Los Estados Unidos de América y sus intereses geopolíticos en la guerra sucia (Terrorismo de Estado) del narcotráfico en México

Plan de la exposición:

1.Saludos del PRT2.Objetivos de la exposición

2.1 La importancia del diagnostico de la coyuntura2.2 ¿Cuales formas de lucha?2.3 Las Invasiones de Veracruz Y.. ¿que sigue?

3.Objetivos geopolíticos del Imperio.3.1. El territorio3.1. Los objetivos y estrategias del Imperialismo en el Mundo y Latinoamérica3.2. El TLC, PPP, IIRSA, Iniciativa Mérida, Plan Colombia y el ASPAN3.3. Los Megaproyectos3.4. Los Acuerdos violatorios de soberanías disfrazados de proyectos de seguridad3.5. DARPA y Tecnología3.5. La desmovilización, la alienación, el miedo, la delación y el sospechoso3.6. Terrorismo de Estado; mercenarios gringos y carteles de la droga.

•Las Alternativas propuestas4.1. La Autonomía y la autodeterminación4.2. La Soberanía y la rebeldía de la dignidad de un pueblo.4.3. El estado de Derecho, las garantías individuales, el 27 y 39 constitucional.

Conclusiones

“…Si no tenemos un diagnóstico, y no tenemos un propósito, para mi gusto, suficientemente claro, la sociedad no puede entender ni qué demonios está pasando, y, perdonen la palabra, ni qué es lo que queremos resolver”, Obviamente, la estrategia debe corresponder al diagnóstico y el propósito.

… nuestra dificultad para encontrar las formas de lucha adecuadas, ¿no proviene de que ignoramos todavía en qué consiste el poder? … el poder es la guerra, la guerra continuada con otros medios… Michel Foucault

“...la competencia basada en la territorialidad sigue dominando los asuntos mundiales, por más que actualmente sus formas tiendan a ser más civilizadas. En esa competencia, la situación geográfica sigue siendo el punto de partida para la definición de las prioridades externas de los Estados-naciones y el tamaño del territorio nacional sigue siendo también uno de los principales indicadores de estatus y poder” (Brzezinski, 1998: 46).

…asegurarse el uso irrestricto de los territorios y recursos americanos, en una campaña suicida por la supremacía absoluta que desata rechazos activos en todo el mundo, y conduce a los militaristas en el poder a pretender someter por la fuerza directa lo que ya no admite mediaciones. Las resistencias populares que exigieron la devolución del Canal de Panamá, que luchan por la cancelación del Plan Colombia, que impiden la implantación del Plan Puebla Panamá y del ALCA, que revierten convenios de apropiación de recursos básicos como en Bolivia están marcando los límites de posibilidad de una dominación cada vez más grosera e ilegítima.Las respuestas de un poder apresurado por aprovechar su oportunidad histórica de convertirse en supremo caminan, en una planeación estratégica de largo alcance, por la toma física de posiciones mediante la instalación de sus bases militares.Ej: La base de Manta en Ecuador, concedida por diez años renovables a partir de 1999, es una punta de lanza para la penetración de toda el área andino-amazónica y constituye un refuerzo destacado para las operaciones del Plan Colombia, que se encuentra en proceso de consolidación y ampliación.

Y el plano sobresaliente del momento que se abre con el neoliberalismo es la universalización de la guerra bajo todas sus formas:económica con la extensión de la economía de mercado y la financiarización del campo de definición de normas y políticas; cultural con la ampliación conceptual –y la criminalización– de lo no civilizado, de lo ingobernable, de los viejos y nuevos bárbaros; disciplinaria con la flexibilización del trabajo y el control del entretenimiento; y, por supuesto, militar.De hecho, un sistema de organización social como el capitalista, sustentado en la competencia y en la consecuente negación del otro, es un sistema en el que la guerra es un rasgo inmanente y la contrainsurgencia, aunque sea subliminal, es el signo disciplinador permanente. Es decir, las relaciones sociales en el capitalismo, o bien tienden hacia la construcción de una democracia que a la larga elimine la propiedad privada y que, por tanto, niegue el propio capitalismo, o bien son controladas mediante mecanismos variados que inhiben o reprimen los excesos de libertad. Propiedad privada y democracia universal son dimensiones contrapuestas cuyos choques son mediatizados por una institucionalidad legitimada por el sistema de poderes. Es decir, las condiciones actuales pueden ser percibidas como de guerra total contra la totalidad del mundo (SIM, 1994), pero simultáneamente como de insubordinación en vías de generalización, y es la inminencia de una ruptura o una rebeldía planetaria, de un desorden universal que ponga en riesgo el proceso de valorización capitalista y el sistema de dominación imperante, lo que lleva al sujeto hegemónico (Ceceña, 2002) a formular una estrategia universal de contrainsurgencia como nunca había existido.

Lo que cambia hoy es la concepción de prevención, que trasciende la necesidad de disponer las posiciones de batalla con antelación o la de estar siempre preparado para un conflicto, para desplazarse hasta el punto de destruir toda posibilidad de amenaza. En esta nueva concepción lo que se busca es directamente evitar que el sujeto nazca, que se conforme. No es una guerra contra un enemigo específico, es contra todo signo, real o imaginario, de vida independiente. Todo lo no incondicional es sospechoso y la guerra, en este momento, es principalmente contra los sospechosos –susceptibles de ser detenidos en cualquier momento–, no contra los enemigos reales. La guerra preventiva moderna es una guerra que seadelanta a la necesidad de la guerra, que antecede la amenaza para disuadirla. Es una guerra que fabrica al enemigo en prevención de un futuro conflictivo y que arrebata los derechos humanos y sociales a un colectivo universal de sospechosos. La sociedad misma se torna sospechosa de amenazar la seguridad y, en esa circunstancia, tiene que ser redimida. La sociedad es vaciada de todo impulso sujético o criminalizada en su ejercicio, y sustituida por un aparato que actúa y dicta políticas y normas en su nombre.

Si los detenidos son mantenidos en esa franja de indeterminación mientras son juzgados –cuestión que puede durar toda la vida– el problema se extiende a la sociedad completa cuando consideramos el carácter de sospechoso que se otorga en este momento con la más amplia profusión. De hecho, todos somos sospechosos hasta demostrar lo contrario y con esto la sociedad ha sido negada, se cierran los espacios de la política y se instaura el estado de excepción como estado permanente, como afirman Benjamin (1942) y Agamben (2003).

Carlos Fazio: agosto 2010 Dominación de espectro completoMayo 2010 La brecha chiapaneca; Abril 2009 Los marines llegaron ya

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y TERRORISMO. SU COMBATE A TRAVÉS DELA CONVENCIÓN DE PALERMO1.Edgardo Buscaglia, Samuel González Ruiz, Stefano Fumarulo, César Prieto PalmaRevista Universitaria de la Universidad Católica de ChileDelincuencia Organizada y corrupcióndoctor Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana y vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales AC. "Desmantelar la economía criminal, regresar el ejército a los cuarteles y recuperar la soberanía y dignidad del país“.

Estrategia militar de Estados Unidos en América Latina. Sonia Winer et al.

Es un error capital teorizar antes de tener datos. Insensiblemente, uno empieza a alterar los hechos para encajarlos en las teorías, en lugar de encajar las teorías a los hechos. Scherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)

Serie Cuadernos de Trabajo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde)Número 22La Iniciativa Mérida: seguridad, soberanía y migración en la relación México-Estados Unidos Mesa debate con: Raúl Benítez, Silvia Vélez, Ricardo Macouzet, Abelardo RodríguezAlejandro Ayala (moderador)13 de marzo de 2008, Ciudad de México

Stratfor Global intelligenceMexican Drug Cartels: Two Wars and a Look Southward Dec. 16, 2009

Miguel Pickard, du Réseau mexicain d’action contre le libre-échange (RMALC)

LOS OBJETIVOS

Como estudiosos de los fenómenos económicos y sociopolíticos contemporáneos, como pensadores críticos y actores políticos, estamos obligados a ser muy precisos y desentrañar la sustancia oculta de éstos sin simplificaciones abusivas que en vez de contribuir a una buena comprensión y al diseño de estrategias de lucha inteligentes, nos lleven a enfrentamientos de conjunto, incapaces de penetrar por las porosidades del poder.

Hoy, a inicios del Siglo XXI, después de todas las tensiones generadas por el neoliberalismo, el desafío consiste en garantizar las condiciones que hagan posible todavía el capitalismo.

y las tendencias contemporáneas son directamente intervencionistas. Aun así, lo que puede constatarse por el momento es el desplazamiento del eje ordenador desde el mercado -o lo económico- hacia lo militar. La geografía productiva adquiere una nueva definición territorial una vez establecida como circuito planetario, al buscar combinar de la manera más competitiva la localización de recursos naturales, de mercados de trabajo (específicos, diferentes, de bajos salarios, etc.) e incluso de exigencias en protección ambiental o prestaciones salariales, etc., con autonomía de las consideraciones referentes a la geografía de las ventas. Esto provoca una reorganización de la planificación estratégica sobre el espacio y una reterritorialización de la dominación que modifica tanto la ocupación como los usos de los territorios –entendidos no sólo como expresión de su contenido físico sino también como construcciones histórico-culturales-, en la búsqueda de un reposicionamiento espacial competitivamente estratégico.

Deshacer sujetos, individualizar, aislar para fragilizar y facilitar la apropiación. Es así como el capitalismo avanza en su camino: rompiendo el camino de los otros; negando cualquier posibilidad de organización colectiva. La territorialidad capitalista es la de la objetivación

1.tanto de la reproducción productiva global como del desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones productivas están fijos en el territorio, la instauración de una nueva territorialidad (Porto Gonçalves, 2001; Ceceña, 2001) es una de las condiciones insoslayables de reconstrucción de la hegemonía.La necesaria vuelta al territorio como espacio de definición de la competencia con base en el acaparamiento de recursos, así como las estrategias de regionalización productiva, laboral y comercial, apelan a una creciente intervención de lo militar como criterio de ordenamiento geográfico y estratégico general y como práctica contrainsurgente contra aquéllos que, poseedores –o desposeídos- y con una concepción sobre los modos de uso del territorio y sobre su importancia simbólica, se resisten a cederlos.

Una red que identifique los peligros y valore sus capacidades y límites, al tiempo que reubica los nodos conflictivos esenciales. La prevención consiste en actuar antes de que el enemigo exista, en impedir que se forme, en encontrar el modo de usar al enemigo y en mantenerlo observado en todo momento y en todo lugar, es decir, en la creación del panóptico, para paralizarlo, controlarlo y aprender de sus propias estrategias de lucha.

la formulación de una estrategia denominada “full spectrum dominance” (Cohen, 1998; Joint, 2000).

no dejar resquicios para el enemigo real o potencial, no darle tiempo de recuperar fuerzas, de recomponerse; perseguirlo en los subsuelos, en tierra, aire y mar; vigilarlo, disuadir cualquier iniciativa contestataria, cualquier transgresión de las reglas tácitas del poder y en su defecto aniquilarlo; esto es: dominar en todo el espectro (Joint, 2000).

La producción de un imaginario bélico sustentado en el antagonismo de origen de la sociedad capitalista y difundido ampliamente por el sistema mediático se convierte en consenso asumido pero no necesariamente construido. Es un sentido común no generado por la comunidad que, sin embargo, previa validación mediática, es asimilado por buena parte de ella y reproducido microcósmicamente.

La ruptura de la intersubjetividad propició una visión estática e inmediatista en que no hay historia ni futuro y en la que los individuos son condenados a la calidad de sospechosos, quedando así completamente aislados y desprovistos de derechos. La calidad de sospechoso o desaparecido opera una des-sujetización de los seres al apartarlos de cualquier lazo de pertenencia a la sociedad. Un sospechoso deja de ser automáticamente un portador de derechos y garantías, contrariamente a lo que ocurre con los condenados. El condenado tiene una situación determinada en la que, aun con derechos limitados, tiene la posibilidad de apelar, cuestión que no es concedida al sospechoso (Agamben, 2004).

Al paradigma tecnológico y militar se agrega la explicación unidimensional del mundo, la sociedad y sus delimitaciones. Todas las culturas son inferiorizadas (Santos, 2001): en algunos casos excluidas, y en otros incluidas en calidad de idiosincrasias, atavismos o directamente inculturas. Todo ello mediado por la producción industrial de imagen, de sentido y de cultura mediante la tecnología multimedia que fabrica visiones del mundo (en concordancia con la del pensamiento único) a través de videos en serie, juegos, películas y otros, como mecanismo de apropiación o anulación implícita de tradiciones, costumbres, saberes y cosmovisiones.

En otras palabras: un Estado de excepción permanente; expresión cabal del totalitarismo moderno a decir de Giorgio Agamben: Le totalitarisme moderne peut être défini [...] comme l’instauration, par l’état d’exception, d’une guerre civile légale, qui permet l’élimination physique non seulement des adversaires politiques mais de catégories entièrs de citoyens qui, pour une raison ou une autre, semblent non intégrables dans le système politique [...] la création volontaire d’un état d’urgence permanent (même s’il n’est pas déclaré au sens technique) est devenue l’une des pratiques essentielles des États contemporaines, y compris de ceux que l’on apelle démocratiques. (Agamben, 2003: 11). Il n’est plus possible de chercher l’issue dans la souveraineté juridique ou dans la citoyenneté à l’intérieur du cadre de l’Etat-nation. Chaque fois que l’Etat-nation entre dans une période de crise, les tentations totalitaires se multiplient.Et dans l’univers de l’Empire, l’Etat-nation est gravement en crise.

Estado de excepción que, en un entorno fragilizado por la fragmentación y la pérdida de sentido y esperanza como el que en cierta medida ha logrado imponer el neoliberalismo, se traduce en el fomento de una cultura de la delación sumamente peligrosa, para garantizar la seguridad supuestamente perdida, que se combina con una cultura del encierro que supone que sólo dentro del propio domicilio, en aislamiento del otro, se puede evitar la agresión o caer bajo sospecha. las condiciones de funcionamiento societal se tornan sumamente inestables, la incertidumbre generalizada se convierte en campo propicio para infundir miedo y hacer de la desconfianza el elemento de producción de la no-comunidad, auspiciadora de una mediocridad fascista que se funda mayormente entre los sectores de excluidos.Pero el territorio es en el capitalismo un elemento de disputa y de competencia; en la competencia internacional hoy la apropiación de territorios es un elemento fundamental. Los componentes esenciales del proceso de reproducción y las fuentes principales de poder en el mundo actual son elementos que están fijos en el territorio; en ciertos territorios y no en otros; que no pueden ser simplemente movidos de lugar para ser aprovechados; que sólo pueden ser apropiados apropiándose el territorio: yacimientos de agua, de petróleo, de gas, de germoplasma* (*El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la reproducción a la descendencia por medio de gametos o células reproductoras.), de metales estratégicos como los principales. Son los bienes que mueven y definen hoy el sistema y el juego de fuerzas interno, y que además apuntan hacia las estrategias del futuro.Es en ese terreno donde se decide la competencia, la hegemonía y la misma perdurabilidad del sistema; es también ahí donde los límites a la objetivación deben ser y están siendo colocados. Es en la disputa de territorialidades, donde el sujeto autonómico propone formas de organización social diferentes al capitalismo que apuntan a la sustentabilidad del planeta y no a su destrucción

Žižek, Bem-vindo ao deserto do real!Lo que nos espera es algo mucho más extraño: el espectro de una guerra 'inmaterial', en el cual el ataque es invisible-virus, los venenos que pueden estar en cualquier lugar o en ningún lugar. En el plano de la realidad material visible, nada acontece, ninguna gran explosión; sin embargo el universo conocido comienza a hundirse, la vida a desintegrarse.

La imagen de un mundo en situación de caos, ingobernabilidad, que es uno de los modelos explicativos posibles desde el poder, se refiere a:...la quiebra de la autoridad gubernamental; la desintegración de los Estados; la intensificación de los conflictos tribales, étnicos y religiosos; la aparición de mafias criminales de ámbito internacional; el aumento del número de refugiados en decenas de millones; la proliferación de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva; la difusión del terrorismo; la frecuencia de las masacres y de la limpieza étnica. (Huntington, 1997: 37).La imagen de un mundo en situación de caos, ingobernabilidad, que es uno de los modelos explicativos posibles desde el poder, se refiere a:...la quiebra de la autoridad gubernamental; la desintegración de los Estados; la intensificación de los conflictos tribales, étnicos y religiosos; la aparición de mafias criminales de ámbito internacional; el aumento del número de refugiados en decenas de millones; la proliferación de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva; la difusión del terrorismo; la frecuencia de las masacres y de la limpieza étnica. (Huntington, 1997: 37).

La política es secuestrada por los imperativos de seguridad y sus medios provienen de un soporte tecnológico que una vez más refuerza la posición del hegemón, personificado en el complejo económico-político-militar de Estados Unidos. La superioridad y vastedad tecnológicas se convierten en base de sustentación de las estrategias de dominio.

•La apropiación de territorios tira por los dos lados: busca un buen posicionamiento frente a la competencia a través del monopolio de los recursos estratégicos; y busca también el control de las poblaciones que son sometidas o desestructuradas mediante la privatización del agua, la expulsión de sus lugares (selvas, bosques) y sus modos de vida, de sus referentes históricos y simbólicos.

•El discurso utilitarista reemplaza el término “naturaleza” con el término “recursos naturales”, focalizándose en aquellos aspectos de la naturaleza que pueden ser apropiados para el uso humano [...] las plantas valiosas devienen “cosechas”, mientras que las especies que compiten con ellas son estigmatizadas como “maleza” y los insectos que las ingieren como “plaga”. (Scott, 1998: 13). La agricultura es, después de todo, una reorganización radical y una simplificación de la flora para adaptarla a objetivos humanos. (Scott, 1998: 2)

… nuestra dificultad para encontrar las formas de lucha adecuadas, ¿no proviene de que ignoramos todavía en qué consiste el poder? … el poder es la guerra, la guerra continuada con otros medios… Michel Foucault

ANA ESTHER CECEÑA:El estudio de la competencia económica y del proceso de concentración de capital es por sí mismo incapaz de dar cuenta de la complejidad del proceso de dominación y de la construcción de la hegemonía mundial, a pesar de su esencialidad. La dominación económica no puede desentenderse de la violencia que evidencia en la dimensión militar de organización del poder.

La gran burguesía transnacional asentada en Estados Unidos, a la que llamaremos gran burguesía norteamericana para abreviar (aunque este término requiera múltiples precisiones), es la portadora del emblema paradigmático del sistema mundial de producción, entendido en su sentido más amplio. Dentro del imaginario mundial, aun considerando el reconocimiento del liderazgo parcial de sus competidores-socios13, los símbolos del paradigma dominante siguen siendo enarbolados por IBM, Intel, Microsoft, INTERNET14, Novartis, Monsanto, General Motors, Chrysler, Exxon, Texaco, AT&T, ITT, Hughes y tantos otros que, como Coca Cola y Sabritas contribuyen a definir los referentes de la vida y la reproducción social.

El neoliberalismo busca una nueva fase de acumulación capitalista, a través de la mercantilización de cada vez más ámbitos de la sociedad y de la vida mediante las privatizaciones y la creciente explotación de recursos naturales en el mundo.Las globalizaciones han generado -lo que Saskia Sassen llama- una nueva geografía de poder, en la cual los Estados nacionales se han integrado en una nueva soberanía política más amplia, compartida en redes transnacionales formadas por las instituciones supranacionales, tratados internacionales, mercados de acciones, empresas transnacionales, medios de comunicación, etc. Las reformas neoliberales, entonces, han significado un proceso de re-territorialización (re)abriendo espacios nacionales, locales al capital transnacional, como evidencian, por ejemplo, las tendencias de expansión y transnacionalización de las industrias extractivas. Entre sus estrategias están la creciente regulación de la sociedad civil, que pone crecientemente condiciones legales a sus acciones, la criminalización de la disidencia (a través de la penalización de la acción política disidente; el ataque sistemático a través de los medios masivos y la política hegemónica de las personas y discursos que expresan su oposición al status quo; y el uso de leyes anti-terroristas para ello), la privatización de la seguridad (cada vez existe más espacio legal y/o político para la organización privada de la seguridad, como servicios de seguridad de empresas transnacionales, la organización de vigilancia en las ciudades, o las actividades de grupos paramilitares); y la militarización (la creciente intervención militar en la sociedad, a través de bases militares, campañas de ayuda humanitaria efectuadas por el ejército y mecanismos legales que permiten su participación en el manejo de protestas).

Es en el modo de producción donde se delinean los rasgos esenciales de la concepción del mundo porque es ahí donde se marcan las pautas generales de relacionamiento social: la existencia de las clases, la concepción de las fuerzas productivas, la concepción de la naturaleza, el sentido de la producción (como valorización), la delimitación de opciones, la disciplina, los tiempos, etcétera.Siendo éste el manantial del imaginario colectivo capitalista, la tecnología, que es su elemento ordenador, se pone en el centro de la explicación del mundo. Y como el capitalista es un mundo de competencia e individualización, de apropiación y exclusión, la tecnología es también un espacio de poder, de des-sujetización y de anulación del otro que aparece no sólo como contrario sino como enemigo.

ESTRATEGIA DE USAUno de los tópicos permanentes en las esferas empresariales, políticas, militares y culturales es el de lograr entornos “amigables”, “favorables a los intereses de Estados Unidos”. Sea que correspondan a una internalización, voluntaria o no, del american way of life and thinking; sea que consistan en normatividades permisivas para la entrada de capitales estadounidenses en terrenos estratégicos o de rentabilidad atractiva, o bien en normatividades restrictivas para garantizarles condiciones de monopolio relativo o absoluto, o en la creación de mercados protegidos, dirigidos o desprotegidos –según sea el caso-, que garanticen la supremacía estadounidense y la adopción generalizada de sus modos de funcionamiento.y el pensamiento supone, y a la vez produce, la visión de que la tecnología es el elemento de definición entre progreso y atraso, entre poder y no poder, concediéndole así un estatuto natural.de construcción de la hegemonía es sin duda el epistemológico. Una vez que la tecnología se convierte en el eje de ordenamiento y explicación del mundo, las contradicciones sociales, societales y culturales quedan en los márgenes de un imaginario que las admite sólo como anormalidades.

Los objetivosNo es ninguna novedad que los objetivos primordiales del despliegue hegemónico en esta guerra económica, política, cultural y militar sean esencialmente de dos tipos: o bien se trata de recursos, riquezas y mercados, o bien de obstáculos, resistencias e insurgencias.

Hace poco tiempo que la disputa por los recursos empezó a convertirse en un asunto de supervivencia humana. Hasta entonces, su ámbito era fundamentalmente el de la competencia entre hegemones. Hoy empieza a desplazarse la línea de disputa interna que compete a la hegemonía estadounidense hacia la frontera que marca los límites históricos del sistema capitalista.

Las estrategiasLas estrategias están orientadas, hacia la creación de ventajas de posicionamiento que permitan modificar la territorialidad y las políticas de acuerdo con las necesidades concretas en un entorno en incesante cambio . Según el lenguaje oficial, “strategy [can be described as] the evolving pursuit of a central mission through changing circumstances” (DARPA, 2003). La complejidad del mundo contemporáneo apela a una versatilidad de iniciativas y respuestas capaces de asegurar el acceso garantizado a las fuentes de recursos estratégicos, la movilidad irrestricta del capital, el uso y abuso de la fuerza de trabajo y el establecimiento de una globalidad ordenada.

En el caso del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD), el énfasis está puesto en el trazado de una estrategia general de desarticulación, no sólo de los enemigos reales sino de los potenciales, englobada en la concepción preventiva que supone que la más mínima disidencia es signo de peligro y guerra futura. Como lo dice Zizek, en este reino de la democracia se tiene la libertad de estar de acuerdo pero no la de estar en desacuerdo (Zizek, 2003).La pretensión es encontrar el modo de que el enemigo no tenga ningún resquicio: que no pueda esconderse en un túnel y que no deje de estar vigilado para que no pueda hacer acuerdos o planear insurrecciones pero, sobre todo, para que se canse, para que se agote, para que su desgaste sea completo.

La anormalidad, que no es más que la negativa a aceptar las reglas del juego impuestas por el hegemón, alcanzaría así dimensiones planetarias “The label full spectrum dominance implies that US forces are able to conduct prompt, sustained, and synchronized operations with combinations of forces tailored to specific situations and with access to and freedom to operate in all domains –space, sea, land, air, and information” (Joint, 2000).

