Naciones Unidas en dos ocasiones (1999-2004 y 2008-2014), y lideró su delegación ante el Consejo de Seguridad entre 2012 y 2013.

HondurasJulieta Castellanos es una socióloga hondureña y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En 2004 fundó el Observatorio de la Violencia, un centro que analiza las estadísticas de delitos en Honduras, que es parte de la UNAH.Carlos Hernández es el presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, una ONG hondureña que trabaja en derechos humanos y transparencia gubernamental en ese país, que funciona a su vez como el capítulo local de Transparencia Internacional. Jacobo Kattan es el presidente del Grupo Kattan, una empresa familiar fundada en 1920 que ha sido pionera en el desarrollo económico, político y social de Honduras. El Grupo Kattan está presente en las industrias de vestimenta, transporte, comunicaciones, inmobiliaria y de la construcción. Hugo Noé Pino es un ex embajador de Honduras en los Estados Unidos, y también fue gobernador del Banco Central y Ministro de

Finanzas. Actualmente es economista senior en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) de Honduras y profesor en UNITEC.

Estados UnidosAnne Murphy es socia senior de políticas internacionales de Cargill. Se unió al equipo de relaciones gubernamentales de Cargill de Washington, D.C. en 2011 para trabajar en las prioridades de Cargill relativas a las políticas federales e internacionales y para ampliar el Comité de Acción Política de Cargill. Eric L. Olson es director asociado del Programa de América Latina y consejero senior del Instituto Mexicano del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos de Washington, D.C. Su trabajo de investigación y sus artículos se centran en aspectos de seguridad y el efecto del delito, el crimen organizado y la violencia en la gobernabilidad democrática. Thomas Pickering trabajó durante más de cuatro décadas como diplomático estadounidense. Su último cargo fue el de subsecretarios de asuntos políticos, el tercer puesto más importante dentro del Departamento de Estado de EE.UU. También fue embajador en El Salvador desde 1983 hasta 1985. Julissa Reynoso es socia de la firma de abogados Chadbourne y Parke, y profesora de la Universidad de Columbia. Fue embajadora de EE.UU. en Uruguay y subsecretaria de la secretaría de estado del Hemisferio Occidental durante la presidencia de Barack Obama. Francisco Santeiro es director general de los servicios de comercio global de la división de América Latina y el Caribe


de Fedex. Ha sido parte de la industria de mensajería internacional desde 1980 y ha ocupado el cargo de presidente de la Conferencia de Compañías de Mensajería Express de América Latina. Jennifer Smith lidera el departamento de asuntos gubernamentales y ciudadanía corporativa de Citi América Latina, donde es la responsable de la coordinación de los esfuerzos relacionados con las relaciones gubernamentales así como de iniciativas de responsabilidad social empresarial para la región. Mauricio Vivero es director fundador de la Fundación Seattle International, una institución privada que trabaja para disminuir la pobreza global a través del otorgamiento de concesiones y de iniciativas especiales. Bajo su liderazgo, la fundación ha adjudicado más de US$16 millones a 184 organizaciones de 60 países.

Más allá del Triángulo NorteLaura Chinchilla Miranda fue presidente de la República de Costa Rica entre 2010 y 2014, y es la primera mujer en presidir ese país. Desde que dejó ese cargo, Chinchilla ha dirigido varias misiones judiciales y electorales para la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Víctor Umaña es el director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de la Escuela de Negocios INCAE, el principal centro de estudios de Centroamérica en temas de desarrollo. Es candidato a Doctorado en economía política internacional de la Universidad ETH de Zúrich.

ObservadoresJuan Ricardo Ortega se desempeña como consejero principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con anterioridad a su incorporación al BID fue director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia donde se dedicó a mejorar la recaudación tributaria y a perseguir el contrabando. También ocupó el puesto de Viceministro de Comercio y el de Secretario de Hacienda de Bogotá. Arturo Sagrera es el presidente las Empresas ADOC dedicadas a la fabricación y venta de calzado en toda Centroamérica. También es vicepresidente del Grupo Hilasal y fundador del Proyecto País. Salvador Samayoa integró la Comisión que negoció el Acuerdo de Paz de enero de 1992. Fue miembro fundador del FMLN, partido en el que militó hasta diciembre de 1994.

Los miembros del grupo de trabajo han respaldado, a modo personal, todos los hallazgos contenidos en el informe.


