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INFORME NACIONAL DE ESPAÑA 2003 PARA EL OBSERVATORIO EUROPEO SOBRE SINHOGARISMO

Pedro José Cabrera Cabrera Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Universidad Pontificia Comillas de Madrid

pcabrera@chs.upco.es

Octubre 2003

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Informe Nacional de España 2003 para el Observatori o Europeo sobre Sinhogarismo

ÍNDICE

1. Introducción.........................................................................................................3 2. Vivienda y alojamiento ........................................................................................5

2.1 El precio de la vivienda..................................................................... 6 2.1.1 Tamaño de la vivienda .................................................................... 7

2.2 Política de vivienda........................................................................... 8 2.2.1 El Plan Nacional de Vivienda 2002-2005 ........................................ 8 2.2.2 Medidas específicas ........................................................................ 9

3. Estadísticas actualizadas ..................................................................................11

3.1 Tendencias en el mercado de la vivienda ...................................... 14 3.1.1. Jóvenes ......................................................................................... 14 3.1.1 Inmigrantes.................................................................................... 19

3.2 Homelessness................................................................................ 24 3.3 Perfil de la población sin hogar ...................................................... 26

4. Investigación Revisada .....................................................................................35

4.1. Bilbao ............................................................................................. 36 4.2. Madrid ............................................................................................ 38 4.3. Encuesta Eurostat .......................................................................... 46

5. Referencias .......................................................................................................47

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1. Introducción

Las dificultades que entraña investigar sobre la cuestión del sinhogarismo en todos los países europeos se vuelven aún mayores en un país como España por varias razones:

a) No hay ninguna definición claramente aceptada de lo que significa ser una

persona sin hogar, ni existe conciencia de los vínculos existentes entre las cuestiones de la vivienda/alojamiento y el problema del sinhogarismo, sino que el problema tiende a considerarse casi exclusivamente en términos de marginación/exclusión y vinculándolo a los servicios sociales, no a los departamentos de vivienda y alojamiento.

b) No existen fuentes oficiales a las que acudir para obtener datos sobre el problema.

c) La descentralización administrativa y la transferencia de competencias en materia de servicios sociales y vivienda a las Comunidades Autónomas hace enormemente difícil poder obtener datos similares entre los 17 ámbitos regionales de actuación.

d) Son muy escasas las investigaciones académicas que se realizan sobre el asunto; los pocos estudios de ámbito nacional con que contamos son antiguos o se centran en aspectos parciales.

e) En la mayoría de los casos, la investigación que se realiza tiene carácter local, o como mucho regional, y se lleva a cabo desde enfoques teóricos y metodológicos muy diferentes, cuando no se hace desde la carencia absoluta de marco teórico digno de tal nombre y sin cumplir los requerimientos mínimos de rigor metodológico que podrían hacerla utilizable y/o comparable.

f) Hasta el momento la implicación de las agencias estadísticas oficiales ha sido prácticamente nula.

g) El sector asociativo se encuentra desarticulado y carece de plataformas colectivas (como por ejemplo la FNARS en Francia) desde las que poder ofrecer datos de conjunto, y reclamar de forma unitaria actuaciones públicas en materia de sinhogarismo.

No obstante, hay algunos indicios que permiten albergar ciertas esperanzas de cara al futuro:

a) Cada vez hay una conciencia mayor entre la opinión pública de la importancia de las cuestiones que afectan al alojamiento y a la carencia de vivienda, por lo que tiene de riesgo general para toda la población española, y por la

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visibilidad que adquieren ciertos aspectos de precariedad residencial extrema, particularmente los ligados a la existencia de un número cada vez mayor de extranjeros extracomunitarios mal alojados.

b) Hay una preocupación creciente entre los responsables de política social de las grandes ciudades por el ascenso del sinhogarismo y las situaciones de exclusión residencial severa, lo que está haciendo que se realicen estudios y se planifiquen intervenciones desde una investigación previa cada vez con más frecuencia, si bien la difusión no suele ser muy amplia y queda a veces restringida a círculos muy pequeños. Esta preocupación por generar estudios e investigaciones que permitan una ordenación de la política social sobre el sinhogarismo, nos consta que ha alcanzado también a los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lo que debería traducirse en proyectos concretos de trabajo durante los próximos ejercicios.

c) Se están empezando a producir intentos de coordinación entre instituciones y agencias sociales que van más allá del ámbito local y que podrían constituir el germen de algún tipo de federación a nivel estatal. En este punto sería crucial una actitud generosa por parte de las entidades más fuertes y mejor implantadas territorialmente, para poder generar marcos de cooperación y encuentro en los que participen todos los actores y entidades sociales.

d) Por primera vez en la historia reciente española, la homogeneización estadística entre países europeos ha dado lugar a la realización de una encuesta a Centros que atienden a PSH desde el Instituto Nacional de Estadística cuyos trabajos comenzarán el próximo mes de noviembre.

e) La labor de difusión de conceptos, de intercambio de experiencias, de multiplicación de contactos internacionales e interinstitucionales que ha propiciado la existencia de las redes vinculadas a FEANTSA comienza a dejarse sentir de forma muy apreciable, de manera que se multiplican las iniciativas de encuentro, reflexión e intercambio entre los agentes implicados.

Si todos estos indicios fructifican, esperamos que la ardua e ingrata tarea que implica intentar realizar un informe anual de acuerdo a las directrices que fija el Observatorio Europeo, con los pocos elementos disponibles en nuestro país, comience a ser algo más fácil y agradable de realizar. En todo caso las deficiencias y los errores de este informe son responsabilidad única de su autor, en cuanto a los aciertos, han de atribuirse a la extraordinaria ayuda recibida por parte de gran número de personas responsables de Centros y Entidades que generosa y desinteresadamente me han enviado datos y referencias contenidas en sus memorias de actuación; a todos, nuevamente: MUCHAS GRACIAS1.

1 Aunque no siempre he podido utilizar los datos que me han facilitado, y aún a riesgo de ser injusto por olvido o inadvertencia, debo dar las gracias especialmente a: los responsables de Personas Sin Hogar en los Ayuntamientos de Madrid (Ernesto Cabello; José Antonio Belmar) y Barcelona (Marina Sánchez Casanova); Inmaculada Soriano del CAST (Valencia); Pedro Ruiz Salvador del INE; Jordi Balot y Ramón Noró de Arrels; Mercedes Portero del CASI; Santos Malagón de Realidades; Jesús Castanedo de Goiztiri; Francisco Morales de la Obra Social de Acogida y Desarrollo; Antonio Rodríguez de FACIAM; Álvaro Ortiz de Zárate de Asociación T4; Mikel Barturen y José Manuel Caballol de RAIS; Esperanza Linares de Cáritas Española; Rafaela Romero de Cruz Roja Valladolid; Txema Duque, Fernando Fantova y Nely Martínez de Bilbao; Pepe Aniorte de Solidarios; Pilar Martínez de Fundación Lesmes; Juan Manuel Miguens de Fundación Vital Dent.

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2. Vivienda y alojamiento La cuestión de la vivienda constituye uno de los mayores motivos de preocupación (si no de alarma) para los españoles. En respuesta espontánea a la pregunta sobre cuáles son los tres problemas principales que afectan a la sociedad española ocupa el quinto lugar en la lista que ofrece el barómetro de CIS de julio de 2003, y asciende hasta la tercera posición, cuando la pregunta precisa “¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más?”, tras el paro, y la inseguridad ciudadana, tema éste último que ha sido objeto de amplísimas campañas mediáticas en los últimos tiempos.

Tabla 1.- Los principales problemas de los españole s. Encuesta del CIS. Julio 2003

¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (Respuesta espontánea)

¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (Respuesta espontánea)

1 Paro 66 % Paro 39%

2 Terrorismo, ETA 43% Inseguridad ciudadana 19%

3 Inseguridad ciudadana 25% Vivienda 17%

4 Inmigración 16% Problemas económicos 17%

5 Vivienda 15% Terrorismo, ETA 11%

6 Drogas 14% Inmigración 8,3%

7 Problemas políticos 13% Las pensiones 7,2%

8 Problemas económicos 11% Educación 5,9%

9 Las pensiones 3,9% Problemas políticos 5,8%

10 Problemas relacionados con el empleo

3,8% Sanidad 5,7%

De hecho si observamos las series de respuestas correspondientes al último año, y a pesar de tratarse de contestaciones espontáneas a una pregunta que puede verse afectada por sucesos coyunturales, vemos que la cuestión de la vivienda, figura siempre en el grupo de los cinco o seis grandes problemas que más afectan a la vida personal de los españoles, incluso hay varios meses en los que la vivienda supera incluso a la preocupación por el terrorismo y ETA, asunto éste que junto a la inseguridad ciudadana y los problemas económicos son los que más inquietan a los ciudadano; por supuesto junto al paro que es a gran distancia el gran azote de los hogares españoles.

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Los problemas que más afectan personalmente a los españoles

(Elaboración propia. Fuente:Barómetros del CIS)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

jul-02

ago-02

sep-02

oct-02

nov-02

dic-02

ene-03

feb-03

mar-03

abr-03

may-03

jun-03

jul-03

Paro

Problemas económicos

Inseguridad ciudadana

Terrorismo, ETA

Vivienda

Inmigración

Drogas

El desastre del "Prestige"

Elaboración propia (Fuente: Barómetros CIS)

A pesar de que en los últimos diez años se han construido más viviendas que nunca antes en España, las condiciones de producción y venta de las mismas, están dejando fuera del alcance de muchos sectores sociales un bien básico como es la vivienda

2.1 El precio de la vivienda Durante el año 2002 el incremento medio del precio de las viviendas en España fue de un 18%, catorce puntos por encima de la inflación (4%), lo que viene añadirse a una tendencia al alza del precio de la vivienda que ha hecho revalorizarse en un 90% el patrimonio residencial del país desde 1997 para acá (TRILLA and LLERA 2003). Según ponen de relieve Trilla y Llera en un artículo reciente (2003), en el caso de Madrid, que es la ciudad para la que se dispone de las series de datos más largas sobre evolución del precio de la vivienda, nos encontramos con que el metro cuadrado que costaba 23.583 pts en 1976 al comienzo de la transición democrática, cuesta hoy 476.696 pts, mientras que una cesta de bienes de consumo de un precio equivalente se situarían hoy en las 180.000 pts; es decir, la vivienda ha ha experimentado una subida de precios 2,65 veces superior a la de la mayoría de los bienes de consumo (ver gráfico sig.)

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(tomado de TRILLA y LLERA, 2003)

En la elevación de los precios, no debe ser desdeñable, el hecho de que la compra de vivienda ha sido tradicionalmente una forma habitual de invertir el dinero “negro”. Este efecto debió ser especialmente importante en los dos años que precedieron a la entrada en vigor del euro. Y no olvidemos que las últimas estimaciones, calculan que la economía sumergida representa en España hasta un 23% del PIB el porcentaje más alto tras de Italia de toda la Unión Europea.

2.1.1 Tamaño de la vivienda Las vivienda minúsculas, sobre todo en el centro de las grandes ciudades siguen siendo una realidad, que lejos de continuar retrocediendo, ha experimentado un considerable repunte, como consecuencia de los elevadísimos precios de la vivienda. Así por ejemplo, en el último censo se pone de manifiesto que en la Comunidad de Madrid, una cuarta parte de las viviendas utilizadas como residencia habitual tiene menos de 60 metros cuadrados, y así por ejemplo, en el Diario El País (31 de marzo de 2003) se recogía el caso de un trabajador de la construcción de 43 años, en régimen laboral de contratos precarios, que vivía en un cuchitril de 12 m2 situado en un oscuro patio interior del popular barrio de Lavapiés, y que a base de imaginación había conseguido meter en ese espacio mínimo, una sala de estar, un altillo para dormir, una cocina y un retrete, en el que incluso había tenido temporadas en que había vivido con pareja, si bien aseguraba, “surgen unos roces [conflictos] que en otro lugar más espacioso no ocurrirían”, pese a que “los habitantes de las infraviviendas somos como pequeños geniecillos que conseguimos sacar una cama de debajo de la tele o transformar un comedor en dormitorio por la noche. Te cabrea pensar que podríamos vivir mejor si el mercado inmobiliario no

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fuera tan especulativo”, claro que para combatir el agobio y la falta de luz procura pasar mucho tiempo fuera y quedarse a estudiar en la biblioteca pública.

2.2 Política de vivienda

La política de vivienda se lleva adelante mediante planes plurianuales elaborados por el Estado, que posteriormente se concretan en Convenios-Marco con las Comunidades Autónomas dotados de recursos financieros. Por último, los municipios son los responsables de generar suelo urbanizable, y de la planificación y gestión inmobiliaria. Actualmente está en vigor el Plan de Vivienda 2002-20052 (Se incluye en Anexo)

Las actuaciones previstas en los planes son muy diversas y van desde la construcción de nuevas viviendas con según distintos regímenes de ayudas específicas en razón de sus características y de los ingresos de los beneficiarios, a la rehabilitación, la generación de suelo urbanizable, o la promoción de viviendas públicas para alquiler.

En general, desde comienzos de los noventa los planes de vivienda no han conseguido generar ni siquiera las viviendas de protección inicialmente previstas, debido a que los precios máximos establecidos estaban muy por debajo de los costes reales, y han desalentado la participación de los constructores privados, que han visto mayores posibilidades de negocio en la construcción de vivienda libre. El grado de incumplimiento, para el conjunto de las actuaciones previstas para el año 1999 oscilaba en torno al 85%, y apenas llegó al 10% de cumplimiento en el caso de las VPO para alquiler.

2.2.1 El Plan Nacional de Vivienda 2002-2005

Según se afirma en la nota de prensa hecha pública por el ministerio de Fomento con motivo de la presentación del Paln de vivienda, los objetivos que se persiguen son:

- “Apoyar, prioritariamente, a las personas con menos ingresos, así como a los colectivos más desfavorecidos en la adquisición de una vivienda.

- Potenciar las viviendas en régimen de alquiler como una medida que posibilite la movilidad laboral.

- Facilitar a los jóvenes el acceso a la primera vivienda y mejorar las ayudas a las familias con hijos permitiendo, su acceso a viviendas de mayor superficie, colaborando de ese modo con la política de fomento a la natalidad conforme al Plan de Apoyo a la familia, impulsado por el Gobierno.

