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Políticas Públicas en Educación

Raúl Morales Segura

Horizontes de la CrisisUniversitaria Chilena

Ediciones Fundación Galileo

Raúl Morales Segura es Profesor Titularde la Universidad de Chile y realizó sus estudiosen esta misma institución obteniendo los gradosacadémicos de Licenciado (1976) y Doctor enCiencias con mención en Química (1981).

Entre los años 1985 y 1987 realizó unaestadía postdoctoral en la Universidad dePrinceton, New Jersey, U.S.A., mediante unabeca del Programa Naciones Unidas para elDesarrollo y, posteriormente, ha sido profesorvisitante en diferentes centros de investigacióncomo en la Universidad Autónoma de Madrid,en el Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas de España, en el National Institutefor Environmental Science de Tsukuba, Japón,así como en diferentes centros latinoamericanos.

Durante su vida académica se hadesempeñado en diversos cargos universitarios,alcanzando una vasta experiencia enadministración y gestión como Secretario deEstudios, Director del Departamento de Química,Director del Centro de Química Ambiental,Director de la Escuela de Ciencias, DirectorEjecutivo del Centro Nacional del MedioAmbiente y desde el año 2002 como Decanode la Facultad de Ciencias, reelegido en el año2006, además de presidir por un segundoperíodo consecutivo el Consejo Nacional deDecanos de Facultades de Ciencias del CRUCH.

Como investigador ha realizado todauna trayectoria en el campo de la FisicoquímicaMolecular y en Ciencias Ambientales,particularmente en temas de QuímicaA tmos f é r i c a , a l c an zando d i v e r sosreconocimientos entre sus pares, comoVicepresidente de la Sociedad Chilena

de Química y Presidente de la Regional Santiago,Presidente de la Sociedad de Química Ambientalde Chile y Coordinador de la Red Iberoamericanade Química Ambiental.

En el plano universitario ha sido activopropulsor de diversas iniciativas académicas,entre las que se cuentan la de ser el organizadorde la Escuela de Ciencias (1991), directivofundador del Programa Académico deBachillerato (1992) y fundador de la Carrera deQuímica Ambiental (1994), así como haber dadoinicio al Programa de Pedagogía en Ciencias,con mención en Física y Matemáticas (2004).

Por su labor científica y académica haparticipado como integrante de ComitésEditoriales de Revistas Científicas Internacionalesy Nacionales, en Spectroscopy an InternationalJournal (1987–2002), Sul fur Letters(1987–2003), Sulfur Reports (1987–2003),Journal of Sulfur Chemistry (2004-2005) y enAnales de la Universidad de Chile (1998– 2002).

En su calidad de docente ha dictadomás de cuarenta asignaturas de pregrado endiversas áreas de la Química, Fisicoquímica yCiencias Ambientales, como también enasignaturas de Formación General, en tanto quea nivel de postgrado ha dictado asignaturas enQuímica Cuántica Experimental, Fotofísica yFotoquímica Molecular, entre otras, junto conhaber formado a alumnos de Doctorado yMagíster en estas disciplinas.

A la fecha ha presentado más de uncentenar de trabajos científicos y conferenciasen Congresos Nacionales e Internacionales yha realizado más de sesenta publicacionescientíficas, de educación y política universitaria,además de diversos artículos de prensa ydifusión. En materia ambiental ha editado ellibro: CONTAMINACION ATMOSFERICA URBANA.Episodios Críticos de Contaminación Ambientalde la ciudad de Santiago, Editorial Universitaria(2006), un referente fundamental de lainvestigación atmosférica ambiental de nuestropaís y también ha sido coautor del ensayo“RETROSPECTIVA DE FONDECYT. Impactos sobreel Sistema Nacional de C&T”. EditorialUniversitaria (1998).

POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN

Horizontes de la Crisis Universitaria Chilena

Por Raúl Morales Segura

Ediciones Fundación Galileo


© Raúl Morales SeguraInscripción N° 169.513ISBN:978-956-8734-00-8

Primera Edición: 500 ejemplaresSantiago, Marzo de 2008.

Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada, puede serreproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientosmecánicos, ópticos, químicos o electrónicos, incluidas las fotocopias,sin permiso escrito del autor.

Foto de portada: Alfonso DroguettDiagramación: Pilar Flores Miranda

Edición de la Fundación Galileo.

PROLOGO

La educación es uno de los temas que ocupa transversalmentea nuestra sociedad y que desde temprana edad nos hace transitarpor ella, así como adultos, en otra perspectiva, volvemos a suámbito, principalmente por la elección que hacemos para nuestroshijos, para que ellos den inicio a su propia formación.

Como nunca antes, la educación se ha incorporado alquehacer cotidiano, más cuando las nuevas tecnologías nos hanpermitido acceder a fuentes inconmensurables de información,conocimientos y modos de aprendizaje. Con naturalidad hemosincorporado a nuestro lenguaje los conceptos de educaciónprimaria, secundaria, terciaria y continua, como etapas quegradualmente debemos ir accediendo para posicionarnos ennuestro ambiente laboral y cultural. Así, a nadie le cabe dudade la importancia que la educación tiene en nuestras vidas y delas responsabilidades que como ciudadanos debemos tener enconsideración a la hora de pensar en nuestros gobernantes.

El haberme desarrollado laboralmente al alero de una delas universidades más prestigiosas de nuestro país, además demis propias experiencias profesionales, me ha permitido tambiénadentrarme en la conceptuación y los constructos de susustentabilidad mediante la interacción con valiosos colegas yestudiantes de ésta y otras instituciones universitarias, con cuyasperspectivas y puntos de vista he ido engrosando mi experienciadel quehacer universitario nacional.

Esta obra que he desarrollado a través de éstas páginas,me ha dado la oportunidad de sistematizar una serie dediagnósticos y reflexiones en busca de ofrecer una nueva


concepción de la institucionalidad que requiere nuestra educaciónterciaria, particularmente en lo que se refiere a la EducaciónUniversitaria, así como de evidenciar los principales problemasque debemos superar en una visión de lo que representa launiversidad de hoy.

En esta perspectiva, nuestro país ha instalado un sistemade educación universitaria pública y privada, en donde, a travésde nuestra corta historia en esta materia, se han sucedidodiferentes situaciones que han conducido a la educación públicaestatal a un punto crítico de sustentabilidad y desconocimientopor parte del Estado y sus organismos centrales, principalmentedel Gobierno.

Existen los conceptos, están los modelos y se cuenta conlas herramientas políticas para enfrentar la crisis universitarianacional. Debemos aunar las voluntades necesarias para seguirperfeccionando nuestro sistema de educación pública y estatal,cuyos servicios son irremplazables para seguir construyendonuestro país por la senda de la equidad y de la movilidad socialque requiere nuestro estudiantado a lo largo de todo Chile.

Agradezco a quiénes han contribuido a perfeccionar misideas, así como quienes han estado detrás de las primeras lecturasde estas páginas, en particular a mi hermano Miguel, SandraPavéz, Víctor Cifuentes y Jaime Durán. A la Sra. Luzmira Carreño,por su permanente aporte y efectivo trabajo secretarial. Además,deseo agradecer a la Fundación Galileo por su apoyo al financiarla impresión de esta primera edición.


Verano del 2008.


A mis colegas universitarios,cargados de esperanzas

por una mejor Universidad.


INDICE

CAPITULO 1Una Crisis en Desarrollo 1

CAPITULO 2Universidades Estatales y Consejo de Rectores 9(CRUCH)

CAPITULO 3Investigación Científica, Universidades y Rol 23del Estado

CAPITULO 4Formación e Investigación Universitaria 59

CAPITULO 5Nueva Institucionalidad: Universidades Privadas 89Estatales

CAPITULO 6Equidad y Calidad en la Formación de Pregrado 107

EPILOGO 131

ANEXO 133


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CAPITULO 1

Una Crisis en Desarrollo

La complejidad que ha alcanzado el sistema universitarionacional en estas últimas tres décadas, producto de unareforma singular, sin derecho a réplica, puesta en marchadurante el gobierno militar (1981) y afianzada posteriormentepor los gobiernos democráticos (1990-2007), junto al crecientecontingente de estudiantes que año a año han estado egresandode la enseñanza media y a la heterogénea multiplicación deinstituciones universitarias privadas, ha puesto en evidenciala carencia de políticas públicas educacionales coherentescon el equilibrio que debe darse en un sistema mixto deuniversidades estatales y privadas al iniciarse este nuevosiglo.


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Por largo tiempo el mundo académico y estudiantil haplanteado una serie de medidas correctivas, algunas de lascuales han sido introducidas al sistema tras denodadosesfuerzos y presiones, principalmente en el afán de hacermás equitativo el acceso a los sectores estudiantiles menosfavorecidos social y económicamente. A pesar de estasacciones, la política de Estado resultante se ha realizado conuna óptica economicista que ha imperado unilateralmentedesde el Ministerio de Hacienda por sobre criterioseducacionales consensuados, situación que hoy tienedisconformes a muchos y convencidos de sus bondades amuy pocos.

Así, quienes en el día a día deben enfrentar las vicisitudesdel quehacer que demanda la marcha de estas institucionesde Educación Superior, observan con mayor nitidez comose han venido sumando diferentes propuestas en las últimasdos décadas que, en apariencia, muestran una dinámica dedesarrollo creciente, pero que, tras un leve exámen, seevidencia una falta de consistencia en las políticas trazadas,así como una replicación de esfuerzos para distintasactividades que están relacionadas, lo que va gastando eloptimismo y frenando nuevas iniciativas, fenómeno que seacentúa al percibirse una ausencia de diálogo entre el nivelgubernamental y las organizaciones que forman parte de lared de educación superior.

La falta de una conceptualización actualizada del rolsocial y económico de la educación pública como base deldesarrollo nacional, como también, la visión modernizadora


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de un Gobierno central que convoca a enfrentar en unadiscusión social amplia tales materias, por de pronto, no hapermitido avanzar más que en una complejización materialde gasto e inversión. Así, diferentes medidas y propuestasvan adicionándose una tras otra, según transcurren diferentesautoridades por cargos gubernamentales claves, que a modode escueto inventario vemos como el FinanciamientoUniversitario Institucional directo o indirecto, elFinanciamiento estudiantil de Becas, Crédito Solidario oCrédito Privado con aval del Estado, Fondos Concursablesde Investigación de carácter general o de áreas prioritarias,Fondos de Excelencia Basal o Regionales, Fondos para elmejoramiento de la calidad y equidad universitaria(MECESUP), Iniciativa Milenio, Proyectos Bicentenario,entre otros, incluso provenientes de diferentes reparticionespúblicas sin canales de comunicación entre sí, nos permitenir configurando el intrincado panorama actual, carente deunidad conceptual, que cada vez hace más difícil la ejecuciónde estas medidas en un contexto armónico, tanto al Gobiernocomo a las Universidades y la sociedad toda.

De ahí que se hace cada vez más evidente emprenderuna nueva política de Estado en materia de EducaciónSuperior, de modo que se reformulen las premisasfundamentales que le dieron origen y se tracen los nuevosobjetivos y alcances que en el nuevo contexto nacional ymundial nos obligan a emprender con nuevos bríos. Es enesta perspectiva donde debemos trazar las nuevas estrategiasque nos permitan desarrollar una política consensuada connuestras comunidades universitarias, de manera de lograr


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una política sustentable y de largo plazo, que muestre lasimplicidad de las políticas públicas cuando todos tienenclaro un mismo norte y el país converge en grandes consensosnacionales.

Sin duda que, una política de Estado que ha eludido ensu origen el compromiso social educativo universitario y hadescargado el peso de la inversión pública en un modelo deautofinanciamiento y gestión institucional con fineseconomicistas, con tendencia al desconocimiento del rolsocial que cumplen quienes más tarde deberán conducir elpaís y velar por el bien social, no logrará hacer prevalecerconceptos valóricos acordes con una sociedad más justa yequitativa.

La expresión que se ha ido asentando en el discurso dealgunos políticos, respecto de que quienes obtienen unaeducación universitaria tienen más oportunidades paramejorar sus rentas en el futuro y, por consiguiente, debenpagar sus estudios a través de una inversión familiar, no esmás que ignorar el costo que en la mayoría de los hogareschilenos tiene el vivir con una austeridad desmedida, dándoseuna verdadera inmolación material familiar, a fin de brindaruna oportunidad en bien de alguno de sus hijos. Esta falaciadiscursiva presupone que quienes hacen una inversión endesarrollo humano debieran compensarse con un pagomaterial, como si en la misma proyección el amor, la bondady el respeto, virtudes tan propias e intrínsecas al ser humano,también debieran compensarse con la misma moneda.


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Por otra parte, la legalidad establecida en torno a laorganización de la educación universitaria nacional, en estemismo período, no ha sido lo suficientemente consistentepara establecer el rol y quehacer de sus universidades, en loque a la expresión misma del concepto se refiere. Así, se hacomenzado a recurrir a la definición de universidadescomplejas como aquellas que, dada su misión y sus vivencias,hacen investigación y creación en todos sus géneros, y queen sí, se apartan de la concepción docente per sé quecaracteriza al resto del conglomerado de universidadeschilenas. Pero en esta misma confusión se llega a la dificultadde distinguir a las universidades privadas anteriores a 1981,respecto de las fundadas con posterioridad a tal fecha,catalogándose a las primeras de privadas con fines de interéspúblico, como si a estas últimas les estuviese vedado elmismo fin, más cuando tienen el respaldo de ser por leyinstituciones sin fines de lucro.

A esto deberíamos sumar la complejidad inherente quese ha ido materializando en las existentes universidadesestatales, originadas a partir de las universidades nacionalescorrespondientes a la Universidad de Chile y la UniversidadTécnica del Estado que, junto con la concepción deterritorialidad que mantuvieron con sus sedes en todo el país,sus fusiones de sedes regionales como consecuencia de laLey de Educación Superior de 1981 dieron vida a doceuniversidades regionales y dos universidades temáticas, estasúltimas producto de su organización en torno a carreras depedagogía, quedando la Universidad de Chile con una misiónintrínseca de universidad nacional focalizada en Santiago y


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la Universidad Técnica del Estado transformándose en laUniversidad de Santiago de Chile, como su nombre lo indica,una universidad de carácter regional.

Estas dieciséis universidades estatales, de tan diversarealidad, calidad y dispar financiamiento gubernamental,históricamente han carecido de una apropiada definición ycontexto con su naturaleza estatal, las que, además, han sidoobligadas a mantener una vinculación de pares conuniversidades privadas, cuyos orígenes, fines y regulacionesadministrativas son de otro orden. En este ámbito han debidocompartir un mismo referente legal sin hacerse diferenciade la naturaleza de unas y otras en su relación con el Estado. Más aún, ni en estos últimos años, ha existido un intentopor vincular a todas las universidades estatales en una políticaintegrada que, dando cuenta de su carácter estatal, admitala legítima y necesaria vinculación formal a través deestablecer un Consejo Nacional que cuente con unreconocimiento jurídico fundado en la propia naturalezaestatal y que les permita en conjunto dialogar con la autoridadgubernamental.

De ahí, que las autoridades de Gobierno en democracia,tienen el desafío de ser consecuentes y definir políticaspúblicas claras que permitan direccionar la educaciónuniversitaria con reglas del juego coherentes con el rol quese espera de cada una de ellas. A su vez, desde el sectorgubernamental deben honrarse los compromisos de Estadoa través de garantizar la sustentabilidad de las institucionesestatales establecidas para fines y deberes que les ha


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encomendado el propio país a través de la legislación, comotambién, establecer nítidamente los deberes que adquiereninstituciones privadas que en similares actividades de bienpúblico las realizan con recursos estatales.

La ambigüedad que en materia de Educación se havenido transfiriendo desde los años 90 de Gobierno enGobierno y de Ministro en Ministro, no ha resuelto el problemacentral que afecta a todo el sistema universitario actual yseguimos inmersos en una indefinición por falta de una visiónconceptual coherente y unitaria, que a casi tres décadas dehaberse implementado un sistema universitario basado en elautofinanciamiento con subsidio gubernamental, en un sistemamixto de universidades privadas y estatales, el clímax de sucrisis se nos anuncia, cualquiera sea la perspectiva en quecoloquemos nuestra mirada.


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CAPITULO 2

Universidades Estatales y Consejo de Rectores (CRUCH)

Para comenzar a entender la actual coexistencia deuniversidades estatales y privadas al interior del Consejo deRectores de Universidades Chilenas (CRUCH), hay quenecesariamente remontarse a comienzo de los años 50, cuandoJuan Gómez Millas se desempeñaba como Decano de laFacultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Ya en ese entonces le parecía a Gómez Millas que cualquierintento por hacer trascender a la Universidad de Chile comouna entidad señera en el desarrollo nacional, al igual que alpequeño conjunto de universidades de aquella época ennuestro país, requería de instalar la Ciencia y Tecnologíacomo motor del quehacer futuro.


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Sin duda que, para ello, hacía falta contar confinanciamientos adecuados y con políticas de largo plazoque dieran la estabilidad necesaria para producir los cambios. Con esta visión de futuro, emerge fuera de toda referenciaeste connotado filósofo y educador nacional, don Juan GómezMillas, con un discurso pleno y contundente a favor de lasciencias experimentales.

Al mirársele en retrospectiva nos parece aún más brillantesu genio, pues no sólo tuvo la idea, sino que además, buscólos mecanismos para concretarla. Desde que asume roles deconductor al interior de la academia, no dejó de tener enmente la oportunidad para influir favorablemente en la puestaen marcha de una Ley que consolidara su proyectouniversitario de trascendencia nacional, siempre en su miradavisionaria de una concepción de país en donde el desarrollolo articula desde la educación hacia la ciencia y la tecnología. Fue así que, en cuanto se le propuso integrar el Gobiernodel Presidente Carlos Ibáñez del Campo como Ministro deEducación en 1954, se posiciona para iniciar un largo caminode concreciones en pro del interés nacional. En esta nuevaperspectiva que le dio su rango de ministro tuvo el sentidode la oportunidad para impulsar uno de los financiamientosmás efectivos en la historia del desarrollo universitario. Así,el 13 de agosto de 1954 se consolida tan esperada iniciativa,con la promulgación de la Ley N° 11.575 del Ministerio deHacienda, publicada al día siguiente, en cuyo artículo 36 seestablece: “ Desde el 1° de enero de 1956, el medio porciento de todos los impuestos directos e indirectos de carácterfiscal y de los derechos de aduana y de exportación, ingresará


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durante 20 años a una cuenta especial de depósito que laContraloría General de la República ordenará llevar y sedestinará a formar el Fondo de Construcción eInvestigaciones Universitarias”.

Esta misma ley contempló en su letra a) que los recursosacumulados se repartirían en 10/18 para la Universidad deChile, de los cuales, a lo menos 2/18 irían a su sede enValparaíso, 2/18 para la Universidad de Concepción, 2/18para la Universidad Católica de Santiago, 1/18 para laUniversidad Católica de Valparaíso, 1/18 para la UniversidadTécnica Federico Santa María, 1/18 para la UniversidadTécnica del Estado y 1/18 para la Universidad Austral. Sinembargo, esta ley restringía el uso de los recursos “sólo paraconstruir, amueblar, habilitar, y dotar de estacionesexperimentales, plantas, laboratorios e institutos deinvestigación científica y tecnológica, destinados a aumentary mejorar la productividad de la agricultura, industria,minería, a promover el inventario y aprovechamiento racionalde los recursos del país y a procurar una mejor organizaciónde las diferentes actividades económicas”.

Resulta difícil pensar que tanta inteligencia y voluntadse hayan disipado en la nada con posterioridad al término desu vigencia, en agosto de 1976, producto de la ausencia delestado de derecho, situación nacional excepcional quedeterminó en ese período redestinar tales recursos a otrosfines. Por otra parte, resulta injustificable que transcurridostres períodos de gobierno democrático, aún no hayamos sidocapaces de regenerar su objeto.


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Afortunadamente, la controvertida ley del royalty mineroha venido a reactualizar en parte esta discusión, tras un arduodebate en el Congreso, en donde finalmente prevaleció elinterés nacional de fomentar las necesarias inversiones queel país debe realizar en materia de Ciencia y Tecnología(C&T). Pero, a pesar de la importancia y urgencia que elloreviste, ya han transcurrido dos años desde que se creó talfondo, sin que se hayan llegado a acuerdos que permitan suadecuada y consensuada implementación.

Adicionalmente, la ley de Gómez Millas expresaba ensu letra c) del mismo artículo que: “Un Consejo compuestopor los Rectores de las Universidades mencionadas en laletra a) del presente artículo y presidido por el Rector de laUniversidad de Chile, confeccionará anualmente planes decoordinación de las investigaciones tecnológicas, dentro delos presupuestos que para ellas hayan aprobado lasrespectivas Universidades”.

Desde entonces se inicia la configuración de este Consejode Rectores de Universidades Chilenas, cuya misión originaly establecida por ley queda sin destino a partir del 14 deAgosto de 1976, al cumplirse la vigencia de la misma y elGobierno de ese momento no aprobar su renovación. Noobstante el vacío legal que se produjo, no impidió que estaorganización continuase como entidad aglutinadora de lasfuerzas académicas del país, la que sin duda se ha vistoafectada por los vaivenes del reconocimiento que losGobiernos de turno han ido estableciendo año tras año, siendoactualmente una Persona Jurídica de Derecho Público, con


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administración autónoma, presidida por quién cumple laslabores de Secretario de Estado en el Ministerio de Educación.

Este Consejo, que incorpora a todas las entidadesuniversitarias originales, con la excepción de la ex-UniversidadTécnica del Estado hoy día Universidad de Santiago de Chile,se compone también con las denominadas universidadesderivadas que, en el caso de las universidades estatales,corresponden a las Universidades de Tarapacá, Arturo Prat,de Antofagasta, de Atacama, de La Serena, de Valparaíso,de Ciencias de la Educación de Playa Ancha, Metropolitanade Ciencias de la Educación, Tecnológica Metropolitana, deTalca, del Bío-Bío, de La Frontera, de Los Lagos y deMagallanes, y que, en el caso de las universidades católicas,se amplía a las del Norte, del Maule, de la SantísimaConcepción y de Temuco. De modo que en la actualidad,bajo esta persona jurídica se agrupa a las veinticincouniversidades conocidas como tradicionales y que, de acuerdoal DFL N°4 de 1981 del Ministerio de Educación, recibenaporte fiscal para su financiamiento operativo mediante elconcepto de Transferencias Corrientes bajo la denominaciónconocida como Aporte Fiscal Directo (AFD).