En el “Nuevo Mapa del Pentágono” presentado por Barnett, se hace una subdivisión del mundo en tres regiones: el centro (the core) que abarca todos los países desarrollados, con estructuras estatales sólidas y normatividades legitimadas; los países “costura o eslabón” (sean states), en todos los sentidos del término, que juegan el papel de zonas de amortiguamiento y de mediadores para el disciplinamiento de los que se encuentran en la tercera región, llamada la “brecha” (the gap), en la que se ubican las zonas de peligro sobre las que Estados Unidos debe tener una política agresiva de vigilancia, control y de imposición de normas de funcionamiento (tanto de los estados como de los ejércitos y cuerpos de seguridad, del comercio y las inversiones) adecuadas para el establecimiento real de un sistema globalizado (ver Mapa 1)

ESTRATEGIAS

No sería posible explicar de otro modo la tónica militarista que invade las escenas de la “libertad de mercado” impulsadas por el neoliberalismo como mecanismo privilegiado de reordenamiento social.No hay más libre mercado, si es que lo hubo. Las normatividades que se van estableciendo universalmente por la vía de los tratados económicos y de las negociaciones en organismos internacionales como la OMC, no propician la libertad sino la imposición, pero además se acompañan, cada vez más, de medidas de control militar y militarizado ahí donde el rechazo de la población se manifiesta de forma organizada y/o masiva.

que permiteconstruir un imaginario social sustentado en la existencia de unenemigo siempre acechante y legitimar la visión guerrera de las relacionessociales y las políticas que la acompañan (Ceceña, 2004).

Me parece que en el caso de esta militarización de los últimos tiempos la batalla más importante la están ganando los poderosos en el terreno cultural, a través de una serie de mecanismos, entre los cuales los medios de comunicación son muy importantes pero no son los únicos. Están ganando la batalla en la medida en que logran convencer de que el mundo es un lugar de competencia, de disputa, en el que tenemos que batirnos unos con otros para ocupar nuestro espacio, por lo demás, siempre incierto. Tenemos que competir entre nosotros por un empleo, por los planes de desempleo, por la seguridad social.La militarización se está metiendo en las cabezas y no solamente en las bases militares. Se está metiendo en las leyes, antiterroristas o simplemente de control de movimientos como son los regímenes de tolerancia cero que nos convierten a todos en sospechosos, o las cláusulas recientemente incorporadas ya la Constitución mexicana, y no solamente con la presencia de soldados, aunque también con la presencia de soldados en bases militares.Entre esas capas envolventes se encuentran, como círculos concéntricos, los cambios de normatividad, el establecimientode normas continentales para la seguridad interna (ASPAN), el cuidado de las fronteras, los ejercicios militares en tierra, los ejercicios en los ríos y canales de internación en los territorios, el establecimiento de una red continental de bases militares y los ejercicios navales que permiten circundar todo el continente, estableciendo una última frontera, más allá de las jurisdicciones nacionales

Ante una legitimidad fuertemente cuestionada se generalizan las leyes antiterroristas que tienden a crear, por un lado, una complicidad entre todos los Estados y por esa vía van imponiendo políticas y juridicidades supranacionales y, por el otro, una paradójica situación similar a la de un estado de excepción permanente (Agamben,xx) en el que todos los ciudadanos serán rigurosamente vigilados porque todos son sospechosos, aunque todavía no se sepa ni siquiera de qué. El derecho se coloca al servicio de la impunidad aunque se reivindique democrático y los cuerpos de seguridad empiezan a construir el panóptico que vigila desde todos los ángulos: con cámaras de video en los bancos, en los semáforos, en las calles transitadas; que permite la intercepción telefónica en casos que así lo ameriten; que permite la tortura cuando se trata de detenidos catalogados como terroristas sin ningún juicioprevio y que admite la detención de cualquier ciudadano sin orden de aprehensión previa, simplemente para investigar. Es decir, se trata de imponer la cultura del miedo en una población que no podrá saberpreviamente a la detención si era sospechosa de algo, como medio para paralizar y disuadir de conductas terroristas o insurgentes.

al lado de la pregonada libertad de tránsito para las mercancías, las inversiones y los cuerpos de seguridad,se ha ido restringiendo cada vez más el libre tránsito de personas.La eficacia macabra con la que el Cóndor desarticuló los movimientos sociales en los años de las dictaduras militares en América del Sur tiene hoy posibilidades multiplicadas al poder usar tecnologías que son a la vez mucho más precisas y mucho más abarcantes; sin embargo tiene en contra, evidentemente, el aprendizajede los pueblos y su capacidad de lucha y resistencia.

Actualmente Estados Unidos cuenta con un sistema de bases que ha logrado establecer dos áreas de control: 1. el círculo formado por las islas del Caribe, el Golfo de México y Centroamérica, que cubre los yacimientos petroleros más importantes de América Latina y que se forma con las bases de Guantánamo, Reina Beatriz, Hato Rey, Lampira, Roosevelt, Palmerola-Soto Cano, Comalapa y otros tantos puestos militares de menor importancia; 2. el círculo que rodea la cuenca amazónica bajando desde Panamá, en el que el canal, las riquezas de la región y la posición de entrada a América del Sur han sido esenciales, y que se forma con las bases de Manta, Larandia, Tres Esquinas, Caño Limón, Marandúa, Riohacha, Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Chiclayo, que a su vez enlazan con las de la zona más al norte. Las posiciones llegan hasta Bolivia y se han hecho intentos por colocarlas en Brasil y la punta de Argentina. Recientemente, el convenio de inmunidad para las tropas de Estados Unidos en sus acciones en Paraguay completa la cobertura permitiendo extender hasta el sur lo que hasta hace poco sólo abarcaba hasta la cuenca amazónica (Ceceña y Motto, 2005).

y es que los países de América Latina todavía no acaban de aceptar en las Conferencias Hemisféricas la construcción de la fuerza militar hemisférica, como fuerza multinacional, porque saben el riesgo que tiene en términos de pérdida de soberanía.

La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), mediante un acuerdo ejecutivo no sometido a las instancias de representación ni mucho menos a la sociedad en su conjunto, ha entregado la soberanía, de manera voluntaria, a las fuerzas del orden de Estados Unidos.

Dentro de las disyuntivas, dadas las condiciones de movilidad del capital y la sobreabundancia de fuerza de trabajo con muy reducida capacidad de negociación, la distensión de las medidas neoliberales para aliviar las tensiones sociales se da por descartada y las resistencias e insubordinaciones se controlan mediante la ampliación de la infraestructura y las operaciones policíaco militares. Es decir, la cohesión social capitalista se encamina hacia una alternativa disciplinadora y represiva que hace pensar en un quiebre o cambio de fase. ¿Estaremos transitando del neoliberalismo al neofascismo?

En este terreno las preguntas son muchas y las certezas pocas, empezando por la dificultad de imaginarse fuera del capitalismo. El vértigo que provoca pensarse sin Estado o sin las instituciones conocidas aunque repudiadas muestra la dificultad de una transformación que busca a tientas un mundo distinto.

Una de las consecuencias de esta nueva ofensiva capitalista es que ha colocado a buena parte de la población del mundo en calidad de sobrante absoluta y a las civilizaciones y culturas milenarias en riesgo de extinción. De ahí la revitalización de las rebeliones indígenas o de pueblos originarios en varias partes del mundo.

dominación de espectro completo (Joint Chiefs of Staff, 1996, 2000). La pretensión consiste, ni más ni menos, en controlar cielos, mares, tierra y subsuelo en todos los lugares, abarcando en un panóptico total a todos los habitantes del planeta. El espectro es geográfico, espacial, social y cultural simultáneamente, y cuenta para ello, con el trabajo combinado de la National Aeronautics Space Administration (NASA) y del Departamento de Defensa con sus laboratorios tecnológicos.

espectro completo va acompañado de una estrategia de guerra que combina cuatro dimensiones: prevención, disuasión, persecución y eliminación. Perseguir y eliminar brutalmente al disidente o al insurrecto para que a nadie más se le ocurra desafiar al poder; evitar que los nuevos contingentes de desposeídos, desestructurados o excluidos piensen en rebelarse encaminándolos hacia válvulas de escape producidas por el propio poder o intimidándolos con la persecución y eliminación de los enemigos.

por un gran cerebro artificial que concentra toda la información sobre lo que ocurre en el mundo –y es capaz de manejarla en tiempo real–, al cual quedarían conectados todos los cuerpos de seguridad de Estados Unidos en cualquier parte del mundo: el “Network centric warfare”, anunciado en los documentos estratégicos del Comando Conjunto 44 .

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa (DARPA) :

es, con todo el conjunto que agrupa, el laboratorio más promisorio del mundo. Su misión es la de mantener la superioridad tecnológica del sistema militar de EE.UU. (DARPA, 2003)El conocimiento y producción de materiales resistentes, ligeros, flexibles y lo suficientemente sofisticados como para que nadie más pueda disponer de ellos en un plazo que le otorgue una adecuada ventaja, así como de materiales o compuestos letales controlables; un manejo de las transmisiones en el espacio y conocimientos sobre la vida en los límites (ver las investigaciones sobre seres extremófilos); experimentación con sistemas complejos de grupos vivientes, para prever o inducir su comportamiento; invisibilización de los mecanismos de vigilancia, investigación y control mediante su miniaturización (nanorobótica); producción de naves o tanques de guerra no tripulados; trabajo con sistemas de información instantáneos; emulación del funcionamiento cerebral –por lo menos de algunas funciones básicas– mediante sistemas de procesamiento informático (brain machine 45), creando “sinergias entre biología, tecnología de la información y micro/nanotecnología” (DARPA, 2003), son algunos de los campos más cotizados del trabajo científico en la actualidad, y todos ellos contribuyen a cubrir las metas de la planeación estratégica diseñada por el Pentágono.

Recientemente (3 de febrero 2005) se ha instalado en Panamá el Sistema Regional de Visualización y Monitoreo para Mesoamérica (SERVIR), que cubre el área desde Panamá hasta el Sur de México (NASA, 2005) 53

los ejercicios militares en diversos puntos del continente: Argentina, Paraguay, Guatemala, Perú; se ocupan directamente territorios estratégicos como el de Haití; y se establecen nuevos convenios para emplazamiento de bases: Tolhuin en Tierra del Fuego, Argentina) en 2001 y Alcántara en Brasil en 2000 (este último cancelado, o por lo menos pospuesto, en 2003, gracias a la movilización popular).Viejas bases revitalizadas como la de Tres Esquinas, en Colombia, se convierten en verdaderos centros de comunicación e inteligencia con sofisticadas instalaciones de uso exclusivo del personal estadounidense –que se calcula allí en alrededor de 500 efectivos–, a pesar de estar en suelo colombiano, y las movilizaciones de oficiales y tropas estadounidenses se empiezan a volver cotidianos

con la creación de sistemas totalmente automáticos, con capacidad para responder a estímulos y corregirse sobre la marcha –entre los que se encuentran los vehículos de guerra no tripulados y los misiles programados–; con la especialización y mayor confiabilidad de todo tipo de sensores; con el conocimiento y manejo del funcionamiento interno de organismos y estructuras y la búsqueda de combinación entre ambos –el mejor ejemplo es el biochip–, con un fuerte trabajo, consecuentemente, en los campos de la nanotecnología y de la ingeniería genética; con la creación de sistemas capaces de procesar gigantescas cantidades de información y de hacerlo en tiempo real; y, por supuesto, con todo lo relativo al origen y evolución de la vida (DARPA, 2003; Ceceña, 2004).La tecnología es la manera capitalista de apropiarse del conocimiento y vitalidad no sólo de la especie humana sino de todos los seres (vegetales, animales u otros) que coexisten en su área de alcance 46. La tecnología es la mediación que separa al trabajador del objeto de trabajo y que le arrebata el control de un proceso que se le superpone y lo domina; es a la vez resultado y herramienta de la competencia; medio de condicionamiento y/o apropiación de la ciencia y la subjetividad; base del control y enajenación de las comunicaciones e instrumento de dominio y superioridad cuidadosamente cultivado por los poderes militares47.Así lo ha entendido el Estado estadounidense, que concentra bajo el mando del Departamento de Defensa la mayor red de instituciones, empresas (a través de contratos y de la utilización compartida de los laboratorios de investigación y desarrollo) y científicos (mediante contratos o financiamiento de investigaciones) dedicados a la producción de ciencia en las fronteras del conocimiento y de tecnología de usos estratégicos. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa (DARPA) es, con todo el conjunto que agrupa, el laboratorio más promisorio del mundo. Su misión es la de mantener la superioridad tecnológica del sistema militar de EE.UU. (DARPA, 2003) pero, en realidad, produce una tecnología de uso dual que nutre también la guerra económica de las empresas estadounidenses en el planeta, al tiempo que garantiza el dominio militar completo que abre puertas a las inversiones pero que se justifica en sí mismo. El propósito es generar posibilidades tecnológicas diversas y suficientes para sustentar la fortaleza estadounidense en escenarios cambiantes y, en cierto sentido, impredecibles48.

En voz de los zapatistas, el día del levantamiento armado del 1° de enero de 1994,... se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA! (CCRI-CG del EZLN, 1994: 33).Y en palabras de Gabriel Herbas, uno de los voceros de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba:Hay algo que aquí definitivamente cataliza, nosotros ya no tenemos el tiempo necesario para esperar otros quinientos años, definitivamente... (Herbas, 2002: 113-114).

Hoy en día el miedo está en todas partes, y no vamos a salir de él más que confiándonos a nuestras propias fuerzas, a nuestra capacidad de destruir toda alienación existente y toda imagen del poder que se nos haya escapado, sometiéndolo todo, excepto a nosotros mismos, al único poder de los consejos de trabajadores que posean y reconstruyan a cada instante la totalidad del mundo; es decir, a la racionalidad verdadera, a una nueva legitimidad. (Debord, 2006)

ESTRATEGIAS ECONOMICAS:

La batalla de Estados Unidos por mantener una hegemonía amenazada por las versiones orientales del capitalismo lo llevó a revitalizar la vieja (1823) pero totalmente vigente doctrina Monroe (América para los americanos) y a voltear hacia el continente como auténtica plataforma de guerra, así sea guerra comercial, frente a la competencia del exterior. Tímidamente, este nuevo diseño continental inicia por los territorios más cercanos: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) marca las pautas de una expansión que se irá ampliando geográficamente y profundizando dimensionalmente.

Así ocurre con la región tropical de América, que abarca desde el sur de México hasta la Amazonia, y que está comprendida en el TLCAN, en el Plan Puebla Panamá, en el Plan Colombia, en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD), en la IIRSA* (* La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)) y, como toda América, en el temporalmente abortado proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Planes MilitaresAsí es como el control de algunas rutas porosas de negocios no regulados y altamente rentables, junto con el interés de penetrar la cuenca amazónica y supervisar la conexión entre el norte y el sur del continente, en esa pequeña cintura donde América se quiebra, por un lado, y por otro la impronta de combatir insurgencias de larga historia, lleva al establecimiento del Plan Colombia, que hoy abarca desde la frontera entre Colombia y Panamá hasta el sur de Perú, aunque con la reciente autoexclusión de Ecuador.

Los megaproyectos de infraestructuralas nuevas venas abiertas hacia el imperio que responden a nuevas necesidades y a una diferente selección de las materias primas y los llamados recursos estratégicos. Caminos que conecten los grandes centros de producción y consumo del mundo, que abaraten y aceleren los traslados y que al mismo tiempo refuercen la vigilancia y el control sobre los mismos es el objetivo. Agilizar los desplazamientos diversificando sus medios: ferrocarriles, autopistas, ríos, canales y cables de fibra óptica. Transformar el territorio. Adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios.Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo. Ese es el modo capitalista de entender la naturaleza y relacionarse con ella.Curiosamente también, aunque tenían diversos antecedentes sueltos, fueron presentados ambos como planes articulados en el año 2000: el Plan Puebla Panamá (PPP) y el proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).

El megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, que intentaba suplir o, más bien, complementar al de Panamá. Este corredor o canal del Istmo de Tehuantepec, que fue objeto de un proyecto anterior al de Panamá, abortado por la Revolución mexicana, se planea a inicios de los años noventa como un canal multimodal (carretera, ferrocarril e hidrovías 40) de nivel internacional, a la vez que un cinturón maquilador capaz de terminar de ensamblar las partes provenientes de distintos lugares del planeta y convertirlas en las mercancías finales que abastecerán en su mayoría el mercado estadounidense pero con salidas hacia los otros dos importantes mercados del planeta: la cuenca asiática y Europa.La hidrovía no es una simple vía navegable sino una preparada para su utilización permanente (24 hrs/365 días), con señalización, mantenimiento, normas físicas de estándar universal, puntos de conexión intermodal (de paso de modo fluvial a modo terrestre) bien habilitados, carta de navegación y algunas otras condiciones del mismo orden.

El corredor biológico mesoamericano (CBM), proyecto del Banco Mundial para reconstruir los pasos de especies entre el norte y sur del continente, dictando las normas de su tratamiento futuro. Es decir, ordenándolos de acuerdo con los criterios de legibilidad, eficiencia y productividad mencionados arriba. Los dos puntos neurálgicos de este corredor se encuentran en la Selva Lacandona (México) y en la Selva del Darién (Panamá). Ambos constituyen encrucijadas bióticas donde confluyen especies de biomas* diferentes y se generan nuevas especies o nuevas variantes de las ya conocidas. Esta biodiversidad comprende no tan solo los diferentes biomas y ecosistemas que se dan en el Planeta, sino también la variedad de especies presentes en los mismos y la diversidad genética que existe entre los miembros de cada especie.

Las estimaciones indican que en los próximos 20 años el consumo de petróleo de USA se incrementará un 33%, el consumo de gas natural por pozo más del 50% y la demanda de electricidad ascenderá un 45%.Y esta deficiencia crítica, que colocaba a Estados Unidos en una posición de altísima vulnerabilidad, llevó a repensar la funcionalidad de los recursos del Continente y a trazar planes de gran envergadura que dieran materialidad a las venas abiertas de las que hablaba Eduardo Galeano, bajo la forma de oleoductos, gasoductos y redes de generación (hidroeléctricas sobre todo) y transmisión de energía eléctrica.

PPPY, finalmente, el PPP se propuso la conformación de un mercado de trabajo único para las maquiladoras, aprovechando toda la fuerza de trabajo barata que pudiera provenir de los 64 millones de habitantes de la zona, marcadamente pobres y con un alto porcentaje de población indígena. Todos estos proyectos requieren, indudablemente, de un avituallamiento comunicacional. Completar, modernizar e integrar las rutas y puertos para garantizar los traslados ágiles y baratos, con telecomunicaciones que permitan su control y seguridad, fue quizá la propuesta más visible del PPP. Quizá también, junto con las hidroeléctricas, la más combatida.hoy el PPP se amplía incorporando a Colombia, con toda su carga militarista, y algunos de sus proyectos han ido prosperando unilateralmente o se han trasladado, por lo menos parcialmente, hacia otros planes. Tal es el caso de la iniciativa de integración energética recientemente incluida en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

PROYECTOS ECONOMICOS/MILITARES

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).El BID fue creado en 1959 para apoyar el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, justo cuando la revolución cubana empezaba a abrir nuevos cauces. En 1961 se lanza la Alianza para el Progreso (ALPRO), iniciativa contrainsurgente que intentaba impedir otra experiencia como la de Cuba, junto con la siniestra USAID* como su brazo operativo, con un objetivo similar al del BID pero con dos líneas de financiamiento: la del•La United States Agency for International Development (USAID) o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional desarrollo económico y social y la militar.

•IIRSA (La iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica)Hoy ya no se habla de la ALPRO sino del ALCA, el PPP y la IIRSA, pero la USAID y el BID siguen funcionando y, en términos generales, el marco sigue siendo el mismo, aunque los objetivos específicos y las modalidades operativas son otros.Megaproyecto de enormes implicaciones, el IIRSA pretende “… construir un nuevo paradigma para el desarrollo de la infraestructura regional, sustentado sobre los requerimientos de la demanda…” (Fonplata, 2007. Cursivas nuestras), logrando posicionarse ágilmente en los mercados europeos y los del Asia Pacífico, y en los dos flancos territoriales de la economía estadounidense.Así, en el caso de IIRSA “[se trata] de una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y el empresariado mundiales.” (Zibechi, 2006)En este proyecto los puertos se convierten en piezas clave de organización regional. Puertos en las costas, pero también sobre los ríos de gran caudal.En total se han diseñado ocho ejes transversales y dos longitudinales, con un enfoque profundamente estratégico que determina que algunas regiones particularmente importantes por su dotación de recursos se encuentren bajo el manto de dos o tres ejes simultáneamente

Los planes de seguridadCon la ASPAN da inicio un nuevo tipo de planes estratégicos o megaproyectos, que subsumen los criterios económicos en los de seguridad, justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de las soberanías nacionales. Si bien estas soberanías se encontraban ya seriamente cuestionadas por la creación de una normativa supranacional, de nivel superior a las legislaciones internas de las naciones implicadas en los tratados de libre comercio, los planes de seguridad tienden a crear complicidades y supranacionalidades en todas las actividades de prevención, combate, y control del narcotráfico y el terrorismo, manteniendo peligrosamente la ambigüedad con la que estos han sido reconocidos como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Integraciones como la de ASPAN, que extiende el homeland (territorio interno) estadounidense por el norte hasta tocar los glaciares, pasando por los yacimientos de petróleo, de metales estratégicos, y por los bosques canadienses, y por el sur hasta la frontera con América Central, abarcando nuevamente la zona de yacimientos petroleros, las minas, la única selva tropical húmeda del norte de América, y el territorio que más trabajadores migrantes o maquiladores aporta para el desarrollo de la economía del gran coloso, se complementan con planes que se implantan para el combate al narcotráfico, pero que tienen muchas otras derivaciones y fuertes implicaciones de soberanía y jurisdicción. El Plan México o Iniciativa Mérida, gemelo del Plan Colombia, se perfila como el soporte financiero a las actividades de readecuación de policías, militares y cuerpos híbridos mexicanos por parte de los instructores de operación e inteligencia norteamericanos, de su equipamiento, pero también de actuación directa de los cuerpos de seguridad estadounidenses en territorio mexicano.

Iniciativa Mérida abarca la zona de Centroamérica, de modo que perfila una actividad de vigilancia y control integrada, con bancos de datos comunes y acciones supranacionales, contra-delincuenciales y contrainsurgentes. Y, tomando en cuenta la manera como se han modificado las concepciones de terrorismo o de criminalidad en los códigos penales recientemente modificados en toda la región, se podría afirmar que lo que prevalece en iniciativas como la Mérida es el carácter contrainsurgente, aunque sigan apareciendo como iniciativas antinarcóticos.

Muy reveladora de esta visión de conjunto resulta la lista de focos de atención que identifica Barnett. En ella se incluyen países que ni están en guerra ni están cercanos a tenerla, pero que son blancos estratégicos en otro sentido o por otras razones, como Brasil y Argentina:“My list of real trouble for the world in the 1990s, today, and tomorrow, starting in our own backyard: 1) Haiti; 2) Colombia; 3) Brazil and Argentina; 4) Former Yugoslavia; 5) Congo and Rwanda/Burundi; 6) Angola; 7) South Africa; 8) Israel-Palestine; 9) Saudi Arabia; 10) Iraq; 11) Somalia; 12) Iran; 13) Afghanistan; 14) Pakistan; 15) North Korea; 16) Indonesia” (Barnett, 2003).

la franja más rica en recursos naturales estratégicos que hay en el planeta, en la que se justifica la intervención de Estados Unidos por la supuesta “ingobernabilidad” y la incapacidad de los propios Estados de la región para hacer respetar las “reglas de la democracia” –tal como son definidas por el propio hegemón. Casi en su totalidad las áreas intensivas en biodiversidad, los yacimientos de agua, petróleo y gas, y los de metales para usos esenciales quedan comprendidos en el gap (Mapas 2 y 3)

No obstante, han sido también, en su mayoría, profundamente desestructuradas y reprimidas 1.El primer elemento a ser movilizado es el tecnológico, teniendo su epicentro en la esfera militar. La tecnología, a la usanza capitalista, es sin duda la manera privilegiada (aunque evidentemente no la única) de establecer espacios privados de control y ventajas que generen condiciones para la construcción y el ejercicio del poder.