AGRADECIMIENTOSQueremos agradecer especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Fundación Inter-nacional Seattle por sus generosos aportes a este esfuerzo, sin los cuales no hubiera sido posible el trabajo de este grupo de trabajo. En particular, Mauricio Vivero de la Fundación Internacional Seattle, y Gina Montiel, Juan Ricardo Ortega, Emmanuel Abuelafia, y Beatriz Uribe del BID fueron fundamentales para definir la visión de este grupo de trabajo.

Quisiéramos dar nuestras gracias también a las muchas personas que fueron clave en la creación de este grupo de trabajo y brindaron su apoyo y opiniones lo largo del último año. Además de nuestros financiadores, ellos son los embajadores de El Salvador, Guatemala y Honduras y los muchos funcionarios de diversos departamentos del gobierno de los Estados Unidos y conseje-ros tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de EE.UU. Particularmente agrade-cemos profundamente a Eric Jacobstein, asesor político senior del Representante Elliott Engel, y a Dylan Chandler, asistente legislativo del Representante David Valadao, por su compromiso con nuestro trabajo y por su inquebrantable cooperación para asegurar la participación de nuestros codirectores honorarios.

Le extendemos nuestro agradecimiento a los integrantes del equipo del Centro para América Latina Adrienne Arsht, quienes trabajaron incansablemente para juntar al grupo de trabajo y cuya pasión por la prosperidad del Triángulo Norte se ve reflejada en las páginas de este informe. El asis-tente de programa Juan Felipe Celia fue una pieza fundamental desde el comienzo hasta el final de este proyecto, con su invaluable apoyo en la implementación de la encuesta inicial para concep-tualizar el trabajo del grupo de trabajo y por su trabajo constante al mando de todo el proyecto. También agradecemos al asistente de investigación y coordinador de medios Thomas Corrigan, quien se desempeñó como tal hasta marzo de 2017, y a María Fernanda Pérez Argüello, asistente de dirección hasta diciembre de 2016, quienes contribuyeron con invalorables trabajos de inves-tigación y apoyo logístico. A la directora asociada Katherine Pereira, quien se unió al Centro en abril de 2017 y contribuyó con la culminación del informe. Por otra parte, agradecemos también a Peter Schechter, quien fue director del Centro hasta abril de 2017 y brindó su aporte y experien-cia a la conceptualización del grupo de trabajo y a la encuesta inicial.

Por sus aportes decisivos y su exhaustiva investigación agradecemos a Sarah Maslin. Gracias también a la Escuela de Negocios INCAE, en especial a Beatriz Slooten, y a Juan Carlos Zapata de FUNDESA por su contribución clave de experiencia y datos empíricos para las recomendaciones del informe. También estamos agradecidos con Carlos Denton y su equipo de CID-Gallup por una excelente implementación de nuestra encuesta trinacional.

Por su ayuda editorial certera y su buena disposición agradecemos a la editora externa Beth Adelman y a la editora del Atlantic Council Susan Cavan. Agradecemos también a Blima Ginzo por su excelente traducción de nuestro informe. Extendemos nuestro agradecimiento a Donald Par-tyka por contribuir con un diseño único para este informe del Centro Arsht, y también a Sam Aman y a James Kimer por desarrollar la estrategia digital que sustenta el presente informe.

Y principalmente queremos agradecer a nuestros cuatro codirectores por su pasión, su compro-miso, su experiencia y su liderazgo. Ha sido un verdadero placer contar con Eduardo Stein, John Negroponte, María Eugenia Brizuela y Luis Cosenza como parte de este esfuerzo. El inquebrant-able compromiso de cada uno de ellos para con la región y sus prolíferas ideas fueron una guía para el esfuerzo del grupo de trabajo.


REFERENCIAS1 “Organized Crime and Migration in the Northern

Triangle and Mexico,” Inter-American Dialogue, última actualización Julio 21, 2016, http://www. thedialogue.org/resources/organized-crime-and- migration-in-the-northern-triangle-and-mexico/.

2 “Southwest Border Unaccompanied Alien Children FT 2014,” US Customs and Border Protection, última actualización Noviembre 24, 2015, https://www.cbp. gov/newsroom/stats/southwest-border- unaccompanied-children/fy-2014. Esto representó un salto important de los 38.759 niños y los 14.855 grupos familiares de 2013. Las comparaciones reflejan el Año Fiscal 2014 (Octubre 1, 2013-Septiembre 20, 2014) con el mismo período del Año Fiscal 2013

3 Danielle Renwick, “Central America’s Violent Northern Triangle,” CFR Backgrounder, Consejo de Relaciones Exteriores, Enero 19, 2016, http://www.cfr. org/transnational-crime/central-americas-violent- northern-triangle/p37286.

