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8/18/2019 Farfán Achulli SIIICFCP

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Cámara Nacional de Casación Penal Cámara Nacional de Casación Penal Cámara Nacional de Casación Penal Cámara Nacional de Casación Penal 2010 2010 2010 2010----Año del Bicentenario Año del Bicentenario Año del Bicentenario Año del Bicentenario

Causa n ° 11784

“Farfán Achulli, Celia

s/rec. de casación”

Sala III

//n la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de abril del año

dos mil diez, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional

de Casación Penal, doctores Angela Ester Ledesma, y Liliana Elena Catucci,

Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados,

asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María Jimena Monsalve, con el

objeto de dictar sentencia en la causa n ° °° ° 11784 caratulada “Farfán Achulli, Celia

s/rec. de casación” . Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General

doctor Raúl Omar Pleé, y ejerce la defensa de la imputada el doctor Fernando

Enrique Alancay.

Efectuado el sorteo para que los señores Jueces emitan su voto,

resultó que debe observarse el orden siguiente: doctores Eduardo Rafael Riggi,

Angela Ester Ledesma, y Liliana Elena Catucci.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso

de casación interpuesto a fs. 228/234 por la defensa de la imputada, contra lasentencia obrante a fs. 205/209 dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal

de Jujuy, mediante la que se resolvió “1° ) Condenar a Celia Farfán Achulli ....a la

pena de cuatro (4) años y dos (2) meses de prisión y multa de pesos doscientos

veinticinco ($225), por encontrarla autora responsable del delito de transporte de

estupefaciente, previsto y penado por el artículo 5 ° inciso “c” de la ley 23737, con

más la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, conforme art. 12 del

Código Penal, y las costas del jucio...”.2.- El recurrente encauza sus agravios en las causales previstas en

Registro n Registro n Registro n Registro n

http://www.cij.gov.ar/


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los incisos 1 ° y 2 ° del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Señala que resulta nula la detención y requisa de su asistida por

ausencia “ ...de orden escrita emanada de autoridad competente...” y de todos los

actos consecuentes.

Sobre el particular, refiere que “No se puede requisar ni detener porsólo presentar un supuesto síntoma de intranquilidad...” ; que “ ...cualquier persona

que se somete a un control migratorio ante un grupo de uniformados con armas y

expresiones enérgicas puede sentir nerviosismo” .

Por otra parte considera que “ El procedimiento penal se encuentra

viciado... ”; que “No hay acusación fiscal previa antes del 14 de abril de 2009...” ;

que “...recién a fs. 36 el Juez de instrucción advierte dicha omisión, que no es

subsanable.....”. También postula la nulidad de la declaración indagatoria “ ...porque

se realizó sin la asistencia de un abogado defensor. .”

Asimismo, considera que “El acta de requisa es de nulidad absoluta

porque se cita como testigo a una señora individualizada como Antonia Tolaba,

persona inhábil, que no sabe leer ni escribir...” ; y que “La supuesta testigo Haydee

Chiliguay, mintió sobre su identidad, por lo que no sabemos realmente quien fue

testigo, ya que al debate se presenta Haydee Erazo...lo que demuestra que ni los

funcionarios de gendarmería tomaron los recaudos para individualizar a los

supuestos testigos, lo que invalida todas las actas labradas....ya que la sola

presencia de funcionarios es inaceptable para acreditar el secuestro de

mercadería” .

Agrega que la sentencia carece de fundamentos válidos, que

contiene “...un grave error al extender todos los razonamientos respecto de la

conducta de un contrabandista habitual, a la conducta de mi cliente....y por

indicios errados termina condenando a mi cliente como si ella hubiera sabido quetransportaba estupefacientes” .

Luego, reitera su planteo de nulidad de la detención afirmando que

“La cuestión...a resolver es si los funcionarios de gendarmería pueden llevar a

cabo una detención como la de que se trata en autos con la mera atribución de

una ‘actitud sospechosa’... ”; que “El requisito de que se manifiesten expresamente

las causas de la sospecha no desaparece por el hecho de que se trate de una

urgencia....como así tampoco por el éxito de la medida o por el cumplimiento



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posterior de las formalidades procesales” ; y que en el caso “ ...la desnuda

afirmación acerca de la ‘actitud sospechosa’ de la detenida impide concluir que la

autoridad haya obrado sobre la base del conocimiento de circunstancias que

hiciesen razonable la detención...” por lo que considera se ha violado lo dispuesto

por los artículos 184 del rito y 18 de la Constitución Nacional.

Por otro lado plantea la inconstitucionalidad del artículo 170 de la ley

formal, en tanto considera que los plazos para deducir nulidades violentan la

posibilidad de ejercer la defensa.

Por último, reitera que la indagatoria es nula pues “ La imputada no

tuvo un abogado defensor en la declaración...”; que en consecuencia su asistida

se encontró indefensa; y que desde la instrucción “...no la dejaron expresarse, no

aceptaron su versión para buscar a los verdaderos culpables.” .

Finalmente, hace reserva del caso federal.

2.- El a quo concedió el remedio intentado a fs. 239/vta., el que fueoportunamente mantenido a fs.249/255.

