TEXTOS UNIDAD Nro. 1LA “REVOLUCIÓN ARGENTINA” Y LA VUELTA DE PERÓN (1966-1976)

Texto 1:O’DONNELL, GUILLERMO, El Estado Burocrático Autoritario,Buenos Aires, Editorial Belgrano, 1982, pp. 60-63

6) El Estado Burocrático Autoritario (BA)

El BA es un tipo de Estado autoritario cuyas principales características son: 1) Es, primaria y fundamentalmente, el aspecto de la sociedad global que garante y

organiza la dominación ejercida a través de una estructura de clases subordinada a las fracciones superiores de una burguesía altamente oligopólica y transnacionalizada Dicho de otra manera, su principal base social es esta gran burguesía*.

2) Institucionalmente, es un conjunto de organizaciones en el que adquieren peso decisivo las especializadas en la coacción, así como las que intentan llevar a cabo la '"normalización" de la economía. Ese· peso es la expresión institucional de la definición, por sus propios actores, de las dos grandes tareas (que aparecen como íntima y necesariamente relacionadas) que incumbe realizar el BA: la reimplantación del "orden" en la sociedad mediante la resubordinación del sector popular, por una parte, y la "normalización" de la economía, por la otra.

3) Es un sistema de exclusión política de un sector popular previamente activado, al que somete a severos controles tendientes a eliminar su previa presencia en la escena política, así como a destruir o capturar los recursos (especialmente los cristalizados en organizaciones de clase y movimientos políticos) que sustentaban dicha activación. Esta exclusión, además, está orientada por la determinación de imponer un particular orden en la sociedad y viabilizarlo hacia el futuro, como requisito para consolidar la dominación social que garantiza y para, después de lograda la normalización de la economía, retomar un crecimiento fuertemente transnacionalizante y sesgador de la distribución general de recursos.

4) Dicha exclusión trae aparejada la supresión de la ciudadanía y. de la democracia política. Es también la prohibición de lo popular: impide (respaldándolo con su capacidad coactiva) in-vocaciones en tanto pueblo y, por supuesto, en tanto clase. Por añadidura, la supresión de las posiciones institucionales y canales de acceso al gobierno de la democracia política está en gran me-dida orientada a eliminar roles y organizaciones (partidos, entre ellos) que han filtrado demandas de justicia sustantiva que se consideran incompatibles con la reimposición del orden y la normalización. Es, por lo tanto, la supresión de dos mediaciones fundamentales entre el Estado y la sociedad: la ciudadanía y lo popular.

5) Es también un sistema de exclusión económica del sector popular, en tanto promueve una particular normalización económica y un patrón de acumulación de capital fuertemente sesgado en beneficio de las grandes unidades oligopólicas de capital privado y de algunas instituciones estatales, que acrecienta las desigualdades preexistentes.

6) Corresponde a, y promueve, una mayor transnacionalización que entraña un nuevo desborde de la sociedad respecto del ámbito territorial y de relaciones sociales que ese Estado pretende acotar.

7) Ese nuevo desborde de la sociedad corresponde, en una dirección inversa, a un encogimiento de la nación. Esto es así, porque -a pesar del discurso marcial y patriótico con que se retumba desde la cumbre institucional del BA-, al emerger éste condiciones que aparecen implicando un profundo desgarramiento del arco homogeneizante de la nación, los portavoces del BA no pueden sino negarse como representantes de "esa" nación, a la que primero tienen que purgar de los elementos que la han enfermado tan seriamente.

8) Desde sus instituciones se llevan a cabo intentos sistemáticos de "despolitizar" el tratamiento de cuestiones sociales, sometiéndolas a los que se proclama son criterios neutros y objetivos de racionalidad técnica. Ésta es la contrafaz de la prohibición de invocar cuestiones de justicia sustantiva ligadas a lo popular o clase, que aparecen .introduciendo "irracionalidades" respecto de la normalización económica y los mecanismos de acumulación de capital.

9) Su régimen, no formalizado pero claramente vigente, implica el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno y, junto con ellos, de los criterios de representación popular o de clase. Dicho acceso queda limitado a quienes ocupan la cúpula de grandes organizaciones, especialmente las Fuerzas Armadas y grandes empresas, privadas y públicas.

Los rasgos que acabo de enunciar permiten distinguir al BA de otros Estados autoritarios. Éste no es cualquier autoritarismo sino uno marcado por características que provienen de la especificidad histórica que he tratado de dilucidar en las páginas precedentes. A partir de aquí quedamos en condiciones de estudiar la dinámica e impactos sociales del Estado BA implantado en la Argentina de 1966 **.

* Conviene anticipar aquí, completando las definiciones ya dadas, los referentes empíricos de algunos términos que utilizaré frecuentemente: (1) Por "gran burguesía" entenderé las fracciones superiores, mono u oligopólicas, del capital privado urbano, nacional o transnacional; (2) por "capital transnacional", dependiendo del contexto, a las filiales de empresas transnacionales radicadas en este mercado (las que a su vez son el subconjunto principal y más dinámico de la gran burguesía) y/o al que opera desde el exterior, principalmente mediante operaciones financieras; (3) por "burguesía local", a las fracciones de capital nacional medio y pequeño, no perteneciente al subconjunto mono u oligopolizado del capital nacional que forma parte de la gran burguesía; (4) por "burguesía pampeana", a la que explota la región pampeana, y (5) por "burguesía" al conjunto de las precedentes categorías. Por otro lado, (6) por "organizaciones de la gran burguesía" entenderé a las organizaciones en que, en la época estudiada, se nuc1eaban predominantemente diversos segmentos de la gran burguesía: Unión Industrial Argentina (UIA), Cámara Argentina de Comercio (CAC), Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Asociaciones de Bancos, así como las principales organizaciones _ de la burguesía pampeana, Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coordinadora de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP); dicho término también comprenderá las asociaciones en la que a su vez se nuc1earon casi todas las organizaciones de la gran burguesía, la Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL). Por supuesto, cada vez que sea necesario precisar me referiré específicamente a estas u otras asociaciones según corresponda; (7) por asociaciones de la "burguesía local" me referiré principalmente a la Confederación General Económica y a la Confederación General Industrial (CGI). En adelante identificaré todas estas organizaciones por sus siglas. Finalmente, (8) por "gran prensa" entenderé algunos diarios (La Prensa, La Nación, La Razón, Economic Survey) que habitualmente expresaban puntos de vista de la gran burguesía y/o de la burguesía pampeana. He utilizado otras publicaciones (especialmente los diarios La Opinión a partir de 1971 y Clarín, y los semanarios Análisis, Primera Plana, Panorama y Confirmado a los que, como expresaban puntos de vista más ambiguos y, en general, más cambiantes a lo largo del período que estudiaremos, identificaré expresamente; pero cuando el contexto lo permita, utilizaré el término "la prensa", que deberá entenderse referido al conjunto formado por todas las publicaciones arriba mencionadas.

** Vale la pena precisar las diferencias comparativas que ponen de relieve la especificidad del BA. Obviamente, hay escasa posibilidad de confundirlo con diversas formas de democracia política En lo que respecta a otras formas autoritarias, a partir de lo dicho en el texto acerca de la base social del BA es posible agregar: (i) no se trata, Como en las formas más tradicionales de dominación política en América Latina, de una base social en oligarquías y en el

capital transnacional insertado en actividades primario-exportadoras, operando sobre bases moderadas con muy escasa o nula activación política y en las que el componente propiamente obrero es muy bajo; (ii) tampoco se trata, como en las diversas variantes más o menos autoritarias del populismo, de una compleja combinación nacionalista y antioligárquica basada en nuevas fracciones industriales y del capital transnacional surgidas al amparo de políticas proteccionistas, junto con diversos sectores medios en expansión y un sector popular recientemente activado e incorporado a la escena política; (iii) por el otro lado, tampoco se trata del fascismo, que giró alrededor de una burguesía mucho más propiamente nacional que la de los BA y de un movimiento-partido, y liderazgos completamente diferentes a los atributos centrales del sujeto político - las Fuerzas Armadas- que lleva a cabo la implantación de los BA y a partir de ello ocupa las más altas posiciones gubernamen1ta1es. Una buena discusión del BA respecto del fascismo puede encontrarse en Atilio Borón, “El fascismo como categoría histórica; en torno al problema de las dictaduras en América Latina". Revista Mexicana de Sociología, nº 2, 1977.

Texto 2:SIDICARO, RICARDO, Los Tres Peronismos,Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 103-105

3. La crisis del Estado y el gobierno peronista 1973-1976

Los cambios del peronismo (1955-72)Entre 1955 Y 1972 el peronismo Se convirtió en un movimiento político de organización e ideología imprecisas. Sus adherentes se unían en la defensa global de los principios sostenidos en sus años de gobierno y en la exigencia del regreso al país de su exiliado líder. Desaparecidos los efectos de unificación que antes surgían de la común pertenencia al Estado, sus dirigentes tendieron a dividirse y Perón cumplió, en muchos casos, el papel de árbitro. Los objetivos compartidos por las diferentes tendencias se combinaron con ideas de carácter opuesto, y el peronismo conoció así sus versiones centristas, fascistas, falangistas, socialistas, socialcristianas, etc. Las fracturas aparecieron, también, por las disímiles tácticas frente a las políticas de los gobiernos civiles o militares, que buscaron la colaboración de dirigentes peronistas, manteniendo, globalmente, la situación de proscripción. A pesar de esos conflictos y divisiones, continuó la adhesión a Perón en los sectores populares.Los principales dirigentes de la denominada rama política del peronismo, en su gran mayoría, habían ocupado responsabilidades de gobierno hasta 1955, El peronismo sé dotó de esa forma de un conjunto de “notables” que, dada la prohibición para organizarse como partido político, fundaban su autoridad y legitimidad en la antigüedad de su pertenencia, "la primera hora", y en sus vínculos, más o menos directos, con Perón. En las grandes áreas urbanas, esos políticos carecían, prácticamente, de seguidores propios y sus posibilidades de reconocimiento dependían de la confianza del exiliado líder. En cambio, en aquellas provincias o distritos de menor desarrollo económico y culturalmente más tradicionales, ese tipo de dirigentes contaba con bases propias y no faltaron los que se distanciaron de la autoridad de Perón y formaron partidos neo-peronistas que consiguieron acceder al control de gobiernos locales y a representaciones parlamentarias. Entre 1972 y comienzos de 1973, al

aprestarse el peronismo a volver al gobierno, esos "notables" se encontraron bien posicionados para aspirar a las candidaturas y cargos públicos.La rama sindical del peronismo comenzó a reconstruirse poco después del golpe militar de 1955. Las persecuciones contra el gremialismo tuvieron como consecuencia no buscada la renovación de las dirigencias sindicales. Los sistemas de predisposiciones burocráticas de los diez años del gobierno de Perón no eran los más adecuados para la siguiente etapa. De un sindicalismo dependiente del Estado se pasó a otro orientado a la confrontación y la nueva generación de dirigentes gremiales logró su reconocimiento a partir del entrelazamiento de los conflictos políticos con las reivindicaciones laborales. Luego de la dictadura militar de Aramburu, bajo el presidente Frondizi se estableció la Ley de Asociaciones Profesionales, con la creación de aparatos sindicales muy fuertes, de alcance nacional y con abundantes recursos económicos (140).Los sindicalistas aumentaron su gravitación en las decisiones del conjunto del movimiento, objetivamente favorecidos por la proscripción que pesaba sobre el Partido Peronista. La autonomía de sectores del sindicalismo con respecto a Perón se manifestó plenamente a mediados de la década del 60, cuando la fracción vandorista promovió una escisión. Más allá de su carácter momentáneo, esa ruptura mostró la influencia creciente del ala gremial, cuyo peso fue determinante en las discusiones sobre las tácticas a adoptar frente a los distintos gobiernos y, más en general, en la designación de las conducciones locales del peronismo (141).La tercera forma organizativa, cuya importancia creció a partir de principios de la década del 70, se fundamentó en cuestiones generacionales con la formación de grupos genéricamente conocidos como Juventud Peronista, sin mayores articulaciones con los dirigentes de las otras ramas. En esa época se crearon varios grupos guerrilleros urbanos que se identificaban con la tradición de la llamada resistencia peronista surgida como respuesta al golpe de 1955 (142).Esas prácticas armadas, ligadas a algunas tendencias de los sectores juveniles, fueron estimuladas por Perón en tanto medio táctico útil para debilitar a los militares. Los asesinatos de algunos dirigentes sindicales peronistas perpetrados por los grupos guerrilleros revelaron las tensiones extremas existentes en la heterogénea fuerza política que alcanzó el gobierno en 1973.Ninguno de los principales sectores internos del peronismo tenía relaciones estables o medianamente orgánicas con las corporaciones empresarias. Las ideas compartidas por la mayoría de los peronistas remitían a la defensa de los intereses de los sectores populares y consideraban al país como perjudicado por la “explotación imperialista” de los Estados Unidos y de las empresas transnacionales. En el plano nacional, desde Perón hasta el menos influyente de sus partidarios, coincidían en criticar a los grandes propietarios rurales, la “oligarquía”, considerada aliada de los intereses de las grandes potencias internacionales. A esos enemigos les asignaban la responsabilidad del golpe de 1955 y de las posteriores persecuciones y proscripciones.

NOTAS:140 Véase Marcelo Cavarozzi, Sindicatos y política en Argentina, Buenos Aires, CEDES, 1984.141 Véase Juan Carlos Torres, Los sindicatos y el gobierno 1973/1976, Buenos Aires, CEAL, 1989, cap. I.142 Al respecto, consultar la compilación de Robert Baschetti, Documentos (1970-73). De la guerrilla peronista al gobierno popular, Buenos Aires, De la Campana, 1995.

TEXTOS UNIDAD Nro. 2EL “PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL” (1976-1983)

Texto 3:RUSSELL, ROBERTO, “Argentina y la Política Exterior del Régimen Autoritario (1976-1983): una Evaluación Preliminar”, en RUSSELL, R. y PERINA, RUBÉN, Argentina en el Mundo. 1973-1987, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, pp. 99-128

ARGENTINA Y LA POLÍTICA EXTERIOR DEL RÉGIMEN AUTORITARIO (1976~1983): UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR

ROBERTO RUSSELL

Desde el comienzo del gobierno de Videla se perfilaron dos diplomacias: la militar y la económica. Ambas tuvieron orientaciones diversas, fueron implementadas por actores diferentes y procuraron, en buena medida, distintos objetivos. Esta situación dificultó e, incluso impidió, tanto en el plano teórico como en el de los hechos, la ordenación racional y operativa de los elementos componentes de la política exterior.En trazos gruesos, las notas que caracterizaron a la diplomacia militar fueron las siguientes: a) orientación nacionalista, ideológica y "occidentalista", b) apoyo a 1as políticas del poder (6), en muchos casos a sus versiones más extremas (7), c) aceptación en términos generales del statu quo mundial, aunque se enjuiciaron duramente las políticas "expansionistas'" del "comunismo internacional"; d) predominio de las corrientes nacionalistas "activistas" que postulaban para Argentina -dadas las condiciones objetivas del país- una suerte de "destino histórico" en la región; e) necesidad de consolidar definitivamente la integración del territorio nacional; f) asignación de un rol importante al Estado nacional en el desarrollo económico, proceso que, por otra parte -conforme a las enseñanzas de la doctrina de la seguridad nacional-, se consideraba indispensable para evitar el surgimiento de nuevos brotes terroristas y g) rechazo, en teoría, al propósito de lucro como motivaci6n esencial de la acci6n humana.Esta diplomacia militar concentró en sus manos los asuntos fundamentales de la política exterior del país durante toda la etapa del Proceso: el conflicto austral con Chile, la cuestión Malvinas, el tema de los recursos naturales compartidos con Brasil, las intervenciones en Bolivia y América Central, los asuntos relacionados con las vinculaciones políticas y estratégicas con los Estados Unidos.Por su, parte, la diplomacia económica se caracterizó por lo siguiente: a) orientación pragmática, internacionalista y "primer mundista"; b) existencia de estrechas vinculaciones con el sistema de valores e intereses del "mundo de los negocios" de los países capitalistas

desarrollados; c) aceptación del statu quo internacional cuyas reglas de juego Argentina no estaba en condiciones de, ni debía, modificar sustancialmente. (Sus reivindicaciones se limitaron a cuestiones de tipo "pragmático" vinculadas con la eliminación de las distorsiones producidas en esas reglas consideradas como disfuncionales a sus intereses, por ejemplo, tendencias proteccionistas en el Norte, altas tasas de interés, subsidios a las exportaciones); d) apoyo al principio de la subsidiariedad del Estado y defensa a ultranza de la "magia" del mercado; e) favorecimiento de una mayor internacionalización de la estructura productiva y percepción, en consecuencia, de los acotamientos territoriales propios del Estado nacional como obstáculos que limitan el "sano" desenvolvimiento de las leyes del mercado a escala, planetaria; f) estimación del propósito de lucro como el motor esencial de la acción humana: el vicio privado es una virtud pública que tiende, en definitiva, a maximizar el bienestar general.Así, los proyectos de ambas diplomacias partieron de marcos diversos, cuyas contradicciones se evidenciaron en la implementación de políticas. El marco aportado por la diplomacia militar "(...) es fundamentalmente derivado, de las relaciones de nación a nación, con fuerte contenido expansivo. Para la concepción monetarista, por el contrario, el marco de referencia mundial es concebido como un sistema de interrelación entre países -multilateral- en el que Argentina tiene escasas posibilidades de transformación" (8).Como quedó dicho, el modelo económico promovido por la diplomacia económica guardaba profundas contradicciones con los objetivos geoestratégicos y de seguridad nacional de largo plazo de las fuerzas armadas. Así, la ideología de la "magia del mercado", del libre cambio, de las ventajas comparativas y del "achicamiento del Estado para agrandar la Nación' -acaso el slogan más utilizado por el Proceso- resultaron difíciles de compatibilizar con la ideología "nacionalista" de importantes sectores de las fuerzas armadas. No obstante ello, la mayoría de los militares argentinos no percibió este problema, al menos durante la primera etapa del Proceso.Finalmente, a fin de lograr una aproximación más adecuada al conjunto de la política exterior argentina en esta etapa, es preciso considerar los conflictos intramilitares que fueron una constante del período autoritario y que obedecieron tanto a luchas personales por controlar mayores espacio de poder (por ejemplo, las producidas entre Videla y Massera o entre Viola y Galtieri) como a divergencias frente a la propia acción de gobierno. Además, la división del 33% en que las fuerzas armadas repartieron el poder, y el país y la subordinación del presidente a la Junta Militar a partir de la creación del "cuarto hombre" (9) profundizaron aún más la falta de unidad y de coherencia en la toma de decisiones. En este contexto, el denominado equipo compatibilizador interfuerzas jamás alcanzó su objetivo de aproximar las distintas posiciones militares.Hechas estas aclaraciones, me ocupo a continuación de las notas relevantes que caracterizaron la política exterior del Proceso, intentando identificar 1as continuidades y

rupturas de la misma, con especial énfasis en las políticas instrumentadas hacia Estados Unidos y América Latina.

a) Adscripción heterodoxa al mundo occidental y cristiano. Acuerdos y desinteligencias con Estados Unidos.A partir del golpe, las actas militares de marzo de 1976 reubicaron presurosamente al país en el mundo occidental y cristiano. Argentina fue identificada por el nuevo régimen como un país casi desarrollado de Occidente y "too rich and too white to be Third World", " Este "retorno a las fuentes" se asumió, además, de manera activa dado que el régimen se autoasignó la función de participar en la defensa del mundo libre, seriamente amenazado por la "agresión comunista", proveniente de enemigos "internos y externos". "En ese Occidente hoy agredido y que es menester defender -expresó el ex presidente Videla- la Argentina es y puede. No es un número más agregado; es un país con decisi6n propia de ser occidental, que defiende ese estilo de vida que distingue a Occidente y al cual suma su poder, que no es poco" (10).En el plano interno, este anticomunismo militante resultó altamente funcional a los objetivos políticos del régimen; en su nombre se llevó a cabo una represi6n sistemática cuya magnitud y crueldad no registra antecedentes en la historia del país. En lo externo, la singular manera de defender los valores de Occidente produjo desinteligencias serias con Estados Unidos. En un primer momento la posición de este país fue de apoyo al golpe militar; conforme a la percepción del gobierno republicano las fuerzas armadas aparecían como los únicos actores capaces de rescatar a Argentina del caos generado por el gobierno de Isabel Perón. Además, el plan económico ideado por el Ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, obtuvo un apoyo inmediato de parte del mundo de los negocios norteamericano.A pesar de ello, luego del ascenso de Carter a la presidencia de Estados Unidos en enero de 1977, la relación bilateral atravesó un largo período de marcado enfriamiento, consolidando tendencias que ya se perfilaban durante los últimos meses del gobierno de Ford.A riesgo de ser excesivamente esquemático, distingo tres etapas distintas en la relación Argentina-Estados Unidos durante el período que abarca desde la asunción de la administraci6n demócrata hasta el conflicto del Atlántico Sur.La primera de ellas -sin duda la más conflictiva hasta Malvinas- se extiende desde enero de 1977 hasta fines de 1978 y se caracterizó por la existencia de fuertes tensiones entre la diplomacia militar y la administración Carter, que giraron esencialmente en torno al tema de los derechos humanos, la transferencia de armamentos (11) y la política nuclear autónoma seguida por el gobierno de Videla.Resulta importante señalar que esta primera etapa coincidió con el apogeo del "globalismo económico" norteamericano, esquema dentro del cual Argentina, a diferencia de otras potencias emergentes de América Latina tales como Brasil, México y Venezuela, no ocupaba un lugar significativo.