- Mejorar las condiciones de acceso a las viviendas para las familias que tienen a su cargo personas mayores o con minusvalías”

2 Real Decreto 1/2002 de 11 de enero. Publicado en el BOE de 12 de enero de 2002.

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Como hemos dicho, si bien la elaboración del Plan de Vivienda corresponde al Estado, las competencias efectivas para poder llevarlo adelante están transferidas a las Comunidades Autónomas, y por otra parte la oferta de suelo disponible para edificar depende de los Ayuntamientos, que habida cuenta de la crónica escasez de recursos con que cuentan, acaban por hacer de esta capacidad de poner suelo en el mercado, su principal fuente de obtención de ingresos para las arcas municipales, por la vía de renunciar a la cesión de suelo que le corresponde en cada promoción a cambio de su traducción en dinero contante y sonante, con lo que es la propia Administración pública la que acaba reforzando así la dinámica especulativa, al renunciar a crear un patrimonio público de suelo destinado a fines sociales, como es su obligación, con tal de obtener ingresos para enjugar el déficit crónico en que se encuentra. Hay que tener en cuenta que el suelo supone aproximadamente el 50% del coste final de un piso (EL País, 17 de noviembre de 2002). De todos modos, no se puede ser simplista al considerar este aspecto, y afirmar tajantemente que el coste del suelo determina sustancialmente el coste de la vivienda, pues es sabido que la relación puede establecerse también en sentido contrario, de modo que es el enriquecimiento especulativo que se espera alcanzar con el precio final de la vivienda, el que acaba determinando el valor del suelo en cada momento. Ahora bien, si -como se afirma en un reciente informe del Defensor del Pueblo Andaluz-, “la mayor parte de la ciudadanía es excluida del mercado protegido (porque no interesa, o no es posible construir este tipo de viviendas), y del mercado libre (porque no tiene posibilidades económicas para adquirirlas)”, parecería que la alternativa debería ser la vivienda en alquiler, sin embargo, mientras que en la última década el total de viviendas creció un 21%, los arrendamientos se redujeron en un 9,2%.

2.2.2 Medidas específicas Los servicios de Bolsa de vivienda para jóvenes3. En Canarias se opta directamente por instrumentar prestaciones económicas específicas desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas consistentes en otorgar subvenciones en forma de ayudas individuales para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda4. Algo parecido a lo que ocurre en Castilla y León, en donde es la Consejería de Fomento, la que subvenciona los alquileres de familias monoparentales, ancianos y jóvenes5.

3 ORDEN del 26/06/2003 por la que se convocan subvenciones destinadas a municipios de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de bolsas de vivienda joven en alquiler e hipoteca joven durante el año 2003. Publicada en el BOCM 26/06/2003. 4 DECRETO 19/2003 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de Canarias por el que se regula la concesion de subvenciones destinadas a facilitar el acceso de los jovenes a la vivienda. Publicado en el BOC el 21/02/2003. 5 ORDEN de 24/01/2003 por la que se regulan ayudas económicas destinadas a subvencionar alquileres a arrendatarios de viviendas para el año 2003. Publicada en el BOCYL el 28/01/2003.

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Del mismo modo, son relativamente frecuentes las ayudas destinadas a entidades que cuentan con viviendas asistidas para enfermos mentales crónicos , como es el caso de Madrid, Galicia6 y otras Comunidades Autónomas. Naturalmente todo esto ha dado lugar a una amplia legislación que trata de regular el funcionamiento de estos pisos tutelados, viviendas asistidas, etc, subvencionadas con fondos públicos7.

El “alquiler solidario ” (El año 2001 se creó por el gobierno Regional valenciano la Dirección General de Planes especiales de vivienda adscrita a la Consellería de Bienestar Social , en un intento de crear un vínculo institucional entre las políticas de vivienda y las de bienestar social, y con el objetivo de “facilitar el acceso a una vivienda digna a los colectivos sociales más desfavorecidos” intensificando las “políticas de inclusión y sostenibilidad social”. Entre otras actuaciones, un año más tarde se establecen desde la Consejería de Bienestar Social, las “Ayudas para alquiler solidario de viviendas para colectivos sociales desfavorecidos”8, y finalmente, en abril de 2003, se ha puesto en marcha la “Red de Oficinas Info-Vivienda Solidaria”9 como servicio de información e intermediación social encargado de “facilitar y fomentar el acceso a viviendas dignas en régimen de alquiler solidario”. La idea es tratar de movilizar el parque de viviendas vacías, mediante actuaciones de intermediación entre los propietarios y los arrendatarios, de manera que se pueda contar con un fondo de viviendas para el alquiler solidario al que se denomina “Banco Valenciano de la Vivienda Solidaria”. Igualmente se persigue formar a mediadores sociales en materia de vivienda y realizar campañas en los medios de comunicación que estimulen el alquiler y den a conocer las ventajas de la utilización de los servicios que ofrece la Red (asesoramiento, seguro multirriesgo, mediación, etc). En sus primeros seis meses de funcionamiento el servicio Infovivienda solidaria atendió 4200 consultas de las cuales el 26% fueron realizadas por inmigrantes. De igual modo, Baleares, tenía en vigor ese mismo año10 una orden por la que se regulaban las “ayudas para financiar el alquiler de viviendas donde se lleven a cabo actividades que promuevan la inserción de determinados colectivos de personas en procesos de reinserción social”, eufemismo con el que se hacía alusión a mujeres, jóvenes, drogodependientes y ex-reclusos, atendidos en viviendas gestionadas por el Instituto Balear de Asuntos Sociales.

6 ORDEN de la Consejería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública de Galicia de 27/12/2002 por la que se regula el establecimiento de subvenciones para la realizacion de programas destinados a prestar atencion a los enfermos con trastornos mentales persistentes en los dispositivos de apoyo comunitario dependientes de las asociaciones de familiares de enfermos psiquicos y otras entidades sin animo de lucro publicada en el DOG el 15/01/2003. 7 Por ejemplo, el DECRETO 347/2002 de la Consejería de Sanidad de Galicia por el que se regulan los pisos protegidos, viviendas de transición y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes. Publicado en el DOG el 20/12/2002. 8 ORDEN de 04/03/2003 por la que se regulan y convocan ayudas para alquiler solidario de viviendas para colectivos sociales desfavorecidos para el año 2003 (Valencia) Publicada en el DOGV 04/03/2003 9 ORDEN de 30 de abril de 2003, de la Consellería de Bienestar Social. Publicago DOGV 15/5/2003 10 ORDEN de 29/04/2002 de la Consejería de Bienestar Social por la que se regulan las ayudas para financiar el alquiler de viviendas donde se lleven a cabo actividades que promuevan la inserción de determinados colectivos de personas en procesos de reinserción social que serán gestionadas por el Instituto Balear de Asuntos Sociales. Publicada en el BOIB el 23/05/2002.

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Ayudas de la consejería de Servicios Sociales de Cantabria para el “alquiler de vivienda habitual”, referida a casos de familias con bajos ingresos, y contemplando particularmente los casos de inmigrantes, viudedad y separación/divorcio.

Por lo que se refiere a los inmigrantes , el Ministerio de Asuntos Sociales ha ido estableciendo convenios con las CC. AA. para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de acogida básica a inmigrantes, dentro de los cuales se contemplan capítulos como la puesta en marcha de programas de inserción, el establecimiento de servicios de Información en los que se preste asesoramiento legal, orientación profesional y se promuevan actuaciones encaminadas a favorecer la integración laboral, el acceso a la vivienda y la utilización de los Servicios y Centros Sociales. De todas formas las cantidades destinadas a promover el acceso efectivo a la vivienda no dejan de ser más bien simbólicas, así por ejemplo, para el año 1999, de un total de 609 millones de pesetas que contemplaban las actuaciones a financiar conjuntamente por la Generalitat de Catalunya y el Estado, las ayudas al alquiler representaban únicamente 18,7 millones de pts. Dos años más tarde, en el año 2001, los insuficientes 609 millones del 99, habían pasado a convertirse en unos ridículos 270 millones de pts. La vivienda se contempla dentro de los Planes territoriales de integración de los inmigrantes que se desarrollan a nivel comarcal en ámbitos como: participación y diversidad cultural, mediación intercultural, vivienda, formación e inserción sociolaboral, promoción de la mujer inmigrante, enseñanza, salud y sensibilización social, a todo ello el Convenio destinaba 139 millones de pts. Para el último año, la cantidad total contemplada en Convenio no llegaba a los 2 millones de Euros (apenas 300 millones de pts).

De forma particular, la Consejería de Andalucía contempla actuaciones específicas en materia de vivienda dirigidas hacia los gitanos , dentro del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía11.

3. Estadísticas actualizadas

En relación a la situación general de la vivienda en España, los resultados más significativos del último Censo 2001, cuyo avance de resultados se hizo público en marzo de 2003, muestran que:

• Para una población de 40.847.371 personas, el número total de

viviendas en España supera los 20,82 millones tras crecer un 21% en los 10 últimos años, mientras que la población apenas creció un 5%, lo que indica una considerable reducción del tamaña de los hogares.

• De esos casi 21 millones de viviendas, algo más de 14 millones se

utilizan como vivienda principal, 3,3 millones de viviendas se usan

11 ORDEN de 17/08/2002 de la Consejería de Asuntos Sociales de Andalucía por la que se establecen las bases reguladoras para la realización de programas del plan integral para la comunidad gitana de Andalucía por entidades publicas y se efectúa su convocatoria para el año 2002.

Comentario [U1]: VER BOE Miércoles 20 de marzo de 2002 Y los de 10, 11 y 12 del 2003

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como segunda residencia, y, finalmente, existen casi tres millones (2,89) de viviendas vacías, lo que supone el 14% del total.

Tabla 2.- CENSO 2001 España Población total 40.847.371 Total Viviendas 20.823.369 100% Viviendas principales 14.270.656 68,5% Viviendas secundarias 3.323.127 16,0% Viviendas vacías 2.894.986 13,9% Otras 334.600 1,6% (Fuente: INE)

No obstante, los datos generales, referidos a todo el país, no deben ocultar que la enorme importancia de la vivienda secundaria y de las viviendas vacías encierra grandes diferencias por Comunidades Autónomas. Así por ejemplo las viviendas secundarias son más del 20% del total en las dos Castillas, Valencia y La Rioja; y las viviendas vacías superan el 15% del total en regiones turísticas como Baleares y Valencia, o zonas tradicionales de emigración como Extremadura y Galicia. Obviamente, los procesos sociales que se traducen en un elevado porcentaje de viviendas vacías, en zonas turísticas y en zonas de emigración son de naturaleza bien diferente12.

Tabla 3.- Viviendas según tipo por Comunidades Autó nomas (En %)

Viviendas Principales

Viviendas Secundarias

Viviendas Vacías

Otro tipo de

viviendas TOTAL Total

Viviendas

Andalucía 69,83 13,95 14,46 1,76 100% 3.482.229

Aragón 68,50 17,69 12,47 1,34 100% 650.011

Asturias (Principado de) 75,50 10,20 12,89 1,41 100% 518.735

Balears (Illes) 62,34 19,06 16,07 2,53 100% 495.079

Canarias 67,45 13,48 14,21 4,86 100% 827.787

Cantabria 65,19 17,95 12,17 4,69 100% 281.792

Castilla y León 60,76 23,80 14,02 1,41 100% 1.469.463

Castilla-La Mancha 62,87 22,85 13,31 0,97 100% 975.911

Cataluña 70,92 15,36 12,59 1,12 100% 3.289.076

Comunidad Valenciana 59,38 22,09 16,47 2,06 100% 2.525.659

Extremadura 62,74 18,24 17,69 1,34 100% 586.689

Galicia 69,67 12,74 16,54 1,05 100% 1.297.708

Madrid (Comunidad de) 75,51 11,64 11,71 1,13 100% 2.497.300

Murcia (Región de) 66,44 17,25 14,80 1,51 100% 571.604

Navarra (Comunidad Foral de) 73,62 11,57 13,00 1,80 100% 257.565

País Vasco 84,03 5,39 9,73 0,85 100% 886.733

Rioja (La) 61,50 22,30 15,24 0,96 100% 165.659

Ceuta y Melilla 85,46 1,81 12,28 0,45 100% 44.369

Total España 68,53 15,96 13,90 1,61 100% 20.823.369

12 No obstante, como ya apuntábamos en anteriores informes, los datos relativos a viviendas vacías deberán matizarse cuando sea posible evaluar la incidencia de posibles defectos durante el desarrollo de los trabajos de campo del censo que se traducen en una excesiva presencia de viviendas vacías, cuando lo que ha ocurrido es que los agente censales no han sido capaces de alcanzar a sus ocupantes cuando todos se encuentran ocupados y pasan buena parte del día fuera de su domicilio.

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• Únicamente el 11,5% de los hogares vive en régimen de alquiler, frente al 15% que lo hacían en este régimen diez años atrás.

• El régimen de tenencia abrumadoramente mayoritario es el de la

propiedad. Los datos que ofrece el último Censo son concluyentes (Ver Gráfico siguiente).

Hogares según régimen de tenencia(Fuente: INE. Censo 2001)

En alquiler11,5%

Otra forma3,8%Cedida gratis o a

bajo precio por otro hogar, la

empresa.. 2,7%

En propiedad: por herencia o

donación 8,6%

En propiedad: con pagos pendientes (hipotecas) 22,8%

En propiedad: por compra totalmente

pagada 50,6%

Ahora bien, esta realidad, que convierte actualmente a España en el país con el porcentaje más bajo de toda la UE de viviendas familiares principales en alquiler, es una realidad relativamente nueva si la consideramos en términos históricos, y desde luego no se trata de una arraigada tradición cultural española como a veces han dicho algunos responsables políticos para justificar las escasísimas actuaciones destinadas a favorecer el alquiler. Por ejemplo, en 1950 el alquiler representaba el 51,4% de las viviendas principales en los hogares españoles, desde entonces ahora la tendencia al descenso ha sido muy acusada (ver gráf.).

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Evolución del régimen de tenencia de las viviendas familiares en España 1950-2001

(Elaboración propia. Fuente: INE Censos)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1950 1960 1970 1981 1991 2001

Otros

Alquiler

Propiedad

Entre las razones que explican el derrumbe del alquiler y la expansión de la propiedad se han señalado (CES 2002:62) las siguientes:

- La caída de los tipos de interés, especialmente desde mediados de los noventa13, que ha facilitado el acceso a la propiedad.

- La baja rentabilidad del alquiler respecto del precio total de la vivienda que desalienta tanto a los posibles inquilinos como a los posibles arrendatarios.

- Las expectativas de revalorización inmobiliaria que animan a comprar más que a alquilar. Actualmente, alquilar es “tirar el dinero”, comprar en cambio se convierte en la vía privilegiada para preparar de facto el propio plan de pensiones.

- Los incentivos fiscales a la compra. - La disminución constante del parque de viviendas públicas en alquiler.