3.- Durante el término de oficina previsto por los artículos 465

primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, las partes no se

presentaron.

4.- Cumplidas las previsiones del art. 468 del ritual -fs. 263-, la

causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:1.- Ingresando al estudio de las cuestiones planteadas, corresponde

dar tratamiento en primer lugar a la cuestión vinculada con la validez del modo en

que se iniciaron las presentes actuaciones.

Sobre el particular advertimos de la lectura del expediente que,

contrariamente a lo sostenido por el recurrente, arribadas las actuaciones

prevencionales al juzgado instructor, el magistrado resolvió otorgar intervención al

señor Agente Fiscal conforme a las previsiones del artículo 180 de la ley ritual.



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Así a fs. 36 el señor juez expresa que “...si bien el suscripto

entiende que en casos como el presente, en los que la instrucción fue iniciada por

una actuación prevencional, no es necesario el requerimiento fiscal de

instrucción, conforme lo previsto expresamente por el art. 195 del Código

Procesal Penal de la Nación, habiendo tomado conocimiento de que el TribunalOral Federal de Jujuy, en un supuesto similar....declaró la nulidad de las

actuaciones por falta de requerimiento del representante del Ministerio Público

Fiscal, y a fin de evitar que eventualmente pudiera verificarse dicha

situación...corresponde remitir la causa al Sr. Agente Fiscal..a los fines previstos

por los arts. 180 y 188 del código de rito” .

A fs. 37/vta. El señor Fiscal Federal, doctor Domingo José Batule,

señaló que “...habiendo actuado el personal de Gendarmería Nacional frente a la

supuesta comisión de un hecho de flagrante delito, puede tener por promovida la

acción e iniciada la instrucción por prevención policial. Como así también por

ratificada la promoción de la acción efectuada por esta Fiscalía, al tomar

conocimiento de los hechos (fs. 4).” ,y por ello solicitó se le recibiera declaración

indagatoria a la imputada y se realizara el pesaje y peritaje químico de la

sustancia secuestrada.

Sin perjuicio, de que lo expuesto precedentemente resulta suficiente

para el rechazo del planteo en cuestión, aparece oportuno recordar que de un

correcto análisis de las normas procesales de los artículos 186, 188 y 195 del

Código Procesal Penal de la Nación surge que los únicos modos posibles de

provocar el avocamiento instructorio en forma directa, en los casos de delitos de

acción pública, son dos: “ 1) la actuación del acusador público mediante el

requerimiento de instrucción formulado al Juez; 2) la actividad informativa de la

Policía (judicial o común) por medio de la comunicación o información dirigida alJuez inmediatamente de tomar conocimiento de un hecho o al remitirle la preven-

ción policial practicada ”. Asimismo, hemos sostenido que “....la naturaleza de la

información policial promotora de la instrucción jurisdiccional, es un acto cumplido

por las autoridades de la policía en cuanto desempeñan funciones judiciales, por

el que se anoticia oficialmente al órgano correspondiente de la instrucción del

proceso acerca de la comisión de un hecho considerado delictuoso, del cual han

tenido conocimiento por sus propios medios o por una denuncia, para que se



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abra causa con respecto a él. La denuncia se detiene en el mero anoticiamiento;

la información policial trasciende ese límite aproximándose sustancialmente al

requerimiento por su valor impulsor. Esa y no otra es la interpretación que debe

hacerse de la conjunción disyuntiva “o” utilizada por el legislador en el mentado

artículo 195: ‘La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de

una prevención o información policial ’, la que sirve para plasmar las dos posibles

alternativas ” (conf. causa n ° 58 “Veisaga, José A. s/recurso de casación”, rta.

9/3/94, reg. 90, en igual sentido, causas “Suñé, José María s/recurso de

casación”, reg. 78/97 del 17/03/97, “Rodríguez, Andrés y otro s/recurso de

casación”, reg. 402/97, del 22/09/97, “González Notario, Adolfo y otros s/recurso

de casación”, reg. 399/00 del 13/7/00, “Del Ré, Tomás s/recurso de casación”,

reg. N ° 1109/06 del 4/10/2006, y “Rodríguez Flores, Mirka Mary s/recurso de

casación” , reg. n ° 1710/09 del 23/11/09 -todas de esta Sala-; y Sala I, causa 703

caratulada “Musimundo S.A. s/recurso de casación”, reg. 962, del 27/03/96; Sala

II causa n ° 1754 caratulada “Malvido, Carlos s/recurso de casación”, rta.

12/11/98, reg. 2279; y Sala IV, causa nº 401 “Roitman, Adrián Raúl s/recurso de

casación”, rta. 14/10/96, reg. 663; asimismo, ver Levene (h), Ricardo y otros

“Código Procesal Penal de la Nación”, Edición 1992, Buenos Aires, pág.159;

Núñez, Ricardo “Código Procesal Penal”, Segunda Edición 1986, Córdoba, pág.

184).

