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Informe Diagnóstico Evaluación de Impacto

Programa presupuestario: 01070401 Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública

Gobierno Municipal de Municipal de Ecatepec de Morelos Estado de México Dirección de Ciudadana y Vial

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ÍNDICE

Página

Presentación 2

Objetivo 3

Antecedentes

Federalismo hacendario mexicano

4

1. Marco Contextual y de Referencia Legal.

1.1 La Gestión para Resultados.

5

5

1.2 La Planeación y la Rectoría Económica del Estado. 8

1.3 Ordenamientos que Regulan la Administración Financiera del Estado.

8

1.4 El sistema de evaluación y control. 11

1.5 Sistema de Evaluación del Desempeño. 13

2. Evaluación de Impacto.

2.1 Medición, la evaluación y el control.

14

14

2.2 Evaluación de Impacto del Programa presupuestario Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública.

16

Contexto territorial, poblacional y económico. 16

Percepción ciudadana de la Seguridad Pública e Incidencia Delictiva.

19

Conclusiones. 21




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PRESENTACIÓN.

El desarrollo de los servicios en el espacio territorial de un municipio está directamente

vinculado a la capacidad de innovación, previsión y gestión de los procesos de

gobierno, principalmente a la respuesta de una sociedad heterogénea y diversificada

con respecto a las principales actividades que caracterizan su desarrollo y economía,

es decir su multiplicidad de operación y presencia de sus habitantes y visitantes en

una geografía territorial.

Es por su ubicación geopolítica en el centro de país, que ha representado un motor

fundamental para la vida nacional, generador de economía, al tiempo de gestar los

principales movimientos poblacionales migratorios desde la década de los 40 del siglo

XX a la actualidad en el Valle de México, conformando la más grande megalópolis del

país.

Como consecuencia del significativo crecimiento demográfico experimentado en las

últimas décadas, el municipio de Ecatepec de Morelos ha consolidado una zona

metropolitana conurbada la más compleja que experimenta, conocida como Valle de

México, y una periferia metropolitana interconectada que albergan una importante

planta industrial y que cuenta con infraestructura básica por ser una zona tendencial

de crecimiento anárquico y expresiones de desarrollo dispersos.

Desde esta perspectiva, la parte conceptual y metodológica es complementada con

evaluación práctica, que permite identificar las situaciones de mayor complejidad que

se enfrentan en el diseño y utilización de los indicadores, con especial énfasis en el

contexto a nivel comunitario de aquellas zonas con mayor índice de marginación y

rezago social, particularmente en el estudio se identifica población en pobreza

extrema, con focos rojos con respecto a la inseguridad.




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OBJETIVO.

Desarrollar Evaluación de Impacto del Programa presupuestario Coordinación

Intergubernamental para la Seguridad Pública, que brinde acceso a la

conceptualización y metodología en su diseño de indicadores de desempeño en el

ámbito municipal, así como entregar elementos que permitan conocer las principales

potencialidades, dificultades y límites del diseño e implementación de los indicadores,

elementos que miden el impacto social.

Conceptualmente la evaluación, se inserta en el marco teórico del análisis de las

políticas públicas, en la medida que ésta persigue producir información que tenga

alguna relevancia con la toma de decisiones política-administrativas, información útil

que permita resolver problemas concretos.

En términos de su operatividad y para contextualizar y delimitar el foco de evaluación

de interés de este plan de evaluación, clasificamos la misma, según el objeto de la

misma y a su vez nos permite pronunciar sobre diversos ámbitos de las intervenciones

gubernamentales:

Evaluación de políticas públicas.

Evaluación de programas públicos1

Evaluación de gestión y resultados de las entidades públicas, y

Evaluación del desempeño individual.