3.1 Tendencias en el mercado de la vivienda De entre los múltiples aspectos que podrían analizarse en este epígrafe vamos a centrar nuestra atención en presentar brevemente los problemas de acceso al alojamiento que encuentran actualmente los dos colectivos que de forma abrumadora se encuentran con mayores dificultades para conseguir acceder a la vivienda en España: los jóvenes y los inmigrantes. Sin duda, estos dos grupos de personas, sólo de forma secundaria encuentran su reflejo en el sinhogarismo estricto, pero desde luego no se puede desconocer que el crecimiento del número de jóvenes y de extranjeros entre la población literalmente sin techo, resultado al que colaboran múltiples variables en compleja interacción, tiene que ser comprendido también desde este telón de fondo general.

3.1.1. Jóvenes

13 La convergencia con otros países europeos llevó en pocos años de unos tipos situados en el 16% a mediados de los 80, a otros que rondan el 5% en la actualidad.

15

Como se ha puesto de relieve en reiteradas ocasiones, uno de los grupos que más dramáticamente viven los efectos del encarecimiento de la vivienda en España son los jóvenes (TRILLA y LÓPEZ 2003).

Un reflejo de las especiales dificultades que presenta el acceso a la vivienda para los más jóvenes es la iniciativa adoptada por el Consejo de la Juventud de España14 al crear un “Observatorio Joven de la Vivienda en España” (OBJOVI) que desde finales del año 2002 ha comenzado a publicar un boletín trimestral en el que se realiza un seguimiento de la relación entre los jóvenes y la vivienda e incluye datos a nivel estatal y también desagregados por Comunidades Autónomas. Curiosamente –al menos, para un observador del norte de Europa- el tramo generacional al que se refieren los análisis, incluye como “jóvenes” a todos los españoles comprendidos entre 18 y ¡¡34!! años. Bien es verdad que el enorme retraso en la emancipación del hogar paterno explica estos “jóvenes” casi ancianos de 33 y 34 años.

Así por ejemplo, mientras los casi once millones (10,8) de españoles con edades comprendidas entre 18 y 34 años suponen algo más de una cuarta parte de la población (26,8%), los hogares encabezados por un joven no significan sino el 17,6% de todos los hogares. Sólo un 35% de estos jóvenes están emancipados de sus padres, e incluso en el tramo de edad más maduro (30-34 años), hay más de un 30% de “jóvenes” que, con treinta años o más, aún no han volado del nido15. Esto se explica en buena medida por el hecho de que sólo el 31% de los jóvenes tiene un contrato de trabajo indefinido, y el salario medio entre los jóvenes apenas si sobrepasa los 12 mil euros anuales. Con estos débiles apoyos han de intentar introducirse en un mercado en el que el precio medio de la vivienda libre se sitúa en los 128 mil €, y la protegida – hoy en día casi inexistente – alcanza los 79 mil €. Incluso teniendo en cuenta los bajos tipos de interés actuales, y el largo período de amortización de las hipotecas (a 25 e incluso a 30 años), el coste de acceso a una vivienda en el mercado libre comportaría el 60% de los ingresos medios de una persona joven, lo que según Trilla y Joffre vendría a ser el doble del precio máximo tolerable16 (OBJOVI 2002:1) e incluso la vivienda protegida quedaría por encima de las posibilidades de ese hipotético joven medio. Lo que convierte, de facto, a la vivienda en algo inalcanzable para muchos jóvenes (ver gráfico).

14 Organismo de cooperación juvenil creado por Ley en 1983 que reúne en una sola plataforma de representación y participación a 54 grandes organizaciones juveniles de ámbito estatal y amplia variedad ideológica (http://www.cje.org) 15 La tasa de emancipación en la cohorte con edades entre 25 y 29 años, es únicamente del 34,4%; entre 30 y 34 años, sube hasta un 68,9% (OBJOVI, nº1 2002). 16 Con esta expresión se refieren a un cálculo que elaboran estos autores para estimar “el precio máximo que debería tener una vivienda de 100 m2 construidos, para que el coste de amortización de un préstamos hipotecario por el 80% de su valor resultara equivalente al 30% de los ingresos de un joven o de un hogar joven”. De hecho este es el límite que marcan las Bolsas de vivienda joven del INJUVE para poder acceder a ellas.

16

(Tomado de OBJOVI nº 1 Abril 2002)

No es extraño que el Defensor del Pueblo Andaluz, en un reciente informe (abril 2003), se expresara del siguiente modo: “no cabe engañarse, nos encontramos con un sector de la población [los jóvenes] que, salvo que posean dos sueldos medios estables, se encuentra, al menos en los grandes municipios, en el umbral de la exclusión en cuanto al acceso y disfrute de este bien básico”, puesto que las intervenciones realizadas desde la Administración pública obtienen unos resultados muy escasos en términos absolutos, y propuestas imaginativas como por ejemplo los programas que alientan a la convivencia intergeneracional entre jóvenes y personas mayores, tienen una incidencia más simbólica que real. Entre los tímidos ensayos que se han empezado a poner en marcha para facillitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, el Plan de vivienda 2002-2005 contempla la concesión de ayudas para la entrada y de subsidios para hacer frente a la cuota de amortización del préstamo, que en función del nivel de ingresos oscilan entre el 5% y el 20% de la cuota que el Estado abona por cuenta del joven, así como una ayuda especial de 3.000 € para los jóvenes de hasta 35 años que puede acumularse a las demás ayudas. Igualmente, para promover el alquiler de vivienda, propone la firma de convenios entre el INJUVE y las Comunidades Autónomas destinados a creas Bolsas de Vivienda Joven, con precios inferiores a los de mercado a partir de acuerdos con los propietarios. Para poder optar a estos pisos se necesita tener entre 18 y 30 años y que al menos uno de los jóvenes solicitantes perciba un sueldo que supere 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (actualmente el SMI )17. En cualquier caso todavía es pronto para poder valorar la eficacia real de estas medidas que acaban de ponerse en marcha, aunque parece evidente que lo que intentan es estimular la demanda y facilitar la compra de viviendas por los jóvenes, puesto que 17 En convenio con la Fundación de Derechos Civiles, funciona también una Oficina Joven de Vivienda en donde se presta información y asesoramiento en materia de alquiler y compra de vivienda (http://www.civilia.es/vivienda/indexvivienda.html). Empezó a funcionar en 1999, y actualmente está presente en doce ciudades; durante el pasado 2002 atendió 93.294 consultas. Además de prestar información y asesoramiento, en algunos lugares colabora en la gestión de procesos de adjudicación de viviendas de protección oficial, en la elaboración de criterios de adjudicación y en el desarrollo de estudios y propuestas en materia de políticas de vivienda. La última memoria de la fundación recoge colaboraciones con los Ayuntamientos de Logroño y Vitoria en las que se elaboraron propuestas para poner en marcha un sistema de selección de candidatos para acceder a la compra y/o alquiler de una vivienda pública, mezclando criterios de baremación y de sorteo, que venía siendo el sistema tradicional.

17

las ayudas económicas directas se concentran en la compra, quedando sólo prestaciones de información y asesoramiento para el caso del alquiler.

De todos modos parece evidente que las actividades de información y asesoramiento, no bastan para movilizar un mercado, el de la vivienda en alquiler, que encuentra serias resistencias tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda habida cuenta del elevado coste de los alquileres, que hace que, salvo cuando resulta absolutamente imposible comprar, la opción del alquiler aparezca como ruinosa y poco interesante. Probablemente algo se podría hacer si se diera un tratamiento fiscal favorable, tanto a los propietarios como a los arrendatarios; y desde luego se requeriría ampliar mucho más el parque público en alquiler, que actualmente casi ha desaparecido. No obstante, ante la magnitud del problema actual, han vuelto a ponerse en marcha iniciativas que adjudican vivienda pública en alquiler, si bien de forma muy insuficiente, por ejemplo, el año pasado la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (una ciudad con más de tres millones de habitantes) adjudicó 264 viviendas en su Primera Convocatoria de vivienda en Alquiler, dentro del Plan 1ª Vivienda, y para este año oferta 801 viviendas. El baremo de circunstancias puntuables para acceder a ellas valora especialmente, el ser joven, residir en casa de los padres, procedes de pisos de acogida, contar con alguna minusvalía, ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, o estar pagando en la actualidad un alquiler superior al 40% de los ingresos. En aquella primera convocatoria, por cada piso se presentaron ¡¡115 candidatos!! entre los cuales hubo de realizarse un sorteo. Por eso no es extraño el espectáculo de las colas ante las oficinas de la EMN en noviembre del año pasado, el colapso en las líneas telefónicas por las más de 150.000 llamadas que se interesaban por la oferta de 1.125 casas, a las que finalmente concurrieron más de 30.000 personas. Más chocante resultó incluso la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona al convocar a principios de julio de este año en un teatro a los 17.687 solicitantes de una de los 1054 pisos en alquiler que promueve el Patronato Municipal de la Vivienda a un precio de entre 181€ y 249€. Para dar mayor visibilidad al acto, y puesto que todos los interesados no cabían en el teatro, fue retransmitido por televisión y amenizado por los chistes de unos humoristas, que en aquel contexto cargado de dramatismo resultaban de muy dudosa gracia. Las reacciones que originó dieron lugar a la petición de dimisiones y responsabilidades políticas por el bochornoso “espectáculo” a caballo entre el reality show y el marketing electoral. No hay estadísticas oficiales sobre los precios de los alquileres desde 1997, de modo que hay que recurrir a fuentes más o menos inseguras. Por ejemplo, en un resumen de las ofertas aparecidas en la prensa por el suplemento dedicado a temas de vivienda que cada semana publica el diario El Mundo (febrero 2002) encontró el siguiente panorama:

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Precios de la oferta de alquileres en Madrid

(Su vivienda , noviembre 2002)

501-1000€66%

1501-2000€6%

1001-1500€20%

Más de 2000€3%

Hasta 500€5%

En el que la franja más baja, además de ser muy escasa, sólo permite acceder a un cuchitril. Ante esa disyuntiva, la conclusión del posible inquilino es evidente: “mejor compro”. Cuando el precio del alquiler supera el importe de la cuota de la hipoteca, lo que se consigue merced al alargamiento del período de amortización desde los diez años que eran habituales en los ochenta, hasta los 25 ó 30 en la actualidad, lo más razonable, sin duda, es comprar. Téngase en cuenta que según los datos que proporciona el INE sobre la evolución del IPC, la marcha seguida por los alquileres a partir del componente del IPC que mide el alquiler indican que el costo de la vivienda alquilada incluso subió comparativamente más que el de la vivienda en propiedad (Ver gráfico).

Evolución del IPC General y del IPC de la Vivienda

1993-2001(Fuente INE)

100

110

120

130

140

150

160

170

180

1993

M01

1993

M06

1993

M11

1994

M04

1994

M09

1995

M02

1995

M07

1995

M12

1996

M05

1996

M10

1997

M03

1997

M08

1998

M01

1998

M06

1998

M11

1999

M04

1999

M09

2000

M02

2000

M07

2000

M12

2001

M05

2001

M10

Vivienda en Alquiler

Vivienda en Propiedad

IPC General

A la escasez de vivienda pública, se añaden algunas circunstancias que hacen que se multipliquen las situaciones anómalas y reduzcan su incidencia social. Como es sabido, la vivienda pública en alquiler tiene problemas ligados a la gestión del parque, que pueden dar lugar a un deterioro de las condiciones de habitabilidad por impago de los gastos comunes, y que acaba generando barriadas de marginación;

19

todo ello requeriría de unos servicios de inspección mucho más activos que los que existen actualmente, más vinculados a los servicios sociales para poder valorar la situación de necesidad en cada caso, y poder poner coto a las situaciones realmente fraudulentas (cesiones de uso, subarriendos, ventas fraudulentas), algunas de las cuales se inician ya en el momento mismo de la adjudicación. En el caso de la vivienda de promoción pública destinada a propiedad, las limitaciones establecidas en el precio de venta, han generado una práctica ampliamente extendida que consiste en pagar un sobreprecio en dinero negro que se viene añadir al precio oficial que, claramente ha quedado por debajo del precio que puede obtenerse en el mercado. Este sobreprecio, se paga bien en el momento de la primera compra al promotor, o bien en una segunda venta posterior que se realiza por el primer adjudicatario dentro del período de carencia en el que no está permitido vender la vivienda. Hasta ahora, ni las inspecciones son suficientemente intensas, ni las sanciones son lo bastante importantes como para disuadir de una práctica que acaba convirtiendo en beneficios privados, el esfuerzo social realizado para poder construir vivienda pública18. El diario El Mundo (14 de febrero 2003) se hacía eco de “los vicios ocultos de la VPO” y relataba el caso siguiente: “E. García Pérez no podía dar crédito a la oferta que acababa de recibir. Después de visitar una vivienda que, por fin, y tras mucho patear el mercado, se adaptaba a lo que buscaba, resultó que el promotor le explicó que su precio era el que ya conocía –bastante asequible, para el mercado–, pero que se debía exclusivamente a que era VPO. Conclusión: si deseaba la casa, tendría que pagar en negro unas cuantas decenas de miles de euros más. «O lo toma o lo deja; tengo a cientos de compradores esperando’»”.

3.1.1 Inmigrantes La cuestión del acceso a la vivienda por parte de los trabajadores inmigrantes requeriría de un estudio específico puesto que las situaciones de exclusión residencial son cada vez más abundantes y la velocidad con la que cambia el panorama general impide que podamos conformarnos con los datos obtenidos hace tan sólo un año. Mientras que los extranjeros con permiso de residencia en vigor que constaban en los datos de la policía a finales de 1999 eran 801.329, dos año más tarde, a 31 de diciembre de 2001 habían subido hasta 1.109.060 personas, en gran parte debido al afloramiento que supusieron los procesos de regularización llevados a cabo entre esas fechas. Pero es que además, los datos oficiales del último censo (2001)indican que la población extranjera supera actualmente el millón y medio de habitantes y su media de edad es mucho más joven que la española. Esta cifra evidentemente sigue constituyendo una aproximación a la baja de la presencia real de extranjeros en

18 En su respuesta a la encuesta del Defensor del Pueblo Andaluz (2003), la empresa pública del Ayuntamiento de Cádiz, decía lo siguiente: “el precio medio de una vivienda protegida, de 3 dormitorios, con 70 m², es de 63.000 € (10.500.000 ptas.), aproximadamente algo menos de la mitad de su valor de mercado. Esta circunstancia está propiciando procesos especulativos de venta de este tipo de viviendas, cuyos propietarios proceden de manera casi inmediata a su entrega por los promotores públicos, a ofrecer su venta a terceros, dado el elevadísimo beneficio que con ello pueden obtener”.