Ante la erosión relativa de la hegemonía norteamericana sobre el conjunto de los países capitalistas -percibida entonces por los líderes del partido demócrata como un proceso irreversible y de carácter estructural-, el gobierno de Carter se propuso establecer los cimientos de un sistema mundial un poco más ampliado, cuyo eje central sería una comunidad segura y económicamente cooperativa de las democracias industriales. Para asegurar un funcionamiento ordenado y estable de esa comunidad se consideró imprescindible la adopci6n de políticas complementarias que apuntaran al mejoramiento de las relaciones con los principales Estados emergentes del Tercer Mundo. En las palabras de Brzezinski se pretendía"crear una comunidad estable de Estados independientes. Trabajando con nuestros aliados -porque no podemos asumir tal tarea en soledad- estamos fundando un cuadro de cooperación internacional que involucra a Estados Unidos, Europa Occidental y Japón y muchas de las potencias regionales emergentes como México, Venezuela, Brasil, Nigeria, Arabia Saudita, India e Indonesia y con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China, observaremos un incremento significativo de la cooperación internacional" (12).Como puede apreciarse, debido esencialmente a su recurrente crisis interna y a su relativo valor estratégico, Argentina no figuraba en la lista de cooptables. No obstante ello, los actores de la diplomacia económica -quienes mantuvieron durante toda la etapa del gobierno militar excelentes relaciones con el mundo de los negocios de los Estados Unidos- apoyaron decididamente el modelo de integración selectiva al sistema dada la alta funcionalidad del mismo con sus objetivos políticos e intereses econ6micos. Por el contrario, la diplomacia militar -que como quedó dicho privilegió las políticas de poder- asignaba a Argentina un rol en el orden internacional que no era fácil de encuadrar en el marco de la estrategia de cooptación diseñada para la clase media internacional por los partidarios del globalismo económico. Así, esta diplomacia que respondía -aunque debe reconocerse que de una manera muy particular- a objetivos "nacionales" propios, asumió frente a Estados Unidos posiciones de "autonomía heterodoxa" dando lugar a fricciones permanentes en las relaciones bilaterales. La política de derechos humanos de la administración Carter y la suspensión de ayuda militar norteamericana a Argentina fueron consideradas, por ejemplo, como una "intervención en los asuntos internos" y utilizadas como una muestra más de la incomprensi6n de un Occidente en decadencia de los peligros del "expansionismo soviético".De este modo, los militares argentinos, imbuidos de una anacrónica mentalidad de guerra fría, se autoasignaron la función de garantizar la "estructura occidental y cristiana de la república amenazada" y se consideraron, frente a la ceguera de los líderes del mundo desarrollado, una parte fundamental del reducido bastión de auténticos intérpretes y defensores verdaderos de los valores del "mundo libre".

Así, algunos conflictos con Estados Unidos sirvieron a la diplomacia militar para fomentar -desafortunadamente con bastante éxito- un patrioterismo grotesco y derramar a través del subsistema cultural, bajo su exclusivo control, sus valores autoritarios y sus concepciones geopolíticas sobre una población deliberadamente infantilizada. La segunda etapa en la relación bilateral se extiende desde fines de 1978 hasta la asunción de Reagan en enero de 1981.En ella se produjo una gradual flexibilización de las relaciones como consecuencia de la combinación de una serie de factores de carácter global que afectaron la política de derechos humanos de la administración Carter y de otros aspectos vinculados específicamente a la relación Argentina- Estados Unidos.Entre los primeros, se destacan la adopción de un mayor pragmatismo por parte de la administración norteamericana vis-a-vis la cuestión de los derechos humanos; la pérdida creciente de legitimidad interna de los fundamentos mismos de la política exterior de Carter y el surgimiento de otras cuestiones de mayor prioridad (crisis de Irán, Angola, Nicaragua y Afganistán), que concentraron la atención del equipo demócrata.En el plano bilateral los aspectos más significativos fueron el reconocimiento por parte del Departamento de Estado de un mejoramiento relativo de la situación política en Argentina (13), el cambio de actitud del régimen militar argentino en el sentido de colocar la responsabilidad por la situación de falta de "comprensión mutua" en determinados funcionarios del Ejecutivo y en miembros del Poder Legislativo evitando, de este modo, las críticas globales al gobierno norteamericano y, finalmente, las presiones ejercidas sobre la administración demócrata por sectores internos opuestos a las políticas seguidas respecto de Argentina -tal el caso de las fuerzas armadas estadounidenses y de empresas y grupos comerciales y financieros con intereses en el país.En este contexto. Videla y el entonces vice-presidente de Estados Unidos, Mondale, aprovecharon las ceremonias de entronización de Juan Pablo I para reunirse en Roma en el mes de setiembre de 1978 con el objeto de explorar nuevos caminos tendientes a destrabar las re1aciones políticas. En esta reunión -producida por una iniciativa del vicepresidente norteamericano- quedó claro que la cuestión de los derechos humanos era el mayor obstáculo al objetivo propuesto, aunque se acordó "bajar el tono de la voz" y se coincidió en la necesidad de no focalizar exclusivamente en este tema la relación bilateral. A partir de esta nueva aproximación, ambos gobiernos realizaron una operación de "trade-off" que puede considerarse como el primer paso efectivo de una tenue recomposición: a cambio de la autorización del Departamento de Estado al Eximbank para otorgar su garantía para el financiamiento de la compra de turbinas a Allis-Chalmers por 270 millones de dólares con destino al proyecto hidroeléctrico deYaciretá, (14) Videla se comprometió a permitir el ingreso a Argentina de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para verificar el estado de esos derechos en el país.

De este modo, el gobierno norteamericano revió su recomendación inicial de pocos meses antes de no conceder el aval necesario para la operación en base a la falta de mejoras significativas de la situación argentina. Es interesante señalar que en el mes de julio la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana había enviado a Carter, Vance y a unos 150 legisladores y funcionarios de la Casa Blanca un extenso telegrama recomendando la revisión de la medida, donde se destacaba que "esa política realmente no afecta a la Argentina sino a Estados Unidos: un país con las reservas y la posición financiera que tiene en este momento la Argentina puede comprar y obtener créditos de cualquier proveedor del mundo" (15).Como contrapartida de la decisión del Ejecutivo norteamericano, a mediados de octubre de 1978, el gobierno argentino respondió favorablemente a la petición presentada en enero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que se permitiera enviar una misión de estudio al país. En esa oportunidad, la Comisión había invocado la recepción de denuncias referidas a "sistemáticas violaciones a los derechos humanos" (16).A pesar de estos primeros intentos de "trade off" a nivel gubernamental, la flexibilización no llegaría demasiado lejos. El mayor pragmatismo de la administración Carter no pudo evitar que la aplicación de algunas medidas aprobadas con anterioridad por el Congreso contribuyera a generar nuevas fricciones. Sin duda, el caso más claro fue la entrada en vigor el 1 de octubre de 1978 de la enmienda conocida como Humphrey-Kennedy a la Sección 62-B de la ley norteamericana de Ayuda Exterior.Esta disposición –aprobada por el Legislativo en agosto de 1977- suspendió toda ayuda militar a la Argentina bajo forma de créditos, donaciones, garantía de préstamos, ventas y licencias para exportación emitidas con posterioridad al 30 de setiembre de 1978. En este caso, la administración no tuvo éxito en sus intentos de disuadir a los legisladores para que no aprobaran la enmienda. Entre los enviados por, el Ejecutivo al Congreso se encontró la propia subsecretaria de Estado para Asuntos de Defensa, Lucy Benson, quien en marzo de 1977 defendió el mantenimiento de la ayuda militar a la Argentina con vistas a un entendimiento recíproco que volviera efectivo al interés norteamericano en la situación de los derechos humanos (17). El argumento radicaba en la necesidad de contar con un año más para persuadir al gobierno militar a que suspendiera sus violaciones a esos derechos (18).Por otra parte, el informe de la comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA fue sumamente crítico de la política del régimen militar (19). Sin ocultar su indignación, a fines de abril de 1980, el gobierno argentino respondió al mismo mediante un documento de más de 200 páginas, en el cual, entre otros aspectos, expresó que el informe no guardaba "los requisitos de ecuanimidad y objetividad que deberían ser indispensables en un documento de tanta importancia" y revelaba, además, "una percepción de la realidad argentina según la cual el peligro de la subversi6n terrorista nunca adquirió una gravedad y magnitud tales que no pudiera ser controlado con los instrumentos jurídicos tradicionales" (20).La reactualización del tema de los derechos humanos con Washington fue, a pesar de su importancia, la cuestión principal de las relaciones intergubernamentales en esta época. En

efecto, los hechos que aportaron los mayores elementos de fricción fueron la negativa argentina a adherirse al embargo cerealero contra la URSS. (enero de 1980), y el apoyo de la diplomacia militar al golpe de Estado en Bolivia (julio de 1980). El rechazo al embargo cerealero propuesto por Estados Unidos luego de la invasi6n soviética a Afganistán fue una decisión que mostró una clara convergencia de criterios por parte de las diplomacias militar y económica. Si bien el gobierno condenó expresamente la intervención armada de la URSS, la negativa oficial se fundamentó en estos argumentos: a) rechazo a participar en acciones o decisiones punitorias que se adopten sin la intervención previa del gobierno o que surjan de centros de decisión ajenos al país; b) la no utilización de sanciones económicas como forma de presión o punición en el ámbito de las relaciones políticas entre los países; c) necesidad de defender los mecanismos de mercado y de libertad de comercio; d) oposición a asumir compromisos que obliguen al país a limitar futuras ventas de cereales y granos a la URSS.Ciertamente, a esta posición "autonomista" subyacían problemas concretos vinculados con la estructura multilateral de comercio argentino de granos (21). En ese momento, la URSS y la República Popular de China ocupaban el primer y el segundo lugar, respectivamente, en las exportaciones argentinas y habían reemplazado a la CEE, cuya participación se había reducido del 60 % en 1960 al 32,7% a fines de 1979.En este contexto el comercio con la Unión Soviética fue percibido por el gobierno argentino como una cuestión de sobrevivencia, desprovista de toda implicación ideológica (22). Según la opinión de Videla, este comercio significaba para el país "nada más que una relación pragmática de orden comercial, y en lo político se maneja con el respeto mutuo que merece cada país. No existe entre ambos países una integraci6n de orden cultural, científico y tecnológico sino solamente una relación comercial" (23).Frente a esta situaci6n, las presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos para producir un cambio de actitud por parte de Argentina no lograron resultados. Hacia fines de enero, la administración Carter, envió en misión exploratoria al general Andrew Jackson Goodpaster, entonces Comandante de la Academia Militar de Westpoint (24).Luego de varias reuniones de alto nivel, se emitió un comunicado conjunto donde se hizo referencia a "significativos progresos" y a un acuerdo para implementar "consultas y comunicaciones mutuas y permanentes como medio de fortalecer" la relación bilateral. Más allá de estas expresiones, en gran medida de compromiso, quedó claro que el gobierno argentino no respondió a las expectativas norteamericanas de asumir un papel cooperativo en respuesta a la agresión soviética.Mantuvo su posición de no adherirse al embargo, aunque indicó su disposición a no ofrecer un abastecimiento superior al comprometido bajo la condición de que Estados Unidos no utilizara los granos denegados a la Unión Soviética para desplazar a la Argentina de sus mercados tradicionales (25).Es indudable que la causa que determinó el rechazo a sumarse al embargo propuesto por la administración Carter fue la dependencia del país del comercio de granos y no el deseo de

"venganza" del régimen militar por el castigo "injustamente" recibido a raíz de las metodologías utilizadas durante la "guerra sucia". En este caso, la solidaridad con Occidente frente a la invasión soviética a Afganistán fue reemplazada por un pragmatismo ejemplar. Así, el gobierno de Videla limitó su adhesión a la causa occidental a una recomendación a los atletas argentinos para que no concurrieran a los Juegos Olímpicos de Moscú a fin de evitar que su presencia fuera "interpretada como una demostración de apoyo público a la intervención militar en Afganistán" (26).A pesar del conflicto producido por el tema del embargo, la participación de la diplomacia militar argentina en el golpe de García Meza fue la cuestión que volvió a colocar, definitivamente, la relación política bilateral en un plano de marcado enfriamiento, que se extendería hasta la asunción de Ronald Reagan en enero de 1981.La administración Carter, indignada por el protagonismo de la diplomacia militar en Bolivia, suspendió la programada visita a Buenos Aires del Subsecretario de Asuntos Hemisféricos, William Bowdler y transmitió a la Junta su inquietud por la complicidad del gobierno argentino con los militares bolivianos golpistas y por las "desviaciones de los excesos". En represalia, decidió no designar Embajador en Buenos Aires hasta la elección presidencial norteamericana que debía realizarse en noviembre de 1980 y el diálogo entre los dos gobiernos quedó de hecho interrumpido.A pesar de los enfrentamientos producidos entre Argentina y Estados Unidos en el ámbito político intergubernamental a lo largo de las dos etapas reseñadas, las relaciones económico-comerciales no sufrieron variaciones significativas que alteraran las tendencias existentes (27).Sin embargo, el rubro correspondiente a los flujos crediticios estuvo altamente condicionado por la situación política, en la medida en que la política sobre derechos humanos obstaculizó el otorgamiento de créditos a la Argentina. "Por ejemplo, noventa y ocho veces Estados Unidos votó en contra o se abstuvo, por razones de derechos humanos en los bancos de desarrollo multilaterales durante el gobierno de Carter. Una cuarta parte de ese total (veintitrés casos) correspondió a ocasiones en que los Estados Unidos se opusieron a que se concedieran préstamos a Argentina: seis veces en la Corporación Financiera Internacional, seis en el Banco Mundial y once en el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno de Carter votó a favor de préstamos de estos bancos a Argentina solamente dos veces en cuatro años"(28).Asimismo, a comienzo de 1978 fue suspendido el financiamiento del Banco de Exportación e Importación (Eximbank) para exportaciones norteamericanas a Argentina. Por el contrario, respecto al movimiento de capitales privados, los flujos aumentaron en forma considerable, en concordancia con la reestructuración del mercado financiero internacional a partir de los años 70 -caracterizada por el fuerte incremento de la presencia de la banca privada como fuente principal de créditos- y con la reforma financiera argentina de 1977, que tenía por objeto liberalizar el mercado de capitales para incentivar el ingreso creciente de los mismos

al país. En consecuencia, a pesar de los conflictos existentes en las relaciones oficiales, el comercio bilateral, las inversiones directas y los préstamos privados se desarrollaron de manera fluida. El sector privado norteamericano -a diferencia de su gobierno- tuvo frecuentes palabras de elogio para la nueva etapa iniciada en el país a partir de 1976.Acaso las más notorias, fueron las pronunciadas por David Rockefeller durante su visita a Argentina en marzo de 1979.En esa oportunidad declaró su admiración por el Ministro de Economía argentino "... como ser humano, como economista y como persona dedicada plenamente a su labor pública", y expresó, deslizando una clara crítica al anterior gobierno peronista que "... el interés inversor por la Argentina no fue grande, precisamente porque el clima inversor no fue bueno. En tres años, esto cambió, el gobierno sigue una política económica liberal que mejora el clima para la inversión extranjera y nacional y espero ver crecer las inversiones extranjeras en la Argentina" (29).Finalmente, la tercera etapa de la vinculación Argentina-Estados Unidos abarca desde comienzos de 1981 hasta la guerra del Atlántico Sur. Durante este periodo se realizaron contactos más estrechos entre ambos países (por ejemplo visitas de Viola y Galtieri a Estados Unidos) y se dieron las condiciones para flexibilizar importantes asuntos que entorpecían las relaciones bilaterales.Con el ascenso de los republicanos se abandonó el "globalismo económico" del equipo demócrata para adoptar un nuevo tipo de globalismo, esta vez de carácter estratégico. El mismo, en torno a un nuevo proyecto de contención, seleccionó a los países "prioritarios" en función de variables distintas a las privilegiadas previamente por la administración Carter: la ubicación en un área estratégica prioritaria, la amistad o enemistad ideológica con el proyecto norteamericano, el poder relativo en una determinada región y el grado en que se encuentran amenazados (los países elegidos) por el comunismo internacional.Respecto de Argentina, el gobierno de Reagan estimó que la política de los derechos humanos había sido mal implementada y privilegió, en consecuencia, nuevos elementos, según su óptica más valiosos, para el encuadramiento de las relaciones bilaterales. Entre los factores considerados se destacaron el alineamiento del gobierno militar con Occidente y el renovado valor geopolítico y estratégico del país. Argentina, por su parte, encontró la oportunidad para desarrollar una colaboración activa con los Estados Unidos en cuestiones globales relacionadas con el conflicto Este-Oeste.Como bien dice Wolf Grabendorff, esta revaluación de la posición estratégica, económica y global argentina por parte de la administración Reagan constituyó, "en opinión de las élites de la política del país, un enorme respaldo para sus intenciones de política interior y exterior". Además, fue considerada como afirmación de que "los verdaderos amigos de Washington" reconocen el valor de la posición argentina y que por lo tanto el disenso con el gobierno de Carter entre 1977 y 1980 valió la pena" (31). Aunque con divergencias, la mayoría de los militares argentinos apreció con indisimulado orgullo esta tardía toma de

conciencia de la potencia líder de Occidente respecto de la misión redentora y supuso -sin duda ingenuamente- que había llegado la hora de la incorporación redimida del país al "Club de los Privilegiados".Asimismo; es importante mencionar que el acercamiento que se inicia a partir de Galtieri se debió no sólo al cambio producido en la política norteamericana, sino también al giro realizado por la diplomacia militar en favor de las concepciones estratégicas bipolares y globales de la administración republicana. Este hecho fue expresado claramente por Galtieri en su discurso inaugural: "En el plano de la política exterior creo conveniente señalar que la situación argentina en el mundo no es compatible con posiciones equivocas o grises susceptibles de debilitar nuestra raíz occidental ni con devaneos o coqueteos ideológicos que desnaturalizan los intereses permanentes de la Nación" (32).El tiempo de las desinteligencias parecía concluido. El Gobierno creyó que el fin de las zonas grises permitiría desempeñar a la Argentina un rol internacional de primer orden, al menos en el plano estratégico militar.

b) Relaciones "comercia listas" con América Latina. El componente seguridad.