1 Se entenderá por evaluación de políticas públicas, aquella dirigida a pronunciarse sobre los resultados en el cumplimiento de objetivos generales de "política", así como la resolución de un determinado problema en un área o sector de la política (social, salud, vivienda y seguridad). Este tipo de evaluación requiere integrar metodologías de tipo cuantitativo y cualitativo y el uso de la información tiene una mayor relevancia para decisiones de políticas públicas. Por evaluación de programas públicos se entenderá aquella dirigida a evaluar los impactos o resultados de una intervención pública directa sobre una realidad social. El uso de su información también involucra decisiones políticas amplias, pero se focaliza más hacia decisiones que tienen que ver con mejorar el funcionamiento del programa y el impacto hacia la población específica que sirve.




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ANTECEDENTES.

Federalismo hacendario mexicano.

El gobierno federal en el último lustro del siglo XX, generó una política progresiva e

irreversible en materia de federalismo, con el fin de erradicar las deficiencias

estructurales de carácter centralista, la cual fortaleció la descentralización de las

funciones públicas en los ámbitos administrativo y presupuestario y -simultáneamente-

permitió avanzar a un proceso de consolidación de la vida democrática nacional.

En el plano económico, un federalismo fuerte, permite promover un desarrollo regional

más equilibrado. Por ello se convierte en un instrumento de primer orden para combatir

de manera integral el problema de la pobreza que aqueja a los amplios segmentos de

la población.

El nuevo federalismo implica que todos los procesos de descentralización se habrán

de llevar a cabo, tomando en cuenta los puntos de vista de la sociedad y del gobierno

de cada entidad federativa. Así se expresa el nuevo federalismo, con la firma de

convenios de descentralización en rubros estratégicos para el desarrollo de cada

entidad. Bajo esta premisa, los tres órdenes de gobierno, establecieron una mejor

relación con base en la transferencia de facultades ejecutivas, responsabilidades y

recursos, que permita contribuir a elevar la eficiencia del gasto público en atención a

los grupos sociales desfavorecidos y mejorar la participación social.

En el marco normativo, la administración pública, es la estructura que regula las

actividades del Estado y que va ligada a un conjunto de mecanismos legales que da

forma al presupuesto, la estabilidad macroeconómica y cumple con el Plan Nacional

de Desarrollo, planes y programas regionales del Presupuesto de Egresos, así como

la política monetaria y fiscal, a través de la Ley de Ingresos, por citar algunos

elementos. Como consecuencia, la reforma administrativa es el elemento que permite

la eficiencia del aparato público, con un enfoque sistemático.




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1. Marco Contextual y de Referencia Legal.

1.1 La Gestión para Resultados.

Oficialmente y derivado de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, particularmente al Artículo 134 constitucional, que establece las

bases de la política financiera para el desarrollo nacional. Implica que la producción de

información local es fundamental para clasificar a los territorios por su grado de

funcionamiento y progreso con respecto a las metas.

Las reformas estructurales tienen el propósito de dinamizar y fortalecer el quehacer

gubernamental mexicano en sus tres ámbitos de competencia. Particularmente en

materia de administración de los recursos públicos. En materia de federalismo fiscal,

se dota a las entidades federativas y municipios de instrumentos e incentivos para

establecer una relación de corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno, al mismo

tiempo, simplificar y mejorar los criterios de las transferencias, tanto para las

participaciones como para las aportaciones federales, bajo la premisa fundamental de

que ninguna entidad federativa perdiera recursos en ninguno de los fondos de

participaciones y aportaciones.

En esencia los tres órdenes de gobierno evalúan los resultados que se obtengan con

los recursos públicos, y administrarlos bajo los principios de eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que estén

destinados. Es éste uno de los pilares estratégicos de esta Reforma, ya que tiene que

ver con la adecuación y reorientación del marco presupuestario para promover la

productividad y austeridad. De este modo, en materia de gasto público, se plantea

establecer una estructura institucional que asegure un gasto orientado a resultados

verificables y tangibles, que sea más eficiente y transparente en los tres órdenes de

gobierno. La Reforma plantea ¿hasta dónde se ha logrado avanzar en la consolidación

de la sustentabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo? Asimismo, ¿cómo

ha contribuido a elevar la confianza en las finanzas públicas y en la economía

mexicana?




