etnias no. 7

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2008

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El Observatorio Indígena de Políticas Pú-blicas de Desarrollo y Derechos Étnicos es un espacio intercultural de investigación y de formulación de propuestas políticas, orientado a sistematizar, producir y di-fundir de manera regular y permanente conocimientos pertinentes y especializados sobre las problemáticas políticas, cultura-les, económicas, territoriales y de exigibi-lidad de derechos más relevantes para los pueblos indígenas de Colombia, a la vez que busca generar propuestas de políticas y estrategias para el movimiento indígena sobre dichos aspectos. La divulgación de los resultados del Observatorio se recogen en la revista Etnias & Política y otras publica-ciones tales como boletines, libros y otros.

El Centro de Cooperación al Indígena (Ce-coin) es una ONG indígena adscrita a la Organización Indígena de Antioquia (OIA), que tiene como finalidad primordial de su acción aportar al conjunto del movimien-to indígena colombiano herramientas investigativas y analíticas para la profundi-zación de sus procesos de construcción de autonomía territorial, al tiempo que con-tribuye con el conjunto de la sociedad en la producción de conocimiento cualificado que permita apuntalar los principios de la diversidad étnica y cultural que promulga la Constitución Política colombiana.

7

EN EstE NúmErO

Bolivia, batalla decisiva

7Compañero de lucha: Rafael CoicuéNuestro hermano rafael Coicué ha perdido su

ojo izquierdo a causa de un ataque del Esmad. Lo

pierde como consecuencia de la injusticia y del

abuso que cumplen 516 años causando dolor,

pobreza, sufrimiento y muerte. Lo pierde por-

que pasaba frente a “La Emperatriz” en su moto,

mientras otras y otros Nasa resistían los ataques

de la fuerza pública por exigir “Libertad para la

madre tierra”, lucha de rafa y de todas y todos

los que defendemos la vida.

si no hubiera sido por esta injusticia de siempre,

rafael no habría comenzado su vida tenien-

do que recuperar tierras con su comunidad,

arriesgando la vida sin conocer su infancia, para

escuchar el mandato de Quintín Lame y negarse

a pagar terraje y a ser siervo en la tierra, en la que

recibimos al extranjero para que nos cobrara con

explotación y miseria por dejarlo vivir en nuestra

madre.

si no hubiera sido por la injusticia, rafa no habría

tenido que vivir hasta hoy con el peso en el alma

de haber sobrevivido la masacre de El Nilo en

la que la fuerza pública, los paramilitares y los

narcos asesinaron a su hermano entre las 20 per-

sonas que allí cayeron.

si hubiera justicia, el Estado y los diversos gobier-

nos, en consecuencia con sus obligaciones, desde

diciembre de 1991 habrían entregado las 15.663

hectáreas por las que seguimos luchando hoy en

día. si no gobernara la injusticia, la fuerza pública

estaría liberando tierra con nosotras y nosotros

para cumplir el deber de defender los derechos

de los pueblos y la vida en vez de perseguirnos

para así defender privilegios de terratenientes.

Como no hay justicia, rafael, desde el Cabildo

de Corinto, organizó la Audiencia del 4 de julio

de 2008, porque el ejército de Colombia fusiló

dentro de su humilde vivienda a dos comuneros

de tacueyó y pretendió hacerlos pasar como

guerrilleros muertos en combate y porque desde

Corinto, se levanta la dignidad hoy a reclamar y

construir resistencia y vida ante el proyecto de

muerte que, desde el Plan Colombia II viene a

robarnos el territorio para entregarlo a las corpo-

raciones transnacionales. Cuando recorría las co-

munidades y viajaba a Quilichao para completar

los preparativos de la Audiencia, fue impactado

en su ojo.

