Gacetilla de Prensa – Municipalidad de San Luis

22 de agosto de 2014

DECLARACIONES DEL INTENDENTE

“Si el gobierno y las empresas garantizan un tratamiento adecuado a los efluentes yo no pongo ninguna objeción para el otorgamiento de las factibilidades”

El Intendente de San Luis le contestó ayer al gobernador Poggi luego de que

este lo acusara de impedir la construcción de nuevas viviendas. “Si el gobierno y

las empresas garantizan un tratamiento adecuado a los efluentes yo no pongo

ninguna objeción para el otorgamiento de las factibilidades”, dijo el Intendente

Ponce, quien aseguró también que el gobierno viola de manera sistemática la Ley

de Obras Públicas al delegar en las empresas constructoras la compra de las

tierras donde luego se edificarán las viviendas.

 

Este encuentro con ustedes tiene como objetivo manifestarme públicamente

respecto de las declaraciones que ha efectuado el gobernador Poggi, quien ha

dicho que es voluntad de la Municipalidad no otorgar la factibilidad para la

construcción de mil viviendas en la Ciudad de San Luis. En primer lugar, lo que

manifiesta el gobernador no solo que no se ajusta a la verdad, sino que además

está toda la documentación donde se acredita que las empresas  presentaron las

solicitudes de factibilidad hace no más de tres semanas y hasta la fecha no han

cumplimentado los requisitos que fija la ordenanza 2487 a los efectos de otorgar

esas factibilidades”, dijo el Intendente.

“En segundo lugar quiero agradecer la responsabilidad gubernamental para

resolver los problemas  en beneficio de todos los vecinos y, fundamentalmente, de

aquellas mil familias que serán acreedoras al derecho de una nueva vivienda. El

hecho de que el Gobernador haya instruido a sus ministros para que me visiten, es

una señal de madurez democrática que debe regir a todos los gobernantes, para

destrabar los inconvenientes que se suscitan cuando hay posiciones encontradas.

En ese sentido la reunión de ayer, en mi opinión, fue muy positiva, porque siempre

privó el objetivo de lograr una solución”.

“Pero las objeciones no obedecen a una cuestión obcecada mía como intendente

para poner dificultades a la construcción de esas viviendas, sino que lo que yo

estoy haciendo es precisamente –sin pensar en costos políticos y sin pensar en

ser benevolente para ganarme la simpatía de esas mil familias- lo mismo que está

haciendo la Presidenta con los fondos buitres: no empeñar el futuro de las

próximas generaciones y pasar a la historia como aquel intendente que pensando

en las elecciones aprobó cuestiones donde los principales perjudicados van a ser

esas mil familias, simplemente porque no podemos volver al pasado y repetir los

mismos errores cometidos en otras ocasiones por conflictos políticos”.

“Hasta el día de la fecha nuestra ciudad tiene problemas de infraestructura que

nunca antes se resolvieron, precisamente porque se construyeron viviendas –las

cuales fueron muy importantes para los vecinos- pero sin ajustarse a la ley. Por

eso hasta hoy no tenemos una planta de cloacas definitiva, tuvimos que construir

una nueva planta de agua porque la que había no alcanzaba y hasta la fecha

después de 20 años seguimos sin desagües pluviales”.

“Si yo fuera un irresponsable ya me hubiera sacado el lazo y estaría firmando la

autorización para transgredir esas normas que son ni más ni menos que las que

fija la ley para el otorgamiento de factibilidades. Sería muy sencillo para mí en este

momento sacarme ese problema de encima, pero ¿saben qué pasaría? Una de

esas empresas que hasta la fecha no cumplimentaron los requisitos para que les

otorguemos la factibilidad de los servicios básicos esenciales, si literalmente ellos

no cumplen con los trámites para obtener la factibilidad para el caso específico de

inundabilidad, cuando llueva a ese barrio se lo va a llevar el agua y así podría

decirles uno por uno con el resto de los terrenos”.