4 Governments of El Salvador, Guatemala, and Honduras, Plan of the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle: A Road Map, Inter-American Development Bank (2014). http://idbdocs.iadb.org/ wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39224238

5 “Examining the Central America Regional Security Initiative (CARSI),” Wilson Center, última actualización Septiembre 12, 2014, https://www. wilsoncenter.org/publication/examining-the-central- america-regional-security-initiative-carsi.

6 “The United States and Central America: Honoring our Commitments,” The White House, última actualización Enero 14, 2016, https://www. whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/15/ fact-sheet-united-states-and-central-america- honoring-our-commitments.

7 Ibid.

8 Peter Meyer y Clare Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress, Servicio de investigaciones del Congreso https://fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf

9 “In El Salvador, a Highway to Education, Opportunity and Prosperity,” Millennium Challenge Corporation: Latin America,última actualización 2016, https:// www.mcc.gov/where-we-work/region/latin-america.

10 Nick Miroff, “‘Plan Colombia’: How Washington learned to love Latin American intervention again,” Washington Post, Septiembre 18, 2016, https://www. washingtonpost.com/world/the_americas/plan- colombia-how-washington-learned-to-love-latin- american-intervention-again/2016/09/18/ddaeae1c- 3199-4ea3-8d0f-69ee1cbda589_story.html.

11 “Colombia firmó acuerdo con Honduras para apoyo en seguridad naval,” Caracol Radio, Abril 7, 2016. http://caracol.com.co/radio/2016/04/07/politica/ 1460025683_418561.html

12 Mike LaSusa, Honduras Officials Investigated by Anti-Corruption Body, InSight Crime, Agosto 17, 2016, http://www.insightcrime.org/news-briefs/ honduras-anti-corruption-body-eyes-top-officials- in-social-security-scandal.

13 “Honduras sanciona la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”, El Heraldo, Enero 17, 2017, http:// www.elheraldo.hn/pais/1035782-466/honduras- sanciona-la-ley-de-financiamiento-de-partidos- pol%C3%ADticos .

14 Centro de Documentación Legislativa, Ley De Acceso a la Información, Asamblea Legislativa de El Salvador, última actualización Abril 20, 2012, http:// asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/ buscador-de-documentos-legislativos/ley-de- acceso-a-la-informacion.

15 Elizabeth Gonzalez, Update: Central America and the Alliance for Prosperity, American Society / Council of the Americas, última actualización Febrero 25, 2016, http://www.as-coa.org/articles/update- central-america-and-alliance-prosperity.

16 “Joseph Biden ve que Plan Alianza ha logrado avances contundentes,” La Prensa, Septiembre 14, 2016, http://www.laprensa.hn/honduras/ 1002738-410/joseph-biden-ve-que-plan-alianza- ha-logrado-avances-contundentes.

17 Principales Avances y Logros 2015-2016, Gobierno de El Salvador, Guatemala y Honduras, Septiembre 22, 2016, https://issuu.com/presidenciasv/docs/ alianzaprosperidad1516.

18 Tristan Clavel, Homicides Down in El Salvador, But Police-Gang Clashes Continue, InSight Crime, Noviembre 10, 2016, http://www.insightcrime.org/ news-briefs/homicides-down-in-el-salvador-but- police-gang-clashes-continue.

19 “Relator de ONU sobre ejecuciones reconoce reducción de violencia en Honduras,” La Prensa, Mayo 27, 2016, http://www.laprensa.hn/mundo/ 964323-410/relator-de-onu-sobre-ejecuciones- reconoce-reducci%C3%B3n-de-violencia-en-honduras.

20 Governments of El Salvador, Guatemala, and Honduras, The Northern Triangle: Building Trust, Creating Opportunities: Main Progress and Achievements, 2015-2016, Inter-American Development Bank (2016).

21 Clare Ribando Seelke, El Salvador: Background and US Relations, Servicio de Investigaciones del Congreso, https://fas.org/sgp/crs/row/R43616.pdf


22 “Unemployment, total: El Salvador” The World Bank, última actualización 2016, http://data.worldbank.org/ indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2014&locations= SV&start=1991.

23 “Ninis en América Latina,” Grupo Banco Mundial, 2016, http://bit.ly/2qgYn3k.

24 Jason Marczak et al., Latin America and the Caribbean 2030 Future Scenarios, Consejo del Atlántico, Diciembre 2016, http://publications. atlanticcouncil.org/lac2030/wp-content/uploads/ 2016/11/LAC2030-Report-VersionNov30-ForWeb. pdf.