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Derivado de las reformas, se emprendió la estrategia operativa para generar una

cultura en la administración pública y utilizar los instrumentos que amparan el

Presupuesto basado en Resultados por sus siglas ya comunes PbR, como un conjunto

de elementos de planeación, programación, presupuestación y evaluación mediante

los cuales se programan las actividades vinculadas a la asignación del presupuesto,

al tiempo de que soportadas por herramientas que permiten que las decisiones

incidentes en el proceso presupuestario, incorporen sistemáticamente las

consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los

recursos públicos, y que motiven a las estructuras de la administración pública a

lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas,

en los términos que señalan las leyes reglamentarias en materia de gasto público.

El instrumento de PbR apoya la asignación objetiva de los recursos públicos para

fortalecer las políticas, programas y proyectos para el desempeño gubernamental, en

función de los respectivos planes de desarrollo, a fin de que aporten mejoras

sustantivas a las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, busca maximizar los

recursos para un mayor volumen y calidad de los bienes y servicios públicos.

En un segundo grado de profundidad de la gestión del sector público, el instrumento

del PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un

proceso continuo sobre la lógica metodológica de programación, estableciendo

objetivos, metas e indicadores medibles, a efecto de hacer más eficiente la asignación

de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en

que las dependencias de la administración pública ejercen los recursos públicos.

La exposición de motivos con respecto a este instrumento adoptado del PbR, identifica

un múltiple efecto integral de tres fases de impacto que se ha buscado en la vinculación

de competencias en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática:

a) Coordinación. Establecer mecanismos de coordinación entre el presupuesto

con el Plan de Desarrollo y de coordinación y difusión con las estructuras de las

administración pública, en la ejecución de acciones que permitan entregar los




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resultados que la población espera, es decir llevar a cabo acciones que

identifiquen el valor público que se otorga.

b) Evaluación. En esta segunda fase, vincular el proceso virtuoso e integral de la

planeación, programación, presupuestación, seguimiento y ejercicio de los

recursos con la evaluación de las políticas públicas, de los programas

presupuestarios y programas del desempeño institucional; con el objetivo de

impulsar el logro de los resultados y la aplicación del gasto público.

c) Modernización y Mejoramiento de Mediano Plazo. Tercera y última fase que

tiene como objetivo alinear las estrategias del Plan de Desarrollo con el

mejoramiento de la gestión de las dependencias de la administración pública,

lo que permitirá a través del proceso de la evaluación, el estudio, definición e

implantación de políticas y medidas que apoyen mejoras de eficiencia y eficacia

en la aplicación de los recursos.

Correlación de procesos de ejecución estratégica para la integración del Presupuesto de Egresos en el sector público

Fuente: Elaboración de la Consultoría Externa. Políticas de integración presupuestal con enfoque a resultados utilizando la teoría de sistemas.




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1.2 La Planeación y la Rectoría Económica del Estado.

El derecho presupuestario se define como el conjunto de normas jurídicas

pertenecientes al derecho público en general, y al derecho financiero en particular, que

tiene por objeto regular todos los aspectos relacionados con la creación de sistemas y

procedimientos de elaboración, ejecución y control de los ingresos obtenidos y de los

gastos realizados por las diferentes dependencias y entidades del Estado

encaminados a la satisfacción de las necesidades públicas. En consecuencia, el

derecho presupuestario comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan la

percepción de los ingresos públicos y las leyes que se ocupan de regular el gasto

efectuado por el amplio sector público.

En el sistema político mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, destaca en su Artículo 26. Apartado A. El Estado organizará un sistema

de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Al igual

vinculado con el Artículo 25 de la misma Carta, estipula “El Estado planeará, conducirá,

coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación

y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades

que otorga esta Constitución”.