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España puesto que la presencia de los que se encuentran en situación irregular, a pesar de ser muy superior a la que aparece en otras fuentes, tampoco debe ser total y su estimación exacta resulta muy compleja, aunque se debe pensar que la cifra no puede ser pequeña (Lora-Tamayo 2003). Frente a la visión estereotipada de la inmigración irregular que se lanza a atravesar el estrecho de Gibraltar en frágiles pateras, la mayoría de quienes se encuentran en situación irregular continúan entrando por el aeropuerto de Barajas como turistas, o por tierra cuando proceden de países incluidos dentro del espacio Schengen. Su distribución por el territorio nacional sigue siendo muy irregular, aunque ya se extiende por todo el país, Madrid y Barcelona concentran el 40% de los extranjeros con permiso de residencia, y existe una presencia muy importante en todas las provincias del litoral mediterránea así como en Baleares y Canarias; téngase en cuenta que en las cinco grandes provincias turísticas (Cádiz, Málaga, Alicante, Baleares y Canarias), el porcentaje de extranjeros residentes procedentes de la UE supera al de extracomunitarios, siendo en muchos casos ciudadanos de la UE jubilados o con negocios vinculados al turismo que han establecido allí su residencia habitual, con lo que la cuestión del alojamiento y la vivienda se presenta bajo una perspectiva muy diferente de la que muestra entre los trabajdores extracomunitarios que viven en la periferia de las grandes áreas metropolitanas, o en provincias con importante presencia de mano de obra temporera ocupada en la agricultura como Almería, La Rioja, Zaragoza, o Murcia. Un cambio importante a destacar en los últimos años, además de la mayor capacidad de detección estadística de quienes se encontraban en situación irregular, es el continuo incremento del porcentaje que representan los latinoamericanos dentro del conjunto de la población extranjera, especialmente ecuatorianos y colombianos que constituyen la segunda y tercera colonia, tras la marroquí que continúa siendo la primera en número, aunque continúa perdiendo importancia relativa, como consecuencia del incremento de latinoamericanos y de la cada vez mayor demanda de trabajadores procedentes de países del Este. En algunos enclaves, como consecuencia del aumento de la presión policial y de las inspecciones laborales, se ha producido un desplazamiento de la mano de obra marroquí -en muchos casos en situación irregular y con importantes problemas de integración y rechazo en las comunidades rurales-, en favor de la contratación por vías oficiales de trabajadores originarios de Europa del Este (polacos, rumanos, ucranianos), lo que ha dejado en situación enormemente precaria a los trabajadores marroquíes que venían acudiendo a realizar los trabajos de temporada, como es el caso de la recogida de la fresa en Huelva por ejemplo. En el caso de Madrid, el rapidísimo incremento de la inmigración ecuatoriana, en gran parte en situación irregular, se ha traducido en un fortísimo aumento de las situaciones de hacinamiento residencial que si bien afectan en general a toda la población extranjera, parecen especialmente frecuentes y dramáticas entre los ecuatorianos. Piénsese que los hogares formados por siete o más personas son tan sólo un 2% del total de hogares madrileños, mientras que en los hogares formados por extranjeros representan un 15%. La necesidad de ahorrar, la escasez de viviendas en alquiler, junto con el fuerte precio de los alquileres, sumados a la desconfianza y los prejuicios de los propietarios, hacen que las situaciones abusivas se multipliquen, según lo expresa Lora-Tamayo (2003:79), la situación de

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sobreocupación y hacinamiento cuyo crecimiento califica de alarmante funcionaría del siguiente modo: “ el primer arrendador, en situación regular, alquilaría el piso normalmente a un propietario español y a partir de ahí iría subarrendando las habitaciones a varias personas o a familias enteras, a veces por turnos –‘camas calientes’- e incluso por piezas –un sofá en mitad de un salón. Los beneficios extraídos de la operación son enormes. Los titulares de la prensa son expresivos: ‘Miles de ecuatorianos se hacinan en pisos que alquilan por horas y turnos’ (El mundo, 11 enero 2001); ‘O pagas cincuenta mil pesetas por esta habitación o duermes en la calle’ (ABC, 14 enero 2001); ‘Se alquila sofá a noventa euros’ (ABC, 22 septiembre 2002); ‘La precariedad obliga al 36% de inmigrantes a compartir habitación en los primeros meses’ (El País, 4 agosto 2002)”. Además de los obstáculos generales para acceder a la vivienda (precios elevados, escasez de vivienda pública, etc) las principales dificultades específicas que encuentran las personas inmigrantes (Sánchez Hernández, 2002) tienen que ver con:

a) La situación jurídico-administrativa, encontrarse regularmente o no, multiplica la inseguridad jurídica y dificulta enormemente la posibilidad de firmar un contrato de alquiler. Según se desprende de un informe elaborado por la plataforma de ONGs Papeles para todos, el tiempo estimado de los trámites para conseguir el permiso de residencia desde que se solicita hasta que se les concede, a finales de 2001 era aproximadamente de 33 meses; es decir, casi tres años en los que la situación de precariedad es enorme y afecta especialmente a la situación laboral o de empleo y a la situación residencial.

b) La situación económica y laboral, puesto que son particularmente frecuentes entre los trabajadores inmigrantes, los empleos en sectores de economía sumergida, sin contrato, mal pagados, o estacionales desde los cuales es casi imposible acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o incluso en alquiler.

c) El componente étnico que multiplica los prejuicios, la desconfianza o el rechazo xenófobo y racista por parte de los propietarios de viviendas para alquiler.

Igualmente, la situación familiar y de parentesco, o el componente de género que juega en contra de las mujeres inmigrantes son otros tantos factores que inciden negativamente en la accesibilidad al alojamiento de los inmigrantes. En este sentido, la Comisión de Bienestar Social del Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid, elaboró en septiembre de 2002 un informe en donde se resumía la situación residencial de los inmigrantes del siguiente modo: - Existen muchos casos de hacinamiento y residencia en condiciones precarias en

las viviendas, que no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad. Se describen casos conocidos en los que en una vivienda de cuatro piezas, han llegado a convivir veinte personas.

- Hay grandes dificultades para acceder a la información en materia de vivienda

mercado inmobiliario, etc.

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- Los importantes prejuicios y estereotipos en la población autóctona (propietarios y arrendatarios), funcionan como barreras adicionales que dificultan el acceso a la vivienda.

- Las diferencias idiomáticas y culturales, pueden ser también un obstáculo

importante según los países de procedencia. - La situación general del mercado de trabajo (temporalidad, economía

sumergida…), que se agrava en el caso de la población extranjera como consecuencia de su situación jurídica administrativa, de la carencia de redes familiares que puedan avalarles al solicitar una hipoteca o para alquilar.

- Estas dificultades para encontrar alojamiento adecuado se agravan por la

existencia de modelos familiares (familias extensas) distintos a los habituales en el país.

- Por lo que se extienden las prácticas abusivas: subarriendos, alquiler fraudulento

de espacios no destinados a vivienda y que sin embargo son utilizados como tal, tales como garajes, fincas abandonadas, naves industriales, etc.

- Hay una clara insuficiencia de plazas de alojamiento social (albergues u otros),

con la consiguiente ocupación de los recursos especializados para población sin hogar.

- Si a todo ello le sumamos el rapidísimo crecimiento de la población inmigrante, la

descoordinación entre las Administraciones y la falta de políticas activas de vivienda para luchar contra las situaciones anteriores, tendremos una idea de la gravedad del problema.

Para tratar de mejorar la situación, desde el Foro se sugieren, entre otras medidas, ampliar la oferta de vivienda pública teniendo en cuenta las necesidades particulares de la población extranjera, incrementar las plazas de alojamiento de emergencia, especialmente las destinadas a mujeres con cargas familiares o maltratadas, programas de minicréditos para acceder al alquiler, implicar a las empresas en la provisión de alojamiento para sus trabajadores, controlar el fraude de las agencias inmobiliarias e incrementar la inspección, etc. Finalmente, en una investigación publicada recientemente sobre la migración colombiana en España, se ofrecen datos en relación a la vivienda extraídos a partir de una muestra de 1000 colombianos residentes en las cuatro provincias en que es mayor su presencia (Madrid, Barcelona, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria). Como se puede ver por el gráfico siguiente, la bajísima proporción de personas que viven en pisos de su propiedad (6%) en un país como España donde más del 80% de los hogares viven en tal régimen, se compensa con el extraordinario porcentaje de quienes viven de alquiler (56%), y más aún, con el hecho tremendo de que un 30% de los colombianos emigrados a España, disponen exclusivamente de una habitación alquilada, puesto que la vivienda entera les resulta inalcanzable.

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Tipo de alojamiento de los Colombianos en España (Aparicio y Giménez, 2003)

Piso en alquiler56%

Habitación alquilada30%

Otros2%

NS/NC1%

Centro acogida1%

Pensión hostal0%

Domicilio empleador4%

Piso en propiedad6%

Naturalmente, a medida que el tiempo de estancia se prolonga, se produce una mejora en las condiciones de alojamiento y tienden a asimilarse a los estándares locales, entre quienes llevan menos de un año y quienes residen en España desde hace más de cinco años, se reduce considerablemente el grupo de quienes viven realquilados (de un 43% pasamos a un 9%); aumenta ligeramente el porcentaje de quienes tienen una vivienda alquilada (46%/53%); y, sobre todo, aumenta notablemente el porcentaje de quienes residen en propiedad: desde un ínfimo 0,3% entre los recién llegados, el porcentaje crece hasta un 33% entre quienes viven aquí desde hace más de 5 años.

0

10

20

30

40

50

60

70

- 1 año 1-3 años 3-5 años + 5 años

Tipo de alojamiento de los colombianos en España se gún

Tiempo de residencia (Aparicio y Giménez, 2003)

Piso en propiedad

Piso en alquiler

Habitación alquilada

Pensión hostal

Domicilio empleador

Centro acogida

Otros

NS/NC

La estrategia de compartir piso o vivir como realquilado se muestra como algo casi imprescindible durante las primeras etapas, como forma de hacer frente al elevado coste del alquiler desde economías bastante precarias, a medida que la situación mejora y el conocimiento del terreno aumenta, la situación residencial se vuelve más

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estable e independiente, más aún cuando la evolución del proyecto migratorio incluye la reagrupación familiar y el asentamiento casi definitivo en el país de acogida. Sin embargo, la cuestión no se reduce exclusivamente a un problema económico puesto que a la pregunta de cuáles fueron las dificultades principales para poder acceder a la vivienda, se citan también con bastante frecuencia (23%) las reticencias o prejuicios a la hora de firmar un contrato de arrendamiento por ser extranjero (Ver gráfico).

Dificultades en el acceso a la vivienda de los colo mbianos en España (Aparicio y Giménez, 2003)

Ninguno16%

Precios muy elevados17%

Pedían avales nómina15%

Pedían varios meses fianza15%

Reticencia a alquilar por ser extranjero o

colombiano23%

Escasez vivienda en alquiler

9%

Cuestiones económicas

47%

Vivienda en malas condiciones

5%

3.2 Homelessness En España seguimos sin contar con ninguna fuente de información oficial que facilite datos sobre el alcance, la magnitud y la evolución del problema. El último estudio publicado de ámbito nacional sigue siendo el que realizó Cabrera (2000) para Cáritas hace tres años. Baste decir que básicamente son los datos recogidos en 1999 para aquel trabajo, los que sigue utilizando el Ministerio en el diagnóstico de la situación que sirve de base para justificar las actuaciones propuestas en el Plan Nacional para la Inclusión Social: hay alrededor de 9000 plazas de albergue, y unas 20.000 plazas de comedor para atender a las aproximadamente 30.000 personas que viven en la calle, aunque –precisa el Ministerio- “se trata de un colectivo imposible de censar” (tampoco se ha intentado). Se trata de una red mayoritariamente privada, en la que únicamente el 21% de los centros son de titularidad pública, y que está radicada en un 72% en ciudades de más de 20.000 habitantes, con sólo un 9% de los centros en pueblos de menos de 5.000 h. El personal que atiende a la gente sin hogar, está integrado en un 80% por voluntarios, porcentaje que desciende hasta el 19% en los centros públicos. En cuanto al perfil que presentan las PSH, el PNAIS-2003 vuelve a hablar de la creciente heterogeneidad de la población sin techo, en la que “se ha detectado una

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creciente presencia de jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 24 años (que según el tipo de servicio oscilan entre el 20% y el 23%), inmigrantes / extranjeros (13%-24%), trabajadores temporeros (14-17%), mujeres (8-13%), grupos familiares (2-5%) y menores de 16 años (1-2%)” (PNAIS Diagnóstico,, 2003). Hasta aquí, los datos que propone el Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales, datos sobre los que apoya su planificación sobre la materia, y que, insistimos, son esencialmente los que le facilita Cáritas y que publicamos hace tres años, por lo que no es aventurado afirmar que se encuentran desfasados y necesitan de una profunda revisión. Aun cuando el problema tienda a permanecer relativamente estable, y no sea un asunto que cambie de la noche al día, hay al menos dos razones para revisar las cifras. (1) En primer lugar, se necesita poner en marcha un dispositivo investigador que, partiendo de una definición menos estrecha e institucionalista que la que se ha venido utilizando hasta ahora, incorpore la posibilidad de incluir en el recuento a todas aquellas personas que de forma temporal o permanente se encuentran viviendo en instituciones y dispositivos de alojamiento porque carecen de los recursos y de las relaciones personales para poder procurárselo por sus propios mismos, estén comprendidas o no dentro de las actuaciones que las agencias sociales, públicas y privadas, diseñan específicamente para atender a quienes denominan como “personas sin hogar”. Esto nos permitiría conocer el verdadero alcance de la exclusión residencial grave en nuestro país, más allá de las etiquetas que acompañan a la intervención, y que califican a las personas sin alojamiento ubicándolas dentro de epígrafes distintos, de forma que quien cae bajo la etiqueta de19 “discapacitado”, “drogodependiente”, “enfermo de sida”, “inmigrante”, “solicitante de asilo o refugio”, “recluso”, “población gitana”, o “mujer desfavorecida sufriendo violencia doméstica”, en la mayoría de las ocasiones pasa a ser descontado de la población que se encuentra viviendo sin hogar, sin casa, sin techo, aunque las circunstancias del caso sean exactamente esas: una persona que además de ese problema particular, no tiene donde vivir y necesita ser acogida en una institución siquiera mientras dura la situación de emergencia. Circunstancias que en otro país, con un sistema de información y recogida de datos diferente, harían que estas personas se incluyeran dentro de la rúbrica homeless, al menos como demandante de una vivienda pública. La segunda razón por la cual las cifras deben ser revisadas, y ampliadas es mucho más obvia y menos discutible teóricamente. Desde 1999 hasta ahora, se ha producido un crecimiento sin precedentes de la inmigración en España. Sin que sea legítimo identificar, inmigración con exclusión, puesto que la mayoría de los inmigrantes se encuentran trabajando y residiendo en domicilios particulares, la realidad es que, bien sea de forma transitoria en el momento de llegar y mientras buscan mejor acomodo, o bien sea como resultado de encontrarse sin trabajo, sin “papeles” y sin apoyos sociales a pesar de llevar ya una buena temporada viviendo en España, lo cierto es que ante las puertas de los centros que prestan ayuda de emergencia (alojamiento, comida, ropa, higiene básica) llegan cada vez mayor número de inmigrantes extracomunitarios. Esta circunstancia, por sí sola, ha modificado sustancialmente el panorama del sinhogarismo en España. Apoyándonos en datos parciales procedentes de lo que ocurre en algunas grandes ciudades, 19 Utilizo exactamente los términos que se utilizan en el PNAIS para designar a los llamados grupos vulnerables.