25 Ibid.

26 “What are Public Private Partnerships?,” Grupo del Banco Mundial, última actualización Octubre 3, 2015, http://ppp.worldbank.org/public-private- partnership/overview/what-are-public-private- partnerships.

27 “Logistics in Central America: The Path to Competitiveness,” Grupo del Banco Mundial, Junio 2012, http://documents.worldbank.org/curated/en/ 572541468012033363/pdf/ 750980WP0Logis00Box374299B00PUBLIC0.pdf.

28 Ibid.

29 “Latin American Partners Closes Central American Mezzanine Infrastructure Fund,” LAVXA Venture Investors, Septiembre 9, 2016, https://lavca.org/ 2016/09/09/lap-latin-american-partners-closes- central-american-mezzanine-infrastructure-fund/.

30 Amy Bell y Andres Schipani, “Colombia Priorities Infrastructure Plans,” Financial Times, Septiembre 27, 2015, https://www.ft.com/content/39e07b96-4b3d- 11e5-b558-8a9722977189.

31 “About the Doing Business Project,” Grupo del Banco Mundial, 2017, http://www.doingbusiness.org/ about-us.

32 Trucking Services in Belize, Central America, and the Dominican Republic: Performance Analysis and Policy Recommendations, IDB: Department of Infrastructure and Environment, (Washington D.C., IDB, March 2013), http://www19.iadb.org/intal/ intalcdi/PE/2013/11626.pdf.

33 “Guatemala and Honduras Make Customs Union Official,” Inter-American Development Bank, December 2015, http://www19.iadb.org/intal/ conexionintal/2015/12/21/guatemala-y-honduras- oficializan-la-union-aduanera/?lang=en.

34 Beatriz Slooten y Octavio Martínez, Recomendaciones para el Entorno Empresarial Nicaragua, INCAE Business School, (2016).

35 IDB, Trucking Services in Belize, Central America, and the Dominican Republic.

36 “Acortemos la Distancia al Desarrollo,” FUNDESA, Noviembre 22, 2016, https://issuu.com/ fundesaguatemala/docs/kit_enade_para_issuu.

37 Ibid.

38 Agriculture and Rural Development,” Grupo del Banco Mundial, última actualización, 2016, http:// data.worldbank.org/topic/agriculture-and-rural- development?end=2013&locations=GT-SV-HN&start= 2004.

39 “Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General,” Naciones Unidas, última actualización Enero 16, 2016, https:// www.un.org/press/en/2017/db170116.doc.htm.

40 Marco Tulio Galvez, Drip Irrigation in Honduras: Findings & Recommendations; Scaling up Agricultural Technologies from USAID’s Feed the Future, USAID, Mayo 7, 2015, http://pdf.usaid.gov/ pdf_docs/PA00KFQH.pdf.

41 David E.A. Giles, The Underground Economy: Minimizing the Size of Government, University of Victoria, Marzo, 1998, https://www.fraserinstitute. org/sites/default/files/ HowtoUseFiscalSurplusUndergroundEconomy.pdf.

42 The Bipartisan Commission, Report of the National Bipartisan Commission on Central America, Enero 1984.

43 “Gross enrollment ratio, primary, both sexes,” Banco Mundial, última actualización 2014, http://data. worldbank.org/topic/education?locations=GT-SV- HN.

44 Ibid.

45 Clare Ribando Seelke, Gangs in Central America, Servicio de Investigaciones del Congreso, 2016, https://fas.org/sgp/crs/row/RL34112.pdf.

46 Victoria Rietig y Rodrigo Dominguez Villegas, Stopping the Revolving Door: Reception and Reintegration Services for Central American Deportees, Migration Policy Institute, Diciembre, 2015, http://www.migrationpolicy.org/sites/default/ files/publications/RMSG-Reintegration-FINALWEB. pdf.

47 “Centro de Atención al Migrante: por un retorno digno y seguro,” Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Abril 22, 2016, https://blogs. usembassy.gov/sansalvador/centro-de-atencion-al- migrante/#.WMr4AW8rKUk.

48 Peter J Meyer et al., Unaccompanied Children from Central America: Foreign Policy Considerations, Servicio de investigaciones del Congreso, Abril 11, 2016, https://fas.org/sgp/crs/homesec/R43702.pdf.