1.3 Ordenamientos que Regulan la Administración Financiera del Estado.

Con una visión integradora los preceptos constitucionales del Artículo 134 en materia

de gasto público y fiscalización, al respecto están previstos los siguientes recursos

legales y normativos para garantizar su cumplimiento:

En materia de Contabilidad Gubernamental para la presentación

homogénea de información financiera de ingresos y egresos, así como

patrimonial para la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito

Federal, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.




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Realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los

objetivos contenidos en los programas federales.

Los Estados contarán con entidades de fiscalización con autonomía

técnica y de gestión.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamenta los Artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación,

aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos

federales.

Los sujetos obligados2 a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que

la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por

parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización

Superior de la Federación.

Ley de Coordinación Fiscal.

Tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los Estados,

Municipios y Distrito Federal, la cual establece:

2 Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídico colectiva sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, que deba cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ley; y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios.




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La participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales;

distribuir entre ellos dichas participaciones; Fijar reglas de colaboración administrativa

entre las diversas autoridades fiscales; Constituir los organismos en materia de

coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) celebrará convenio con las

Entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que

establece esta Ley. Dichas Entidades participarán en el total de los impuestos

federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la distribución de los

fondos que en la misma se establecen.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Esta disposición contribuye al andamiaje legal que permite mayor orden y certeza en

el ejercicio de los recursos públicos. La información financiera se presenta de forma

clara, sencilla y accesible, no solo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a

la sociedad en general. Contribuye para fortalecer la rendición de cuentas. Tiene por

objeto fortalecer el ciclo de la hacienda pública en todas sus etapas, a partir de la

planeación y hasta la rendición de cuentas, a través de la información que genere el

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, con

ello contribuye a cumplir los principios de eficiencia, eficacia, economía honradez y

transparencia. Esta Ley, tiene por objeto transparentar y homogeneizar la información

financiera de los tres órdenes de gobierno durante el proceso de administración y

aplicación de los recursos públicos.

Estas disposiciones reglamentarias federales, coinciden para que, el ejercicio del gasto

público se desarrolle en un marco de responsabilidad, austeridad, eficiencia y

transparencia en la conducción de las finanzas públicas, con la finalidad de hacer más

con menos y hacerlo cada vez mejor.




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1.4 El sistema de evaluación y control.

Con la adopción institucional de mejores esquemas de planeación, programación,

presupuestación y rendición de cuentas; es elemental que los proyectos de

presupuestos como efecto en su integración a las modificaciones a los esquemas

normativos, se deben estudiar bajo el método de PbR, en virtud de que este tipo de

presupuestación privilegia aquellas acciones que han logrado un mejor impacto y

también han contribuido a la creación de Valor Público, como lo es el tema de

Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública.

El segundo proceso integral envolvente es el Sistema de Evaluación del Desempeño

(SED), que refiere en la consolidación de un sistema de Indicadores, tanto estratégicos

y de gestión enfocados a las acciones, a las metas y a los proyectos, lo que permite

tener un panorama real sobre el de los resultados y el impacto de las acciones del

sector público desarrolladas por los gobiernos a nivel país, y con ello, estar en

posibilidades, de ser más contundentes en la toma de decisiones para direccionar los

proyectos de gobiernos estatales y locales.

Por otra parte, los estudios sobre los sistemas de Monitoreo y Evaluación (M&E) en

operación, han demostrado un amplio abanico de posibilidades de aprovechamiento

de información y tienen la finalidad en su operación de procesos, tales como:

Medir los resultados producidos por el gobierno (productos, resultados

intermedios e impactos).

Permiten proporcionar información sobre el desempeño de las políticas, los

programas y los proyectos públicos, en los niveles nacionales, sectoriales o

subnacional.

Ayudan a identificar qué funciona, qué no funciona y las razones.

Proporcionan información sobre el desempeño de los gobiernos, de los

ministerios y agencias, y de los supervisores y su staff.