A pesar de que estas universidades integrantes delCRUCH han tenido una significativa influencia en conducirprocesos regulatorios tan significativos como la Prueba deAptitud Académica (PAA) y posteriormente la Prueba deSelección Universitaria (PSU), o sus contribuciones a la Leysobre Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior(Ley N° 20.129), como también la correspondiente al Sistema


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de Fondos Solidarios de Crédito Universitario (Ley N°19.287), sus destinos están hoy más férreamente consolidadospor una definición presupuestaria estatal que por la efectivaproyección de sus productos académicos. Tanto es así que,con la fórmula histórica definida en dicho DFL N°4 de 1981,se les ha incorporado a un modelo conceptual del tipo liberalmercadista mediante una transición gradual, pero losuficientemente efectiva para ir transformando a estasuniversidades estatales en un modelo sui generis de futurasuniversidades privadas, con un AFD promedio cada vezmenor, a pesar de que sus misiones y visiones estratégicas,eminentemente públicas, son por organización, administracióny vocación, muy diferentes de las que efectivamente son pordefinición privadas con subsidio estatal, pertenecientes almismo Consejo.

Este AFD, de la forma que ha sido definido, haconstituido la viga maestra de donde pende el modelo delibre mercado a la que se ajustó el sistema de educaciónsuperior universitaria por los Chicago Boys de la época. Alir este aporte paulatinamente disminuyendo en promedio conrespecto al año anterior, en una sucesión de tiempos que seinician en 1981, ha definido una tendencia regresiva delapoyo estatal, producto de un trasvasije del 95% de asignaciónhistórica del año precedente y con una competencia por elfondo que genera el 5% restante, asignado este último porparámetros de calidad de igual exigencia entre institucionesmuy dispares, a lo que debemos agregar una correcciónmonetaria anual definida por un inflactor arbitrario queestablece Hacienda, el que frecuentemente ha estado por


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debajo del IPC anual. Tras poco más de 25 años de venirseaplicando dicho modelo económico, las universidades estataleshan comenzado a sentir el peso de la carga que ha significadoel autofinanciamiento por el diferencial que no logran obtenerdel aporte fiscal. Efectivamente, estas universidades estataleshan comenzado a experimentar una dualidad existencialproducto del desfinanciamiento que para algunas de ellas yaha alcanzado niveles catastróficos, como ha ocurridorecientemente con la Universidad de Atacama y con otrasque ya muestran señales económicas que las conducirán asituaciones similares en el corto plazo, Universidades deValparaíso y de Playa Ancha, cuyos problemas financierosno les permite superar los escollos económicos del día a día,y menos pensar en la mantención y renovación deinfraestructura que comienza a ser obsolescente, de noproceder a la desmantelación de parte de ellas, es decir,transar con la calidad de sus gastos de operación o disminuirsu capital humano a través de reducciones de cargos odesincentivos salariales. Este proceso ha sido denominadopor algunos como mecanismos para mejorar la gestión, sinembargo para todos es conocido que no representa, sino, unaforma de obligarlas a salir a la búsqueda de recursos paraque se muestren como empresas financieramente rentables,aunque con ello las lleven a sus desperfilamiento comouniversidades estatales, a través de privatizarse mediante elaumento de los aranceles de pregrado, la creación deactividades extracurriculares cualquiera sea el sector delterritorio nacional donde la operación o negocio tenga finesrentables, o la venta de servicios rutinarios que nada tienenque ver con el rol de una entidad universitaria de prestigio.


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De ahí que, dado el modelo de desarrollo economicistaque define a la educación universitaria de las que conformanel Consejo del CRUCH, nos resulte meridianamente claroel diagnóstico por donde transitan las universidades estatalesy el fin que se les reserva. Para quiénes conocemos el modocon que opera el sistema instalado por más de 25 años, vemoscon preocupación que al no haber una señal definida dereconceptualizar el rol de las universidades estatales, la actualexistencia del Consejo de Rectores de Universidades Chilenasde las denominadas tradicionales, en nada atenúa el hechode que se siga consolidando el modelo imperante, por elcontrario, contribuye a conservar una tradición que en algunosaños más permitiría a todas alcanzar un igual carácter, o sea,universidades privadas con subsidio estatal, tanto en el accesoal financiamiento directo (AFD) como al indirecto a travésde aportes fiscales por estudiantes de los primeros 27.500primeros puntajes de la PSU (AFI), becas que otorga elEstado a estudiantes de los quintiles más bajo y los créditosdel fondo solidario. Esta es la esencia del modelo instaladoy sus fines nos deben ser conocidos.

Al entrar en operaciones las nuevas universidadesfundadas bajo la reforma emprendida al comienzo de los 80,con un proceso de crecimiento institucional gradual dadopor una matrícula estudiantil creciente, un posicionamientoen el mercado de la educación que se ha establecidosistemáticamente con sus aportes y un reconocimiento a suslogros y desempeños académicos determinados con losmismos parámetros de calidad con que se han venido midiendoa las universidades tradicionales, esta últimas entidades


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privadas, incorporadas de hecho al sistema, han comenzadoa exigir trato igualitario entre entidades pares, presionandopor los mismos privilegios que la antigüedad les haproporcionado a las privadas que integran el CRUCH. ¿Yporqué no habrían de exigirlo? Bien sabemos que ya noresulta posible justificar una legalidad y trato preferente delGobierno o del Estado para un conjunto de universidadesdel CRUCH, basado tan sólo en una referencia de seruniversidades privadas que han estado desde antes de 1981,excluyéndose a entidades que cumplen el mismo serviciopúblico, que mantienen condiciones similares de acreditaciónde calidad, pero que se instalaron después de 1981.

Por eso, las señales que dio el Gobierno de la PresidentaBachelet, después de la contundente “revolución de losPingüinos” (rebelión nacional de estudiantes secundarios),con la conformación de una Comisión Asesora Presidencial,conducente a repensar la institucionalidad del Sistema de laEducación de nuestro país, con tareas bien específicas comola reformulación de la Ley Orgánica Constitucional deEducación (LOCE), y más tarde, debido al corto plazodefinido para tratar una materia tan compleja y con talabrumador número de integrantes, constituir una comisiónmás específica y acotada en participantes para que se abocasenal tema de la Educación Superior (septiembre de 2007),sentaron un precedente inequívoco de que la crisis producidarequería instalar una nueva conceptualización del sistemauniversitario nacional. A su vez, cabe destacar que, ladesignación gubernamental de las presidencias de ambascomisiones en manos de rectores de universidades que no


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integran el CRUCH, vino necesariamente a mostrar la pérdidadel liderazgo ejercido por este Consejo de Rectores ante elmundo universitario y el propio Gobierno.

Una vez más el CRUCH no lograba penetrar en lasesferas de Gobierno para seguir manteniendo una hegemoníaen la regentación universitaria y, este último, seguir con unatradición de convocar al CRUCH de acuerdo a susconveniencias coyunturales, ignorando su contribución ypotencial histórico en el país.

Por otra parte, el CRUCH ha debido enfrentar sus propiasfalencias al no poder garantizar per sé la condición deprivilegio que ante el Estado tienen sus universidades privadasrespecto de las que no integran este Consejo y, a su vez, darcuenta de la incómoda situación que mantienen todas lasuniversidades estatales al interior del mismo, dado que talpertenencia no les ha proporcionado un valor agregado a susdisímiles realidades internas. Por el contrario, subsisten ensu seno condiciones altamente discriminantes en que estaentidad no ha entrado en su elaboración ni propuesta conjuntaa fin de perfeccionar las inequidades del sistema, como ser:“a igualdad de recursos estatales percibidos, similarescondiciones de administración y rendición de cuentas frenteal país”.

Actualmente, el Estado no ejerce un control similar oequivalente con todas las instituciones que integran esteConsejo, a pesar de que todas reciben fondos fiscales y,además, las universidades estatales deben rendir cuentas ante


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la Contraloría General de la República por el total de susingresos, a pesar de que el aporte gubernamental no representaen algunos casos más allá del 30% de sus ingresos anuales. Adicionalmente, como si no fuera suficiente, se les agregauna nueva fiscalización como lo es la obligatoriedad depresentar Balances de Estados Financieros con auditoriasexternas publicadas en medios de comunicación masivos(Ley N° 20044) y se les amplían las restricciones operativas,sometiéndolas a los mecanismos de probidad establecidospara todo el sector público, entre otras regulaciones, lascorrespondientes a que sus adquisiciones se hagan medianteel empleo obligatorio del portal de Chile Compra, lo queevidentemente las hace más lentas en sus operacionescotidianas, a pesar de tener los controles ex-ante que imponela Contraloría y el control ex-post que conlleva la auditoria.

Sin duda que, la actual existencia de más de mediocentenar de universidades en nuestro país, un contingente demás de medio millón de estudiantes en la Educación Superiorcon crecimientos que superan el 10% anual, una falta deequidad sistémica que se ha producido en la Educación Mediacon sus establecimientos municipales, subvencionados yprivados que proveen de los estudiantes que aspiran acontinuar estudios superiores, junto a una institucionalidadque día a día se hace más obsolescente en su ejercicio diarioy en su vinculación con el Estado, son algunos de loscomponentes que en su conjunto determinan el desgaste delactual sistema universitario, su correspondiente crisis valóricay su falta de adecuación a la visión moderna de la universidadinserta en el mundo de hoy, cuyos impactos sociales


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comienzan a dejar en evidencia la necesidad de abrirse demanera urgente a una nueva institucionalidad de la educaciónsuperior chilena, para lo que se requerirán decisiones políticascategóricas para trazar el nuevo ordenamiento nacional enestas materias.

Pretender continuar parchando el actual sistema deeducación superior, indefectiblemente habrá de llevar alcolapso a todo el sistema universitario público, con unaindiferenciación institucional que quedará sometida a lasexclusivas reglas del mercado, que en el mejor de los casoslo será con un sistema de acreditación para acceder a fondosfiscales. Mientras no se definan nuevas reglas que estructurenel sistema educacional universitario, el desgaste institucionalde las universidades estatales seguirá avanzando, debido aque sus vulnerabilidades financieras no les permitirán salirde la extenuante disputa en que siguen inmersas, esto es, ladualidad existencial que tienen entre su realidad real deautofinanciarse con reglas del mercado y su realidad virtualde seguir ateniéndose a su vocación de servicio público,solidarias con la movilidad social de los sectores máspostergados y de menores oportunidades, política aúnsustentada al interior de determinados grupos de académicosy estudiantes que mantienen el compromiso histórico dedefinirse y comportarse como instituciones estatales ypúblicas.

Sin embargo, más temprano que tarde, y por lo extensoque ha sido el proceso vivido, irán sintiendo el peso deenfrentar sus propios enjuiciamientos comunitarios producto


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de la escasez de recursos económicos, sus limitadasinversiones y sus deudas de arrastre históricas, afectándosenaturalmente la calidad de su quehacer, siguiendo el cursodescendente de tantas instituciones similares en Latinoaméricaque no han sabido afrontar oportunamente su realidad socialy buscar estrategias de desenvolvimiento como universidadesque se insertan en el nuevo contexto de la globalizaciónmundial.

De modo que los compromisos que el Estado debieramantener con sus universidades estatales respecto de lasuniversidades privadas, sean éstas anteriores o posterioresa 1981, habrán de configurar el marco de esta nuevainstitucionalidad, con deberes y derechos entre Universidadesy Estado. A su vez, las relaciones que se establezcan entrelas universidades estatales que reconozcan sus ámbitos deacción y enfrenten cooperativamente la nuevainstitucionalidad, no sólo les permitirá lograr unasustentabilidad nacional, sino que también, les permitiráenfrentar de manera cohesionada los desafíos futuros que sehabrán de proyectar con el ingreso de las universidadesinternacionales a nuestro país, que ya comienzan a mirar aChile como una plataforma de expansión a toda la regióncontinental.


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CAPITULO 3Investigación Científica, Universidades y Rol del Estado

La investigación científica como resultante del trabajopionero desarrollado por los primeros naturalistas avecindadosen nuestro país, bien puede remontarse a los albores de lainstalación del Estado Chileno. Sin embargo, no hay queperder de vista que, mientras se consolidaba la República enla segunda mitad del siglo 19 y sobrellevábamos la Guerradel Pacífico, Europa y Norteamérica cimentaban con eltrabajo de grandes investigadores los Principios de laTermodinámica, la Teoría de Campos Electromagnéticos, laTeoría de Radiación del Cuerpo Negro, los estudiosexperimentales de la Emisión y Dispersión de Luz, susEspectros de Colores, Radiación Infrarroja y Calor, entremuchos otros.


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Debiera llamarnos la atención que, incluso un tema derenovada actualidad como es el Calentamiento Global, yaen ese entonces, con los estudios del sueco Svante Arrenhiussobre el aumento de la concentración del anhídrido carbónicoen la atmósfera, se había previsto la factibilidad de inducircambios climáticos mediante el aumento de la temperaturaen las regiones más frías del planeta, en pos de proporcionarun mundo más placentero para el género humano, según sedesprende de su trabajo publicado en el PhilosophicalMagazine 41, 237-276 (1896). Arrenhius, por suscontribuciones científicas, sería más tarde galardonado conel Premio Nobel de Química en 1906.

Esta perspectiva histórica nos muestra cuan alejados dela frontera del conocimiento hemos estado como sociedady país en desarrollo. Debemos tener conocimiento que eloficio de científico, en su concepción como actividadexperimental y teórica sistemática, con profesores yacadémicos de dedicación exclusiva, en la forma como hoyse concibe, surge como realización recién a mediados delsiglo 20, tras las medidas que Juan Gómez Millas implementacon la conformación de los primeros laboratorios e institutosal alero de la Universidad de Chile durante su período rectoral.

De este modo, al interior de nuestra Universidad seinicia una dinámica académica de instalar las disciplinascientíficas, no como una necesidad de alimentar las carrerasprofesionales, sino que más bien como una realidad propiay en el interés de responder a las altas exigencias con quelos grandes centros universitarios de prestigio mundial se


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instalaban en el nuevo discurso universitario tras el términode la Segunda Guerra Mundial. Estas ideas estimuladas porun gran rector como fue Juan Gómez Millas, comienzan aextenderse hacia otras universidades del territorio, que juntoa los beneficios que estaba aportando la Ley 11.575, impulsadapor él mismo en su corta estadía como Ministro de Educación(1953), que a seis meses de asumir interrumpiría para asumirla conducción de la rectoría de la Universidad de Chile pordos períodos consecutivos (1953-1963), cimentarían las basesde la Ciencia y Tecnología nacional.

Es así que, por DFL N° 135 del 14 de enero de 1965,crea la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile,décima tercera Facultad y primera en su género en el país,sobre las bases del Instituto de Ciencias que impulsara durantesu rectoría, ahora en su calidad de Ministro de Educación,cargo que había vuelto a asumir, esta vez, durante laadministración del Presidente Eduardo Frei Montalba. EstaFacultad, a poco andar, se transformó en el paradigma nacionalde la investigación científica, con un modelo de estructuraDepartamental para cada una de sus disciplinas básicas deBiología, Física, Matemática y Química, con un cuerpo deprofesores excepcionales que migraron de diferentesFacultades de la Universidad de Chile y de otras Universidadesdel país para hacer investigación con dedicación exclusivay mantenerse hasta hoy: formando científicos para Chile.

A mediados de los años 60, nuestro país no superabaun par de centenas de científicos, reconocidos por unaactividad sistemática y continua en sus campos disciplinarios,


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de ahí que la misión que asumió la naciente Facultad deCiencias marcó el nuevo rumbo que habría de emprender elpaís, para constituir su capital humano del futuro. LasPalmeras 3425 sería para muchos investigadores y estudiantesavezados en ciencias el punto de peregrinaje que marcaríala segunda mitad de la década del 60 y comienzos del 70.

Por otra parte, la creación de CONICYT como agenciadependiente del Ministerio de Educación durante esta segundagestión ministerial del ex-rector Juan Gómez Millas, marcaríael otro hito trascendente del año 1965 en el desarrollo científiconacional de esa época.

Tras un período de veinte años de bonanza (1956-1976),en que la Ley 11.575 se mantuvo vigente, al término de éstase inicia un período de reducciones presupuestarias queimpacta negativamente en el ascendente progreso eninfraestructura y equipamiento que estaban adquiriendo lasuniversidades chilenas, particularmente las dos estatales dela época: Universidad de Chile y Universidad Técnica delEstado; lo que sumado al éxodo de científicos que se iniciatras el 11 de septiembre de 1973, habrían de asestar un golpesignificativo al desarrollo de la ciencia chilena por casi unadécada.

Del período dictatorial al democrático

Deben transcurrir poco más de cinco años, desde eltérmino de la Ley 11.575, para retomar con nuevas iniciativasel camino de la C&T, las que se focalizan con la


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implementación del Fondo Nacional de Desarrollo Científicoy Tecnológico (FONDECYT) creado por Decreto con Fuerzade Ley N° 33 de 1981, del Ministerio de Educación, siendopresidente de CONICYT el académico Juan Antonio Guzmán,Ingeniero y Ph.D., proveniente de la Pontificia UniversidadCatólica de Chile, quién, un poco más tarde, asumiría comoMinistro de Educación. Así, se inaugura una nueva etapa enel curso de la historia científica nacional, al configurarse unnuevo modo de política pública basada en la asignación derecursos a individuos, que vendría a dar un respaldofundamental a los investigadores nacionales, bajo la modalidadde fondos concursables en las áreas de C&T.

Aún cuando la primera mitad de la década de los 80no fue muy auspiciosa, dada la puesta en marcha de uninstrumento nuevo en el sistema, con asignaciones de recursosorientados a individuos y no a instituciones, contraria a unacultura basada principalmente en el trabajo grupal que sedesarrollaba al interior de las universidades, emerge unanueva tendencia más individualista y conducente a demostrarque la eficiencia de las personas era superior a las instituciones,denostación introducida por los economistas y partidariosde la Escuela de Chicago, al pregonar que estas institucionesestatales eran más bien una traba que una ventaja para eldesarrollo científico y tecnológico. Sin duda que, el nuevoenfoque de invertir en los proyectos individuales o de personasfue un nuevo referente que imprimió una mayor velocidadal sistema, pero a su vez, permitió abrir espacios a una mayorcreatividad en las propuestas de estudio ampliando el horizontede nuestros investigadores.


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No obstante las inconveniencias inherentes al nuevosistema, como los bajos montos que se destinaron aFONDECYT en los primeros años, sumados a un procesode evaluación por pares, todos insertos en el mismo sistemacomo árbitros y concursantes que a la vez debían competirpor un recurso escaso, la experiencia neta que se fueconstruyendo fue positiva, a pesar de que la realización deeste proceso altamente selectivo fue dañando el desarrollogrupal, tal vez, por un inadecuado equilibrio de financiamientoque desdeñó el modelo primitivo, que venía consolidándoseal interior de las universidades tradicionales hasta antes deque llegara esta nueva modalidad más competitiva.

Posteriormente, con un aumento gradual de los fondosconcursables hacia fines de los 80, dispuestos año a año enel Presupuesto Anual de la Nación, se fue consolidando estanueva cultura de proyectos individuales, mediante unadinámica conceptual basada en la preeminencia de laexcelencia, medida como la publicación de resultados enrevistas de circulación internacional. Sin duda que, estanueva modalidad, instaló el oficio de científico profesionale indujo a la buena práctica de la preparación y presentaciónde proyectos, lo que permitió a su vez, ampliar la coberturade los investigadores para acceder a recursos públicos yprivados provenientes de otras fuentes al interior y exteriordel país.

Este fondo que se inició con la implementación de 115proyectos a comienzos de 1982 llega en 1989 a financiar untotal de 505 proyectos. En general se trataba de proyectos


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que podían tener hasta tres años de financiamiento. Sólosería superada esta cifra de 1989 con los 519 nuevos proyectosadjudicados en el año 1991, para sostenerse en el últimoquinquenio en torno a un promedio de 370 proyectos nuevospor año, con financiamientos que podrían llegar a cubrirhasta cuatro años. El fondo evolucionó, en moneda del año2007, desde 5.000 millones de pesos en el año 1982 hastacasi 15.000 millones de pesos en el año 1989, paraposteriormente mantenerse en el orden de 22.000 millonesen los últimos diez años, aún cuando la población de científicosen igual período prácticamente se duplicó. Cabe hacer notarque en el concurso del año 2008 se adjudicaron 434 proyectos,tras la pública discusión de reponer el presupuesto con elapoyo de miembros del Congreso y la convocatoria masivade los científicos en Santiago, a pesar del recortepresupuestario inexplicable establecido inicialmente por elGobierno.

Sin embargo, y a pesar de algunas falencias que subsistenen el sistema, después de casi tres décadas de haberimplementado este fondo concursable, la comunidad científicachilena no tiene dudas que FONDECYT es un instrumentofundamental para seguir manteniendo altos estándares decalidad y productividad sistemática como función primordialde la ciencia en nuestro país. Este punto de vista ha sidoavalado por múltiples documentos, declaraciones y textoscomo resultados de las propuestas que las SociedadesCientíficas han hecho con la membresía de más de dos milcientíficos en las áreas de las Biología, Física, Matemáticasy Química, junto a otras diversas disciplinas que se cultivan


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en el país, además del Consejo Nacional de Decanos deFacultades de Ciencias con más de treinta Facultades asociadasy diferentes organismos internacionales que han realizadoevaluaciones de la ciencia chilena en los últimos veinte años.

Otros Fondos

Si bien Fondecyt vino a establecer un precedenteparadigmático en la investigación científica básica desdecomienzos de los 80, tras los primeros años de vuelta a lademocracia, a inicio de los 90, se comienza a afianzar elconcepto de transferencia tecnológica y la importancia devincular la investigación científica con la tecnología, a finde incorporar valor agregado a nuestros productos deexportación, eminentemente conformado por materias primasprovenientes de recursos naturales, tanto renovables comono-renovables.

De modo que la puesta en escena de un nuevo incentivoa la C&T a través del Fondo de Fomento al DesarrolloCientífico y Tecnológico (FONDEF), mediante el D.S. N°237 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruccióndel año 1992, vino a implementar un nuevo instrumento parala asignación de recursos estatales, con el propósito defortalecer y aprovechar las capacidades científicas ytecnológicas, principalmente ubicadas en el sistemauniversitario e institutos del Estado y, a su vez, promover lavinculación entre estos centros de investigación y las empresasa fin de incrementar la competitividad de la economía nacional.