Respecto a América Latina, las diplomacias, militar y, económica abandonaron la visión solidaria y cooperativa del proyecto peronista para retornar a la clásica posición "comercialista" y a anquilosadas perspectivas geopolíticas. En consecuencia, concedieron una importancia marginal al multilateralismo tendiente a la concertación de políticas regionales.En el esquema peronista, América Latina ocupaba un rol de altísima prioridad. La integración regional se consideraba imprescindible para "(...) aumentar el potencial y el poder de negociación de los Estados componentes" (33). Inversamente, el sistema interamericano se percibía como un mecanismo, antihistórico destinado a mantener la dependencia y el subdesarrollo de los pueblos latinomericanos. "Surgido en los momentos álgidos de la guerra fría debe ser considerado como totalmente superado por la nueva perspectiva internacional de la coexistencia pacífica y el multipolarismo creciente. Los problemas latinoamericanos deben ser superados en nuestra propia sede y de esa forma " sirven mucho más a los fines de un auténtico panamericanismo..." (34).El gobierno militar, opuesto a estas posiciones, realizó una lectura distinta de las "potencialidades" de la integración. Sin embargo, el regreso poco original a las políticas "comercialistas" y, en definitiva, de aislamiento, hacia el área, se vio afectado por dos componentes aportados por la diplomacia militar: a) el intervencionismo "occidentalista" destinado a mantener la seguridad individual y colectiva frente a la "amenaza comunista internacional", y b) el nacionalismo""territorialista" cuyas prioridades en el plano externo eran asegurar las fronteras del país, particularmente en el caso del Beagle, recuperar

militarmente las islas del Atlántico sur en poder de Gran Bretaña y, finalmente, ocupar los "espacios vacios" que dejaba en su retirada el "declinante poder imperial norteamericano".Cada uno de estos componentes, solo o combinado, ordenó una parte sustancial de la acción externa del régimen hacia América Latina. Al referirse a la integración latinoamericana expresó el presidente Videla, enfatizando el componente intervencionismo "occidentalista": "Yo diría que es un periodo favorable... porque además de la comunidad de orígenes, de la comunidad de objetivos y de la complementación económico-geográfica, tenemos un enemigo común que es de fuera de la región y nos agrede para cambiar nuestro sistema de vida tradicional... el hombre que se siente agredido busca la unión con su hermano, con su amigo para enfrentar al común denominador" (33).Como puede apreciarse, el discurso "solidario" fue reemplazado por una visión mercantilista de la problemática regional y por una retórica de nuevo cuño que, al privilegiar los aspectos relacionados con la seguridad, llevó a diluir, en el plano de las acciones, las fronteras nacionales y a soslayar los principios de no intervención y de libre determinación. Dentro de este marco político-ideológico se encuadró, por ejemplo, la intervención argentina en América Central. Por su parte, el nacionalismo "territorialista" produjo una guerra, estuvo a punto de desencadenar otra y, combinado con el intervencionismo "occidentalista", condujo a la penosa intervención en Bolivia en julio de 1980.La política de asegurar las fronteras nacionales encontró su manifestación más clara en las relaciones con Chile como consecuencia de la así llamada cuestión austral. Vale recordar que si bien este problema se remonta a fines del siglo pasado, los hechos más significativos en tomo al mismo se precipitaron a partir de la firma en Londres (22 de julio de 1971) de un compromiso arbitral entre Argentina y Chile, por el que se sometió la cuestión limítrofe a la consideración de una Corte Arbitral integrada por cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia, cuyo veredicto debía ser elevado posteriormente a la corona inglesa para que lo aprobase o rechazase en su totalidad. Luego de conocido el laudo arbitral (aceptado por Chile y rechazado por Argentina el 25 de enero de 1978 por vicios de nulidad insanable, entre otros aspectos, por "errores manifiestos, "violaciones de reglas jurídicas esenciales" y "exceso de poder", ya que el mismo formulaba conclusiones más allá de la zona a la que debía ajustarse) las tensiones entre ambos países fueron en aumento y alcanzaron su punto culminante hacia fines de 1978.A fin de evitar una guerra que parecía inminente y cuya necesidad y "justicia" había sido fomentada por la cúpula militar que en ese momento conducía al país (36), el 8 de enero de 1979, en las denominadas Actas de Montevideo, las partes decidieron someter el litigio a la mediación papal, que fue aceptada por Juan Pablo II el 25 de ese mismo mes.Lo acordado en Montevideo fue importante porque ambos países sometieron a la mediación papal la totalidad de la zona austral que abarca una zona más amplia que el denominado "martillo" (polígono que incluye todo el Canal de Beagle y el triángulo oceánico contiguo) comprometiéndose, de este modo, a buscar una delimitación total y definitiva de toda el área en disputa tanto marítima como terrestre. Según las palabras del entonces presidente

argentino Videla: "Hemos hablado de la zona austral así que no nos cerramos solamente al martillo" (37).En este marco, el 12 de diciembre de 1980, el Sumo Pontífice entregó a los representantes diplomáticos de Chile y Argentina su propuesta de paz, la cual, lamentablemente, no logró quebrar la situación de impasse (38). De este modo, el conflicto quedó hibernado en la agenda de la política latinoamericana de Argentina hasta la asunción del gobierno democrático.El segundo aspecto relevante de la política exterior del Proceso hacia la región fue la participación de la diplomacia militar en el golpe de García Meza en julio de 1980. Como mencioné anteriormente; la intervención en Bolivia es un caso ejemplar de la combinación de los componentes intervencionismo "occidentalista" y nacionalismo "territorialista".En relación con el primer componente, la aventura boliviana expresó, mejor que en ningún otro caso, la búsqueda de objetivos "nacionales" propios -vale resaltar no coincidentes en ese momento con los del ejecutivo norteamericano- considerados vitales para asegurar el sistema interno de dominación e impedir el desarrollo de nuevos "brotes terroristas". En efecto, el triunfo electoral de la Unión Democrática Popular (UDP) de Hernán Siles Zuazo, que incluía a los grupos más importantes de la izquierda boliviana (Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda; Movimiento de Izquierda Revolucionario, Partido Socialista Uno y Partido Comunista Boliviano) fue percibido por el gobierno argentino como una amenaza a la seguridad regional y como una suerte de "caballo de Troya" que institucionalizaría la "subversión internacional". Precisamente, conforme a la perspectiva de los militares argentinos y bolivianos, la necesidad de continuar la guerra contra esa subversión -prácticamente terminada en la Argentina en el plano militar- y la "peligrosidad" de la victoria de la izquierda boliviana aunaban objetivamente a las fuerzas armadas de ambas naciones en su lucha contra el enemigo común: el "marxismo internacional" y sus aliados internos. "Lo que ocurrió realmente en Bolivia -declaró Videla en agosto de 1980- es que entre las dos opciones que estaban por darse en el vecino país: la formalmente correcta que era la asunción de un gobierno surgido de elecciones, pero que representaba para nosotros un alto grado de riesgo en cuanto a la posibilidad de difusión de ideas contrarias a nuestro sistema de vida y la existencia de un gobierno militar, hemos visto con más simpatía esta última opción, porque no queremos tener en Sudamérica lo que significa Cuba para Centroamérica ... No estamos ayudando a los militares bolivianos, estamos ayudando al pueblo boliviano para que no caiga en lo que nosotros estuvimos a punto de caer" (39).Al mismo tiempo, la operación Bolivia fue concebida como parte de una creciente acción externa, cuyo último destino era la ocupación de los "vacíos de poder". En este sentido, es interesante señalar que a fines de los años 70 algunos trabajos elaborados por los Estados Mayores de las fuerzas armadas argentinas preveían -en el marco de la más refinada teoría "realista"- que la irremediable disminución del poder relativo de Estados Unidos obligaría a este país a reducir sus intereses y compromisos en el Cono Sur latinoamericano, un sector

"no vital" de su imperio. En este contexto la injerencia en. Bolivia perfiló una realidad que, dos años más tarde, en 1982, terminaría por convencer a los más incrédulos: el proyecto de la Junta Militar, lejos de definirse como un simple cipayismo, incluía como parámetro fundamental un nacionalismo expansivo tendiente a un reordenamiento de la posición argentina en el mundo e inclusive en el conjunto de Latinoamérica" (40).En consecuencia, la cuestión Bolivia se transform6 en uno de los temas claves de la diplomacia militar. Su indudable importancia se puso de manifiesto mediante un apoyo incondicional al gobierno de facto y una activa participación en los acontecimientos políticos bolivianos que se desarrolló en distintos niveles: organizaci6n de grupos anti-guerrilleros, envío de personal militar especializado en tareas "antisubversivas", asistencia econ6mica y protecci6n diplomática y política al régimen de García Meza. Vale recordar que Argentina fue el primer país en el mundo que reconoció al gobierno militar de Bolivia.Sin embargo, la resistencia creciente de las fuerzas políticas opositoras bolivianas y las derivaciones posteriores del régimen: alta inestabilidad política, conflictos intra-militares, imposibilidad de resolver mínimamente la crisis econ6mica, corrupción escandalosa en el seno de las fuerzas armadas, claramente involucradas en el narcotráfico (que aumentó tres veces durante la administración militar), opusieron trabas al "entendimiento castrense" bilateral que se suponía destinado a perdurar muchos años, tanto como las autocracias respectivas. Por otro lado, la diplomacia militar no podía cumplir con las promesas realizadas en cuanto a la cooperación económica y comercial basada fundamentalmente en la venta de productos manufacturados argentinos a Bolivia y en la compra de gas boliviano por un período prolongado.Indudablemente, la desindustrialización del país producida por el modelo impulsado por la diplomacia económica actuó disfuncionalmente respecto del proyecto expansivo de la diplomacia militar."Por eso" -como" señaló oportunamente Rogelio García Lupo- "la pretensi6n de los militares argentinos de jugar un rol en las cuestiones internas de Bolivia ha quedado cada vez más des actualizado y con el único fundamento de la doctrina de la seguridad nacional, según la cual la frontera ideológica de los dos países debe ser defendida a cualquier precio. Este "cualquier precio" ha sido en los últimos años la alimentaci6n financiera del régimen boliviano con recursos clandestinos, que en la mayoría de los casos fueron a parar a los bolsillos de los ocasionales líderes militares y que en modo alguno pudieron impedir lo que es una evidencia: que Bolivia se debate en el caos econ6mico y la desobediencia política" (41).Precisamente, el creciente y sostenido deterioro de la situación interna de Bolivia produjo la desintegraci6n del proceso encabezado por García Meza, quien debi6 renunciar en agosto de 1981. Así, luego de la toma del mando de Siles Zuazo (10 de octubre de 1982), cuyo triunfo electoral de 1980 había sido ratificado previamente por el Congreso nacional boliviano, la relación entre el régimen militar argentino y el nuevo gobierno democrático de Bolivia entr6 en una etapa de marcado estancamiento.

La salvación de Occidente y la lucha contra la "subversión marxista" fueron también los argumentos utilizados por la diplomacia militar para justificar la participaci6n argentina en América Central. A diferencia del caso de Bolivia, la intervención en el área centroamericana fue "acordada" con los Estados Unidos. En efecto, la misma se insertó en el esquema de contención del comunismo internacional propugnado por el "globalismo estratégico" de la administración republicana.El compromiso formal fue asumido por Galtieri en noviembre de 1981 durante una gira que realiz6 a Estados Unidos cuando aún era Comandante en Jefe del Ejército (42). En esa oportunidad, acordó secretamente con el entonces director de la CIA, William Casey, el envío de oficiales argentinos para organizar y entrenar a los contras. Pocos días después, el presidente Reagan firm6 una orden secreta de seguridad nacional en la que autorizaba a la CIA a trabajar con la Argentina para organizar la contrarevoluci6n en Nicaragua. Estados

Unidos pondría el dinero y los militares argentinos su reconocido know-how antisubversivo" (43).En este marco, luego del relevo de Viola (diciembre de 1981) la diplomacia militar aumentó sustantivamente su compromiso "occidental" en América Central mediante el envío de asesores y armas a la regi6n que continuó en forma creciente hasta la guerra de Malvinas.La naturaleza y desarrollo posterior del conflicto con Gran Bretaña -que quedó fuera de las coordenadas Este-Oeste- evidenciaron dramáticamente la inviabilidad de la estrategia promovida por el gobierno argentino. Asimismo, demostraron por extensi6n que es simplista (y por supuesto, claramente ideo1ógico) pretender encuadrar la compleja problemática del área centroamericana en el marco "omniexplicativo" del clivaje Este-Oeste. Además, la actitud asumida por Estados Unidos durante la guerra en favor de Gran Bretaña -fácil de comprender por otra parte- y el firme apoyo latinoamericano recibido por Argentina durante el conflicto limitaron drásticamente la participaci6n de los militares en América Central (44).

El impacto de la guerra de Malvinas

El conflicto del Atlántico Sur produjo un impacto decisivo sobre el Estado y la sociedad civil argentina. En lo interno asestó un golpe mortal al Proceso, acelerando un retorno a la democracia no planificado ni querido por el régimen militar, que atraviesa, en parte por ello, una situación de fragilidad.Sin embargo, existen ciertos datos que permiten inferir algunos cambios cualitativos que, de confirmarse, podrían contribuir a la consolidación del sistema democrático. La desintegración del régimen militar, la intensidad de la crisis económica, la desmoralización generalizada que este nuevo fracaso trajo consigo, más la secuela traumática de una guerra perdida, parecen haber inspirado en distintos niveles de Argentina un examen retrospectivo del concepto "democracia". En esta elucidación los aspectos externos ocupan un lugar relevante. La guerra de Malvinas evidenció el profundo vacío académico e informativo existente en cuestiones referentes a la realidad internacional, tanto en la sociedad civil como en el propio Estado. Al mismo tiempo puso de manifiesto la importancia de aprehender cabalmente los condicionamientos y limitaciones que las variables externas imponen a las decisiones nacionales. La necesidad de conocer, comprender y apropiarse útilmente de "lo internacional" surge, así, como un rasgo sugestivo de la actual coyuntura argentina. Por cierto, el conflicto de Malvinas obligó a un giro "forzoso" de políticas y privó de sustento ideológico al régimen militar. El intento agónico de recomposición del orden autoritario mediante la invasión de las islas Malvinas produjo, contrariamente a lo pensado por sus promotores, la fractura definitiva de la autocracia. Asimismo, la campaña publicitaria exitista promovida por el gobierno durante la guerra y la prohibición de toda crítica a la misma, dejó abruptamente sin espacios, luego de la derrota, a la "diplomacia secreta".

Lamentablemente, el acelerado autoascenso del país a la categoría de "prioritario" y cooptable y las solidaridades argentinas con los Estados Unidos en el plano estratégico militar global, ya mencionadas, hicieron creer ingenuamente a la cúpula militar que de ello se derivaría una natural correspondencia de lealtades. En honor a la verdad, es justo reconocer que el gobierno republicano facilitó el desarrollo de esta falsa percepción de la realidad. Como señala Heraldo Muñoz, la política de la administración Reagan de privilegiar las relaciones militares en detrimento de los diplomáticos de carrera produjo como resultado políticas externas más irrendentistas e ideológicas. Además, las cosmovisiones compartidas de un mundo divido en dos bloques irreconciliables y la amistad preferencial brindada a Galtieri actuaron como estímulos indirectos de la decisión argentina (54).Un influyente periodista, haciéndose eco de las percepciones erróneas de un sector importante de la "diplomacia militar", escribió dos meses antes de la iniciación del conflicto: "Visto el tema con óptica internacional u occidentalista, la presencia británica ahí (Malvinas) priva a la Argentina de la participación que le corresponde en la defensa de la región frente a la constante penetración soviética, lo cual, como el propio Departamento de Estado observa desde hace tiempo, hace poco menos que inviable, por el pronóstico dudoso, cualquier esquema estratégico para el área. Si se tiene en cuenta pues, que no es únicamente este país el que cada día se está viendo más perjudicado por la inexplicable tozudez británica, parece fácil prever que una iniciativa de fuerza contaría no sólo con la comprensión de la comunidad internacional, en particular del Tercer Mundo, sino también con el respaldo o por lo menos con la interesada tolerancia de la OTAN, por más que el Mercado Común Europeo se solidarizase formalmente con Gran Bretaña" (55).Los hechos demostrarían cuán lejos de la realidad estaban estas apreciaciones. La guerra de Malvinas evidenció las fallas del paradigma del globalismo estratégico, dejando al descubierto la especificidad del conflicto Norte-Sur y su autonomía de la confrontación global entre las dos superpotencias. Asimismo, falsificó los paradigmas de la doctrina de la seguridad nacional, dado que la guerra puso de manifiesto la vinculación existente entre el incremento de la inseguridad externa y los gobiernos autoritarios. Como señala acertadamente Luciano Tomassini estos regímenes "… inspirados en la doctrina de la seguridad nacional han divido a las sociedades respectivas y erosionado su unidad interna, sin la cual no puede haber seguridad exterior, hasta un extremo que nuestros países no habían conocido a lo largo de su vida independiente. Al promover una exagerada apertura de su economía, comprometer la base industrial de sus países y acentuar su dependencia frente al crédito externo y a una creciente gama de productos importados dentro de un contexto internacional extremamente incierto, han agravado la vulnerabilidad internacional de nuestros países" (56).El desarrollo del trágico juego de errores producido luego de la ocupación de las islas, compelió a la diplomacia militar a realizar un vuelco sustancial en su política exterior. De manera poco creíble se revalorizó la presencia y participación de Argentina el Movimiento

de los Países No Alineados y en la UNCTAD, como así también en el seno del Grupo de los 77, en el que se procuró adoptar posiciones de liderazgo, especialmente como vocero de los reclamos del GRULA. Como puede, apreciarse, esta ""militancia" novedosa, se diferencia nítidamente de las políticas anteriores de neto low profile, seguidas en los foros mencionados. El cambio más notorio fue el apoyo explícito de Argentina al Movimiento de los No Alineados y su declarada consubstanciación con los principios y demandas de las naciones del Sur. "La lucha contra el colonialismo -declaró Nicanor Costa Méndez en La Habana- tuvo lugar y se sigue desarrollando, porque ha sido la reacción legitima de los pueblos contra un sistema de relaciones internacionales destinado a perpetuar un statu quo que es ilegitimo, que es injusto, del cual sólo se benefician las potencias colonialistas e imperialistas... La Argentina compromete su acción en defensa de los principios y propósitos del no alineamiento, que no son más que los principios dirigidos a construir un sistema de relaciones internacionales basado en la justicia, en la paz y en el desarrollo de los pueblos..." (51).Notorio fue también el retomo al "multilateralismo" que había sido -como quedó dicho- expresamente rechazado durante la etapa Videla-Martínez de Hoz. El general Reynaldo Bignone, último presidente del Proceso, declaró al asumir el paradójico rol de "líder" de los países subdesarrollados: "(...) hace muchos años que el Grupo de los 77 comenzó la tarea de armonizar posiciones y fijar metas comunes a fin de fortalecer no solamente la situación individual de cada uno de los países miembros sino también la capacidad negociadora del conjunto", y agregó más adelante: "Visualizamos el diálogo Sur-Sur como una acción concertada entre los países en desarrollo, seguros de que ello consolidará y fortalecerá nuestra voz en el diálogo negociador con el Norte-desarrollado..." (51). Ciertamente, la descomposición explosiva de la autocracia militar luego de Malvinas y la falta de compromiso real de los últimos actores del Proceso vis a vis esta política no alineada y tercermundista, impidieron que la misma lograra una mínima credibilidad internacional respecto de sus verdaderos intereses y objetivos.