“Entonces si hay una ley y una ordenanza, si hay un trámite que cumplimentar

¿cómo podemos nosotros estar aprobando algo que la ley imposibilita? A las

empresas que presentaron los pedidos de factibilidad –no voy a dar los nombres,

pero el Gobierno los sabe y las empresas también- les hemos dado las

factibilidades que estábamos en condiciones de otorgar. Por ejemplo, a una de

esas empresas se le otorgó la factibilidad del servicio de provisión de agua

potable, condicionado a la construcción de dos nexos de agua a puntos de

conexión. A su vez no se les dio la factibilidad definitiva de cloacas porque ese

ítem está supeditado a la condición de que se construya una planta de cloacas o

un tratamiento específico que le posibilite a ese barrio que se traten esos

efluentes. Estas empresas, conforme he revisado los expedientes, no han

cumplimentado hasta hoy lo que fija la ordenanza 2847, donde se establece la

obligación que yo tengo como intendente respecto de mis funcionarios para que

entreguen esas factibilidades”.

“En tercer lugar no me parece responsable por parte del señor gobernador hacer

manifestaciones en los términos que lo está haciendo porque, sinceramente,

cuando me pone a mí como rehén de esta situación no hace otra cosa que

menoscabar mi derecho como intendente a llevar un plan de gobierno serio y

responsable, porque si yo no hago lo que la ley dice después seré el responsable

definitivo de las consecuencias dañosas para esos futuros barrios y también la

gente que habite esos barrios será rehén de esa situación. Porque venir a decir

que mil viviendas no se construyen por una cuestión obcecada de este intendente,

quien se niega a crear 3 mil puestos de trabajo donde se invertirían 500 millones

de pesos, pudiendo llevar adelante políticas anticíclicas en medio de un proceso

inflacionario, es faltar a la verdad”.

“No soy un sujeto extorsionable por más operaciones de prensa que quiera hacer

el gobernador a través de los medios oficialistas y del resto de los medios que

todos los días comunican a los vecinos los problemas de la Ciudad y de la

Provincia. Tengo entonces la obligación de salir a contestarle en estos términos.

Esta es la situación concreta: las empresas adjudicatarias de licitaciones de

viviendas al día de hoy no han terminado de cumplimentar cada uno de los

requisitos que la ley impone para que el Ejecutivo Municipal no incurra en

irresponsabilidades, incluso en delitos, como sería el incumplimiento de los

deberes de funcionario público. Esta es una situación que deberán adecuar las

empresas y si lo hacen en tiempo y forma, de manera inmediata, la resolución de

las factibilidades de todos esos servicios serán otorgadas. Repito: luego de que se

subsanen las observaciones efectuadas por nuestros equipos técnicos no existe

impedimento legal para que esas viviendas se construyan”.

“Hay una situación que me preocupa y que nos tiene que preocupar a todos y yo

les pido a todos los trabajadores de la prensa que posibiliten que esto la gente lo

sepa. La modalidad utilizada por el gobierno de la provincia para llamar a licitación

de obras públicas no se ajusta a la ley. Les digo por qué: la Ley de Obras Públicas

exige que un organismo público, sea cual fuere, tenga antes del llamado a

licitación de la obra a construir, el dominio y la posesión del predio donde se va a

construir esa obra, cosa que no ocurre con ninguna de las obras que construye el

gobierno de San Luis”.

“Como nosotros sí cumplimos con la Ley de Obras Públicas, antes de llamar a

licitación para construir la nueva planta de efluentes, cumplimos con la obligación

legal de comprar un terreno previo al llamado a licitación. En las licitaciones del

gobierno las empresas son las que proveen el terreno y ese método no solo que

no se ajusta a la ley, sino que además es poco transparente porque yo confío en

que siempre privan la honestidad y la transparencia tanto en los actos de gobierno

como así también en las empresas, pero si no fuera así ese sistema se prestaría a

que, por ejemplo, las empresas para abaratar costos busquen terrenos muy

económicos, que lo más probable es que estén fuera del ejido municipal, para

tener precios competitivos a la hora de la adjudicación. La empresa entonces

compraría baratísimo, pero después saldría carísimo llevarle a esas viviendas los

servicios públicos. También ese mecanismo podría prestarse a actitudes

especulativas para comprar barato un terreno y después venderlo caro”.

“Si a la empresa le das la prerrogativa de que provea el terreno, ese terreno debe

ser apto y correcto para la obra que se va a hacer, pero en las licitaciones del

gobierno primero que nada las empresas proveen los terrenos y luego se realizan

las adjudicaciones, con lo cual no solo no cumplen con la ley, sino que luego a

través de declaraciones públicas en los medios, a través de la preadjudicación de

mil futuros vecinos ponen al Intendente como el causante de que por una actitud

obcecada, necia e irresponsable o por mezquindad política, no queremos otorgar

esa factibilidad para impedirle a la gente cumplir con el sueño de la vivienda

propia”.