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según nuestros cálculos, el incremento del número de inmigrantes atendidos en los albergues ha elevado las cifras totales de PSH asistidas en un 25% desde 1999 hasta ahora. En las zonas rurales, la situación es mucho más desigual, y mientras que hay sitios en los que no se nota su presencia, en otros muchos puntos, la presencia de extranjeros sin cobijo o muy mal alojados es importantísima. Bien es verdad que ante esta situación, algunos ayuntamientos y Comunidades Autónomas, han optado por crear una red específica de centros de alojamiento para albergar a inmigrantes, con lo cual volvemos a encontrarnos con la situación que antes señalábamos y que impide contabilizar a todos los homeless realmente existentes en España, independientemente de que su situación sin techo venga provocada o unida a otra circunstancia que actúa como precipitante. Las razones que llevan a prestarles atención en otro tipo de centros pueden ser muchas y muy sólidas, por ejemplo: (a) la afluencia de extranjeros deja fuera a la población sin hogar más vulnerable; (b) los inmigrantes no “son” PSH20, por lo que es mejor atenderles fuera de la red que atiende a las personas más marginales, para preservarles del efecto contagio y que se queden colgados en una rueda de dependencia y marginalidad21; (c) el personal que trabaja con PSH no está preparado y carece de la formación para poder atenderles adecuadamente; (d) lo que verdaderamente necesitan, y pueden conseguir puesto que en principio no se trata de personas con sus capacidades laborales mermadas, es un empleo y poder regularizar su situación administrativa. En todo caso, lo cierto es que desde un punto de vista estadístico, acaban desapareciendo de los recuentos de personas sin hogar, siendo así que viven literalmente “en la calle”.

3.3 Perfil de la población sin hogar Puesto que carecemos de datos unificados y oficiales que permitan dar cuenta del perfil de las personas sin hogar a nivel estatal, hemos de apoyarnos en los datos de actuación de algunas entidades particularmente significativas a los que hemos podido tener acceso gracias a la buena disposición de sus responsables para colaborar con nosotros. La red FACIAM es uno de los pocos intentos (si no el único) de articular en una federación a los centros que trabajan para atender a la gente sin hogar, en este momento la integran ocho instituciones, seis radicadas en Madrid, ciudad en la que se creó FACIAM y dos en Asturias, que se incorporaron recientemente, en un intento de ampliar la red más allá del ámbito local. No obstante, la coordinación de los centros más allá de la esfera local, sigue siendo el gran reto pendiente de la

20 Volvemos a la definición ontológica, identitaria, en contra del enfoque situacional: están sin hogar. 21 En el informe de Bilbao se indica que éstas personas tienen “sólo problemáticas concretas que se relacionan fundamentalmente con el acceso a la vivienda y al empleo”, y el hecho de utilizar los servicios para PSH entraña “el peligro añadido de que sea el propio dispositivo con el que toman contacto el que acabe convirtiéndolas en personas altamente excluidas” (DATLAN, 2003:77).

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atención a PSH en España, tal y como se recoge en su memoria22. En el caso de las instituciones madrileñas23, los centros federados en FACIAM reúnen a todos los grandes centros y albergues privados de la capital de España, por lo que sus datos representan una buena aproximación a la situación del problema en esta ciudad. Tomando en cuenta únicamente los datos procedentes de Madrid , la memoria del 2002 presenta el siguiente panorama: Por lo que se refiere al estado civil, siguen siendo abrumadoramente mayoritarios los solteros (56%), si a estos les sumamos un 17% de separadoso divorciados más un 2% que se declaran viudos, tenemos que la soledad sigue siendo la característica dominante. No obstante, conviene poner de relieve que si bien los casado representan apenas una cuarta parte del total de personas atendidas en esta red de centros, si nos fijamos en el único de ellos que presta sus servicios como comedor (Apostólicas), y en el que se recibe a una enorme proporción de extranjeros en situación muy precaria, entonces resulta que los casados pasan a ser un 40%. Este es un dato más que confirma los enormes cambios en el perfil de la población sin hogar, o en situación de exclusión severa que se están produciendo como consecuencia de la incorporación de inmigrantes. En el caso de este comedor

Estado Civil PSH Madrid(Datos FACIAM 2002)

Solteros 56%

Casados 24%

Viudos 2%

Separados 12%

Divorciados 5%

Otra sit. 1%

En cuanto a la nacionalidad, nos encontramos con que en estos momentos, para el conjunto de los centros de FACIAM existentes en Madrid, los españoles representan tan sólo el 46,5 de toda la población atendida, el resto son extranjeros, procedentes

22 Con la salvedad de los centros promovidos por las Cáritas diocesanas y locales, que de alguna forma están incluidos todos ellos en la Confederación de las Cáritas, e incluso así cada centro dispone de una casi absoluta autonomía,, si bien se intercambian modelos y propuestas de intervención y se realizan campañas de sensibilización conjuntas, lo cierto es que ni la propia Cáritas Española puede dar cuenta exacta de todo lo que supone la actividad a favor de las PSH. 23 La Fundación San Martín de Porres (“dominicos”), el Centro Luz Casanova (apostólicas del Corazón de Jesús), CEDIA 24 horas (cáritas de Madrid), San Juan de Dios, Sta María de la Paz, y A.T.S. Vicente de Paúl

28

de países de la UE (el 2%) y sobre todo extracomunitarios (51,5%). El hecho abrumador de que algo más de la mitad de la población que acude a buscar alojamiento y/o comida a los centros que tradicionalmente venían atendiendo a las personas sin hogar sean extranjeros, constituye una verdadera revolución, que afecta a todos los aspectos de la práctica de intervención social. Así por ejemplo, en el comedor Luz Casanova, que desde 1924 viene atendiendo a la población más pobre de Madrid, durante el año 2002 fue utilizado por 1149 personas de las cuales el 81% fueron extranjeros, procedentes en su gran mayoría de la Europa del Este (el 60% de los extranjeros), seguidos de los latinoamericanos (28%). Este cambio en la clientela respecto de lo que era tradicional, tiene su reflejo en múltiples aspectos, así por ejemplo, no es nada desdeñable el porcentaje de titulados universitarios (12%), si bien las dificultades extremas en las que se encuentran como consecuencia del escaso arraigo, la carencia de documentación, etc, hace que sean muchos los que cuando finalmente encuentran empleo lo hagan en trabajos precarios en la construcción, o de temporada en la hostelería y la agricultura; o en subempleos como los que se ocupan del reparto de propaganda (“buzoneo”) o son remunerados por poco más que la comida a cambio de acudir varias horas como público en programas de televisión. De hecho, el 40% de los ususarios del comedor se encuentra alojado en algún albergue, y hasta un 33% dice estar durmiendo “en la calle”. Cuando finalmente encuentran trabajo, y pueden permitirse pagar un alquiler en un piso compartido hasta el hacinamiento, muchos siguen todavía acudiendo al comedor mientras les llega el primer sueldo. Una quinta parte de los usuarios del comedor viven en pisos compartidos. En el caso de Bilbao , los datos con que contamos recogen un perfil más o menos semejante. Se señala la escasez de plazas y la inadaptación de los dispositivos a las nuevas necesidades emergentes, lo que ha dado lugar a episodios recurrentes de violencia ante las puertas de los centros que se han saldado con el cierre temporal de alguno de ellos, y la posterior reapertura con un vigilante jurado. Esta figura que estaba ausente en muchos de los centros de asistencia social a los más pobres, se ha vuelto cada vez más inevitable y refleja, de algún modo, la lucha por las escasas plazas disponibles, ya sea para dormir, para comer, o simplemente para lograr acceder a un centro de día. Los estallidos de violencia son más frecuentes en los centros que funcionan como dispositivo de baja exigencia en el que se dan cita todas las patologías y problemas que conducen a la gente a la calle (enfermedad mental, toxicomanías, alcoholismo, etc), la reacción de los vecinos suele empeorar aún más las posibilidades de acogida y de radicación de los servicios en las zonas céntricas de las ciudades. Más aún cuando la escasez de personal, impide muchas veces poder realizar un trabajo intensivo de sensibilización y trabajo comunitario sobre el entorno. De la misma ciudad, Bilbao, son los siguientes datos procedentes de la memoria de Cáritas en los que se recoge la evolución del número de personas atendidas por el programa destinado a PSH en los últimos diez años, en la memoria se indica que “en el año 1993 se atendía a extranjeros en el Programa Sin Techo, pero a partir del 94 pasaron a un programa específico, de ahí la disminución en el número de usuarios del 93 al 94. Entre los años 1994 y 2000 hay un aumento progresivo, hasta

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el año 2001 en el que se vuelve a atender a inmigrantes y se disparan las cifras de casos atendidos”. De un año para otro, incluir a los extranjeros que se encuentran en la calle, significa incrementar en un 84% el número de PSH atendidas en Bilbao. Esta situación creemos que sería muy similar en el resto de las grandes ciudades españolas. La simple decisión estratégica de incorporar los extranjeros sin techo a un programa social distinto, reduce o multiplica por dos el número de personas literalmente sin hogar.

861

539 560643 783 850 891 974

1790

2332

0

500

1000

1500

2000

2500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Evolución del número de personas atendidas al año e n el Programa “Personas sin techo” de Cáritas de Bilbao

Esta situación es la que ha llevado a que algunos centros adopten medidas para intentar evitar que la población sin hogar más vulnerable quedara desasistida ante la presión que ejercen los inmigrantes, normalmente mucho más jóvenes y con más posibilidades de encontrar un empleo (aunque sea en condiciones precarias debido a su situación administrativa irregular). Así por ejemplo, si nos atenemos a los datos que nos ofrece el Albergue municipal de Madrid (realmente es mucho más que un albergue, tal y como se recoge en su misma denominación: Centro de Acogida San Isidro, o CASI), nos encontramos con que los extranjeros han pasado a ser un 21% de la población atendida en el año 2002, mientras que en 2000 llegaron a representar el 42%. Teniendo en cuenta que este incremento dejó sin asistencia a los clientes habituales del Centro, se adoptó el criterio de acoger en régimen de albergue, únicamente a aquellos extranjeros que además de encontrarse en situación de necesidad, se encontraran dentro del perfil que se supone presentan las PSH, esto es, presentando “otras patologías que exigen una atención específica”, ya que a juicio de los responsables del CASI “si bien ser inmigrante implica un precaria situación económica, de vivienda, etc., se conservan las capacidades personales que permiten afrontar y resolver su situación” (Memoria 2001) No obstante, teniendo en cuenta la escasez de recursos para inmigrantes, la acogida de extranjeros en situación de necesidad sigue siendo importante (21%). Volviendo al caso de Bilbao, los datos de evolución que ofrece en sus memorias de actuación el albergue municipal de Elejabarri, que sería el equivalente funcional del CASI madrileño, sobre el origen de las personas atendidas en aquella ciudad resulta muy expresivo de la evolución del tema, cuando no se ve alterado por la introducción

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de modificaciones en los criterios de admisión respecto de los extranjeros (Ver gráfico sig.).

Origen de las Personas Sin Hogar atendidas en el Al bergue Municipal de Bilbao en los últimos cinco años

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 1999 2000 2001 2002

Extranjero

Otras CCAA

País Vasco

Mientras que entre las 3.007 personas atendidas en 1998, los naturales del País Vasco representaban un 22%, los procedentes de otras Comunidades Autónomas eran el 50%, y los extranjeros suponían “únicamente” el 27% de todas las personas que hicieron uso del albergue, cinco años más tarde nos encontramos con un panorama que se ha modificado radicalmente: los vascos han descendido al 14%, los españoles de otras Comunidades Autónomas pasan a ser el 30%, mientras que los extranjeros suponen el 55% de toda la población albergada a lo largo del año 2002 (2.622 personas en total). Es evidente, la influencia enorme que sobre el perfil de la población sin hogar atendida tienen todos los cambios que se introduzcan en los criterios de atención. Por ejemplo, otro cambio importante en la actuación del albergue municipal madrileño, ha consistido en primar el trabajo de acompañamiento a medio y largo plazo, lo que ha elevado considerablemente el tiempo medio de estancia, y como consecuencia ha hecho descender las cifras totales de personas atendidas a lo largo del año (Ver Tabla sig). Manteniendo niveles de ocupación en torno al 100%, el año 2002 se atendió a 1.024 PSH durante un período medio de 95 días de estancia, mientras que dos años antes la estancia media no pasó de 48 días, lo que hizo que pasaran más de dos mil personas por el centro. Teniendo en cuenta que el conjunto de los centros madrileños funciona más o menos en red, un cambio de este calibre en el mayor centro público de atención a PSH, supone que se incrementa la presión sobre los demás centros del sistema que atienden a la población más excluida en Madrid.