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Desde entonces, FONDEF ha puesto más de 350 millonesde dólares en el sistema, mediante una administración centradaen CONICYT, estableciéndose áreas prioritarias y rigurososmétodos de evaluación en donde, además de las variablescientífico-técnicas, incorporan las variables económico-social, cuyos impactos son medidos desde la perspectivade rentabilidad económica o social, analizándose lafactibilidad de crear negocios.

Esta iniciativa incorpora las contrapartidas obligatoriasde aportes frescos del sector empresarial, con aportesmínimos del 25%, en tanto que las unidades ejecutoras(universidades o institutos) deben hacerlo en al menos el20% del costo total del proyecto. Aun cuando estasrestricciones han sido un aspecto gravitante a la hora deconformar proyectos por parte de las instituciones deeducación superior, principalmente las universidadescomplejas, este instrumento público ha permitido financiarproyectos de I+D, de servicios científicos y tecnológicosy de infraestructura en instrumental de frontera, concordantescon áreas en: minería, pesca, forestal, agropecuaria,manufactura e informática.

FONDEF, al igual que FONDECYT, ha sido piedraangular en la construcción del Sistema de Ciencia yTecnología nacional, caracterizándose ambos programaspor estar abiertos a la competitividad, ser ampliamenteaceptados en sus mecanismos de asignación de recursos yhaber contribuido significativamente al fomento científicotecnológico, al crear una cultura de las ideas, de la


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formulación de proyectos y de la meritocracia que haredundado en el fortalecimiento de la comunidad científicanacional.

No obstante el éxito que ha significado sus puestas enmarcha, aún persisten falencias que habrán de mejorar latransparencia y equidad del sistema nacional de C&T.Aspectos tales como evaluadores que no participen delconcurso y así den mayor garantía de imparcialidad al proceso;el establecimiento de una defensoría del investigador, aquiénes hoy día están inermes frente a decisiones unilateralesde la burocracia del sistema; terminar con contratos dehonorarios a profesionales con dedicación exclusiva, dadoque este sistema de remuneración no cautela los derechoslaborales y los dejan fuera de la seguridad asistencial deaccidentes y previsión social; la excesiva centralización delsistema en la Región Metropolitana, sin incentivos adecuadospara desarrollar polos atractivos de desarrollo científico enuniversidades regionales, etc. Temas que, sin duda, deberíanser enfrentados conjuntamente por legisladores, gobierno einstituciones ejecutoras de la ciencia chilena, de modo dealcanzar niveles de desarrollo más acordes con el interésnacional.

Por otra parte, la carencia de una estructura orgánicafuncional en el informal sistema nacional de ciencia actual,sumado a la falta de una institucionalidad con asiento jurídicoy legal en leyes que den soporte a su estructura y planes deacción que den finalmente sustentabilidad al quehacercientífico y tecnológico, lo ha hecho altamente vulnerablea iniciativas personales o al lobby político de algunos


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investigadores más cercanos a las autoridades de turno,quiénes, muchas veces, en un afán de vestirse con un entornode modernidad han accedido a iniciativas e intereses de éstosgrupos, que evidentemente se han puesto por encima delinterés nacional, postergando a cientos de científicos y anuevas generaciones que junto con depositar su confianzaen la buena fe del sistema, dedican su vida a una vocaciónde cuya creatividad el país se nutre y se potencia hacia elfuturo.

Es en este contexto que hemos visto iniciativas en estosúltimos doce años, que sólo han perdurado mientras susproponentes han contado con el apoyo político circunstancial,al margen de una legislación discutida y consensuada con lacomunidad científica nacional. De esta manera surge enenero de 1995, por Decreto Supremo N°20 del MinisterioSecretaría General de la Presidencia, la creación de laComisión Asesora Presidencial en Materias Científicas, queen su Artículo 1°, establece: “Créase la Comisión Presidencialen Materias Científicas, en adelante la Comisión, cuyafunción principal será la de asesorar al Presidente de laRepública en la identificación de acciones que impulsen eldesarrollo coordinado y sustentable de la ciencia en nuestropaís.” Como bien se aprecia del texto, desde su primerartículo se evidencia una abierta intromisión con CONICYT,entidad claramente orientada a los mismos fines. Sin embargoesta iniciativa se reviste de fondos específicamente destinadosa la creación de las Cátedras Presidenciales, vale decir,recursos de alta cuantía para investigadores que habrían deconcursar sobre premisas de alta exigencia, sin embargo,


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evaluados de manera poco transparente para la baseorganizacional de ese momento, dado que se estableció unjurado internacional ad hoc para ello, ajeno al sistema deevaluación imperante en FONDECYT. Con este programaque sólo perduró cuatro años, en el primer ciclo que fue del95 al 97 se otorgaron 22 cátedras y el año 98 se reinició unnuevo ciclo, otorgándose 5 nuevas cátedras, de las cuales 3ya habían recibido dicho recurso en el 95. Estas cátedrasque consistieron de un aporte anual de 50 millones de laépoca, con una duración de dos años, renovables por un añomás, no prosperaron después del 98. La iniciativa llevadaa nivel presidencial se discontinuó y quedó como unaconcesión fugaz a un grupo de científicos privilegiados, porcierto, no los únicos en merecer tal distinción.

En forma paralela, desde el Ministerio de Educación,los Consejos Superiores de Ciencia y Desarrollo Tecnológico,asentados en CONICYT, llamaron a Concurso Nacional deProgramas para el Fondo de Investigación Avanzada en ÁreasPrioritarias (FONDAP) en 1998. Esta nueva iniciativa tuvopor objeto potenciar el trabajo en equipo de grupos deinvestigadores de alta productividad científica, que a juiciode algunos, se requería un apoyo mayor que lo propiciadopor FONDECYT, para lo cual se buscaron áreas temáticasque el Gobierno consideraba prioritarias y que justificaseeste nuevo programa al interior de FONDECYT.

Para ello, los programas FONDAP se desarrollaron enCentros creados y operados para tal efecto, al interior deuniversidades o instituciones sin fines de lucro, pero con


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experiencia demostrada en investigación y formación doctoralen el área disciplinaria establecida por CONICYT. En estaperspectiva, se debía esperar un éxito medible con parámetrosque dieran cuenta de una mayor producción científica, unsalto cualitativo en la calidad del trabajo y un reforzamientosignificativo de los programas de doctorado. Para ello, seproyectaron financiamientos de 700 millones de pesos poraño, durante un período máximo de diez años, conevaluaciones cada tres y cinco años, dejando abierta laposibilidad a los investigadores de repostular a un nuevoprograma una vez finalizado el plazo de funcionamiento.

Para la constitución de estos centros, CONICYT definiólas siguientes áreas temáticas como prioritarias: CienciasGeológicas, Ciencia de los Materiales, Fisiología yBiotecnología Vegetal, Biomedicina y Bases Científicas delMedio Ambiente. Asimismo, los Consejos Superiores deFONDECYT establecieron la comisión de evaluación,designando a consejeros del más alto nivel científico. A lafecha se han asignado 7 centros FONDAP.

En esta misma dirección, ahora desde el Ministerio dePlanificación y Cooperación, se plantea a nivel presidencialuna nueva iniciativa, la correspondiente a la creación de laComisión Nacional de Iniciativas Científicas para el Milenio,Decreto N°151, de fecha 27 de julio de 1999. De igualmanera que en la creación de la Comisión Presidencial enMaterias Científicas, se establece en su Artículo 1°: “Créasela Comisión Nacional de Iniciativas Científicas para elMilenio, destinada a asesorar al Presidente de la República


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en todo cuanto diga relación con la proposición de políticasque apunten al fomento de las capacidades de investigacióncientífica; la realización de investigaciones; a la preparaciónde científicos jóvenes en la investigación práctica y a ladiseminación de nuevos conocimientos científicos medianteprogramas educativos y de extensión.”

Y continúa en su Artículo 2° con: “En el ejercicio desus atribuciones, corresponderá a la Comisión Nacional deIniciativas Científicas para el Milenio, formular al Ministrode Planificación proposiciones en torno a la formación deentes que contemplen algunas de las siguientescaracterísticas:

a) Institutos Científicos de una alta calidad en ciencias purasy/o aplicadas, destinados a mantener un flujo constante devisitantes con una máxima flexibilidad de operación.

b) Núcleos Científicos, compuestos tanto por investigadorescomo por estudiantes, que actúen como centros de desarrollo.

c) Red Internacional Científica, cuyo objetivo primordialsea propiciar y materializar el intercambio de conocimientosy la colaboración entre instituciones e iniciativas similaresen todo el mundo.”

Nuevamente vemos el paralelismo que se genera encomisiones, consejos, evaluadores y sectores objetivos, queobedecen en última instancia a iniciativas de personas convinculaciones dominantes en esferas de gobierno.


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En esta dispersión abismante de esfuerzos, en unacomunidad científica tan pequeña que no supera los 3.500científicos activos, desde la presidencia ejecutiva deCONICYT en el año 2000, surge una nueva propuesta paraponer en marcha un Programa Regional, en el interés decontribuir a la descentralización del desarrollo científico ytecnológico en el país, articulando este quehacer en regionescon excepción de la Región Metropolitana. Para ello sebuscó la participación de los gobiernos regionales,universidades, fundaciones y corporaciones, institutos yempresarios locales en el establecimiento de centros científicosindependientes que se dedicaran a temas relevantes para sudesarrollo económico y social. Este programa nacionalconcursable ha permitido adjudicar un total de 13 centros,promoviendo la capacidad de investigación y el aglutinamientode científicos locales, aun cuando participen desde diferentesinstituciones, sean públicas o privadas. Esta modalidad definanciamiento compartido entre CONICYT y el GobiernoRegional, con aportes mínimos de 1.000 millones de pesosy un tope del doble durante la ejecución del proyecto, hapermitido elevar los aportes y comprometer no sólo a lasinstituciones universitarias, sino que también a la comunidadsocial organizada.

Esta nueva experiencia, a pesar de las limitaciones queofrece en si misma, ha venido a ser una verdadera oportunidadde desarrollo para científicos de regiones que veían amagadassus expectativas de crecimiento por la distancia que losseparan de los principales centros urbanos, como Santiago,Concepción o Valparaíso, y que ante estas nuevas posibilidades


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de construir y contribuir a centros regionales, les permiteproyectar una carrera científica propia con impacto en laregión, no solo desde el punto de vista cultural, sino quetambién en la perspectiva económica y social.

Sin embargo, siendo este programa una de las iniciativasmás interesantes surgidas después de FONDEF en los años90, a diferencia de las iniciativas ministeriales anteriores quese aseguran una permanencia mínima sobre la base de decretosde ley, esta adolece de la precariedad de haber sido formuladadesde una iniciativa ejecutiva interna, quedando supeditadaa la suerte que establezca la nueva presidencia de CONICYTen el futuro cercano.

En todo caso, resulta altamente conveniente realizar unaacabada auditoria de los recursos asignados a tan diversificadoconjunto de iniciativas, particularmente las CátedrasPresidenciales, FONDAP y Milenios, dado que prevalece enla percepción de la comunidad científica que nunca se habíainvertido tanto para alcanzar niveles de rendimientosrelativamente modestos y no más espectaculares que lospropios resultados arrojados por FONDECYT. A diferenciade este último Programa, se considera que hasta el momentoha representado el fondo con mayor rentabilidad científicay productiva per cápita. De ahí, que evaluacionescomparativas y relativas al costo de sus productividadescientíficas por paper, podrían mostrar resultados contundentesacerca de la inconveniencia de estar avalando el uso defondos públicos de diferentes programas en forma simultáneapor un pequeño grupo de científicos que participan de las


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principales iniciativas de recursos como FONDECYT,FONDAP, Milenios o Basales.

Investigadores y Universidades Complejas

Aunque en estos últimos cuarenta años se han venidoplanteando con diferentes énfasis la necesidad de instalaruna Carrera del Investigador, al estilo de países como Francia,España o Argentina, la postura política de no incrementar eltamaño de la Administración Pública ha sido más fuerte yesta idea no ha prosperado. Por el contrario, esto ha motivadoa que la C&T se haya desarrollado al interior de lasuniversidades estatales y privadas en más del 90%, quedandouna pequeña fracción dispersa en manos de entidades públicasde orden ministerial y en mucho menor proporción algunasiniciativas de privados.

Este componente adicional con que algunas universidadesse han desarrollado a la fecha, ha incidido en hacer máscompleja la relación entre el sistema universitario y el Estado,al generarse diferencias insoslayables entre las diferentesentidades pertenecientes al CRUCH, que deben competir porrecursos diversos en el medio nacional, bajo condicionessimilares de elegibilidad y, a su vez, estas universidades conla totalidad de las universidades fuera del CRUCH. De estemodo, se han comenzado a establecer afinidades que buscandiscriminar por la calidad de sus productos o alianzasestratégicas de desarrollo a la hora de realizar frentes comunesque permitan inducir una diferenciación de bloque frente alEstado. En este contexto, constituyó un hecho histórico el


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Acuerdo de Cooperación e Intercambio Académico,Científico y Cultural que firmaron los rectores de laUniversidad de Chile, Luis Riveros Cornejo, y de laPontificia Universidad Católica, Pedro Pablo Rosso Rosso,durante un acto presidido por el Presidente de la República,Ricardo Lagos Escobar, en la Biblioteca Nacional, el 15 dejunio de 2001. Con esta ceremonia protocolar se buscóevidenciar ante el Gobierno que tan sólo dos entidadesreunían del orden del 70% del quehacer científico nacionaly ante esta contundente realidad, solicitaban un tratopreferencial de reconocimiento ante el Gobierno delPresidente Lagos, a la hora de establecer nuevos mecanismosde financiamiento universitario.

En estricto rigor, también debería incorporarse en estamisma denominación a la Universidad de Concepción,atendiendo a los mismos indicadores de calidad eninvestigación que la sitúan como una las tres institucionesprincipales del país, aún cuando en cantidad se alinea pordebajo de las dos anteriores. De ahí que, por tan relevantequehacer en el campo de la investigación científica ytecnológica, se les debería denominar UniversidadesComplejas, desarrollando en conjunto más de las tres cuartaspartes del quehacer científico de país.

Sin embargo, la denominación de universidadescomplejas, como referencial de su quehacer científico,también se ve reflejada en otras actividades que estánestrechamente asociadas a la investigación de calidad, comolo es la formación de personal altamente calificado y los


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Programas de Postgrado, tanto a nivel de Magíster como deDoctorado. Particularmente hoy día, cuando en la instalaciónde la Sociedad del Conocimiento, la formación de recursoshumanos de cuarto ciclo y la actividad postdoctoral permitena las instituciones y al país ingresar a un nuevo espacio dedesafíos por la adquisición de conocimientos con rentabilidadeconómica y social.

Para los países de la OCDE (Organización para laCooperación y Desarrollo Económico), es bien conocido elaporte que genera a sus economías la innovación científicaen materia de patentes, desarrollo de nuevas metodologíasproductivas y transferencia y adaptación tecnológica. Deahí que la capitalización en prestigio, vinculacionescomerciales y nuevas oportunidades para sus egresados,hacen que las universidades complejas aspiren a un gradualcrecimiento en la creación de conocimiento. A su vez, losEstados, ven en estas empresas de producción científica laoportunidad de aumentar su producto interno bruto (PIB), através de otorgar valor agregado a sus comodities o establecernuevas líneas de producción basadas en la primicia de contarcon nuevos productos en el mercado interno o internacional.

Estando claro los beneficios que de una y otra parte seproducen por el desarrollo científico de las naciones, enChile, aún no existe la decisión política de abordarconsensuadamente una política de Estado en esta materia.Y es que el día a día ha consumido las energías de políticosy universitarios, o aún no han logrado superar las barrerasdel lenguaje y codificación que en uno y otro sector se


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requieren para realizar la sintonía o el tercerismo queintroducen algunos grupos disociadores que buscan suconveniencia personal. Esto, sumado a que nuestra tradicióncomo país ha estado siempre alejada del progreso que generael conocimiento y sólo, tardíamente, obtenemos sus frutosa través de la compra de productos terminados e importados. Contrariamente a la realidad de países del hemisferio nortecomo en Norteamérica o Europa, en esta dicotomía nuestrade Gobierno-Universidad, se incorpora en ellos la terceracontraparte del Empresariado, quiénes por más de dos sigloshan estado sosteniendo gran parte del desarrollo científicoy tecnológico a través de grandes empresas trasnacionalesque han visto en si mismas los aportes del conocimiento entodas las áreas de la ciencia, incluyendo las del Espacio.

Sin duda que, hacer ciencia, requiere de fuertesinversiones de dinero, de formación de personal y devinculaciones internacionales. Si alguna de ellas falla, esmuy difícil alcanzar éxitos destacados. Además, que se tratade inversiones con retornos lentos en sus primeras fases dedesarrollo, cuestión que se hace inviable cuando no seproyectan Planes Nacionales a cinco o diez años plazo comomínimo. Este aspecto es limitante de muchas economíaspequeñas y de masas críticas bajas de investigadores comosucede en nuestro país. Bástenos saber que tan sólo en laUniversidad de Sao Paulo, Brasil, se gradúan al año másdoctores que en diez años de todas las universidades chilenas. Por consiguiente, pasar de una fase de hacer ciencia comonecesidad cultural e ineludible para entender el progresoy transferirlo a las futuras generaciones, a otra fase de


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instalación como país en la Sociedad del Conocimiento ycompetir a nivel internacional para la generación deproductos valorados con fines económicos, se requieretomar decisiones políticas consensuadas de otro orden, aúnno instaladas en nuestro país.

Capital de riesgo, ley del royalty y ley de donaciones

El trazado de la discusión esta claro, no obstante elcapital de riesgo no aparece por parte del Gobierno y menospor parte del empresariado, quiénes ven con otra estrategiasus plataformas de negocio, tanto por una visión culturalcortoplacista de rentabilidades seguras o por que consideraneste tipo de gasto como una externalización a través delEstado. Sólo grupos o consorcios amenazados por las pérdidasde ventajas comparativas que se han ido gestando en elmercado internacional, particularmente productores de bienesen el área de los recurso naturales renovables, han iniciadotímidamente algunas apuestas por la generación deinvestigación propia asociados con las Universidades y elEstado, como los son el área frutícola y vinícola.

Las realidades de otras economías emergentes nosmuestran que se ha requerido una decisión consensuada deinversión estatal, acompañada de fuertes incentivos en elsector empresarial, tanto a nivel de Investigación y Desarrollo(I+D) como a nivel de inserción de capital humano altamentecalificado (doctores). Hoy día, en la estrategia conceptualdel desarrollo se le suma la componente de Innovación(I+D+I). En esta dirección encontramos a España como un


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caso paradigmático después del término del Gobierno deFranco. Su incorporación a la Comunidad EconómicaEuropea, a inicios de la década de los 80, le significó en elámbito científico pasar en un período de diez años al doblede su inversión en C&T, alcanzando un PIB deaproximadamente 1.2%. Debieron desarrollar políticas deinversión en áreas prioritarias, mejorar la infraestructurafísica y de equipamiento científico de sus universidades,debieron desarrollar nuevos programas de doctorado,programas de reinserción de investigadores españolesdestacados en el extranjero y programas de inserción depostdoctorales en la industria. Junto con ello, dinamizaronsu gestión científica y tecnológica impulsándola medianteuna Ley de Ciencia y Tecnología, que estableció planes deacción concretos por quinquenios, revitalizó la carreracientífica creando nuevos laboratorios nacionales deinvestigación y conformó una Agencia Nacional de Evaluaciónde proyectos y asignación de becas de postgrado, comoventanilla única para los diferentes fondos que se dispusierona través de otras entidades de Gobierno. Ya a mediados delos años 90, España se proyectaba como una de lascomunidades científicas más jóvenes y activas de Europa.

Similares patrones estratégicos se han seguido en otraseconomías Europeas y Asiáticas, sin embargo, aún nosdebatimos en nuestro país en la forma de calcular el aportede inversión del PIB, si es un 0.5 o un 0.7%, dependiendosi se consigna los aportes del empresariado o los sueldos delos universitarios, etc. En síntesis, aún no enfrentamos ladecisión política de hacerlo como Estado. Lo más cerca que


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se estuvo fue después del masivo encuentro de científicoschilenos Ciencia 2000, realizado por la Academia de Ciencias,circunstancia en la que se propuso al Presidente Lagos, quienestaba asumiendo su mandato, pasar del 0.5% a la cifra del1.0% del PIB, cuestión que se comprometió a lograr en unperíodo de seis años. El resultado todos lo sabemos, sólo sealcanzó a subir un 0.2%.

Sin embargo, de esta gestión presidencial, quedó unatarea que a la fecha no ha sido resuelta, la ley del royaltyminero. Efectivamente, la propuesta de crear un fondo paraC&T que viniese a reponer con conocimientos la pérdida deun patrimonio natural no-renovable, como lo es la minería,y abrir a futuro otras fuentes de riqueza, condujo finalmentela discusión gubernamental hacia la innovación, como unaforma de aumentar más rápidamente los beneficios quepodrían significar las inversiones a realizar con este fondo. Sin duda que la moda que se ha implementado en los paísesdesarrollados sobre la importancia en innovación, pasa portener instalada una plataforma científica de vanguardia, concapital humano del más alto nivel, de modo que la innovaciónsurja de bases sólidas y con un dominio del know how quepermita transformar dichas iniciativas en fuentes de nuevosnegocios. Pensar lo contrario, significa ingenuamenteconfundir innovación con improvisación y supeditar el valorde lo complejo que significa en este nuevo milenio la palabrainnovación, a cuestiones domésticas o de alcance cotidiano,que no llevan en sí el componente de un cambio asociado alprogreso o a la marcha futura en que se desenvuelve el mundode la creación.


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De ahí que, la arbitraria estructura que en el sectorpolítico de Gobierno han proyectado desde Hacienda yEconomía como la nueva pirámide orgánica de I+D+I, sobrela base de una nueva Comisión Presidencial establecidatransitoriamente a fines del período del Presidente Lagos yratificada a comienzos del período de la Presidenta Bachelet,bajo la denominación de Consejo Nacional de Innovaciónpara la Competitividad, presidida según la conformación desus integrantes por un connotado experto en políticas públicas,designación política arbitraria e inconsulta, continúa siendoun proyecto de ley, que tras haber sido enviado al Congresoen dos oportunidades, una en cada gobierno (2005 y 2007),aún se sigue debatiendo en un intrincado y complejo procesode pugnas de poderes políticos y de repartición del fondo enregiones, regiones mineras y la Región Metropolitana.