2.- En cuanto a la invocada invalidez de la detención y requisa,consideramos que el procedimiento que diera origen a estos actuados se ajusta

en un todo a las disposiciones legales vigentes. Repárese al respecto que tal

como surge de autos, el día 12 de abril de 2009 a las 17:15 horas

aproximadamente, habiendose interceptado la marcha de un micro de pasajeros

público, en circunstancias que el Subalferes Rodrigo Sebastián Ayala, de

Gendarmería Nacional cumplía tareas de prevención, en el Puesto del Marqués,

provincia de Jujuy, “...al observar a los pasajeros que estaban siendo controlados



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en dicho puesto....” , advierte que quien resultó ser Celia Farfán Achulli tenía

“....una actitud que demostraba intranquilidad, temblando y al preguntarle sobre

sus datos personales hablaba entrecortado, como tartamudeando...” ; que ello, lo

llevó a la convicción de que se encontraba ante “...un estado de sospecha y a

causa de esto, ordenó a la Gendarme...Jimena Dolores Torres que le practiqueuna requisa personal conforme al art. 230 bis del CPPN....” . Así fue que el

referido personal “ ...al mirar los zapatos pudo darse cuenta que de los mismos

emanaban un fuerte olor a pegamento y (que) las plataformas...eran de gran

tamaño, mas grande de lo normal ”; que “...inmediatamente da aviso al Jefe de

Guardia quien agarra el zapato y comprueba que esta recién pegado” ; que ante

“...la posibilidad de tratarse de un modo de transportar algún tipo de sustancia

prohibida de manera oculta, observado en procedimientos anteriores...se requiere

los testigos ....y se realiza la apertura de los dos zapatos, encontrando en su

interior una sustancia color blanca de características similares a la cocaína.” ; que

en consecuencia se ordena nuevamente a la Gendarme “.. que requise

minuciosamente las prendas...” detectándose “...que la campera tenía un peso

exagerado, palpando la parte interna pudo sentir como pequeños saquitos que

sobresalían de la costura normal, con lo que se decidió ...la apertura mediante

rotura de la tela, comprobando el acondicionamiento en su interior de pequeños

paquetitos con la misma sustancia que se hallare en el par de zapatos...”. De lo

ocurrido se dio aviso al Juzgado Federal de Jujuy n ° 2 a cargo del doctor Carlos

Miguel Olivera Pastor “...quien ordenó se efectúen las actuaciones de rigor y

todas las diligencias del caso, como así también ...por orientación de la Fiscalía

Federal Nro 1 a cargo del Dr. Domingo Batule (se) promueve la acción penal por

medio de la prevención ante un hecho de infraganti delito y la detención de la

(imputada )...a quien se le ...pondrá en conocimiento de sus derechos y garantías

...como así también del art. 36 de la Convención de Viena (en cuanto al)derecho del asistencia consular...” (cfr. fs. 4/5).

Como se aprecia de lo expuesto, la prevención adecuó su obrar a

las disposiciones del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación,

surgiendo un estado de sospecha que legitimó el procedimiento de identificación,

requisa y posterior detención.

Sobre el particular, cabe destacar que esta Sala ha dicho, hace ya

tiempo, en la causa n°

227 “Romero Saucedo, Carlos s/recurso de casación”,



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registro n ° 27, resuelta el 3/3/95, que “Bien es cierto que el artículo 18 de la

Constitución Nacional establece que ‘nadie puede ser...arrestado sino en virtud

de una orden escrita de autoridad competente’. Aunque no es menos exacto que

con dicho imperativo deben compatibilizarse las reglas procedimentales que

autorizan a los agentes de policía a practicar la detención de todo sujeto

sorprendido en flagrancia, y ello sin entrar en disquisiciones constitucionales en

punto al sentido y alcance de las expresiones ‘arresto’ o ‘detención’. En auxilio de

esta interpretación concurre el artículo 69 de nuestra ley fundamental que

autoriza la aprehensión cuando un legislador es sorprendido in fraganti delito.

Motivos de coherencia sistemática constitucional impiden pensar en una autori-

zación respecto de legisladores que no pueda ser extendida hacia el resto de los

ciudadanos cuando la motivación parece centrarse en una sola razón: supeditar

la detención a la obtención de una orden judicial escrita impediría el cumplimiento

de la misma en tiempo útil y su eventual frustración”.En ese caso, la Sala consideró que “...el personal policial actuó

perfectamente habilitado tanto para la identificación de los dos nombrados en la

vía pública cuanto para el posterior examen de sus pertenencias, realizándose la

requisa de conformidad con las previsiones del artículo 184 inc. 5º del C.P.P.N.

que establece las atribuciones de los funcionarios policiales y de las fuerzas de

seguridad y determina que siempre que se trate de supuestos de urgencia se

debe proceder con arreglo a lo dispuesto en el artículo 230 bis con avisoinmediato a la autoridad competente” .

Se estableció entonces que “...la legislación procesal exige

sospechas serias y no pruebas que se traduzcan en "indicios vehementes de

culpabilidad" (art. 4 del anterior código y 284 del actual ordenamiento), habida

cuenta que no es función de la policía aprehender a culpables, sino tan sólo a

sospechosos. Porque si para condenar es indispensable la certeza, para el

dictado de prisión preventiva alcanza con la semiplena prueba y para recibir



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indagatoria bastan las sospechas, parece correcto afirmar que para la mera

detención o requisa es suficiente el requisito legal que el código estatuye para

actos procesales de mayor entidad.”.