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Para administrar los sistemas se necesitan de proveer información sistemática

y regular, y el uso, de la información de Monitoreo y Evaluación en los distintos

niveles de gobierno.

El modelo de coordinación de proceso e interrelación de variables, permite garantizar

la integración del proyecto de presupuesto de egresos del sector público, que sustente

programas y proyectos de inversión que se ejecutarán un ejercicio fiscal, orientando

éstos a la realización de acciones que den cumplimiento a objetivos planteados en los

Planes de Desarrollo, mismos que serán verificados a través de indicadores y metas

programadas a un tiempo establecido; lo que podrá lograr efectos multiplicadores del

desarrollo y el beneficio social.

Modelo de Interacción de procesos y del instrumento de política económica y el modelo de evaluación financiera Mejora Continua Ciclo de Deming

Fuente: Elaboración de la Consultoría Externa, con base a los elementos legales en materia de Gestión para Resultados.




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Adoptar el modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión pone énfasis en los

resultados, propicia que las acciones se orienten hacia el cumplimiento de los objetivos

planteados para otorgar a la población respuesta a sus necesidades o demandas

presentes y futuras, aplicando los conceptos básicos de la Gestión para Resultados

(GpR), permitiendo la distribución de recursos de manera eficiente y eficaz.

Figura no. 1. Subsistema del PbR y el Sistema de GpR

Fuente: Elaboración de la Consultoría Externa, con base a los elementos legales en materia de Gestión para Resultados.

1.5 Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las relaciones lógicas, al momento del diseño de cualquier proyecto o programa, son

hipótesis de comportamiento, las cuáles en la práctica, pueden ocurrir o no. Por ello,

el método del Marco Lógico se completa con la introducción de otras dimensiones, que

buscan dar al direccionamiento del programa o proyecto la información necesaria para

darse cuenta si esas hipótesis se están cumpliendo o no. Si las hipótesis no se

estuviesen cumpliendo satisfactoriamente, será necesario realizar acciones para




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modificar ya sea el tipo de productos a nivel proyecto, o el diseño global a nivel del

programa, a fin de obtener los propósitos políticos que justifican su existencia.

Los indicadores del sistema de evaluación del desempeño que corresponden a este

criterio, se denominan indicadores propios del método. Que, por sus propias

particularidades es habitual encontrar que las Matrices de Marco Lógico (ML) Esto no

es un problema mayor, en la medida que los indicadores “de conveniencia” no

desplacen a los indicadores propios, y que ambos tipos de indicadores se rijan por las

mismas reglas de objetividad y transparencia.

Figura no. 2. Vinculación del Pp, categorías y elementos programáticos con los Indicadores

Fuente: Elementos de la planeación estratégica para la construcción de indicadores.

2. Evaluación de Impacto.

2.1 Medición, la evaluación y el control.

Al evaluar el comportamiento de los indicadores, será posible definir los cursos de

acción que deberían seguirse, de acuerdo con lo que expresen los indicadores. Estas

acciones correctivas no quedan expresadas en la propia matriz, sino que requieren un

proceso adicional que permita una precisión, la metodología de medición de cada




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indicador y de semaforizar sus valores. Este subproceso implica que se defina qué

debe hacerse en el caso que los valores de cada indicador queden dentro de

determinados rangos numéricos.

En este subsistema de medición, las acciones correctivas pueden ser de dos tipos:

a) Aquéllas que sólo buscan mantener el programa dentro de lo establecido en

su diseño, en cualquiera de sus categorías; y

b) Aquéllas que corresponden a cambios de diseño, motivados por

modificaciones en las condiciones de expectativas externas al programa, o por

la convicción de la necesidad de modificar la dirección del programa.

Los procesos conducentes al primer tipo de decisiones se denominan Monitoreo,

mientras que los procesos conducentes al segundo tipo de decisiones, se denominan

Evaluación. La MML facilita los procesos de Monitoreo y Evaluación (M&E) por medio

del conjunto de indicadores ordenado de manera lógica, contando con un tablero de

control de administración de información.