El establecimiento de normatividades universales, supranacionales y supraculturales es uno de los terrenos importantes para validar el dominio total y ha sido un acompañante fiel de la expansión militar. A través de la acción de organismos y políticas internacionales como el FMI, la OMC, el BM y la ONU, no sólo se han impuesto normas casi planetarias sino que se indujo el cambio en las legislaciones particulares de muchos países para destrabar protecciones en el uso de los recursos o en el cuidado de la población. Entre otras cosas, las legislaciones correspondientes a propiedad intelectual con las que se conculcan conocimientos comunitarios y prácticas de vida tradicionales y las legislaciones relativas a los medios masivos de comunicación por los cuales se transmiten imaginarios y se crean sentidos comunes.

En el campo de los minerales metálicos, hay varios que además de su esencialidad son considerados estratégicos por parte de EE.UU. por encontrarse fuera de su territorio directo o de sus áreas de influencia seguras.

PROPUESTAS:

Lucha por las garantias individualesInvitar a que la poblacion ejerza su garantia individual numero 10

“el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas”el Estado: “Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás”. Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.

Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. “Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad”. 1 al 29 de la Constitución. Éstas “establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal”

Miguel Pickard, du Réseau mexicain d’action contre le libre-échange (RMALC);André Maltais; Samir Amin.

•la militarización de México proviene de un plan de USA, según Miguel Pickard, México ha sido llamado a jugar el rol de « sembrar la discordia » en la América latina que bien o mal intenta unirse contra Washington.

Los jefes de estado mexicano, Felipe Calderón, y de Estados Unidos Georges W. Bush reconocen la existencia de un proyecto de ayuda militar para México (Washington accorderait au Mexique au moins 100 millions de dollars au cours des deux prochaines années. La ayuda tomara la forma de tecnologia de espionaje, de aviones transportadores de tropa y de entrenamiento para fuerzas militares y policiacas)

Trente hommes d’affaires ? Dans le paradis néolibéral du PSP, c’est en effet le Conseil nord-américain de la compétitivité [2] -constitué par dix chefs d’entreprise par pays- qui a été chargé l’an dernier par les gouvernements de dessiner les contours du futur espace économique, social et politique commun.

A Montebello, les trente « global leaders » ont donc présenté aux responsables politiques l’avancée de leurs travaux sur l’’« harmonisation » des législations nationales et la « sécurisation » de l’approvisionnement en ressources naturelles et énergétiques !. Les treize années d’expérimentation de cet accord, comme la procédure choisie pour sa nouvelle version, présagent des résultats attendus : nivellement par le bas des réglementations sociales et environnementales, alignement des politiques publiques (notamment militaires et fiscales) sur Washington, nouvelles explorations minières, privatisation du pétrole et de l’eau, etc.

Carlos Fazio El Plan México: militarización, daños colaterales y soberanía

André Maltais•Militarisation de la société«  Même si le président non élu du Mexique affirme qu’aucun soldat états-unien ne mettra les pieds en territoire mexicain, il

n’en demeure pas moins que les entraîneurs militaires et le personnel technique états-uniens permettront au FBI, à la CIA, au Pentagone et à la DEA de disposer de données stratégiques à jour sur le Mexique  ».

«  Et, comme en Colombie, ajoute Pickard, on assistera rapidement à une montée notable de l’ingérence dans les affaires tant intérieures qu’extérieures du Mexique ».

De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de “que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley”, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González. Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y “mucho menos” en la impunidad. ―Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia”.

LA RESISTENCIA:abogado Hernández Monge : los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. “Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte” Por ello, indica, “hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas‖. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, ―que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando”. Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, ―cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica‖.

Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. “Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatar”.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, más no extinto.

En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático ―Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública‖, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.

El documento (Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado ) expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido ―rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública‖. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y ―con esa franqueza‖ respecto del problema de inseguridad. una lista de causas,:• corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas. Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, ―el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país.• apunta la ―ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado;

Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la ―plena seguridad para la propiedad, la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el ―replanteamiento‖ de ―la relación entre el Estado y las iglesias. está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón. DERECHOS HUMANOS“―En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes”.

Jorge Luis Sierra especialista en Seguridad Nacional:México 2030, Proyecto de Gran Visión. ―Es contradictoria desde el momento en el que le quieren retirar al Congreso la capacidad de definir las situaciones de emergencia para solicitar la suspensión de las garantías individuales y, por lo tanto, solicitar la actuación del Ejército y de la Armada de México en caso de emergencia‖. “Pero ahora el Ejército está operando sin respaldo jurídico; está actuando al margen de la Constitución”. Por ello, señala, en esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional, “lo que intentan es resolver un problema coyuntural con un respaldo jurídico; pero no están resolviendo un problema estratégico, que es la debilidad de las instituciones policiacas, la corrupción de los órganos de seguridad pública y la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia organizada”. Respecto de los tiempos, agrega: “Si de esa plataforma van a hacer una política que va a durar cuatro sexenios, para que finalmente lleguemos al México que se imaginaron esos expertos, ahorita deberíamos estar ya muy cercanos al cumplimiento de la cuarta parte”. No obstante, indica que “el sexenio del presidente Felipe Calderón está en la recta final sin que veamos un asomo de que el Estado ha terminado con la delincuencia organizada”. en años recientes, “el gobierno ha tenido que recurrir a los líderes pasados de los sistemas de inteligencia, para poder reformar los sistemas y capacitarlos para actuar en contra de la delincuencia organizada, pero no se ve que haya una integración en los sistemas de inteligencia civil y militar. En algunos casos, el sistema de inteligencia predominante es el militar”. El experto en seguridad nacional detalla que esa desintegración a nivel de política de seguridad ha sido una de las cusas por las cuales México fue rebasado por la delincuencia. Jorge Luis Sierra estima que “el presidente Calderón tiene una gran responsabilidad en estos rubros. Está a punto de concluir su sexenio y la situación que está atravesando el país demanda que el presidente siente (ponga) aunque sea la primera base de una estrategia a largo plazo. Ojalá lo pueda hacer, ojalá se encuentren las condiciones. Lamentablemente, hasta el momento no hay evidencia de que eso esté sucediendo”.

El Siglo XXI, después de treinta años de reestructuración neo-liberal que permitió transformar las legalidades de la economía, parece haber iniciado con un desplazamiento del eje ordenador desde la producción y el mercado, donde las normas parecían estar suficientemente establecidas con la intervención de las instancias internacionales de reglamentación, supuestamente consensuales, como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), hacia instancias explícitamente disciplinadoras como las militares.Este desplazamiento del eje es el signo de una crisis que no tiene salida fácil. La apertura de mercados, la ampliación de las expropiaciones ocurrida bajo el manto de la privatización y la aparente igualdad de condiciones que ofrecen las normas universales, a la vez que favorece indudablemente la concentración de capitales y del poder mundial, genera una inseguridad que lo amenaza desde los lugares que desconoce porque nunca quiso reconocer

Según Héctor Francisco Castañeda Jimenez, antiguo encargado de procedimientos Penales ante la PGR, los ingresos por las ganancias del trafico de drogas asciende a 27 MMD (Mil Millones de Dólares) en 1995, o sea equivalente a las exxportaciones de 1993. Mencionado por Isabelle Vagnoux en su libro “Les Etats Unis et le Mexique”

A pesar de que el consumo de droga es débil en México el gobierno mexicano mantiene y permite que agentes de la DEA se inmiscuyan en investigaciones en nuestro territorio; ello significa burlarse de nuestra soberanía y darle al imperio manga ancha en sus intentos geopolíticos de dominio militar.

Según Proceso del 15 de mayo del 1995, pag 53, el blanqueo de dinero es una realidad entre los bancos del sudoeste de USA u las casa de cambio del norte de México. Aproximadamente 500000 cheques son depositados cada año en dichos bancos, de aproximadamente 65000 dólares cada uno( según un banco de Arizona), solo el 10 % de los cheques eran inferiores a 10000 dólares. La corrupción es un hecho también en USA con los agentes de inmigración de California, Texas, Nuevo México y Arizona 48 agentes fueron acusados y encontrados culpables de delitos ligados al narcotráfico. El TLC ha ayudado a facilitar vías al Narco, amen de que han invertido masivamente en compañías transportistas en la frontera.

La ocupación de Veracruz en 1914 a nombre del gran principio de la democracia, así como de múltiples violaciones territoriales sin mencionar el dominio económico de USA, han obligado a nuestro pueblo Mexicano a desarrollar un sentido agudo de nacionalismo, de la autodeterminación y de la soberanía nacional.

 Jean-Pierre PETIT-GRAS 5 mars 2010Mexique : crime organisé, terrorisme d’EtatSes objectifs sont au contraire très clairs, pour qui suit d’un peu près cette macabre actualité. Il s’agit de nettoyer les campagnes, d’en finir avec les communautés paysannes et indigènes, avec ces formes archaïques de propriété collective, avec l’organisation traditionnelle qui permet l’autonomie alimentaire... Le « progrès » et le « développement » doivent passer à tout prix dans le pays. Ce progrès, c’est l’urbanisation massive des populations, leur entrée dans l’économie de marché, la production et la consommation industrielles. Et le développement, c’est l’agriculture intensive destinée à l’exportation et à l’alimentation des villes qui débordent : tomates, agrumes, avocats, soja, gigantesques batteries de cochons et de poulets, maïs et palme africaine pour la fabrication des agro-carburants. Le tout servi par une main d’oeuvre, en partie infantile, quasiment gratuite. Ce sont aussi, bien sûr, les barrages inondant les vallées fertiles, les autoroutes passant à travers les territoires sacrés des nations indiennes, les ports pétroliers, le bétonnage massif des côtes, les projets « éco-touristiques (1) » et la prolifération des marinas de luxe. C’est la levée du moratoire sur les maïs OGM, qui permettra aux multinationales de l’agro-business (Monsanto, Cargill, Syngenta) de contrôler la culture de cette plante, inventée et développée depuis des millénaires par les paysans amérindiens, et le formidable marché que représente sa consommation dans un pays où elle demeure le principal du bol alimentaire. C’est enfin l’invasion de la nourriture poubelle, et des fameux sodas qui font exploser les chiffres du diabète et des maladies cardio-vasculaires. Et si l’attrait de la « vie en ville », la séduction des programmes d’assistance et de privatisation des terres ne suffit pas, le « progrès » recourt à la force.

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD. Son los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violación, la prostitución o el embarazo forzado, el secuestro y la desaparición forzada de personas , el apartheid y otros “actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Departamento de Justicia de la Casa Blanca afirmaba que podía justificarse el recurso a la tortura en la lucha contra el terrorismo, con argumentos de legítima defensa [...] algunos actos ‘crueles, inhumanos o degradantes’ pueden no ser considerados legalmente como tortura [...] ‘el dolor físico considerado como tortura debe ser equivalente a la intensidad del dolor que acompaña las lesiones físicas, como el daño a los órganos o a las funciones corporales, o incluso la muerte’”

Desde fines de la década del 90, la resistencia popular al proyecto norteamericano viene in crescendo, con un aumento en los niveles de organización y coordinación del campo popular. Este proceso obliga al fortalecimiento del aparato represivo militar pensado por el Departamento de Estado norteamericano y se traduce en un incremento de los ejercicios y planes de adoctrinamiento aplicados a las Fuerzas Armadas locales. Tal como viéramos, estos planes y ejercicios trabajan con hipótesis de conflicto ajenas a la defensa de la soberanía de los países donde se realizan. En cambio, el esquema está diseñado según las necesidades de la potencia del Norte. De lo expuesto se desprende que el verdadero objetivo apunta a entrenar y conformar una fuerza multilateral que responda a la doble necesidad norteamericana: el control del enemigo interno y el control de los recursos naturales del continente. Estos objetivos se concretarán a través de la mano de obra militar con el fin de ocupar nuevos territorios (como Irak o, para mencionar un ejemplo más cercano, Haití).Uno de los conceptos que sirven a este fin es la definición de un nuevo «enemigo», utilizado para lograr cohesión dentro de la nación norteamericana, en tanto se lucha contra un factor externo que amenaza con destruir su hegemonía.Ya no se trata de combatir sólo al comunismo, sino que lo que se infiltra al interior de la sociedad –como viéramos en el documento republicano Santa Fe IV– es «el narcoterrorismo».

La Resistencia Popular al proyecto norteamericano

Luego del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, y con la publicación del documento de la Casa Blanca conocido como «doctrina Bush», la tendencia se refuerza y se convierte en política oficial de Estado. Los conceptos de «guerra preventiva» y la división del mundo entre el «eje del mal» y el «eje del bien», conllevan una demonización de cualquier tipo de oposición, y todo cuestionamiento es percibido por el poder como complicidad con el narcoterrorismo.En paralelo, en 1999, los sucesos de Seattle2 evidencian un movimiento mundial que avanza en la organización de la protesta. Y en 2000 y 2001 los estallidos y las rebeliones se multiplican, incluyendo las jornadas de desobediencia civil del 19 y 20 de diciembre en la Argentina. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez continúa en el poder con un programa abiertamente antiimperialista, que se expresa, por ejemplo, en la nacionalización de los recursos nacionales de ese país, en especial el petróleo.Estos evitan deliberadamente tanto los análisis clasistas como los análisis transformadores, y muestran el exterminio de poblaciones de gran parte del planeta como un proceso natural.Si bien Estados Unidos siente que no logra la cooptación completa de los gobernantes locales, estos permiten que se aplique la estrategia norteamericana de militarizar la región, apelando a la coerción por medio del desarrollo de su aparato bélico, que es hoy el más poderoso del mundo. Así intentan acallar las voces que cuestionan al sistema cristalizadas en los nuevos movimientos sociales del continente..

Política oficial de Estado “la doctrina Bush”

Esta asimetría de poder en el plano militar determina que, en este momento, la lucha debe darse especialmente en el campo cultural y de las ideas.Las ideas críticas al documento de Bush aparecieron, por ejemplo, en la voz de teóricos como Immanuel Wallerstein, quien instaló en la opinión pública estadounidense el debate en torno a un posible derrumbe del sistema de poder, como consecuencia de fisuras internas en el consenso brindado por los ciudadanos norteamericanos. Así, Wallerstein considera que Estados Unidos pierde su «crédito ideológico»3 y asegura que quedará aislado por la ausencia de legitimidad doméstica.En este sentido destacamos la vigencia del concepto teórico del Estado-Nación y su aplicación concreta en América Latina. En particular cuando los gobiernos definen las estrategias de defensa nacional. El adoctrinamiento de nuestras Fuerzas Armadas viene a demostrar que existe una responsabilidad local para sostener el dominio continental norteamericano. La propia lógica de dominación capitalista requiere cada vez más de una fuerza de ocupación latinoamericana que imponga el orden en los países con altos niveles de insurgencia.No podemos dejar de mencionar aquí la responsabilidad de los sucesivos gobiernos constitucionales en la Argentina al permitir la injerencia norteamericana y el predominio de la ideología neoliberal.4Tanto los ex presidentes Carlos Menem como Fernando De la Rúa o Eduardo Duhalde aplicaron las propuestas estadounidenses en materia de Defensa autorizando la realización de los ejercicios liderados por el Comando Sur y apoyando proyectos como el Plan Colombia.

Así, para cada momento histórico se invocó un enemigo que justifica la aplicación de su estrategia de «seguridad nacional»: ayer el comunismo, hoy el terrorismo internacional y el narcotráfico.Intentamos con esta investigación realizar un aporte desmitificador de los argumentos utilizados por los Estados Unidos para encubrir sus intenciones imperialistas.Al develar la metodología sistemática utilizada para permanecer y consolidarse como la potencia más poderosa del mundo, comprendemos la necesidad de construir día a día contrahegemonía, en el marco de un proyecto alternativo que respete las particularidades de cada cultura y el derecho de cada pueblo.El objetivo es y será la construcción por parte de las clases subalternas de un programa que las reúna para organizar un proceso revolucionario. Éste deberá contemplar los intereses de las mayorías y la soberanía nacional, poniendo el foco en la protección de los recursos naturales y estratégicos. El horizonte será el cambio de las relaciones sociales de producción, el fin de la explotación, un mundo en el que los lazos de solidaridad y cooperación sean anclajes para un verdadero desarrollo de las potencialidades humanas, dejando atrás definitivamente la pobreza, el hambre, la exclusión, la dependencia y la represión.

3.3 EL DOCUMENTO SANTA FE IV Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGOEl documento Santa Fe IV, redactado con el fin de orientar ideológicamente la política exterior de Estados Unidos para el Cono Sur, describe un conjunto de elementos que –según sus autores, fuertemente conservadores9– conducen a la declinación de Estados Unidos. Abarca desde aspectos económicos y políticos, hasta sociales y ambientales, entre otros. El texto, publicado a fines del año 2000,10 compila tales factores en la llamada «lista de las nueve D»: defensa, drogas, demografía, deuda, desindustrialización, democracia populista posterior a la Guerra Fría, desestabilización, deforestación, y la propia declinaciónde los Estados Unidos.Encontraremos aquí una reafirmación de los ideales de la doctrina Monroe, que muestra sin reparo sus intenciones políticas anexionistas a través de un plan estratégicamente pensado y con una cuidadosa definición de los enemigos.9"El principal redactor-asesor es Roger W. Fontaine –estrechamente ligado a Richard Allen, asesor jefe de Reagan para América Latina–, a quien se le suma el ultraconservador Lewis Arthur Tambs –de gran influencia sobre Bush (padre) y editor de Santa Fe I–, Gordon Sumner, David C. Jordan, Francis Bouchez, así como el general John K. Singlaub –ex comandante de las tropas estadounidenses en Corea del Sur y Jeane Kirkpatrick, delegada del gobierno de Reagan en la ONU.» Ver artículo de Andrés Moreno-Brecha publicado en Rebelión: www.eurosur.org/rebelion/ddhh/docum_santafe260201.htm

La misma Jeane Kirkpatrick formuló la opinión que les merecía a los conservadores el entonces presidente:La política estadounidense debe ser reestructurada, de manera que suprima el énfasis de la administración Carter en cuanto a los derechos humanos y otras tonterías intelectuales del mismo jaez.17En 1978, luego de que el Congreso norteamericano los ratificara, se votaron dos enmiendas al texto original: la Enmienda De Concini y la Reserva Nunn.18 La primera estableció que, si el Canal fuese cerrado o entorpecido, cada parte podría llevar a cabo las medidas pertinentes para regularizar el funcionamiento de la vía interoceánica; y que, si la situación lo ameritaba, estas medidas podían incluir el uso de la fuerza militar.19 Ello implica que en la actualidad, en caso de que guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes colombianos afectaran con sus actos el Canal de Panamá, Estados Unidos podría invocar esta Enmienda. Así, ante la primera percepción de una eventual acción en las cercanías del Canal, el texto podría servir como excusa para el despliegue de las fuerzas armadas norteamericanas.

Construcción del enemigoLa figura del enemigo tiene un rol fundamental en la escena política, en tanto sirve para movilizar aliados, y genera un incentivo para la cohesión y la unidad necesarias para deshacerse de él. Murray Edelman señala en su libro La construcción del Espectáculo Político que cuando la existencia de un enemigo ayuda a reunir apoyo a un régimen o causa:

(...) quienes construyen un enemigo tienen todas las razones para perpetuar y exagerar la amenaza que él plantea.21Estas construcciones no son meras ficciones producto de la imaginación de un grupo de estrategas, sino que se producen sobre la base de elementos extraídos de hechos reales. Sin embargo, estos elementos son manipulados para lograr un efecto específico en la opinión pública, que visualizará la imagen del enemigo construido.También se menciona como amenaza a la prensa, ya que es un espacio en el que, a pesar de la concentración de medios y el control gubernamental sobre la información, aún hay lugar para los aportes de ciertos autores críticos al sistema, como Noam Chomsky, James Petras, Ignacio Ramonet, Ellen Meiksins Woods.Estas voces también se oyen en las universidades, el tercer ámbito consideradopeligroso y de «infiltración comunista».Hemos observado hasta aquí de qué forma se construye, entonces, la figura del «enemigo» en el imaginario social, para legitimar políticas de gobierno ante una población aterrorizada. En las propias palabras del jefe de campaña de los republicanos, Karl Rove:

(...) si pudiéramos hacer de la seguridad nacional el tema primordial de la campaña, entonces seremos capaces de ganar porque la gente se aglutina en torno al poder si se siente atemorizada.30 La utilización del enemigo político para legitimar el poder data del año 63 A.C., cuando Cicerón la usaba ante el senado romano con el mismo fin,31 y continúa vigente en la política contemporánea.

Los marines llegaron ya

Finalmente, Estados Unidos tiene a México donde quería: en la fase de colombianización. Es decir, al borde de una intervención larvada y por etapas del Pentágono. Pasaron 13 años desde que el entonces secretario de Defensa estadunidense William Perry dijera ante 10 mil soldados y cadetes y la plana mayor de las fuerzas armadas mexicanas, en el Campo Militar No. 1, que la seguridad nacional entre su país y México era el tercer vínculo sobre el que ambas naciones cimentarían una relación unida, ya, por lazos políticos y económicos.Los últimos residuos de nacionalismo castrense cedieron paso a una remozada doctrina contrainsurgente de cuño estadunidense, que tomó como el enemigo interno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al Ejército Popular Revolucionario (EPR), y en años recientes a los ejidatarios de Atenco y La Parota y los pueblos de Oaxaca.Con la coartada de la soberanía limitada y la seguridad democrática, valiéndose de eufemismos tales como la cooperación militar y las acciones mancomunadas de las fuerzas armadas de ambos países contra los cárteles de la droga, el intervencionismo bueno del Pentágono no será ahora con bombas, misiles y proyectiles, sino con asesores, agentes encubiertos y mercenarios (que bajo la fachada de contratistas privados de seguridad serán los encargados del trabajo sucio en la guerra de Felipe Calderón contra los malos).Pero se intensificará con la ampliación de la llamada Iniciativa Mérida, que al final resultó que era el Plan México disfrazado, símil del fracasado Plan Colombia, según reveló sin aspavientos Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Y cosa curiosa: Mullen, el militar de más alto rango de la administración de Barack Obama, cuyo comando había identificado a México como un Estado fallido próximo a un colapso rápido y repentino, y por tanto sujeto de una intervención militar de Estados Unidos, no acaparó las primeras planas a su paso por México.La razón es obvia: ya había hecho su tarea. La guerra de intoxicación mediática que arreció en vísperas y tras la asunción de Obama en la Casa Blanca en enero pasado, en la que participaron el presidente saliente, George W. Bush (México, primera línea de guerra), el jefe del Pentágono, Robert Gates, y los titulares de los principales organismos de seguridad e inteligencia de la administración demócrata (CIA, FBI, DEA, Seguridad Interna) lograron construir la noción de México como Estado fallido, para el aterrizaje suave, ahora, de la ayuda invasora (Javier Ibarrola dixit) que salvará a México de los malos.

Washington libra una guerra asimétrica contra México, con apoyo de sus alfiles locales. La guerra infinita de Bush contra el terrorismo –un enemigo sin fronteras– fue impuesta a Canadá y México por conducto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005), y ante los fracasados intentos por fabricar una narcoguerrilla creíble, bajo el calderonismo adquirió la forma de una guerra a los cárteles de la droga, como elemento idóneo para la construcción social del caos y el miedo.En ello han venido trabajando, sin éxito aparente por ahora, expertos en detonar desenlaces sociales y políticos mediante operaciones de guerra sicológica orientadas a direccionar y controlar la conducta social masiva.La guerra asimétrica o de cuarta generación es descentralizada, dispersa y utiliza escenarios combinados sobre un territorio. En su desarrollo se borran las fronteras entre el soldado y los civiles, entre los campos de batalla y la seguridad urbana, y adquiere la forma de una violencia social extrema y sin orden aparente de continuidad. Elementos que están presentes en el México actual, un día en Ciudad Juárez, otro en Uruapan o Reynosa, otro más en Cancún o La Marquesa.Dado que el empleo planificado de la propaganda y el uso de tácticas y estrategias de control social mediante la manipulación informativa y la acción sicológica le son consustanciales, en este tipo de guerra los medios de difusión masiva son los nuevos ejércitos de conquista. El bombardeo militar es sustituido por el bombardeo mediático. Las consignas y las imágenes sustituyen a las armas de destrucción masiva. Sólo que las consignas de Calderón en pro de una cruzada masiva contra los malos (vamos ganando por goleada, “negociar con el narco, idea estúpida”, sin esta guerra el próximo presidente sería narcotraficante) y las imágenes con montañas de decapitados desnudos y otras expresiones de violencia extrema, así como la operación limpieza de malos funcionarios (impuesta por el Congreso bipartidista de Estados Unidos para liberar los fondos del Plan México) y los llamados a los comunicadores a ejercer un periodismo patriótico no prenden todavía en las audiencias objetivo del mensaje.

se busca anular la capacidad de pensar. Son consignas dirigidas a destruir el pensamiento reflexivo (información-procesamiento-síntesis) y a sustituirlo por una sucesión de imágenes sin resolución de tiempo y espacio (alienación controlada). El objetivo es que la gente no piense información (el qué, por qué y para qué de cada noticia), sino que consuma órdenes sicológicas direccionadas, de manera acrítica y pasiva. Cuando los medios bombardean a Bin Laden o Al Qaeda, se están consumiendo consignas de miedo asociadas con el terrorismo islámico. Igual ocurre con Los Zetas y otras fabricaciones en México. Sólo que aquí es una guerra de malos contra malos en un Estado fracasado. Y para que México no colapse, Obama ya enviará a sus marines. A eso vino el almirante Mullen.La brecha chiapaneca En el contexto de la estrategia de ocupación de espectro completo (full spectrum) que lleva a cabo Estados Unidos en México, por sus características particulares Chiapas ocupa un lugar central en el mapa del Pentágono. La geografía chiapaneca forma parte de la brecha (the gap) en la que se ubican las zonas de peligro sobre las que el hegemón del sistema capitalista mundial debe tener una política agresiva de prevención, disuasión, control e imposición de normas de funcionamiento afines a los intereses corporativos con casa matriz en la nación imperial, pero también de persecución, desarticulación y eliminación de disidentes o insurrectos, considerados enemigos.