NOTAS

8 Domínguez Ruiz, Ricardo, "Las relaciones Argentina Estados Unidos 19'76-1980", tesis presentada ante la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983, pp. 69 y 70.9 Desde mediados de 1977, el entonces almirante Massera comenzó a ejercer presiones para terminar la situación de "excepción" en el poder, esto es que el presidente del país fuera al mismo tiempo comandante en jefe del Ejército. El 2 de mayo, de 1978, la Junta Militar formada por los comandantes de las tres fuerzas eligió a Videla como presidente, y esta estructura de poder se mantuvo hasta la toma del mando de Galtieri, quien volvió a reunir en su persona la presidencia y la comandancia en jefe del Ejército. Este esquema, que colocaba a la Junta por encima del presidente, estimuló el surgimiento de políticas conflictivas y, en muchos aspectos, contradictorias entre el Poder Ejecutivo y las distintas fuerzas.10 Videla, Jorge Rafael, Discurso ante el Círculo de Periodistas de la Casa deGobierno, 16/4/80, Mensajes presidenciales, Proceso de Reorganizaci6n Nacional (PRN, 1980), tomo I.11 Vale la pena destacar que la política de derechos humanos del gobierno de Carter resultó en definitiva beneficiosa para los traficantes de armas. Según la opinión de RogeIio García Lupo "(...) desde entonces tuvieron (los traficantes) como

única preocupación que las violaciones de esos derechos continuaran siendo tan frecuentes como para que esa legislacl6n no llegara a derogarse. En ese caso los ejércitos regulares volverían a comprar sus pertrechos en las fábricas nacionales, estatales o privadas, reduciendo al mínimo el papel de los intermediarios", Diplomacia secreta y rendición incondicional, Buenos Aires, Nueva Informaci6n, 1983, p. 184. El Congreso norteamericano levantó las restricciones a las ventas de armas en diciembre de 1981, pero la guerra del Atlántico Sur volvió a interrumpirlas.12Brzezinski, Zbigniew, Clarín, 17 de enero de 1979.13 En el mes de septiembre de 1978, el portavoz del entonces subsecretario de Asuntos Interamericanos, Vyron Vaky, expresó claramente este cambio de percepción: "La Argentina ha dado pasos positivos. La situación política interna ha mejorado y eso ha ayudado mucho a la evoluci6n actual de la relación bilateral", Clarín, 23 de septiembre de 1978.14Un buen estudio sobre las implicaciones de la política de derechos humanos sobre las actividades del Eximbank puede verse en Schoultz, Lars, Human Rights and the Untted States policy towards Latin America, Pririceton University Press, Princeton, 1981, pp. 304-312.15 Clarín. 28 de septiembre de 1978.16 Vale destacar que en el mes de junio, en ocasión de la VII Asamblea General de la OEA, el entonces canciller argentino, Oscar Antonio Montes, había invitado formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a enviar una delegación para que pudiera constatar "las condiciones jurídico-globales imperantes en la Argentina". A pesar de este anuncio, la Comisión prefirió abrir un compás de espera hasta tanto se aclarase el alcance de esa invitación respecto a la libertad de acceso a las fuentes de información. En tanto, los estatutos de la Comisión contemplan una libertad virtualmente irrestricta, la mayoría del gobierno argentino sostenía que la concesión de esas facultades implicaría una suerte de invasión sobre espacios que no podían someterse a intereses externos y que debían permanecer reservados a la acción soberana del Estado.17Clarin, 1º de octubre de 1978.l8t Acerca de la posición "moderadora" del Ejecutivo frente al Congreso, véaseShoultz, Lars, op. cit., pp. 257-266.19 Luego de conocido el informe, el canciller Carlos W. Pastor expresó: "No aceptaremos jamás que venga ninguna otra comisi6n a investigar nada, porque no tienen nada que investigar aquí”. Clarín, 26 de marzo de 1980.20 La Nación, 2 de mayo de 1980.21En este sentido, es interesante citar el argumento esgrimido por Martínez de Hoz durante una reunión con empresarios norteamericanos en Pittsburgh realizada en mayo de 1980. En esa oportunidad expresó que el embargo, dada la relación con los países socialistas, "no solo hubiera dañado la posición económica argentina, sino que también se habrían afectado las relaciones comerciales con Estados Unidos, que ha sido el proveedor más importante de manufacturas y bienes de capital de la Argentina y siempre ha habido un déficit inevitable en perjuicio de la Argentina". Clarin, 3 de mayo de 1980.22 Así, los acuerdos sobre suministros de granos y carne y el convenio sobre pesca respondieron a necesidades comerciales argentinas; lo firmado en el campo de la energía nuclear a la necesidad de diversificar sus fuentes de aprovisionamiento debido a la renuencia de los gobiernos occidentales a conceder a la Argentina materiales y equipos. Véase García del Solar, Lucio, 'Las relaciones entre la Argentina y la URSS", Criterio, número de Navidad 1981, p. 764. 23 Videla, Jorge Rafael, discurso pronunciado en la provincia de Misiones, 22 de abril de 1980, en Mensajes presidenciales, Proceso de Reorganización Nacional, 1980, tomo 1.24 La designación de Goodpaster -un hombre más cercano al pensamiento republicano- respondió, probablemente; a la necesidad de facilitar un diálogo con "pares" para superar los profundos desencuentros producidos entre los "civiles" del Departamento de Estado y los representantes de la diplomacia económica argentina.25 Acerca de este punto el comunicado dice: "Ambas partes coincidieron en la inconveniencia de una alteración brusca y desproporcionada de las corrientes comerciales argentinas habituales a los diversos mercados. Es por ello que la Argentina dentro de su política de libre comercio de granos vigente aspira a mantener sus mercados tradicionales, para lo cual mucho confía en la colaboración de los países con los que tiene relaciones comerciales". Convicción, 26 de enero de 1980.26 La Nación, 3 de mayo de 1980.27 Durante la década del 70, las, tendencias marcan un gradual relegamiento del mercado de Estados Unidos en beneficio de la CEE, América Latina y la URSS, a partir del embargo cerealero de 1980.28 Domínguez, Jorge, "Un valioso desafío para una sabia diplomacia", en A fondo, Buenos Aires, novlembre-dlciembre de 1983. Año 4, Nº 33, p. 32.29 Clarín, 10 de marzo de 1979.

30 Véase Insulza, José Miguel y Ruiz, Rosalía, Estados Unidos: perspectiva latinoamericana, CIDE, vol. VII, Nº 6, jumo de 1982, p. 64.31 Grabendorff, Wolf. ¿De país aislado a país preferido? Las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos 1976-1981, ponencia presentada en el simposio. La Argentina: problemas actuales y perspectivas, Augsburgo, 29 al 31 de octubre de 1981, p. 7.32 La Nación, 24 de diciembre de 1981.33 Cámpora, Héctor, Discurso al asumir la Primera Magistratura de la Nación. 25-5-73, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, tomo 1, pp. 33-36.34 Ibídem.35 Videla, Jorge Rafael, Conferencia de Prensa ofrecida a periodistas de Alemania Occidental, 5-5-77, Proceso de Reorganización Nacional (PRN), tomo 1.36 Es preciso reconocer que a través de una acción de propaganda sistemática que fue acompañada por distintos mecanismos de auto-censura (en operación desde la implantación del Proceso) el régimen logró derramar sus esquemas geopolíticos -lamentablemente con bastante éxito- sobre un grueso sector de la población despertando en él un fuerte sentimiento anti-chileno y belicista.37 La Nación, enero 26 de 1979.38 En este documento la diplomacia vaticana convalida la línea demarcatoria del laudo, otorgando a Chile las islas en cuestión (Picton, Lennox y Nueva) y todas las demás que se encuentran hacia el sur hasta el Cabo de Hornos, traza una línea envolvente que abarca todas las líneas. en disputa, a partir de la cual Chile dispone de una franja de aguas territoriales de 6 millas, otra de explotación económica exclusiva de 6 millas y las restantes, hasta las 200 millas, quedan como zona destinada a actividades comunes o concertadas (Mar de la Paz) con soberanía argentina pero con servidumbre a perpetuidad a favor de Chile.39 Clarín, agosto 6 de 1980.40 Domínguez Ruiz, Ricardo, Las relaciones Argentina-Estados Unidos, 1976-1980, op. cit., pp. 97-98.41 García Lupo, Rogelio, Diplomacia secreta y rendición incondicional, op. cit., p. 36.42 Los contactos iniciales para el envío de militares y armas a América Central se realizaron en Buenos Aires en el mes de setiembre de 1980, durante el denominado Congreso Anticomunista, en el que participaron conocidos representantes de la extrema derecha latinoamericana.43 Ver The Miami Herald, mayo 10 de 1987.44 Digo limitar y no eliminar, dado que existen indicios de que la diplomacia militar continuó, aún después de las elecciones del 30 de octubre de 1983, enviando armamentos a América Central. Véase, por ejemplo, el artículo publicado en la revista Humor, N' 118, pp. 122 Y 123, donde aparecen copias de documentos que prueban la remisión vía marítima de un importante cargamento de armas a Honduras, .que partió de Argentina el día 7 de noviembre.51 Vlde1a, Jorge Rafael, Conferencia de Prensa en la Casa de Gobierno, 13-12-79, Mensajes Presidenciales, Proceso de Reorganización Nacional (PRN), 1979, tomo 2.53Acerca de la estrategia de cooptación promovida por el Norte véase el excelente libro de Hansen, Roger, Beyond the North-South Stalemate, New York, McGraw-Hill, 1979, capitulo 6. 54 Véase Muñoz, Heraldo, Efectos y lecciones del conflicto de las Malvinas, en Russell, Roberto (comp.), América Latina y la guerra del Atlántico Sur, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1987, p. 196. 55 Iglesias Rauco, Jesús, La Prensa, 8 de febrero de 1982. 56 Tomassini, Luciano, Hacia un sistema latinoamericano de seguridad regional, en Estudios Internacionales, octubre-diciembre de 1982, Nº 60, p. 540.51 Costa Méndez, Nicanor, Discurso ante la Reunión del Movimiento de No Alineados de La Habana, La Prensa, 4 de junio de 1982.

TEXTOS UNIDAD Nro. 3EL GOBIERNO DE RAÚL ALFONSÍN (1983-1989)

Texto 4:ORTIZ, RICARDO y SCHORR, MARTÍN, ““La economía política del gobierno de Alfonsín. Creciente subordinación al poder económico durante la ‘década perdida’”,En: PUCCIARELLI, ALFREDO, Los Años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 291-333

VI. La naturaleza desigual de la crisis económica

VI.1. Los ganadores

A lo largo de las secciones anteriores en diferentes ocasiones se hizo alusión al carácter regresivo de la “década perdida” de los años ochenta; una de cuyas manifestaciones más relevantes proviene del hecho de que en un contexto agregado de estancamiento económico, muy elevados índices de inflación, fuertes desequilibrios fiscales y en el sector externo, etc., un número reducido de grandes actores económicos se expandió de manera significativa. Y, de resultas de ello, logró consolidar bajo un régimen político democrático el considerable poderío estructural que mediante diversos mecanismos se le había transferido entre 1976 y 1983 en el marco de una sangrienta dictadura militar. Sobre la base de estas constataciones, en lo que sigue se realizan algunas breves consideraciones referidas a los elementos que viabilizaron este proceso. El afianzamiento de los principales grupos económicos nacionales y extranjeros con actividad en el país durante el gobierno de Alfonsín estuvo asociado a la concurrencia de múltiples factores, entre los que interesa mencionar cuatro.En primer lugar, como se señaló en varias oportunidades, a que estas fracciones empresarias fueron las destinatarias privilegiadas de la amplia y variada gama de subsidios estatales al gran capital que se instrumentaron durante esta etapa (los cuales superaron con creces a los recursos transferidos al otro factor de poder de la Argentina post-dictadura, los acreedores externos). A los efectos de aprehender con mayor detalle las características y las implicancias centrales de estas medidas, cabe incorporar unos breves comentarios referidos a la promoción industrial y a los subsidios a las exportaciones manufactureras.Las investigaciones disponibles indican que los fondos públicos involucrados en la primera de las políticas mencionadas financiaron prácticamente la totalidad de la

escasa formación de capital que se verificó en el transcurso de los años ochenta. En este sentido, basta con mencionar, por un lado, que a mediados de la década más del 90% de la inversión neta del sector privado correspondía a inversiones favorecidas con distintos tipos de incentivos promocionales (especialmente de tipo fiscal) y, por otro, que de los 30 proyectos de inversión asociados a la apertura de nuevas plantas fabriles que se registraron en el sexenio1983-1988, 29 se efectivizaron al amparo de diferentes regímenes de promoción (30).Las diversas evidencias con que se cuenta permiten concluir que esta política de “incentivos” trajo aparejado un importante proceso de concentración económica y centralización del capital en numerosas ramas fabriles, en especial, en las productoras de bienes intermedios (celulosa y papel, cemento, petroquímica y siderurgia). También, que la misma le posibilitó a varios grupos económicos consolidar el poder de mercado que ya tenían en tales actividades y en los bloques productivos a los que éstas se integran; a otros, hacerse fuertes en sectores en los que hasta ese momento no tenían participación o ella era muy débil; y a otros incrementar notablemente el grado diversificación y/o de integración vertical y/u horizontal de sus actividades en el país (31).A pesar de la ingente transferencia de recursos que supusieron estos mecanismos de subsidio al capital interno más concentrado, hacia fines de la Administración Alfonsín la inversión neta fija fue negativa; es decir, que las inversiones realizadas no alcanzaron a cubrir las necesidades de reposición de la maquinaria y los equipos instalados o, en otras palabras, que se verificó un proceso de descapitalización de la economía argentina (Basualdo, 1992).La notable reducción de la inversión que se verificó en el transcurso del decenio de los ochenta (que involucró a la realizada tanto por el sector público como, en menor medida, por el privado) (32) constituye un fenómeno económico y social de suma trascendencia por dos motivos básicos.Por un lado, esa acentuada y prácticamente ininterrumpida disminución de la formación de capital fue decisiva para determinar el estancamiento y la aguda crisis económico-social de esos años, así como, al reducir la demanda de mano de obra, fue clave en el aumento del desempleo, la caída de los salarios y, derivado de todo ello, la consolidación de una matriz distributiva sumamente regresiva. Por otro, no sólo se produjo una fuerte contracción de la inversión privada sino que también se verificó un cambio de significación en el perfil inversor; proceso que estuvo asociado a una creciente concentración de la formación de capital del período en unas pocas actividades con funciones de producción capital-intensivas (con su consiguiente efecto negativo sobre la generación de puestos de trabajo).En cuanto a las medidas de “apoyo” y “fomento” aplicadas en estos años a las exportaciones de productos fabriles (33) , vale mencionar que se trató, en esencia, de subsidios tendientes a compensar la diferencia existente entre los precios

internacionales de los bienes industriales elaborados en el país (relativamente reducidos, atento a las características de tales manufacturas y el carácter de “tomador de precios” en el mercado mundial de la Argentina) y los vigentes en el nivel doméstico (bastante elevados, dada la naturaleza monopólica u oligopólica de los mercados involucrados y el ostensible fracaso de la Administración Alfonsín para implementar una efectiva política de control de precios) (34).En gran medida como resultado del achicamiento del mercado interno por efecto de la recesión económica y de las políticas de promoción industrial y de subsidio a las ventas al exterior de bienes manufacturados, los destinatarios de ambas políticas (por lo general, se trató de los mismos actores) encontraron en las exportaciones una importante y estratégica salida contracíclica (durante la década de los ochenta, uno de los pocos componentes dinámicos de la industria local fueron las exportaciones de algunos commodities).Ello trajo aparejados dos impactos estructurales de relevancia: por una parte, reforzó aún más el poder de mercado de muchos de los principales grupos económicos del país en buena parte de las actividades involucradas y, por otro, les permitió a los mismos acrecentar su control sobre un “bien” –las divisas– tan necesario para una economía como la argentina (en especial, en un período en el cual los flujos internacionales de capitales hacia los países “emergentes” fueron muy reducidos), reforzando en consecuencia su capacidad de veto sobre las políticas públicas.El fortalecimiento estructural de los grupos económicos nacionales y extranjeros en el período bajo análisis es producto, en segundo lugar, del intenso proceso de destrucción de capital que se registró como resultado de las características y la magnitud de la crisis económica en general, y en particular de la registrada en numerosos rubros productivos, y que se materializó a través de las quiebras de firmas (sobre todo, aunque no exclusivamente, las de menores dimensiones), los cierres de establecimientos, la repatriación de algunas importantes inversiones extranjeras, etc..En tercer lugar, y en estrecha relación con lo anterior, del proceso de inversión y expansión así como de la centralización del capital derivada de la compra y/o de la absorción de firmas o establecimientos instalados, con fuerte apoyo estatal (facilidades para endeudarse en el exterior, avales del Tesoro Nacional para la obtención de créditos, etc.) (35).En cuarto lugar, de su inserción estructural en la economía doméstica, lo que les permitió a estos actores expandirse de manera significativa en el marco de una aguda crisis económica. Ello, bajo muy diversos mecanismos entre los que sobresalen: la realización de operaciones entre empresas integrantes del conglomerado relacionadas vertical y/u horizontalmente, la posibilidad de participar en las pocas actividades dinámicas del período y de mayor tasa de ganancia, de

transferir recursos desde las firmas del grupo en mejores condiciones económicas y financieras hacia las que presentaban mayores dificultades, de usufructuar su poder oligopólico (en muchos casos también oligopsónico) y de aprovechar las distintas oportunidades que se generaron en esta etapa en materia de especulación financiera (como el “festival de bonos” con el que el radicalismo financió una parte considerable del déficit fiscal del período).Así, el creciente predominio de los grupos económicos sobre la economía argentina durante el gobierno de Alfonsín no puede ser entendido exclusivamente como un resultado de la arbitrariedad en el manejo estatal, sino también como derivado de la funcionalidad que tuvo la política económica (en especial, a partir del Plan Austral) respecto de las condiciones estructurales que presentaban estos grandes capitales. En este sentido, es indudable que durante la gestión de la Unión Cívica Radical estas fracciones empresarias tuvieron una notable –y, vista en perspectiva histórica, sumamente efectiva– capacidad de veto sobre el partido de gobierno, la cual estuvo asociada a diversos elementos. Primero, al hecho de que estos actores eran importantes generadores y propietarios de divisas (tanto las que tenían en el exterior como las provenientes de las exportaciones). Segundo, a su poder en materia de fijación de precios, derivado de su control oligopólico sobre un número considerable de sectores de actividad (no sólo industriales). Tercero, por el hecho de ser destinatarios privilegiados de las abultadas transferencias de recursos que se registraron en este período, a su papel decisivo en la explicación de la “brecha fiscal” que caracterizó a la etapa alfonsinista. Cuarto, por asumir un rol protagónico en el financiamiento de dicho déficit. En consecuencia, se trata de actores cuyo poderío residió en que tuvieron una influencia determinante en la evolución de variables de ostensible significación económica y social: las cuentas externas, la formación de capital, la inflación, la situación fiscal y el endeudamiento público. La consolidación estructural de estos grandes capitalistas durante la Administración Alfonsín, el comportamiento registrado por las variables mencionadas y la creciente “radicalidad” de los sucesivos planes económicos instrumentados (cada vez más en línea con los intereses de esta fracción de clase), constituyen interesantes indicadores de su estratégico poder de coacción sobre el sistema político en general, y sobre la orientación de las políticas económicas en particular (35).