Porque debe haber justicia, nosotros, hermano

rafa, amigo, ejemplo, compañero, te reconoce-

mos hoy y desde hace tiempo como lo que eres:

humilde, comprometido, estudioso, sabio, leal

y cercano a nuestras almas y a nuestra tierra. te

honramos rafael, porque has estudiado como

nadie esta realidad, porque conoces como pocos

el proyecto global egoísta y porque te has de-

dicado a aprender para enseñarnos y para tejer

una jigra de unidad y dignidad con otros pueblos

y procesos. Nos honras como Nasa porque tu

vida es ejemplo y por eso nos cuesta trabajo no

dejarnos llevar por la ira y el odio ahora mismo,

mientras pierdes el ojo. No podemos echar atrás

lo sucedido aunque quisiéramos. No podemos

devolverte el ojo, pero sí defender tu mirada

transparente y de futuro. Esa, no te la pueden

quitar porque es de todas y de todos y porque tie-

nes más fuerza, más claridad y más compromiso

que toda la injusticia que te han hecho.

Bolivia batalla decisivate

jido

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ACIN

977

1900

1670

017

0

ISSN

1900

-167

3

contenido

3 editorial

PUntoS de ViStA8 La doctrina Aznar:

claves ideológicas de la desposesión Alejandro Mantilla Quijano

22 Pueblos indígenas, Autonomía y Libre determinaciónAlejandra María García A. carlos Andrés Zapata c.

40 La pluralidad étnica y la nación colombiana: una historia políticaefraín Jaramillo Jaramillo

indÍGenAS de AMÉRicA58 La batalla en Bolivia es decisiva

para los pueblos indígenasHéctor Mondragón

76 Bolivia: grandes oportunidades, grandes peligros. La cuestión civilizatoriaPablo Ariel Regalsky

94 estados plurinacionales y constituyenteBoaventura de Sousa Santos

104 Autonomías indígenas y comunalidad: debates y propuestas para el estudio y la praxis de las autonomías en el estado de oaxacaisis contreras

Mar

cela

Oliv

era

Etnias&políticaRevista del observatorio indígena de Políticas Públicas de desarrollo y derechos ÉtnicosiSSn 1900 1673

consejo editorialAbadio Green, Camilo Castellanos, Carlos Andrés Zapata, Héctor Mondragón, José Domingo Caldón, Juan Houghton.

editorHéctor Mondragón

FotografíasCubierta: Marcela Olivera

Archivo Cecoin, Carlos Gómez Ariza, Marcela Olivera, Indymedia, Soldepaz, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, OIA, Tejido de comunicación ACIN

divulgaciónHernán Molina Echeverri

Revisión de textosMaría José Díaz Granados

diseño y diagramaciónMartha Gómez

Producción editorialMarta Rojas

impresiónEdiciones Antropos

Las opiniones expresadas en esta revista solo comprometen a sus autores.

Se autoriza su reproducción parcial o total citando la fuente. Se agradece enviar copia.

Bogotá, D.C., ColombiaCarrera 10 Nº 24-76 Oficina 706Telefax (57-1) 334 1810Correo electrónico: [email protected]

Esta publicación es posible gracias al auspicio de:

ActUALidAd128 después de la caída

Alejandra Azuero Quijano

138 Los territorios indígenas traslapados con áreas del sistema de parques nacionales naturales en la Amazonia colombiana: situación actual y perspectivasRamón esteban Laborde

152 Uribe incumple reparación integral por masacre y amenaza

¡Llamo a los jóvenes nasa a levantarse! debate en la comisión Segunda del Senado sobre

la situación de los pueblos indígenas del caucaJesús Piñacué Achicue

docUMentoS158 Biodiversidad, cambio climático y derechos

de los pueblos indígenas en colombiaonic

160 Los diez mandamientos para salvar el planetaevo Morales Ayma

ALMÁCIGAGRUPO DE TRABAJO INTERCULTURAL

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008

Carlos Gómez Ariza

durante 516 años de resistencia en las Américas ha estado planteado el problema de la dominación de los pueblos in-dígenas por los poderes y modelos económicos impuestos mediante las armas y el colonialismo. Ahora, como cuando

Tupac Amaruc se levantó contra los españoles, los pueblos indígenas del continente vuelven a levantar por todos lados alternativas para liberarse de la opresión de siglos, del despojo de sus territorios.