49 Elisabeth Malkin, “At Salvadoran Factory, Helping Troubled Youth Makes Business Sense,” New York Times, Septiembre 21, 2015, http://www.nytimes. com/2015/09/22/world/americas/at-salvadoran- factory-helping-troubled-youth-makes-business- sense.html; Jason Marczak, Central America: A Job Instead of a Gun, Americas Society / Consejo de las Américas, Diciembre 13, 2012, http://www.as-coa. org/articles/central-america-job-instead-gun; “League Central America: Making a Difference in El Salvador,” League Collegiate Outfitters, Junio 23,


2016, http://www.league91.com/league-central- america-making-difference-el-salvador/.

50 Gene I. Maeroff, “New Scholarships Aim to Improve U.S. Standing in Central America,” New York Times, Enero 12, 1986, http://www.nytimes.com/1986/01/12/ us/new-scholarships-aim-to-improve-us-standing-in- central-america.html.

51 Klaus Schwab and Xavier Sala-i-Martin, The Global Competitiveness Report 2016-2017, Foro Económico Mundial, 2016, http://reports.weforum.org/global- competitiveness-index/.

52 Suchit Chavez and Jessica Avalos, The Northern Triangle: The Countries That Don’t Cry for Their Dead, InSight Crime, Last updated April 23, 2014, http://www.insightcrime.org/news-analysis/the-northern-triangle-the-countries-that-dont-cry-for-their-dead.

53 “Honduras: The deadliest place to defend the planet,” Global Witness, Enero 31, 2017, https://www. globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental- activists/honduras-deadliest-country-world- environmental-activism/.

54 Tristan Clavel, “Datos de Prisiones Respaldan Reforma a Detención Preventiva en Honduras” InSight Crime (2016), http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/nuevos-datos-sobre-prisiones- respaldan-reforma-a-la-detencion-preventiva-en- honduras; “Prisión Preventiva, una Iniciativa para Reducir el Hacinamiento,” El Mundo (2015), http:// elmundo.sv/prision-preventiva-una-iniciativa-para- reducir-el-hacinamiento; Marco Antonio Canteo, “Situación de la prisión preventiva en Guatemala” (PowerPoint presentado en la OEA, 2015).

55 “Ninth Report to Congress Pursuant to The International Anticorruption and Good Governance Act,” Departamento de Estado de EE.UU., 2014-2015, https://www.state.gov/j/inl/rls/rpt/264335.htm.

56 “Guatemala: Events of 2016,” Human Rights Watch (2016), https://www.hrw.org/world-report/2017/ country-chapters/guatemala.

57 Senator Patrick Leahy, Leahy, On Justice In Honduras, And The U.S. Contribution To The Support Mission Against Corruption And Impunity In Honduras, Junio 2, 2016, https://www.leahy.senate.gov/press/ leahy-on-justice-in-honduras_and-the-us- contribution-to-the-support-mission--against- corruption-and-impunity-in-honduras-maccih.

58 Héctor Silva Ávalos, El Salvador Announces New Anti-Impunity Unit, InSight Crime, Septiembre 15, 2016, http://www.insightcrime.org/news-analysis/ el-salvador-announces-new-anti-impunity-unit.

59 Mike LaSusa, Northern Triangle Policing Pact Limits Focus to Gangs, InSight Crime (2016), http://www. insightcrime.org/news-briefs/northern-triangle- policing-pact-limits-focus-to-gangs.

60 David Gagne, Northern Triangle Deploys Tri-National Force to Combat Gangs, InSight Crime (2016), http://www.insightcrime.org/news-briefs/northern- triangle-deploys-tri-national-force-to-combat-gangs.

61 “Fitch: Money laundering Risk Challenges Central American Banks,” Reuters, Last updated May 18, 2016, http://www.reuters.com/article/idUSFit958943.

62 Aaron Korthuis, The Central America Regional Security Initiative in Honduras, Centro Woodrow Wilson, 2014, http://wilsoncenter.org/sites/default/ files/CARSI%20in%20Honduras.pdf.

63 Reuters, Fitch: Money Laundering.

64 Violeta Molina, “El Salvador: Anti-money Laundering Law,” International Financial Law Review, Octubre 20, 2016, http://www.iflr.com/Article/3594860/El- Salvador-Anti-money-laundering-law.html.

65 Kevin Casas-Zamora, Central America’s Triangle of Despair, The Inter-American Dialogue, Enero 27, 2016, http://www.thedialogue.org/resources/ central-americas-triangle-of-despair/.

66 Alicia Bárcena et al., Panorama Fiscal de America Latina y el Caribe 2013, Naciones Unidas, Comisión Económmica para América Latina, 2016, http://www. justiciafiscal.org/wp-content/uploads/2016/03/ S1600111_es.pdf.