VI.2. Los perdedores

La contracara de la exitosa performance de los actores locales del bloque de poder económico durante el primer gobierno constitucional posterior a la dictadura militar de 1976-1983 lo constituye el sendero que debieron transitar los sectores populares en general, y los asalariados en particular. Al respecto, basta con realizar un rápido análisis de la evolución seguida por una serie de variables socio-económicas de relevancia para aprehender las características de este proceso. Un primer indicador de lo señalado es la trayectoria experimentada durante el período bajo estudio por la desocupación y la subocupación. Los datos proporcionados por el Gráfico Nº 3 indican que en el transcurso del gobierno de Alfonsín ambos indicadores laborales se expandieron en forma considerable, a tal punto que en el año 1989 los desempleados representaban algo más del 7% de la población económicamente activa y los subempleados alrededor del 9% (porcentuales que fueron, respectivamente, un 82% y un 46% más elevados que al inicio de la gestión radical) (36).

Este ostensible deterioro del mercado de trabajo está relacionado con distintos factores concurrentes. Entre los más relevantes se destacan: la propia crisis económica y sus impactos sobre buena parte de las fracciones empresarias secundarias (en especial, sobre las firmas pequeñas y medianas), la naturaleza de la reconversión económica en curso(desindustrialización y reestructuración regresiva del aparato manufacturero local, creciente terciarización y “financiarización” de la economía, etc.), el perfil de la escasa formación de capital concretada durante esta etapa y las características estructurales de las pocas actividades productivas dinámicas del período (en la generalidad de los casos, generadoras de escasos encadenamientos de valor, con altos coeficientes capital/producto, etc.).Por su vinculación con la situación de los trabajadores, interesa destacar que en gran medida como resultado de las formas asumidas por la crisis económica y la orientación de ciertas políticas públicas, durante el gobierno radical se acentuó la tendencia hacia una creciente heterogeneidad dentro de la clase obrera argentina que se había iniciado durante la última dictadura militar. Sobre el particular, la información disponible permite concluir que los regímenes de promoción industrial instrumentados produjeron una doble fractura en la clase trabajadora. Por un lado, por cuanto conllevaron un nuevo estrato de obreros fabriles constituido por los operarios ocupados en las plantas manufactureras radicadas en las regiones promocionadas (localizadas, prácticamente en la totalidad de los casos, en el

interior del país). Los mismos tienen un reducido grado de sindicalización –y muy escasa tradición sindical– y perciben, para igual calificación, salarios mucho más

reducidos que los trabajadores de los centros industriales tradicionales. Por otra parte, dado que en buena medida las nuevas plantas fabriles fueron el resultado del traslado de los establecimientos que estaban radicados en las zonas tradicionales (Gran Buenos Aires, Rosario o Córdoba), estas políticas “promocionales” tendieron a consolidar la desocupación y la marginalidad social en los lugares de origen porque, si bien se trasladaron las plantas industriales y/o parte de los procesos productivos, no ocurrió lo mismo con los trabajadores que hasta ese momento estaban ocupados en aquéllas. Por lo tanto, de ese proceso surge otro estrato dentro de la clase obrera que son los desocupados, los cuales mantienen obvias diferencias con los anteriores, tanto como las que ambos –desocupados y nuevo proletariado industrial– mantienen con los trabajadores fabriles tradicionales (37).Como era de esperar, un “ejército de reserva” abultado y creciente, una mayor precarización y segmentación del mercado de trabajo y el régimen de alta inflación que imperó durante la “década perdida” trajeron aparejado un profundo deterioro en el poder adquisitivo de los salarios y, asociado a ello, una redistribución regresiva del ingreso nacional de magnitudes considerables.Al respecto, las evidencias aportadas por el Gráfico Nº 4 resultan concluyentes y eximen de mayores comentarios: luego de registrar una cierta recomposición durante el primer año del gobierno de Alfonsín, a partir de entonces el salario medio declinó en términos reales en forma pronunciada (cerca de un 30% entre 1984 y 1989). Se trató de una tendencia prácticamente ininterrumpida que conllevó la profundización de un proceso cuya génesis histórica se remonta al período dictatorial (en 1989 el salario medio de la Argentina fue, en términos reales, casi un 50% más bajo que en los años previos al golpe de Estado de marzo de1976) (38).Como resultado de esta trayectoria salarial tuvo lugar una disminución en la participación de los asalariados en el ingreso nacional: a fines del período bajo análisis la participación de los salarios en el PBI global fue del orden del 24%; porcentual que fue un17% más bajo que el vigente el último año de la dictadura militar y aproximadamente un 50%más reducido que el existente a mediados del decenio de los setenta, en los años que antecedieron a la interrupción del régimen democrático por parte de las Fuerzas Armadas.Las características y la intensidad del proceso de distribución regresiva del ingreso que distinguió al gobierno de la Unión Cívica Radical también quedan de manifiesto en los Gráficos Nº 5 y 6 (en ambos casos la información corresponde al aglomerado Gran Buenos Aires).

En un contexto de aguda crisis económica caracterizada por, de un lado, fenomenales transferencias de recursos estatales hacia los sectores más

concentrados de la economía doméstica y, del otro, un profundo deterioro en la situación de los trabajadores (salarial y ocupacional), no resulta casual que en el año previo al estallido hiperinflacionario que marcó el fin de la Administración Alfonsín, el 20% más rico de la población residente en el conglomerado urbano más importante del país se apropiara de más del 50% de los ingresos totales, mientras que el 20% más pobre se quedara con apenas algo menos del 5%(porcentuales que fueron, respectivamente,...). Ni tampoco que durante la primera gestión gubernamental de la reconquista de la democracia se verificara un incremento tan importante en las tasas de pobreza y de indigencia (incluso con antelación a 1989) (39).En definitiva, de las consideraciones previas se desprende que a pesar de las declamaciones de la campaña electoral de la Unión Cívica Radical (40), gran parte de las políticas económicas puestas en práctica por este partido cuando estuvo a cargo del gobierno nacional entre fines de 1983 y mediados de 1989 condujo a acentuar uno de los principales legados de la última dictadura militar: un notable deterioro en las condiciones de reproducción de la clase trabajadora en particular, y de los sectores populares en general.Con independencia de si ello se debió a que Alfonsín “no supo”, “no pudo” o “no quiso”, es indudable que durante su gestión buena parte de la sociedad argentina debió transitar por un sendero sumamente crítico. Esto contrasta con el exitoso camino recorrido por un puñado de grandes grupos económicos de capital nacional y extranjero (quienes captaron beneficios sustanciales y, a partir de una estructura empresarial de tipo conglomeral, incrementaron sustancialmente el control que ejercían sobre una amplia gama de mercados) y denota la naturaleza desigual y asimétrica –y, por qué no, clasista – de la “década perdida” de los años ochenta. Todo ello invita a reflexionar acerca de si la gestión económica del radicalismo fue un fracaso, tal como se destaca en mucha de la literatura disponible. En este sentido, si la evaluación se focaliza en el comportamiento de la macroeconomía durante esta etapa pocas dudas quedan acerca de la validez de tal afirmación; sin embargo, creemos que no ocurre lo mismo cuando se indagan las principales resultantes estructurales de la mayoría de las políticas económicas aplicadas, es decir, cuando se procura identificar a las fracciones sociales ganadoras y a las perdedoras.

NOTAS:

30 En un estudio realizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas tendiente a evaluar el costo fiscal derivado de los regímenes de promoción industrial se concluye: “por cada austral invertido por el sector privado el Estado contribuye con la misma suma a través de menores impuestos. De esta forma, en los hechos, los contribuyentes aportan la totalidad de los

fondos invertidos” (FIEL, 1988). Un análisis pormenorizado de las características centrales de la promoción industrial se puede encontrar en Azpiazu (1988 y1993) y Azpiazu y Basualdo (1989). Asimismo, véase el artículo de Ana Castellani que forma parte de este libro.31Respecto de estos temas, Azpiazu y Basualdo (1989) destacan: “el grupo Arcor es uno de los ejemplos más notables, en tanto gran parte de las numerosas empresas que conforman el grupo en la actualidad fueron instaladas al amparo de los beneficios promocionales, tanto de aquellos vigentes en todo el ámbito nacional como de los correspondientes a las cuatro provincias con regímenes especiales de promoción [Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis]. En el primer caso, las firmas promocionadas patrocinadas por Arcor son: Vitopel S.A. (films plásticos), Cartocor S.A. (cartón corrugado), Pancrek S.A. (galletitas), la propia Arcor S.A.(golosinas), Misky S.A. (golosinas), Millar S.A. (enzimas)... Por su parte, en el segundo caso, los proyectos patrocinados por el grupo Arcor son los siguientes: Candy S.A. (golosinas depositadas en algodón), Alica S.A.(gelatinas y helados en polvo), Flexiprin S.A. (laminado de películas, papeles y aluminio), Carlisa S.A.(galletitas, alfajores y budines), Frutos de Cuyo S.A. (conservas y envases de hojalata), Indal San Juan S.A.(embutidos, fiambres y chacinados), Dulciora S.A. (mermeladas y dulces), Metalbox S.A. (envases de hojalata),Plastivil S.A. (productos de PVC), Productos Naturales S.A. (productos enlatados), Carbox S.A. (cartón corrugado), Converflex S.A. (films plásticos)”.32 Al respecto, no puede dejar de enfatizarse que buena parte de la formación de capital realizada por el sector privado fue posible gracias a la percepción de importantes recursos estatales.33 La información con que se cuenta indica que en los años ochenta la oferta exportadora de la industria manufacturera local se encontraba altamente concentrada en torno de un número reducido de empresas degrandes dimensiones propiedad, en su mayoría, de grandes grupos económicos de capital nacional y extranjero (Basualdo y Khavisse, 1986 y Schorr, 2004).34 Véase Azpiazu y Kosacoff (1988), Bisang (1990) y Bisang y Kosacoff (1995).35 En cuanto a los avales estatales, cabe destacar que, según se desprende de un informe oficial, las principales compañías beneficiarias de esta política pública fueron aquellas que eran propiedad de los grupos económicos más importantes del país (Secretaría de Hacienda, 1988).36 Las evidencias disponibles indican que este proceso se verificó pari passu una creciente precarización de las condiciones laborales (fenómeno que se manifestó, con sus más y sus menos, en buena parte de los sectores de actividad –Cortés, 1990–). Véase también Beccaria y López (1996) y Monza (1993).37 Para un tratamiento de estas cuestiones, véase Arceo y Schorr (2004) y Basualdo (2003).38 El hecho de que durante casi toda la gestión gubernamental del radicalismo los salarios “corrieron detrás” de la inflación sugiere que los “desmedidos reclamos salariales” no parecen haber sido la causa del régimen de alta inflación de este período (tal como se suele afirmar desde diversos sectores del espectro político-ideológico –no sólo desde los ámbitos más conservadores y retrógrados–). Asimismo, permite identificar algunos de los factores estructurales que están detrás de la fuerte oposición que tuvo el gobierno de parte del movimiento obrero (sin duda, otro elemento decisivo fue el deterioro que experimentó el mercado laboral). Sobre esto último, se recomienda consultar Donaire y Lascano (2003) y el artículo de Eugenia Aruguete que integra este libro.39 Un análisis detenido de la evolución de las variables vinculadas a la cuestión distributiva durante el período analizado se puede encontrar en Altimir y Beccaria (1999), Barbeito y Lo Vuolo (1992), Beccaria (1992),Murmis y Feldman (1992) y Torrado (1995).40 Se recuerda la famosa frase de Alfonsín “con la democracia se come, se cura y se educa”.

Texto 5:

ORTIZ, RICARDO y SCHORR, MARTÍN, “Crisis del Estado y Pujas Interburguesas. La Economía Política de la Hiperinflación”, en: PUCCIARELLI, ALFREDO, Los Años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 461-510

1.3. La evolución de los precios y el carácter social de la dinámica hiperinflacionaria

Los índices de precios comenzaron a dispararse a comienzos de febrero de 1989 cuando el gobierno decidió retirarse del mercado de divisas y dejar de ofertar dólares para el sector privado. Sin embargo, el proceso hiperinflacionario no sólo terminó con las posibilidades electorales del radicalismo, también condicionó las alternativas políticas y sociales para el nuevo gobierno justicialista a lo largo de sus primeros dieciocho meses de gestión y constituyó un elemento decisivo para reducir la resistencia popular a la instrumentación de las reformas estructurales y el modelo de gestión política del menemismo. Los precios pueden ser indicadores de la manera en que los diversos grupos empresarios presionan sobre los medios que dominan -o intentan dominar- a fin de lograr apropiarse de la mayor parte del excedente, en una dinámica en la que todos los formadores de precios -o poseedores de bienes escasos y socialmente valorados, como es el dólar- utilizan todos los mecanismos a su alcance para ganar o perder lo menos posible en términos relativos respecto del resto de las fracciones sociales; es decir, para mejorar su posición en la distribución del ingreso. Este enfoque parte de considerar que no todas ellas tienen las mismas posibilidades de

influir en la determinación de los precios, sino que dependen de su posición en la distribución desigual del poder en los planos económico, social y político. Así, al observar la evolución de los principales precios al consumidor (IPC) y mayoristas (IPIM) y dólar libre-durante el período que se extiende desde enero de 1988 hasta abril de 1991, es posible aproximarse a la práctica que siguieron las fracciones sociales que se encuentran detrás de ellos. Es decir, cuál es el sector que impulsó el proceso hiperinflacionario y cuáles los que lo siguieron, realimentando el auge de los índices y tratando de que la variación de los precios relativos los favorecieran (Gráfico 5). En primer lugar, en los precios al consumidor aparece fuertemente reflejado el sector servicios, y en la Argentina anterior a las reformas estructurales de principios de los noventa las empresas de servicios públicos estaban en manos del Estado. Esto implicaba que la determinación de los precios incluyera aspectos sociales y políticos. En segundo lugar, los precios mayoristas en nuestro país dependen de la capacidad de ciertos agentes económicos para influir en los mercados en los que actúan. Si los precios al consumidor son básicamente no transables -es decir, no están sometidos a la competencia externa-, en el caso de los precios mayoristas sí lo son, y además, dada la estructura del poder económico, se trata en numerosos casos de mercados con control oligopólico o monopólico de unas pocas firmas que tienen en sus manos la posibilidad de su determinación. Dado que se trata de bienes transables, el Estado -a través del manejo de los aranceles a la importación o las retenciones a la exportación, por ejemplo- puede incidir para que el precio final reduzca la ganancia extraordinaria de las empresas. Por último, en un país como la Argentina posdictadura, el nivel del dólar está muy determinado por el comportamiento de un núcleo acotado de grandes agentes económicos: los exportadores (atento al elevado grado de concentración de la oferta exportadora, se trata en rigor de un número muy reducido de empresas y conglomerados económicos de gran envergadura), los acreedores externos (dada la magnitud del endeudamiento externo y la naturaleza "deuda-dependiente" del esquema de acumulación del capital vigente desde mediados del decenio de los setenta) y los principales grupos empresarios locales (que, como "núcleo dinámico" de la fuga de 'capitales, cuentan con cuantiosos recursos líquidos en el exterior).Resulta evidente que el Plan Primavera logró inicialmente una baja de los tres precios elegidos, a partir del acuerdo logrado con la UIA -que agrupa a los principales formado res de precios mayoristas-, y que las altas tasas de interés en australes inducían a obtener ganancias que no se lograrían a partir de la mera posesión de dólares. Esta etapa duró hasta febrero de 1989, cuando el dólar fue el primero en producir un salto, que más tarde sería seguido por los precios mayoristas y el IPC. Esto fue consecuencia de varios factores, entre ellos: la falta de

apoyo externo, la caída en el stock de divisas en el Banco Central, la ruptura del pacto UIA-gobierno y el intento del gobierno por recuperar ingresos a través del incremento de las tarifas públicas. Entre febrero y abril sobresale el retraso temporal que se produce entre el crecimiento del precio del dólar y los precios mayoristas y minoristas. A partir de mayo, la unificación y liberación cambiarias realizadas por Pugliese como consecuencia de la presión del Grupo de los Ocho permitió que el dólar presentara su mayor alza del año, y que en julio lo siguieran, buscando recuperar el terreno perdido, los precios mayoristas; el incremento del IPC refleja, por un lado, el intento de sostener los ingresos del Estado en términos reales, y por otro, el incremento de los precios en la canasta de consumo familiar. En este punto resulta interesante personificar a algunos de los principales actores que jugaron detrás de la evolución s precios. En primer lugar, los poseedores de divisas, el bien más preciado Argentina de fines de la década de1980 y principios de los noventa. Se trata de los grandes exportadores, tanto cerealeros como industriales: Bunge & Born, Cargill, Dreyfus, Nidera, Continental, La Plata Cereal, entre los primeros; Techint, Molinos y Arcor, entre los segundos. Además, están los bancos acreedores, que por un lado no renuevan los préstamos y por otro adquieren todos los dólares que se pueden obtener, "secando" la plaza local (Citibank, Chase Manhattan, Morgan, Republic). Luego, a partir de su posición de dominio en diferentes mercados, está presente un conjunto de grupos económicos locales productores de bienes intermedios y que influyen en la determinación de los precios industriales: Bunge & Born (con su empresa Atanor), Fortabat, Bulgheroni, Massuh y Techint, entre los más importantes. Y en los productos alimenticios que influyen sobre la variación de la canasta familiar se puede mencionar a Molinos (de Bunge & Born) ya los grupos económicos Bagley, Arcor y Terrabusi (esta última, propiedad del presidente de la Unión Industrial).Es posible considerar también la evolución de un grupo de precios en relación con otro para determinar el peso relativo de cada uno en las diferentes etapas de la crisis (Gráfico 6). En este sentido, es clara la preponderancia que tuvo el crecimiento del dólar respecto de la evolución de los precios al consumidor durante los seis primeros meses del año 1989, y la caída posterior refleja la evolución del IPC, superior a la del dólar tal como lo evidencia el Gráfico 5. En el caso de las tarifas, si bien constituyen uno de los componentes del índice de precios al consumidor, recién a mediados de 1989 se recomponen respecto del resto de los servicios que integran el IPC, con lo cual también queda expuesto que no fueron un elemento desencadenante de la crisis. Las tarifas recién se incrementarán relativamente a partir de comienzos de 1990, como consecuencia de los ajustes anteriores a las privatizaciones.