Por de pronto, el fondo se sigue incrementando a partirde la recaudación de la Ley del Royalty Minero de 2005,cuya propuesta final sólo la han transformado en una nuevabarrera al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Esta malograda iniciativa de fomentar a la brevedad la C&Tcon recursos frescos y contundentes provenientes de esta ley,acompañada de una nueva estructuración del sistema nacionalde C&T que puso a CONICYT y CORFO como entidadesejecutoras de los delineamientos establecidos por esta nuevoConsejo Presidencial, vino a sumarse a un conjunto de otrosdesaciertos políticos. Así, en el transcurso del mismo año2007, se llamó a concurso público la iniciativa deFinanciamiento Basal para Centros de Excelencia con recursosprovistos por el Ministerio de Economía, que establecieron


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a priori dejar fuera a las universidades en el afán, no declaradopor cierto, pero supuestos por la gran mayoría, de favorecera Institutos Milenios que comenzaban a ver amagadas suexpectativas de financiamiento. Esta iniciativa fue un baldede agua fría en las expectativas de todas las universidadescomplejas. Lo que sumado al recorte presupuestario propuestopor el Gobierno a los fondos 2008 de CONICYT yFONDECYT en más de un 20% respecto del año precedente,vino a desencadenar la protesta pública de los científicoschilenos, que podríamos, en una semejanza de la marchaestudiantil secundaria, denominar la revolución de losPingüinos Emperadores, que se congregaron en la plazaBernarda Morín, el viernes 21 de noviembre de 2007.

Este acto público único y el primero en la historia dela ciencia chilena, convocado por el Consejo de SociedadesCientíficas de Chile, que sumado a las protestas formalesdel Consejo de Rectores del CRUCH y del Consejo Nacionalde Decanos de Facultades de Ciencias, vino a poner unabarrera de contención a la avalancha de desaciertosgubernamentales, que al menos, en lo que respecta alpresupuesto de CONICYT y FONDECYT, pudo ser corregidoy reposicionado de la proposición original con la decididaacción de connotados miembros del Congreso.

Sin embargo, en la compleja mirada del crecimientocientífico tecnológico chileno, han existido diferentesiniciativas que han venido a sentar bases concretas dedesarrollo, pero que a corto plazo suelen ser modificadas pordiversos intereses políticos o de poder que poco tienen que


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ver con C&T. Así, nos encontramos con un panorama pocomotivador desde el punto de vista de lo que han sido lasleyes de donaciones a las universidades, como entidadesreceptoras sin fines de lucro, particularmente las denaturaleza estatal. Efectivamente, la Ley N° 18.681 del 31de diciembre de 1987, artículo 69 (Ministerio de Hacienda)vino a sentar un primer mecanismo para transferir recursosdesde el sector privado a las instituciones universitarias,para incentivar programas científicos, culturales o deinfraestructura, mediante una franquicia para los donantesque tributan en primera categoría, lo que les permite rebajarde los impuestos a la renta un 50% del aporte. Nuevamenteen este tipo de medida, que tiene un componente socialimportante, puesto que el Estado deja de percibir recursospara una distribución en los grupos de mayor carenciaeconómica-social-cultural, se establecen evidentes nivelesde vinculación entre empresas y determinados grupos depoder que dirigen estas entidades de educación superior.Basta ver como los principales centros de educación superiorprivados reciben los mayores aportes mediante este régimende donación. Así, este ranking de recepción de donacioneslas encabezan universidades privadas tanto de las delCRUCH como de las nuevas del sistema universitario, conaportes anuales que están muy por encima de las que recibenlas universidades estatales. De ahí que, la ley deberíadiferenciar el carácter público de las entidades que deberíanser favorecidas con este tipo de medidas, sobre una basede mayor equidad social. No puede desconocerse el rolsocial que también juegan las universidades privadas en el


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medio nacional, pero sin duda, su objetivo institucional seaboca principalmente a atender grupos minoritarios de unaelite determinada, generalmente de sectores económicosmás altos de la sociedad, sobre la base de discriminar apartir de exigir aranceles que están por sobre la media delas universidades estatales, además de incorporar otrosestándares que operan de forma tácita.

Nuevos incentivos en la dirección de motivar a lasempresas a financiar o co-financiar actividades que seande su propio interés en C&T, son altamente necesarias, conel objeto de crear una cultura de invertir en conocimiento. Por eso que, la promulgación de la Ley Nº 20.241 del 11de enero de 2008, acerca del establecimiento de incentivostributarios a la inversión privada en Investigación yDesarrollo (I+D), es una loable iniciativa gubernamentalque viene a sumarse en la orientación de generar un cambiocultural en el empresariado, sobre la base de inducir a lacontratación de actividades de I+D en las universidades ocentros de investigación. Las empresas que así lo haganpodrán optar a un crédito tributario de un 35% contra elimpuesto de primera categoría. Asimismo, la ley estableceque será considerado como gasto necesario para producirla renta por el Servicio de Impuestos Internos (SII) lo queexceda del 35%. Aun cuando esta ley adolece de una seriede controles burocráticos que se deberán regular desdeCORFO, se espera que su rigidez no sea una traba y por elcontrario, no impida ser finalmente un incentivo adicionala la ley de donaciones.


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Esta iniciativa indefectiblemente se orienta a potenciarlas universidades complejas o de investigación que cuentancon estándares altos de C&T. Nuevamente, esta ley nodiscrimina entre entidades privadas o estatales, ni deja abiertala posibilidad de fomentar el desarrollo científico y tecnológicode las universidades regionales o temáticas que no cuentencon un quehacer científico de base que permita garantizarlos contratos de investigación a los que quieran acceder estasempresas donantes de recursos. Sin duda que, siendoiniciativas que vienen a dar un paso más en el interés defortalecer la C&T, así como la productividad empresarialcon mayor valor agregado a sus productos, deberían ser másexplícitas en lo que se refiere a sus coberturas y alcancesinmediatos y de mediano plazo. Nuevamente se echa demenos la participación de las entidades de investigación ouniversitarias en la elaboración de este tipo de propuestaslegislativas, puesto que siendo medidas tan relevantes parala sociedad y la vinculación Universidad-Empresa, losprincipales centros de investigación del país no son consultadosa la hora de definir la estrategia y la construcción orgánicade la iniciativa legislativa.

Es de esperar que este tipo de iniciativa no quede comoun hecho aislado y fuera de un contexto más avanzado quese requiere instalar en el país, cuando se ha sobrepasado lahora de propiciar una institucionalidad que permita darcoherencia constructiva y sistémica al desarrollo científicoy tecnológico nacional.


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Nueva Institucionalidad y Políticas Científicas

Tras la reducción presupuestaria de C&T que el Gobiernoestableciera en el Presupuesto de la Nación para el año 2008,la dirección ejecutiva de CONICYT dejó claramente enevidencia su falta de liderazgo en atender oportunamente untema tan recurrente del discurso político de los últimos cincoaños. Esto, sumado a la desaparición de escena de losresponsables de Gobierno que dieron forma y decidieron tancuestionable disposición, la comunidad científica organizadadesde el Consejo de Sociedades Científicas se erigió comoun nuevo referente de la defensa de la ciencia chilena. Estadeplorable situación en la que quedaron las autoridadesgubernamentales de CONICYT, que se contrapone a todoslos discursos de desarrollo e instalación de la sociedad delconocimiento que han proyectado desde sus propios discursosen los últimos Gobiernos, ha venido a colocar en el centrode la discusión la carencia de políticas públicas sólidas y lafalta de una institucionalidad apropiada para coordinar ydesarrollar la Ciencia chilena, en beneficio de nuestro paísy su población.

Visto desde esta perspectiva, han comenzado a surgirdiversas propuestas en estos dos frentes, institucionalidad ypolítica científica, conducentes a generar una dinámicanacional que permita al Gobierno y al Congreso establecercuerpos legislativos que recojan las necesidades planteadaspor diferentes voceros universitarios durante el proceso decrisis vivido y que, tras haber logrado reponer algunos ítemsen la discusión presupuestaria 2008, con el apoyo de algunos


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congresistas, la discusión de fondo no vuelva a quedarpostergada para la próxima discusión del presupuesto anual.

De ahí que, sobre el aspecto de institucionalidad, resultapertinente considerar a lo menos dos iniciativas. La primeratiene que ver directamente con el agotamiento del modelode comisiones asesoras presidenciales, con participantes atítulo personal que no tienen que rendir cuentas a nadie y,por consiguiente, muchas veces observamos que susactuaciones han venido a ratificar intereses de grupos endetrimento de las instituciones universitarias y de la comunidadcientífica nacional. Por consiguiente, urge hacer buen usode las estructuras probadas de la institucionalidad existente,acondicionándolas a las exigencias del momento presente,que permitan proyectar una perspectiva de mediano plazo,de al menos un horizonte de diez años. En este contexto,resulta plenamente vigente reformular CONICYT,reposicionándolo como una nueva entidad de interés públicoy estatal, con independencia del poder ejecutivo, que tengaa su cargo la administración de los fondos estatales deinvestigación, cual sea la procedencia gubernamental ydiversidad de éstos. Así, a modo de ventanilla única, proyectesu larga experiencia administrativa con mayores indicadoresde transparencia en la asignación de recursos y permita uncontrol efectivo de los mismos, tanto en su ejecución comola evaluación de sus resultados.

Una segunda iniciativa a considerar debiera contemplarla creación de una entidad coordinadora a nivel del Gobierno,que permita centralizar todas las iniciativas de C&T dispersas


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en múltiples reparticiones ministeriales y otras agencias degobierno, con una asignación de responsabilidad políticaplenamente individualizada en la construcción de lospresupuestos anuales, así como en la puesta en marcha deplanes de desarrollo estratégicos, acorde con una política demediano y largo plazo. A su vez, esta entidad debería serlo suficientemente simple para no introducir más problemasde los que ya existen a nivel de carteras ministeriales en elámbito del poder ejecutivo y tener un nivel de factibilidadtal, que pueda ser implementada en el corto plazo. Quiéneshan visto la posibilidad de instalar un Ministerio de Cienciay Tecnología, como se da en algunos países europeos o dela región, deberán enfrentar un largo y extenuante procesoa diferentes niveles políticos en nuestro país. Ya hemos vistoel recorrido que se ha trazado con la proposición incorporadaal programa de campaña presidencial, en lo relativo a lacreación del Ministerio del Medio Ambiente y tras dos añosde Gobierno, aún no se tiene claridad de su aprobación enel Congreso.

De ahí que, en una perspectiva más pragmática,buscando acercar posiciones extremas, bien podría iniciarseesta nueva institucionalidad a nivel del ejecutivo,constituyendo una Subsecretaría de Ciencia y Tecnología alinterior del Ministerio de Economía, de modo que seconjuguen intereses universitarios, del sector productivo yde amplios sectores sociales del país. Aquí cabría esperarun equilibrio armónico entre los programas asociados a laCiencia en general, basada en la excelencia, y la aplicaciónde la Ciencia al desarrollo específico de áreas prioritarias.


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Consideremos que, formalizando la institucionalidad yabriendo canales de interlocución entre Gobierno y laciudadanía, ésta última representada por las Universidadesy Sociedades Científicas, se podría comenzar a convergeren consensos necesarios y estables que el país requiere paracrecer sustentablemente, evitando los oportunismos conque determinados grupos de poder logran posicionarse paraconseguir beneficios temporales y sin trascendencia, dadala debilidad de la organización pública que actualmentesubyace en materia de C&T en nuestro país.

Sin duda que esta institucionalidad incidirá en unamayor articulación universitaria, definiendo roles másacordes con las universidades complejas, pero también,abriendo expectativas específicas en la descentralizacióndel país, al proyectar con las universidades regionalesdesafíos que atiendan al desarrollo de investigaciónprioritaria en contexto con las fuerzas empresariales ysociales en cada región.

En un segundo aspecto vinculado a las políticas públicasde C&T, tras la necesaria institucionalidad antes descrita,surge el tema del levantamiento de políticas científicasacordes con la necesidad de dar un nuevo impulso alcrecimiento nacional en materia de Investigación, Desarrolloe Innovación. Desde la creación de CONICYT, con suprimer Presidente Dr. Jaime Lavados Montes en 1965, estacomisión presidencial de carácter asesor ha venidodesarrollando propuestas e iniciativas para incentivar ypotenciar el crecimiento científico nacional. Sin embargo,


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su escaso poder político y escueto financiamiento no le hapermitido generar propuestas señeras, quedando relegadasal nivel de un discurso académico, o si han llegado a prenderen un determinado espacio, no necesariamente se continúan,particularmente cuando han ocurrido cambios de sucesiónde la presidencia o de Gobierno. De hecho, esta entidad,por lo general, fue encabezada por un destacado académicoo científico de reconocimiento nacional, quienes al menos,mantuvieron un diálogo y un lenguaje de entendimientopermanente con la comunidad científica chilena, a pesar deno tener, en algunas ocasiones, ninguna gravitaciónapropiada en la esfera gubernamental.

Con todo, esta falencia ha quedado sobrepasada conla nominación presidencial que se da al comenzar el año2006, que además, ha dejado en plena evidencia lavulnerabilidad del sistema y la carencia de políticas estables,sumado a las arbitrariedades que se pueden llegar a generara la hora de construir y mantener equipos estables y altamentetecnificados, que como bien sabemos, tardan años enconformarse producto de la falta de personal entrenado enla interfase de la ciencia y la administración gubernamental.

Estos planes de C&T, que cada Gobierno buscaimplementar, a poco andar pierden fuerza por carecer deun apoyo financiero estable en el plazo que va más allá delas responsabilidades ejecutivas o por estar consensuadasen grupos que no representan los intereses de toda lacomunidad científica nacional. Sin embargo, a diferenciade muchas otras, FONDECYT tuvo la virtud de generar un


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sistema de asignación de recursos en la que debieronparticipar un sin número de destacados científicos nacionalesque, gradualmente, fueron dándole un respaldo delegitimidad a la iniciativa, garantizando con sus prestigiospersonales el nivel de transparencia mínima que requeríala puesta en marcha y continuidad de dicho fondo. Así,CONICYT y FONDECYT tuvieron un proceso deretroalimentación que permitió finalmente fortalecer a laorganización del Fondo más que a CONICYT como enteadministrador. Pero por la misma condición deadministración supeditada al poder ejecutivo, como cargosde confianza presidencial, no les ha permitido manteneruna política o un conjunto estable de políticas científicas,lo que al final se traduce en la permanente discusiónpresupuestaria que se posterga para el año siguiente, paramayor dificultad, al interior de una gigante reparticiónministerial con múltiples intereses como es Educación.

Es por eso que se hace necesario instalar una Leymarco de la Ciencia, de modo que se fije la importanciaque tiene para el desarrollo cultural, social y económicodel país, determine las vinculaciones del Estado con lasinstituciones que la cultivan tanto a nivel de reparticionespúblicas como entidades privadas y establezca losmecanismos de coordinación, evaluación, financiamientoy asignación de recursos fiscales. Esta Ley marco de laCiencia debería ser la base para definir los espacios y lostiempos de implementación de planes estratégicos, de áreasprioritarias y de asignación de recursos regionales, delmismo modo que se ha hecho en otros ámbitos del quehacer


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nacional como por ejemplo la Ley de Bases del MedioAmbiente. Este camino ha sido seguido por otros paísesque han requerido de un marco legal para imponer cambiosculturales y nuevas prácticas en ámbitos que son nuevos yno existe la conciencia social y cultural suficiente parapriorizarlas permanentemente y, así, validarlas como temasimportantes y urgentes que son de largo aliento en suconcepción social y cultural.


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CAPITULO 4

Formación e Investigación Universitaria

Para la sociedad chilena ha resultado evidente pormuchas décadas que la formación universitaria y lacorrespondiente adquisición de un título profesional, esgarantía de estabilidad económica a futuro y cimiento de lamovilidad social en los sectores de menores ingresos. Deahí que se ha asentado como un fundamento en elestablecimiento de la clase media chilena, la meta de quesus hijos lleguen a la universidad a cualquier costo o sacrificiofamiliar. Es el legado de padres a hijos. Es la forma deasegurar una rentabilidad social que trascienda a los bienesfamiliares transitorios que en las clases sociales medias ybajas, son de por sí escasos o inexistentes. Pensado así, sólola inversión en educación queda como capital humano quetrasciende; base o herramienta que las nuevas generacionestendrán para construir un futuro mejor y adaptarse a lasfluctuaciones económico-sociales venideras.


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Nuestra visión de la formación en la educación superior,o también, post-enseñanza media, se ha quedado sin laapropiada alternativa de la educación técnica como referenteválido de desarrollo personal, talvez debido a una sacralizacióny excesiva consideración de que los estudios universitarios,desde mediados del siglo pasado, ha sido pensado sólo paraun grupo de élite que concluía su formación de segundociclo. Junto con ello, una débil industrialización del país yun fuerte énfasis en la producción de materias primas sinmayor valor agregado, reforzaron el paradigma del progresoindividual sobre la base de acceder a profesiones liberalesbajo el alero de las universidades.

La realidad ha mostrado que el rápido incremento de lapoblación en los últimos treinta años, el crecimientoeconómico y la ampliación de cobertura de la enseñanzabásica y media a lo largo de todo el país, ha redundado enun creciente número de egresados de la enseñanza secundariaque, en la actualidad, alcanza a la cifra promedio del ordende noventa mil jóvenes por año en el último quinquenio. Noobstante esta ampliación y la obligatoriedad de doce años deestudios, estos estudiantes han debido experimentar profundasdiferencias en la calidad de la enseñanza recibida, asistiendoa un sistemático proceso de deterioro de la enseñanza pública. Esta tendencia, que en el esquema economicista imperanteen los años ochenta determinó que la educación representabamás bien un gasto que una inversión, dio pié a la entrada delconcepto de mercado en la educación, con el fortalecimientode determinados grupos de poder religiosos, que sumados aotros con y sin fines de lucro, han venido a fortalecer a la


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educación privada por sobre la pública. Para, adicionalmente,afectarse a esta última desde un sistema administrativo másequitativo en su concepción original, al estar centralizado enel Ministerio de Educación, a otro establecido como partede la organización Municipal, producto de las políticaspúblicas desarrolladas en el régimen militar; administracióny co-financiamiento transferido desde el gobierno central allocal con toda la diversidad y desigualdad existente en estasentidades municipales para los diferentes puntos del territorionacional.

Sin duda que, tras poco más de dos décadas deadministración municipal de la educación pública secundaria,han quedado patentes las desventajas de colocar en manosde estos organismos estatales una misión tan delicada y delargo plazo, como bien intangible de singular trascendencia.Esta crucial tarea de la sociedad ha debido entrar en laconfrontación cotidiana de competir con otros quehaceresmunicipales asociados a la administración de bienesinmuebles, organizaciones civiles, infraestructura urbana,salud, comercio, espacios de esparcimiento, ornato y aseo,todos estos últimos con resultados efectivos y efectistas decorto plazo, para períodos cuatrienales en el cual los alcaldesdeben demostrar eficiencia y eficacia a través de resultadosvisibles, de querer representar nuevamente a su comunidaden el mismo o similares cargos de representación popular.

De ahí, que la educación secundaria administrada desdeestos organismos públicos, supeditada a presupuestos mixtos,tanto financiados con recursos del gobierno central como


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municipal, por lo general sin estar completamente financiadapara cumplir objetivos de estándares mínimos, con unacalidad de referencia nacional e internacional, no lograposicionarse con la debida importancia y urgenciapresupuestaria para un proceso que sólo se mide con tiemposde largo plazo. De esta manera, la enseñanza secundariapública o municipalizada ha ido gradualmente perdiendocalidad frente a la enseñanza secundaria subvencionada yprivada, siendo esta última la que hoy día muestra los mejoresíndices de calidad y de resultados de aprendizaje, segúndiferentes tipos de indicadores.

Con este panorama de heterogeneidad estudiantil seprocede a la selección de quienes pueden ingresar a laenseñanza superior, medidos con estándares nacionalesprovenientes de la prueba de selección universitaria (PSU)y concentración de notas en los últimos cuatro años de laenseñanza media, resultando evidente su pronóstico. Bástenoscomparar los resultados 2008 de la PSU, en donde mostróque el 57% de los estudiantes provenientes de colegiosmunicipalizados superaron los 450 puntos, en tanto que losestudiantes provenientes de colegios privados lo hicieron enun 93%, brecha que creció en un 3% respecto del año 2006,donde las cifras fueron 58% y 91%, respectivamente. Sobreel mismo particular podemos verlo reflejado en otro indicadorsimilar, como lo son los puntajes promedio de la PSU. Así,en Matemáticas, los postulantes de los colegios públicosalcanzaron a 577 puntos, en tanto que los de colegios privadoslos superaron en 96 puntos y en Lenguaje se observó situaciónsimilar con 571 y 655 puntos, respectivamente.


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De modo que de los 27.500 mejores puntajes PSU-2008que determinan el Aporte Fiscal Indirecto de las universidadesdel CRUCH, representando el principal contingente deestudiantes provenientes de colegios privados ysubvencionados, el 80% de los postulantes con AFI quedaronen el reducido grupo de universidades siguientes: Universidadde Chile (21%), Pontificia Universidad Católica de Chile(17%), Universidad de Santiago (12%), Universidad Católicade Valparaíso (7%), Universidad Técnico Federico SantaMaría (6%) y Universidad de Valparaíso (6%), distribuyéndoseun 20% en las diecinueve universidades restantes del CRUCH,con cifras menores a 3% cada una. Debe considerase que lasuniversidades del CRUCH ofrecieron un total de 50.420vacantes para el ingreso 2008, sin embargo, es notorio elimpacto que se observa en las postulaciones de lasuniversidades estatales, en donde la Universidad de Chile yla USACH promedian 695 y 641 puntos, respectivamente,en tanto que en el otro extremo, la Universidad de Atacamay la Universidad de Los Lagos apenas alcanzan a los 545 y532 puntos, respectivamente.