Cabe reiterar que no se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. La guerra es la forma esencial de reproducción del actual sistema de dominación; la guerra es consustancial a la actual fase de conquista y reconquista neocolonial de territorios y espacios sociales. Pero es también un negocio, una forma de imponer la producción de nuevas mercancías y abrir mercados con la finalidad de obtener ganancias. En ese contexto, la brecha chiapaneca se ubica en un área intensiva en biodiversidad, donde existen grandes recursos acuíferos, petróleo y minerales de uso estratégico, todo lo que da sentido práctico rentable a su apropiación territorial y espacial. Por todo eso, el EZLN, sus bases de apoyo y aliados significan un peligro real, un desafío estratégico para Washington y las grandes corporaciones de los sectores militar, petrolero, minero, biotecnológico, agroalimentario, farmacéutico, hotelero, refresquero y del falso ecoturismo, que hoy libran una sórdida guerra por la tierra y el territorio chiapaneco. Quienes se encuentran en los espacios y territorios donde existen agua, bosques, conocimientos ancestrales, códigos genéticos y otras mercancías son, quiéranlo o no, enemigos del capital. Por eso asistimos a una ofensiva conservadora que, bajo la forma de una guerra integral encubierta, asimétrica, irregular, prolongada y de desgaste, busca disciplinar, doblegar y/o eliminar la resistencia del campesinado indígena rebelde para llevar a cabo una restructuración del territorio de acuerdo con los intereses y requerimientos monopólicos clasistas. Se trata de una guerra privatizadora, de despeje territorial y despojo social, que echa mano de la militarización y paramilitarización del conflicto, de la contención de los movimientos sociales y la criminalización de la protesta para facilitar la libre acumulación capitalista de las trasnacionales y sus aliados vernáculos, mediante un agresivo modelo dominante de agricultura y del espacio rural; un modelo de muerte en beneficio del gran capital.

Desde entonces, como parte de la misma estrategia de ocupación de espectro completo diseñada por el Pentágono, la geografía chiapaneca se llenó de retenes y vehículos militares artillados; reaparecieron los operativos de disuasión e inteligencia, los patrullajes y sobrevuelos en zonas consideradas focos rojos, y se reposicionó al Ejército en comunidades con antecedentes de resistencia civil, al tiempo que autoridades locales y federales llevaron a cabo desalojos violentos y reubicaciones forzosas de comunidades indígenas en la Reserva de Biosfera de Montes Azules y otras áreas, como parte de una estrategia de despeje y control territorial que, disfrazada de un espíritu conservacionista, busca desplazar a la población para facilitar la apropiación y mercantilización de la tierra y los recursos naturales por el gran capital. Eso explica, también, que articulados desde la sede de la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo, grupos paramilitares como la OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) y el llamado Ejército de Dios (bajo disfraz evangélico) estén hostigando y destruyendo comunidades zapatistas.

En la que fue tal vez su última aparición pública, en diciembre de 2007, el subcomandante Marcos advirtió sobre la reactivación de las agresiones militares, policiales y paramilitares en la zona de influencia zapatista. Dijo: Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras. Anunció entonces que el EZLN entraría a una nueva fase de silencio y que se preparaba para resistir solo –abandonado por la intelectualidad progresista y de izquierda ante el supuesto “bajo rating mediático y teórico” del zapatismo– la defensa de la tierra y del territorio recuperado desde 1994 y bajo control de las autonomías, ante la nueva ofensiva que preparaba el émulo de Victoriano Huerta, Felipe Calderón, con su capitalismo de cuartel.

Dominación de espectro completo

En el marco de un amplio y continuado proceso de reingeniería militar y social que abarca a varios países del subcontinente latinoamericano, la administración Obama-Clinton consolida su escalada guerrerista en la región, enviando ahora 13 mil 329 soldados y civiles a la pacífica Costa Rica. En días pasados, la aprobación por la Asamblea Legislativa costarricense, dominada por una alianza de derecha, de la llegada de soldados del Pentágono al país, vino a consolidar el corredor militarista conformado por la dupla contrainsurgente Colombia-México, que había sido reforzado con el golpe de Estado cívico-militar en Honduras en 2009, la instalación de siete bases en territorio colombiano, la ocupación humanitaria de Haití y el emplazamiento de cuatro nuevas posiciones castrenses en Panamá. La virtual anexión de México y la reconquista de Centro y Sudamérica forma parte de un vasto y larvado proceso de control de poblaciones, que se combina con la ocupación, cuadriculación y ordenamiento integral de territorios, y una refuncionalización de espacios geoestratégicos altamente rentables desde la óptica del gran capital (vía megaproyectos que abarcan cuencas de grandes ríos, acuíferos, corredores biológicos, hidrovías, carreteras, ferrocarriles, materias primas, cables de fibra óptica, etcétera), que arrancó de manera temprana con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), siguió a comienzos del siglo XXI con el lanzamiento del Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que en su fase más cercana abarca a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLC militarizado, 2005) y la Iniciativa Mérida (2007).

Desde el punto de vista militar, en los espacios de la periferia la nueva estrategia de dominación pos-Panamá (donde por medio siglo estuvo instalada la sede del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos hasta 1999) está basada en la guerra asimétrica, una forma de conflicto irregular contra no-Estados (o enemigos ubicados en países denominados por Washington como Estados fallidos), sin restricciones de fronteras y donde desaparecen o se hacen difusas las reglas de juego y los códigos internacionales que regulan los conflictos bélicos y los derechos humanos. Países sumidos en el caos y la desestabilización, donde aparecen -como sucedió antes en Colombia y ocurre ahora en México- la tercerización y las redes de outsourcing, bajo la forma encubierta de cuerpos de seguridad privados subcontratados por la Defensa estadunidense para realizar tareas propias de la guerra sucia (mercenarios, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y de limpieza social), en el marco de una militarización exacerbada de sociedades enteras, merced a una dramatización propagandística de nuevas amenazas, lo que en el caso mexicano cobró vida con la guerra de Felipe Calderón contra algunos cárteles de la economía criminal previamente seleccionados, que en la coyuntura operan como enemigos asimétricos asimilados al terrorismo (narcoterrorismo), funcionales al nuevo modelo de dominación en ciernesTodo ello, con la consiguiente cesión de autodeterminación y soberanía nacional, incluidas las labores de inteligencia y control migratorio (tras la imposición de las míticas fronteras inteligentes del TLC plus), que han quedado bajo control directo y en tiempo real de organismos de seguridad estadunidenses, que operan en territorio mexicano. En ese contexto, bajo la excusa de fortalecer la capacidad militar para combatir al narcotráfico y establecer una relación duradera para cooperar en futuros aspectos de seguridad mutua, miembros del Ejército y la Marina de Guerra de México están siendo entrenados en el Comando Norte de Estados Unidos en programas de contrainsurgencia aplicados en Irak y Afganistán, experimentados antes en Colombia.

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Según el nuevo jefe del Comando Norte, James Winnefeld, su prioridad número uno será la asociación con México, país donde, dijo, existe un enemigo interno que vive entre los civiles. Dado que el nuevo tipo de guerra irregular es altamente violatorio de las leyes que regulan los conflictos bélicos y los derechos humanos (como está comprobado en Colombia, Afganistán, Irak y Ciudad Juárez), el curso abarca talleres y conferencias para integrar a la currícula de litigantes militares mexicanos. En un país que vive un incipiente proceso de afganización (o colombianización, Calderón dixit), la tácita equiparación de los cárteles de la drogas con los talibanes afganos, hace prever una acentuación de tácticas bélicas irregulares (la contrainsurgencia clásica renovada), lo que a la postre derivará, como en Colombia, en una intervención y ocupación militar estadunidense del territorio nacional.En abono de lo anterior, organismos estadunidenses, como la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) y el Centro para Política Internacional (CIP), han señalado que la administración Obama-Clinton continúa con la tendencia a la militarización de la era Bush y concede atención insuficiente a los derechos humanos. Según WOLA, este año 47 por ciento de los 3 mil millones de dólares de ayuda estadunidense a América Latina se destina a fuerzas militares o policiales, la mayor proporción en una década. Si a ello se le suma el relanzamiento de la IV Flota del Pentágono en las aguas azules y marrones del Hemisferio Occidental, las bases en Colombia y Panamá, el golpe en Honduras, la ocupación de Haití, la guerra irregular urbana en Ciudad Juárez y la llegada ahora de los marines a Costa Rica, la dominación de espectro completo se consolida en el eje conservador dependiente México-Colombia.

Alcalde, Javier (2004). Los Estados Fallidos: La influencia del desarrollo. Lima: Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP).

Efectivamente, nuestro país reunía varias de las características que permitían identificar a un “Estado fallido”: violencia política, prácticas “terroristas” por parte de los “carteles” contra poblaciones alejadas e indefensas y masacres planeadas, elevada corrupción en el sector público, deterioro del nivel y calidad de vida. Estos fueron los rasgos en los que nuestro pa ís destacaba, haciéndose merecedor a dicho calificativo.

Stratfor Global intelligenceMexican Drug Cartels: Two Wars and a Look Southward Dec. 16, 2009 Shortly after his inauguration in 2006, President Felipe Calderon launched a major campaign targeting the cartels, which he viewed as a major threat to Mexico’s security and stability.

Violence in 2009 has again reached unprecedented highs. Chihuahua state has accounted for nearly half of the organized crime-related deaths in Mexico so far in 2009, despite having the highest concentration of security forces in the country. And Juarez continues to be the epicenter of the violence in Chihuahua state as the Sinaloa cartel and the Juarez cartel struggle for control of the Juarez plaza. Another large source of violence has been the emergence of La Familia on the national and international drug-trafficking scene, as the organization looks to expand its territory beyond its home of Michoacan. La FamiliaLa Familia is unique among Mexico’s drug-trafficking organizations (DTOs) in that it seems to be an ideological movement that uses the proceeds from the business side to fund the spread of its unique “religion,” while most DTOs are run as strictly profit-driven businesses. In April, during a Mexican government investigation of the group, several documents were discovered, including a booklet that appears to be a moral code of conduct for La Familia members. Much of the booklet is devoted to pseudo-religious quotations from a man called “El Mas Loco” (the craziest one), also known as Nazario Moreno Gonzalez.

Gulf Cartel At the beginning of Calderon’s campaign against the cartels, the Gulf cartel was considered the most powerful drug-trafficking organization in Mexico. At its height, in the first half of the decade, much of the Gulf cartel’s true power came from its former enforcement arm, Los Zetas. Today, however, the two are separate entities, with Los Zetas the dominant organization and controlling much of the Gulf’s former territory. After nearly three years of bearing the brunt of Mexican military and law enforcement efforts, the Gulf cartel is now a shell of its former self, but the long-standing connections its leaders and operators have forged from careers in the drug-trafficking industry still make the group a relevant entity on the Mexican narcotics scene. The relationship between the two organizations reportedly became strained over the course of 2009 with the Gulf leadership refusing to take orders from Los Zetas leader Heriberto “El Lazca” Lazcano Lazcano in a surprising role reversal. Despite this reported rift, the two organizations continue to work together when their interests align. The leadership of the Gulf cartel is shared between Antonio Ezequiel “Tony Tormenta” Cardenas Guillen, brother of former Gulf leader Osiel Cardenas Guillen, and Jorge “El Coss” Costilla Sanchez. A senior leader of the Gulf cartel and probably the third in command, Gregorio “El Caramuela” Sauceda Gamboa, was arrested by the federal police in Matamoros, Tamaulipas state, in May.

Los Zetas Over the past year, Los Zetas have held firm to their position as one of the most powerful cartels operating in Mexico and have been working to extend their presence and power southward into Central America from their core area of operations along Mexico’s eastern coast and the Yucatan Peninsula. The organization remains under the control of leader “El Lazca” Lazcano Lazcano. There have been rumors that Lazcano Lazcano has been trying to consolidate control over what is left of the Gulf cartel and integrate the remaining personnel into Los Zetas’ operations, but these reports have not been confirmed. Miguel “Z-40” Trevino Morales remains the second in command of the organization and oversees operations throughout Mexico and Guatemala. After a rash of arrests targeting Los Zetas at the end of 2008, which included the arrest of Los Zetas third-in-command Jamie “El Hummer” Gonzalez Duran in November of that year, it appears that Miguel Trevino Morales has taken more of an active role in operations along the Tamaulipas border region. Miguel’s brother, Omar “Z-42” Trevino Morales, appears to have stepped in to fill the role of Gonzalez Duran in the wake of his arrest. Los Zetas continued to maintain a working relationship with the Beltran Leyva Organization throughout 2009. The two groups forged a relationship when BLO initially split from the Sinaloa cartel in late 2007. As with many inter-cartel alliances, this one formed when the two groups realized they had mutual interests, including a new common enemy in Joaquin “El Chapo” Guzman Loera and the Sinaloa cartel. It was even reported that BLO ordered the hit on El Chapo’s son in Culiacan, Sinaloa, in May 2008 and that it was carried out by members of Los Zetas. Since then, Los Zetas has been working as muscle for the BLO, while the BLO has utilized the Los Zetas trafficking network to smuggle cocaine and heroin from South America into the United States.

Beltran Leyva Organization After a very active 2008, the BLO maintained a relatively low profile through much of 2009. Once the BLO had secured its territory in mid-2008 after its split with the Sinaloa cartel — the BLO/Sinaloa battle for territory accounted for a significant portion of the violence in Mexico in early 2008 — the cartel focused on consolidating and streamlining its narcotics smuggling operations. After that period of consolidation, the group went on the offensive again in October and November, when it teamed up with Los Zetas to target La Familia in Guerrero and Michoacan states .

Sinaloa Cartel The Sinaloa cartel is not a single cartel group, but a network of smaller cartels headed by the world’s most wanted drug lord, Joaquin “El Chapo” Guzman Loera, who appeared on the Forbes list of the richest people in the world in 2009. In spite of the turbulence and infighting caused by the losses of the VCF and BLO from the Sinaloa federation in 2008, the Sinaloa cartel has remained resilient, active and on the offensive throughout 2009 and remains the most formidable and dominant cartel group in Mexico. Guzman’s partners — Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, Ignacio “El Nacho” Coronel Villareal and Juan “El Azul” Esparagoza Moreno — each have their own network, and they continue to work together to traffic narcotics northward from South America. The Zambada Garcia network experienced a setback when Zambada Garcia’s son, Vicente Zambada Niebla, was arrested in Mexico City. Zambada Niebla was a key money launderer and financier in the organization and served in an important logistical role when needed. His absence, however, does not appear to have significantly affected the group’s operations.

The conflict in Juarez and Chihuahua state between the Sinaloa cartel and the Juarez cartel has undoubtedly been the primary focus of the Sinaloa cartel over the past year. The conflict, which was initiated by the Sinaloa cartel as it attempted to wrest control of Juarez away from the Juarez cartel, has essentially resulted in a stalemate between the two groups. The pitched battle for control of the lucrative Juarez plaza is exhausting large amounts of money and other resources. The Sinaloa cartel has also remained active in Central and South America in 2009 in an attempt to exert greater control over the flow of weapons and narcotics from South America into Mexico. The Sinaloa cartel maintains a significant presence in the territory along the Pacific coast of Mexico and the Sierra Madre Occidental. While the violence between the Sinaloa cartel and the BLO has declined significantly, the overlap in their geography has resulted in periods of open conflict, particularly in the state of Sinaloa. There have also been reports and rumors that the Sinaloa cartel could be making another push for control of the Monterrey and Nuevo Laredo smuggling routes. While there is no indication of a push having begun yet, these rumors do not come without precedent. Much of the violence witnessed in 2007 stemmed from the Sinaloa cartel’s attempts to wrest control of these same lucrative plazas away from the Gulf cartel and Los Zetas. Should Sinaloa conduct a sustained operation to take over these plazas, we can expect to see similar levels of violence, which will exacerbate already critical levels of violence in Mexico.

Vicente Carrillo Fuentes Organization/Juarez Cartel Also known as the Juarez cartel, the VCF is based out of the northern city of Ciudad Juarez, Chihuahua state. The cartel is led by Vicente Carrillo Fuentes, who took over after the 1997 death of his brother, Amado, the cartel’s founder. In 2009, the Juarez cartel has maintained its long-standing alliance with the Beltran Leyva Organization and reportedly has developed a working relationship with Los Zetas. The VCF is yet another Mexican DTO that has fallen significantly in the past year. The VCF and its enforcement arm, La Linea, have been locked in a nearly two-year battle with their former partner Guzman Lorea and the Sinaloa cartel over control of the Juarez plaza. The prolonged conflict has taken its toll on the VCF and has forced the cartel to resort to other criminal activities to finance its ongoing battle, primarily kidnapping, prostitution, extortion and the retail sale of drugs to the domestic market. With the growth of the domestic market in Juarez, the VCF has begun to engage in turf battles through proxy street gangs, namely the Aztecas (the Mexican syndicate of the U.S. prison/street gang Barrio Azteca), which is a primary reason for the incredible levels of violence currently seen in Juarez. Los Aztecas are fighting against the Sinaloa cartel-affiliated gangs Artistas Asesinos and the Mexicles. The VCF, in its weakened state, has been forced to focus inward on its core geography and has not been able to project its influence any farther than the greater Juarez area. The VCF was dealt yet another blow when the organization’s number two in command, Vicente Carrillo Leyva, was arrested in Mexico City in April. Carrillo Leyva, Amado’s son, reportedly was responsible for the group’s financing and money-laundering operations.

Arellano Felix Organization/Tijuana Cartel The Arellano Felix Organization (AFO), also known as the Tijuana cartel, is based in the far northwestern state of Baja California, across the border from San Diego, Calif. With the arrests of all of the Arellano Felix brothers and several other high-ranking members, infighting eventually led to the once-powerful AFO splitting into two factions in 2008 — one led by Arellano Felix’s nephew, Fernando “El Ingeniero” Sanchez Arellano, and the other led by Eduardo Teodoro “El Teo” Garcia Simental. Garcia initially sought the support of AFO rival and Sinaloa leader Joaquin “El Chapo” Guzman Loera after the split. As 2009 draws to a close, it is now thought that Garcia is essentially a Sinaloa proxy in the greater Tijuana area. The Sanchez faction has remained relatively dormant throughout 2009, aside from minimal levels of narcotics smuggling as seen by the discoveries of smuggling tunnels under the border.

Justificando el uso del ejercito.Circumstances have left Calderon with few options: The military remains the most reliable and versatile security tool available to the Mexican government. While Calderon’s goal is to hand over all law enforcement tasks to a professionalized local, state and federal law enforcement apparatus, the military will not fade away completely from Mexico’s war against the cartels. In many ways, the Mexican military is the only security force with the capability to carry out essential elements of an effective counternarcotics strategy. Such tasks as technical intelligence gathering, maritime and aerial reconnaissance, and interdiction are best engaged in by the armed forces, which have the appropriate training and equipment to carry out these vital anti-cartel operations. On a more basic level, the military is also the only security force in Mexico that can match the cartels’ fire power. Weapon seizures throughout Mexico routinely net fragmentation hand grenades, rocket and grenade launchers and even the occasional .50-caliber sniper rifle, arsenals that Mexican law enforcement cannot counter — especially when such weapons are wielded by ex-special forces soldiers in Los Zetas and the Kaibiles. Any legislative or judicial effort to withdraw the armed forces from certain law enforcement tasks will leave the government with fewer options in battling the cartels and in a more precarious position. In an effort to ease some of the criticism, Calderon announced an agreement at the closing of the 27th National Public Security Council meeting in November to establish a system for evaluating security policies and force performance. However, Calderon made it clear in his November mid-term speech that the military is the only option at this point. Of course, using the military to fight the drug war also has made it vulnerable to corruption by the cartels, which have started to target military units for recruitment, and the amount of money involved will eventually cause the corruption to spread into the military just as it did into law enforcement agencies.

Estimates of the annual toll of organized crime-related deaths at the time this report was written ranged from 6,900 to more than 7,300, with only a few weeks left in 2009. Hence, 2009’s death toll will easily shatter the previous annual record of approximately 5,700 set at the end of 2008. The geography of the violence in Mexico has remained relatively static from the end of the 2008 throughout 2009. Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacan and Baja California were the five most violent Mexican states in 2009 — and all happen to be the five most violent states during Calderon’s term. Chihuahua state once again sits at the top of the list, with nearly 3,200 deaths so far in 2009, more than 2,100 of which occurred in Juarez alone. The extraordinary levels of violence seen in Juarez and Chihuahua state can be attributed to the conflict between the Sinaloa cartel and the Juarez cartel. One factor that has likely played some part in the staggering death toll in Juarez is the fact that the conflict is being played out on two levels: among cartels and among street gangs. The two enforcement arms of the Juarez and Sinaloa cartels, La Linea and Nueva Gente, respectively, have been waging war against each other since the beginning of the Juarez conflict in early 2008. However, a new front opened up in 2009 on the street. The enormous concentration of security forces in the greater Juarez area has stifled smuggling operations into the United States, which in turn has led to a flood of drugs in the greater Juarez area, drastically increasing the size of the already expanding domestic drug market. This has made retail sales in the greater Juarez area a much more reliable source of revenue, which is needed to pay for the weapons and enforcers being consumed in the battle for control of Juarez.

The results presented in the presentarticle attest to the links between the growth of organized crime and that ofcorruption in the public sector in a large number of countries. The two typesof complex crime reinforce each other. To identify and isolate the influentialfactors behind the growth of corruption in the public sector and organizedcrime,

CONTROLLING ORGANIZED CRIME AND CORRUPTIONIN THE PUBLIC SECTORby Edgardo Buscaglia and Jan van Dijk*

La estrategia del gobierno es negociar con elcrimen organizado: BuscagliaSe pretende que antes de 2012 el cártel de Sinaloa se consolide y déa cambio estabilidad

The results of the analyses reported here have shown that levels of organized crime and of corruption in the public sector are determined first and foremost by the quality of core public state institutions, such as the police, prosecution and the courts. Independently from these institutional determinants, high levels of organized crime and corruption are linked to low levels of human development. This result points to the vicious circle of poverty exploited and compounded by organized crime and grand corruption. In extreme cases, dysfunctional state agencies are “captured” by organized crime.The results of the authors’ study confirm the hypothesis that organized crime and corruption prosper in an environment of bad governance.Insufficiencies in the area of economic and financial regulation and poor legal-judicial infrastructures are among the many aspects of governance that appear to be relevant to crime control. This is true for developing countries in general and for countries in post-conflict situations in particular.The list of countries and territories with dysfunctional state functions, rampant organized crime and corruption and stagnant economies is by comparison depressingly long [19]. In that context, by strengthening their capacity to prevent and control organized crime, countries can eliminate a major impediment to human development.

Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida en su contexto histórico, Abelardo RodríguezEste escenario continuó estable hasta la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC), en 1994, que se enmarca en una situación geopolítica distinta. Desde la perspectiva mexicana, el TLC es de carácter eminentemente económico-comercial; pero, desde la óptica de Estados Unidos, responde a consideraciones geopolíticas que van más allá. En este sentido, es prudente preguntar, en materia de seguridad, hasta qué punto pudo anticipar México la importancia de la amplitud de miras por parte de Estados Unidos. Existen evidencias de que no hubo una política de anticipación que respondiera a la dimensión geopolítica del TLC por parte del Estado mexicano. Esto se vuelve evidente si consideramos la crisis del peso acaecida entre 1994 y 1995, entre los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. No se tomó en cuenta que, a partir de la guerra fría, la economía se ha considerado cada vez más como un asunto de seguridad nacional; es decir, que cada vez se da más peso a la idea de estabilidad económica como componente esencial en materia de seguridad.Entonces, como resultado de la crisis en México, desde 1995 se incrementó el acercamiento entre el Departamento de Estado norteamericano y el gobierno mexicano con miras a abordar la relación binacional desde este concepto más amplio de seguridad.La visita del Secretario de Defensa William Perry a nuestro país del 20 al 22 de octubre de 1995 terminó de afianzar este ‘tercer vínculo’. El siguiente paso se dio durante el sexenio de Vicente Fox, entre el año 2000 y el 2001, mediante diversos intentos infructíferos por crear un Consejo de Seguridad Nacional.En todo caso, desde los atentados, el gobierno estadounidense ha definido repetidamente a Norteamérica como una región amplia y una nueva área de seguridad, cuyo manejo adecuado supone una necesidad de primer orden. Esto se refleja en la creación del Departamento de Seguridad Interior, del Comando Norte y la Ley Patriota. Es, también, lo que da sentido a la creación del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

Para concluir, en marzo de 2007 se suscribió un acuerdo entre ambos gobiernos:establecer un nuevo marco que gobierne la relación bilateral en materia de seguridad, llamado entonces ‘Plan México’. El 22 de octubre este marco tomó forma concreta, ya catalogado como Iniciativa Mérida. En ésta, Estados Unidos ha seguido insistiendo en entender al narcotráfico en términos de terrorismo; es decir, en relación con la llamada guerra global contra el terrorismo, íntimamente vinculada con la guerra que libra en Irak.México, por su parte, ha intentado centrar la discusión en torno al narcotráfico y a la necesidad de compartir los costos asociados a todo intento por ponerle cotos. Entonces, frente a estos acontecimientos, es preciso que nos preguntemos: ¿será la Iniciativa Mérida el marco más importante desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Puede servir como base para una política de Estado en materia de seguridad que se encuentre en relación con una idea de soberanía acorde con un entorno global? ¿Establecerá una política de seguridad en la que la participación de la ciudadanía, la sociedad civil organizada y la academia resulte fundamental?

Como ilustración, se puede tomar el golpe militar del ejército colombiano contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentes en territorio de Ecuador, en el que se utilizó exitosamente la detección satelital como táctica militar y estrategia de defensa para localizar y neutralizar al hombre más buscado por la Central Intelligence Agency (CIA) en Latinoamérica, en un movimiento impensable sin la cooperación estadounidense con las fuerzas armadas colombianas. Más allá de las consecuencias políticas y las posibles violaciones al derecho internacional, la medida fue de un éxito indiscutible, ejemplo de un operativo militar y de inteligencia impecable. En el mismo tenor, se busca sintonizar los sistemas electrónicos de México y Estados Unidos, de modo que se generen nuevas posibilidades para la acción contra futuras amenazas a la seguridad.La iniciativa contempla, además, diversas medidas para sanear las instituciones débiles, atrasadas o infiltrables por narcotráfico y corrupción (como puede ser el Instituto Nacional de Migración, los órganos de la Secretaría de Gobernación dedicados a la inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal Preventiva y todo el sistema de justicia criminal), así como para el fortalecimiento de algunos programas de la Procuraduría General de la República, como OASIS, un programa informático, y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (CENAPI). Además, para complacer a los congresistas estadounidenses que pueden boicotearla, contempla asignar recursos para el trabajo en materia de transparencia, respeto a los derechos humanos y combate a la corrupción. Por último, se encuentra la parte que no le gusta a algunos mexicanos: las cantidades asociadas al programa de apoyo. Para ello, se cuenta con un presupuesto de mil cuatrocientos millones de dólares, dividido en paquetes, que pueden llegar a sumar quinientos millones de dólares en un año. Esta cifra es aún provisional, pues requiere la aprobación del Congreso estadounidense, pero, seguramente, será aceptada en el futuro próximo.

Una ilustración es el debate en torno a la asignación de recursos por cien millones de dólares en forma de helicópteros, pero que conlleva la aceptación de inspectores extranjeros: la Secretaría de la Defensa tiende a tomar la posición de que el Estado mexicano cuenta con suficientes recursos para costear su propio armamento, por lo que abrir la puerta a la injerencia extranjera supone una injustificada pérdida de soberanía.

En México, el cuarenta y cuatro por ciento de los trabajadores sólo tienen contrato verbal, sólo uno de nueve está sindicalizado y la mayoría carece de seguridad social. Sólo dos de cada diez alumnos de primaria acaban una carrera. En esta situación, los mexicanos que van buscando el sueño del dólar salvador son cada vez más numerosos, y su situación en los Estados Unidos es cada vez más precaria.Si acaso la iniciativa puede conseguir un relativo control del narcotráfico, no busca detener sus causas subyacentes y las múltiples consecuencias que poco a poco se han ido filtrando por el tejido social. El origen de nuestros problemas en materia de seguridad no es el narcotráfico, a pesar de que en este ámbito se hagan particularmente patentes, sino muchas y difundidas patologías sociales. Es necesario analizar los problemas de raíz y debatir los problemas conjuntos, de modo que se puedan establecer rutas de cooperación para emprender acciones sanas para ambos países.La situación bilateral implica una posición de dependencia y asimetría de poder militar y económico, que nos hace muy vulnerables y debiera invitar a la cautela; en especial en un contexto en el que se ha olvidado el lugar de la frontera como espacio de vital importancia humana, económica y cultural y en el que la soberanía es tan difusa que se encuentra arrebatada por el proceso de globalización.

sería necesario que el gobierno estadounidense impulsara medidas de mayor control, en especial en materia de tráfico de armas, cuyos flujos tienden a replicar los del transporte de drogas, pero en sentido inverso. Otro ejemplo es el control que se debe tener sobre el lavado de dinero. Es decir, ha resultado barato políticamente achacarnos los cambios a nosotros, lo que resulta especialmente absurdo si se toma en cuenta que existen tantos intereses asociados al tráfico de drogas, y sus fenómenos asociados, en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos hay una intensa persecución por delitos contra la salud; pero nunca se capturan capos estadounidenses, sino sólo extranjeros.

En lo que a la soberanía se refiere, ¿qué tanto nos va a afectar la implementación de la Iniciativa Mérida? ¿Qué tanto se va a meter el gobierno de Estados Unidos en la toma de decisiones?Existe un consenso entre las teorías de las relaciones internacionales, ya sea desde el realismo, el neorrealismo o el constructivismo, que establece que si un Estado no puede gobernarse de manera independiente, se pone en riesgo su existencia como actor en el sistema internacional.Es preciso, también, considerar que las dimensiones de la seguridad nacional como concepto son muy distintas en ambos países. En México, desde la doctrina de guerra, mencionada con anterioridad, se limita a la defensa interior y al resguardo de las fronteras; sin embargo, en Estados Unidos es una idea mucho más amplia, que incluye una dimensión internacional y geopolítica.

Ricardo Macouzet. Hay quien piensa que la soberanía es un concepto anticuado, decimonónico, pero sigue estando vigente. Sin embargo, debemos reconocer que, con el cambio en el entorno internacional, el concepto ha tenido que mutar para tener sentido: existen nuevos acuerdos e instituciones a nivel supranacional y ya no se tiene el mismo control. Si se define soberanía como el control absoluto de los asuntos internos, cualquier acuerdo internacional sería violatorio. Si, por otro lado, aceptamos que la cooperación entre naciones es posible, legítima e, incluso, necesaria, necesitamos replantear nuestra idea de soberanía; y, en estos términos, los límites y alcances de nuestra relación con Estados Unidos.

2 Edgardo Buscaglia es Experto en temas de corrupción de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito, pertenece al plantel de académicos de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, y es Director del Centro para el estudio de la economía y del derecho internacional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia. Posee un doctorado en Derecho y un doctorado en Economía por la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Illinois en Urbana Champaign respectivamente.Samuel González Ruiz es Asesor Interregional de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de drogas y Prevención del Delito; ha sido titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Coordinador de Asesores del Procurador General de la República, y Secretario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en México; es Doctor en Derecho por la Universidad de Milán-Bolonia. Stefano Fumarulo, Master in Laws en Cooperación Internacional en la Lucha contra los Crímenes Transnacionales en la Universidad de Teramo, Italia.César Prieto Palma ha sido fiscal federal en la Unidad Antinarcóticos en México, está redactando su Tesis Doctoral con el tema el tipo penal de la delincuencia organizada, por la Universidad de Salamanca, España.

TerrorismoEs importante subrayar que el Consejo de Seguridad con esta Resolución (4385a. sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001, aprobó la Resolución 1373 ) decide, entre sus disposiciones, que los Estados “prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo”; que “denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugios”; que “aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos”. Al mismo tiempo se exhorta a los Estados a una eficaz cooperación en el ámbito judicial y a nivel investigativo.15Delincuencia OrganizadaEn la Conferencia Mundial de Nápoles de 1994, se estableció la necesidad de elaborar una Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como resultado, en menos de 3 años de negociaciones se llegó a la adopción de un texto que, sin duda, será un importante referente en la determinación de las maneras más efectivas de combatir la delincuencia organizada transnacional. El consenso internacional se mostró claramente en la Conferencia Internacional de Firma del instrumento que fue suscrito por 124 países en Palermo, Italia, en diciembre de 2000.

PROPUESTAS:Para este efecto, nosotros exponemos aquí algunas recomendaciones que pueden servir para que los países desarrollen una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, que tengan como metas la desarticulación de las organizacionescriminales, la limitación de sus actividades y la confiscación de sus bienes. En este sentido podemos afirmar que los elementos generales a considerar pueden ser:los aspectos legales, en los cuales pueden adoptar algunas de las dos formulas (pertenencia o participación) de penalización de la participación en un grupo delictivo organizado, contempladas en la Convención de Palermo;el diseño de las instituciones policiales, fiscales, judiciales y de ejecución de penas, que puedan ser eficaces y eficientes, frente a una criminalidad que utiliza organizaciones complejas como uno de los elementos más importantes de su existencia;la formación de expertos en las investigaciones contra la delincuencia organizada para que no este en manos de personas con conocimientos empíricos en materias vinculadas a la complejidad de las actividades criminales. Estas materias incluyen las dimensiones financieras, psico-sociales, criminológicas, legales y económicas que dan la vida a las organizaciones criminales. Por ejemplo, esel caso de las investigaciones financieras en delincuencia organizada – que representan un instrumento clave contra el aparato circulatorio de toda organización criminal;el desarrollo de estrategias de aplicación de las leyes contra la delincuencia organizada, que al ser extremadamente intrusivas, deben ser aplicadas solo excepcionalmente, ya que si se aplican de manera expansiva a casos y condiciones para las que no estaban previstas, se podrán producir consecuencias no deseadas. Por lo que es importante construir diques de contención internos o externos dentro de las instituciones que les corresponderá aplicar estas leyes. Estos diques en la aplicación de leyes contra la delincuencia organizada brindarán una mayor seguridad jurídica frente a la aplicación arbitraria de los medios de lucha, tales como la ampliación de los plazos de investigación, el arraigo para investigación, los testigos colaborantes, las operaciones encubiertas y entregas controladas, las intervenciones telefónicas y ambientales, y como ya lo mencionamos las investigaciones financieras. Los controles de la decisión, ya sean centralizados o descentralizados, internos o externos, son un elemento necesario que debe ser contemplado en la construcción de una estrategia nacional contra la delincuencia organizada;en consecuencia, el material probatorio ha de ser analizado y valorado en su conjunto30, buscando integrar siempre de manera armónica las pruebas. Ya que, como lo hemos sostenido, en asuntos de delincuencia organizada estamos en presencia de una actividad criminal que se extiende en el tiempo, y que es un delito continuo respecto de los delitos-predicado y un delito continuado respectodel delito de delincuencia organizada.

Los países que han utilizado mejores prácticas en la lucha contra los grupos terroristas han adoptado políticas económicas y sociales que van mas allá de las simples medidas legales antes descritas, para así también romper con estos vínculos entre corrupción, terrorismo y delincuencia organizada. Algunas de estas medidas abarcan el área política e incluyen:Alcanzar una mayor eficacia de las instituciones estatales en la provisión de servicios básicos, tal como el servicio de resolución de disputas, para así impedir que la sociedad acuda a organizaciones criminales terroristas como mecanismo alternativo;una mayor estabilidad de las instituciones políticas;una mayor transparencia en el proceso electoral que muchas veces se ve sesgado por su financiamiento ilegal;una mayor fortaleza y activismo de la sociedad civil en su rol de monitores y colaboración con las instituciones del estado;Entre los aspectos económicos que hacen a aquellas mejores prácticas en la lucha contra las actividades de grupos terroristas organizados se pueden incluir:la reducción en la incidencia y tamaño de los mercados ilícitos e informales que alimentan las actividades económicas que financian al terrorismo;las mejoras en la distribución del ingreso y de la riqueza;la reducción en las barreras al intercambio internacional de bienes y servicios;la existencia y más coherente aplicación certera de regulaciones financieras que a la vez puedan ser implementadas a través de agencias especializadas de investigación financiera y a través de las superintendencias financieras correspondientes.Desde el punto de vista social, incrementos en los niveles de pobreza y los niveles bajos en los salarios de empleados públicos también estimulan niveles masivos de corrupción que a la vez incrementan la inestabilidad política que a la vez estimula la penetración del estado por parte de organizaciones criminales nacionales o lo que es peor transnacionales, que a su vez pueden ser organizaciones terroristas.

ONU 2008Estimaciones de esa Evaluacion sugieren que en 2006 pueden haber salido de America del Sur con destino a los Estados Unidos entre 530 y 710 toneladas metricas de cocaina.8 De esa cantidad, se cree que en 2006 aproximadamente el 90% ha transitado por el corredor de Mexico y America Central. En la Evaluacion tambien se supone que el 66% de la cocaina que salio de America del Sur con destino a los Estados Unidos en 2006 circulo por el vector del Pacifico oriental, lo que representa un aumento con respecto al ano anterior (50%).

La firma de la Convención en Palermo en diciembre de 2000 marcó un hito en el fortalecimiento de nuestra lucha contra la delincuencia organizada. Insto a todos los Estados a que ratifiquen la Convención y sus Protocolos cuanto antes y a que pongan en vigor esos instrumentos sin demora.Kofi A. AnnanSecretario General

Convención de las Naciones Unidas contra la DelincuenciaOrganizada TransnacionalAdoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000,mediante Resolución A/RES/55/25

Artículo 4Protección de la soberanía1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Artículo 7Medidas para combatir el blanqueo de dinero1. Cada Estado Parte:a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles deutilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de la presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacionale internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos.Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.

3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

Pocos golpes a la economía criminal el doctor Alberto Montoya Martín, Organización Editorial Mexicana, 28 de marzo de 2010 El ciclo económico del sistema de economía criminal debería ser el hilo conductor de cualquier estrategia para desmantelar el narcotráfico. Sin embargo, desde 1989 en que se criminalizó el lavado de dinero en México hasta la fecha, solamente se han obtenido 26 sentencias contra acciones en la materia, por lo que la mayor parte de las utilidades del narcotráfico están cerrando el ciclo inversión-obtención de utilidades.Mientras tanto, el aumento del desempleo y la pérdida de cohesión social en las familias y comunidades se ha traducido en la extensión hacia amplios sectores de la sociedad de los grupos dedicados al sistema de la economía criminal, señala el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana y vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales AC. Apuntala su planteamiento al señalar la estimación realizada por la Secretaría de la Defensa: Cuando menos medio millón de mexicanos obtienen su subsistencia económica a través de su participación en la producción o comercialización de drogas ilegales."los campesinos pobres y los narcomenudistas en las zonas urbanas de consumo deben ser considerados los eslabones semiesclavizados de la cadena económica del narcotráfico". Menciona otra estimación: "Alrededor de 50 mil indígenas de 60 comunidades intervienen en la siembra de drogas“. Y ejemplifica con el caso de Guerrero, en donde 70 por ciento de la población indígena carece de ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos, salud, vivienda o vestido. La participación de campesinos en las cadenas económicas de producción de estupefacientes se explica de manera importante por el desmantelamiento de la política de soberanía agroalimentaria en pro de una política de dependencia alimentaria, que ha generado la pérdida de 6 millones de empleos en el campo desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.Las principales víctimas del sistema de economía criminal, como productores, consumidores, participantes en las fuerzas de seguridad o en las redes de la economía criminal combatidas por ellas, son los millones de jóvenes del campo y la ciudad que han visto frustradas sus posibilidades de acceso a la educación o al mercado de trabajo. "Los jóvenes pobres son los que alimentan en su mayoría tanto a las fuerzas armadas como a las organizaciones criminales"

Artículo 8Penalización de la corrupción1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias para tipificar como delito la participación como cómplice en un delito tipificado con arreglo al presente artículo.4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la presente Convención, por "funcionario público" se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función.

Artículo 9Medidas contra la corrupción1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida en su actuación.Artículo 12Decomiso e incautación1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado.5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Edgardo Buscaglia, especialista en delincuencia organizada: "La economía de México está infiltrada al 78%" por los CartelesArtículo publicado en la edición del 17.04.09 ”Le Monde”Profesor en la Universidad de Columbia, Nueva York, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Edgardo Buscaglia, reconocido especialista en delincuencia organizada en el Instituto de Formación de Operaciones de Paz de los Estados Unidos, el análisis de Le Monde, la situación de seguridad en México.Entre los 107 países en los que Yo evaluó las actividades de la delincuencia organizada, México ocupa el quinto lugar, detrás de Afganistán, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Pakistán.

La Convención de Palermo [que define los instrumentos de la comunidad internacional contra la delincuencia organizada] identifica 24 tipos de delitos, y los mexicanos están involucrados en todo menos en el tráfico de materiales nucleares. El cártel de Sinaloa tiene activos financieros en 28 países, incluidos China y la India. La economía de México está infiltrada al 78% - en Guatemala, que alcanza un 85% - lo cual preocupa a los inversionistas que vienen a verme discretamente.Desde 2008, un estudio norteamericano reveló que, en el 63% de los municipios de México , existe una infraestructura criminal conocida por la población así como por las autoridades. En México, la prostitución infantil se practica enfrente de las narices de la policía. Y creo que el 8% de los municipios son "serviles" con el crimen, en el sentido que aumenta los impuestos y mantiene el monopolio de la violencia.

Los mexicanos no se equivocan al insistir en que los Estados Unidos sufren de un aumento significativo de la corrupción por la delincuencia: que causó 200 acusaciones en 2008. Sin embargo, las autoridades de los EE.UU. son capaces de impedir que el Estado sea "capturado". México corre en este sentido un verdadero peligro. Utiliza el 46% de los criterios de la Convención de Palermo, pero apenas el 23% de la Convención de Mérida, el instrumento de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción. Ningún país puede reducir las operaciones de la delincuencia organizada sin abordar su patrimonio.¿Qué pasa con la ley sobre la confiscación de bienes, promovida por el gobierno del Sr. Calderón?-Tiene pequeños dientes para morder, en comparación con su equivalente colombiana. Y, sobre todo, no es necesario. La Francia no tiene ninguno, pero funciona de manera efectiva para identificar los activos de origen delictivo. El problema es político: si realmente investigamos sobre los activos, tocamos (pisamos callos) a los políticos.Todavía no hay consenso entre los partidos políticos, a diferencia de Colombia o de Rusia, que se enfrentaron con una desintegración del Estado. Uno puede criticar a los poderosos métodos de Vladimir Putin, pero se debe recordar que la región de Bakú, antes de él, estaba dominada por la mafia.Los que proponen tal medida (la despenalización de las drogas) toman el rol lamentable de "idiotas útiles". Legalizar la posesión de ciertas drogas responde a intereses de salud pública, pero primero se debería establecer una infraestructura jurídica y de salud de la que México carece. Además, la regulación del mercado requiere una coordinación con otros países. Mostrar la despenalización como un medio de reducir la delincuencia es una ilusión: en el mejor de los casos, los delincuentes trasladarán sus actividades a otros campos.En México, el problema creciente es la producción de anfetaminas, más que la marihuana. En Guatemala y México, sólo el 50% al 63% de las ganancias de los carteles, son generados por la droga. ¿Seremos capaces de legalizar el tráfico de seres humanos, y volver a la esclavitud?

La delincuencia organizada en México,Rebasada por el cartel de Sinaloa7 de enero 2010 | CIUDAD DE MÉXICO, por The Economist Edición Impresa

Puede parecer incongruente ver a Felipe Calderón, quien ha apostado su Presidencia en la lucha contra la delincuencia organizada, acusado de proteger al capo de la droga mayor en México. Sin embargo, en todo el país, han colgando pancartas de los puentes de las carreteras que sugieren que el Presidente está en contubernio con Joaquín El Chapo ( "El Shorty") Guzmán- el líder del cartel de Sinaloa y, de acuerdo con la revista Forbes , el 701avo hombre más rico mundo. "Sr. Narco Presidente," denunciaba una manta vista en el estado de Veracruz en 2008. "Si quieren acabar con la delincuencia, deja de proteger a los traficantes de drogas, como El Chapo".Las banderas se colocan por los carteles de la droga rivales. Sin embargo, apuntan a una paradoja. La organización de Sinaloa (nombre de un norte-occidental estado) es responsable de alrededor del 45% del tráfico de drogas en México, reconoce Edgardo Buscaglia, un abogado y economista en el ITAM, una universidad Ciudad de México. Pero utilizando las estadísticas de las fuerzas de seguridad, se calcula que sólo 941 de las 53.174 personas detenidas por el crimen organizado en los últimos seis años estuvieron asociados con el cartel de Sinaloa . Un funcionario no está de acuerdo con estos números, y observa que varios parientes cercanos de Ismael Zambada, el co-jefe de la mafia de Sinaloa, fueron detenidos por cargos de drogas el año pasado.Sin embargo, la ofensiva del gobierno parece haber golpeado sobre todo a las otras mafias. La pandilla Arellano Félix, que aparecen en "Traffic", una película de Hollywood, se ha dividido en facciones, después de que seis de sus siete hermanos fundadores fueron capturados o muertos. La policía suele detener a los líderes de alto nivel de La Familia, una nueva mafia especializada de las metanfetaminas. En diciembre los infantes de marina, rodearon y asesinaron a Arturo Beltrán Leyva y seis de sus secuaces, que se había separado del cartel de Sinaloa en 2008. Este mes uno de sus hermanos fue detenido en Culiacán, la capital de Sinaloa. En el juego de suma-cero del tráfico de drogas, la pérdida de una banda es para otra una ganancia (por lo que "cartel de la droga" es un término equivocado). El debilitamiento de los traficantes locales en Tijuana y Ciudad Juárez, ha permitido a Sinaloa reforzar su presencia en la frontera norte de México. La muerte del señor Beltrán puede animar el Sr. Guzmán: sus hijos caigan a la izquierda de los hombres muertos.El Sr. Calderón insiste en que está atacando a todas las bandas "con fuerza, y, he de subrayar, sin distinciones."(¿!!¡¿) Algunos analistas dudan de esto. "La estrategia del gobierno consiste en centrarse en los grupos más débiles, de modo que el mercado de la delincuencia organizada gire en torno a la consolidación del cartel de Sinaloa" , dice el Sr. Buscaglia. "Ellos son la esperanza de negociar una disminución de la violencia con un solo grupo."Los funcionarios insisten en que no hay vuelta atrás a la vieja práctica en la que los gobiernos de México se hicieron de la vista gorda con las bandas de narcotraficantes, siempre actuaron con discreción. Si el cartel de Sinaloa se ha visto menos afectado, es porque funciona de manera diferente. Ha funcionado con un método "transaccional" más que "territorial", dice un funcionario. Otras bandas, como La Familia y los Zetas, un equipo particularmente violento de ex soldados, comienzan a controlar ciudades y la diversificación por medio de la extorsión y el secuestro. Cuando el gobierno despliega tropas para recuperar las calles, es cuando estas bandas se les presentan. El cartel de Sinaloa, por el contrario, se ha atenido a las drogas y al lavado del dinero y es más inteligente y más sofisticado. Se prefiere el anonimato más que a la ostentación con los demás (el Sr. Beltrán fue golpeado por invitar a un famoso acordeonista a tocar en una fiesta de Navidad). Se evita contratar a los adolescentes sin trabajo, de sus rivales bases, en favor de los graduados, la infiltración y la inteligencia. Aunque todas las bandas han penetrado en los gobiernos locales, sólo el cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva se ha descubierto que sobornaron a funcionarios de alto nivel. Los funcionarios se quejan de que los sicarios del cartel de Sinaloa reciben advertencias de los ataques a su banda. Los escépticos se preguntan si el éxito contra otras pandillas proviene de denuncias hechas por el cartel de Sinaloa.