67 Amy Angel, Aportaciones Obligatorias para Fondos de Fomento Productivo (check-off): ¿Una Alternativa Viable para Financiar el Desarrollo Sectorial?, Fusades, Departamento de Estudios Económicos y Sociales, Julio, 2011, http://fusades. org/sites/default/files/investigaciones/analisis_ economico_10_aportaciones_obligatorias_para_ fondos_de_fomento_productivo_check-off__una_ alternativa_viable_para_financiar_el_desarrollo_ sectorial_.pdf.off__una_alternativa_viable_ para_financiar_el_desarrollo_sectorial_.pdf

68 Seelke, Gangs in Central America.

69 Steven Dudley, How Drug Trafficking Operates, Corrupts in Central America, InSight Crime, Julio 6, 2016, http://www.insightcrime.org/news-analysis/ how-drug-trafficking-operates-corrupts-in-central- america.

70 “The gangs that cost 18% of GDP,” The Economist, Mayo 21, 2016, http://www.economist.com/news/ americas/21699175-countrys-gangs-specialise- extortion-they-may-be-branching-out-gangs-cost.

71 Ibid.


73 Jaime López, Deserción Escolar por Violencia se ha Triplicado en Últimos Dos Años, ElSalvador.com, última actualización Julio 19, 2016, http://www. elsalvador.com/articulo/sucesos/desercion-escolar- por-violencia-triplicado-ultimos-dos-anos-119540.

74 “Lethal Violence Against Women and Girls,” in Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, Declaración de Ginebra, Mayo 8, 2015, 87-120, http:// www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/ GBAV3_Ch3_pp87-120.pdf.

75 Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011-2012, Instituto Nacional de Estadística, Mayo, 2013, http:// dhsprogram.com/pubs/pdf/FR274/FR274.pdf.

76 Easy Prey: Criminal Violence and Central American Migration, International Crisis Group, Julio 28, 2016, https://www.crisisgroup.org/latin-americacaribbean/central-america/easy-prey-criminal- violence-and-central-american-migration.

77 Elisabeth Malkin y Alberto Arce, “Files Suggest Honduran Police Leaders Ordered Killing of Antidrug Officials,” New York Times, Abril 15, 2016, http://www.nytimes.com/2016/04/16/world/ americas/files-suggest-honduras-police-leaders- ordered-killing-of-antidrug-officials.html?_r=0.

78 Ibid.

79 “International Law Enforcement Academy in El Salvador,” Departamento de Estado de EE.UU., https://2001-2009.state.gov/p/inl/crime/ilea/c11286. htm.

80 Wilson Center, CARSI.

81 “Denuncia Policías Honduras,” Asociación para una Sociedad más Justa, última actualización Agosto 3, 2016, http://asjhonduras.com/webhn/tag/denuncia- policias-honduras/

82 “Honduras: Más de Dos Mil Policías Fueron Depurados Durante el 2016,” El Heraldo, última actualización Diciembre 27, 2016, http://www. elheraldo.hn/pais/1029953-466/honduras-más-de- dos-mil-polic%C3%ADas-fueron-depurados-durante- el-2016.

83 Richard Carbajal, “Tres Mil Mujeres se Suman a las Filas de la Policía Nacional,” Tiempo, Noviembre 11, 2016, http://tiempo.hn/incrementa-mujeres-policia- nacional/; Mariela Castañón, Solo el 14 Por Ciento de Agentes de la PNC son Mujeres, La Hora, Febrero 28, 2015, http://lahora.gt/solo-el-14-por-ciento-de- agentes-de-la-pnc-son-mujeres/; “Las Mujeres Policías de Centroamérica, México y El Caribe se reúnen en El Salvador,” RT, última actualización Mayo 22, 2011, https://actualidad.rt.com/actualidad/ view/27488-Las-Mujeres-Polic%C3%ADas-de- Centroam%C3%A9rica%2C-M%C3%A9xico-y-El- Caribe-se-re%C3%BAnen-en-El-Salvador.

84 Christina Asquith, US Spending Millions to Train Women Police Officers Worldwide. What About at Home?, Public Radio International (PRI), Agosto 15, 2016, https://www.pri.org/stories/2016-08-15/us- spending-millions-train-women-police-officers-worldwide-what-about-home#.

85 Michael Lohmuller, El Salvador Moves to Clamp Down on Prisons, Gangs, InSight Crime, Abril 1, 2016, http:// www.insightcrime.org/news-briefs/el-salvador-moves- to-clamp-down-on-prisons-gangs.