Al tomar en cuenta lo sucedido con los salarios, en todo el período se observa una tendencia constante a su caída, Con lo cual queda expuesta la falsedad de la hipótesis que sostiene que la hiperinflación fue resultado del conflicto distributivo entre el capital y el trabajo: entre diciembre de 1988 y julio de 1989 el salario nominal se había incrementado sólo la mitad de lo que lo habían hecho los precios al consumidor.

Abierto el proceso con el alza del dólar, la estructura de los precios relativos de la economía se fue modificando. El resto se incrementó á una tasa que expresaba el deterioro en relación con el valor de referencia -en este caso, la divisa norteamericana-, más la necesidad de recuperar la acumulación de los efectos de ese deterioro en el pasado y de prevenir el futuro, todo lo cual está relacionado con la capacidad de los distintos actores de ejercer esta posibilidad, según se encuentren en sectores competitivos, reglamentados, protegidos o de elevada concentración. Esta dolarización de hecho que se produjo en la economía aceleró la inflación: todos los precios pasaron a estar indexados por la evolución de la tasa de cambio, focalizándose en el tipo de cambio paralelo, lo que en la última etapa del gobierno radical también estuvo agravado por la dolarización de los bonos emitidos en australes, cuyo rendimiento estaba atado a la evolución de la divisa norteamericana. El vínculo entre los precios y el dólar paralelo contribuyó a transformar la inflación rampante en hiperinflación abierta (Salama y Valier, J992).A pesar de que excede el objeto de este trabajo, no pueden dejar de efectuarse breves comentarios sobre la crisis hiperinflacionaria y las primeras etapas del

gobierno justicialista. El Plan Bunge & Born no contemplaba la reanudación de los pagos a la banca acreedora interrumpidos en abril de 1988. Expresaba la inicial alianza político-empresarial del gobierno de Carlos Menem, en la que se privilegió el acuerdo con los grupos económicos nacionales, dejando para más adelante la atención de la deuda externa (Lozano y Feletti, 1991).El peronismo continuó pagando la deuda interna (financiada por los grupos económicos locales) comprometiendo las reservas del BCRA. Ante la postergación de los pagos al exterior, la presión de la banca acreedora indujo nuevamente al incremento del dólar, y entre fines de 1989 y principios de 1990 se produjo el segundo "golpe de mercado" que acabó con la alianza del gobierno con la fracción exportadora de los grupos económicos locales. Al igual que en el salto hiperinflacionario anterior, los precios mayoristas y el IPC siguieron con cierto retraso la evolución del dólar. A partir de enero de 1990 el peronismo buscó conformar un nuevo pacto, en esta ocasión con la banca acreedora. Pero las grandes empresas industriales, para mantener sus rentabilidades relativas, incrementaron los precios mayoristas, ante lo cual el gobierno respondió con una apertura importadora indiscriminada, que permitió que, finalmente, fueran los no transables (en el Gráfico 5, representados por el IPC) los que se elevaran más que el resto durante el año 1990, seguidos por los precios mayoristas. De todos modos, el ajuste fiscal que impulsaron los acreedores encontró límites, fundados en relaciones de fuerza políticas, ya que implicaba el corte de las transferencias a las provincias y las erogaciones del personal del Estado: El intento de superación de este conjunto de contradicciones impulsó a la banca acreedora a presionar sobre la cotización del dólar en enero de 1991 -cuando se duplicó su cotización respecto del mes anterior- seguido por los precios mayoristas y la recomposición del IPC, con lo que reforzó su papel hegemónico dentro del bloque dominante.

Texto 6:SVAMPA, MARISTELLA, La Sociedad Excluyente,Buenos Aires, Taurus, 2005, pp. 26-27

1989: EL FINAL DE UN CICLO POLÍTICO Y ECONÓMICO

[…] En la Argentina, la experiencia de la hiperinflación habría de constituir un punto de inflexión para la historia política nacional. En primer lugar, desde el punto de vista económico, para la gran mayoría de la población la hiperinflación trajo consigo una

mayor caída del salario real, la contracción de la actividad económica, la suspensión de la cadena de pagos y el reemplazo de la moneda local por el dólar.En 1989, los índices de pobreza treparon al 47,3%, y la tasa de indigencia, al 17,5% (Lozano:2005). Asimismo, sólo en ese año, el total de nuevos pobres alcanzó el 23,3% (Minujín y Kessler: 1995). En segundo lugar, la crisis hiperinflacionaria desembocó en el acuerdo entre diferentes actores sociales sobre ciertos puntos básicos, referidos, en especial, al agotamiento de la vía nacional-popular, esto es, del modelo de interacción social que el peronismo había puesto en vigencia en 1945 y que el proyecto alfonsnista, en parte, se había propuesto recrear, poniendo al descubierto las distorsiones e insuficiencias producidas en cuarenta y cinco años de conflictos y transformaciones. En consecuencia, la hiperinflación terminó por afianzar aquellas posturas que afirmaban la necesidad de una apertura del mercado y un achicamiento radical del Estado. En tercer lugar, en términos experienciales, la hiperinflación confrontó a los individuos con la pérdida súbita de los marcos que rigen los intercambios económicos, a través de la desvalorización -y desaparición- vertiginosa de la moneda nacional. Más aún, la hiperinflación como experiencia de disolución del vínculo social dejaría profundas huellas en la conciencia colectiva, visibles en la fuerte demanda de estabilidad que recorrería la sociedad argentina durante los años 90. La demanda no tardaría en transformarse en una suerte de mandato irrevocable, que erigiría al régimen de convertibilidad (mediante la paridad entre el dólar y el peso), implementado en 1991, en base y garantía de la nueva sociedad posinflacionaria.En cuarto y último lugar, la experiencia traumática de la hiperinflación habría de asestar un rudo golpe al imaginario integracionista que, desde los orígenes de la república, había alimentado las prácticas y las representaciones de vastos sectores sociales, incluidas las clases medias y parte de las clases populares. Extenuada y empobrecida, la sociedad argentina asistía al final de un modelo de integración social que, desde los comienzos de la república y, más allá de las crisis recurrentes, había asegurado canales importantes de movilidad social ascendente.

Texto 7:ESCUDÉ, CARLOS y CISNEROS, ANDRÉS, Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina,http://www.argentina-rree.com/14/14-082.htm (bajado el 23/01/2012)

   En cuanto al irresuelto diferendo en el canal de Beagle, desde un primer momento el gobierno radical dio muestras de querer cerrar este frente de conflicto con Chile heredado de los años de la dictadura militar. Así, poco tiempo después de asumir la presidencia, el

presidente Alfonsín definió esta cuestión como la "prioridad número uno" de su gestión.    El primer paso importante en esta cuestión se concretó el 23 de enero de 1984, cuando los cancilleres de la Argentina y Chile, Dante Caputo y Jaime del Valle, firmaron en el Vaticano la Declaración Conjunta de Paz y Amistad, un compromiso mediante el cual manifestaron su intención de alcanzar una solución "justa y honorable" al diferendo. La declaración fue incluso un poco más allá, ya que ambos gobiernos expresaron su decisión de solucionar "siempre y exclusivamente por medios pacíficos las controversias de cualquier naturaleza entre sus respectivos países". Como era de esperarse, del lado argentino el compromiso de paz con Chile recibió el completo respaldo del radicalismo, el apoyo "condicionado" de la oposición justicialista, y la abierta oposición de los sectores de la derecha nacionalista.    Decidido a cerrar definitivamente un conflicto que en el pasado había llevado a la "casi guerra" con Chile, a principios de junio de 1984 Alfonsín propuso a los distintos dirigentes de los partidos políticos la firma de un Acta de Coincidencias, cuyo artículo 11º, referido a la cuestión del Beagle, afirmaba que

la aceptación de las sugerencias y propuestas del Papa Juan Pablo II sobre el Beagle -como marco de paz- permitirá resolver pacífica y definitivamente el litigio limítrofe con la hermana República de Chile, ratificar el principio bioceánico y nuestros derechos sobre la Antártida, y comenzar la consideración y aprobación de numerosos proyectos de complementación económica y social entre ambas naciones.

Esta Acta fue firmada el 7 de junio por 16 partidos políticos. Algunos lo hicieron con reservas y otros -la Unión del Centro Democrático (UCD), el Partido Comunista (PC), el Frente de Izquierda Popular (FIP) y el Partido Federal (PF)- la rechazaron.A esta altura de las circunstancias, el gobierno radical era consciente de que los pasos tendientes a cerrar el viejo diferendo limítrofe con Chile no serían sencillos, y que las heridas podrían reabrirse ante la menor señal de mala voluntad de una de las partes. En este sentido, el gobierno argentino sintió el cimbronazo que representaron para el proceso de negociación las duras declaraciones del vicecanciller chileno, Sergio Covarrubias. Este, cuyas palabras fueron difundidas por los diarios argentinos el 26 de junio, sostuvo que "en la cuestión del Beagle no se tenía en cuenta el principio biocéanico y que a su país le interesaba la proyección sobre el océano Atlántico". Al negar el principio biocéanico y afirmar la proyección atlántica de Chile, el vicecanciller chileno conformó a los nacionalistas trasandinos, pero exacerbó la sensibilidad de los que estaban del otro lado de la cordillera. Las duras expresiones de Covarrubias tuvieron un rápido eco parlamentario, ya que motivaron la presentación de sendos proyectos de declaración de repudio por parte de los diputados peronistas José Luis Manzano e Ignacio Cardozo, y de su colega de bancada Florencio Carranza.    Por cierto, este incidente, a pocos meses de haber firmado el compromiso de Paz, convenció al presidente Alfonsín y a otros funcionarios del gobierno de que había que buscar

una estrategia que cerrara definitivamente las hipótesis de conflicto estimuladas por los sectores nacionalistas de uno y otro lado de la cordillera. La respuesta fue la iniciativa de la consulta popular, que reforzaría la imagen interna y externa del gobierno radical y pulverizaría de una vez por todas los reparos de los sectores que, en nombre del "interés nacional" impedían cerrar el histórico diferendo con Santiago.    Así, el 25 de julio de 1984 el presidente Alfonsín convocó oficialmente a todos los ciudadanos a expresar su opinión respecto de la firma o no de un tratado de paz con Chile por medio de una consulta popular y no vinculante, en los siguientes términos:

(...) Queremos que los argentinos, todos los argentinos, participen tomando posición acerca de si conviene o no dar solución rápida y pacífica a un problema que ha constituido desde hace un siglo un elemento de tensión con la República de Chile. (...)La solución al diferendo del Beagle no sólo constituiría el final de un antiguo litigio sino además, y sobre todo, un factor esencial para construir un futuro que se nos avecina con rapidez. Me refiero, precisamente a ese proceso de integración que señalé al comienzo de mis palabras, y que, en los próximos años puede y debe acelerarse como condición vital para defender nuestros intereses y sentar las bases de la prosperidad para todos nosotros.

Según Passarelli, si el gobierno de Alfonsín realmente tuvo desde un primer momento la expresa voluntad de cerrar el diferendo limítrofe por el canal de Beagle, el paso adoptado resulta de difícil explicación, en tanto la expresa determinación del gobierno radical de cerrar el conflicto con Chile habría sufrido un importante traspié en el hipotético caso de que el grueso de la ciudadanía hubiera optado por el "no" en aquella consulta. En realidad, y tal como sostienen Russell y Paradiso, varias razones de política interna explicaban y justificaban la decisión del primer mandatario: a) el virtual agotamiento de la vía de la mediación vaticana, que le posibilitaba a Chile la opción de recurrir a la Corte Internacional de La Haya, una alternativa desfavorable para la Argentina; b) la necesidad de proyectar hacia el exterior la imagen de una dirigencia racional y prudente, que además de levantar la bandera de la solución pacífica de las controversias la pusiera en práctica -desde el razonamiento de la administración radical, este factor a su vez otorgaría al gobierno el prestigio externo y la "autoridad moral" necesarios para encarar de forma similar la controversia con Gran Bretaña por Malvinas o sostener iniciativas en favor del desarme global-; c) la incertidumbre respecto de los votos peronistas en el Congreso cuando se discutiera la ratificación del tratado, y d) la convicción de que el voto positivo de la ciudadanía cerraría definitivamente la cuestión, restando espacio tanto a la acción desestabilizadora de grupos ultranacionalistas, como al uso intencional del diferendo por parte de la oposición en función de la política interna.     Por cierto, la convocatoria de Alfonsín a la consulta popular generó un intenso debate político tanto en las fuerzas del oficialismo como en las de la oposición. Russell afirma que este debate estuvo centrado en torno a tres puntos: la conveniencia de aceptar o no la

propuesta de tratado definitivo; la constitucionalidad de la consulta; y la oportunidad de la firma del tratado, debido a que se ponía en tela de juicio la capacidad jurídica de la dictadura de Pinochet para cerrar un conflicto de larga data […].   Por cierto, la consulta popular del 25 de noviembre otorgó un rotundo apoyo al gobierno radical para que éste cerrara el conflicto pendiente con Chile: 81,32% de los votos a favor de la firma del tratado de paz con Chile, 17,08 % en contra y 1,09 % en blanco […].     Como ocurriera con los actos proselitistas previos a las elecciones de octubre de 1983, otra vez la televisión ayudó al radicalismo. El debate televisivo entre el canciller Caputo y el presidente del bloque justicialista en el Senado, Vicente Leónidas Saadi, fue ampliamente favorable al primero, al punto que Juan Gabriel Labaké, miembro del Comando Superior Peronista, afirmó: "Hemos quemado por segunda vez consecutiva un ataúd ante las cámaras de televisión". No obstante, además de la televisión, contribuyeron al triunfo de la posición radical en la consulta popular la negativa presencia de figuras asociadas al Proceso militar en el "Frente del No", y sobre todo el enfático deseo de paz de la mayor parte de la ciudadanía.     Amparado en los favorables guarismos de la consulta popular, el gobierno radical dio el paso final. El 29 de noviembre de 1984, los cancilleres de la Argentina y Chile, Dante Caputo y Jaime del Valle, firmaron en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad. Este acuerdo otorgaba a Chile la totalidad de las islas en disputa (Picton, Nueva y Lennox y nueve islas de menor tamaño); fijaba en tres millas la extensión del mar territorial chileno; delimitaba un área de explotación económica exclusiva; convalidaba la delimitación establecida por el Tratado General de Límites de 1881, que disponía la neutralización a perpetuidad del Estrecho de Magallanes y su libre navegabilidad a buques de cualquier bandera; y rechazaba el uso de la fuerza, directa o indirecta, para solucionar eventuales controversias futuras. Para lograr el último objetivo, establecía como primera instancia un mecanismo de negociación bilateral (Comisión de Conciliación) y, como segunda alternativa, el recurso a un Tribunal Arbitral cuyas sentencias tendrían carácter obligatorio para las partes. Asimismo, el acuerdo creaba una Comisión Binacional permanente con el objeto de intensificar la cooperación económica y la integración física entre los dos países.

Texto 8:HEREDIA, MARIANA, “La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno a la política económica de Alfonsín”,En: PUCCIARELLI, ALFREDO, Los Años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 153-198

A modo de conclusión

Durante la segunda posguerra, un conjunto de desafíos políticos y de interpretaciones teórico-ideológicas integraban explícita y abigarradamente la

dinámica económica, la organización social y el conflicto político. El desarrollo, el pleno empleo y la industrialización con dificultad podían resumirse en una única dimensión de análisis, y diversos actores e intereses se movilizaban para emitir juicios sobre ellos y darles forma. Desafíos, interpretaciones y acciones colectivas tenían además al Estado nación como horizonte de sentido. En este marco, la economía era concebida como una estructura formada por sectores -y grupos sociales- claramente discernibles, y los referentes de pensamiento económico -que no se limitaban a los economistas profesionales- manifestaban de modo explícito cierta identificación con los grupos sociales involucrados. Aun en el marco de profundas resistencias dentro y fuera de los equipos castrenses, la dictadura produjo un primer desplazamiento, de las polémicas y conflictos relativos al "modelo de país", a las controversias sobre la política antiinflacionaria. Mientras que los actores políticos y sociales podían seguir juzgando y enfrentándose en torno del rol que debía acordarse al Estado, las políticas de apertura, la fijación de salarios o la promoción industrial, el control de los precios alentaba, en cambio, controversias técnicas y experimentos de laboratorio. Modelo de país y política antiinflacionaria parecían aún inseparables y los críticos del Proceso asociaban estrechamente las improntas estabilizadoras de Martínez de Hoz a un proyecto definido de modo alternativo como "monetarista" o "liberal". En efecto, incluso en un contexto de censura generalizada, los actores sociales impugnaban la política económica como parte de una orientación socioeconómica global y anteponían a las nuevas estrategias liberales del ministro otras perspectivas teórico-ideológicas sustentadas a su vez en la identificación con ciertos grupos sociales y en la producción intelectual de excelencia.El desmoronamiento de la dictadura pareció cubrir de ignominia esta perspectiva y su pretensión de escindir la economía de la sociedad. La hora de la política estaba llamada a subordinar al imperativo de bienestar general las apreciaciones pragmáticas que las autoridades que abandonaban el poder tanto habían invocado como principio de justificación. El juicio a la dictadura, la condena de las transformaciones propiciadas y la denuncia de los grupos sociales privilegiados fueron, no obstante, opacándose al compás de los desafíos que iba imponiendo la pesada herencia recibida. La democracia se concentró entonces -y tal vez de allí su supervivencia- en garantizar las libertades civiles y políticas fundamentales, al tiempo que reconocía su creciente incapacidad para detener o al menos atenuar un proceso de debilitamiento de la soberanía nacional y de empobrecimiento de las mayorías que quedó, de algún modo, eufemizado por la atención cada vez más exclusiva y urgente concedida a la inflación.