“Esto no es así porque yo no me manejo con el cálculo de costos ni beneficios

políticos, sino que tomo las decisiones que mi conciencia, mis valores y mis

principios me mandan, para que cada una de las determinaciones que tomamos

sean absolutamente legales y para eso mis funcionarios tienen directivas precisas

para que las cumplan a rajatabla, sin privilegios y pensando fundamentalmente en

los vecinos”

Por último, ¿Qué les vamos a decir a las empresas?, porque allí menciona

también el gobernador que se enteró a través de terceros de que nosotros no

íbamos a dar la factibilidad y que en base a eso no se iban a poder construir las

casas. Al gobernador le faltó la información correcta o está mintiendo, porque esos

terceros son las mismas empresas interesadas y eso los ministros que vinieron

ayer acá también lo sabían”.

Esas empresas con toda lógica han venido a hablar con nosotros para asegurarse

de tener ese acceso a la factibilidad para construir esas casas. Yo los recibí como

recibo a todo el mundo pero les dije: muchachos adecúense a la 2847. Eso

significa que si tenés un terreno que se inunda no pretendas que te lo aprobemos

sin proyecto de desagües pluviales, porque después a ese barrio se lo va a llevar

el agua. Si saben que estamos llevando adelante un proceso de licitación, para

adecuar la Ciudad al tratamiento de las cloacas, eso significa que para construir

las próximas viviendas son ellos los responsables de proponer un sistema de

tratamiento para obtener esa factibilidad de cloacas. Un ejemplo de lo que digo

son los biodigestores, que son una solución sencilla para situaciones como las que

afrontamos ahora”.

“Además estos biodigestores son muy sencillos y no encarecen cada vivienda en

más de mil pesos; pero hay otros sistemas como por ejemplo el de lodos activados

con flujo continuo de materia orgánica, que son plantas compactas que se aplican

a situaciones como esta y cuando se construyen barrios alejados de una planta de

tratamiento,  estas plantas compactas son útiles”.

“Pero el Gobierno en vez de aprovechar los terrenos fiscales de la Granja La

Amalia, porque hasta el día de hoy aún con el ofrecimiento generoso que le

hicimos al gobernador Poggi – ya que esa tierra no es nuestra sino de todos los

puntanos y está ahí para ser urbanizada- no solo que nunca nos llamaron para

generar allí un desarrollo urbano más inteligente,  sino que el gobierno cada vez

se va más hacia el oeste y en cualquier momento van a venir a tratar de estirar el

ejido municipal hasta Desagüadero. Eso es absolutamente contraproducente para

las futuras generaciones, para el próximo gobierno municipal y también para la

provincia de San Luis. Eso es lo que no hay que hacer, pero a cualquier precio y

de cualquier manera, aún contrariando la Ley de Obras Públicas, el gobierno

insiste y no hay manera de seguir con este sistema, pero si el Gobernador decide

hacerlo tiene la competencia para llevar adelante las licitaciones como mejor le

plazca”.

“Conclusión: si las empresas se comprometen a llevar adelante como la ley manda

un tratamiento de los residuos cloacales que garantice que esas familias después

no se vean perjudicadas, y a su vez garantizan que en los terrenos elegidos para

construir las viviendas estén previstos los desagües pluviales -lo cual evitaría

situaciones catastróficas para esas viviendas- no hay impedimento legal para

otorgar esas factiblidades”.

“Entonces, si esas empresas hubieran presentado a las 24 horas las soluciones a

las observaciones que efectuó mi equipo técnico, esas licitaciones que dice el

Gobernador que a la fecha no ha podido adjudicar ya estarían en marcha. Por lo

tanto esa estrategia de salir a través de los medios a engañar a la gente para

hacerme quedar como el malo que se niega al proceso de desarrollo y de

construcción de viviendas, es una práctica política que yo visualizo como

inconducente y que no hace a la responsabilidad de una persona que debe velar

por el bien común de la gente. El gobierno con esa actitud pretende ponerme bajo

a una situación de extorsión mediática para decirles a los vecinos que el que pone

el palo en la rueda soy yo”.