86 INL Guide to Corrections Assistance, Departamento de Estado de EE.UU., Oficina de Asuntos Internacionales de temas narcóticos y policiales, Octubre, 2014, https://www.state.gov/documents/ organization/234722.pdf.

87 “Embassy Assistance Enables Twelve More Mexican Jails to Achieve International Accreditation,” Embajada de EE.UU. en México, Agosto 8, 2016, https://mx.usembassy.gov/embassy-assistance- enables-twelve-mexican-jails-achieve-international- accreditation/.

88 “Honduras tendrá cuatro prisiones como El Pozo en los próximos dos años,” La Prensa, March 16, 2017, http://www.laprensa.hn/honduras/1053404-410/ honduras-tendr%C3%A1-cuatro-prisiones-como-el- pozo-en-los-pr%C3%B3ximos-dos-a%C3%B1os.

90 David Gagne, Guatemala Prison Programs Rehabilitate 70% of Minors: Report, InSight Crime, Julio 18, 2016, http://www.insightcrime.org/news- briefs/guatemala-prison-programs-rehabilitate- 70-of-minors-report.



93 Santiago Ramirez, Violence and Crime in Nicaragua: A Country Profile, BID (Junio 2013), https:// publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5770/ IDB-DP-306_Violence_and_Crime_in_Nicaragua. pdf?sequence=1.

94 “International Narcotics Control Strategy Report,” Departamento de Estado de EE.UU., Marzo 2017, https://www.state.gov/documents/organization/ 268025.pdf.

95 “Honduras,” InSight Crime, última actualización Diciembre 6, 2016, http://www.insightcrime.org/ honduras-organized-crime-news/honduras.

96 Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean, Oficina de ONU para las drogas y el delito, https://www.unodc.org/documents/data- and-analysis/glotip/Glotip16_Country_profile_ Central_AmericaCaribbean.pdf.

97 The White House, The United States and Central America: Honoring our Commitments.

98 David Gagne, Northern Triangle Deploys Tri-National Force to Combat Gangs, InSight Crime, Noviembre 15, 2016, http://www.insightcrime.org/news-briefs/ northern-triangle-deploys-tri-national-force-to- combat-gangs.

99 “Treasury Sanctions Rosenthal Money Laundering Organization,” Departamento del Tesoro de EE.UU., última actualización Octubre 7, 2015, https://www. treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/ jl0200.aspx.

100 “Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),” Departamento del Tesoro de EE.UU., última actualización Febrero 15, 2017, https://www.treasury. gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/ FATCA.aspx.


ATLANTIC COUNCIL BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN*Jon M. Huntsman, Jr.

CHAIRMAN EMERITUS, INTERNATIONAL ADVISORY BOARDBrent Scowcroft

PRESIDENT AND CEO*Frederick Kempe

EXECUTIVE VICE CHAIRS*Adrienne Arsht

*Stephen J. Hadley

VICE CHAIRS*Robert J. Abernethy

*Richard W. Edelman

*C. Boyden Gray

*George Lund

*Virginia A. Mulberger

*W. DeVier Pierson

*John J. Studzinski

TREASURER*Brian C. McK. Henderson

SECRETARY*Walter B. Slocombe

DIRECTORSStéphane Abrial

Odeh Aburdene

*Peter Ackerman

Timothy D. Adams

Bertrand-Marc Allen

John R. Allen

*Michael Andersson

Michael S. Ansari

Richard L. Armitage

David D. Aufhauser

Elizabeth F. Bagley

*Rafic A. Bizri

Dennis C. Blair

*Thomas L. Blair

Philip M. Breedlove

Reuben E. Brigety II

Myron Brilliant

*Esther Brimmer

R. Nicholas Burns

*Richard R. Burt

Michael Calvey

James E. Cartwright

John E. Chapoton

Ahmed Charai

Sandra Charles

Melanie Chen

George Chopivsky

Wesley K. Clark

David W. Craig

*Ralph D. Crosby, Jr.

Nelson W. Cunningham

Ivo H. Daalder

Ankit N. Desai

*Paula J. Dobriansky

Christopher J. Dodd

Conrado Dornier

Thomas J. Egan, Jr.