Los indicadores propios del método son muy precisos, en virtud de que

específicamente deben controlar cada una de las hipótesis de los procesos de

transformación desde la situación problema a la situación deseada. Cada eslabón de

la cadena del proceso de transformación es una hipótesis que debe ser atendida en

forma cuidadosa, para verificar el grado en que se está cumpliendo. En el caso que el

comportamiento de la hipótesis fuese distinto al esperado, el programa deberá tomar

acciones correctivas, ya sea para acelerar algunas acciones, reforzar algunos frentes

de trabajo, estimular las coordinaciones.




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2.2 Evaluación de Impacto del Programa presupuestario Coordinación

Intergubernamental para la Seguridad.

Contexto territorial, poblacional y económico.

Es por su ubicación geopolítica en el centro de país, que ha representado un motor

fundamental para la vida nacional, generador de economía, al tiempo de gestar los

principales movimientos poblacionales migratorios desde la década de los 40 del siglo

XX a la actualidad en el valle de México, conformando la más grande megalópolis del

país, sumando municipios del Estado de Hidalgo. Consecuentemente representa un

eje central del crecimiento anárquico, debido principalmente, al desarrollo industrial,

económico y de servicios, ocasionando un poblamiento irregular desmedido.

Mapa no. 1. Municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco.

Fuente: Consejo Estatal de Población del Estado de México, 2010 por ser una estrategia

territorial.




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Diez demarcaciones municipales de la conocida Zona Metropolitana del Valle

Cuautitlán-Texcoco, concentran el 71.3% de lo población total del Estado de México;

según datos del último censo de población y vivienda y una población flotante de 3.5

millones, (INEGI. 2015). Como consecuencia el desequilibrio de desarrollo entre

regiones y expectativas socioeconómicas para sus habitantes.

El acelerado crecimiento de zonas habitacionales ha generado la evolución de

problemas sociales tangibles que han rebasado la capacidad de respuesta del

gobierno tales como:

I. Insuficiente infraestructura para la educación media superior y superior.

II. Insuficiencia de empleo, crecimiento del subempleo y desempleo.

III. Hiperurbanización, obstáculo para el desarrollo, por consiguiente insuficiencia

en la prestación de servicios públicos, por consiguiente la seguridad pública.

IV. Segregación geográfica ecológica devastada.

V. Crecimiento anárquico de las principales zonas urbanas y suburbanas.

VI. Crecimiento de la economía informal.

El fenómeno de marginación, derivado de la correlación estructural relacionado con el

desarrollo socioeconómico, refleja un déficit social, en las condiciones y características

de los servicios públicos, así como a la distribución de la población en el territorio.

Podemos afirmar que la importancia del acceso al suelo urbano va más allá de la

simple ocupación de lotes, sus implicaciones radican en la transformación de las

formas colectivas del régimen agrario ejidal y comunal que perdieron su vocación

natural de producción para el autoconsumo, en formas de propiedad privada

incorporándose al proceso de urbanización vastas áreas periféricas con uso agrícola,

reserva ecológica entre otras, que han acelerado notablemente la expansión de las

ciudades, mismos que han minado los procesos de planeación para el desarrollo en

todas sus perspectivas.




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En materia económica, está demostrado que existen grandes posibilidades de atraer

nuevas industrias que aprovechen ese dinamismo. Las dos zonas urbanas de la

entidad dominan la economía estatal: se estima que 93.6% del PIB Estatal se

concentra tanto en la Zona Metropolitana del Valle de México, como en la del Valle de

Toluca. Está demostrado que el abandono de la economía del sector primario, tiende

a un desequilibrio con la economía urbana, ya que éste sigue siendo por mucho un

sector estratégico y prioritario por su alto impacto social. La relación porcentual de la

Población Económicamente Activa (PEA) agropecuaria remunerada, en los últimos

años presentó un incremento importante al pasar de 36.4% a 60.6%. Por otro lado, la

PEA de aquellos que trabajaban por su cuenta disminuyó significativamente al pasar

de 63.6% a 39.4% (INEGI. 2015).