El Sr. Guzmán sobornó para su salida de una prisión federal en 2001. Su territorio que ahora de 60.000 kilómetros cuadrados (23.000 millas cuadradas) de montañas en la que "se necesitaría 100.000 soldados que rodean la zona y aún así no estoy seguro de que hubiera éxito [en la captura de él]", dijo el funcionario.Algunos analistas trazan un paralelo con Colombia. A finales de 1980 y principios de 1990 su gobierno perseguía a Pablo Escobar y sus compinches de Medellín, cuya violencia terrorista descaradamente desafiaba al Estado, mientras que solamente después actuaron contra la mafia de Cali, que al igual que el cartel de Sinaloa, preferían el soborno además de negocios legales. A otros les preocupa que México carezca de la capacidad de agarrar a la mafia del Sr. Guzmán. Pero tarde o temprano tendrá que probarlo.

MÉXICO, D.F., 13 de febrero (Proceso).- Para el diputado por el PAN Manuel Clouthier Carrillo, el presidente Felipe Calderón ejerce una "narcopolítica" que ya situó a México en un punto de no retorno. Como expresión de ésta, dice el legislador federal a Proceso, en el caso de Sinaloa el cártel que encabeza Joaquín "El Chapo" Guzmán permanece deliberadamente intocado:

“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses, es más evidente!”,

“El punto de no retorno será cuando el costo de combatir al crimen organizado y a la corrupción que genera sea más alto que el costo de tenerlo. Y cuando el costo de combatirlo sea más alto que el costo de tenerlo, nadie le va a entrar”. “Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras, porque un cabrón irresponsable –y digo irresponsable porque es su responsabilidad– no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”

..”Nos están cociendo desde el poder: la corrupción de la sociedad sinaloense esta siendo promovida desde el poder, y nos están corrompiendo precisamente en el animo de irnos preparando para que nuestros gobernantes ya no sean los políticos de antes ni los narco-políticos de ahora, sino, finalmente miembros directos del narcotráfico”. Y agrega “Hay un convenio entre la camarilla mafiosa y el crimen organizado de al menos 10 años, y tiene ese objetivo”

U.S. and Mexico struggle to stop flow of weapons across borderWashington Post Foreign Service Wednesday, October 6, 2010; 10:19 PM Efforts to stem the smuggling of weapons from the United States to Mexican drug cartels have been frustrated by bureaucratic infighting, a lack of training and the delayed delivery of a computer program to Mexico, according to U.S. and Mexican officials. In the past four years, Mexico has submitted information about more than 74,000 guns (50 diarias)seized south of the border that the government suspects were smuggled from the United States. But much of the data is so incomplete as to be useless and has not helped authorities bust the gunrunners who supply the Mexican mafias with their vast armories, officials said.

And yet it is awash in weapons, from the ubiquitous 9mm handguns found in the glove box of every thug in Mexico to .50-caliber sniper rifles capable of downing a helicopter.As a pillar of a $1.4 billion aid program to Mexico to fight the surging violence and corrupting power of the drug cartels, the U.S. government announced three years ago that it would provide Mexico with its proprietary eTrace Internet-based system. On Tuesday in Mexico City, U.S. and Mexican officials signed a memorandum of understanding allowing for its full implementation. The ATF describes the system as "a cornerstone" of its effort to fight arms trafficking to Mexico. Users enter basic data about a weapon, such as its make, model and serial number, and then receive vital intelligence from the ATF about where and when it was manufactured and sold, and to whom. But translating the program into Spanish took two years. And since its delivery almost a year ago, only a dozen Mexican agents have been trained to use it.

Montoya Martín del Campo, en su trabajo "Desmantelar la economía criminal, regresar el ejército a los cuarteles y recuperar la soberanía y dignidad del país“el principal origen de este sistema criminal que afecta a la República está en los Estados Unidos de América y se ha expandido a todo el mundo, y a México en lo particular. Considera, por eso, que cualquier estrategia debe tomar este hecho como punto de partida."Es indudable la presencia del lavado de dinero en México en las últimas tres décadas y la cada vez mayor diversificación en ramas y sectores de todo el territorio nacional. Sin embargo, no se debe perder de vista que el origen y destino principal del proceso de acumulación de la economía criminal y la dirección de este sistema criminal se ubica en los Estados Unidos de América, país en el que se origina y acumula la parte más significativa de esta actividad", dice.Recuerda que uno de los argumentos para la venta de los bancos mexicanos a inversionistas extranjeros fueron los severos cuestionamientos por su supuesta, y en algunos casos comprobada, participación en el lavado de dinero, "cuestión que prácticamente ha dejado de ser objeto de crítica en la actualidad, una vez que la mayoría de los bancos que operan en México han pasado a ser propiedad de bancos transnacionales".Y explica que si bien el análisis del origen de las armas decomisadas a los narcotraficantes en México conduce principalmente hacia los Estados Unidos, "el eje principal del análisis y de la estrategia de supresión del sistema de la economía criminal del narcotráfico debe ser el sistema financiero", por ser el principal vehículo para la operación de dicha economía. El mismo "debe ser objeto de una legislación que permita bloquear de manera efectiva la reproducción del ciclo económico del sistema de la economía criminal, cuestión que debe tener de manera necesaria un carácter internacional“.En el caso de México, añade, "es indudable que el notable vacío en la persecución financiera del narcotráfico, no obstante las agencias que existen para ello, no ha logrado un impacto significativo en interrumpir la reproducción de la economía criminal, lo que requiere un acuerdo de carácter internacional, tanto multilateral como bilateral con los Estados Unidos".De la misma manera, agrega, es necesario "un análisis comparado de los fenómenos sociales, económicos y de procuración de justicia, del sistema de la economía criminal en los Estados Unidos, ante la evidencia de la magnitud del consumo en este país, lo que requiere identificar sus condiciones de reproducción y conducir a la identificación de las organizaciones de criminales estadunidenses y de su extensión hacia México".Y es que para él, la idea promovida en la opinión pública de un conjunto de organizaciones criminales extranjeras, que invaden y corrompen la santidad de la sociedad estadunidense no se corresponde en absoluto con la realidad, que es exactamente lo opuesto."El análisis comparado del funcionamiento de la economía criminal entre Estados Unidos y México, con relación a su magnitud, la escala del consumo, producción, lavado de dinero, violencia y corrupción que genera, legislación, sistemas de procuración de justicia, funcionamiento de los sistemas de justicia y penitenciarios, debe conducir a la exigencia de reparación de los daños que esta actividad causa en nuestro país, por los costos económicos, presupuestales, institucionales y de desgaste de nuestras instituciones“.

Menciona cuatro principales razones que explican dicho fracaso: Las extraordinarias utilidades que produce la economía criminal, controlada en último término desde los Estados Unidos en sus fases de consumo, trasiego y lavado de dinero, lo que seguirá generando necesariamente su oferta, tanto en Estados Unidos como en México y otras partes del mundo; el poder corruptor universal sobre la sociedad y las instituciones públicas que tienen las utilidades extraordinarias de la economía criminal, en la generación y legitimación de sus utilidades ilegítimas, que conlleva una violencia intrínseca para la resolución de disputas por negocios y mercados;"La necesidad de legitimación política del Gobierno federal, que ha acudido al uso de las fuerzas armadas en tareas que no están autorizadas por la Constitución, para responder con tácticas militares a un problema que no puede ser resuelto por las mismas y que requiere una estrategia integral dirigida a eliminar el origen de esta actividad criminal;y el interés geopolítico estadunidense de promover el establecimiento de un Estado policiaco en México, subordinado militarmente a los Estados Unidos, ante el evidente fracaso del neoliberalismo dependiente, con el propósito de mantener y profundizar la dependencia económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política del país, a los intereses estadunidenses .Establece que el papel funcional de la economía criminal para la subordinación de México a los Estados Unidos "se dirige hacia al eventual control de las fuerzas armadas, el sistema judicial y las policías mexicanas".Y recalca que la estrategia estadunidense se inicia con la acusación de los países de producción y trasiego de ser los principales responsables de un problema, cuyo origen se sitúa en los Estados Unidos; "se procede a utilizar el pretexto de la debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para eliminar al narcotráfico, para justificar el involucramiento de las instituciones estadunidenses de seguridad y de combate al narco en el territorio nacional; lo que se relaciona con la política del país de militarizar las instituciones responsables de contener al crimen organizado, para terminar en la última fase de este proceso con la cesión total de la soberanía de México (ejército y cuerpos policíacos) a los Estados Unidos, a través de la instalación de bases y operaciones militares estadunidenses en nuestro territorio".Comenta también que superar el deterioro social y la violencia creciente del crimen organizado requiere reconocer y actuar sobre las raíces de este grave problema dentro y fuera de nuestro país. Es indispensable, especifica, reconocer la naturaleza económica, política y geopolítica de la economía criminal, como condición para su eventual erradicación. Mantener la actual estrategia equivale a prolongar y aumentar la violencia y vulnerar la soberanía nacional.

El sistema de la economía criminal es capaz de corromper al sistema policial, de procuración de justicia, judicial, carcelario, a los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, al Ejército, medios de comunicación, partidos políticos, empresarios, políticos, organismos de la sociedad civil, miembros de las iglesias o periodistas. Su poder corruptor solamente tiene el límite de su propio poder económico extraordinario, que se amplía y reproduce de manera geométrica."Se inicia por la corrupción de las ideas, al grado que un subsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación sostuvo que: respecto de los narcotraficantes, creo firmemente que hay muchas cosas que se pueden aprender del sector del narcotráfico. Éste ha sabido identificar un mercado, así como la logística para surtirlo, aprendieron a ver la plataforma de México para surtir esto“. Si el sistema de economía criminal se propone como ejemplo de desarrollo económico y eficiencia empresarial, la nación ha extraviado definitivamente su rumbo histórico.

que la guerra contra el narcotráfico del Gobierno federal "no tiene como principal objetivo terminar con el sistema de la economía criminal, sino obtener legitimidad política interna y externa".Apuntala su planteamiento al explicar que desde la esfera del consumo no es posible justificar la guerra contra el narcotráfico del Gobierno federal, pues la cifra de adictos en México representa tan sólo el 0.40 por ciento de la población, cantidad que sin duda es importante, pues representa un total aproximado de 450 mil ciudadanos, pero que es un porcentaje muy inferior a los adictos que existen en los Estados Unidos, los países de la Unión Europea o en América Latina.

ONU 2008: Prevalencia anual del uso indebido en porcentaje de la poblaciónde 15 a 64 años de edad (si no se indica otra cosa) Marihuana: Opiáceos Cocaína Anfetaminas Éxtasis

USA 12.2 % 0.6 3.0 1.6 1.0Mexico 3.1 % 0.1 0.8 0.4 0.01

"Más bien, al contrario, lo que se demuestra es que la violencia en México ha aumentado a niveles que no se habían observado en muchas décadas, con más de 15 mil asesinatos en los últimos tres años, vinculados de una manera u otra al sistema de la economía criminal, por lo que ahora existe una violencia mayor a la que supuestamente se pretendía combatir o reducir".la respuesta del Gobierno federal ante el sistema de la economía criminal fue doble: "dar gran publicidad a un "enfrentamiento" valiente del Estado ante este flagelo, bajo el concepto de "guerra"; que al no ser una guerra contra otra nación y al sacar al Ejército mexicano a las calles, se debe concebir como un enfrentamiento con un enemigo interno que pone en riesgo la seguridad nacional", y la publicidad a favor de una reforma judicial, "que no se apega a nuestro sistema de administración de justicia, y pretende convertirlo en un espejo del sistema estadunidense, con apoyo de fundaciones de ese país".

Comenta que tal propuesta va en el sentido de centralizar los mandos policíacos, formar una policía nacional y hacer juicios orales, públicos, en los que se establezca una relación diferente entre el juez y las partes.

Uno de los señalamientos del estudioso es la severa afectación que está viviendo el Ejército mexicano por la misión encomendada por el Presidente de la República, lo que ha dado como resultado: "lo ha expuesto al poder corruptor del sistema de economía criminal, a la vez que lo ha llevado a un terreno estratégico ajeno a sus mandatos constitucionales, lo que ha propiciado su debilitamiento y eventualmente su desprestigio ante la sociedad mexicana y la sociedad internacional, pues su fracaso es seguro, dada la política que sigue el Gobierno mexicano".

Precisa que la definición de "guerra" para combatir a la delincuencia dedicada al narcotráfico "ha servido para justificar la militarización de la vida pública en México, pero no ha detenido ni las actividades ilícitas, ni la violencia de los narcotraficantes, provocando numerosos casos de violación de derechos humanos de la población e incluso asesinatos de personas inocentes".

Tal decisión, añade, es de suma gravedad para la nación, pues las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional, y una forma directa de vulnerarlas es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución, y que por la estrategia seguida, necesariamente no podrán lograr los objetivos propuestos.

"Como resultado -precisa-, cada año desertan aproximadamente 20 mil miembros de las fuerzas armadas, alcanzando una cifra de 150 mil deserciones en los últimos ocho años"; fenómeno que, afirma, "es causa de un debilitamiento del Ejército mexicano"; institución que debería ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales, y que está convirtiéndose de hecho "en proveedora de cuadros capacitados en las disciplinas militares, que ahora se dedican a la realización de actividades criminales. De esta manera, se estima que un treinta por ciento de los narcotraficantes tienen antecedentes militares".

También habla de la militarización del sistema de procuración de justicia, lo que considera preocupante, porque conlleva una grave amenaza para la democracia.

"Aunque en teoría, el Ejército es coadyuvante del Ministerio Público -explica-, de hecho, el Ejército conduce operativos de los que no están informadas otras autoridades, motivado por el riesgo de filtraciones que las puedan hacer fracasar, pero que pueden conducir al país a una situación insostenible, pues el Ejército carece de facultades constitucionales para realizar las investigaciones que debe llevar a cabo el Ministerio Público, y ahora, con las modificaciones legales, también la policía".

* MILES DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Al abundar en el tema, expresa el investigador que la militarización del sistema político, judicial y cultural conduce de manera necesaria hacia un mayor autoritarismo gubernamental y el abandono del estado de derecho.

"La militarización busca disminuir la democracia y la participación ciudadana en las decisiones fundamentales de la economía política, así como reducir la resistencia de la sociedad, reprimir la protesta y movilización social, aislar a la ciudadanía, hacer una represión selectiva de líderes sociales, obstaculizar su organización e infundir un miedo paralizante a la población, con el propósito de establecer y ocultar la vigencia de los mandamientos del consenso de Washington, a pesar de su ostentosa bancarrota a nivel mundial", señala.

Explica que la utilización del Ejército para prevenir y perseguir los delitos relacionados con el narcotráfico puede conducir al país a un estado de excepción. Recuperar el poder de las instituciones, puntualiza, "requiere la supresión del ciclo económico de este sistema, que por definición no se puede lograr tan sólo con el hecho de que el Ejército realice operativos y acciones preventivas, sin que exista una estrategia integral ante este fenómeno".

Insiste en que la militarización de la política "está conduciendo a la realización de múltiples arbitrariedades, que alcanza incluso a servidores públicos electos y altos funcionarios del sistema de procuración e impartición de justicia, a quienes se ha detenido de manera ilegal, sin respeto a sus derechos humanos, con el propósito aparente de desprestigiar a partidos políticos adversarios en época de elecciones, sin que existan responsables institucionales de estos hechos".

Recalca, además, que se han aprobado reformas a la Policía Federal, que le dan atribuciones de prevención del delito y facultades de investigación, lo que puede incidir en la utilización discrecional de la policía por parte del Poder Ejecutivo federal, al quedar fuera del control del Poder Legislativo y de la ciudadanía.

Estas modificaciones en la institución policial, considera, deben tener no sólo una legitimidad en el ámbito de la ley, sino también en la conducción y los resultados que se obtengan con dicha potestad.

Reitera respecto a la utilización de la "guerra" contra el narco bajo el comando del Presidente de la República, que parece tener más bien la intención de una autolegitimación política.Y comenta: "La perspectiva del tiempo refuerza la interpretación de la utilización política por parte del Gobierno federal de esta guerra, que ha sido dirigida ostensiblemente contra partidos opositores en el estado de Michoacán, como ocurrió durante la jornada electoral de 2009, cuando se realizó una detención de alcaldes y funcionarios responsables de la procuración de justicia, por presuntos delitos vinculados con la protección al crimen organizado, con el evidente propósito de afectar la voluntad de los votantes en dichas elecciones".

•EN PLENA GEOPOLÍTICAEn su extenso trabajo el doctor Montoya Martín del Campo refiere que el interés geopolítico estadunidense "es promover un Estado policiaco en México", ante el evidente fracaso del neoliberalismo dependiente que produce estancamiento, desempleo, aumento de la desigualdad y pérdida de competitividad económica, con el propósito de mantener y profundizar la subordinación económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política del país, a los intereses estadunidenses.

La "guerra" mexicana contra el sistema de la economía criminal, menciona, es el mecanismo que le permite al Gobierno estadunidense "incidir en las políticas de seguridad nacional, procuración de justicia, defensa y derechos humanos, a pesar de que Estados Unidos ha abandonado en su política interior el concepto de "guerra contra las drogas" y ha impedido el involucramiento directo de su Ejército en dicha "guerra".

El analista ofrece varias razones, fundamentadas en hechos, cifras y declaraciones, para sustentar sus planteamientos.Ante tal situación, concluye que la actual estrategia del Gobierno mexicano "conduce al fracaso, como es ya evidente después de estos tres años de aplicación". El camino para modificarla pasa por el reconocimiento de las causas sistémicas y los intereses geopolíticos, agrega.

Advierte, a continuación, que México debe modificar de inmediato tal estrategia que ha provocado la intensificación de la violencia, no ha terminado con la economía criminal ni su secuela de corrupción, "y corresponde principalmente al interés geopolítico estadunidense".Propone: Regresar al Ejército a los cuarteles y reforzar el apoyo al Ministerio Público federal en los operativos que sean necesarios para sus labores de investigación;

revertir las modificaciones jurídicas, institucionales y políticas que van en la dirección del establecimiento de un Estado policiaco, restableciendo el control del Poder Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones de procuración de justicia;

suspender la "ayuda" que se está otorgando al Ejército mexicano por parte del Gobierno de los Estados Unidos, para "reducir territorios ingobernados", y la cooperación militar, pues el Ejército mexicano no requiere de ninguna ayuda extranjera para realizar las misiones sustantivas que la Constitución le encomienda.

También sugiere, entre otras cuestiones: Legalizar la producción y el consumo medicinal de la marihuana y dar tratamiento de enfermos a las personas adictas, y después de hacerlo, "México debe exigir una compensación de daños a los Estados Unidos por los daños causados por el consumo de drogas en los Estados Unidos, así como promover una acción en los espacios internacionales multilaterales";

reclamar la transparencia del sistema financiero y su cooperación por mandato legal , para poder confiscar los bienes del sistema de la economía criminal, pues sus transacciones terminan inevitablemente en él.

PROPUESTAS

* Regresar al Ejército a los cuarteles y reforzar el apoyo al Ministerio Público federal en los operativos que sean necesarios para sus labores de investigación* Revertir las modificaciones jurídicas, institucionales y políticas que van en la dirección del establecimiento de un Estado policiaco, restableciendo el control del Poder Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones de procuración de justicia* Suspender la "ayuda" que se está otorgando al Ejército mexicano por parte del Gobierno de los Estados Unidos, para "reducir territorios ingobernados", y la cooperación militar* Legalizar la producción y el consumo medicinal de la mariguana y dar tratamiento de enfermos a las personas adictas

una reforma policial que reforma el artículo 21 constitucional, que antes otorgaba la facultad investigadora al ministerio público (investigación y persecución de delitos), que se auxiliará por una policía que estará a su dirección. La reforma puso en el mismo plano al Ministerio Público y a las policías que aunque estén bajo su mando, también pueden investigar. Los peritos y agentes del ministerio público, no tienen derecho a que se les reponga en su cargo aunque ganen un juicio laboral. Estas reformas debilitan al Ministerio Público.Según algunos juristas, ello crea una estructura jurídica que permitiría la represión en un momento dado, pues el Estado tiene una estructura que hace flexible la línea de la violencia legítima, para derivar en violencia institucional, según el dictado del Poder Ejecutivo. En resumen, las reformas policiacas combaten la violencia con otra violencia, en tanto que se descuida la prevención y la educación.Usar con fines electorales el combate al narco es un “populismo punitivo” que pone en riesgo el respeto a los derechos humanos

31. El TLCAN y el ASPAN constituyen acuerdos para el establecimiento de un régimen político y una economía política en México, subordinada a los Estados Unidos bajo condiciones asimétricas de derechos y deberes, que tiene características equivalentes a un régimen de segregación en América del Norte (apartheid), bajo la hegemonía de los Estados Unidos de América.32. El TLCAN tiene como objetivo la construcción de una dependencia sistémica y permanente de la economía política nacional hacia los Estados Unidos de América, mediante el propósito deliberado de erosionar la soberanía económica en una primera fase, para posteriormente avanzar hacia la pérdida de soberanía política, ideológica y militar de México.33. Este objetivo estadounidense se codificó jurídicamente en tratados internacionales en materia económica (comercio, inversión y fiscal), que por la vía de la práctica, se hacen prevalecer sobre la Constitución mexicana.34. Sobre esta base se ha avanzado en los terrenos que no incluyó el TLCAN en materia económica (energía, telecomunicaciones, banca) y en los de seguridad nacional y defensa, a través del Aspan.35. Se sustituyó y subordinó el interés de la comunidad nacional y el desarrollo pleno de toda persona/individuo, que son las finalidades de todo Estado, a los derechos de las corporaciones globales, que prevalecen sobre la estructura jurídico-política constituida por deberes/derechos del Estado Nación.36. La rectoría del Estado que establece la Constitución fue sustituida por la colonización del Estado por los intereses particulares transnacionales; la reducción del poder del Estado sobre los inversionistas globales y el abandono de las políticas de fomento económico y de promoción de la justicia social.37. Esta subordinación es inmoral e irracional, pues se establecen derechos de las corporaciones globales, sin tener deberes correspondientes; y por la otra parte, se subordinan/colonizan las facultades que pertenecen a lo público y que se ejercen por medio de las instituciones que establece la Constitución, para convertirlas en instrumentos para la acumulación de las corporaciones globales y los poderes hegemónicos de otras naciones

38. Entre los derechos asimétricos jurídicamente codificados que benefician a las corporaciones globales, se encuentran los siguientes:•derechos de inversión, que de facto son preferenciales a la inversión extranjera directa, pues las condiciones de financiamiento y apoyo de los gobierno de los países desarrollados no pueden ser equiparados por los apoyos del gobierno mexicano; •trato nacional a la inversión extranjera directa, lo que les permite el acceso a los programas de fomento que deber ían estar dirigidos a empresas de capital nacional; •derechos de comercio que les permite el acceso al mercado nacional en condiciones preferentes por sus escalas de producción y posibilidad de colocar bienes por debajo de sus costos promedio de producción;•concentración de las actividades productivas que les permite a las corporaciones globales operar en mercados oligopólicos, que generan utilidades extraordinarias, que no pueden obtener en otros pa íses;•compras de gobierno que de facto se constituyen en barreras de entrada para la inmensa mayor ía de empresas de capital nacional;•derecho de no pagar impuestos en México (y posiblemente tampoco en sus países de origen), a través de los mecanismos de consolidación fiscal y los tratados para evitar la doble tributación; •la remisión de utilidades sin control;•así como el derecho de participar en actividades estratégicas que están reservadas por la Constitución al Estado mexicano.39. La alianza de los grandes empresarios mexicanos con el proyecto estadounidense se plasmó en el TLCAN y ello constituye el factor explicativo más importante del curso que ha seguido el capitalismo mexicano en el último cuarto de siglo.Esta alianza determina el comportamiento de los partidos políticos más importantes, explica la selección de candidatos al poder ejecutivo y legislativo y el contenido de las políticas públicas.40. El resultado de este pacto transnacional se ha convertido en el determinante del pacto social mexicano, en el cual se plasman los derechos y deberes de los mexicanos, en relación al proceso de creación de la riqueza, la propiedad, y la aportación para los bienes públicos, a través de las contribuciones fiscales.41. Los resultados de este pacto transnacional han logrado su objetivo fundamental, que es disminuir el poder nacional. Ello se manifiesta en lo siguiente:•Abandono de la rectoría económica del Estado sobre las corporaciones globales y para el fomento de sectores y actividades estratégicas.•Reducción deliberada de la escala económica y de las capacidades normativas del Estado mexicano, que se expresa en la reducción del gasto público, del 44% del PIB en 1982 al 24% en 2009, lo que constituye un debilitamiento sistemático del sector público, que no existe en ningún país desarrollado o latinoamericano. Como un referente significativo, se debe comparar en el promedio del gasto público de los países de la OECD, que es del 42% del PIB.•Socialización de las pérdidas de los rescates financieros y económicos hacia los causantes mexicanos y privatización de los beneficios a favor de corporaciones privadas, principalmente extranjeras.•Uso de la renta petrolera durante la década de los años 80 para dar servicio a la deuda externa; y para compensar desde entonces el déficit de recaudación de las grandes corporaciones e individuos con mayor riqueza en el pa ís, que en promedio ha sido del orden del 10% del PIB durante los últimos 30 años.