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Tabla 4.- Centro Municipal de Acogida San Isidro (Ma drid)

1999 2000 2001 2002 Nº total de estancias 99.911 96.622 94.074 97.090 Nivel de ocupación 101,48 98,14 95,53 100 Nº de personas acogidas distintas 1.621 2.031 1.809 1.024 Hombres (%) 71,07 69,23 70,59 69,53 Mujeres (%) 28,93 30,77 29,41 30,47 Nº medio de estancias por persona 62 48 52 95

En resumen, este es un ejemplo, de las dificultades que presentan los datos sobre el perfil sociodemográfico de las PSH que se obtienen a partir de los datos ofrecidos por las instituciones que les atienden. Un cambio en los criterios de admisión, o en la filosofía de intervención, pueden alterar muy significativamente las magnitudes del problema. Al carecer de un sistema de información integrado, no es posible saber cuántas personas distintas han sido atendidas por los servicios que atienden a PSH en Madrid a lo largo del año, puesto que las cifras presentan duplicidades al tratarse de personas que han sido atendidas a la vez en distintos centros a lo largo del año y que por tanto aparecen consignadas en ambos. Hace varios años (Cabrera 1998), estimamos que la duplicidades afectaban al menos a un 10% de los casos. Teniendo en cuenta esto podemos intentar hacer una estimación del número de personas que a lo largo del año 2002 fueron atendidas en los centros que prestan alojamiento en Madrid. En una estimación generosa, que extrapola los datos correspondientes a los meses de invierno en los que están abiertos todos los centros posibles, tenemos que había en Madrid alrededor de 1300 plazas (en dispositivos de muy diversa naturaleza y con estándares de calidad y niveles de exigencia muy desiguales), por las que a lo largo del año podrían haber pasado alrededor de 8.500 personas distintas, de las cuales los extranjeros representaron en torno a un 49%, y las mujeres alrededor de un 16%. Contamos igualmente con algunos datos que resumen las actuaciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento de Barcelona en relación a las personas sin techo. De forma novedosa para lo que suele ser habitual en España, se incluyen como personas sin hogar, a quienes se encuentran residiendo en asentamientos de urgencia. En este sentido, la clasificación de las situaciones encontradas desde el servicio de atención en la calle se acerca mucho más a lo que son las categorías de exclusión residencial severa (homelessness) que se utilizan habitualmente en Europa. Los datos del año pasado de la población atendida en la calle ofrecen el siguiente panorama: junto al colectivo tradicional de personas solas (365) -mayoritariamente integrado por varones (82%)-, o en pequeños grupos (138), se consigna la detección de 9 familias (33 personas), de un importante grupo de menores magrebíes no acompañados (53) que se encuentran viviendo en la calle, lo que hace un total de 589 personas viviendo sin techo en las calles de Barcelona a las que se les prestó atención social. Además de ellas, el ayuntamiento consigna la existencia de 13 asentamientos de urgencia (chabolistas) en los que viven casi mil personas (931) entre los que se encuentran 99 niños menores de 16 años; en la

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mayoría de los casos (el 75%) se trata de familias inmigrantes, que se vienen a unir al colectivo, más tradicional en nuestro país, de familias gitanas chabolistas. Si incluimos esta última categoría, hablaríamos de 1520 “homeless” atendidos como PSH desde los Servicios de calle del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla 5.- Atención Social a Personas sin Hogar en B arcelona 2002. Ajuntament de Barcelona

2002 SITUACIÓN PERFIL Nº personas % % Extranj.

MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 13 menores y 40 jóvenes (entre 16 y 18 años)

Niños menores de 16 años, procedentes de Marruecos y Argelia sin apoyo familiar en Europa aunque mantienen contacto con su familia de origen.

53 3.5 100

INDIVIDUOS SOLOS

Mayoritariamente varones (82,3%) y mujeres (17,7%) sin techo. De edades comprendidas entre los 42 y los 50 años. Se caracterizan por estar en una fase más consolidada de desarraigo social, de estos entre un 20-30% padecen trastornos mentals severos y un 50% consumen alcohol.

365 24 22,7

GRUPOS REDUCIDOS

Mayoritariamente hombres (90,6%) de edades entre los 30-40 años .

138 9 48,6

FAMÍLIAS CON MENORES EN LA CALLE

Parejas jovenes de origen portugués, rumano o Marruecos y Argelia con ingresos procedentes de la venta de la Farola, la mendicidad, la economía sumergida y las campañas agrícolas. (9 familias con 33 individuos)

33 2.1 53,8

COLECTIVOS AMPLIOS

Son 13 los asentamientos en la ciudad. El 70,0% de los integrantes de estos colectivos son varones y un 21,26% mujeres con presencia de 99 menores acompañados. Este fenómeno tiene relación directa con la inmigración.

931 61.4 75,2

TOTAL 1520 100

En cuanto al perfil que presenta la población literalmente sintecho atendiendo a la problemática social más determinante en cada caso, son los que aparecen en la tabla siguiente. Como se puede apreciar, dentro del conjunto de personas sin techo, los extranjeros en situación irregular y las familias gitanas (rumanas o no) representan las dos categorías más numerosas. En la última columna hemos incluido sólo los casos que coincidirían con los estrictamente sin techo (es decir, descontando los asentamientos chabolistas), los que equivaldrían a los llamados roughsleepers en otros países.

Tabla 6.- Perfiles de la Población Sin Hogar. BARCEL ONA 2002 Categoría Personas % PST % Menores no acompañados 53 3,5 53 8,4

Personas mayores 38 2,5 38 6,0

Trastorno Mental 36 2,4 36 5,7

Indigencia Crónica 83 5,5 83 13,1

Alcoholismo 96 6,3 96 15,2

Toxicomanías 64 4,2 64 10,1

Laboral 182 12,0 182 28,8

Vida alternativa 80 5,3 80 12,6

Disminución 1 0,1 1 0,2

Extranjeros irregulares 462 30,4 Total: 633 100,0

Familias Gitanas 425 28,0

Total 1520 100,0

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También hemos podido obtener algunos otros datos procedentes de Barcelona que nos proporciona la Fundació Arrels. Su actividad principal gira en torno a un centro de día por el que a lo largo del año 2002 pasaron más de 4000 personas. De los 670 usuarios que quedaron registrados como demandantes de algún servicio específico -esto es que no se limitaron a estar sin más sino que pidieron utilizar los servicios de un trabajador social, o del ropero, o de la consigna, etc.-, un 14% fueron mujeres, un porcentaje que con ligeras variaciones tiende a repetirse en casi todos los lugares), y los extranjeros alcanzaron la cifra de un 36%. Esta misma fundación, partiendo de la base de datos incluida en el estudio de Cáritas sobre la acción social con PSH ( 2000), amplió la detección de centros radicados en Cataluña hasta conseguir las referencias de 69 servicios. En línea con lo que aparecía a nivel estatal, tan sólo el 26% de los servicios localizados en el estudio de la Fundació Arrels son de titularidad pública, e incluso este porcentaje se reduce a la mitad cuando consideramos el tipo de gestión: únicamente el 13% de los servicios catalanes que atienden a las PSH están gestionados directamente por la administración p´bulica, el resto lo gestiona la iniciativa privada: un 33% los gestiona Cáritas, un 22% otras entidades religiosas, y un 29% otras entidades privadas, no explícitamente confesionales, aunque, como es sabido, muchas de ellas tienen evidentes vínculos con iniciativas ligadas a la Iglesia Católica, ya sea en su origen, o en sus conexiones de apoyo institucional. En total, existirían unas 700 plazas de alojamiento, el 75% de las cuales se concentra en Barcelona; y 1.647 plazas de comedor, de las cuales, 1234 (el 75% nuevamente) se hallan en Barcelona. Esta concentración de recursos en la capital, repite el esquema existente en otras grandes áreas metropolitanas como Valencia, Bilbao, o Madrid. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, en

Gestión de los servicios a PSH en CataluñaEstudio de la Fundació Arrels. Junio 2001 (N=69)

Pública26%

NS3%

Caritas25%

Entidades religiosas

24%

Privada22%

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Barcelona hace tiempo, que se optó por hacer un uso más intensivo de las plazas en pensiones (el equivalente español a los B&B ingleses); las alternativas al alojamiento más innovadoras que hacen uso de pisos tutelados, supervisados, o simplemente compartidos con algún tipo de seguimiento, corre a cargo de las entidades sociales en su totalidad y como se puede apreciar por el gráfico, representa cada vez una opción más importante, con todo lo que ello implica de cambio sustancial en el modelo de prestación de alojamiento a PSH al pasar del equipamiento colectivo residencial, a opciones más “normalizadotas”. No obstante, el modelo de alojamiento en Centro colectivo sigue siendo abrumadoramente mayoritario.

0

50

100

150

200

250

Pública Privada Cáritas Ent.Religiosas

Número de p lazas de alojamiento en Cataluña según Tipo y Titularidad

Fundació Arrels. Junio 2001.

Centro/Albergue

Pensiones

Pisos

Finalmente por lo que se refiere a las plazas de comedor, en Cataluña, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, hay muchas plazas de comedor de titularidad pública (42%), que desplazan a una segunda posición a las plazas dependientes de congregaciones religiosas (38%) normalmente femeninas, que suelen ser las que “dan de comer al hambriento” en la mayoría de las ciudades españolas. Contamos por último con los datos procedentes de la tercera ciudad española, Valencia. Como ya pusimos de relieve en nuestro anterior informe se trata de la única metrópoli española que cuenta con un dispositivo en el que se integran las actuaciones llevadas a cabo tanto por los servicios sociales públicos como por las entidades privadas. Esto nos permite contar con la única base de datos compactados y depurados de duplicidades, relativos a la totalidad de las personas sin hogar que han utilizado la red de servicios específicos existentes en Valencia a lo largo del año. Desde el Centro de Atención Social a Personas Sin Techo (CAST) se define su trabajo como atender “a las personas que carecen de vivienda (personas que ejercen la mendicidad, indomiciliados, transeúntes, toxicómanos, personas sin techo, etc.), realizando una labor que pretende fomentar la integración social de dichos colectivos, facilitando una atención integral y atajando las causas que les han llevado a esta situación de exclusión”. Después de siete años de crecimiento constante, los datos de población atendida reflejan un descenso de casi un 14% en el último año, debido a que también en Valencia se abre paso la tendencia a ofrecer alojamiento durante períodos más prolongados como parte de una estrategia de intervención global y a más largo plazo.

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Personas Sin Hogar atendidas en Valencia (CAST)

643

4.0484.613

5.1765.820

8.167

9.493

8.122

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

AÑO1995

AÑO1996

AÑO1997

AÑO1998

AÑO1999

AÑO2000

AÑO2001

AÑO2002

En cuanto al perfil de la población nos encontramos con un 22% de mujeres, lo que nos hace pensar que cuando se ofrece un servicio integral desde una visión amplia del sinhogarismo, efectivamente aumenta el número de mujeres sin hogar, que de otra forma quedan invisibilizadas en una considerable proporción. Con una edad media de unos 37 años aproximadamente, y un 3% de menores de 18. Se trata de personas solteras en su gran mayoría (54%), aunque con un importante porcentaje de casados (26%) y separados/divorciados (17%). Un dato que se ofrece rara vez, es el que se refiere a la condición de padres/madres, así, en el caso de Valencia, el 44% de las PSH atendidas declaran tener hijos. Y aproximadamente un 34% mantiene algún tipo de relación con la familia. Nuevamente, el caso de los emigrantes, influye sustancialmente en estos datos. Tal y como venía observándose, el nivel educativo medio es cada vez más alto, en gran medida por la sobrecualificación que aportan las personas extranjeras, de modo que mientras que otros años la opción modal era la de los que poseían estudios primarios, en el 2002 la moda corresponde a los poseedores de Graduado Escolar o equivalente. El 88% se encuentran en paro, y aproximadamente un 4% trabajan, la mitad de ellos en la economía sumergida.

4. Investigación Revisada Desgraciadamente, siguen siendo escasos los estudios que explícitamente se ocupan de investigar la cuestión del sinhogarismo en España, por lo que apenas si podemos dejar constancia de unos cuantos ejemplos, algunos de los cuales, además, no se han publicado en editoriales comerciales y tienen por tanto una

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difusión limitada. En todo caso, recogemos resumidamente los resultados de las investigaciones más interesantes a las que hemos podido tener acceso.

4.1. Bilbao En febrero de este año se presentó un interesante estudio aún sin publicar sobre las “Personas sin hogar y en situación de exclusión grave” realizado por la consultora DATLAN por encargo del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Bilbao. Se trata de uno de los pocos trabajos realizados en una gran ciudad española que aborda de forma seria la realización de un análisis diagnóstico de la situación en que se encuentra la intervención social con PSH, para proponer posteriormente medidas de actuación, generadas consensuadamente desde los propios actores protagonistas. Tras una primera parte en la que se intenta definir conceptualmente qué se entiende por “exclusión grave”, se analiza el perfil de las personas en tal circunstancia y la atención que reciben; mediante un análisis DAFO, se examinan las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con que cuentan los dispositivos de atención, para terminar sugiriendo unas propuestas de mejora. En el estudio han colaborado prácticamente todas las instituciones públicas y privadas implicadas en el sector24, lo que sugiere un alto interés por avanzar en la coordinación y el trabajo en red. En Bilbao, una ciudad de 350.000 habitantes, existen un total de 503 plazas de alojamiento, de las cuales el 82 son de corta estancia, 45 de media estancia, y 376 de larga estancia; de estas últimas, 94 están dirigidas a alojar a personas con toxicomanías, muchas de las cuales sin duda se encuentran viviendo sin techo. Por lo que se refiere a los comedores, puede contarse con 50 plazas de desayuno, 250 de comidas, y 150 para la cena. Finalmente, en los distintos centros de día, existen 210 plazas en el supuesto de una utilización óptima (no sobresaturada) de los mismos. Antes de entrar a describir la red, el estudio incluye un apartado en el que se analizan los datos provenientes de un cuestionario a 85 usuarios, desgraciadamente, se ha renunciado a recoger una muestra representativa de cada una de las subpoblaciones que acuden a las distintas entidades que participan en el estudio, con lo que los datos que se facilitan sobre el perfil de la población sin hogar y en situación de exclusión grave, no pueden ser considerados representativos de la población general, ya que la distribución de las entrevistas por entidades no responde a ningún tipo de cuota, ni la selección última de los entrevistados se ha realizado aleatoriamente, sino que “han sido seleccionados por las personas integrantes del grupo de trabajo y de los servicios”, sin que se nos indique el criterio adoptado. Los autores del estudio son conscientes de esta limitación que reconocen sinceramente, ya que de hecho el objetivo central no era definir exactamente el perfil y el volumen de la población sin hogar, sino cómo idear las “formas más adecuadas de atención a las personas profundamente excluidas”. Así y todo, presentan como características generales del grupo estudiado las siguientes:

- Un 20 % de mujeres - Un 38 % de personas jóvenes, por debajo de los 35 años - El 31 % son extranjeros extracomunitarios.

24 Bizitegi; Caritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Comisión Anti-Sida, Albergue Municipal de Elejabarri, Elkarbanatuz, Lagun-Artean, Servicio Social de base de San Francisco.

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- Un 87% de solitarios. Teniendo en cuenta que no se trata de una muestra representativa, creemos que no tiene mucho sentido, repetir las cifras sobre incidencia de determinadas problemáticas, pues en la medida en que la selección se ha propuesto elegir a gente muy “característica”, podría darse el caso de que se estuviera favoreciendo la sobrevaloración de los problemas más graves entre la gente sin hogar, y desaparecieran los perfiles más “normalizados”. En cuanto a la situación en que se encuentra la atención, el estudio viene a insistir en lo que ya se ha señalado en otros lugares:

- se necesita una mayor coordinación; de modo que la administración pública asuma un papel de mayor liderazgo, planificando, estableciendo criterios, normativas y estándares de calidad que permitan una evolución.