Y también que “ ...si el ordenamiento adjetivo legaliza la privación de

libertad cuando concurren elementos de juicio que en su valoración permitenpresumir que se está en presencia de un delito, con mayor razón serán

procedentes las medidas que dispongan el secuestro y custodia de objetos que

"prima facie" integran el cuerpo del delito. Y sólo cabe entender que existe

habilitación legal para detener y requisar cuando se tengan motivos

racionalmente bastantes para creer que esta pasando o está a punto de pasar

algo criminalmente relevante...”.

Asimismo, debe recordarse que la reforma introducida por la ley

25.434 incorpora el art. 230 bis al Código Procesal Penal de la Nación que

autoriza a los funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad a requisar sin

orden judicial a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven

consigo, así como el interior de los vehículos aeronaves y buques, de cualquier

clase, con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente

provenientes o constitutivas de un delito, siempre que las mismas sean realizadas

con la concurrencia de las circunstancias previas o concomitantes que razonable

y objetivamente permitan justificar dichas medidas. (cfr. causa n ° 2936 “Sarraco,

Carlos Luis s/rec. de casación” reg. 530/01 del 3/9/01).

Esta postura en materia de detención y requisa ha sido receptada

en forma coincidente por diferentes pronunciamientos de esta Casación (Conf.

Sala I, causa nº 219“Vicente, Ana María ” ,,registro n ° 335 del 2/11/94; Sala II,

causa nº 118 “Gutiérrez, Víctor Walter” , registro n ° 175 del 3/6/94, causa nº

122 “Barbeito, Eduardo” , registro n ° 179 del 14/6/94 y causa nº 152 “Cruz, Angel

Julio” , registro n ° 197 del 8/7/94; Sala III causa n ° 92 “Kolek, Carlos Pedro” ,

registro n ° 128 del 25/4/94, causa nº 120 “Longarini, Rubén” , registro n ° 134 del

27/4/94, causa n ° 2124 “Anzó, Rubén s/ rec. de casación”, registro n ° 632 del

22/11/99; causa n ° 1954 “Maroni, Daniel s/ rec. de casación”, registro n ° 382 del

20/8/99; y causa n ° 1036 caratulada “Flores Núñez, María s/ rec. de casación”,

registro n ° 525 del 18/10/99, entre muchos otros).

Por todo ello, reiteramos el procedimiento que diera origen a estos



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actuados se efectuó, a nuestro criterio, dentro del marco de una actuación

prudente de la prevención en el ejercicio de sus funciones específicas, con

observancia de lo establecido por los artículos 184 inciso 5 ° y 230 bis del Código

Procesal Penal de la Nación. Siendo ello así, y de conformidad con los criterios

que sobre el particular desarrolláramos enlos precedentes citados, somos de la

opinión que corresponde rechazar el planteo en cuestión.

En cuanto a la invocada nulidad del acta de procedimiento

referida debemos recordar que “Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que

las actas labradas por los funcionarios policiales, son consideradas instrumentos

públicos en los términos del artículo 979 inciso 1 ° y 4 ° del Código Civil. En

consecuencia, la eficacia probatoria de estos instrumentos dependerá de su

autenticidad y de la veracidad de las manifestaciones en ellos contenidas y harán

plena fe de la existencia material de los hechos que el oficial público exprese

que él mismo ha cumplido o que se han realizado en su presencia, hasta tantoque sean redargüidos de falsos por acción civil o criminal -artículo 993 Código

Civil- (conf. esta Sala, causa n ° 1527 caratulada “González Notario, Adolfo s/

recurso de casación”, reg. 399/00, del 13/7/00; Sala I, causa n ° 2101 caratulada

“Duzac, Fabián A. y otros s / recurso de casación”, reg. 2643, del 5/3/99; Sala II,

causa n ° 2262 caratulada “Guerra, Jorge Luis s/ recurso de casación”, reg. 2873,

del 6/10/99; y Sala IV, causa n ° 2931 caratulada “Lara, Alberto Eugenio s/ recurso

de casación”, reg. 3921, del 22/3/02).”.Lo expuesto conduce a considerar que “ siendo el acta de detención

y secuestro un elemento que consiste en una probanza más y no un elemento de

carácter sacramental, los jueces deben apreciarla en consonancia con los

restantes medios adquisitivos, lo que determina el carácter relativo de su nulidad,

y posibilita su subsanación durante la sustanciación del juicio mediante la

incorporación de nuevas probanzas, tratándose en definitiva (...) de una cuestión

de aptitud probatoria” (conf. Sala IV, causa n°

1318 caratulada “Pereyra, José



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cualquier irregularidad que pudiera dar sustento a la pretensión del recurrente.

Por lo demás, quien invoca la nulidad no ha demostrado cuál es el

interés en lograr la declaración de nulidad, toda vez que la veracidad de aquellas

circunstancias consignadas en el acta, que fueran ratificadas tanto por el

personal preventor como por una de las testigos civiles, no fueron cuestionadas

por la defensa al impugnarla.