Por tanto, no sólo las primeras reciben estudiantes mejorposicionados, sino que además, ven incrementados sus aportesfiscales con un AFI que las últimas no reciben. Nuevamentevemos como se configura una política de Estado que resultaser inconsistente y discriminadora entre éstas, a pesar de lamovilidad social y del aporte al acortamiento de la brechasocio-económica que prestan las universidades estatales, endonde las regionales llevan un singular peso de formarestudiantes con mayor desventaja, accediendo a menores


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recursos para dichos fines y quedando en desmedro de lasuniversidades privadas del mismo CRUCH, las que recibenpor sobre el 50% del mismo AFI sin tener compromisossociales o de atender específicamente a estudiantes de menoresrecursos.

Esta tendencia por captar los estudiantes con los mejorespuntajes, los que a su vez se vinculan mayoritariamente acolegios de enseñanza media privada o subvencionada, hanido haciendo más difícil la incorporación de los estudiantesde colegios municipales a las universidades estatales yprivadas del CRUCH de mayor prestigio. Este mecanismode selección ha ido configurando una política públicasocialmente regresiva, contraria a la movilidad social,afectando a los grupos de menores ingresos, y transformándosede paso en un sistema perverso y con muy poca equidad parael futuro desarrollo armónico de nuestra sociedad. De paso,esta situación ha ido generando una suerte de estigma en lasuniversidades estatales que reciben estudiantes con losmenores puntajes, haciendo menos deseado su ingreso porlos propios estudiantes locales, quiénes buscan migrar haciaotras regiones o Región Metropolitana, posicionando depreferencia a las nuevas universidades privadas al no contarcon cupos en las mejores universidades del CRUCH.

Aranceles de referencia

Como es de amplio conocimiento, el AFD que recibenlas universidades del CRUCH, tanto estatales como privadas,no ha sido suficiente siquiera para financiar la actividad


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docente de la oferta de carreras de pregrado que dictan estasuniversidades. Por el contrario, a través del tiempo, handebido recurrir a diferentes estrategias de financiamientocomo las basadas en el aumento de los aranceles,generalmente por sobre el IPC anual; en la diversificaciónde carreras de bajo costo operativo, denominadas de tizay pizarrón; y en la apertura de sedes en diferentes zonasdel país, aún cuando su naturaleza regional o temática dadapor su carácter geográfico, económico y ambiental no lespermiten justificar una diversificación tan impropia, cuestiónque por lo demás, las ha conducido a una sobre oferta decarreras de corte liberal, con lo que han desdibujado sumisión institucional y se han alejado de las verdaderasnecesidades que el país requiere de sus instituciones estatales.

Este mecanismo de crecimiento artificial al que handebido incurrir las instituciones estatales con ingresos deestudiantes de más bajos puntajes PSU, en su afán deequilibrar sus ingresos y egresos anuales, ha introducidoperturbaciones de orden mayor en el financiamientouniversitario gubernamental, que atendiendo a la mismanaturaleza autónoma de las universidades estatales, elGobierno ha estado impedido de regular dichas actividades,sin lograr alcanzar un punto de equilibrio en elfinanciamiento que éstas necesitan para una gestión decalidad. Por el contrario, la tendencia regresiva que introdujoel Gobierno con la reforma de los años ochenta, asociadaal autofinanciamiento universitario, ha venido a aumentarla crisis económica de estas universidades, con aportesestatales que en el mejor de los casos no supera el 30% del


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presupuesto anual de éstas, dejando a varias de ellas en elmísero rango inferior al 1 %.

Esto ha conducido a que, tras una larga sucesión desituaciones de conflicto que se fueron estableciendo en losúltimos diecisiete años, entre gestiones de autoridadesuniversitarias y presiones estudiantiles ante los Ministrosde Educación de turno, diferentes acciones de tipo parchefueron complejizando el sistema en su conjunto. Así, unade las medidas que introdujo el Gobierno en el interés porregular el valor de los aranceles de las Universidades delCRUCH fue el establecimiento de los aranceles dereferencia. Estos aranceles que determinan un costohipotético de las carreras, se establecieron por el Gobiernoa partir de promedios históricos observados entre 1998 y2000, aún cuando no se ajustaban a los valores reales delaño 2006. Esta metodología y las cifras resultantes fueronla base para inducir los aranceles a la baja y, a su vez,definir la asignación de los créditos estudiantilescorrespondientes al Fondo Solidario de ayuda estatal sobreestos valores que se est imaron de referencia.Posteriormente, con inflactores de reajuste anual sobreestos aranceles de referencia, le ha permitido al Gobiernointroducir indirectamente variables de control del reajustede los aranceles que autónomamente realizan lasuniversidades del CRUCH, al quedar sin financiamientoestatal en el diferencial que se produce entre el valor delarancel real y el arancel de referencia, cuestión quenecesariamente se traduce en una materia de conflictoentre la universidad y el estudiantado, que finalmente se


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traduce en un financiamiento extra que debe ser cubiertopor las propias universidades con cargo a su patrimonio.

En la actualidad, las universidades si bien siguenestableciendo sus reajustes de aranceles de acuerdo a suspropias evaluaciones económicas y estrategiascompensatorias de financiamiento, deben además, tener enconsideración de que manera subsidian u otorgan empréstitosestudiantiles a quienes gozan de este beneficio estatal. Deeste modo, el conflicto que año a año se originaba entreGobierno y Universidades se ha logrado transferir al ámbitode las relaciones entre autoridades universitarias y susestudiantes. Con esta medida, nuevamente las universidadesestatales quedan sujetas a la pérdida de patrimonio económico,dado que los préstamos que, en el mejor de los casos handebido estar en igualdad de condiciones a los que otorga elFondo Solidario, producto de las peticiones estudiantiles,conllevan una recuperación de tan largo plazo que haceprácticamente inviable contar con un retorno que sea efectivoen la gestión que, en tiempo presente, intentan impulsar losdirectivos universitarios.

Este crédito universitario estatal hoy día se entrega atodos los estudiantes correspondientes a los tres primerosquintiles y parcialmente a los del cuarto quintil, de modoque se ha regulado por parte del Gobierno una vinculacióncrediticia para financiar los aranceles de los estudiantes demenores recursos económicos, sin embargo, el problema deldesfinanciamiento universitario que este mecanismo generaaún no se resuelve para el interés de las universidades. Por


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otra parte, el Gobierno al implementarlo sobre la base de lasrealidades históricas de las universidades del CRUCH, debióestablecerlo con una categorización de las mismas, definiendocuatro tramos que han conducido a una clasificación deuniversidades de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Así, en el primer tramo definido para los aranceles dereferencia más altos, se fijaron para las Universidades deChile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidadde Concepción, cuyas carreras quedaron definiendo el valortope del sistema crediticio que otorga el Gobierno.

Lo novedoso de esta situación es que el Gobiernointroduce explícitamente, por primera vez, una formalizaciónde lo que corresponde a una categorización universitaria,basada en cuatro diferentes grados de calidad institucional,a partir de la comparación que resulta de los costos asignadosa una misma carrera profesional. Sin embargo,simultáneamente con ello, no fija condiciones de borde quepermitan establecer un proceso de desarrollo tal, que asegureun mejoramiento continuo y un cambio de categoría a lasinstituciones en los niveles menores.

Por otra parte, a igualdad de categoría y en una mismauniversidad, las carreras experimentales, en diversos casos,han quedado con aranceles de referencia más bajos quecarreras de carácter teórico o especulativo, que requierenmenor inversión en equipamiento y personal técnicoespecializado. Esta distorsión que resulta ser significativa,no ha sido enfrentada aún por el Gobierno, dado que noexiste a la fecha una metodología aceptada para establecer


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el costo real de las carreras de pregrado por institución, seanestas universidades de docencia o universidades complejaso de investigación.

Aquí subyace una de las falencias sustanciales del mecanismode financiamiento propuesto por el Gobierno para los arancelesde referencia, puesto que se han asignado sobre valoreshistóricos de carreras que han contado con subsidiopermanente o que se han valorizado por una mayor demanda,dado el costo de oportunidad que han determinado susvacantes. Sin duda que, el desarrollo de una metodologíade costo para estos fines, no es una tarea trivial, debido aque inevitablemente conlleva el establecimiento de estándaresmínimos de calidad y de una determinada acreditacióninstitucional. No obstante lo anterior, urge un estudio deesta envergadura, pues se generarían condiciones mínimasde equidad en la formación universitaria de pregrado, lo quedaría una mayor consistencia a las inversiones que deberíarealizar el Estado y fijaría convenios de desempeño para lasuniversidades en pro de un mejoramiento de la enseñanza yde sus cuadros docentes. Sin duda que un proyecto tipoMECESUP o FONDEF en este ámbito, serían de altarentabilidad social, particularmente en el rol que les cabe alas universidades estatales, las que se encuentran en un estadode mayor vulnerabilidad, debilidad y seriamente amenazadasen su estabilidad financiera, al ubicarse en los niveles inferioresde la categorización establecida.


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Postgrado e Investigación

El postgrado ha resultado ser uno de los esfuerzos mástrascendentales que han desarrollado en forma pionera lasuniversidades complejas o de investigación en materia deformación superior, que en el caso de la Universidad deChile, se vienen dictando de modo sistemático desde losaños sesenta, tanto en el campo de las Humanidades y CienciasSociales como en las Ciencias Básicas y Areas Profesionales. Cabe destacar el trabajo persistente que en materia de cienciasbásicas ha realizado la Facultad de Ciencias desde sufundación, conjuntamente con los esfuerzos realizados enesta misma materia por las Facultades de Medicina, deCiencias Físicas y Matemáticas y de Ciencias Químicas yFarmacéuticas, lo que ha permitido dar pié a una serie deotros programas universitarios al interior de la propiaUniversidad de Chile.

Hoy día, se cuenta con una amplia, aun cuando nosuficiente, cobertura de programas de postgrado en diversasuniversidades del país, que en escalas de comparación, todavíano nos permite asemejarnos a realidades internacionalescomo la Universidad de Sao Paulo, que doctora diez vecesmás que toda nuestra producción anual nacional.Efectivamente, se requiere incrementar nuestra poblaciónnacional de manera significativa, tanto en los ámbitos deCiencia y Tecnología, como Humanista y Social. La nuevasociedad del conocimiento no sólo requiere de más científicosy tecnólogos, sino que también de pensadores sociales, que


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permitan hacer compatible los estándares de desarrolloeconómico con los sociales y ambientales.

En esta materia, se ha hecho poco esfuerzo sistemáticopor establecer estrategias de desarrollo de postgrado al interiorde nuestras universidades con incentivos atractivos alestudiantado nacional, tanto en sus fases de inicio y cuandoculminan sus carreras de pregrado, como al término de losmismos postgrados, cuando se debe propiciar la inserciónde éstos en el campo laboral.

Hasta ahora, la incorporación a los programas depostgrado ha estado principalmente motivada por vocacionespersonales, incentivos familiares o de grupos de investigación,quiénes, además, deben tomar el riesgo de una larga formaciónque por lo general corresponde de cinco a seis años deestudios en el caso de Programas de Doctorado, que sumadosa los cuatro y hasta siete años de pregrado, determinan unlargo proceso que se inicia con la Prueba de SelecciónUniversitaria (PSU) y culmina tras una década de estudiosuniversitarios.

Recientemente, en el último lustro, se ha comenzado adesarrollar una programación de becarios en proporcionesmás significativas, pero aún el número de becas de doctoradonos es suficiente para atender toda la demanda estudiantil,de por sí baja, particularmente en el campo científico, queni siquiera representa el 10% de los becarios de pregrado.


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La estrecha vinculación entre postgrado e investigaciónha determinado que los ámbitos científicos por sobre losprofesionalizantes, sean más restringidos a la hora de propiciarsu masificación, debido al costo que conlleva el quehacerinvestigativo, por requerimientos asociados a infraestructura,a equipamiento, a personal técnico y especializado de apoyo,a salidas a terreno, así como mayores gastos de serviciosbásicos, de energía, comunicaciones, bases de datos ybibliografía, por mencionar los principales. De modo que,frente a estas exigencias, las instituciones universitariasrequieren de permanentes inversiones por obsolescencia delequipamiento de frontera, mayores gastos de mantención eincentivo a la vinculación internacional tanto con salidas desu propio personal, como de visitas de personalidadesextranjeras.

En el mundo globalizado de hoy y frente a las actualescondiciones con que se esta asentando la nueva Sociedad delConocimiento, el capital humano calificado y suinfraestructura de investigación pasa a ser una materiaestratégica de Seguridad Nacional, que a la fecha, aún no hasido enfrentada apropiadamente por el Gobierno y ni por loscorrespondientes organismos del Estado. Por el contrario,estas delicadas materias han quedado supeditadas tan sóloa las fortalezas pioneras de las principales universidades,como si el objeto de éstas fuera tan sólo de interés económicoy de su propio auto financiamiento más que de interésnacional.


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Es por ello que urge un ordenamiento de largo plazo enla formación de recursos humanos de postgrado, que vayaadelantándose a las tendencias de desarrollo por donde deseatransitar nuestro país. No es sólo un problema de aumentarla producción y proyectar índices de desarrollo en el PIB,en aras de lograr en quince años un crecimiento al doble delingreso per cápita. Debe necesariamente conjugarse conesta formación de capital humano de largo plazo, que en elcaso de las personas lleva asociado un capital de riesgoindividual que no se condice con el mismo esfuerzo estataly empresarial.

Este es un esfuerzo nacional, que por lo demás, no sólocompete al mundo civil sino que también al mundo militar,puesto que, de no tomar cuanto antes este tipo de medidas,estaremos más vulnerables ante las diferentes amenazas queson propias del campo de la Seguridad Nacional. Las nuevasamenazas, contrariamente a lo que ocurría antes, ya no seatienen solamente al tema de límites territoriales y equilibriosde fuerza bélica regionales, sino que también pasan por temasde energía, medioambiente, recursos acuíferos y los problemasque derivarán del Calentamiento Global, entre otros.

En esta materia, se debe iniciar una ofensiva contundentepara potenciar los actuales centros de investigación científicay social a lo largo del país, generar estímulos de asociaciónentre diferentes instituciones de la Educación Superior tantocivil como militar, que conlleve a la formación de doctoradosque en el mismo plazo de quince años proyectados paradoblar nuestros ingresos per cápita, permitan también doblar


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la población científica nacional eminentemente universitaria,hoy día estimada en alrededor de 3.500 investigadores activos,y un número similar pueda incorporarse al sector productivo,de las Fuerzas Armadas y de Instituciones Gubernamentales. Solo así estaremos enfrentando apropiadamente los desafíosfuturos, para lo cual, las respuestas tendrán que venir delpersonal altamente calificado.

En esta perspectiva debemos potenciar nuestros actualespostgrados con becarios que, a lo menos se ajusten a tresprogramas con modalidades de financiación bien definidas.El primero se orienta a generar un Programa Nacional deBecas de Postgrado que integre todos los esfuerzos financierosprovenientes de diferentes fuentes gubernamentales y estatales,encauzado a fortalecer a los actuales programas y los nuevosque se desarrollen al alero de los grupos de investigaciónexistentes y en formación en nuestro país. El segundo debeorientarse al establecimiento de un Programa Nacional deBecarios en el Extranjero, sobre áreas prioritarias establecidasde acuerdo a las deficiencias que tiene nuestro actual sistema,de modo que no se derroche esfuerzo en potenciar otrosprogramas de instituciones extranjeras con nuestrofinanciamiento y se dilapide nuestra capacidad nacional.Estos becarios deben adquirir previamente un compromisocon el Estado, a través de alguna de sus organizacionespúblicas o privadas, que asegure a su vuelta una reinserciónlaboral por un tiempo definido, de manera que se garanticeeste esfuerzo nacional con un retorno de productividadprofesional acorde con los costos de inversión realizados.Y en tercer término, implementar un Programa de Becas de


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Postgrado de Cooperación Internacional para estudiantes dela región, con becarios aceptados en nuestros programasacadémicos de postgrado nacionales. Un programa de estanaturaleza permitiría generar un capital humano de alto nivel,en un trabajo mancomunado con investigadores chilenos, einstituiría vínculos de cooperación internacional regional,conducentes a contribuir en el establecimiento de una pazsobre valores trascendentes de verdadera amistad cívica, quecimente una sólida seguridad nacional con nuestros paísesvecinos, sobre la base de reciprocidades valóricas de tipoeducacional y cultural.

En la actualidad se cuenta con una diversidad de becasotorgadas en diferentes instancias del Gobierno, de diversascaracterísticas y exigencias, así como comités que las asignan, pero que no son suficientes para responder a las necesidadesdel país. Sin duda que se requiere de un mayor esfuerzogubernamental y de una coordinación apropiada en suimplementación y seguimiento, atendiendo a que aún sonmuchos los postulantes aceptados en programas de postgradonacionales que se encuentran sin becas. En esta materia, lasautoridades de las universidades complejas o de investigación,así como los integrantes de la Comisión de Postgrado deConicyt han planteado al Gobierno en diferentes oportunidadessu preocupación, pero por los resultados alcanzados, serequiere activar nuevas estrategias ante las autoridadesgubernamentales, dado que han mostrado carecer delconocimiento apropiado y entusiasmo necesario para valorareste tipo de inversiones país. Respecto de becarios chilenosen el extranjero, que han postulado a programas


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implementados a nivel de Gobierno, nos hemos ido percatandode lo mal que se ha venido haciendo por años, dado que, poruna parte se han realizado sin una planificación estratégicade país, no han existido compromisos de reciprocidad laboraly han faltado los controles apropiados en la transparenciacon que estas becas se otorgan y en las certezas de que selogren los fines propuestos. Hay algunos casos emblemáticosque dan cuenta de una política fracasada en esta materia yque gracias a investigaciones periodísticas el país ha tomadoconocimiento de ello. Sin duda que estos programas en cursodeberían estar bajo la tutela de una Agencia Estatal encargadade coordinar las diferentes fuentes de financiamiento y losprogramas de becas ofrecidos por el Estado, dando garantíasde probidad en sus asignaciones a todos los postulantes. Unaentidad única en su género, ya representaría un avance ennuestro país, puesto que ayudaría a mejorar las actualescondiciones con que se otorgan estos beneficios, en dondeun organismo con la experiencia de CONICYT podríadesarrollar esta tarea de interés público, con sistemas únicosde postulación, con una Comisión de Evaluación para laasignación sobre la base del mérito o de condicionesespecíficas de prioridad nacional, con un Sistema de Controly Seguimiento de los becarios y programas académicosbeneficiados, que a su vez rindan cuentas ante el sistemauniversitario nacional y se entreguen informes públicosperiódicos. Con estos adelantos podríamos estar segurosque se estaría iniciando una nueva fase de equidad y probidaden el medio nacional. A todo esto, sumemos la urgencia dellegar a la celebración del Bicentenario con un total de 1.000becarios de doctorado como lo han planteado y justificado


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diferentes instituciones académicas y sociedades científicaschilenas.

En cuanto a la oportunidad de abrir nuestros espaciosuniversitarios a través del postgrado a los países vecinos dela región como tercera propuesta en este tipo de programas,es una materia que viene a suplir una deficiencia decooperación en la región en donde poco o nada se ha hechopor parte de nuestro país, por lo que debiéramos estarreceptivos a desarrollar nuevas formas de cooperacióninternacional con el apoyo particular de nuestras universidadesestatales.

En esta misma perspectiva de fortalecimiento de laformación de postgrado, se requiere iniciar programas audacesde inserción laboral de este personal calificado. Las manerasde hacerlo pueden ser diversas, pero de algo que no hay dudaes, que no podemos dejar a su suerte un personal de estascaracterísticas. Para ello se pueden fortalecer iniciativas encurso como la inserción voluntaria y por concurso de personalacadémico con el grado de Doctor mediante los ProgramasMECESUP y Bicentenario. Hacer extensiva a todas lasuniversidades estatales la obligatoriedad de nuevascontrataciones académicas en los grados de doctor cuandoestas financien programas de desvinculación académicaasistida con recursos estatales. Que los procesos deacreditaciones refuercen el requerimiento de los cargos depostgrado en función del tiempo de acreditación institucional,que las empresas del Estado en lo que se refiere a institutosde investigación o temáticos deban someter la renovación


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de cargos a las exigencias de estar en posesión de un doctoradoen el área o temática afín, etc.

En la misma perspectiva de afianzar el sistema a travésde programas de inserción, se podrían extender las becas aun primer año de postdoctorado en forma automática, consólo acreditar una afiliación laboral en otra institución diferentede la que se formó en su postgrado. De igual modo, sepodrían iniciar programas de inserción con el sector productivomediante sistemas de financiamiento compartido y rebaja deimpuestos. En fin, las iniciativas pueden ser muy variadas,las que se pueden ir adaptando gradualmente a la realidadcon que va evolucionando nuestro país. Sólo se requiere lavoluntad política para dar el salto en esta materia.

Investigación

La determinante ley de financiamiento universitario queoperó hasta el año de 1977, marcó el rumbo de los nuevosdesafíos universitarios de la época, fomentándose la dedicaciónexclusiva mediante contratos de jornada completa deacadémicos e investigadores y, de paso, generándose unacultura del trabajo grupal sobre la estructuras de jerarquíasacadémicas muy rígidas, derivadas de la concepción estructuraly orgánica con que operaban las cátedras de docencia.

Posteriormente, con el advenimiento de los proyectosFondecyt y el desarrollo de competencias curriculares afinescon la conceptuación de Carrera Académica, centradaprincipalmente en la demostración de independencia científica


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individual, vino a constituirse en un nuevo referente de laexcelencia académica, que terminó con el establecimientode grandes grupos de investigación, produciéndose unaenorme dispersión de esfuerzos personales y un alto nivelde competitividad, dinámica que vino a instalar una nuevacultura de hacer ciencia sobre la base de un desarrolloindividual por sobre el institucional, este último, esencialmentede coperatividad.

En este sentido, la tendencia internacional ha estadodominada por la competencia individual, la que se ha orientadoa través de medir sus niveles de productividad mediante elindicador ISI establecido por el Instituto de InformaciónCientífica de Filadelfia, que ha desatado una carrera entreinvestigadores por demostrar que su quehacer científico esmeritorio sobre la base de publicar en revistas de alto impacto,en cuanto a las citas que dichos trabajos acumulancooperativamente por cada journal.