“Respecto al resto de las viviendas nosotros eso ya lo estudiamos oportunamente

y después de haber hecho una gestión continua a través de nuestros equipos

técnicos, cada factibilidad otorgada estuvo sujeta al correcto tratamiento de las

cloacas. Por eso llegamos a la conclusión de que como no había posibilidad de

construir una planta de cloacas en colaboración con la provincia, nos vimos

obligados a tomar la decisión de construir una planta con recursos propios. Quiero

decir con esto que a futuro todas las urbanizaciones y todos los desarrollos

privados o públicos que se construyan en la ciudad deben ajustarse a lo que

marca la ordenanza”.

“Otro de los problemas que tenemos en la Ciudad es que el gobierno nunca

entrega a la Municipalidad la titularidad de las tierras donde construye las obras.

Es por esta razón que se producen usurpaciones de espacios públicos como está

ocurriendo con una plaza, donde un vecino está construyendo una casa. Fuimos,

verificamos dominio catastral y ese predio figura a nombre de la Provincia de San

Luis, aunque nosotros tenemos que mantener esas plazas pero no podemos

actuar contra la usurpación porque aparecen ocho padrones donde hay titulares a

los que vamos a investigar para saber en qué condiciones accedieron a esa

transferencia de dominio de esa plaza, que es un espacio de todos. Esto nos viene

pasando desde el 10 de diciembre de 2011. Les traigo esto a cuento para que

vean que el gobierno no cumple con las obligaciones legales de transferir el

dominio de las propiedades una vez finalizada una obra pública y ese es el caso

de los barrios”.

“Con los ministros ayer hablamos de la planta de cloacas pero las condiciones

para hacer en colaboración una planta para los próximos 20 años era que no

hiciéramos la planta nosotros, que volviéramos atrás con nuestro proyecto y que el

terreno que compramos después lo vendiéramos. Lo que yo les propuse es que la

Provincia haga una inversión en una tierra colindante para ampliar la planta que

nosotros estamos construyendo, pero la respuesta fue negativa”. 

SUSTRACCIÓN DE RESES DECOMISADAS

El Intendente ordenó urgente investigación

El Intendente ordenó a la Secretaría Legal y Técnica que de manera urgente inicie

una investigación respecto a la denuncia efectuada por el Juez de Faltas municipal

por la presunta sustracción de las 76 medias reses decomisadas la semana

pasada.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA

Detalles del trabajo del flamante CDR 

José Domínguez, responsable del CDR, comunicó detalles del funcionamiento del

centro y las expectativas que se tienen. “Entendemos que el CDR viene a

responder a lo que ha sido una gran necesidad dentro de la ciudad de San Luis.

Prueba de ello es la gran cantidad de personas que han concurrido a realizar sus

documentos. En el día jueves fueron más 350 personas las que realizaron sus

trámites. Estamos terminando de adecuarnos al sistema, por lo que esperamos

que cuando la práctica sea la suficiente, llegar a los 500 trámites diarios”.

 

Domínguez también informó sobre algunos datos de utilidad para los vecinos. Dijo

“Los trámites que se pueden realizar son la tramitación del nuevo documento,

renovaciones, cambios de domicilios, pasaportes, reposición de documentos

extraviados. En cuanto a los costos, el trámite de documentos es de 35 pesos,  a

los que se agregan otros 35 pesos en caso de multa por vencimiento. El pasaporte

tiene un valor de 400 pesos en su trámite común y 500 pesos adicionales para el

pasaporte Express, que llega al domicilio en 48 horas”.

 

Tenemos 5 puestos que trabajan desde las 08:00 a las 20:00 horas de lunes a

viernes, y de 09:00 a 13:00 horas los sábados. Para la atención se entregan

números en el lugar, aunque existe una atención especial ante casos particulares

como por ejemplo de dificultades de movilidad. Cada trámite tiene en promedio 15

minutos en su atención. Algunos de los requisitos para los trámites son; para la

renovación, presentar el documento viejo y pagar un sellado en el mismo lugar; los

recién nacidos deben presentar el acta de nacimientos”.

DERECHOS HUMANOS

Declaración de repudio

El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de la ciudad de San

Luis se hace eco de las manifestaciones de preocupación y repudio expresadas

por diferentes organismos de DDHH ante la realización en Capital Federal del

"Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad". La convocatoria

reúne a abogados y ex militares de Latinoamérica, empresarios mediáticos

cómplices de la Dictaduras Cívico Militares y defensores de detenidos y

condenados por delitos de Lesa Humanidad.