En efecto, el acta sólo refleja hechos no controvertidos en estas

actuaciones y que surgen también de otras pruebas, por lo que no se vislumbra,

en tales condiciones, en qué han influido las supuestas irregularidades que la

defensa invoca.

Debe tenerse en cuenta que para que la declaración de invalidez

de un acto procesal resulte procedente es indispensable que se verifique un

perjuicio real y concreto, esto es, que se haya producido una efectiva limitación

de un derecho del imputado. Y esto así, más allá de que se trate de unanulidad relativa o absoluta.

Ha sostenido reiteradamente esta Cámara -y también la Corte

Suprema de Justicia de la Nación- que la garantía de defensa en juicio que se

dice vulnerada tiene carácter sustancial, y por ello exige la acreditación del

concreto perjuicio que pudo inferir el presunto defecto de procedimiento y la

solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo de no haber existido ese vicio

(conf. esta Sala, causa n ° 639 “Barrita, José s/rec. de casación”, reg. 465/95,

28/11/95; y Fallos 298:279 y 498), extremo que, en definitiva, no se vislumbra en

el caso de autos. Por ello, corresponde rechazar este punto de agravio.

3.- En relación a la invocada nulidad de la declaración indagatoria

por la ausencia del defensor en dicho acto, tiene dicho esta Sala que “...la norma

del art. 295 del C.P.P.N. no es imperativa, sino simplemente facultativa porque la

presencia del letrado defensor no es indispensable para cumplir el acto ni exige

que aquél sea previamente notificado. Esa posibilidad que tiene el defensor de



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asistir al acto donde el inculpado ejerce su defensa material personalísima y de

entrevistarse previamente con él, queda siempre subordinada a la voluntad de su

pupilo, único titular de tales derechos.” (Conf. Causa 121 “García Roig, Federico

s/conflicto” Reg. 116 del 14/4/94, entre otras).

Sentado ello, advertimos que conforme surge de fs. 40/vta. enoportunidad de recibirle declaración indagatoria, se le hizo saber sus derechos,

entre ellos el de “ ...proveer a su defensa...con el que puede entrevistarse previo a

la audiencia pudiendo luego estar presente en ésta...” , que la imputada manifestó

“...que designa como abogado defensor al Defensor Oficial...” y que “...se

abstiene de declarar hasta tanto se entreviste con su abogado defensor...”. Así a

fs. 45 surge que luego de mantener la entrevista con el señor Defensor Oficial

hizo “...uso del derecho que le asiste de negarse a declarar”.

En definitiva, basta lo reseñado precedentemente para rechazar la

pretensión de la defensa de conformidad con la doctrina citada.

Descartados como han sido los supuestos vicios de procedimiento,

resulta inoficioso expedirse en orden a la invocada inconstitucionalidad del

artículo 170 de la ley ritual.

TERCERO:

Previo a ingresar al tratamiento del agravio referente a los

supuestos vicios de fundamentación de la sentencia dictada en autos, hemos

de reseñar los hechos que el tribunal de mérito le atribuye a la imputada.

Tal como surge de la sentencia impugnada, el a quo ha tenido por

cierto y legalmente demostrado que “ ...el día 12.4.2009, aproximadamente a

horas diecisiete con quince minutos, sobre la ruta nacional número nueve, a la

altura de la terminal de ómnibus de la localidad de Puesto del Marqués...la

patrulla fija de Gendarmería Nacional que se encontraba realizando un control

aduanero-migratorio a los pasajeros del colectivo de la empresaPanamericano...que había partido de la ciudad de La Quiaca y llevaba destino

final a San Salvador de Jujuy, observó a una persona que identificada resultó ser

Celia Farfán Achulli, realizando el correspondiente control. Con la ayuda de...

personal femenino se detectó que llevaba ocultos en la suela de los zapatos

...dos (2) paquetes y en la campera... cincuenta (50) paquetes conteniendo una

sustancia en polvo color blanca que sometida a la prueba de campo reaccionó de

manera positiva a la presencia de cocaína, y pesado que fuera el estupefaciente



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arrojó la cantidad de un mil cuatrocientos cincuenta y siete gramos con sesenta y

ocho decigramos (1.457,68).”.

Ahora bien, en relación al requisito de motivación que deben

contener los autos y sentencias, hemos de remitirnos, en honor a la brevedad, a

cuanto expusiéramos en el precedente in re “Armentano, Stella Maris s/recurso

de casación” (Reg. 199/06 del 22/3/06), y sus citas, cuya lectura

respetuosamente nos permitimos sugerir.

Analizado el caso a la luz de la doctrina reseñada, conceptuamos

que el a quo ha satisfecho adecuadamente el mandato de motivación contenido

en el artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación, cuya inobservancia se

conmina con nulidad, conforme lo establece el artículo 404 inciso 2 ° del mismo

cuerpo legal.

En tal sentido, consideramos que los señores magistrados dejaron

claramente asentados los motivos que los condujeron a la solución del caso, a laque se arribó expresando a lo largo de la sentencia cuáles eran los fundamentos

de hecho y de derecho en los que cimentaron su decisión.