•Sistema fiscal que privilegia a las corporaciones globales, principalmente extranjeras, que no pagan los mismos impuestos que pagan en otras partes del mundo, y que hace descansar el 75% de la recaudación de los ingresos tributarios (IVA, ISR) en las personas físicas.•Privilegio de las políticas públicas a importadores e inversionistas extranjeros, a través de la firma de una amplia red de tratados, precedidos por la apertura comercial anticipada y acelerada ante otras naciones, que ha desindustrializado al pa ís y lo ha conducido a la dependencia alimentaria (importamos el 25% del maíz, 60% de la carne de cerdo, 80% del arroz, 50% del trigo, somos el primer importador mundial de leche) y energética (70% de la exploración y extracción de crudo la realizan empresas transnacionales; se importa el 40% de la gasolina, y el 50% de la electricidad se genera por empresas transnacionales), lo que constituye una violación directa de la Constitución.

•La dependencia alimentaria es causa directa del aumento en los últimos tres años, de más de cinco millones de personas que no pueden hacer tres comidas al día, elevando el número de personas en condición de pobreza alimentaria a veinte millones; pues al importar alimentos a precios superiores, necesariamente se elevan los precios domésticos, que no son compensados con aumentos salariales, por la economía política neoliberal y el estado permanente de semi-estancamiento económico.

•Se ha convertido a México de manera deliberada en una potencia importadora y no en una potencia exportadora: el déficit fiscal acumulado de 1998 a la fecha es superior a los 80 mil millones de dólares; sin embargo si no se excluyen la maquila y las exportaciones de crudo, que son factores exógenos al “modelo” neoliberal, éste déficit hubiera sido del orden de 500,000 millones de dólares, lo que es a todas luces insostenible a corto plazo.

•Utilización irracional e inmoral de la renta petrolera para sostener un precario equilibrio macroeconómico, que se verá necesariamente comprometido hacia el futuro, pues no es razonable suponer que el petróleo pueda constituir de manera indefinida el principal soporte fiscal, del comercio exterior y de la balanza de pagos.

•El estancamiento estabilizador es necesario para mantener el equilibrio macroeconómico. México no puede tener altas tasas de crecimiento porque ha destruido importantes cadenas productivas, por lo que se requiere aumentar de manera las importaciones de maquinaria, bienes intermedios y servicios, para poder aumentar la producción, lo que necesariamente produce un desequilibrio comercial y de la balanza de pagos. Para evitarlo se requiere sofocar el crecimiento de manera permanente.•Aumento de la pobreza, la desigualdad, pérdida del 85% del poder adquisitivo del salario, millones de jóvenes sin acceso a la educación y al mercado de trabajo, y desempleo creciente incluso entre las personas con mayores niveles de escolaridad.•Pérdida de población a causa de la migración, que es la mayor pérdida de población en el mundo.m. Muerte de más de 3000 personas desde que se firmó el TLCAN, al intentar cruzar la frontera norte en búsqueda de oportunidades de trabajo y mejores salarios, sin que el Estado mexicano, ni la sociedad, seamos capaces de proteger sus derechos humanos y la dignidad de estos mexicanos.

42. En una perspectiva histórica, desde la implantación de las políticas de subordinación nacional a la economía global y a la de los Estados Unidos en lo particular, cuyo punto de inflexión fue el año 1982, se observan con claridad los resultados de dos economías políticas claramente diferenciadas: por una parte, la política de desarrollo nacional establecida sobre la base de la Constitución, que a partir de la crisis de 1932 le permitió al país alcanzar un crecimiento promedio del PIB del 6.5% anual, durante medio siglo, hasta 1982, con un crecimiento del PIB per cápita del 3% y una tasa de crecimiento demográfico superior al 3%; y por otra parte, el ciclo neoliberal de dependencia, desde 1982 hasta la fecha, en que el crecimiento promedio ha sido del 2.3% del PIB, con un crecimiento del PIB per cápita de 0.6% anual.43. Es tan grave la postración y debilidad estructural de la economía política mexicana subordinada a la acumulación global, que los mismos Servicios Económicos del Grupo BBVA, estiman que México crecerá en promedio 2% anual durante los próximos veinte años.[28]

45. En consecuencia, la violencia es lo que caracteriza a la sociedad mexicana. La violencia no se refiere solamente a hechos de carácter criminal, sino que incluye también a la violencia institucional. que se manifiesta en salarios excesivamente reducidos en relación con las necesidades de la mayoría de la población; la ausencia de condiciones de seguridad social para la mayoría de la sociedad mexicana; violencia psíquica y real sobre millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación o al trabajo; violencia familiar y comunitaria al erosionarse los vínculos familiares; violencia simbólica al generar la frustración de millones de personas que son espectadores del escaparate del consumo posible, al que se incita de manera obsesiva en los medios de comunicación, al tiempo de que se carece de las posibilidades de tener acceso a los niveles de ingreso para hacer posible esas formas de vida publicitadas; violencia electoral, al vulnerarse la voluntad ciudadana en las elecciones, para abrir paso a servidores públicos que gestionen los intereses económicos de las corporaciones globales en las instituciones públicas.

48. La primera fase del proyecto de debilitamiento del Estado Nación mexicano se dirige a la pérdida de la soberanía económica, lo que establece condiciones para la pérdida de soberanía del poder militar.En el marco de este proyecto se ha utilizado al narcotráfico como instrumento para facilitar la intervención y eventual control de las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano, por las instituciones estadounidenses (ejército, policías, sistema judicial, inteligencia para la seguridad nacional).49. La agenda del combate al terrorismo que ha impuesto Estados Unidos al mundo, se convierte también en justificación de la injerencia extranjera, que tiene el propósito de ampliar la jurisdicción del ejército estadounidense en las actividades de seguridad de México.50. La estrategia para imponer la hegemonía estadounidense requiere la subordinación y control de las policías, ejércitos, sistemas judiciales y partidos políticos de otras naciones, a los intereses y voluntad de los Estados Unidos.El uso de la “guerra” contra el narco por parte de otros países, es el instrumento para la incorporación de los aparatos militares y de seguridad extranjeros, en función de una amenaza cuyo origen se sitúa precisamente en los Estados Unidos, quienes se asumen unilateralmente en nación “certificadora” de la conducta de dichos estados extranjeros.Esta estrategia le permite a Estados Unidos tener a 1400 agentes en el territorio mexicano, para actuar en contra de la economía criminal, pero que de manera necesaria son parte integrante de la red de inteligencia estadounidense sobre la situación social, política y económica del país.[29]51. La narco-militarización de otras sociedades, como es el caso destacado de México y Colombia, es una estrategia para lograr este objetivo, porque:•justifica una supuesta necesidad de asistencia externa; •mantiene a los partidos políticos y gobiernos en un constante jaque/amenaza, por supuestos o reales involucramientos en la narcoeconomía;•coacciona a otros estados a relacionarse con los Estados Unidos, sobre la base de esta agenda impuesta desde el exterior;•crea un “enemigo común”, que obliga a otros estados a cooperar con las políticas estadounidenses de seguridad y militarización, so pena de hacer parecer a los estados que se resistan, como cómplices del crimen organizado;•obliga a otros estados a concentrar esfuerzos extraordinarios para reducir las actividades delictivas, en detrimento/anulación de sus responsabilidades de promoción económica y de la justicia social; •obliga a otros estados a gastar recursos significativos en ello, en detrimento de las prioridades del desarrollo;•permite la ampliación de las fuerzas de seguridad en contra de las expresiones políticas de inconformidad con el régimen político-social;recibe una amplia aceptación de la sociedad, ante el grave deterioro de las condiciones de seguridad, que hacen justificable de manera paulatina y creciente, la injerencia de las fuerzas de seguridad extranjeras.

52. De manera contrastante con la política seguida por el gobierno mexicanos, los Estados Unidos han eliminado el concepto de “guerra contra las drogas”, porque es contraproducente.El concepto que fue utilizado durante los últimos veinticinco años para enfrentar el problema de las drogas, como un problema de seguridad pública que debería ser confrontado como si fuera una “guerra”, fue declarado nulo en los propios Estados Unidos.Gil Kerilikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca declaró al Wall Street Journal: “No importa cómo intente uno explicarle a la gente si es ‘una guerra contra la droga’ o ‘una guerra contra un producto’, la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente de este país”. [30]El balance que se ha hecho en los Estados Unidos, concluye que se gastan 150 mil millones de dólares anualmente en policía y tribunales; que se tiene al mayor número de personas en la cárcel en el mundo, como proporción de su población total; y que a pesar de todo ello, no se ha detenido ni la oferta, ni la demanda de estupefacientes.El 47% de arrestos en ese país están relacionados con la mariguana y 30% de los reos en las cárceles tienen condenas por delitos no violentos. Estados Unidos gasta anualmente 68,000 millones de dólares en mantener su sistema carcelario .Ante este fracaso, el nuevo enfoque estadounidense busca reducir el consumo, dando prioridad al tratamiento y reduciendo la encarcelación.[31]

53. Contrario a lo que hace Estados Unidos, el gobierno mexicano ha tomado la decisión de profundizar su “guerra” contra el narcotráfico.[32] El editorial del diario El Universal expone con claridad la manera como México sigue los pasos de Colombia en esta “guerra”:“La política del Estado colombiano y del gobierno estadounidense ha sido la erradicación de cultivos mediante fumigación a gran escala, la destrucción de infraestructura del narco (laboratorios y pistas) y la persecución a los traficantes. ¿Qué pasó? 30 años después Colombia sigue siendo el mayor productor de droga en el mundo, sólo ensombrecido últimamente a nivel de trasiego por México […] El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 del Ejército mexicano tiene como meta disminuir el área de siembra de enervantes en 70%. ¿Cómo? Con “un total de 168 operaciones de alto impacto”. Vamos por el mismo camino”. [33]

54. Esta posición del gobierno mexicano es precisamente la que exige Estados Unidos a otras naciones, de manera diferente a lo que hace en su política interna, porque es la que conviene a sus intereses geopolíticos.El mismo Gil Kerilikowske que reconoce el fracaso de la “guerra” contra las drogas, es el mismo que se erige en certificador de México. La política interna de Estados Unidos es contraria a su política exterior, en la que busca hacer responsables a otros estados de los problemas generados por la economía criminal que se originan en los Estados Unidos, para justificar su intervención en el manejo de las políticas de defensa y seguridad de otros países. [34]La “certificación” de México se ha extendido ahora a la certificación del Ejército Mexicano, y ya no se hace al amparo de una ley general, sino de los recursos que se entregan a México para cooperar en la lucha contra el narcotráfico.[35]La posición de Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, es considerar que el narcotráfico afecta y amenaza al hemisferio completo. Por eso afirmó que en los Estados Unidos "tenemos control de confianza de todas nuestras fuerzas, de aduanas y de las policías, y tenemos sistemas para mantener ese control durante el periodo de empleo".Es evidentemente falso que Estados Unidos tenga bajo control a la econom ía criminal. Lo cierto es el fracaso, que reconoce el mismo responsable de la oficina presidencial estadounidense que coordina las acciones con contra de la econom ía criminal.Por otra parte, Pascual concede más importancia al problema de control del tráfico de armas que vienen de América central y no al que proviene de los Estados Unidos, lo que no corresponde con la magnitud real del problema.En realidad no se actúa sobre los procesos económicos que reproducen la economía criminal de manera ampliada. En lugar de desmantelar el consumo y controlar el tráfico de armas, el embajador propone “la necesidad de mantener el frente contra los narcotraficantes para tener éxito de manera hemisférica y no nada más en un país u otro. Informó que como parte de la Iniciativa Mérida, llegarán a México a finales de este año o principios de 2010 más helicópteros y aviones. Dijo que no hay aún fecha precisa para un nuevo plan migratorio.” [36]La postura del Embajador Pascual es contraria al reconocimiento que ha hecho el propio Departamento de Justicia estadounidense, de su responsabilidad en la reproducción de la economía criminal, en un doble sentido: en primer lugar, al reconocer que la violencia en México se alimenta con los recursos y armas que provienen de los Estados Unidos; y que de ellos dependen los criminales para el control del contrabando de drogas a lo largo de la frontera. [37]Sin embargo, en lo que se refiere en su política hacia México, el ejército estadounidense tiene prevista la invasión de México ante un eventual colapso causado por el narcotráfico, que es un problema originado desde los propios Estados Unidos[38], ya que se ha considerado la inestabilidad y violencia en México como un asunto de seguridad interna de los Estados Unidos.[39]

55. La estrategia geopolítica estadounidense en un plano histórico de largo plazo, se dirige hacia lograr el control y subordinación del ejército mexicano.•El debilitamiento del poder nacional en la economía es la condición sobre la que se despliega el sistema de la economía criminal, que por una parte ofrece oportunidades de ingreso a decenas de miles de personas que tienen opciones en la econom ía formal.•En segundo lugar, este sistema económico incorpora grupos y organizaciones criminales que se van apoderando de espacios geográficos y económicos a nivel municipal, que se van ampliando en escala y profundidad.•Estas organizaciones van corrompiendo e incorporando a las fuerzas policiales y servidores públicos en un orden ascendente del poder formal.•La intervención del Ejército para enfrentar ese sistema de economía criminal se sitúa estratégicamente fuera del proceso de su reproducción, que ocurre a través de circuitos financieros y económicos, por lo que no podrá tener éxito en la encomienda que se le ha dado.•El debilitamiento del ejército mexicano es resultado de una triple dificultad, por una parte, la exposición al proceso intrínsecamente corruptor del sistema de economía criminal; el fracaso necesario al no poder detener ni la economía criminal, ni la violencia que le es inherente; y por último, la deserción de cuadros calificados que se suman al sistema de economía criminal.•Este es el estado de cosas en el que estamos actualmente en México, que necesariamente se hará avanzar hacia el abierto desprestigio del ejército mexicano, tanto a través de las justas acusaciones por violaciones de los derechos humanos, como por su falta de efectividad para detener la expansión del crimen organizado.

•Una vez afirmada esta fase, probablemente se inicie la propuesta de la sustitución de las fuerzas armadas mexicanas por tropas extranjeras, como ya fue solicitado por empresarios en el Estado de Chihuahua.•La prolongación de esta situación permitiría que en el próximo futuro, se solicite abiertamente la incorporación de México a mecanismo de acuerdo militar internacionales como la OTAN, y la presencia de tropas extranjeras en México, como ya está siendo propuesto por el Instituto Mexicano de Competitividad.•El objetivo de la política estadounidense se lograría cuando en México se instalaran bases militares como en el caso de Colombia.•La presencia de estas fuerzas militares se convertiría en dominio directo estadounidense sobre la soberanía nacional, para garantizar las inversiones e intereses estadounidenses en México.

Evidentemente el propósito no es acabar con el sistema de la economía criminal, como no ha ocurrido en el caso de Colombia, sino la de constituirse en un mecanismo preventivo y reactivo, ante las demandas de cambios democráticos y de modificación de un modelo de subordinación económica que es intrísecamente incapaz de crear condiciones para un verdadero desarrollo humano de todos los mexicanos, bajo condiciones de libertad, independencia, soberan ía y respeto de todas las garantías y derechos humanos.•Este dominio militar incluye el sellamiento de la frontera norte, para lo cual se ha venido construyendo un muro de más de tres mil kilómetros, para lograr lo que Chomsky acertadamente definía como una estrategia para “contener a México en su interior”, pero bajo una subordinación y control exterior.•Las declaraciones del Embajador Pascual el 12 de noviembre de 2009, en ocasión de la conmemoración del Día de los Veteranos estadounidenses, al justificar el uso del ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, pueden ser interpretadas como una injerencia en asuntos internos del país, que se hace desde la cobertura de lo que él califica como una “amenaza hemisférica”.

En este discurso, un embajador de una nación extranjera, le da al ejército, al gobierno y a la sociedad mexicana, orientaciones sobre lo que supuestamente debería ser su misión, como se desprende de los conceptos expresados:•i. el Ejército Mexicano “ha tenido que tomar ese papel por la necesidad de mantener el control en las calles y combatir a esa amenaza hemisférica”.•ii. “Además reiteró que el esfuerzo del gobierno y las fuerzas mexicanas debe ser apoyado por toda la sociedad, as í como por las policías municipales, estatales, federales, y el Ministerio Público”.•iii. “Internacionalmente estamos preparados para ayudar de tal manera que todos podamos crear capacidades para controlar ésta que es una amenaza hemisférica, que es el crimen”.[40]

Este discurso se sitúa en la perspectiva de hacer responsables a otras naciones de un problema generado desde los Estados Unidos y que es utilizado para lograr los objetivos geopolíticos estadounidenses, pues es claro que el Embajador Pascual está proponiendo que el principal responsable de conducir la política en contra del sistema de la economía criminal, es el ejército, al que ubica como un actor para la contención de la “amenaza hemisférica” del crimen.

Además del claro propósito de buscar la simpatía de las fuerzas militares mexicanas, el mensaje de fondo es afirmar que las alianzas militares deben constituir un vínculo estructural y de largo plazo con las fuerzas militares estadounidenses, lo que daría permanencia y condiciones estructurales a los acuerdos en el ámbito de la economía.En un escenario a futuro, esta vinculación ciertamente se pondría por encima de los procesos democráticos nacionales, como es el caso de lo que se observa en Colombia o en el caso de Honduras.Es claro que el primer y más importante fracaso se sitúa en los Estados Unidos, como lo reconoce la propia Drug Enforcement Agency, que concluye señalando la permanencia del consumo en los Estados Unidos, como el mayor indicador de este fracaso, demanda que constituye el origen del sistema de la econom ía criminal. El discurso del Embajador Pascual ubica el origen de la “amenaza hemisférica” desde el sur, hacia el norte, cuando la propia DEA reconoce que la dirección es del norte hacia el sur. [41]Esta postura del Embajador Pascual se aparta de lo que la propia Secretaria de Estado Hillary Clinton expresó en un viaje reciente a México, cuando reconoció que el origen del problema de la economía criminal se sitúa en el consumo de algunos estadounidenses, y que por lo tanto Estados Unidos tiene la responsabilidad en el mismo, lo que nulifica el concepto utilizado por el embajador de “amenaza hemisférica”.[42]

V. ¿Qué hacer ante esta situación?56. Este análisis conduce a la conclusión de que la actual estrategia del gobierno mexicano conduce al fracaso, como es ya evidente después de estos tres años de aplicación. El camino para modificarla pasa por el reconocimiento de las causas sistémicas y los intereses geopolíticos.57. México debe modificar de inmediato la estrategia seguida, que ha provocado la intensificación de la violencia, no ha terminado con la economía criminal ni su secuela de corrupción, y corresponde principalmente al interés geopolítico estadounidense. El curso de acción que se propone es el siguiente:

•Regresar al ejército a los cuarteles y reforzar su apoyo al Ministerio Público Federal en los operativos que sean necesarios para sus labores de investigación.•Revertir las modificaciones jurídicas, institucionales y políticas que van en la dirección del establecimiento de un Estado policiaco, restableciendo el control del Poder Legislativo y Judicial sobre la polic ía y las instituciones de procuración de justicia.•Suspender la “ayuda” que se está otorgando al Ejército Mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos, para “reducir territorios ingobernados”; y la cooperación militar, pues el Ejército Mexicano no requiere de ninguna ayuda extranjera para realizar las misiones substantivas que la Constitución le encomienda. La aceptación de tales ayudas tiene como correlato necesario la presentación de informes a un congreso extranjero, sobre las acciones que deben corresponder de manera exclusiva al Estado mexicano y a sus poderes públicos.[43]•Legalizar la producción y el consumo medicinal de la marihuana y dar tratamiento de enfermos a las personas adictas. Muchas personalidades consideran el paradigma actual como un fracaso[44] y proponen que se debe legalizar las drogas.[45]Este enfoque es consistente con la propuesta de legalizar las drogas que se ha presentado en las Naciones Unidas. [46] •Al legalizar esta producción y consumo de la marihuana, México debe exigir una compensación de daños a los Estados Unidos por los daños causados por el consumo de drogas en los Estados Unidos, así como promover una acción en los espacios internacionales multilaterales. [47]•Exigir la transparencia del sistema financiero y su cooperación por mandato legal, para poder confiscar los bienes del sistema de la economía criminal, pues sus transacciones terminan inevitablemente en él.•Promover una amplia toma de consciencia nacional sobre la naturaleza del sistema de la econom ía criminal, y de la necesidad de modificar la estrategia seguida. •Exhibir en la opinión pública a las empresas que colaboran con el sistema de la economía criminal, para que sean repudiados por la ciudadanía.•En lo que se refiere al consumo, se debe trabajar intensamente en la prevención, especialmente entre los jóvenes. Es muy importante la formación ética sobre las raíces culturales de la violencia, en donde se debe terminar con la cultura de la violencia sobre las mujeres.

•En la cultura política se debe exigir plena responsabilidad sobre la utilización de la fuerza pública: ningún acto de fuerza se justifica por el hecho de ser realizado al amparo de las atribuciones que otorgan las leyes a las instituciones. El estado no tiene a priori el monopolio de la “violencia legítima”, sino que ésta se debe justificar en cada caso bajo el criterio de justicia. Se debe promover la cultura de la vida y no la de la muerte.•Promover convenios amplios en todo el país para la cooperación de las instituciones educativas en las labores de prevención, formación y coordinación para acotar los márgenes de acción del sistema de economía criminal en cada comunidad.•Se debe terminar tajantemente con la apología del crimen, la cultura de la violencia y la promoción de los valores que alimentan el sistema de la economía criminal, que se hace de manera directa o indirecta a través del cine, la radio y la televisión, especialmente en la programación producida en los Estados Unidos, estableciendo consejos ciudadanos de vigilancia de los contenidos, cuyas recomendaciones tengan carácter vinculatorio para las autoridades de la Secretaría de Gobernación, para sancionar severamente e incluso cancelar las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, de quienes transmiten y reproducen la cultura de la violencia, el lucro y la impunidad.

m. Involucrar a la sociedad civil en la responsabilidad preventiva del consumo de drogas, a través de las instituciones escolares, los gobiernos municipales, las organizaciones de la sociedad civil.

•Modificar las leyes aprobadas para la extinción de dominio, para que todos los bienes confiscados sean entregados a las organizaciones de la sociedad civil y a proyectos de grupos de jóvenes, en lugar de ser convertidos en bienes públicos, con el objeto de detonar oportunidades para crear ingresos en la sociedad, al mismo tiempo que con ello se motivaría más ampliamente la participación de la sociedad civil y reduciría el consenso social que apoya al sistema de la economía criminal.•Establecer una amplia agenda de investigación en las universidades mexicanas sobre el sistema de la economía criminal, que incluya la investigación social sobre este fenómeno; •la evaluación y propuesta de mejoramiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia;• desarrollo de tecnologías de información, programas de cómputo propios y de encriptación de sistemas de comunicaciones, lo que constituye un núcleo fundamental de cualquier estrategia; •un trabajo coordinado con las instancias correspondientes de las Naciones Unidas, para recuperar todos los trabajos de investigación que ya han sido realizados.

Limpieza Social.