Sin duda que esto ha sido un inconveniente para elcrecimiento de instituciones universitarias nuevas o regionales,las que ven amagadas sus pretensiones de incorporarinvestigadores con trayectoria o de jóvenes doctorados,quiénes muchas veces prefieren concentrar sus esfuerzos enubicarse en el centro del país, en universidades complejas,aun cuando sus incentivos salariales sean menores o debanenfrentar una carrera académica más estricta. Esto, porqueen las condiciones actuales, la investigación se sigueplanteando fuertemente como una carrera individual de altaexigencia.


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De ahí que la estrategia de conformar asociaciones entreuniversidades complejas y regionales es una forma de darrespuesta a las crecientes demandas por calidad en el quehacercientífico nacional, que debería estar acompañada de otrasdecisiones gubernamentales para generar polos de desarrolloregional mediante el concepto de Laboratorios Nacionales,puestos en marcha en Norteamérica y Europa con tanto éxito.

Dado los rápidos niveles de crecimiento tecnológicoque llevan asociado los altos estándares de la ciencia defrontera, hace indispensable concentrar los esfuerzos deinversión en grandes polos de desarrollo, más que dispersarlas inversiones en infraestructura experimental de menorenvergadura para atender requerimientos individuales enpaíses con economías como la nuestra. Esto permitiríaconcentrar para grandes áreas temáticas, laboratorios deoperación cotidiana y equipamiento mayor en recintos quepueden perfectamente ser administrados por universidadesregionales estatales y universidades complejas, sobre la basede consorcios establecidos previamente. Un ejemplo de estasorganizaciones las vemos en la administración conjunta deuniversidades europeas o norteamericanas en los grandesobservatorios astronómicos del norte de nuestro país. Demanera que, con fondos de investigación asignadosanualmente, mediante concursos nacionales abiertos a todoslos científicos del país, distintos investigadores podrían operarproyectos propios en estos Laboratorios Nacionales,manteniendo altos estándares de exigencia científica, unaoportunidad para desarrollar investigación de punta y, de


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paso, incentivar la movilidad científica desde distintas ciudadesde Chile, a fin de potenciar los vínculos de cooperación ínteruniversitarios, particularmente a nivel de postgrado.

Al desarrollar estos Laboratorios Nacionales al interiorde universidades regionales estatales, no sólo potenciaríanel quehacer científico en alguna área de interés regional, sinoque además, podrán consolidar la presencia de buenos ydestacados investigadores, la migración de jóvenesdoctorandos interesados en realizar sus tesis en dichos centrosde avanzada, fortaleciendo el quehacer universitario yaumentando el prestigio de estas universidades regionalesestatales.

Gastos de Administración de Proyectos y Overheads

El crecimiento que en materia de investigación hanexperimentado las instituciones estatales, particularmente laUniversidad de Chile, no ha estado exento de tensionesinternas que surgen de las supuestas externalidades que seasocian a la ejecución de éstos, cuyos costos finalmentedeben asumirlos las instituciones, impactando principalmenteel ámbito administrativo. Aún cuando a primera vista parecieraser una oportunidad evidente la adjudicación de proyectospor parte de las instituciones albergantes, hemos observadoque sobre una determinada masa crítica de proyectos secomienza a experimentar un trastorno institucional derivadodel incremento de los gastos básicos, como energía, agua,comunicaciones y redes de información, sumados arequerimientos de espacio físico, remodelación de los


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existentes, contratación de personal técnico y auxiliar, asícomo mayor demanda de becas estudiantiles y personaladministrativo de apoyo para procesos específicos que exigentanto el Estado como algunos organismos internacionalesque financian dichos proyectos.

Son este tipo de impactos sobre las instituciones lo quejustifica la necesaria existencia de gastos administrativos yoverheads asociados a los proyectos de investigación queson adscritos tanto a investigadores como instituciones. Sinduda que la escala de problemas es distinta para quienesadministran unos cuantos proyectos respectos de quiénesllegan a desarrollar hasta un 40% o más del sistema, comoocurre con nuestra Universidad. En este caso, se hizo veral Gobierno la realidad que se experimentaba con la ejecuciónde los proyectos FONDECYT, quiénes, tras una efectivadiscusión con el mundo académico asintieron aumentar losoverheads desde un 10% a un 17%, aunque se considera queesta cifra todavía esta por debajo de los promedios a nivelinternacional. Por otra parte, hay una serie de otros proyectosde financiamiento fiscal que por estructura de gastos no hancontemplado este concepto de overhead ni el asociado agastos administrativos, a pesar de que exigen contabilidadseparada, cuentas corrientes exclusivas y una serie derendiciones contables que obligan a dedicar un personalextraordinario para la ejecución y rendición de los mismos.

En este sentido, resulta indispensable que el Gobiernoadquiera conciencia que esta es una materia que no haninventado las universidades chilenas ni es un aprovechamiento


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orientado a capturar recursos por vías que no son lastradicionales para estas entidades. Quienes están gobernando,tienen el deber ético de profundizar en todos los aspectosque depara el ejercicio de la investigación y su correctaadministración, de modo que les debería resultar suficientecon observar como se administran estos proyectos en paísesdesarrollados que han llegado antes que nosotros a estableceruna ejecución más ajustada con procedimientos como losdescritos.

Tanto los gastos de administración como de overhead,son gastos corrientes que están asociados a la correctaimplementación de la actividad científica, de modo que sedebería instalar una política de Estado para todos los fondosfiscales y privados cuyo destino sea investigación, creacióne innovación. Esta es una materia que sin duda cae dentrodel ámbito de la probidad con que debemos regirnos, puestoque obliga a transparentar los costos asociados a la ejecuciónde los mismos y a evitar situaciones de conflictos que segeneran entre investigadores y sus instituciones por estacausa, que en algunos casos se prefiere recomendar noparticipar en determinados concursos de proyectos por noreunir estos requerimientos mínimos de financiamientoadministrativo y de provisión de gastos básicos extraordinariosque cautelen los intereses institucionales.

Tanto el overhead como los gastos administrativos, enel ámbito internacional tienen diferente cobertura ya seanéstos de origen fiscal o privado. Así, es frecuente observarque los fondos privados deben financiar un mayor valor de


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estos gastos, atendiendo a que en el caso estatal, susfinanciamientos están asociados a problemáticas de interéspúblico y social, contrariamente a las instituciones privadasque pueden abrigar un objetivo de interés de grupo ocomercial, para lo cual se sirven de un sistema altamentedotado de inversiones públicas, que a la larga hace más fácilsus logros y éxitos en dichas materias.

Por otra parte, los principales centros de investigacióndel mundo también tienen asociado al overhead un registrode marca, que se basa en el prestigio institucional que hanconstruido por décadas de ejercicio profesional de excelencia,que los posiciona en el mercado y en la opinión pública comoreferentes sociales indiscutidos. En este sentido, laUniversidad de Chile representa en nuestro país una de lasmarcas de mayor valor en el campo profesional, intelectual,científico, cultural y artístico, y por tanto, no debería resultarsorprendente que ésta y otras instituciones estatales debieranexigir un mayor valor de reciprocidad a través de este tipode financiamiento tanto en fuentes de origen estatal comoprivadas.

Esta materia debe ser debatida con mayor profundidadtanto en el ámbito de los Consejos de Rectores (CRUCH) yconsorcio de universidades estatales como de los ministeriosde Educación y Economía, en el interés de velar por elpatrimonio que representan, principalmente, estas institucionesestatales para el país. Bien podemos asimilarlos a un royaltyque nos permitirá ir dotando de mayores capacidades derespuesta institucional a los mismos fines del Estado, en su


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natural crecimiento como país que busca el desarrollo.

Personal técnico y postdoctoral

Otro de los ámbitos en que se ha comenzado aexperimentar situaciones de inequidad laboral, correspondeal campo de la ejecución de proyectos de investigación alinterior de las universidades y centros de investigacióncientífica, ya sean de origen estatal como privados. En estetipo de actividad laboral, la presencia de personal técnico opostdoctoral que se incorporan a estos proyectos a través decontratos a honorarios con los académicos que son jefes oinvestigadores responsables de los mismos, han constituidoun conjunto de trabajadores marginalmente asociados a lasinstituciones albergantes, particularmente aquellas queconforman el medio universitario.

La presencia de este personal técnico, profesional ocientífico en las universidades que actúan como unidadesalbergantes de los proyectos que patrocinan, permanecencomo un personal flotante que no tiene pertenencia, ademásde carecer de derechos laborales básicos, por lo general,estando faltos de un reconocimiento en la propiainstitucionalidad, sin tener beneficios de ningún tipo y quedansometidos a una dependencia personal con el investigadorprincipal, altamente vulnerables en su relación contractualde honorarios a los temas de seguro de accidentes, salud yseguridad social.


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Este tipo de contratos han sido establecidos desde que seorigina FONDECYT hacia 1981, dejando en evidencia unvacío legal y una inconsistencia laboral con quienes desarrollanuna labor, en muchos casos de alto riesgo. Su origen radicaen que los fondos adscritos a la contratación de este tipo depersonal se entregan para su administración a los jefes deproyecto, definiendo un trato de servicios profesionales, apesar de que, por lo general, son sueldos mensuales sistemáticosque se extienden muchas veces por más de tres meses y quepueden llegar a durar no sólo los tres o cuatro años del proyecto,sino que se pueden llegar a extender por varios proyectos, siel investigador principal o colegas de su misma unidad, tienenla posibilidad de concursar exitosamente en la misma áreatemática, solicitando los mismos apoyos técnicos.

Algunos años atrás tuvimos la oportunidad de plantearlepersonalmente al Presidente de CONICYT este flagrante maltrato que se le suele dar a un personal altamente eficiente ydedicado con tareas de investigación trascendentales para lasuniversidades, particularmente, tratándose de pagos con fondosestatales. Lo interpelamos a que hiciese el esfuerzo de transferirtales fondos a la administración de las universidades o unidadesalbergantes de dichos proyectos, de igual modo que se hacecon la administración para los ítems de adquisición deinstrumentos y bienes, con la salvedad que en el caso depersonal técnico o en los proyectos postdoctorales, en dondeevidentemente se realizan contratos anuales de honorarioscorrespondientes a sueldos, se obligase a las unidadesalbergantes a aportar el correspondiente porcentaje de AFP y


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salud (20% aproximadamente), de modo que en niveles decontrata, este personal tuviese una pertenencia institucionalacorde con el quehacer fundamental con que las universidadescomplejas se diferencian del resto que no lo son.

Aún seguimos pensando que es de justicia incorporara las instituciones de investigación este personal flotante quemás bien asemejan a indocumentados que a personal de latalla que efectivamente son y posicionan el quehacer de launiversidad en forma complementaria a sus tareas habituales. Aún seguimos esperando una respuesta desde el sectorgubernamental, en un vacío legal en donde el sistema científiconacional mantiene una deuda ética con un sector de si mismoy, de parte del Gobierno, con la equidad que deben tenertrabajadores de alta especialización, hoy día a la deriva enel medio nacional.


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CAPITULO 5

Nueva Institucionalidad: Universidades Privadas y Estatales

La actual presencia de universidades estatales y privadasconformando parte del conjunto de instituciones quedeterminan el Sistema de Educación Superior chileno, hanalcanzado un nivel de desarrollo altamente competitivo enalgunas áreas de la docencia de pregrado y postgrado, cuestiónque ha generado una serie de inequidades en la forma quese distribuyen los aportes fiscales en el medio nacional, conreclamos que vienen tanto desde el mundo político comouniversitario producto de la falta de políticas públicas clarasy orientadoras de parte del Estado.

En este sentido, se requiere con urgencia producir unordenamiento que vaya más allá de los intereses institucionalesespecíficos que han emergido en el último tiempo y que se


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han acentuado frente a la dinámica que desde diversos sectoresestudiantiles, académicos y políticos, sumados a los alcancesde la Comisión Presidencial de Educación y de la subcomisiónde Educación Superior han comenzado a trascender.

Ha sido un llamado que bien podríamos catalogar decordura, en un escenario gubernamental en que se siguedesarrollando una crónica de una muerte anunciada.Efectivamente se requiere enfrentar en una decisión políticagubernamental los diferentes puntos de vista que permitanarticular la construcción de una nueva institucionalidad delactual sistema de educación superior, cuya organización yestructura sigue siendo el resultado de una ordenación de losaños 50, con siete universidades de ese entonces, con unarigidez incorporada a comienzos de los 80 para lasdenominadas universidades del Consejo de Rectores, hoydía veinticinco, pero con una apertura a nuevas universidadesprivadas sin fines de lucro, que al aproximarnos albicentenario ya cuentan con más de treinta y cinco de éstasentidades, en donde un conjunto de políticas públicas definanciamiento fiscal (AFD, AFI, MECESUP, aranceles dereferencia, crédito fiscal, etc.) se aplican con criterio históricoy con nuevas concepciones de gestión que no logran unacoherencia entre sí.

Realidad y Pragmatismo del AFD

La herramienta que el Gobierno tiene hoy para establecerel reconocimiento formal y de responsabilidad económica


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con las universidades estatales, corresponde al Aporte FiscalDirecto (AFD), pero que simultáneamente adjudica unreconocimiento de igual jerarquía al resto de las universidadesprivadas que conforman el CRUCH.

De acuerdo a datos de fuente gubernamental, en monedadel año 2007, ese mismo año se distribuyó según partida 09del MINEDUC, Capítulo 30 Educación Superior, subtitulo25, del aporte Artículo 2 del DFL N°4 de 1981, un fondo de$122.714.246.000 pesos, de los cuales, las universidadesestatales recibieron un 57.0 %, en tanto que las privadas seadjudicaron el 43.0 % restante. Esta distribución segúnpodemos percibir de la Tabla mostrada en el Anexo, nospermite analizar la evolución que han experimentado lasuniversidades estatales desde el año 1990. Ahí se puedeapreciar que en el caso de las universidades de Chile, deSantiago y Valparaíso, por mencionar tres casos relevantes,han venido sosteniendo una pérdida del total del fondo de0.25%, 0.05%, 0.05% promedio por año en los últimosdieciocho años. Esto, se traduce a pérdidas patrimonialesen términos de sus presupuestos anuales por el AFD, solamenteen el año 2007 respecto de 1990, del orden 8.4%, 11.8% y30.0% respectivamente.

Estas cifras son lo suficientemente claras para demostrarla contracción presupuestaria que vienen experimentandolas universidades estatales, respecto de los aportes del Estado,en el período democrático. De mantenerse esta tendencia,en el mediano plazo, las universidades estatales deberánexperimentar serios problemas de calidad, al no poder seguir


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transfiriendo sus costos al ámbito estudiantil, a través delreajuste de aranceles.

De igual modo es posible realizar un análisis de losAportes Fiscales Indirectos (AFI), en donde la situación esigualmente dramática para las universidades estatales, conla excepción de un par de universidades estatales de la RegiónMetropolitana. Aquí podemos observar, que el año 2007,éstas recibieron solamente 40.6% del total, con unadisminución sostenida desde el año 2000, en donde percibían45.1% del total a distribuir por el Estado.

En la medida que el Gobierno siga con la política deescabullirse de sus responsabilidades económicas con lasuniversidades estatales, éstas irán experimentando una asfixiafinanciera que redundará en pérdidas sustanciales decredibilidad en su gestión y en la captación de buenosestudiantes.

Por de pronto, el Gobierno tiene en sus manos laherramienta para retomar su compromiso histórico con laEducación Superior Pública de nuestro país, formalizandoal conjunto de universidades estatales en un nuevo referenteacadémico, en donde a partir de un sistema común y exclusivode selección para estas entidades se retome la PAA comoherramienta de reasignación económica de las universidadesestatales, en plena concordancia con la ley vigente. Sinembargo, a fin de no perturbar las actuales universidadesprivadas tradicionales que usufructúan del mismo AFD, cuyasuspensión podría inducirlas a un colapso que no es


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recomendable para el sistema, la misma fracción de asignaciónhistórica entre estatales y privadas de la distribución del AFDdebiera ser transferida para su asignación mediante fondosseparados.

El que las universidades estatales retomen el rumbo dela PAA permitirá diferenciar la naturaleza de éstas del restodel sistema en relación con la territorialidad y diversidad desus postulantes, en coherencia con sus fines misionales ycompromisos con la sociedad toda, junto con ordenar ladistribución del aporte fiscal directo (AFD) que otorga elEstado a dichas universidades. Además, esto daría pié paradistribuir el aporte fiscal indirecto (AFI) de manera másequitativa, al otorgarlo de manera exclusiva a las entidadesestatales, consistentemente de acuerdo a la misma ley.

A través de este nuevo proceso, debiera resultar obvioconsiderar que en una gradualidad proyectada en un plazoprudente, el conjunto de universidades privadas deberíaacceder igualitariamente a beneficios de subvencióngubernamental, en función de las orientaciones y sentidosde formación solidaria que el Estado determine para este tipode instituciones sin fines de lucro y no sobre la base dehaberse constituido unas antes y otras después de 1981.

Universidades Privadas

Un ordenamiento básico del sector universitario pasanecesariamente por reconocer el rol del Estado frente a dospilares bien definidos de la institucionalidad universitaria,estos son, las Universidades Privadas y las Universidades


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Estatales. Este reconocimiento primero permite poner sobrela mesa de discusión los derechos y deberes del Estado conquienes tienen a su cargo la conducción de la formación deprofesionales para el país y de nuevos académicos con quese nutren estas instituciones, así como el desarrollo y cultivode las artes, las ciencias y las humanidades. Es sobre esteordenamiento elemental, que podemos levantar constructosmás complejos donde la sociedad comienza a generar yarticular procesos en torno a Investigación y Desarrollo(I+D), así como su nueva proyección con la Innovación enI+D+I.

Este reconocimiento tan trivial, tiene sumido a sectorespolíticos de derecha e izquierda en un entrampamiento decompromisos históricos de financiamiento fiscal conentidades privadas que han tenido una gravitación enormeen sus comunidades, organizaciones y hasta en sus propiashistorias personales. Es por ello que lo simple, resulta tancomplejo de aplicar. Pero la presión pública que se ha idogenerando desde las comunidades universitarias y susautoridades unipersonales, producto de este desarrolloinorgánico que ha tenido el sistema universitario en lasúltimas dos décadas, alcanza ya a su fin, en cuanto a quela decisión de enfrentar este tema de país se hace cada vezmás urgente de acometer y las fuerzas organizacionalesvivas de la sociedad ya se han puesto vigilantes y ansiosassobre el particular.

Por ello que, aún cuando el tema de continuarfinanciando algunas universidades privadas con aportes


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fiscales genera una inequidad evidente y cierta en esteconglomerado de más de cuarenta y cuatro universidades,se deberá abordar de que manera el Estado debe subsidiarel quehacer de estas entidades sobre una plataforma deigualdad de oportunidades y de responsabilidades con elpaís, sobre la base de concursos transparentes y con rendiciónde cuenta de lo invertido en capital humano y patrimonioinstitucional.

En este sentido, la agrupación de universidades privadasque accedan a recursos fiscales deberán tener perfectamenteacreditados sus patrimonios institucionales, de modo quelas actuales instituciones que usan el sistema de inmobiliariasasociadas para lucrar a través de un tercero y cumplir conla ley de ser entidades sin fines de lucro, deberán sometersea controles estatales que permitan dar fe de ello. De ahí,considero que no es esperable que todas estas universidadesprivadas estén en condiciones de rendir tal prueba deelegibilidad, como también, algunas de ellas, no tengan enperspectiva, requerir fondos estatales. Por tanto, el llamara conformar una Agrupación de Universidades Privadas quereciban aporte del Estado bajo tales premisas, a las que sepodrían sumar otras condiciones como por ejemplo, estaracreditadas por un período mínimo y cumplir condeterminados convenios de desempeño, hará que se puedanmantener los aportes históricos a las entidades privadas másantiguas, con un gradual proceso de concurso de recursosque les permita ir acomodándose a las nuevas condicionesde la institucionalidad proyectada.


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De este modo, podemos encauzar la nuevainstitucionalidad en lo que se refiere a las universidadesprivadas, sin necesariamente caer en concepciones extremasde agruparlas a todas en una misma entidad, Consejo oAsociación. Esta adscripción voluntaria de entidades privadasque acceden a fondos fiscales vendría a ser un primer pilarde la nueva institucionalidad, en donde la fracción históricade los Aportes Fiscales Directos e Indirectos que hoy perciben,constituirían un recurso existente que puede ser asignadocon nuevos criterios de gradualidad y de participaciónconjunta, sobre la base de indicadores que den cuenta deldesarrollo institucional, de su aporte en la formación derecursos humanos de mayor movilidad social, de investigaciónacadémica y de interés productivo, etc.

Las otras universidades privadas que no accedan a estesegmento descrito, deberán seguir las reglamentacioneslegales vigentes y nuevas que para el fin de desarrollar susmisiones e intereses corporativos sean pertinentes con lalegislación nacional. Su existencia, de igual modo será unacontribución al sistema de educación superior del país, perocon un adecuado nivel de información y transparencia quepermita desde las entidades fiscalizadoras poner enconocimiento a quiénes opten por acceder a éstas en laconsecución de su formación profesional o académica.

Universidades Estatales

El otro pilar indiscutible del sistema universitario chilenolo constituyen las Universidades Estatales. Es ampliamente


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conocida la historia de cómo las dos universidades estatalesoriginarias, Universidad de Chile y Universidad Técnica delEstado, con la reforma del año 81, dieron vida a lasuniversidades estatales derivadas a partir de sus sedesregionales y que hoy día conforman las dieciséis institucionesque se distribuyen a lo largo de todo el país.

Estas instituciones que preservaron su naturaleza estatal,respecto de las dos originarias, debieron ajustarse a las nuevascondiciones de financiamiento que se establecieron con ladistribución del aporte fiscal directo y sus participacionesen el aporte fiscal indirecto, aunque manteniendo sus propiasautonomías en la administración, financiamientocomplementario y misión institucional, aun cuando confuertes presiones económicas por mantener un adecuadoequilibrio y sustentabilidad. De igual forma, son conocidaslas deficiencias de financiamiento que han experimentado,así como problemas en materia de gestión y calidad, algunascon modelos de expansión territorial a objeto de recaudarnuevos ingresos sobre la base de cuestionables objetivos yresultados académicos. En fin, tras casi tres décadas deexistencia en esta obsoleta realidad sistémica, surgen unconjunto de cuestiones que hacen aconsejable restituirlas enuna nueva institucionalidad, así como en una nueva relacióncon el Estado.