En términos de la distribución geográfica de la fuerza laboral, cuyas principales fuentes

de información corresponden a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

del año 2010 y el Censo Económico de INEGI del año 2009, se estima que 87% de la

fuerza laboral de la entidad se concentra tanto en las dos zonas metropolitanas. La

importancia del mercado laboral de la Zona Metropolitana del Valle de México, ésta es

la metrópoli más poblada de América Latina y se le considera entre las cinco mayores

del mundo, ya que cuenta con alrededor de 21 millones 384 mil 112 habitantes, los

cuales se concentran en 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, de 59

municipios mexiquenses que conforman el Valle Cuautitlán-Texcoco, y 29 municipios

del estado de Hidalgo. Esta región concentra 74.9% de la población en edad de

trabajar: 28.1% labora en el sector industrial y 71.9% en el sector servicios.

En la Zona Oriente de la entidad mexiquense, se ubican los municipios de

Nezahualcóyotl y Texcoco que concentran 35% de la fuerza laboral, seguida por

demarcaciones como Tlalnepantla de Baz, en la Zona Poniente, donde se ubica 24%.

Ecatepec de Morelos, en la Zona Nororiente, se concentra 21% de la población en

edad laboral, mientras que en municipios como Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli en la

Zona Norte se ubica 20% restante. Respecto a la participación de las mujeres

mexiquenses en el mercado laboral y de acuerdo con la Encuesta Nacional de




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Ocupación y Empleo 2011, se observan cifras contrastantes, ya que de los 6.8 millones

de trabajadores en la entidad, 2.6 millones son mujeres, es decir, casi 38%, valor que

resalta si se considera el 44% de participación femenina en el mercado de trabajo del

Distrito Federal. En el rubro descrito, el Estado de México se ubica en la vigésima

posición a nivel nacional (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011).

Percepción ciudadana de la Seguridad Pública e incidencia delictiva.

Salvaguardar la seguridad pública es la responsabilidad primaria y esencial del

Estado. Proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la

población son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social

para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad. El efecto de la lucha contra la

delincuencia será medible por el número de delitos cometidos y denunciados. Es

fundamental promover la cultura de la denuncia por parte de las víctimas de los delitos.

Adicionalmente se realizó una encuesta pública relativa a la percepción que sobre la

seguridad tenga la ciudadanía.

Estrategias operativas que percibe la ciudadanía en su concepción personal:

1. Prevenir el delito para garantizar la seguridad ciudadana.

2. Combatir la corrupción y dignificar los cuerpos policiales.

3. Promover la participación y organización ciudadana en la prevención de delitos

y faltas administrativas.

4. Son visibles los mecanismos de coordinación y cooperación con las

instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La percepción de inseguridad en mayor en las mujeres con un 80.3% frente al 71.1%

en los hombres. La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que

tiene la población sobre la seguridad pública se generan por factores como la

atestiguación de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde

se desenvuelve la población. La percepción se mantienen en 93.6% de 2017 con




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respecto a 2016 y 2015. El lugar donde se sientes más inseguros es en los cajeros

automáticos en la vía pública 81.8%; Le sigue el transporte público con el 74.6%, las

calles con el 68.1% y en el banco con el 67.7%.

Los lugares donde se siente más seguros es en las escuelas con el 25.8% y en su

casa con el 29.7%. El temor al delito hace cambiar las rutinas o hábitos de la población,

así como la percepción que se tiene sobre el desempeño sobre la policía.

Los problemas de inseguridad pública han escalado y lideran la lista de factores que

obstaculizan en desarrollo económico.

Ahora bien analicemos los principales resultados oficiales en la comisión del delito

registrados por la primera instancia. Reporte de incidencia delictiva registrado en el

Marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado de México.