*Stuart E. Eizenstat

Thomas R. Eldridge

Julie Finley

Lawrence P. Fisher, II

*Alan H. Fleischmann

*Ronald M. Freeman

Laurie S. Fulton Courtney Geduldig

*Robert S. Gelbard Thomas H. Glocer

Sherri W. Goodman

Mikael Hagström

Ian Hague

Amir A. Handjani

John D. Harris, II

Frank Haun

Michael V. Hayden

Annette Heuser

Ed Holland

*Karl V. Hopkins

Robert D. Hormats

Miroslav Hornak

*Mary L. Howell

Wolfgang F. Ischinger

Reuben Jeffery, III

Joia M. Johnson

*James L. Jones, Jr.

Lawrence S. Kanarek

Stephen R. Kappes

*Maria Pica Karp

*Zalmay M. Khalilzad

Robert M. Kimmitt

Henry A. Kissinger

Franklin D. Kramer

Richard L. Lawson

*Jan M. Lodal

*Jane Holl Lute

William J. Lynn

Izzat Majeed

Wendy W. Makins

Zaza Mamulaishvili

Mian M. Mansha

Gerardo Mato

William E. Mayer

T. Allan McArtor

John M. McHugh

Eric D.K. Melby

Franklin C. Miller

James N. Miller

Judith A. Miller

*Alexander V. Mirtchev

Susan Molinari

Michael J. Morell

Richard Morningstar

Georgette Mosbacher

Thomas R. Nides

Franco Nuschese

Joseph S. Nye

Hilda Ochoa-Brillembourg

Sean C. O’Keefe

Ahmet M. Oren

Sally A. Painter

*Ana I. Palacio

Carlos Pascual

Alan Pellegrini

David H. Petraeus

Thomas R. Pickering

Daniel B. Poneman

Daniel M. Price

Arnold L. Punaro

Robert Rangel

Thomas J. Ridge

Charles O. Rossotti

Robert O. Rowland

Harry Sachinis

Brent Scowcroft

Rajiv Shah

Stephen Shapiro

Kris Singh

James G. Stavridis

Richard J.A. Steele

Paula Stern

Robert J. Stevens

Robert L. Stout, Jr.

John S. Tanner

*Ellen O. Tauscher

Nathan D. Tibbits

Frances M. Townsend

Clyde C. Tuggle

Paul Twomey

Melanne Verveer

Enzo Viscusi

Charles F. Wald

Michael F. Walsh

Maciej Witucki

Neal S. Wolin

Mary C. Yates

Dov S. Zakheim

HONORARY DIRECTORSDavid C. Acheson

Madeleine K. Albright

James A. Baker, III

Harold Brown

Frank C. Carlucci, III

Robert M. Gates

Michael G. Mullen

Leon E. Panetta

William J. Perry

Colin L. Powell

Condoleezza Rice

Edward L. Rowny

George P. Shultz

Horst Teltschik

John W. Warner

William H. Webster

*Executive Committee Members

List as of March 28, 2017

The Atlantic Council is a nonpartisan organization that promotes constructive US leadership and engagement in international affairs based on the central role of the Atlantic community in meeting today’s global challenges.

1030 15th Street, NW, 12th Floor, Washington, DC 20005

(202) 778-4952, www.AtlanticCouncil.org

MIEMBROS El Salvador

María Eugenia Brizuela de Ávila Ex Ministra de Relaciones Exteriores

Diego de Sola Inversiones Bolívar SA

Alejandro Poma Grupo Poma

Roberto Rubio Fundación Nacional para el Desarrollo

Guatemala

Felipe Bosch Gutiérrez Losa Inversiones

Pedro Ixchíu Unidad de Asuntos Indígenas

Juan Carlos Paiz Pani-Fresh

Salvador Paiz Fundación para el Desarrollo de Guatemala

Gert Rosenthal Ex Embajador ante las Naciones Unidas

Eduardo SteinEx Vicepresidente de Guatemala

Honduras

Julieta Castellanos Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Luis CosenzaEx Ministro de la Presidencia

Carlos Hernández Asociación Para una Sociedad Más Justa

Jacobo Kattan Grupo Kattan

Hugo Noé Pino Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

Estados Unidos

Jason MarczakAtlantic Council

Anne Murphy Cargill

John NegroponteMcLarty Associates

Eric L. Olson Woodrow Wilson International Center for Scholars

Thomas Pickering Hills & Company

Julissa Reynoso Chadbourne and Parke

Francisco Santeiro Fedex Express

Jennifer Smith Citi Latinoamérica

Mauricio Vivero Seattle International Foundation

Más allá del Triángulo Norte

Laura Chinchilla Miranda Ex Presidente de la República de Costa Rica

Victor Umaña INCAE Business School

informe independiente de grupo de trabajo ......informe independiente de grupo de trabajo el centro...

Documents