Sobre la base de que las dieciséis universidades estatalesexistentes tienen una realidad tal que las hace funcionales aldesarrollo futuro del país, podemos formular una propuestapara esta nueva institucionalidad desde sus naturalezas y


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características esenciales. En esta mirada podemos identificarque al menos coexisten tres tipos de entidades estatales, asaber: Universidades Nacionales, Universidades Regionalesy Universidades Temáticas.

Por su concepción, historia y desarrollo en nuestro país,la Universidad de Chile ha sido desde 1842 la universidadnacional por excelencia y el discurso fundacional de donAndrés Bello su paradigma esencial. En la actualidad, lavemos fortalecida y reafirmada en su configuración interna,con su remozado Estatuto institucional, actualizado con unanueva estructura orgánica aprobada por decreto presidencialpor especial delegación de poderes del Congreso en el año2005, con una puesta en marcha de esta nuevainstitucionalidad desde mayo de 2006. Por otra parte, laUniversidad Técnica del Estado en su rol histórico deuniversidad nacional, tras la reestructuración vivida conmotivo de la reforma de 1981, dio origen a la Universidadde Santiago de Chile, circunscribiéndose a una de carácterregional metropolitano, aún cuando, sin duda, mantiene unavocación nacional y una descendencia histórica construidasobre la base de sólidas entidades que marcaron el rumbo dela educación técnica chilena. De ahí que, esta universidaddebería entrar en una reflexión profunda que le permitaretomar con el Estado su naturaleza nacional o redefinir suquehacer en una perspectiva regional a través de un Estatutorenovado.

Las Universidades Regionales, derivadas tanto de lassedes regionales de las Universidades de Chile y Técnica del


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Estado, así como de sus fusiones locales, que han logradouna identidad con cada una de sus regiones en donde se hanconstituido, con patrimonio propio y un reconocimiento através de sus gobiernos regionales, han marcado su identidadde universidades con su gente, territorio y problemas dedesarrollo. De modo que con la excepción de la Universidadde Santiago de Chile, bien pueden clasificarse en este tipoa las Universidades de Tarapacá, Arturo Prat, de Antofagasta,de Atacama, de La Serena, de Valparaíso, de Talca, del Bío-Bío, de La Frontera, de Los Lagos y de Magallanes.

Finalmente, en esta caracterización de las universidadesestatales, podemos reconocer un tercer grupo que tiene suorigen en lo que podríamos denominar UniversidadesTemáticas, atendiendo a que se orientan originalmente alárea pedagógica, como las Universidades Metropolitana deCiencias de la Educación y Playa Ancha de Ciencias de laEducación en Valparaíso, o al área tecnológica como laUniversidad Tecnológica Metropolitana, derivada del InstitutoProfesional Tecnológico de Santiago que a su vez nació alalero de la Universidad de Chile. Estas tres institucioneshan marcado un precedente de universidades estatales quehan surgido como resultado de focalizarlas en un contextoespecífico tras la reforma del 81, a pesar de que necesidadesde gestión y financiamiento, conjuntamente con una autonomíamal entendida, se han ampliado hacia otras líneas temáticasformativas.

Esta nueva clasificación permite dimensionar y orientarlas misiones institucionales en su relación con lo que espera


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el Estado de éstas, de manera que ya no se ven como entidadesque compiten entre sí, sino que más bien, en entidadesuniversitarias que requieren de la cooperación para afianzarde mejor manera sus logros en el país y frente a laglobalización mundial.

El reconocimiento de estas Universidades Estatales ensu esencia natural, sumadas a la existencia de un entecoordinador que vele por el interés de mantener estándaresde calidad y de excelencia, como podría ser un Consejo deRectores de Universidades Estatales, podría permitir proyectaren el mediano plazo un sistema de ingreso propio, unamovilidad estudiantil a nivel nacional, un sistema deevaluación académica y movilidad del profesorado sobre labase de concursos nacionales y oposición de antecedentes.

Al igual que en el caso de las universidades privadas, elproblema de financiamiento pasa a ser un escollo como entodo tipo de reformas en donde el peso histórico es unantecedente importante. Sin embargo, se podría iniciar estanueva institucionalidad reconociendo el rol que el Estadotiene ante estas instituciones, dando pié a su caracterizaciónen Nacionales, Regionales y Temáticas, financiadas con losmismos fondos del AFD y AFI que actualmente reciben demanera histórica, integradas a un Consejo de UniversidadesEstatales. A su vez, las universidades regionales y temáticasdeberían reenfocar su desarrollo futuro mediante conveniosde desempeño suplementados con fondos adicionalesprovenientes de fuentes ministeriales de desarrolloinstitucional y fondos de desarrollo regional, sobre la base


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sobre la base de conformar alianzas estratégicas con lasuniversidades nacionales para potenciar Programas dePostgrado, desarrollar Centros de Investigación, fomentaractividades de I+D+I en las regiones y mantener Programasde Perfeccionamiento continuo del cuerpo de profesores anivel nacional.

Excelencia Académica

La excelencia académica es la aspiración que buscaimprimir a su trayectoria toda institución universitaria quese precie de tal, sin embargo, ésta no es la resultante inmediatade una decisión política por un mejoramiento sostenido, delaporte de recursos frescos para nuevas inversiones o delestablecimiento de nuevos vínculos cooperativos con otrasentidades de excelencia. Si bien, cada una de estas propuestaspueden ser apropiadas para mejorar el estatus institucional,la excelencia académica surge del reconocimiento queentidades pares hacen de quiénes marcan el rumbo e invitana ser emuladas en los múltiples planos del quehaceruniversitario, lo que finalmente se traduce en un amplioconsenso de calidad aceptada por su entorno social .

Sin duda que, el cuerpo académico, es una de las grandespreocupaciones que toda entidad universitaria tiene, pues esel que finalmente le confiere el sello y el carácter a launiversidad. No podemos olvidar que en su esencia, unauniversidad es lo que su cuerpo académico es. De ahí que,el establecer políticas universitarias de mejoramiento delpersonal académico, más temprano que tarde, redundará en


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un ascenso institucional en el sentido de la excelencia, aúncuando pueda tomar largos períodos de tiempo el implementaradecuadamente un objetivo de este tipo. Por ejemplo, laFacultad de Ciencias a comienzos de los años ochenta tomóuna decisión política tendiente a contratar solamenteacadémicos con el grado de doctor para ingresar a la CarreraAcadémica Ordinaria de la Universidad de Chile. Hoy lahace ser una de las Facultades singulares en el país, puestoque, con poco más de un centenar de académicos de plantay jornada completa, más del 90% de ellos son doctores. Estamedida, en su caso, ha mostrado ser muy efectiva al momentode analizar su producción científica, puesto que con ello, seaseguró contar con personal desde muy joven probados enmateria de desarrollar proyectos de investigación y además,poder fortalecer dos de sus objetivos misionales fundamentalescomo son el hacer ciencia básica de nivel internacional yformar científicos para Chile, enarbolando uno de los índicesde publicaciones científicas per cápita y anual, más alto delmedio nacional.

Esta preocupación por la excelencia del cuerpoacadémico universitario debe ser una constante de todo elsistema universitario estatal. Por ello que, al estar éstasuniversidades estatales comprometidas en un proceso colectivode identidad como entidades públicas del más alto nivel ensu ámbito nacional, regional o temático, debieran supeditarsea sistemas de control de calidad conducentes a alcanzargradualmente niveles de excelencia acordes con sus misionesy objetivos institucionales. Del mismo modo, al ser todasuniversidades estatales, puede establecerse un sistema de


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jerarquización académica equivalente y transferible,acentuando una movilidad de su profesorado que hoy día,prácticamente no existe en el país.

La excelencia del estudiantado universitario es un temamás complejo de abordar, puesto que aquí confluyen diversosfactores como los intelectuales, sociales, económicos yterritoriales, que hacen que la fusión o amalgama de éstosdetermine diferentes mecanismos para abordar unmejoramiento gradual. La excelencia del estudiantado nosólo es una variable que da cuenta del ingreso medido porlos mayores puntajes nacionales, sino que también poraspectos relacionados a la permanencia y a los niveles deformación, medidos por el éxito en la inserción laboral y suproyección a otros niveles más avanzados de formaciónacadémica o profesional.

En esta materia, resulta fundamental comprender comojuegan los aspectos de selección y de formación remedial enlos primeros años de estudios en el éxito de éstos estudiantes,así como hacer que los programas de carreras se conjuguenapropiadamente con un posterior desarrollo armónico entreel sello institucional y una formación integral adecuada.

Sin duda, hoy día nos queda claro que los procesos deselección estudiantil no son lo suficientemente apropiadospara aplicarlos a todo el país como se ha venido realizandopor décadas. Más cuando se trata de una Prueba de SelecciónUniversitaria cuyos objetivos están más cerca de medir elrendimiento en la Enseñanza Media que la selección de


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ingreso a las carreras o programas académicos de lasuniversidades.

En esta materia, se debe realizar una profunda reflexiónen términos de volver a una Prueba de Aptitud Académicapara el sistema de selección en las universidades estatales ycomplementar los procesos de selección acorde con lasnaturalezas de las universidades y sus realidades nacionales,regionales o temáticas. Un proceso de selección para accedera una universidad nacional como la Universidad de Chile,no tendría porque ser equivalente a la selección para ingresara la Universidad de Magallanes o de Tarapacá. Sin embargo,el tener un denominador común mínimo de selecciónpermitiría que, al acceder a alguna universidad estatal,cumplido ciertos niveles de formación, debería el sistemapermitir la movilidad estudiantil desde y hacia lasuniversidades nacionales, que por su misión y deberes conel Estado, habrían de estar abiertas a todo el estudiantadodel país, por cuanto el acceso no puede ser visto tan solodesde el inicio, sino que también desde la transferencia enniveles intermedios, como por ejemplo, tras alcanzar unaformación con grados de Bachiller o Licenciatura.

Igual cosa debe experimentarse con el área de serviciosy de extensión universitaria. Es bien conocido el rol quejuegan las instituciones universitarias en el país, tanto en lafacilitación de recursos asistenciales y metodologías analíticasy de vanguardia en el desarrollo económico y social, comoen la extensión artística y cultural asociada a sus tareasmisionales. Las universidades siguen siendo el mejor foco


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de desarrollo para múltiples iniciativas de alto nivel y sonmedios de expresión para el talento y las habilidades denuestros integrantes como de la sociedad toda. Con mayorrazón en aquellas regiones que por sus condiciones territorialesy apartadas de los grandes centros urbanos se transformanen referente exclusivo para lograr dichas metas. En estecontexto, programas de desarrollo regional y nacional deberíanser fuentes de convergencia para que las universidadesestatales en un trabajo cooperativo accedan a lacomplementación de sus quehaceres y al fortalecimiento decentros regionales, por sobre una competencia que hoy estallevando a que universidades regionales del norte tengansedes en el sur y vice versa, sólo en un ánimo de disputarbeneficios económicos que no tienen ningún destino en uncontexto de una política de universidades estatales a nivelnacional.

Por otra parte, la globalización trae consigo un grandesafío de competitividad a nuestras universidades estatalesy éstas deben ser capaces de alcanzar una política coherentede colaboración mutua, puesto que ya están ingresando alpaís afamadas universidades mediante programas deformación de postgrados específicos o en asociaciones conotras universidades de nuestro propio país.

En este sentido, de no saber enfrentar estos nuevos retoscontemporáneos que nos trae la educación universitariainternacional, a poco andar se transformarán en verdaderasamenazas para la subsistencia de nuestras universidadesestatales más vulnerables, de modo que es imperativo atender


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oportunamente estos nuevos escenarios, a fin de transformarestas amenazas en nuevas oportunidades para agilizar unproceso que urge plasmarlo a través de esta nuevainstitucionalidad que se reclama como evidente.

Sin embargo, ante las nuevas dinámicas internacionalesy nacionales que en materia de educación superior estamosexperimentando, se requiere de la pronta atención y decisiónde cambios por parte de las instancias de Gobierno, conparticular énfasis en simplificar las trabas administrativas ycontroles burocráticos que hacen más vulnerables la gestiónde las universidades estatales frente a la competencia de lasprivadas, a pesar de que por misión y mandato atienden conmayor predominio que el resto del sistema universitario alos estudiantes de menores recursos y aseguran una mayorcobertura social, laica y cultural de la sociedad chilena.


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CAPITULO 6

Equidad y Calidad en la Formación de Pregrado

Las deficiencias en la formación científica y en unsentido más amplio, en la formación lingüística y humanística,que se han observado en el alumnado de nuestra EnseñanzaMedia a nivel nacional, han sido aspectos de hondapreocupación gubernamental y de la sociedad chilena en laúltima década. Deficiencias que han venido sistemáticamentequedando patentes en los magros resultados promedios quese han desprendido de las Pruebas de ConocimientosEspecíficos, mientras estuvo vigente la PAA, y posteriormente,con las Pruebas de Selección Universitaria (PSU), segúnobservaciones que se desprenden desde los informes técnicosque ha entregado el DEMRE, Departamento de Evaluación,Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile,que ha tenido a su cargo los procesos de selección universitaria.


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Tema que, por lo demás, se ha acentuado tras losdeplorables resultados que han emanado de los exámenesque debió rendir nuestro sistema educacional, producto delas diferentes evaluaciones internacionales, que tambiéndejaron al descubierto las falencias y dificultades de dominioque han mostrado los profesores de Enseñanza Media en lasmismas materias.

Por otra parte, es ampliamente conocido entre losprofesores universitarios que cubrimos los primeros años delos ciclos básicos, las deficiencias que traen los estudiantessecundarios, tanto a nivel de comprensión como de sintaxisy redacción, además de fundamentos matemáticos y lógicos,con la excepción de algunas carreras de alta demanda, endonde se concentran los mejores puntajes nacionales. Estatendencia, que se ha observado en la sociedad en general, hadado paso a la identificación de los analfabetos funcionales,dejando al descubierto fallas fundamentales del sistemaeducacional sin enfrentarse apropiadamente a la fecha niotorgársele la importancia que merece. Sin duda que estotiene una repercusión más amplia que en el puro ámbito delos estudios superiores, puesto que al extenderse hacia elcampo laboral y a la convivencia cotidiana, se vandesarrollando patrones de desenvolvimiento social menosdepurados y de menor conciencia cultural e intelectual,contrariamente a lo que observamos en sociedades civiles ydemocráticas más evolucionadas.

Sin embargo, a pesar de la magra realidad que se havenido sosteniendo por tanto tiempo, las universidades han


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debido enfrentar el dilema de tener estudiantes con másconocimiento o con más aptitudes, cuestión que en sí no estrivial a la hora de hacer cumplir los programas de estudioy sus correspondientes contenidos temáticos. Aún así, creoque el rol de las universidades estatales debe estar supeditadoal servicio público, particularmente en lo que concierne aabrir nuevas oportunidades a quiénes no han contado conlos recursos económicos y sociales apropiados para ampliarsus bases de conocimientos durante su estadía en la enseñanzamedia, pero que sí tienen las aptitudes intelectuales necesariaspara alcanzar el éxito en sus estudios superiores. Esto haceuna enorme diferencia con las universidades privadas, lascuales obedecen principalmente a objetivos de formación decuadros de egresados que se ajustan a sus interesesprofesionales o de élite, tanto en sus objetivos de carácterdoctrinario como económico, que en otros casos se extiendea lo confesional.

Sobre esta base es que debemos considerar importanterescatar una evidencia que, cada año, pesa más en la brechaque se está generando entre estudiantes provenientes deentidades municipalizadas y privadas. Debemos sersuficientemente sensibles para atender una realidad que cadaaño se hace más evidente, respecto de que la Prueba deAptitud Académica (PAA), conjuntamente con sus Pruebasde Conocimientos Específicos (PCE), ha sido el instrumentomejor logrado para un proceso masivo de selecciónuniversitaria que busca equiparar oportunidades, haciendomás equitativa la elegibilidad de estos estudiantes deEnseñanza Media.


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Desafortunadamente, las presiones políticas que desdeel Ministerio de Educación condujeron a instalar en el año2003 la Prueba de Selección Universitaria (PSU), como unnuevo instrumento de selección para ingresar a lasuniversidades del CRUCH, a diferencia de la PAA, estanueva prueba introduce un elemento de inequidad que habráde afectar principalmente a los estudiantes provenientes decolegios de menor calidad, al centrar el proceso de selecciónsobre la base de conocimientos adquiridos durante laEnseñanza Media.

Un segundo problema, no menos importante que elprimero, se focaliza en las dificultades que han tenido lasuniversidades para seleccionar a sus estudiantes con unmismo instrumento de corte generalista, que no permite unaadecuada diferenciación al momento de distinguir entrepostulantes a carreras que requieren determinadas aptitudesintelectuales y niveles de preparación.

Por eso, considero que la Universidad de Chile y demásuniversidades estatales deberían volver a instalar la PAAcomo condición sine qua non de un sistema de selecciónúnico, en su rol de instituciones de educación pública queestán orientadas a servir, principalmente, en el rescate detalentos intelectuales promisorios pero desfavorecidos pordiversas causas sociales o territoriales y así, no perder unprincipio fundamental de construcción de país como es sumovilidad social.


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Por su parte, las universidades privadas debieran buscarsus propios mecanismos de selección universitaria y nocontinuar usufructuando de un proceso, que por lo demás,su costo lo han externalizado sobre la principal universidadestatal chilena y el estudiantado secundario nacional que, enmás del 50%, ni siquiera postula ni accede a sus institucionesde educación superior, pero cuyo aporte financiero les permiteobtener gratuitamente un proceso de selección que les dagarantía de éxito sin esforzarse mayormente para obtenertal beneficio.

En este proceso de transición del liceo a la universidadmuchos estudiantes experimentan dificultades serias deadaptación y de nivelación de conocimientos de base, aspectosque han llevado a las instituciones de educación superior ala búsqueda y aplicación de diferentes modalidades paraenfrentar este problema, que al final se traduce en la formade normalizarlos a un nivel mínimo y homogéneo deconocimientos que aseguren sus permanencia en sus carrerade interés. Desde programas de estudios remediales, cursosde nivelación y tutorías específicas, por mencionar algunas,todas basadas en una formulación de carácter informal,vinieron a confrontarse con una nueva modalidad formal queinstala la aparición de los Programas Académicos deBachillerato y su correspondiente grado académico deBachiller.

Estos programas de Bachillerato han representado unaalternativa sólida tanto en lo conceptual como orgánico de


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un ingreso y permanencia en la universidad. Con este tipode programa no sólo se buscó atender problemas de decisiónvocacional, sino que también enfrentar problemas asociadosa largas permanencias para obtener un título profesional, loscambios de carreras sin reconocimientos apropiados deestudios previos cursados o la salida de la universidad pararendir nuevamente su prueba de ingreso e incorporarse a otracarrera universitaria, cuando dichos estudiantes ya habíanmostrado suficiencia intelectual para ingresar, incluso enmuchas ocasiones, a la misma universidad.

Programa de Bachillerato

La importancia alcanzada por los Programas deBachillerato en la Educación Superior, a nivel nacional,generó todo un proceso de cambio en la concepción de losestudios de Pregrado en la década de los noventa y, de paso,introdujo economías de escala tanto a nivel de recursoshumanos como de capacidades instaladas.

El actual Programa de Bachillerato de nuestraUniversidad comienza a ser un tema de estudio incipiente aliniciar su período rectoral el Dr. Jaime Lavados, quién propusola tarea de inducir un cambio en la forma de articular losestudios de pregrado en nuestra universidad. Esto significóun nuevo frescor curricular, tras el viejo modelo napoleónicoque se había instalado como único en todo el país, cuyosefectos en la mayoría de los planes de estudios a la fecharesultaban con evidentes muestras de anquilosamiento,producto de haberse establecido carreras estancas, sin


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capacidades y flexibilidades de movilidad estudiantiltransversal, incluso, al interior de las mismas universidades.

Tuve en suerte contribuir a la discusión de este procesoen calidad de asistente de la comisión que para esos efectosnombró el rector Lavados y que afectuosamente denominamosde los Tres Luises, por sus integrantes y destacados colegaslos profesores Luis Izquierdo†, Luis Vaisman y Luis Merino. Esta comisión tuvo a su vez el rol de discutir una propuestaconjunta con la Pontificia Universidad Católica, quedesafortunadamente no llegó a un acuerdo para implementarun único programa, generándose dos visiones diferentes quefinalmente condujo a ellos a ofrecer un Programa deBachillerato con ingreso diferenciado desde el inicio aCiencias Exactas y Naturales y a Ciencias Sociales yHumanidades, en tanto que nuestra propuesta fue de unprograma de ingreso unificado y con menciones al términode éste.

Tras un año de análisis y discusiones, en la que lamayor de las veces percibimos desde primera fuente losanálisis del Profesor Izquierdo, en una cercanía dada por lapertenencia a la misma Facultad, el proyecto se trasladófinalmente hacia el ámbito de la Vicerrectoría Académica,en donde, bajo la dirección del Vicerrector de ese momento,el Profesor Luis Merino, tuvimos la oportunidad de hacerefectiva las propuestas largamente discutidas desde unaperspectiva conceptual por los Tres Luises, en un proceso deanálisis conjunto con la Profesora Julia Romeo de la Facultadde Ciencias Sociales, quién lideró el área de las Ciencias


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Sociales y Humanidades, en tanto que al autor le correspondióel área de las Ciencias Exactas y Naturales, por su recienteexperiencia de haber organizado y dirigido la Escuela deCiencias, y dado el conocimiento disciplinario del ProfesorMerino, el mismo lideró en su área las estrategias relacionadascon las Artes.

Con una convocatoria amplia a distintas unidadesacadémicas de la Universidad, constituimos comisionestemáticas de acuerdo a un conjunto de disciplinas básicas,no profesionales, que se consideraron propias de lasactividades curriculares que se daban en los primeros dosaños de formación en el pregrado de las más de cincuentacarreras que se dictaban en ese momento. En esas comisionesde trabajo se establecieron diagnósticos, propuestas deintegración curricular y modos de diversificar el Pregrado,teniendo en consideración la formación mínima necesariapara cubrir los dos primeros años de estudios en nuestraUniversidad.

En esa oportunidad se conformaron comités conprofesores provenientes de las distintas Facultades en dondese dictaban disciplinas básicas, que por ejemplo, en el casode Química, estos profesores provinieron de las Facultadesde Ciencias, de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, deMedicina, de Agronomía, de Ciencias Físicas y Matemáticasy del INTA. Cuestión similar ocurrió con las Comisionesen Biología, Bioquímica, Física y Matemáticas. Al serdisciplinas científicas, su distribución en la Universidad eramás diversa, en tanto que en el caso de las disciplinas de las


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Ciencias Sociales y Humanidades, no fue necesario abarcartantas unidades académicas, dado que éstas se concentrabancon mayor propiedad, principalmente en el Campus JuanGómez Millas.