Aceptación de grandes sectores de la población a las medidas extremas de “limpieza social”, esto como efecto del cansancio de la población ante los problemas de seguridad, la campaña sistemática y mediática de las clases dominantes dando a entender que Bogotá necesita la política de seguridad democrática y el trabajo ideológico del régimen para ganar base social para el fascismo, con el agravante que fruto de su avance ahora se atreven a decirle “le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes”.El aumento de las muertes viene acompañado de una focalización hacía jóvenes. Quienes realmente son objetos de estas amenazas no hacen parte de las estructuras de la delincuencia organizada, son jóvenes de barrio, la mayoría de ellos vinculados a procesos sociales o políticos. De la misma manera las amenazas se han extendido a movimientos sociales, procesos organizativos de los jóvenes, líderes barriales, líderes de juntas de acción comunal y de aso juntas, líderes de desplazados, defensores de derechos ‐humanos, miembros del Polo, estudiantes y sindicalistas20.

On peut se demander si le phénomène que nous décrivons comme la criminalisation n'est pas le mieux considéré comme un changement qualitatif qui transforme la façon complète dans lequel sociétés entières et le système international de La diplomatie et le commerce sont organisés, en changeant l'équilibre de forces entre les déterminants fondamentaux de n'importe quel ordre politique : pouvoir, accumulation, et l'exercice de violence.Jean-François Bayart

Mientras más amplia es la exclusión más se promueven la innovacióno la creatividad sociales, porque es el único camino para lasupervivencia. Es decir, mientras más exitoso es el proceso de concentraciónde riqueza y poder, más condiciones corrosivas genera, sea porlos procesos de degradación social que generalmente surgen en zonasempobrecidas y marginadas pero que poco a poco van permeandohacia el resto de la sociedad, o por procesos de organización alternativaa los de un entorno que no brinda ninguna perspectiva como nosea la inclusión criminalizada.

Dicen que allá arriba piensan que el dinero todo lo viste y arregla.Pero es bueno que sepan, señores del dinero, que los tiempos deayer no volverán a ser ni los de hoy ni los de mañana.Ya no escucharemos callados sus insultos.Ya no quedarán impunes sus amenazas.Ya no humillarán más a quienes somos el color de la tierra que somos.Voz siempre hemos tenido.Pero ya no será un murmullo que agacha la cabeza.Ahora será un grito que levanta la mirada y que los obligará austedes a vernos como somos y a aceptarnos como somos.Así que escuchen bien:¡somos el color de la tierra!Sin nosotros el dinero no existe y bien podemos ser sin el colordel dinero.Así que bajen la voz, señores del dinero. (EZLN, 2001a) Los generales, los diputados, ministros, alcaldes, superintendentesy empresarios... de todos los partidos políticos neoliberales.Los empresarios, los corruptos y los políticos trabajan juntoscontra el pueblo. (CDAV, 2000)La nación leída desde las luchas del pueblo por preservar lo que es suyo, incluidas las costumbres y por supuesto el territorio, es un símbolo de libertad y de autoorganización.Recuperar la autodeterminación sin mediaciones, con todos los tropiezos y dificultades que de ello derivan, es una de las fuentes fundamentales de fortalecimiento de los pueblos,

Alternativas para un pueblo:

Construir autonomía es sujetizarse; es construir una territorialidad propia; es entender el territorio como la conjunción de la tierra y el cosmos, de la historia y la cultura, de montañas y valles, de vivos y muertos, de hombres y mujeres, de selvas y páramos, de todo lo que hace y ha hecho posible la vida, un cierto tipo de vida, una vida con historia.Es en la disputa de territorialidades, donde el sujeto autonómico propone formas de organización social diferentes al capitalismo que apuntan a la sustentabilidad del planeta y no a su destrucción

Un número cada vez más grande de investigadores ha llegado a la conclusión de que la cuenca del Amazonas […] Lejos de ser la tierra virgen intemporal y con un millón de años de antigüedad que muestran las postales, […] es el resultado de una interacción histórica entre el medioambiente y el ser humano. (Mann, 2006: 378). …durante mucho tiempo unos pobladores inteligentes, que conocían trucos que nosotros aún estamos por aprender, utilizaron grandes parcelas de la Amazonia sin destruirla. Ante un problema ecológico, los indios lo resolvían. En vez de adaptarse a la naturaleza, la creaban. Estaban en pleno proceso de formación de la tierra cuando apareció Colón y lo echó todo a perder. (Mann, 2006: 410).La vida se escribe sobre la tierra, “geografiando” -como nos recuerda Carlos Walter Porto Gonçalves. Y si bien algunas sociedades lograron crear el maíz, el pejibaye, la terra preta y un sinfín de híbridos, variantes y tecnologías que enriquecían el fortalecimiento y diversificación de especies, otras, como la occidental capitalista, se han ocupado de simplificar la naturaleza buscando su ordenamiento o su legibilidad.

En este entorno de convivencia solidaria barrial o comunitaria, cuando ocurre, se construyen formas de trabajo compartido que garantizan el día a día, pero también se socializan problemas, rencores, visiones, creencias, esperanzas y dignidades, componentes todos del magma que contiene el sentido moral colectivo que el capitalismo –

“Después de 15 años de neoliberalismo, luego de que creíamos todos que el modelo nos había arrebatado los valores más importantes de los seres humanos, como son la solidaridad, la fraternidad, la confianza en uno mismo y en los demás; cuando creíamos que ya éramos incapaces de perder el miedo, de tener la capacidad de organizarnos y de unirnos; cuando nos han ido imponiendo con mayor fuerza la cultura a obedecer, a ser mandados; cuando ya no creíamos en la posibilidad de ser capaces de ofrecer nuestras vidas y morir por nuestros sueños y esperanzas, por ser escuchados, por hacer posible que nuestra palabra sea tomada en cuenta, nuestro humilde, sencillo y laborioso pueblo trabajador, compuesto por hombres y mujeres, niños y ancianos, demuestra al país [Bolivia] y al mundo que esto aún es posible” (CDAV, 2000).

El pueblo se subleva, de diferentes maneras, cuando es empujado más allá de su última frontera. Eso es lo que encontramos en las palabras y las prácticas de las fuerzas libertarias, de los movimientos de emancipación que se levantan en las tierras de América Latina y del mundo. Movimientos de emancipación, por cierto, que no pueden ser circunscriptos ni en lo social, ni en lo político porque se mueven en todos los ámbitos, planteando una transformación de la totalidad que implica nuevos procedimientos y contenidos.Y los pueblos en la fase neoliberal han sido efectivamente arrojados hasta las últimas fronteras. Geográficamente se les niega la territorialidad y política o culturalmente se les borra del imaginario social. La ambición de poder absoluto que busca perseguir sin descanso al dominado, humillarlo y aplastarlo de manera implacable e inhumana, que intenta arrebatarle toda dignidad, que es pilar de la ideología y sentido común del pensamiento militarista de los dominadores, se expresa elocuentemente en el comportamiento de las tropas estadounidenses en cualquier parte del mundo –comportamiento criticado incluso por algunos asesores del Pentágono porque contribuye a incrementar la inseguridad del ejército frente a las poblaciones ocupadas 63.La estrategia de la guerra asimétrica que consiste en abarcarlo todo (espectro completo) para no dejar resquicio al enemigo (Joint Chiefs of Staff, 2000) lleva la pretensión de humillación hasta esos niveles en que desata la lucha por la recuperación de la dignidad.Las sublevaciones populares que podemos observar por todos lados tienen como sello ese carácter recuperador/recreador de la dignidad y los sentidos, de las identidades; identidades nuevas, que aunque vienen cargadas de tradiciones e historias, se están inventando en la lucha.

Desde las autonomías, y desde todas las otras propuestas de emancipación de los pueblos, habrá que seguir disputando el territorio, sus modos de uso y, sobre todo, el ejercicio pleno de nuestra politicidad. Autonomía de pensamiento y autonomía de acción. Autonomía como libertad.Emancipación parecía, en pleno auge del neoliberalismo, un concepto en desuso que había quedado relegado al rincón de las nostalgias. No obstante, hoy reaparece cobrando nuevos sentidos y abriendo nuevas –y viejas– esperanzas y, correlativamente, llamando a una sublevación del pensamiento.No hay subversión posible si no abarca el pensamiento, si no inventa nuevos nombres y nuevas metodologías, si no transforma el sentido cósmico y el sentido común que, como es evidente, se construyen en la interacción colectiva, haciendo y rehaciendo socialidad

Cuanto más la vida se pudra hoy, más estiércol habrá para el futuroFernando Pessoa

Esto podría hacernos suponer que los aviones son prioritarios, si no fuera porque el 73% de las ventas de Lockheed y el 33% de las de Boeing son de armamento (78 y 48% respectivamente en 2003).Diez empresas se llevaron el 39% del presupuesto para contratistas en 2002. Entre ellas se encuentran los nombres de Raytheon Co.; Northrop Grumman Corp.; General Dynamics Corp. Y United Technologies Corp., además de las dos mencionadas arriba; pero en lugares privilegiados de la lista se observan las que fueron seleccionadas para la reconstrucción de Irak (Bechtel Group Inc. Y Halliburton Co., en los lugares 17 y 37 respectivamente) y que son simultáneamente las privatizadoras del agua (Bechtel Group Inc.); las que entrenan ejércitos en otras partes del mundo como Dyncorp, hoy Veritas (lugar 32). (DoD, 2003).

Guerra asimétricaTodos estos adelantos tecnológicos –en el campo de las comunicaciones, de la industria de guerra, del origen de la vida u otros–, enfocados hacia la contrainsurgencia, permiten pensar en un intento por controlar ya no sólo las acciones sino las mentes de los individuos, entendidos como esos seres aislados de sus entornos o lazos comunitarios que el neoliberalismo ha ido produciendo por todos lados.De esta forma, la dimensión más importante en la estrategia de guerra hoy es sin duda la prevención-disuasión, que lleva a dirigir la mayor parte de los esfuerzos hacia el trabajo de inteligencia bajo una concepción de amplia visión. Inteligencia como acumulación y procesamiento de información, como vigilancia directa o indirecta, pero, sobre todo, inteligencia como generadora de sentidos comunes enajenados. Como productora y generalizadora de la visión del mundo que nos sume en la impotencia, que hace del otro un enemigo, de la comunidad un lugar inseguro y de las relaciones sociales, relaciones de disputa.Esta visión es ampliamente difundida con las campañas para hacer de la seguridad el principal problema de la sociedad y para convertir a cada individuo en un delator. Siempre estará la instancia superior disciplinadora y emisora del discurso de verdad, ante la cual los individuos en su pequeñez acuden para saber cómo es su vida y para pedir protección. 60La creación de la no-comunidad (Ceceña, 2004[a]), la negación de los sentidos históricos colectivos, tan vigorosamente impulsada por el neoliberalismo, se combina con la instauración de una nueva cultura social que internaliza la disuasión e inhibe paulatinamente cualquier posibilidad de emancipación: la cultura del miedo y la cultura de la delación, que suponen y propician la individualización extrema y la soledad total.Los productos son los individuos aislados y envilecidos por la competencia y la delación, pero a su vez son el blanco de esta guerra.

Es una guerra que no aparece como tal pero que condena a los pueblos a la desaparición por desposesión paulatinapero implacable. Esta otra es contra el caos creativo y libertario, contra la ingobernabilidad, contra la indisciplina de esos pueblos desposeídos y avasallados en su materialidad y en su historia. Es una guerra por destruir sujetos, por despersonalizar. Lo otro, lo externo al sujeto dominante, puede ser controlado o destruido a través de su objetivación: o bien es incorporado como objeto funcional al que se le asignan tareas o roles, suplantado en su sujetidad, o bien es considerado como objeto de destrucción por ser superfluo o por ser rebelde, raro, anormal, inadaptado.La disuasión, categoría central para entender la política del sujeto hegemónico, lo lleva a crear y hacer uso de todos los medios 60 Una visión psicoanalítica de este punto es desarrollada por Slavoj Žižek (2003). La confusión o vaciamiento producido, en gran medida por los medios de comunicación de masas, causa una especie de esquizofrenia entre lo que la persona vive y lo que le dicen que vive, al punto de necesitar una confirmación sobre la realidad que es proporcionada por el Estado a través de las instancias mediáticas. para convencer, para persuadir al resto del mundo de que no hay otra opción (Thatcher dixit). La creación de imágenes y mitos forma parte de la lucha estratégica y transita tanto por noticieros, telenovelas y otras expresiones de los medios de comunicación masivos como por las explicaciones del mundo que se transmiten en los libros de historia, en los discursos de los profesores de educación básica, en las universidades y en la propia ciencia.sino para crear imágenes de imposibilidad– el lugar decisivo para prevenir y/o disuadir cualquier intento por modificar las reglas del juego o por construir diques al dominio capitalista y apagar la rebeldía, la disidencia o la insurgencia es el cultural, donde radica la memoria histórica, las cosmovisiones, las epistemes y las utopías.

La velocidad de las imágenes de estos sentidos producidos, ajenos, impide la reflexión propia, el intercambio de interpretaciones de la realidad y la socialización. Está trabando la construcción de un sentido general de realidad porque, a cada paso, se van produciendo nuevas imágenes que se suceden infinitamente, sin tener rutas de conexión entre sí, que rompen, niegan, vacían o confunden las percepciones colectivas

DignidadY ¿qué es un proceso emancipatorio si no la sublevación de la dignidad de los pueblos? La dignidad que reclama la libertad de pensamiento y acción, la revaloración del pasado y la capacidad de autodeterminarse sin ningún tipo de mediación. La libertad para nombrarse, para moverse y relacionarse, la libertad para ser.

Hoy que la batalla por el territorio y la autodeterminación de los pueblos tiene que ser ganada también en el ámbito de la construcción de sentidos, donde el poder trabaja para imponer una visión de impotencia en los dominados, la lucha nos incluye a todos.

el sentido común se construya colectivamente en un proceso en el que las intersubjetividades en sí mismas, en su territorio real y simbólico, sean el principal sentido común libertario.

Efectivamente, la dignidad corre en las venas, cuando existe.

Terrorismo estatal e impunidadCarlos FazioEl 14 de octubre, en el alcázar de Chapultepec, ante Felipe Calderón y medio gabinete federal, Javier Sicilia aludió al carácter autoritario del régimen y alertó sobre su rostro más brutal: el militarismo y el fascismo. Sin ambages, tras condenar la estrategia de guerra gubernamental con su lógica de violencia, terror y exterminio, Sicilia afirmó que las decisiones de Calderón provocaron el resurgimiento de grupos paramilitares, y denunció que detrás de las fosas comunes de las estadísticas se encuentran los victimarios, homicidas crueles que saben que mientras las víctimas y ellos carezcan de identidad su impunidad está garantizada.El desborde autoritario viene de atrás. Aceptando que la naturaleza del Estado consiente el uso de la coacción, ésta comenzó a ser considerada ilegítima por su carácter excesivo con las represiones en Atenco y Oaxaca en la antesala del calderonismo. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos, con las vejaciones y torturas a los detenidos –incluida la violencia sexual contra una veintena de prisioneras–, fueron preludio de la peligrosa involución autoritaria de los aparatos del Estado. En su estrategia conservadora, sectores de la derecha política y parlamentaria (y los medios de difusión masiva a su servicio) toleraron el accionar autoritario y violento de los distintos órdenes estatales, demostrando una complicidad institucional.Tras la imposición de Calderón mediante un fraude patriótico en el marco de una sociedad polarizada, al privilegiarse el recurso de la fuerza para solucionar los conflictos, el antagonismo se transformó en ruptura. Comenzó entonces un larvado proceso de militarización del país de signo fascistoide, que no puede explicarse solamente por el interés de clase de la plutocracia amenazada. Fueron decisivos también otros factores, como la existencia de un tipo de mentalidad y tradiciones ancladas en la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años setenta que, en determinados sectores de la policía y las fuerzas armadas, con el sostén de una remozada doctrina de seguridad nacional y una adecuada cobertura ideológica, podían readmitir con facilidad la adopción de actitudes de desprecio por la vida.Bajo el disfraz de una guerra al narcotráfico planificada por Estados Unidos, el recurso a la violencia en diciembre de 2006 obligó a Calderón a asumir el papel de enemigo. Como dice Paul Gilbert, al tratar a sus opositores como el enemigo interno, el gobierno terminó por reducirse a sí mismo a la condición de enemigo. En 2007, de la mano de operativos policiaco-militares en varias partes del país, se produjo en México un proceso similar al que afectó a los países europeos en la primera posguerra, definido por George L. Mosse como brutalización de la política, fundamento de la expansión del nazismo. En particular, la república de Weimar fue el escenario donde, en medio de la complicidad o impotencia de las fuerzas políticas y el Parlamento, las derechas extremas deshumanizaron al enemigo interno, representado por el comunismo, los judíos, los gitanos y la oposición socialdemócrata y liberal.Si el acorralamiento contrainsurgente de grupos antisistémicos como el EZLN y el EPR, junto a las represiones en Atenco y Oaxaca, y la estigmatización de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de resistencia civil pacífica como un peligro para México marcaron la transición del foxismo al calderonismo, la brutalización de la política arreció tras la proclamación autojustificatoria del titular del Ejecutivo de que protegía al país con el monopolio del poder (octubre de 2007).Al asumirse como detentador del monopolio de la fuerza y la violencia estatal en desmedro (y sin el control) de los poderes Legislativo y Judicial, Calderón exhibió entonces su mentalidad autocrática. Mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva, basada en la retórica del enemigo interno –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. A la par, se preparó a la población para que aceptara el empleo de técnicas más o menos secretas de guerra sucia, lo que mediante la irrupción de grupos paramilitares y de limpieza social ha derivado en nuestros días en terrorismo de Estado.No está de más repetir que, por naturaleza, el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque otro de los cometidos del Estado es la defensa de la ley. En la lucha por preservar su poder y los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos atacados por grupos de la economía criminal, el Estado no puede utilizar cualquier forma de violencia. En ese contexto, huelga decir que desde el momento en que las fuerzas armadas ingresaron en la escena represiva, lo hicieron violando las leyes, también las de la guerra, al practicar la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, incluso de niños, mujeres y estudiantes indefensos que fueron asimilados a bajas colaterales.Cincuenta mil muertos y 10 mil desaparecidos después, insistimos en que el terrorismo de Estado es violación de la ley y se caracteriza por el uso del asesinato político, de la tortura y de otras formas de crueldad ejercidas contra quien se le opone. El carácter criminal del terrorismo de Estado está determinado no sólo porque actúa fuera de la ley –apelando incluso a escuadrones de la muerte–, sino porque viola los derechos humanos, incluidos los de presuntos delincuentes. A su vez, la obediencia a las órdenes superiores, si éstas violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal.

Terrorismo estatal e impunidadCarlos Fazio /IILa violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten (fuente: Presidencia de la República).De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. Conviene recordar que, más De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.allá de la función de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca quebrar al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como mal necesario y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.

Terrorismo estatal e impunidadCarlos Fazio /IIIMás allá de la responsabilidad de los militares que han violado de manera flagrante e impune los derechos humanos de cientos de connacionales –como acaba de ratificar el reciente informe de Human Rights Watch–, la responsabilidad mayor recae en el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Fue él quien decidió profundizar la coadyuvancia del Ejército y la Marina en la lucha contra la criminalidad y aceptó la estrategia de guerra irregular para combatir delitos del fuero común.La declaración unilateral de combate a la criminalidad formulada en diciembre de 2006 colocó al país en los parámetros de una guerra civil. Entonces, ese hecho no tuvo una clara determinación jurídica. Pero conviene recordar que las fuerzas armadas no están formadas ni estructuradas para combatir el delito. Están instruidas, organizadas y estructuradas para defender la soberanía y la independencia nacionales, y el orden interno cuando es afectado por circunstancias tales que crean un estado de guerra. Los militares no empuñan las armas para reprimir un delito; para eso está la policía. Cuando el poder político recurre a los militares para exterminar a un enemigo interno, está reconociendo tácitamente el estado de guerra. Pero la lucha entre familias mafiosas o cárteles de la economía criminal, o el ataque de organizaciones delictivas a políticos y funcionarios del Estado como forma de presión o represalia, no son considerados actos de guerra.Desde un inicio, el discurso estatal en la lógica de exterminio de los malos, y las formas equívocas en que fue difundido desde el gobierno y por unos medios masivos disciplinados a los usos y costumbres del poder, generaron ambigüedad, pero Felipe Calderón logró el objetivo de colocar su guerra –con la larga estela de ejecuciones sumarias, decapitados, torturados, desaparecidos y fosas comunes– como tema prioritario de la agenda pública.La confusión deliberada entre esos dos planos de interpretación –guerra y delito– se ha mantenido constante durante sus cinco años de gestión, pero desde la llegada del dúo Obama/Clinton a la Casa Blanca arreciaron las presiones para asimilar las tácticas violentas de la delincuencia a las del terrorismo y la subversión política, como forma encubierta de criminalizar al enemigo como narcoterrorismo o narcoinsurgencia y preparar las condiciones para justificar la guerra sucia y el terrorismo de Estado. A la vez, el Estado se vio obligado a considerar la lucha contra la criminalidad como una forma de guerra irregular, dada la necesidad de introducir modificaciones jurídicas en la lógica de la seguridad nacional, preservando de paso el fuero militar, garante de la cuasi impunidad e inmunidad del estamento castrense.A últimas fechas, la reticencia y oscilaciones del Estado a reconocer el carácter bélico del enfrentamiento contra algunas bandas criminales estuvieron determinadas por su naturaleza de exclusivo detentador de la autoridad pública y, por lo tanto, único competente para declarar una guerra, por constituir la autoridad legítima y prexistente sobre el territorio donde se desarrolla el conflicto. A mediados del año pasado, el cambio de guerra a lucha por la seguridad pública pudo haber estado determinado por la proximidad del fin del sexenio y el riesgo de que, al haber desarrollado una guerra injusta, Calderón pueda ser culpado de delitos contra la paz, al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos, o por haber violado las reglas de la guerra, lo que lo haría sujeto de ser juzgado como criminal de guerra.La calificación de guerra justa o injusta remite a una antigua doctrina de origen filosófico y religioso, que comprende el jus ad bellum (el derecho de iniciar una guerra en presencia de una causa justa) y el jus in bello (el código de comportamiento bélico). La guerra injusta no posee una justa causa, pero no deja de estar sujeta a normas (consuetudinarias o positivas), que por lo general son las aceptadas por la convención de guerra vigente en su periodo histórico. No obstante, con frecuencia una guerra justa, regular o irregular, no respeta las normas. En ese sentido, predomina la visión de Clausewitz de que la guerra es esencialmente una actividad no sujeta a reglas, excepto aquellas que permiten alcanzar la victoria (que es entendida esencialmente como aniquilación del enemigo).Los estados debaten esos problemas apoyándose en las teorías de los fines de la guerra, de los medios o instrumentos de guerra y de la proporcionalidad, teorías que forman parte del jus ad bellum y constituyen efectivas vallas de contención contra la guerra total. Clausewitz habla de aniquilación del enemigo. En la lógica del “exterminio de los malos” de Calderón, subyace no sólo la omisión gubernamental en el momento de definir a priori la moderación en los fines y en los métodos de la guerra (verbigracia, la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial), sino también la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.Norberto Bobbio agrega a lo anterior que la guerra sea moralmente lícita, lo que no significa que deba ser obligatoria. Y frente a la distinción entre guerra justa y guerra necesaria, sugiere que hay que apelar a la ética de la responsabilidad, fundada en la previsibilidad de los resultados.Según Bobbio, los gobernantes no pueden atenerse a la ética de las buenas intenciones y decir: la razón está de nuestro lado, por tanto, tenemos libertad de acción. Debe obedecer a la ética de la responsabilidad, valorar las consecuencias de sus propias acciones. Y estar preparados para renunciar a ellas, si estas acciones arriesgan producir un mal peor del que se quiere combatir. La reparación de la ofensa no puede volverse una masacre. En el caso de Calderón, más de 50 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de torturados lo condenan.

Terrorismo estatal e impunidadCarlos Fazio /IVMéxico vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la guerra de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el estado de excepción devino en la regla. Para ambos, el estado de excepción no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción permanente que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una guerra civil legal, forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática de gobierno.Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico. El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama poder desnudo. Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de gobierno que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como combatientes ilegales, que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un limbo legal hasta el presente, apoyado por un sistema judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como piojos (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder.Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de la solución final nazi. Para Agamben el estado de excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales. Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la excepción hace que todo sea posible

La existencia del charrismo sindical, combinado sus tentaculos con la dominacion sutil de los agremiados, de facil manipulacion y dependencia tremenda en su empleo y prestaciones hacia la estructura charra; hace dificil una penetracion de los socialistas revolucionarios. La penetracion de charros de nuevo cuño con vestiduras cuasi charras con manipulaciones parecidas y “ metodos democraticos” parecidos pone como alternativas y adversarios peligrosos par los SR.