La naciente democracia, que se había fundado al inicio en la legitimidad de los votos y de la participación activa de los ciudadanos, pasó a concentrar cada vez más poder én el Ejecutivo, asentándose en una nueva fuente de legitimidad que podemos definir como tecnocrática. En efecto, la autoridad del gobierno para actuar en "materia económica" se justificó menos en el mandato emanado de los sufragios o en la atención a las demandas de una ciudadanía activa, que en su eficacia para controlar el aumento desenfrenado de los precios. En este nuevo contexto, los espacios técnico-académicos de producción de ideas cobraron particular importancia. Mientras otras instancias de intermediación, como los partidos o los sindicatos, habían sufrido los embates de la violencia dictatorial, los centros de investigación en ciencias sociales detentaban, en cambio, el raro privilegio de haber perseverado en la reflexión sobre la realidad local y en la construcción de redes de colaboración internacional. La certeza de sus propuestas, la cohesión y prestigio de sus referentes compensaron el desconcierto de un mundo político que no lograba restablecer el orden con las recetas tradicionales. Si el pensamiento económico podía escindirse de las filiaciones partidarias y remitía más al saber que al compromiso con ciertos valores, los partidos bien podían importar los programas de gobierno en esta área. La democracia inauguró así una particular forma de articulación entre actores políticos y técnicos: la nueva división del trabajo acordó a los intelectuales independientes la tarea de reflexionar, elaborar y aplicar políticas, mientras los partidos se consolidaban como grandes maquinarias electorales. Pero las certezas técnicas sólo fueron posibles en la medida en que el funcionamiento económico se presentó como mecanismo impersonal y que la creatividad técnica buscó colocarse si no por encima de los intereses y antagonismos entre los grupos sociales, al menos en posición equidistante de cada uno de ellos. En efecto: para Alsogaray o Ferrer (miembros de la generación anterior de estadistas económicos) las herramientas técnicas estaban siempre ligadas a una visión normativa de la relación entre Estado y sociedad y de la posición de la Argentina en el mundo; en cambio para las nuevas generaciones, el "contenido intelectual" se desdibujaba frente a la creciente atención prestada a los "aspectos técnicos". La interpretación de la inflación propuesta por el equipo de Sourrouille intentó combinar de manera original las perspectivas estructuralista y monetaria. Cada una de ellas suponía, aun sin explicitarlo, dos modelos de sociedad diferentes. Para la primera, la sociedad estaba compuesta por sectores/grupos económicos definida en función de las fronteras nacionales, y organizada por la regulación institucional de los conflictos. La segunda presuponía, en cambio, una sumatoria de agentes racionales capaces de servirse de la información económica para organizar sus

conductas y maximizar sus beneficios. Este agente pertenecía además a un mercado que cuestionaba los límites de la soberanía política y garantizaba la reproducción de las actividades económicas cotidianas sólo en la medida en que se sostuviera y cultivara su confianza. Las representaciones políticas y sociológicas de la sociedad persistieron en la primera imagen; los discursos económicos fueron introduciendo y dando cuerpo a la segunda. La capacidad performativa de esta nueva figuración no puede limitarse a la capacidad de los economistas de imponer ciertas visiones sobre otras. Esta representación supo demostrar verosimilitud en tanto se reveló capaz de retratar ciertos rasgos de la Argentina postdictatorial. Algo bien parecido al homo economicus había emergido de la larga experiencia inflacionaria y de los dispositivos montados para doblegarla. Aun cuando la capacidad de sacar ventaja en la urgencia no se distribuía por igual en las distintas zonas de la sociedad, un sinnúmero de ciudadanos de posiciones distintas había aprendido a comportarse al calor de la escalada de los precios y del dólar, de manera semejante al sujeto de los modelos econométricos. Poco importaba entonces si eran peronistas, radicales, desarrollistas, liberales; muchos argentinos se convencieron de que la mejor manera de preservar e incrementar sus ingresos no era la movilización política sino la agilidad con la que podían reaccionar frente a la coyuntura económica. Para ellos, los economistas irían consolidándose como nuevos portavoces de lo verdadero y lo posible. Esta noción despolitizada y desocializada de la economía se enfrentó así a aquellas otras perspectivas teórico-ideológicas que habían construido, durante la segunda posguerra, una articulación estrecha entre economía, política y sociedad. La oposición entre heterodoxos y ortodoxos ilustra bien esta licuación de los marcos ideológicos hasta entonces prevalecientes. Por un lado, las diferenciaciones técnicas en materia macroeconómica tomaban estado público y suplantaban otros criterios de diferenciación ideológica más inteligibles para el sentido común ciudadano (radical, peronista, izquierda, derecha). Por otro lado, un variado arco de posiciones no liberales se veía de pronto subsumido en una misma categoría (heterodoxos), cuya especificidad parecía ser apenas cierta desconfianza en los mecanismos del mercado y cierta valoración de la intervención estatal. Finalmente, los representantes más conspicuos de la heterodoxia se aproximaban, en la urgencia de la hora, a las propuestas de sus antiguos adversarios. La aceptación heterodoxa de ciertos lineamientos liberales los dotaba de un realismo (científico) del que habían carecido durante la dictadura.Frente a esta avanzada reformista que había alcanzado al gobierno radical, la oposición al liberalismo aparecía ahora tanto política como intelectualmente fragmentada. Los observadores críticos creían identificar hasta qué punto las

concepciones económicas en boga reificaban y profundizaban las inequidades del capitalismo y corroían desde dentro la participación de las mayorías en democracia, pero se revelaban incapaces de articular un diagnóstico convergente y de enarbolar una propuesta distinta. Fue entonces cada vez más sencillo reducir sus reclamos a "obstáculos" o sus acciones a ejercicios de "resistencia". El espacio público-democrático, desprovisto de las herramientas ideológicas de la crítica y de la efectividad de los repertorios de acción precedentes, se pacificó al tiempo que las desigualdades sociales se agudizaban.Con la escisión entre economía y política y el traspaso de la política económica a los expertos, la decisión económica terminó por asociarse más con la administración de las cosas (por naturaleza, neutras) que con el gobierno de los hombres (enfrentados por valores e intereses diversos). La hiperinflación terminaría de doblegar las resistencias de la sociedad a las operaciones más drásticas. El nuevo perfil de la democracia estaba listo para acoger en su seno a quienes habían perseverado sin recelos en los nuevos aires de transformación.

DOCUMENTOS UNIDAD Nro. 4LA DÉCADA DEL NOVENTA (1989-1999)

Texto 9:GARCÍA LEMA, ALBERTO,La Reforma por Dentro,Buenos Aires, Planeta, 1994, pp. 122-123

9. Las bases del Acuerdo

Las coincidencias básicas, con diferente grado de apertura según los entendimientos alcanzados, fueron agrupadas en los dos primeros capítulos de la declaración: 1) las dirigidas a consolidar el sistema democrático y perfeccionar el equilibrio entre los poderes del Estado, y 2) las destinadas a afianzar la independencia de la justicia y el fortalecimiento de los órganos de control. Entre las primeras, se incluían los temas de mayor significación política. "La atenuación del sistema presidencialista por medio de la incorporación de un Jefe de Gabinete o Ministro Coordinador, con responsabilidad frente al Presidente y el Congreso", representaba el marco desde el cual el radicalismo aceptaba reiniciar el proceso reformista. Inmediatamente se establecía el punto de mayor interés del justicialismo: "la reducción del mandato de Presidente y Vicepresidente a cuatro años con reelección inmediata por un sólo período, considerando al actual mandato presidencial como un primer período". Ambos partidos coincidían en la importancia de la elección directa del presidente y vicepresidente, de los senadores nacionales y del intendente de la Capital Federal. El radicalismo, por su parte, obtenía la inclusión del ballotage para la elección presidencial, sin preverse todavía su piso y se beneficiaba, además, con la incorporación de un tercer senador, al postularse la reimplantación de la reforma de 1972 en este aspecto, que preveía dos senadores por la mayoría y uno por la minoría. Ello le permitía aumentar la presencia de su bloque en la Cámara Alta, que de otro modo se reduciría a ocho senadores a partir de 1995, e implicaba para el justicialismo perder una mayoría propia que cómodamente alcanzaría en ese año a los dos tercios del total de sus miembros. A su vez, se contemplaba la reducción de los mandatos de los senadores -aunque se dejaba abierta su duración- y se establecía que esta reforma no alcanzaría a los mandatos actuales, dado que se aplicaría a "quienes resulten electos". Las minorías religiosas obtenían la posibilidad de acceder a la primera magistratura del país, al preverse la eliminación del requisito de la catolicidad del presidente de la Nación. Se

puntualizaba que debía reglamentarse la facultad presidencial de dictar reglamentos de necesidad y urgencia, que compatibilizaba el interés de la oposición en controlar el uso de estos instrumentos y el del justicialismo en obtener su reconocimiento constitucional. Se reafirmaba que la intervención federal es competencia del Congreso Nacional y se contemplaba la extensión de las sesiones ordinarias del Congreso. Entre la segunda especie de reformas, relativas a la administración de justicia y a los órganos de control, se postulaba modificar "...sustancialmente el modo de designación de los jueces, que garantice la prevalencia de la idoneidad por encima de cualquier otro motivo de selección", y generar "...un procedimiento de remoción de los jueces ajeno a contingencias político-partidarias". Se reconocía "...al órgano de control de la administración plena autonomía funcional en el ámbito del Poder Legislativo y periódica estabilidad a sus miembros, otorgando a la oposición su presidencia". Se enunciaban -sin desarrollarlos-como fines de la reforma, el rediseño del régimen federal para favorecer el progreso y desarrollo económico de provincias y regiones, y el impulso a la integración latinoamericana y continental.

Texto 10:GAMBINA, JULIO y CAMPIONE, DANIEL,Los Años de Menem,Buenos Aires, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2002, pp. 42-53

Las reformas

El episodio hiperinflacionario que acabó con el gobierno radical en 1989 apresuró la toma de medidas drásticas apenas asumió Menem. En materia legislativa, el Congreso aprobó dos leyes fundamentales que mostrarían claramente la intención del nuevo gobierno: la Ley de Emergencia económica y la Ley de Reforma del Estado.La primera tuvo como núcleo central la suspensión por 180 días (aunque luego se renovaría indefinidamente) de los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones y las preferencias que beneficiaban a las manufacturas nacionales en las compras estatales; además se autorizaron los licenciamientos de empleados públicos y se puso fin a los esquemas salariales de "privilegio" en la administración. El objetivo estaba centrado en una reorientación del gasto público a favor del poder económico más concentrado. A su vez la Ley de Reforma del Estado marcó las pautas para la implementación de un cruento proceso de privatizaciones de las empresas públicas (teléfonos, aviación comercial, ferrocarriles, complejos siderúrgicos, rutas, puertos y varias empresas petroquímicas) […].

El proceso de privatizaciones se inició aceleradamente y se otorgaron importantes "facilidades" a las empresas adjudicatarias. Se establecieron beneficios tarifarios que aseguraron una elevada rentabilidad empresaria y un carácter monopolista de la actividad. No existió marco regulatorio previo y de hecho se promovió una gigantesca transferencia de capital público al privado para consolidar el dominio del capital local y extranjero altamente concentrado. Los fondos obtenidos de esas privatizaciones fueron principalmente utilizados para la cancelación de una importante porción de la deuda externa que de todas formas se tornaría incontrolable con el transcurso de los años […].Por imperio de la Ley de Emergencia Económica se eliminaron las exenciones impositivas, en forma parcial o total, de los regímenes de promoción industrial y se estableció un tratamiento igualitario para el capital local y el extranjero en materia de inversiones en actividades productivas. Desde el punto de vista institucional, se sancionó la Ley Penal Tributaria para enfrentar con mayor rigor la elevada evasión impositiva. Más allá del instrumento jurídico y el tiempo transcurrido desde su aprobación, se verifica que la lucha contra la evasión y elusión fiscal sigue siendo la asignatura pendiente en la Argentina. Hay que entender que las medidas tornadas en materia tributaria estuvieron destinadas a financiar el déficit fiscal y que los aspectos fundamentales, tales como incrementar la progresividad de la estructura impositiva, nunca fueron considerados. La liberalización comercial, por su parte, es un claro ejemplo de subordinación de las políticas de reformas a la necesidad imperante de lograr la estabilización. Las primeras medidas adoptadas consistieron en la reducción del arancel máximo al 20% y en la eliminación de una gran parte de instrumentos paraarancelarios. A pesar de que inicialmente se estipulaba que para el logro de tales metas se dispondría de un plazo de cuatro años, hacia fines de 1990 la mayoría de las restricciones cuantitativas ya habían sido eliminadas. En marzo de 1991 los aranceles habían sido reducidos alcanzando un nivel promedio del 10% mediante la estructura escalonada del 0%, 11% y 22% para las materias primas, los insumos y los bienes manufacturados finales respectivamente. En estos primeros años, las autoridades oscilaron entre la aplicación de medidas aperturistas para lograr un incremento sustancial en la asignación de recursos y el control de la inflación, y la suba de tarifas o recargos a las importaciones como forma de incrementar la recaudación tributaria en los momentos más apremiantes. Desde 1989 hasta 1991 las autoridades modificaron en sucesivas oportunidades los niveles de protección.A pesar de las medidas implementadas durante estos primeros años del gobierno menemista, existieron rebrotes hiperinflacionarios. El tipo de cambio fue liberado, como así también se aplicó una política de control estricto de la oferta monetaria. Esto se complementó con la liberación de las restricciones a los movimientos de capitales

nacionales y extranjeros, y con la facilitación de la remisión de utilidades al exterior. La deuda interna existente en ese momento, generada en encajes bancarios cercanos al 100% y una gran cantidad de títulos públicos indexados, hacía inviable cualquier política de estabilización que no solucionara esta cuestión. Así, en 1990 se implementó el Plan Bonex que consistió en una sustitución compulsiva de los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario y títulos públicos por nuevos bonos externos a largo plazo denominados en dólares (Bonex). Fue el inicio de un proceso de transformación del sector bancario, que incluyó la privatización de varias entidades financieras de provincia y la fusión, absorción y concentración de la banca privada en manos de entidades de capital externo.Como consecuencia de nuevos rebrotes inflacionarios y de sendos ataques especulativos, el gobierno implementa en 1991 el denominado Plan de Convertibilidad. Se estableció una paridad fija de 1$ = 1 U$S (inicialmente 10.000 australes igual a 1 dólar. Sólo posteriormente se volvió al peso como unidad monetaria) y se adoptó el compromiso de que el Banco Central debía respaldar con reservas internacionales el 100% de la base monetaria, quedando imposibilitado por lo tanto de emitir dinero sin la correspondiente contrapartida en divisas. De esta forma se le quitó al Banco Central la posibilidad de utilizar política monetaria activa y quedó por completo relegado a acompañar los movimientos de capitales internacionales. Si a lo anterior le sumamos la inexistencia de mecanismos de esterilización, podemos afirmar que en los 90 quedó configurado un sistema financiero procíclico, el cual dificulta la generación de crédito interno en las recesiones y profundiza la vulnerabilidad de la economía argentina. Este hecho quedaría evidenciado con la fuerte fuga de depósitos del sistema financiero y el consiguiente recorte de préstamos productivos durante el llamado Efecto Tequila, que comenzó en diciembre de 1994 y se extendió hasta fines del 95. Otro elemento a considerar es la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central (1992), que estableció la autonomía de la autoridad monetaria respecto al Poder Ejecutivo, suprimió la garantía oficial de los depósitos y fijó límites estrechos para que la autoridad monetaria pudiera comprar bonos públicos y prestarlos a los bancos comerciales. En la práctica, la Ley de Convertibilidad transformó al Banco Central en una caja de conversión e impidió su función de prestamista de última instancia. Durante la crisis financiera de 1995, el gobierno debió reformular la Carta Orgánica para permitir otorgar redes cuentos a los bancos en problemas, medida que rindió escasos frutos, pues rápidamente se encontró con la limitación que imponían el nivel de reservas internacionales a la concesión de redescuentos a los bancos. Hubo entonces que recurrir al financiamiento interno (de los bancos más fuertes) y externo (de entidades bancarias del exterior). En síntesis, desde principios de 1991, los flujos comerciales y de capital quedaron completamente liberalizados y la vulnerabilidad de

la economía argentina se manifestó con una amplitud desconocida en otros países de la región […]. La etapa de las reformas posteriores a 1991, ya bajo el régimen de convertibilidad, tuvo características distintas a la anterior. El caso de las privatizaciones lo muestra claramente. Hasta 1991, las mismas habían sido llevadas a cabo en un clima de subordinación a los objetivos fiscales y se reconoció desde el propio gobierno la existencia de algunas "irregularidades" referidas al diseño de los pliegos de bases y condiciones de la venta y concesión, ausencia de políticas de saneamiento empresario durante el período de transición, contratos de transferencia ambiguos, establecimiento de garantías para la explotación monopólica de los mercados, licitaciones no competitivas, y debilidad de los marcos regulatorios y las instituciones de control. Hacia fines de 1994 la mayor parte de las empresas de propiedad estatal que producían bienes o servicios habían sido vendidas, incluyendo las más importantes, por ejemplo, la compañía petrolera YPF y las que producían y distribuían electricidad. Este proceso cubrió un amplio rango de áreas productivas, desde hierro y acero hasta petroquímicas y gas. En algunos casos (áreas petroleras, ferrocarriles, puertos, autopistas, agua corriente y cloacas y canales de televisión y radio) el gobierno utilizó mecanismos de concesión.En 1992 la Argentina ingresa al Plan Brady, que a juicio del gobierno constituía el mecanismo más apropiado para superar la carga de la deuda. Esta decisión estratégica de ingresar al Brady tuvo importantes consecuencias económicas de largo plazo, debido tanto a las condiciones aceptadas en términos de superávit fiscal comprometido, como a los cambios operados en la estructura de la deuda según el tipo de acreedor. La deuda con la banca comercial (cercana a los 25.000 millones de dólares) se renegoció a 30 años de plazo, y parte de ella quedó respaldada por bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Los convenios Brady significaron una dura condicionalidad en el cumplimiento de los plazos de pagos e intereses; dado que ante los atrasos automáticamente se cae el acuerdo y se ejecuta la garantía. Para Argentina, el Brady no significó la reducción de la deuda, pues sólo se renegoció con descuento una exigua parte (discount bonds por U$S 4.150 millones), otra se renegoció a la par (par bonds por U$S 12.700 millones), mientras que los intereses vencidos, acumulados y capitalizados a altas tasas de interés, se emitieron en un bono con tasa flotante (FRB U$S 8.650 millones). Esta capitalización de intereses vencidos y punitorios absorbió el beneficio del descuento realizado, con lo cual el monto total de la deuda prácticamente no varió con el Plan Brady, aunque sí aumentó su condicionalidad. La deuda con la banca comercial, transformada en títulos públicos, habilitó una extensión de los tenedores de esos compromisos dificultando su individualización.