- Se padece una importante inestabilidad financiera, con recursos escasos y que han de renovarse anualmente, lo que se traduce en unas condiciones laborales más bien precarias.

- Mientras que hay servicios como los centros de día que se encuentran infrautilizados, otros en cambio como los servicios de alojamiento son insuficientes, y debido entre otras cosas al creciente número de extranjeros, y a la existencia de normas de acceso restrictivos, se estima que alrededor de 200 personas se encuentran sin atender.

- Se echa en falta la existencia de dispositivos residenciales no concentrados, sino diseñados para acoger a un pequeño número de personas y repartidos por toda la ciudad.

- Igualmente se necesitas plazas en talleres prelaborales y de habilidades sociales.

- Mientras que los comedores siguen actuando de forma muy asistenciallista, se piensa que podría se muy interesantes dotarles de más contenido en trabajo social y hacerles funcionar como instrumento de detección precoz.

- El trabajo de calle, que desarrollan tres entidades privadas, ha demostrado ser muy interesante y debería potenciarse aún más.

- Se necesita una mayor articulación con el sistema de salud, creando espacios mixtos de intervención (sociosanitarios), como por ejemplo un centro para convalecientes.

- Se carece de estudios fiables, y se necesitan urgentemente un sistema de información integrado que permita conocer el estado de utilización de las plazas, optimizar los recursos disponibles, unificar criterios, colaborar en los procesos de inserción, etc.

- Los profesionales adolecen de falta de formación en temas migratorios, se encuentran poco valorados en su trabajo y reclaman una dignificación de sus condiciones laborales.

- Por último, es importante el grado de vinculación y compromiso con su tarea, la capacidad de innovación y creatividad demostrada, y la buena disposición a coordinarse y trabajar en red.

Como resultado de la interesante labor de disección y análisis llevada a cabo por el equipo de investigación se concluye proponiendo una misión, una visión y unos valores, que puedan servir para idear un plan de acción global. En cuanto a la Misión, la redactan en los siguientes términos “la atención a personas en situación

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de exclusión grave debe asegurar que todas ellas puedan satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, es decir, alojamiento, alimentación, vestido e higiene, recibiendo atención en servicios estables y organizados en red. Así mismo se debe promover el cuidado de la salud y su incorporación social atendiendo a su desarrollo personal y profesional, este último cuando sea posible; trabajando también con la comunidad mediante una labor de sensibilización, para promover una mejor aceptación social de estas personas y utilizando los mecanismos necesarios para evitar que se genere mayor exclusión”. De ahí extraen como Visión de futuro tratar de conseguir que en el plazo de cinco años el sector pueda contar con “una regulación que permita, al menos, estandarizar el proceso de acogida y de gestión de la atención, disponer de un sistema de información compartido, contar con un sistema de coordinación que garantice la optimización de recursos, llevar a cabo la evaluación continua y contar con regulación normativa para llevar a cabo la prestación desde parámetros de calidad”. Igual que en otros lugares se desea disponer de convenios estables que aseguren la financiación regular y permitan equiparar los salarios entre los profesionales. En cuanto a los Valores que a su entender deben fundamentar la prestación de servicios, eligen los siguientes:

- Derechos. - Equidad. - Solidaridad. - Sensibilización. - Prevención. - Flexibilidad. - Orientación al cliente - Individualización de la atención.

- Personalización de la atención. - Autodeterminación, autonomía. - Participación. - Vinculación - Empatía - Integralidad - Priorización - Coordinación.

El trabajo es interesante y riguroso, consciente de sus limitaciones no intenta zanjar la cuestión del número y el perfil de la población afectada, puesto que sería imposible hacerlo con la información actualmente disponible, y centra su objetivo en realizar propuestas y diseñar vías de progreso a partir de un diagnóstico bien planteado y honesto del momento presente.

4.2. Madrid

En respuesta a la demanda de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, durante el curso 2002-2003 se ha llevado a cabo una investigación que ha tenido como principal objetivo realizar un diagnóstico de la situación y necesidades de las personas sin techo en Madrid. De esta manera, se ha realizado un acercamiento en profundidad a la fracción, dentro del colectivo de Personas sin hogar, en situación de exclusión social más extrema: aquellos que duermen y viven en la vía pública al margen de los distintos servicios y recursos de protección social.

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Más en concreto se ha tratado de estimar las dimensiones del fenómeno; detectar y analizar las características y necesidades de estas personas; los motivos que les llevan a iniciar y perpetuar particulares itinerarios de mendicidad y/o vida en la calle; y las capacidades y carencias de los recursos socio-asistenciales existentes para PSH. La meta última de este proyecto consistía en elaborar unas Propuestas de actuación que, contando con la participación de las distintas entidades públicas y privadas implicadas en la atención a PSH, trataran de desarrollar, incrementar y coordinar la intervención con PST en la región de Madrid. Para llevar a cabo la investigación de base, así como el diseño de las propuestas de actuación, se generó un marco de trabajo participativo y abierto en el que se han dado cita prácticamente la totalidad de las entidades que trabajan a favor del colectivo de PSH. Justamente, esta estrategia de trabajo es uno de los ejes principales sobre los que se ha sustentado el estudio. Creemos que actuando así, se ponen las bases para desarrollar un modelo de intervención social participativo y coordinado hasta ahora ausente en la política social dirigida al sinhogarismo. Por último, hay que señalar que este estudio supone la primera fase de otro más amplio y global, denominado Plan de Atención Integral para Personas sin Hogar, que pretende diseñar y ejecutar medidas en materia de atención, prevención y reincorporación social de las personas excluidas sin hogar de la Comunidad Autónoma de Madrid. Metodología Para realizar un diagnóstico de la situación de las PST en Madrid se contactó con la totalidad de las instituciones, centros y servicios implicados en la atención directa a estas personas. Se recopiló la información contenida en sus últimas memorias y se realizaron entrevistas abiertas en profundidad a un total de 15 profesionales responsables y expertos. Contando con la colaboración de todos ellos, se ha podido conocer de primera mano el funcionamiento de los servicios, siendo particularmente interesante el conocimiento que nos ha proporcionado el hecho de poder acompañar a quienes hacen trabajo de calle e intervienen en medio abierto. Además de las entrevistas a expertos y de las visitas a centros, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con todos ellos en el transcurso de tres reuniones donde se fue exponiendo la evolución de la investigación y se recogieron ideas, sugerencias y propuestas de los expertos implicados. Más allá de la visión del problema que emerge desde las instituciones, también se ha querido recoger la versión de los propios protagonistas, para lo cual hemos realizado entrevistas en profundidad a 20 personas que viven en la calle y/o practican la mendicidad. Finalmente, para intentar una estimación cuantitativa del fenómeno tal y como éste se presenta ante los ojos de un observador callejero, se realizaron dos recuentos: 1. En el primero de ellos, contamos con la colaboración extraordinaria de los voluntarios que cubren las rutas nocturnas atendidas por la ONG Solidarios para el Desarrollo. Durante una semana fueron consignando en unas hojas de registro elaboradas al efecto, los datos sociodemográficos básicos de las personas

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durmiendo en la calle con las que entraban en contacto. 2. El segundo recuento, tuvo carácter diurno y se realizó durante la misma semana de referencia. Nosotros mismos y un grupo de algo más de 20 alumnos de 4º de sociología de la Universidad de Comillas, realizamos un barrido sistemático de los distritos centrales de Madrid, tomando nota sistemática de todas aquellas personas que podían detectarse mendigando, o con signos externos de estar durmiendo en la calle. Principales resultados En cuanto a las estimaciones sobre el número de personas que viven y duermen en las calles de Madrid, quedando fuera de la red de albergues y dispositivos de alojamiento existentes, podemos apuntar una cifra situada en torno a las 500 personas en un día cualquiera. Lo que si se suma a las 1256 plazas de alojamiento/refugio disponibles, que pueden estar ocupadas en torno al 90% por término medio, hemos de concluir que, en un día cualquiera las PSH en Madrid, son unas 1600 personas. Si nos fijamos estrictamente en los que viven literalmente Sin Techo, las cuatro quintas partes (82%) son hombres, y sólo encontramos el 18% de mujeres. Si bien, el porcentaje de mujeres se eleva hasta un 29% entre las PST que presentan síntomas de padecer una enfermedad mental grave. La edad media de los que viven sin techo está en torno a los 41.6 años. Y esta edad desciende hasta los 33.8 años entre quienes presentan problemas de drogadicción, y se eleva hasta los 48 entre los enfermos mentales crónicos que viven sin techo. Aproximadamente el 30% de la gente que vive a la intemperie son extranjeros, la mayoría procedentes de países extracomunitarios (Europa del Este, Latinoamérica, África subsahariana …). Por lo que se refiere a la distribución geográfica, nueve de los 21 distritos de Madrid acumulan el 89.3% de las personas que viven y/o piden en la calle. Y si nos atenemos al flujo anual de personas nuevas que son detectadas viviendo en la calle cada año, podemos decir que, aproximadamente una persona cada día viene a caer en la calle y empieza a vivir sin techo en Madrid. En cuanto a la mendicidad, podemos estimar el número de personas que practican la mendicidad en torno a 600-800 personas, de las que sólo una tercera parte se encontrarían viviendo literalmente en la calle. El 28% son mujeres, y entre ellas son relativamente numerosas las ancianas mayores de 65 años. El 80% de los que mendigan son españoles. Entre las PST podríamos distinguir, al menos, dos perfiles: a) el grupo de quienes se han instalado de forma estable en la calle, han roto con la red social y de recursos, muestran un claro rechazo a las instituciones, saben buscarse la vida gracias a la mendicidad, la busca, las ayudas vecinales o el trapicheo, y muestran un acusado desinterés por movilizarse hacia procesos de reinserción; y b) el grupo de quienes alternan dormir en la calle con estancias en pensiones y/o albergues, entran y salen de la red de asistencia, muchos de ellos han cobrado el IMI (Ingreso Madrileño de

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Integración) o incluso cobran todavía la RMI (Renta Mínima de Inserción), y entre los cuales es bastante habitual encontrar personas con fuertes adicciones. En cuanto a los alcances y límites de la atención que actualmente se presta desde los recursos socio-asistenciales, podemos resumirlos en torno a cuatro ejes: a. son insuficientes para las necesidades actuales (existen pocas plazas, pocos profesionales, poco trabajo de calle, casi no hay centros de día de baja exigencia, la RMI es escasa, no hay centros especializados en enfermos mentales, no existe un sistema de información integral, etc.); b. están inadaptados a los perfiles y problemas que se dan cita en estos momentos entre las PST (los centros suelen establecer horarios rígidos, en ellos se concentran diferentes perfiles y problemas que dificultan severamente la convivencia y la atención, no hay cabida para nuevos perfiles de población, la adherencia a los centros es muy escasa, especialmente para los casos más severos, etc.); c. se encuentran muy poco articulados entre sí (hay una desconexión en el interior de la red específica, y entre ésta y los Servicios Sociales, poco feed-back entre los equipos de calle y los centros, etc.); d. están fuertemente desconectados de otros sistemas de protección social (casi nula conexión con otros sistemas de protección como vivienda, sanidad, empleo, policía y seguridad, etc.). Propuestas Las propuestas que se sugieren, para ser ejecutadas a lo largo del período 2003-2006, se ordenan en torno a siete grande capítulos. Los tres primeros comprenden las tres grandes etapas en la acción social frente al sinhogarismo, y los cuatro siguientes reflejan cuatro estrategias de desarrollo que parecen particularmente necesitadas de impulso en el sector que nos ocupa. En los siete capítulos se apuntan una serie de medidas que a su vez se concretan en 80 acciones específicas.

I. Atención y asistencia : recoge 29 accciones específicas principalmente orientadas a incrementar los recursos, acciones y plazas disponibles, adaptar los recursos actuales y desarrollar el trabajo personalizado y de cercanía.

II. Recuperación e Inserción Social : a través de 10 actuaciones se pretende favorecer las iniciativas tendentes a reincorporar a las PST a la vida social y laboral, mejorar la accesibilidad y aplicación de la renta básica, crear alternativas residenciales intermedias entre la institución y la vida independiente, etc.

III. Prevención : se proponen 15 acciones para tratar de reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la llegada de nuevas personas a la calle, así como mejorar la capacidad de detección e intervención precoz.

IV. Coordinación : mediante 14 actuaciones específicas (entre las que destaca la creación de un servicio de atención a PSH con la participación de todas las instituciones públicas y privadas del municipio de Madrid) se busca lograr una mayor coordinación interdepartamental e interinstitucional, incrementar la coordinación en el trabajo de calle, así como incrementar y mejorar la calidad de la información disponible.

V. Territorialidad : 3 actuaciones pretenden intensificar el vínculo de los recursos existentes con el territorio en que se encuentran, diseminar por

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todo el territorio de la Comunidad los recursos asistenciales destinados a PSH, e igualar el acceso a los recursos de alojamiento de emergencia en toda el área geográfica de la Comunidad de Madrid.

VI. Participación ciudadana : la sensibilización de la ciudadanía sobre el problema del sinhogarismo y/o la mendicidad, y el apoyo a los programas de voluntariado, se abordan en 6 actuaciones.

VII. Calidad : finalmente, se proponen 3 acciones para tratar de mejorar la calidad de los servicios, ampliar el conocimiento del problema y las vías e instrumentos más idóneos para atajarlos.