En efecto, ninguna duda puede caber en cuanto a que de la lectura

de la sentencia impugnada es posible tomar un acabado conocimiento de los

hechos y fundamentos que llevaron al tribunal a resolver del modo en que lo hizo,

de forma tal que la tacha de arbitrariedad que al respecto invoca la defensa no

pasa de ser un mero disenso con la valoración de la prueba efectuada por el

tribunal de grado.

Puntualmente, cabe señalar que el a quo indicó cuáles eran las

pruebas existentes en contra de la imputada, y qué conclusiones correspondía

extraer de ellas.

En tal sentido, advertimos que para tener por acreditada la

materialidad del hecho antes relatado y la participación responsable de la

encartada, tuvo en cuenta -entre otras-, además del acta de procedimiento y



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secuestro de fs. 4/5 vinculada a su detención y secuestro del estupefaciente; las

declaraciones de los preventores que intervinieron en el procedimiento y la de la

testigo de actuación antes citados; el peritaje químico agregado a fs. 55/57 en el

que se concluyó que el material incautado se trata de clorhidrato de cocaína, con

una concentración que “ ...oscila entre un 69 % y un 78 %.” .La prueba acumulada, acertadamente a criterio del tribunal de mérito

echa por tierra las manifestaciones de la procesada, mediante las cuales dijo

desconocer que transportaba el estupefaciente secuestrado.

Así la defensa sostuvo que la imputada “...fue a la ciudad de La

Quiaca porque debía traer ropa, encargada por otras personas, y que no sabia lo

que traía.”. Sobre el particular sostuvo el a quo que “...no vemos que entre lo

secuestrado y/o transportado por ella exhibiera una cantidad de ropa o de textiles

propia de los viajantes o comerciantes del rubro, sino por el contrario sólo se le ha

secuestrado un par de zapatos -con estupefacientes-, que coincidentemente los

testigos han manifestado eran nuevos, y una campera que además de quedarle

bien por el talle, también llevaba disimulado en su interior estupefacientes. No hay

más ropa ni textiles que transportara la encartada...y ya había recorrido varios

kilómetros...”.

A ello agregó que la imputada afirmó que “ ...‘el domingo la buscan a

las trece o catorce horas, ya le habían entregado los zapatos y además le dieron

una campera para que la gente de Buenos Aires la reconozcan’...” . Señaló el

tribunal de mérito que resulta inverosimil que le ofrecieran a la encartada un

trabajo consistente en viajar mas de tres mil kilómetros -ida y vuelta- para

transportar un par de zapatos y una campera; que la imputada “...ha manifestado

tener estudios terciarios completos en la carrera de secretariado ejecutivo

realizada en Perú.”; y que “Una persona con estudios terciarios dedicada al

comercio de ropa no recibe como único equipaje textil ....un par de zapatos y unacampera....” .

En definitiva, el tribunal oral se hizo cargo de las alegaciones de la

defensa y de la versión exculpatoria de la acusada, concluyendo que esta última

fue mendaz, y que la participación responsable que le cupo en el hecho

investigado se encontraba plenamente acreditada por los elementos

probatorios incorporados a la causa.

Conforme lo expuesto, entendemos que el a quo no ha considerado



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en forma fragmentaria y aislada los elementos de juicio -indicios y presunciones-,

no ha incurrido en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos

conducentes para la solución del litigio, ni ha prescindido de una visión en conjunto

y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí y de ellos con otras

pruebas y elementos indiciarios. Advertimos en definitiva, que el pronunciamiento

impugnado se apoya en una selección y valoración de la prueba ajustadas a las

reglas de la sana crítica racional. Por lo tanto, consideramos que el fallo se

encuentra exento de vicios o defectos en sus fundamentos, los que además no

han resultado demostrados por el impugnante en su recurso, ni tampoco

advertidos después de realizado el esfuerzo impuesto a este Tribunal por la

vigente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa n ° 1757.XL,

“Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa”, del 20 de

septiembre de 2005).

Por todo lo expuesto, propiciamos al acuerdo y votamos por:rechazar el recurso de casación interpuesto, con costas (artículos 456 incisos 1 °

y 2 ° , 470 y 471 a contrario sensu , 530 y 531 del Código Procesal Penal de la

Nación).

Tal es nuestro voto.

La señora juez Angela Ester Ledesma dijo: Discrepo con la solución a la que arriba el Dr. Riggi en su ponencia,

en virtud de los siguientes motivos.a) Compete memorar, que en distintos precedentes de esta Sala -in

re “Acuña, Darío Emanuel y otro s/rec. de casación”, c. n ° 6482, reg. n ° 326/06, de

fecha 24 de abril de 2006, entre muchas otras- se dijo que “(e)l funcionario policial

no está autorizado a detener y revisar a toda persona que ve en la calle o acerca

de la cual está realizando investigaciones. Antes de colocar sus manos sobre la

persona de un ciudadano en busca de algo, él debe tener motivos razonables y

constitucionalmente adecuados para actuar de ese modo (“Sibron v. New York



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admite como excepción que se delegue dicha facultad en la autoridad de

prevención, cuando existan razones fundadas en circunstancias de peligro o

urgencia.