En ese momento se analizaron más de 50 planes deestudios de las carreras de pregrado existentes al año 92. Denuestros diagnósticos distinguimos diversos aspectosestructurales que, obviamente, no contribuían a una propuestade integración curricular transversal. Entre otras, apreciamos:(a) una gran variedad de contenidos temáticos fundamentalesen asignaturas disciplinales básicas; (b) una sistematizaciónexcesiva de contenidos que no hacía fácil la homologaciónentre planes de estudios similares; (c) una estratificaciónextrema de contenidos de formación básica e incorporaciónde temas profesionales en carreras de una misma áreatemática, que atentaban con la idea de propender al desarrollode planes comunes; sólo por mencionar algunas de las diversasobservaciones que surgieron de este primer diagnóstico enlo curricular.

Indudablemente que todo este trabajo, que duróaproximadamente un año, permitió sentar las bases necesariaspara formular el Programa Académico de Bachillerato, trasconocer los principales contenidos temáticos fundamentalesdictados en la Universidad y proyectar una nueva orientacióncurricular a una futura reforma del Pregrado.

Posteriormente, bajo la dirección del VicerrectorProfesor Fernando Lolas, sucesor en el cargo del Profesor


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Merino, se amplió este Comité de Bachillerato con lapresencia de otros distinguidos colegas como el Dr. JorgeBabul, actual director del Programa, y el Profesor de HistoriaLuis Menke, quién dirigía una unidad de apoyo curricular alinterior de la Vicerrectoría con otros profesionales como laProfesora Marlis Vidal, que nos otorgaron un amplio apoyo. Fue con este grupo de trabajo, al que seguíamos perteneciendocon la Profesora Julia Romeo, que se inició la confeccióncurricular de este nuevo programa académico, para llegar afines del año 92 con la estructura que permitió dar forma aeste Programa Académico de Bachillerato.

Algunos elementos conceptuales que se analizaron yconsideraron fundamentales de incorporar fueron:

(a) Formación integral, en el interés de incorporar diversosámbitos formativos, integrando las dos culturas delconocimiento occidental, vale decir, el mundo de lashumanidades y las artes y el de las ciencias naturales yexactas, normalmente separados en el ejercicio especializadode nuestra actividad profesional.

(b) Formación disciplinal, orientada a dar las basesfundamentales del conocimiento sistematizado por disciplinas,manteniendo una independencia del rol auxiliar que éstastienen en la formación profesional. Con esto se buscó ampliarla base universal de conocimientos para proyectar una mayorvariedad de posibilidades profesionales que por vocacióniría orientando la elección de dichos estudiantes.


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(c) Formación transversal, orientada a inducir unainteracción de visiones disciplinales diversas sobre un mismoreferente, de modo de producir una visión de campo quedimensione más apropiadamente la complejidad delconocimiento y la cultura.

Sobre esta base y otros antecedentes que se fueronconstruyendo, se dio forma definitiva al plan de estudios enel que se determinaron contenidos temáticos propios deasignaturas obligatorias y electivas.

En el contenido de las asignaturas obligatorias se priorizóel que fueran contenidos fundamentales, que dieran inicio ala actividad disciplinal desde su primer año de ingreso, demodo que la formación de base la recibieran en la Universidadatendiendo al estado del arte de lo que había sido su formaciónen la Enseñanza Media. En ese concepto, la idea matriz fueconstruir asignaturas disciplinarias lo más fundamentales ygenerales posibles y, en el caso de las disciplinas científicas,hacerlas con trabajos de laboratorios, de modo que adquiriesenuna experiencia práctica-vivencial, aun aquellos estudiantesque no tendrían predilección por carreras científico-tecnológicas.

Así, se constituyó una malla de diez disciplinas básicas,incorporándose en el campo científico a las asignaturas deMatemática, Física, Química y Biología, mientras que en elcampo de las Ciencias Sociales, a las asignaturas de Economía,Sociología y Psicología, en tanto que en Humanidades fueron


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Filosofía e Historia y, finalmente, una asignatura de Artes,en un sentido de incorporar lo estético y especulativo.

Por otra parte, en una visión integradora de todas ellasy desde el punto de vista de complementar este plan deestudio con asignaturas electivas y optativas por parte delos estudiantes, se generó un concepto de niveles disciplinalesde modo que los estudiantes pudieran acceder, de acuerdoa su vocación e interés, a un proceso secuencial de aprendizaje,estableciendo diferentes niveles de aproximación a disciplinasque pueden ser muy estructuradas. Así, por ejemplo, el casomás complejo resultó ser el de los estudios de Matemáticas,para el que se plantearon tres niveles. Un primer nivel endonde el estudiante lograría una visión del campo de lasMatemáticas, un segundo nivel donde las Matemáticasadquieren un valor heurístico, netamente instrumental y deaplicaciones, y un tercer nivel de mayor exigencia yprofundidad orientado a hacer de las Matemáticas su primeraexperiencia en la reflexión y estudio de una disciplina quese organiza desde sus primeros principios. De este modo,se fue analizando las distintas disciplinas a fin de ofrecereste tipo de estructuración de ser posible y, así, atender a ladiversificación de las carreras de pregrado.

Además, se planteó como asignaturas alternativasoptativas a las asignaturas de conocimientos profesionalespropias de una profesión u oficio, dictadas en las Facultades,de modo que los estudiantes pudiesen incursionar en algunasde las áreas donde ellos vislumbrarían sus posibles interesesvocacionales. De allí surgió la idea, entonces, de abrir las


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de formación general, vale decir, asignaturas centradas envisiones complejas de problemas multidisciplinarios o deformación cultural no sistemáticas.

Reforma del Pregrado

Tras poco más de una década, desde su implementaciónen el año 93, podemos vislumbrar claras ventajas de esteproceso académico, en donde estos bachilleres, durante dosaños, desarrollan aproximadamente veinte asignaturas de lasdistintas áreas del conocimiento universal. Tal vez, una delas ventajas más singulares que podemos apreciar desde laperspectiva curricular, es que los estudiantes adquieren unaformación científico-humanista sólida y así, una buenaadaptabilidad al ingreso en diferentes opciones de carrerasrelacionadas disciplinalmente con su orientación e interesesvocacionales. También, adquieren un buen manejo deconceptos interdisciplinarios que les permiten tener unamirada más amplia frente a problemas de una disciplina enparticular.

Por otra parte, algunas desventajas de un sistema quesabemos perfectible, las podemos visualizar en que, en nuestraUniversidad y en el resto del sistema universitario nacional,aún se aprecia una insuficiente flexibilidad curricular en lascarreras de pregrado, lo que obstaculiza las homologaciones. Esto, sumado a que los estudiantes de un programa deBachillerato suelen arrastrar un peso en contra que,culturalmente, se ha arraigado en nuestras tradicionesuniversitarias, como el carecer de una identidad específica


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con carreras profesionales. Esto los hace ser más vulnerablesa la hora de establecer sus sentidos de pertenencia,particularmente en sus primeros años de vida universitaria,en donde los aspectos emocionales suelen ser muy fuertes.

El impacto que tuvo esta iniciativa, podemosciertamente afirmar que ha sido una de las más emblemáticasy significativas que han ocurrido en el sistema universitarionacional de las últimas dos décadas. Su propagación,particularmente en las universidades privadas, permitióelaborar ciclos básicos comunes a diferentes carreras y nivelarlas formaciones que estudiantes de enseñanza media traíandesde diferentes orígenes de colegios municipalizados,subvencionados o privados. Por otra parte, esta nuevamodalidad de ingreso a la universidad, permitió postergar ladecisión profesional a quienes hicieron uso de este modelo,manteniendo algunos criterios vocacionales generales respectode áreas de interés. Aún cuando esta iniciativa ha representadoun avance en materia de replantearse el ingreso a launiversidad, tanto desde el punto de vista del estudiantecomo de sus familias, todavía sigue siendo en algunasUniversidades Complejas la forma alternativa que tienenestudiantes aventajados que no alcanzaron puntaje paraingresar a carreras de alta demanda como Medicina. Esto,sin duda, tiene un impacto negativo en la postulación a losProgramas de Bachillerato, puesto que predispone a unnúmero importante de sus estudiantes a emplearlo como untrampolín hacia sus expectativas no satisfechas, en vez deincorporarse a un programa que le ofrece la expectativa dedescubrir nuevos rumbos, acorde con sus capacidades y


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habilidades expuestas a una vivencia disciplinaria efectiva.

También, este nuevo paradigma de la educaciónuniversitaria dio pié para mostrar la lentitud con que lasuniversidades estatales fueron dando respuesta a las mismasimplementaciones, muchas veces entrampándose en latransferibilidad interna hacia otras carreras de la mismainstitución, al momento de definir cupos de ingreso a carrerasprofesionales para sus propios bachilleres. Un aspecto quedel todo, aún no ha sido resuelto, corresponde al hecho deque estos programas académicos pilotos, que se iniciaron enel caso de nuestra universidad con un 5% aproximadamentede la matricula a primer año, no han sido capaces de crecery proyectarse en el contexto definitivo para el cual fueronconcebidos. Al igual que en la Universidad de Chile, en elresto del sistema universitario, salvo algunos casos puntuales,estos programas aún siguen en una indefinición conceptualy estructural que no toma forma con la orgánica propia delas carreras de pregrado.

Este es un punto que puede ser simbólicamente asumidopor las Universidades Estatales, en el interés de potenciarsus capacidades de interrelación entre universidadesnacionales, regionales y temáticas, no sólo estableciendonuevos criterios de movilidad estudiantil, sino que además,definiendo estándares de calidad para la formaciónuniversitaria de los ciclos básicos comunes y generandomecanismos de control de la calidad y equidad estudiantil,sobre la base de tener sistemas de acreditación que se muevancon parámetros e indicadores de escala nacional.


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Por otra parte, es bueno meditar que al no haberseinstituido programas correspondientes o únicos, los nivelesde formación alcanzados no han sido todo lo equivalentesque se hubiese querido, en el interés de establecer modos dehomologación o transferencia ínter universidades, lo quepara estos efectos ha sido bajo, por no decir, inexistente.Aún así, creo conveniente enfatizar que, las señales de lostiempos que corren, nos muestran que cada vez se hace masdifícil el poder ir demarcando áreas específicas de formaciónprofesional en un esquema clásico de organización curriculary, por lo tanto, frente a la diversidad de nuevas opciones defuturo, tendremos que abrirnos a la concepción de unestudiante en la Universidad que ayuda con su propia eleccióna construir su propio currículo abriéndose a planes de estudiosmás flexibles, lo que finalmente lo llevará a la obtención deun grado académico o a un título profesional, que nonecesariamente debe ser pensado como de interés masivo.

De allí que, durante este proceso formativo que habráde experimentar este estudiante, deberá ser considerado comoun estudiante de la Universidad en su sentido más propio,en contraposición a lo que históricamente ha sido el adscribirnuestros estudiantes a una Escuela o Facultad.

De esta breve síntesis podemos extraer la necesariaexperiencia de integración curricular que hemosexperimentado con los diversos matices de voluntades yrespuestas que dan el todo resultante a lo que deberemosenfrentar, de sumirnos en un desafío de mayores proporciones


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que proyecte globalmente a nuestra Universidad y al conjuntode universidades estatales. Esta tarea, de plasmarse en unproyecto concreto para nuestro estudiantado, pasa realmentepor una flexibilización de nuestros planes de estudios ygestión administrativa académica. Por lo demás, esta aperturarequiere de una nueva perspectiva respecto de cómo, hastaahora, hemos estado entregando nuestra integraciónsistemática y secuencial formativa y de abrir nuevos espaciosde aceptación por nuestra parte ante esquemas más novedososde recorridos curriculares ad hoc, para así lograr que granparte de nuestros futuros estudiantes accedan a procesos deformación profesional o académicos más acorde con susexpectativas personales y, por tanto, logren una adecuaciónapropiada a la diversificación opcional del futuro mercadolaboral.

No tengo duda que estos elementos han de constituirla base de la reforma de pregrado que sigue a la espera deuna profunda reflexión y pronta decisión en las políticasinstitucionales. Los ordenamientos de mallas curriculares,planes de estudios y ciclos de formación básica que hemosvenido experimentando en los últimos años representan sólola antesala para abordar la reforma de nuestro pregrado envistas a las perspectivas que el país se abre con el Bicentenario. La experiencia que nos ha aportado casi quince años delPrograma de Bachillerato debe ser un elemento sustancial almomento de proyectar los nuevos espacios curriculares queel estudiante del futuro habrá de demandar.


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Créditos Transferibles o ciclos homologables

Hace ya un par de años que el Consejo de Rectores(CRUCH) manifestó el interés de establecer un sistema decréditos transferibles entre sus instituciones asociadas, temaque se encargó a los correspondientes VicerrectoresAcadémicos para iniciar la búsqueda de acuerdos mínimosy básicos en materia de mecanismos y procedimientos quehicieran posible su implementación.

Esta iniciativa, en alguna medida, tiene una razón deser en las corrientes de pensamiento europeo que se hansucedido producto de las declaraciones de la Sorbona (1998)y de Bologna (1999). La Declaración de la Sorbona, acaecidael 25 de mayo de 1998, estableció el papel central que lasuniversidades tienen en el desarrollo cultural y en la sociedaddel conocimiento que se comienza a configurar con el términodel milenio en Europa y el mundo, particularmente en el rolque se le atribuye a la educación y la cooperación educativapara el desarrollo de sociedades democráticas sólidas, pacíficasy duraderas. Junto con reconocerlas como entidades clavesen la movilidad ciudadana y en la capacidad de generarnuevas formas de empleo.

Al año siguiente, los Ministros de Educación de Francia,Inglaterra e Italia invitaron a los demás países europeos aintegrarse en un esfuerzo conjunto por la consecución de unmismo sistema de educación superior, en vistas a alcanzartal objetivo antes de culminar el año 2010, iniciativa que


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convocaron tras la denominada Declaración de Bologna(1999).

Es sobre estas bases que los europeos se han dado enpropiciar una calidad docente transversal, con un nuevosistema de transferencia de créditos que permita unreconocimiento académico en materia de títulos para unamovilidad exitosa, una empleabilidad transfronteriza sinreparos y cuyos resultados asegure el desarrollo general delcontinente en su proyección futura. Esta nueva aperturaeuropea, se suma a la forma de unión y cooperación que losha conducido como Comunidad en estas últimas dos décadasy que no sólo ha estado organizada sobre la base de undesarrollo económico conjunto y competitivo para enfrentarlos actuales bloques económico del planeta, sino que también,para potenciarse como sociedad postmoderna mediante fuertesnexos y políticas en materia de investigación científica ytecnológica, en materia ambiental y de producción limpia,en materia de productos transgénicos y bioética, así comoen otras áreas de singular valor.

No podemos olvidar que esta unificación que se proyectaa nivel de educación superior, se haría muy difícil de noestablecerse mecanismos conjuntos de reconocimiento detítulos profesionales, de homologaciones de materias deestudio y de transferibilidad asociados a la movilidad en uncontinente con diferentes lenguas idiomáticas tan fuertescomo alemán, español, francés, inglés e italiano, además deotras tantas de países con poblaciones comparables a la denuestro país. De ahí su potencial como modelo de integración


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visualizado por algunos expertos educacionales y su influenciaen autoridades académicas superiores para que en nuestropaís se replique tal innovación.

No obstante, las complejidades que han debido irsuperando en este viejo continente, nos debiera resultarevidente que nuestro país aún se encuentra muy lejos deestar, siquiera, a la altura de algunos de los países con menoresrecursos de esta unión europea. Por eso que, intentar alcanzarsimilar nivel de resultados, más cuando contamos con unaEnseñanza Media de calidad tan heterogénea y desigual,junto a una distribución territorial estudiantil tan disímil yalejada entre sus extremos geográficos, pudiese resultarnoshoy una verdadera quimera. Sin embargo, podemos serpragmáticos y buscar un acercamiento en nuestra propiarealidad para alcanzar niveles de cooperación que nos permitanavanzar en un ideario común de mayor excelencia. En estesentido, si bien la homologación por créditos transferiblesen nuestro sistema de educación superior se hace poco viable,dado la diversidad de niveles de complejidad con querealizamos nuestro propio trabajo académico y docente,cuestión que ha sido refrendada desde el propio Gobierno através del MINEDUC, con una jerarquización de cuatroniveles de universidades tradicionales, según el esquemaderivado de los aranceles referencia, otras estrategias másad hoc a nuestro contexto deberíamos ser capaces de diseñarpara aproximarnos a un nivel de resultados plausibles demovilidad estudiantil y laboral de nivel profesional en nuestropaís.


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Esta aplicación del modelo europeo se torna aún máscompleja de implementar en su versión original si nosatenemos a los resultados que hasta el momento han emanadode la Comisión Nacional de Acreditación, que ha tenido asu cargo la conducción de la acreditación institucionalvoluntaria de las universidades en nuestro país. Siconsideramos los resultados publicados a diciembre de 2007,esta comisión nos muestra que cuarenta y una de sesenta ycinco universidades han sido acreditadas bajo condicionesmuy disímiles de calidad y cobertura. De modo que, alanalizar los tipos de acreditación certificados, se observa quela mayoría de las entidades universitarias no lo han hechoen las diversas áreas de acreditación como GestiónInstitucional, Docencia conducente a título, Investigación,Docencia de Postgrado, Vinculación con el medio eInfraestructura y equipamiento, junto con tener una ampliavariabilidad en los períodos acreditados que van de 3 a 7años. De estos informes se desprende que de un total desesenta y cinco instituciones de educación universitaria, sólodos, la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica,cumplen con la acreditación en las seis áreas de referenciay en el máximo de siete años.

Sobre esta base de heterogeneidad, ¿se puede hablar dehomologación de asignaturas mediante créditos transferibles?Al parecer, no será más que un ejercicio inútil. Sin embargo,esta preocupante situación del sistema de educaciónuniversitario chileno puede abrir un nuevo frente deoportunidades sobre la base de establecer una nuevainstitucionalidad a partir de la agrupación de universidades


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estatales. Estas pueden constituir redes de pregrado entrecarreras equivalentes que, tras convenios de rediseñocurricular, puestas en marcha de niveles de formaciónequivalentes, desarrollo de ciclos básicos o de bachilleratoy licenciaturas, movilidad estudiantil y perfeccionamientoconjunto del profesorado, pueden dar origen a sistemas dehomologación de formaciones equivalentes por ciclos oetapas, más que por asignaturas específicas.

En este sentido, cobra importancia también las directricesemanadas desde Bologna, en cuanto a la formación porcompetencias, un tema que difícilmente hoy escapa a algunainstitución, dada la pertinencia que puede tener este tipo demetodología docente al momento de renovar los programascurriculares y replantearse una serie de objetivos en laformación profesional de un sinnúmero de carreras tantocientífico-técnicas como del área de las ciencias sociales yde las artes.

Por consiguiente, sin ser estas directrices la panacea dela nueva moda universitaria europea, contiene nuevasherramientas que permitirían potenciar este trabajo conjuntoentre universidades tan afines como lo debieran ser lasuniversidades estatales chilenas. En este sentido, lasuniversidades nacionales tienen un rol de liderazgo naturalque enfrentar conjuntamente con las universidades regionalesy temáticas estatales, en el interés de propiciar unmejoramiento de nuestro propio espacio de educación superior,en el estilo de lo que hoy esta marcando como referente launión europea.


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EPILOGO

La Universidad de Chile, en un sistema de libre mercadode la educación como se ha ido constituyendo hasta el presenteen nuestro país, sin duda que tiene el potencial paradesarrollarse como institución individual y desligarse deldestino de las demás universidades estatales, enfrentandouna carrera de depredación mercantilista con las reglas deljuego del sistema político imperante.

Sin embargo, para los que confiamos en los valores quepropicia la educación pública, en lo que ha sido la historiade nuestro país, esta Universidad tiene un rol máspredominante, en cuanto a liderar el espacio de educaciónuniversitaria estatal y pública, buscando e implementandoun conjunto de soluciones como las planteadas a lo largo deeste ensayo, que involucra necesariamente a las demásuniversidades estatales del país.

Su destino será, sin duda, mucho más señero, en lamedida que pueda conducir los nuevos espacios parareposicionar una nueva institucionalidad, siguiendo la sendadel legado de Bello y haciendo efectivo los anhelos de sucomunidad académica con la capacidad de concreción deGómez Millas, para refundar una nueva realidad universitaria,más democrática, equitativa y solidaria con los jóveneschilenos, que en su formación esperan todo lo mejor que lespodamos brindar, para ellos continuar mañana el derroterodel progreso que nuestro país demande.


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ANEXO

Aporte Fiscal Directo (AFD) y Aporte FiscalIndirecto (AFI) de las Universidades Chilenas


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“Nuestro país ha instalado un sistema de educación universitariapública y privada, en donde, a través de nuestra corta historia en estamateria, se han sucedido diferentes situaciones que han conducido ala educación pública estatal a un punto crítico de sustentabilidad ydesconocimiento por parte del Estado y sus organismos centrales,principalmente del Gobierno.”

“La ambigüedad que en materia de Educación se ha venidotransfiriendo desde los años 90 de Gobierno en Gobierno y de Ministroen Ministro, no ha resuelto el problema central que afecta a todo elsistema universitario actual y seguimos inmersos en una indefinición porfalta de una visión conceptual coherente y unitaria, que a casi tres décadasde haberse implementado un sistema universitario basado en elautofinanciamiento con subsidio gubernamental, en un sistema mixto deuniversidades privadas y estatales, el clímax de su crisis se nos anuncia,cualquiera sea la perspectiva en que coloquemos nuestra mirada.”

“Existen los conceptos, están los modelos y se cuenta con lasherramientas políticas para enfrentar la crisis universitaria nacional.Debemos aunar las voluntades necesarias para seguir perfeccionandonuestro sistema de educación pública y estatal, cuyos servicios sonirremplazables para seguir construyendo nuestro país por la senda de laequidad y de la movilidad social que requiere nuestro estudiantado a lolargo de todo el país.”

horizontes de la crisis universitaria chilena - manuelosses.cl · foto de portada: alfonso droguett...

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