Cuadro No. 1 Reporte mensual de incidencia delictiva.

Se desmitifica el escenario con respecto a la inseguridad en 2017, se redujo el 21%

con respecto al registro de incidencia delictiva en 2016 durante el periodo enero-agosto




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en ambos años; en virtud de que bajaron los índices de delitos en los siguientes

renglones:

Con respecto al robo con violencia, en términos generales se mantiene con respecto

al año pasado, su variación es mínima del 0.5% de 2017 con respecto a 2016;

disminuyó el 14% el robo a casas habitación; a negocios también disminuyó en un 5%;

el robo a transportistas disminuyó un 14%; el robo en el transporte público se mantiene

el índice; a transeúntes disminuye un 18% con respecto a 2016; el robo a comercios

se ha incrementado considerablemente en un 118%, prácticamente los resultados son

los expresados por la percepción ciudadana en este rubro; con respecto al robo de

vehículos disminuyo en un 35% con respecto a 2016; el homicidio doloso disminuyó

en un 15%; el secuestro disminuyó en un 40%; la extorsión se incrementó en un 6% y

una disminución considerable en el delito de violación del 44% con respecto a lo

reportado en 2016. Representa una disminución del 67% de los principales delitos

registrados ante la Fiscalía General del Estado de México.

(Anexo 16 PbRM-08b y PbRM-08c)

Conclusiones.

Del Programa presupuestario

Con respecto a los recursos económicos destinados en términos del Artículo 45 de la

Ley de Coordinación Fiscal. El direccionamiento para financiar estas acciones es el

adecuado, porque representa en lo programado el que asciende a 46 millones 38 mil

919 pesos 00/100. Complementariamente recursos de coparticipación municipal de 9

millones 207 mil 783 pesos con 80 centavos, con respecto al FORTASEG derivado

del CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el

fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios

y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las

entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función. Los

lineamientos de observancia obligatoria para los gobiernos locales que reciban y




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ejerzan recursos del Subsidio, y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas

competencias, lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, así como 7 y 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2017, en lo sucesivo denominado, “PRESUPUESTO DE EGRESOS”,

y las demás disposiciones jurídicas aplicables al “FORTASEG” y al “CONVENIO”; por

la cual se obligan.

Conclusiones correctas específicas.

El gobierno municipal genera acciones en respuesta a las necesidades locales que

protejan a los ciudadanos en su persona, en sus bienes y libertades; brindar protección

y justicia a vecinos y visitantes de manera equitativa e imparcial por ser un derecho

social de seguridad social de su territorio.

En lo que respecta a la participación en la impartición y procuración de justicia los

cuerpos policiacos hacen cumplir los reglamentos y disposiciones, fungir como vínculo

con las autoridades y/o instancias judiciales correspondientes de manera eficaz e

imparcial.

Crean condiciones para colaborar activamente a garantizar la seguridad social, es

imperante iniciar con la concientización social en materia de denuncia, vigilancia

vecinal y comunitaria; haciendo evidente la importancia que representa que participen

decisivamente en la prevención del delito, evitando la corrupción, la impunidad y

favoreciendo la legalidad que permita la convivencia social armónica y pacífica. Lo

anterior aunado al humanismo, profesionalismo, honorabilidad y eficacia de cuerpos

de policía y protección civil debidamente capacitados y equipados, sienta las bases

para lograr resultados plausibles; que a su vez se reflejen positivamente en beneficio

de los derechos humanos.




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Observaciones legales.

Para el ejercicio fiscal de 2017, permite cumplir con la entrada en vigor la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,

específicamente en su Artículo 7. Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos

y obligaciones laborales deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o

comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen

el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores

Públicos observarán las siguientes directrices:

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose

a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para

satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en

la Constituciones Federal y Local, así como en los Tratados Internacionales ratificados

por el Estado Mexicano.

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