El nuevo esquema de desmantelamiento del sector público y descentralización de la infraestructura social del Estado nacional hacia las provincias, implicó una profunda racionalización del personal.Se instauró un esquema de retiros "voluntarios" masivos e indiscriminados, sin criterio alguno de preservación de las antiguas funciones y de la capacitación del personal, que implicó un desmantelamiento en relación con el nivel de técnicos especializados en diversas áreas importantes de la estructura gubernamental. Este proceso fue funcional con las nuevas normas de desregulación del mercado de trabajo que comenzaron a implementarse en 1991 y que lejos estuvieron de utilizarse como mecanismo de incrementos en la competitividad sino que crearon una situación de desempleo creciente que marcaría su punto crítico con la crisis del Tequila. Por otra parte, las autoridades relajaron en cierta medida la rigidez en materia comercial, implementando políticas que apuntaron a reducir el déficit comercial y que tranquilizaron las crecientes demandas de los sectores industriales (implementación del régimen automotor). En cuanto a las importaciones, se utilizaron medidas destinadas a frenar la avalancha importadora, mientras que se recurrió nuevamente a los incentivos fiscales como forma de incentivar las exportaciones en virtud de la apreciación cambiaria que acompaña a la convertibilidad desde sus inicios.Si bien esta nueva etapa modifica en cierta medida el grado de apertura comercial, también se registraron profundizaciones en otros aspectos del ámbito microeconómico. Este fue el caso de ciertas medidas de desregulación, cuyo objetivo fue inyectar competencia en los sectores no transables.

Sistema financiero: creación de las AFJP Y ART

En julio de 1994 se implementó el nuevo régimen previsional mixto con el objetivo de solucionar a largo plazo el financiamiento del sistema previsional, y fortalecer el mercado de capitales, El sistema resultó mixto ya que se permitió la opción de mantenerse en el viejo régimen de reparto o de incorporarse al nuevo régimen gestionado por las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). En el caso de esta última opción, la percepción jubilatoria final se compone de una parte que recibe del sistema público en proporción a los años aportados hasta el inicio del nuevo sistema, más la renta acumulada en el fondo personal de la AFJP. El efecto sobre el financiamiento del sistema público es muy fuerte, pues el sistema estatal debe continuar pagando jubilaciones y pensiones, pero deja de percibir los fondos de la mayoría de los trabajadores activos, los cuales se derivan a las AFJP. Este reemplazo se realizó por la asignación de nuevos impuestos, y el incremento de alícuotas de los ya existentes, aunque la debilidad de los ingresos fiscales que caracterizó al plan

económico, generó un déficit significativo en el sistema previsional. A este déficit en el ámbito nacional, se agrega el déficit de las numerosas cajas previsionales de provincia. Como resultado, las percepciones jubilatorias y las pensiones fueron perjudicadas. Las percepciones de base se mantuvieron constantes, en un mínimo de $150 desde la implementación del Plan de Convertibilidad, a pesar de lo exiguo de la cifra y de la inflación acumulada a lo largo de los años siguientes. Respecto a uno de los objetivos planteados al implementar este sistema, el fortalecimiento del mercado de capitales, si bien el volumen de fondos creció, por la volatilidad sufrida por los mercados en las distintas crisis y el estancamiento de la economía en distintos periodos, las oportunidades de inversión en nuevos instrumentos fueron escasas, con lo cual la mitad de los fondos de las AFJP se invirtieron en títulos públicos (el máximo que permite la ley), una parte sustancial en plazos fijos, y una menor parte en acciones de empresas. La posibilidad de invertir en instrumentos de desarrollo regional y sectorial, prácticamente no fue utilizada por las AFJP. En resumen, el sistema previsional privado financia fundamentalmente al sector público, y no fue capaz de desarrollar un mercado de capitales maduro. La concentración del sector, al cabo de numerosas fusiones, incentivó la competitividad, y llevó a las AFJP a tratar de obtener altos rendimientos para captar público a costa de invertir en activos de alto rendimiento, pero también de alto riesgo, situación que causó una estrepitosa caída del valor de los fondos previsionales en las Crisis del Tequila y la posterior asiático-rusa. Debe mencionarse también que la comisión de administración de las AFJP asciende aproximadamente a un tercio del monto mensual descontado a cada aportante, lo que reduce en forma sustancial los fondos que quedan en su cuenta de capitalización. En consonancia con la privatización del sistema previsional, y acorde con la política de resolver el problema del tipo de cambio real mediante la baja de los costos de la producción, se crearon las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART), entidades dedicadas a asegurar los riesgos de accidentes del trabajador, a cambio de un canon que pagan las empresas que las contratan. Las ART son las responsables de controlar la seguridad en la empresa, y de realizar las sugerencias necesarias para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, aunque la única herramienta que poseen para hacer cumplir sus observaciones es el aumento de la cuota que paga la empresa, lo cual no resulta operativo pues ante la situación del posible aumento de cuota por no cumplir con las normas de seguridad, la empresa contrata otra ART que ofrece una cobertura más barata. El funcionamiento de las ART no resultó eficiente para mejorar el nivel de seguridad laboral pero sí disminuyeron sustancialmente los pagos a los siniestrados, que resultan totalmente exiguos. Esta situación generó fallos judiciales en contra de

este sistema, ante la desprotección en que coloca a los accidentados o a los deudos de los trabajadores fallecidos.

Texto 11:BASUALDO, EDUARDOAcerca de la Naturaleza de la Deuda Externa,Buenos Aires, La Página, pp. 27-56

4. LA VINCULACIÓN ENTRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, LA REDISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA FUGA DE CAPITALES: LA VALORIZACIÓN FINANCIERA

Los resultados obtenidos del análisis de las transferencias de ingresos durante la década de los años 80 demuestran que la interrupción de la sustitución de importaciones trajo aparejados cambios estructurales que modificaron drásticamente el funcionamiento económico y social de nuestro país. Si bien se puede afirmar que la industrialización dejó de ser el eje ordenador de la actividad económica, quedan por dilucidar los factores que definen las nuevas características de las relaciones sociales. Sin duda el endeudamiento externo es un factor decisivo debido a su incidencia tanto en la salida de recursos para pagar los intereses a los acreedores externos, como en la redistribución del ingreso hacia el capital concentrado y la inédita fuga de capitales que se registra durante esos años.En términos más específicos, para los grupos económicos y los diversos tipos de capital transnacional, el endeudamiento externo operaba como una masa de capital líquido que se valorizaba en el mercado interno debido a las notables diferencias que registraban las tasas de interés internas (a las cuales colocaban los fondos) respecto a las vigentes en el mercado internacional (a las que se endeudaban), todo lo cual generaba una renta financiera que luego remitían al exterior. Esta renta financiera tenía una doble función. Por un lado, era una garantía ante los bancos del exterior que les permitía obtener nuevos créditos y, por otro lado, era un capital que producía nuevas rentas financieras. Analizando esta problemática desde la perspectiva de la teoría económica es indudable que una de las funciones fundamentales del endeudamiento de la firma es la obtención de los recursos necesarios para financiar su actividad económica específica, lo cual es plenamente congruente con lo que ocurre durante el desarrollo del modelo sustitutivo. Sin embargo, esta premisa discrepa significativamente con el comportamiento de las grandes empresas a partir de la interrupción de dicho proceso, es decir con lo que sucede durante los últimos 20 años. Específicamente desde 1979 en adelante

cuando, en el marco de un tipo de cambio decreciente en el tiempo, confluyen la Reforma Financiera con la apertura externa en el mercado de los bienes (importadora) y el mercado de capitales (endeudamiento externo)- el grueso del endeudamiento de las grandes firmas no se orientó prioritariamente a posibilitar la actividad específica de la firma, sino que se destinó -con mayor o menor intensidad, según las etapas- al otro objetivo que se menciona en la teoría económica: la realización de colocaciones financieras en el mercado interno e internacional. Esta operatoria le permitió al capital oligopólico obtener una ingente renta que, en buena medida, se canalizó hacia el exterior, desvinculándose del proceso económico local. Más aún, ese es uno de los destinos importantes no sólo del endeudamiento externo sino en muchos casos del interno, e incluso de una parte de las utilidades obtenidas en el desarrollo de su actividad económica.En esas circunstancias, el Estado cumplió un papel insustituible. Mientras su endeudamiento en el mercado interno mantenía las acentuadas diferencias positivas entre las tasas de interés internas y externas, su endeudamiento en el exterior permitía obtener las divisas que los grupos económicos y los capitales extranjeros adquieran en el mercado cambiario y luego remitían al exterior. Posteriormente, la importancia del Estado siguió siendo decisiva porque mediante los regímenes de seguro de cambio se hizo cargo de la mayor parte de la deuda externa de los grupos económicos y los conglomerados extranjeros, los cuales, de esta manera, no pagaron la deuda externa que contrajeron y eximieron a sus depósitos en el exterior de funcionar como garantía de sus deudas. Todas estas redistribuciones a favor de los sectores del capital que conforman la cúpula empresaria fueron posibles debido a los recursos que perdieron los asalariados, de una manera directa porque se redujeron sus ingresos, e indirectamente por el carácter crecientemente regresivo de la estructura impositiva y la orientación que asumieron las transferencias de recursos que realizó el Estado.De esta manera, los cambios económicos y sociales durante la década de los años ochenta indican que el eje ordenador de la economía argentina ya no fue la producción industrial sino la valorización financiera, la cual por presentar la tasa de rentabilidad relativa más elevada se convirtió en el principal objetivo de las grandes firmas, incluso de las propias empresas productoras de bienes. Dados los elementos señalados no caben dudas acerca de que el endeudamiento externo se constituyó en una de las problemáticas centrales de la sociedad argentina. Pero al mismo tiempo el nuevo funcionamiento económico también indica que su indudable importancia no radicó solamente en la magnitud de los recursos que se remitieron al exterior para pagar los intereses que se le adeudaba a los acreedores externos sino, primordialmente, en la capacidad que les otorga a los grupos económicos y los conglomerados extranjeros que tenían un comportamiento económico centrado en

la valorización financiera para ser los destinatarios principales de los ingentes ingresos que perdieron los asalariados debido a las políticas que instrumentó la dictadura militar. La mayor influencia relativa del capital concentrado respecto a los acreedores externos que se percibe cuando se considera el conjunto de las transformaciones que produjo el endeudamiento externo incluso se confirma analizando exclusivamente el comportamiento del propio sector externo de la economía argentina. En efecto, circunscribiendo la atención a ese aspecto, se comprueba que los pagos derivados del endeudamiento externo -que son los recursos que perciben los acreedores externos- no constituyó la única ni la más importante transferencia al exterior, ya que la misma fue similar, o incluso más reducida, que la fuga de capitales al exterior que llevaron a cabo los grupos económicos y las distintas fracciones del capital extranjero. El predominio del capital concentrado es más nítido si se tiene en cuenta que los acreedores externos fueron afectados por una moratoria de hecho, ya que los pagos se suspendieron en 1988 y recién se reanudaron en 1990, mientras que las ingentes transferencias del Estado a los grupos económicos y los distintos tipos de capital extranjero continuaron a lo largo de todo ese período [...].

5. LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LOS AÑOS NOVENTA Y LAS CARACTERISTICAS DEL NUEVO CICLO DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO.

[...] Sobre la base de estas reformas y negociaciones se inició, en los años noventa, un nuevo ciclo de crecimiento económico financiado por los ingresos provenientes de las privatizaciones y, sobre todo, por un aceleradísimo endeudamiento externo (Gráfico Nro. 1). Fue así que entre 1991 y 1998 la deuda externa creció al 14,7% anual, más que duplicando su monto total -pasa de 61,3 miles de millones de dólares a 139,3 miles de millones de dólares-, superando claramente el incremento que registró el PBI durante esos mismos años. Asimismo, durante este nuevo ciclo de crecimiento económico se modificó la composición del endeudamiento externo. Al respecto, cabe recordar que a lo largo de los años ochenta se registró una creciente incidencia de la deuda externa pública y, en consecuencia, una notable reducción de la correspondiente al sector privado. Estas alteraciones se debieron a que los grupos económicos y los diversos tipos de capitales extranjeros transfirieron, durante esa década, su deuda externa al Estado, que, a su vez, incrementaron atenuadamente sus propias obligaciones externas debido a la falta de liquidez internacional. Estas tendencias se alteraron drásticamente en la década actual ya que aunque ambos tipos de endeudamiento crecieron sostenidamente, el sector privado -al igual que en el período dictatorial-, fue el más dinámico, aumentando rápidamente su participación relativa. Es así que, tal como se observa en los Gráficos Nro. 1 y Nro. 2, la deuda externa del sector privado se elevó de 8,6 a 56,9 miles de millones de dólares -es decir a una tasa del 37,0% anual- mientras que la deuda pública pasó de 52,7 a 82,4 miles de millones de dólares -equivalente a una tasa del 7,7% anual-.Es indudable que estos cambios están vinculados a la conjunción de las nuevas condiciones internacionales con la normalización de las relaciones con los acreedores externos (Plan Brady), que dio por concluida la etapa inaugurada por la moratoria externa de México en 1982, cuyo signo distintivo fue la escasez de crédito internacional para los países latinoamericanos. Sin embargo, el nuevo auge del endeudamiento externo, que encabezó el sector privado, también está sensiblemente influido por la reestructuración económica y social y, especialmente, por la privatización de las empresas públicas, ya que los grupos económicos y los conglomerados extranjeros -que habían terminado de transferirle su deuda externa al Estado a fines de la década anterior- comenzaron a endeudarse para financiar una parte del capital de trabajo de los nuevos consorcios que se hicieron cargo de los servicios públicos y especialmente incrementar sus activos mediante las fusiones, adquisiciones de empresas y nuevos negocios (entre 1991 y 1994, la deuda externa privada se eleva de 8,6 a 24,4 miles de millones de dólares, llegando en 1997 a 56,9 miles de millones de dólares). En ese momento, dichos capitales fueron los agentes económicos que se encontraron en las mejores condiciones para contraer nuevo endeudamiento en el exterior, debido a que se habían

desembarazado de la deuda anterior y a que habían adquirido las empresas públicas -por lo cual exhibían un incremento patrimonial excepcionalmente elevado e inédito en la historia argentina- y obtenían una altísima rentabilidad garantizada por el marco regulatorio que los convertía en los deudores ideales para los acreedores externos.

7. ENDEUDAMIENTO EXTERNO, SALIDA DE CAPITALES AL EXTERIOR Y VALORIZACION FINANCIERA EN LA DECADA DE LOS AÑOS NOVENTA

Por otra parte, al analizar los cambios que se registran durante los primeros años de esta década en el sector externo, se percibe que se alteraron algunos de los comportamientos típicos de los capitales que ejercían el poder económico. Una de las modificaciones más significativas consistió en la interrupción de la incesante transferencia de capitales locales al exterior por parte del capital concentrado. Sin duda, este proceso alcanzó una notable profundidad en tanto no sólo cesó la salida de capitales sino que, incluso, volvieron al país una parte de los capitales que se habían fugado en los años previos. El momento álgido de esta repatriación de capital se ubicó en los años 1991 y 1992, cuando el stock de los recursos de los residentes locales en el exterior descendió de 60,4 miles de millones de dólares a 53,6 miles de millones de dólares. El otro fenómeno notable en esos primeros años fue que el endeudamiento externo total se estabilizó, interrumpiéndose el ritmo de la expansión que registraba hasta ese momento (Gráfico Nro. 5).Es indudable que la convergencia de ambos procesos estableció, en amplios sectores sociales, la convicción de que la economía argentina durante la década actual ha recobrado -gracias a las profundas reformas estructurales que se llevaron a cabo- la capacidad para retener los recursos generados por los factores de la producción, que se había perdido durante la década de los años ochenta. Desde esta perspectiva, se habría producido un cambio histórico en el comportamiento del capital concentrado, ya que los recursos que antes se fugaban al exterior, ahora se estarían canalizando hacia la inversión, aumentando de esta forma la capacidad productiva de la economía local. Por lo tanto, la única restricción al crecimiento que subsistiría en las nuevas condiciones estructurales del país, sería el pago de los intereses y amortizaciones a los acreedores externos, aunque se trataría de una salida de capitales controlada debido a la ya mencionada estabilización del endeudamiento externo total.

La trayectoria de la salida de capitales locales al exterior y del propio endeudamiento externo indican, sin embargo, que la reversión de la primera y la estabilización del otro, fueron hechos excepcionales que se modificaron drásticamente a partir de 1993. En efecto, a partir de ese año se desplegó -con altibajos- una creciente remisión de capital al exterior por parte del capital concentrado que alcanzó un total de 40 mil millones de dólares aproximadamente y determinó que, de acuerdo a las cifras oficiales, el stock de capitales locales en el exterior superara, en 1997, los 96 mil millones de dólares. Tal como se verificó anteriormente un fenómeno similar se registró en términos del endeudamiento externo que alcanzó a poco más de 124 mil millones de dólares en el mismo año (Gráfico Nro. 5).Es indudable que el comportamiento excepcional del capital concentrado -en tanto implicó una alteración drástica de su funcionamiento durante las últimas décadas- está estrechamente vinculado con la reforma estructural más importante de esta década: la privatización de empresas públicas. Tan es así, que el lento crecimiento de la deuda externa de esos años y el retorno de una parte de los capitales privados desde el exterior, se produjeron en el momento culminante de las privatizaciones, y volvieron a crecer sostenidamente a medida que dicho proceso se agotaba (Gráfico Nro. 6). El crecimiento de la deuda externa se atenuó con las privatizaciones porque una parte significativa de los ingresos estatales por ese concepto se concretó a través del rescate de bonos de la deuda externa, mientras que la entrada de capitales locales radicados en el exterior cobró impulso porque los grupos económicos trajeron en ese momento una parte de los capitales que tenían en el exterior para adquirir diversas participaciones accionarias en el capital de los múltiples consorcios que se apoderaron de las empresas públicas.No obstante, el impacto que causaron las privatizaciones en el comportamiento de estas variables fue sensiblemente más acentuado en la salida de capitales locales al exterior que en el endeudamiento externo -entre 1991 y 1994, la primera creció al 1,4% mientras que la deuda externa lo hizo al 11,8%- pero, una vez que se desaceleró el ritmo de las privatizaciones, la situación se modificó drásticamente porque, durante los últimos años, la salida de capitales al exterior creció por encima del endeudamiento externo -entre 1994 y 1997, la primera se incrementó al 15,3% mientras que la deuda externa lo hizo al 13,2% anual acumulativo-. De esta forma, la relación entre ambas variables se fue acercando a los valores que mantenía durante la etapa de Martínez de Hoz, cuando por cada dólar de endeudamiento externo salía un dólar del país.Todas estas evidencias ponen de manifiesto que el capital concentrado, luego del corto intervalo generado por la privatización de las empresas públicas, retomó decididamente un comportamiento económico fuertemente asentado en la

valorización financiera, siendo una de sus expresiones la creciente remisión de recursos al exterior. Sin embargo, sería un error pensar que se trata de un funcionamiento que replicó exactamente el de la década anterior, sin que se hubieran introducido nuevos elementos a raíz de las notables reformas estructurales que se desplegaron desde 1990 en adelante. Efectivamente, todo indica que la valorización financiera y la salida de capitales al exterior fueron impulsadas por la confluencia en el tiempo del endeudamiento externo con la notable rentabilidad que obtuvieron los servicios públicos privatizados -los más altos de la economía argentina- y la venta de las empresas y participaciones accionarias que realizan los grupos económicos a partir de 1995.