Es, por lo menos curioso que esta convocatoria sea realizada en el aniversario de

la declaración de nulidad insanable de las leyes de Punto final y de Obediencia

debida en el Congreso Nacional. La Corte Suprema de Justicia ratificó esta

decisión, determinando la inconstitucionalidad de estas Leyes, lo que permitió, tras

un largo período de impunidad, la reapertura de los Juicios y que actualmente más

de 400 represores hayan sido condenados en todo el país por crímenes de lesa

humanidad y que otros tantos se encuentren enjuiciados. Todos con las garantías

que la Constitución Nacional otorga.  Desde aquel 22 de agosto de 2003, nuestro

país es un ejemplo internacional en este tema, funcionan los mecanismos de

justicia nacional, no con tribunales especiales ni internacionales. Eso es una

muestra de madurez de la sociedad argentina y sus instituciones, derivada de

muchos años de lucha de organizaciones de DDHH, sobrevivientes y familiares y

por la toma de decisión política del entonces presidente Néstor Kirchner,

continuada y reafirmada por la presidenta Cristina Fernández.

Y resulta doloroso escuchar las declaraciones de los participantes, incluyendo

conceptos como “venganza terrorista”, entre otras, precisamente en el aniversario

del aberrante asesinato de 16 presos políticos, en  la Base Aeronaval de Trelew,

dependiente de la Armada Argentina, ocurrido el 22 de agosto de 1972, durante la

Dictadura de Lanusse. En fila y totalmente indefensos fueron fusilados; la mayoría

murió en el acto y los escasos sobrevivientes rematados en el suelo con armas

cortas. Solo tres de aquellos detenidos sobrevivieron a la tragedia y fueron

secuestrados y asesinados en el transcurso del Terrorismo de Estados de la

ultima Dictadura Civico Militar. Gracias a la actual política nacional de Memoria,

Verdad y Justicia, los fusilamientos de Trelew, fueron declarados en el año 2012

crímenes de Lesa Humanidad y sus autores condenados a cadena perpetua.

Y es absolutamente necesario recordar el 22 de agosto de 1951, día en que en

una Asamblea Popular multitudinaria Eva Duarte “renunciaba a los honores y no al

puesto de lucha”, erigiéndose como una figura histórica que trasciende las

banderas partidarias y aparece como un emblema de la inclusión y la justicia

social y de compromiso profundo con su Pueblo. Compromiso asumido por

generaciones, a través de nuestra historia nacional y latinoamericana, en la lucha

por un país más justo e igualitario.

La única garantía para la continuidad de una verdadera democracia se edifica

sobre la base del respeto por los Derechos Humanos y la plena vigencia de

nuestra Constitución Nacional. No hay Democracia sin Justicia, no hay Justicia sin

Verdad… y no hay Verdad sin Memoria.

TRANSPUNTANO

Puntos de recargas de tarjetas                                   

Con el sistema de boletos por tarjetas electrónicas ya consolidado, los beneficios y

comodidades son más que evidentes. Pero, para continuar facilitando el acceso a

las recargas, aumentan frecuentemente los puntos donde pueden realizarse.

Actualmente existen casi 20 puntos de recarga:

 

·         Centro Integral Comunitario de la Tercera Rotonda

·         Intersección de Bolivar y General Paz

·         Free Shop, Rivadavia y 9 de Julio

·         Punto 33, Ayacucho y Chacabuco

·         Locutorio Centenario, Avenida Centenario y Raúl B. Díaz

·         Al Kiosco II, Chacabuco y Junín

·         Barrio San Luís XXVI, manzana 2, casa 28

·         Crisol, dentro del supermercado Aiello de San martín y Belgrano

·         Teoremas, Presidente Perón y República del Líbano

·         Minimercado “Not problem”, barrio Los Venados, manzana A, casa 46

·         Locutorio Terminal, nueva Terminal de Ómnibus, local N° 2

·         Caber Dixit, España casi Rivadavia

·         Los Girasoles, barrio Monseñor Di Pascuo, calle Sargento Baigorria 933

·         Open Plaza, Pringles y Rivadavia

·         Etiqueta Negra, Héroes de Malvinas 121

·         Polirubro Liliana, barrio 164 Viviendas, manzana 464, casa 15

·         Polirubro y locutorio Barrio El Hornero, en manzana 6, casa 2

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