Por último, recogiendo trabajos de campo realizados también en Madrid, se publicó el pasado año el libro, Los límites de la exclusión: Estudio sobre los factores económicos, psicosociales y de salud que afectan a las personas sin hogar en Madrid en Manuel Muñoz, Carmelo Vázquez y José J. Vázquez (2003) en el que se recogen algunos de los resultados de investigación obtenidos por el grupo de profesores del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos I (Psicología Clínica) de la Universidad Complutense. El esfuerzo sostenido a lo largo de los últimos ocho años por Manuel Muñoz y sus colegas intentando arrojar luz sobre un problema -el de las personas sin hogar-, que raras veces ha sido objeto de interés para la Universidad española, obtuvo el premio Caja Madrid de investigación social. A lo largo de casi 400 páginas, Muñoz, Vázquez y Vázquez, repasan los distintos aspectos que se dan cita en la situación límite que viven las personas sin hogar en una gran metrópoli como Madrid. Los límites de la exclusión es un trabajo minucioso que intenta elaborar sus conclusiones de forma parsimoniosa a partir de los datos empíricos obtenidos, tratando de no ir un milímetro más allá de lo que la evidencia empírica obtenida les permite afirmar. Precisamente en el hecho de su extremado empirismo creemos que radican sus mayores fortalezas y también sus posibles debilidades. Los autores apoyan su diseño de investigación en una exhaustiva revisión bibliográfica de los estudios internacionales más relevantes sobre el particular. En este sentido, es encomiable el esfuerzo realizado para desbrozar analíticamente y sistematizar los métodos empleados en varias decenas de estudios empíricos sobre personas sin hogar elaborados en otros países con el fin de realizar un diseño de investigación adaptado al contexto español que incorpore los últimos desarrollos internacionales. Naturalmente, como en tantos otros ámbitos de la práctica científica, el caudal de investigaciones norteamericanas acaba imponiendo su impronta también en este tema del sinhogarismo, como consecuencia, sin duda, del elevado número de estudios de calidad que se realizan en EE.UU., pero también por la gran accesibilidad que les proporciona el hecho de copar prácticamente las referencias científicas que se facilitan desde las grandes bases de datos (PsycInfo, Medline, Sociological Abstract). En este sentido, el esfuerzo por traducir y adaptar, enfoques, conceptos y propuestas metodológicas estadounidenses, no deja de tener su contrapartida, ya que impone una epistemología marcadamente positivista y una manera de ver las cosas que no siempre permite salvar las acusadas diferencias existentes entre aquella sociedad y la nuestra. Así por ejemplo, aunque el proceso de homogeneización a escala planetaria avanza imparable, lo cierto es que aún

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subsisten disparidades importantes en los sistemas de protección social, en las estructuras familiares, y en los mercados de trabajo y de vivienda que tienen un importante efecto modulador en la forma en que se presenta el problema de la exclusión sin hogar en EE.UU. y en los países de la UE, y particularmente en España. Especialmente relevantes para un estudio como el que nos ocupa son todos los aspectos ligados a la salud, como consecuencia de las diferencias entre los radicalmente distintos sistemas de sanidad pública existentes a uno y otro lado del Atlántico. Desde un punto de vista estrictamente metodológico, los objetivos que se plantean los autores apuntan en tres direcciones. En primer lugar, intentan resolver el inacabable asunto de cómo conseguir una muestra suficientemente representativa de una población (la gente sin hogar) tan ubicua y difícil de alcanzar en los trabajos de encuesta, para lo cual aprovechan algunas de las propuestas desarrolladas en Francia con muchísimos más medios y respaldo institucional por J. M. Firdion y M. Marpsat desde el INSEE, e inspiradas a su vez en los estudios (USA, of course) de Martha Burt. Obviamente, la extracción aleatoria de una muestra de PSH, conlleva, en primer lugar, tener bien definido el universo de referencia del que poder extraerla, lo cual es, en la práctica algo imposible de efectuaren países como España donde no existe una definición oficial de PSH. Eso sí, salvo que se adopte como marco de definición del sinhogarismo, la representación institucional del problema que emerge a partir de la práctica cotidiana desarrollada por las instituciones de asistencia; práctica que acaba admitiendo, o no, como PSH, a unas personas o a otras en virtud de criterios más o menos peculiares y restrictivos. Criterios que a su vez son fruto de la historia, la cultura, y los medios disponibles en cada institución, pero que finalmente acaban por delimitar y construir una población con características sociodemográficas muy particulares que en parte reflejan y en parte construyen artificial e institucionalmente, el problema del sinhogarismo entre nosotros. Resulta muy meritorio el esfuerzo por intentar seleccionar con criterios aleatorios los 300 sujetos a entrevistar de entre toda la población usuaria de los centros de atención, aplicándoles posteriormente coeficientes de ponderación que permitan reequilibrar la muestra finalmente conseguida en base a la mayor o menor probabilidad de resultar elegido como consecuencia del uso más o menos intensivo que cada PSH esté haciendo de la red en el momento de la encuesta. En cambio, no resulta tan interesante, el resultado que obtienen los investigadores en su intento por alcanzar a la población que queda fuera de los centros de atención, puesto que para resolver el problema realizan un rastreo nocturno en una sola noche y por áreas muy delimitadas de la ciudad en las que previsiblemente se encuentran durmiendo las PSH que no acuden a los albergues. A partir de ese limitado trabajo de campo detectan 62 personas literalmente sin techo, lo que les lleva a fijar el número total de PSH en Madrid en 1149 personas, resultado directo de sumar las 1086 plazas de albergue existentes a las 62 personas encontradas durmiendo en la calle, en una operación que, a mi modo de ver, resulta excesivamente ingenua y simplista, ya que se hubiera requerido una labor de detección y rastreo más extensa y prolongada, en la línea de los trabajos realizados por Rossi en Chicago. Bien es verdad, que un trabajo de campo de ese tipo hubiera resultado enormemente costoso hasta el punto de resultar inviable y que, muy probablemente, tampoco hubiera arrojado resultados espectacularmente distintos a los obtenidos, aunque

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seguramente habrían elevado de cinco a seis veces el número de personas sin techo durmiendo fuera de las instituciones. En todo caso la cifra del stock de PSH existentes en un momento concreto en Madrid (la noche del 21 de enero de 1997) se apoya en datos de observación estrictamente recogidos y por tanto es mucho mejor que las cifras infladas con que a veces los defensores de pobres, con la mejor intención pero sin el más mínimo rigor metodológico, pretenden poner de relieve ante la opinión pública la gravedad e importancia del problema al que se dedican. Tal y como ocurrió ya en los años ochenta en EE.UU. y a finales de los 90 en Francia, en la medida en que se utilizan métodos de recuento y detección rigurosos y estrictos, se evitan las dobles contabilidades, y se distingue entre flujos a lo largo de un período y stocks fruto de recuentos en momentos censales, nos encontramos con que el número de PSH que viene siendo manejado por las entidades sociales de asistencia a la gente sin hogar, tiende a corregirse significativamente a la baja. Obviamente, sin que esto signifique, ni mucho menos, pretender quitar importancia al tema; a nuestro entender más bien la agranda y lo vuelve más escandaloso pues se entiende más difícilmente que sociedades tan ricas en recursos de todo tipo sean incapaces de atajar un problema que afecta a un número, relativamente, tan “escaso” de sus ciudadanos. Un segundo objetivo contemplado en el diseño, consistía en intentar mostrar qué tipo de variables pueden encerrar más potencial explicativo como causantes del sinhogarismo. Para ello parten de las posibilidades de contraste que ofrece la comparación del grupo de PSH entrevistadas, con un “grupo de control” establecido a partir de la población usuaria de comedores, baños y roperos, que pese a vivir en parecidas condiciones de precariedad y exclusión socioeconómica, mantiene algún lugar de residencia independiente de la red de albergues y por tanto no entra dentro de la definición estricta de PSH. Esta submuestra integrada por 136 casos (frente a las 289 PSH encuestadas) pasa a ser denominada como “grupo de riesgo”, entendiendo que se trata de personas en las que aún no se ha “producido” la situación sin hogar. Aunque el intento de llevar a cabo un diseño cuasiexperimental resulta loable, creemos que encierra también grandes riesgos no siempre fáciles de resolver: el mayor de todos consiste en que, para empezar, no es seguro que una y otra subpoblación sean equivalentes en todos los aspectos salvo en el sinhogarismo de los unos frente a la situación domiciliada de los otros; más bien, el perfil sociodemográfico de los segundos revela que se trata de personas más mayores que reducen gastos acudiendo a los comedores gratuitos, o de personas que residen en viviendas o pensiones mal dotadas de servicios higiénicos y utilizan los baños públicos, pero cuyas biografías están bastante más lejos de las peripecias vividas por las PSH de lo que su coincidencia circunstancial como clientes en los espacios de la asistencia social parece indicar a primera vista. Si esto fuera así, esto es, si el “grupo de control” no fuese equivalente al grupo ¿”experimental”?, entonces la utilidad de emplear un grupo semejante como elemento de validación y contraste resulta muy reducida. Tal y como en efecto parece desprenderse de los resultados que arroja el parsimonioso análisis de los datos que se presenta, en el que se van desgranando mediante pruebas de chi-cuadrado las diferencias más significativas encontradas entre las respuestas ofrecidas por el “grupo de riesgo” y las de las personas efectivamente sin hogar en capítulos como: el empleo y los recursos económicos de que disponen; la utilización que hacen de los servicios de ayuda; las actividades de ocio; y las barreras para acceder al ejercicio de sus derechos básicos

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como ciudadanos. En general, las diferencias halladas no arrojan especiales luces, y en cambio, al circunscribir el análisis al repaso minucioso de las diferencias entre ambas submuestras, se pierde la ocasión de elaborar un análisis estructural más complejo y de mayor calado a partir de la muestra de PSH, que tiene la ventaja de ser bastante más numerosa de lo que suele ser habitual en nuestro país. Más interés en cambio tiene el intento de penetrar en la heterogeneidad que encierra el grupo de personas sin hogar, mediante la realización de un análisis de cluster, del que emergen tres subgrupos estadísticamente diferenciados: un primer grupo integrado por personas más bien jóvenes con una infancia extremadamente dura y marcada por los problemas de todo tipo; otro segundo subgrupo formado por personas más mayores, muchas de ellas alcohólicas y con acusados rasgos de cronificación ya sea en su dependencia institucional y/o en su adaptación a la vida callejera; finalmente, un tercer subgrupo que resulta ser el mayoritario entre las PSH, en el que la importancia de los factores económicos ligados al desempleo y a la precariedad laboral parecen jugar el papel más importante como precipitantes en el sinhogarismo. Por último, el tercer objetivo de altísimo interés metodológico que se plantearon los investigadores, consistió en llevar a cabo un análisis longitudinal, volviendo a entrevistar a las mismas personas al cabo de un período de tiempo superior al año. Hay que pensar que los estudios longitudinales tipo panel son extraordinariamente difíciles de llevar a cabo con una población volátil y difícil de contactar como es esta, por lo que son muy escasos y costosos los estudios que se plantean realizar un seguimiento periódico de las PSH para poder estudiar la evolución de sus trayectorias de exclusión/inclusión al cabo del tiempo. Por eso mismo, resulta muy loable el intento de los investigadores de volver sobre sus pasos para tratar de explorar al cabo de 16 meses (en promedio) las diferencias en el recorrido seguido por quienes habían encontrado un lugar donde residir (personas “con hogar”) y quienes permanecían todavía SH. En base a los datos obtenidos se confirma que tienen más posibilidades de salir adelante quienes ya antes partían de una posición más ventajosa en términos de nivel de estudios, experiencia laboral, cualificación, etc, pero también parece que los resultados evidencian que la esperanza de poder dejar atrás la exclusión más extrema es mayor entre quienes siguen los correspondientes programas de desintoxicación, acompañamiento y reinserción psicosocial, que entre quienes no acceden a ellos, lo que demuestra que no estamos ante un hecho fatal e inevitable, ante un punto de no retorno en el que nada puede hacerse, sino que por el contrario hay motivos para el optimismo si se ponen los medios suficientes y adecuados a cada caso, y se trabaja correctamente. En cuanto a los aspectos más cuestionables de la obra, creemos que, en gran medida, no son achacables a los propios autores, sino que más bien reflejan las condiciones generales en que debe realizarse la investigación social en nuestro país. Para empezar, como consecuencia de las dificultades que existen en España para poder publicar los trabajos empíricos sobre estos temas, el estudio que ahora ve la luz, lo hace con un considerable retraso respecto del momento en que tuvo lugar la recogida de datos original, que fue llevada a cabo en el invierno de 1997, hace ya pues casi seis años. Desde entonces hasta ahora, hay muchos elementos del problema que han permanecido constantes e invariables: la falta de coordinación en las actuaciones de la Administración, o las penurias de medios materiales y

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humanos que padecen los centros y servicios de atención, por ejemplo; pero en cambio, hay otros aspectos que han experimentado una fuerte transformación. Así sucede con el importantísimo incremento del número de extranjeros que en uno u otro momento acuden a la red que atiende a los excluidos sin hogar para resolver sus más elementales y urgentes problemas de supervivencia básica. Es verdad, que este incremento en el número de extranjeros ha provocado una retracción en algunos servicios, que han optado por renunciar a atender a inmigrantes para evitar así que su población habitual fuese desplazada y quedara sin asistencia, con lo que los datos registrados no siempre reflejan la importancia del fenómeno de la inmigración sin hogar, pero pese a todo, los últimos datos obtenidos a nivel nacional para el Observatorio Europeo de FEANTSA, muestran que algo más de un 40% de la población sinhogar asistida actualmente en la red de albergues españoles, son extranjeros, habiendo duplicado su presencia en la red en los últimos cuatro años, especialmente a partir de 1999, dos años más tarde que el momento en que se realizó el trabajo de campo para este estudio, por lo que difícilmente se les puede reprochar nada. No obstante, todos estos cambios, así como los que ha experimentado la propia red de servicios existente en Madrid, que pese a todas las dificultades ha continuado expandiéndose y mejorando significativamente sus estándares de calidad, hubiera exigido quizás una nueva reelaboración de algunos capítulos para poder incorporar los nuevos elementos aparecidos en el escenario español, entre ellos los que resultan de los hallazgos reflejados en algunos trabajos publicados desde entonces acá, y que, si bien se citan en algunos casos, resulta evidente que no han podido incorporarse críticamente al texto original.

4.3. Encuesta Eurostat Un trabajo actualmente en marcha es la realización del primer censo de centros destinados a atender a las personas sin hogar que está a punto de realizar el Instituto Nacional de Estadística, como parte de los trabajos preliminares del grupo de trabajo que, en el marco de Eurostat, está valorando la posibilidad de realizar una encuesta a personas sin hogar a nivel europeo. Se trata de la primera vez que la agencia oficial española de estadística aborda el problema del sinhogarismo y representa una oportunidad histórica para intentar establecer los límites y el alcance del problema en todo el territorio español. La "Encuesta sobre las personas sin Hogar (Centros)" que va a realizar el INE , tiene prevista la rcogida de datos durante los meses de noviembre y diciembre de 2003. Igualmente es un hito importante el hecho de que dicha encuesta haya sido incluida en el Plan Estadístico Nacional 2001-2004 mediante el Programa Estadístico Anual 2003 (aprobado por R.D.549/2003,de 9 de mayo), lo que significa que, es de cumplimentación obligatoria según la legislación estadística española. Se trata de una encuesta por correo, dirigida a los responsables de los centros, con la que se pretende conocer las características generales y específicas de los centros que ofrecen servicios a las personas sin hogar. Además, en el cuestionario que se va a enviar se somete a la consideración de los responsables de los centros el borrador de definición de persona sin hogar que se está manejando en la Task Force on Homelessness de Eurostat.

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