Entonces habrá que analizar en cada caso en concreto las

particularidades de las diligencias llevadas a cabo por los preventores, a fin de

determinar si la actuación se ajusta a los preceptos contenidos en los art. 184 inc.

5 ° y 230 bis del código formal.

b) En el supuesto que nos ocupa, se desprende de la sentencia

objetada, que los motivos que alegaron los funcionarios de la prevención, para

llevar a cabo la requisa de la encartada Farfan Achulli, fueron que la notaron

nerviosa, que llevaba zapatos con una gran plataforma, y que luego de “revisar a la

mujer” se advirtió olor a pegamento que manaba del calzado -ver. fs. 206 vta./207-.

En primer lugar, debemos decir que el “olor a pegamento” fue

percibido luego de comenzada la requisa personal de la nombrada, de modo queno podemos tenerlo como un dato más, para considerar si ello abasteció el

temperamento de los funcionarios, para generar tal estado de sospecha. Pero,

aunque fuera advertido con antelación, tampoco constituye un dato determinante

para habilitar la actuación de la prevención, en la forma recreada en el primer voto.

Por otro lado, de las vistas fotográficas obrantes a fs. 29/30, no se

constata la existencia en el calzado en cuestión, de una plataforma

desproporcionada, o de gran altura para despertar sospechas, respecto de la

eventual comisión de algún hecho delictivo.

Pues entonces, qué nos queda para convalidar la actuación oficiosa

del personal preventor, un aparente estado de nerviosismo ¿?; demás esta decir,

que ello no basta para justificar la intromisión a la privacidad, del modo constatado

en la causa.

En síntesis, y de conformidad con lo solicitado por la defensa,

entiendo que corresponde invalidar todo lo actuado en la causa, desde sus



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orígenes y los actos consecuentes, debiendo disponerse la absolución de Celia

Farfán Achulli, en orden al suceso juzgado (arts. 18, 19, 75 inc. 22 de la C.N.; arts.

166, 167, 168 , 230, 230 bis y cctes. del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:Coincido con la propuesta del Dr. Riggi, por las consideraciones

siguientes:

a) En cuanto al planteo de la defensa relativo a la invalidez de lo

actuado en la presente causa n ° 44/09 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal

Federal de Jujuy, porque la causa se habría iniciado por prevención y se habría

dado vista a la fiscalía de instrucción interviniente en una etapa posterior a su

inicio, entiendo, al igual que el voto que lidera el Acuerdo, que no afecta la validezde lo actuado.

En efecto, esta Cámara lleva dicho en reiteradas oportunidades que

de un correcto análisis de los artículos 186, 188 y 195 del Código Procesal Penal

de la Nación surge que los únicos modos posibles de provocar el avocamiento

instructorio en forma directa en los casos de delitos de acción pública son

mediante el requerimiento de instrucción formulado al juez y la actividad

informativa de la policía por medio de la comunicación o información dirigida al

juez inmediatamente de tomar conocimiento de un hecho o al remitirle la

prevención policial practicada (cfr. Sala I “Musimundo S.A. s/recurso de casación”,

reg. n ° 962 rta. el 27/3/96; Sala II “Avila, Blanca Noemí s/recurso de casación”, reg.

n ° 18, rta. el 2/7/93; “Guillén Varela, J. W. s/recurso de casación”, reg. n ° 58, rta. el

18/11/93; “Batalla, Jorge Alberto s/recurso de casación”, reg. n ° 262 rta. el 28/9/94;

Sala III “Romero Saucedo, Carlos s/ recurso de casación”, reg. n ° 27/95, rta. el

3/3/95; “Spikerman, Oscar A. s/recurso de casación”, reg. n ° 227/96, rta. el

16/8/96; “Rodríguez, Andrés o Maresco, Román o Salemi, Daniel Marcial s/recurso

de casación”, reg. n ° 402/97, rta. el 22/9/97; Sala IV “Roitman” ya citada, “Osco

Hilachoque, José M. s/recurso de casación”, reg. n ° 831, rta. el 19/5/97, entre

muchas otras).

He ahí que en diversos pronunciamientos esta Cámara ha sostenido

la innecesariedad del requerimiento de instrucción en relación a las causas

iniciadas por prevención policial (cfr. Sala I, LL, 1996-B-450) donde se afirma que

el art. 195 del C.P.P.N. “otorga indistintamente al requerimiento fiscal y a la



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prevención o información policial la alternatividad de los modos de dar inicio a la

instrucción”.

Es decir que si la prevención tiene virtualidad para habilitar el inicio

del sumario, y si toda la actuación a la que puede atribuirse ese carácter ha sido

cumplida con la debida noticia del Ministerio Público -que importa su tácita

convalidación del progreso causídico-, ha de excluirse la extemporaneidad del

requerimiento fiscal. No solamente porque podría prescindirse del recaudo, sino

más aún por cuanto ya se ha dicho que la desatención del plazo fijado en el art.

180, primer párrafo, del C.P.P.N. puede subsanarse en los términos del art. 171,

inciso 3 ° del mismo código porque el plazo "no es perentorio sino ordenatorio,

presentando como característica

esencial que el incumplimiento del acto no genera ninguna consecuencia ni

sanción procesal, ni tampoco conlleva la nulidad del derecho ..." (confr. Sala I,

“Toranzo, Carlos F. y Rodríguez, José H. s/recurso de casación” Reg. n ° 7820,causa n ° 6226, rta. el 5/7/05).

Menos aún en el caso en estudio, en que ha mediado, la necesaria

participación del Ministerio Público Fiscal, prestando conformidad a lo actuado.

Por todo lo expuesto cabe concluir que el accionar de la autoridad

preventiva interviniente tuvo contralor jurisdiccional oportuno y suficiente, con lo

cual declarar la nulidad requerida constituiría un acto de excesivo rigor formal. En

efecto, es de aplicación al caso el principio ne procedat iudex ex officio que es derecordar se erige a fin de preservar la imparcialidad del juez, quien no puede iniciar

una investigación de oficio (Sala I, “Palacio, Albero M. s/recurso de casación”,

causa n ° 7876, reg. n ° 10.077, rta. el 19/2/07).

Desaparece, pues, toda posibilidad de arbitrariedad. b) He

adherir a la propuesta del Dr. Riggi en cuanto a que la requisa y la detención de

Celia Farfan Achulli se enmarca dentro de las previsiones de los arts. 184, inc. 5 ° y

230 bis del C.P.P.N., pues quedó suficientemente demostrado y a la vez



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justificado el estado de sospecha que alertó a los preventores para proceder a la

identificación, requisa y detención de la nombrada.

c) Ha de recalcarse, por otra parte, que el acta de procedimiento

resulta válida mientras no sea redargüida de falsedad por acción civil o criminal

(cfr. art. 993 del C.C.).En autos esa diligencia ha recibido suficiente respaldo del resto de

las pruebas que obran en el expediente, y que fueron detalladas en el voto del

Dr. Riggi, y hace plena fe de la existencia material de los hechos contenidos y

descriptos. En tanto que constituye sólo una probanza más, el hecho de que haya

sido firmada por testigos integrantes de la fuerza preventora, lo que ha de ser será

apreciado en consonancia con los restantes medios adquisitivos (Sala I, “Soria,

Rubén Eduardo s/ recurso de casación”, Reg. N ° 5718, causa N ° 4467, rta. el

12/3/03).

En conclusión el presente agravio tampoco ha de prosperar.

d) También he de coincidir con el voto que lidera el Acuerdo en

cuanto a la validez de la declaración indagatoria de Farfan Achulli, pues conforme

surge del expediente el asistente letrado ha participado en ese acto procesal de

defensa.

Puede fácilmente constatarse a fs. 40/vta. que al recibírsele

declaración indagatoria, se le hizo saber que podía:“...proveer a su defensa...con

el que puede entrevistarse previo a la audiencia pudiendo luego estar presente en

ésta”,a lo que Farfan Achulli manifestó: “..que designa como abogado defensor al

Defensor Público Oficial...” y que se “...abstiene de declarar hasta tanto se

entreviste con su abogado defensor...”. . Posteriormente a fs. 45 luego de

mantener la entrevista con el Defensor Público Oficial hizo “..uso del derecho que

le asiste de negarse a declarar...”.

Sobran los argumentos para señalar que resulta inoficioso por losantecedentes procesales indicados declarar la inconstitucionalidad del art. 170 del

C.P.P.N.. ,el acto ha satisfecho sus fines y no ha producido más efectos que los

queridos por el justiciable.

e) Opino, al igual que el Dr. Riggi, que el fallo se encuentra

debidamente fundado, por lo que a sus argumentos me remito, en razón de

brevedad.

En efecto, de la lectura de la causa, de la sentencia y del recurso de



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casación incoado se advierte que el tribunal oral ha fundado la condena con base

en los principios que rigen la sana crítica racional.

Corolario de lo cual resulta que las protestas introducidas por la

asistencia técnica demuestran su disconformidad acerca de la valoración

probatoria por parte del órgano jurisdiccional, juicio que conducen

indefectiblemente a la incriminación de la encausada en el suceso delictivo

investigado.

En atención a cuanto se viene diciendo y extremadas las

posibilidades revisoras de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de

Justicia de la Nación en la causa C.1757 XL “Casal, Matías Eugenio y otro s/robo

simple en grado de tentativa”, rta. el 20 de septiembre de 2005 y despejada toda

posibilidad de arbitrariedad, el fallo mantiene su incolumidad y el recurso no puede

ser acogido.

Por todo lo expuesto, adhiero al voto del doctor Riggi y emito el míoen igual sentido.

Tal es mi voto.

En mérito al acuerdo que antecede el Tribunal, RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto, CON COSTAS

(artículos 456 incisos 1 ° y 2 ° , 470 y 471 a contrario sensu , 530 y 531 del Código

Procesal Penal de la Nación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase con la remisión dispuesta,sirviendo lo proveído de atenta nota de envío .

Fdo: Angela E. Ledesma - Liliana E. Catucci - Eduardo R. Riggi. Ante mi: María

Jimena Monsalve. Secretaria de Cámara.

farfán achulli siiicfcp

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