Es el resultado de años de lucha y organización lo que ha permitido una presencia pública y una acción política de los indígenas y de sus propuestas, las cuales han tratado de plasmar en leyes y constitucio-nes nacionales y, finalmente, en la legislación internacional.

Los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) significaron importantes pasos en el establecimiento interna-cional de una nueva normatividad que al fin reconociera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y que sirviera de marco para las innovaciones constitucionales que en cada país abrían paso a ese reconocimiento, como fue el caso de lo dispuesto por la Consti-tución de 1991 sobre los pueblos indígenas de Colombia.

Pero la reacción del establecimiento y los intereses creados contra el reconocimiento de los derechos indígenas se ha entrelazado con la política del capital transnacional, ansioso de modificar la normativi-dad mundial en un sentido totalmente contrario, para reconocer los “derechos” de los inversionistas, del capital, es decir, de las propias transnacionales.

Una nueva constitución mundial que pone los derechos de las trans-nacionales por encima de los derechos humanos y de los derechos

edit

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e d i t o R i A L Puntos de vista indígenas de América Actualidad documentos4

colectivos se fragua mediante los llamados tratados “de libre comercio”, las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y mediante numerosas leyes fores-tales, rurales, de tierras, de aguas, de minas, de petróleos, de “seguridad jurídica”, de arbitraje internacional y de propiedad intelectual, leyes que son como contratos de adhesión a manera de formularios a los que simplemente se les llenan algunos datos propios del país dominado en que se van aprobando.

El establecimiento de los “derechos de los inversionistas” significa desde luego, otra vez, desconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El capital choca con-tra ellos y quiere despejar el camino. Otra vez una frondosa ideología se levanta para denigrar a los indios. El sociólogo por muchos años asesor del gobierno de Estados Unidos, Samuel Huntington, en su libro ¿Quiénes somos?, asume la cultura anglosajo-na como superior, y la identifica, con el individualismo en la medida que la ve ame-nazada por las culturas que enfatizan en los derechos colectivos. Según Huntington lo indígena, como cuna de los derechos colectivos, sería el fundamento del atraso latinoamericano. El ex presidente español José María Aznar, en su infome “América Latina, una agenda de libertad”, considera que el “indigenismo” es un “camino que se aleja de las sociedades abiertas, libres y prósperas”, porque sustituye el concepto de ciudadano de una república por el de miembro de una comunidad étnica”.

La versión criolla del mismo racismo la sublima el peruano Mario Vargas Llosa ata-cando al supuesto fundamentalismo indígena al que sindica de “Talibán”, para co-locarlo a la altura de los peores enemigos de la civilización, los terroristas. Considera las reivindicaciones indígenas como “utopía arcaica” colectivista y contrapuesta a los derechos individuales. Vargas Llosa presupone la superioridad de la otra cultura, la in-dividualista, quiere imponer el neoliberalismo como bien supremo de la humanidad.

A la nueva catarata ideológica contra la lucha de los pueblos indígenas se suman las iniciativas legislativas, como el Estatuto Rural en Colombia, los estatutos departa-mentales autonómicos en Bolivia, el Decreto Legislativo 1015 en Perú, que facilita la disolución de las comunidades andinas y amazónicas.

Más grave aún son los hechos de fuerza contra los pueblos indígenas: los asesinatos de indígenas en la Amazonia brasilera; el encarcelamiento de mapuches en Chile; la represión en Oaxaca y Chiapas, en México; las masivas agresiones racistas de la Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos fascistas en Bolivia, y las humillaciones públicas masivas a los indígenas como la ocurrida en la ciudad de Sucre; los ataques de los terratenientes zulianos contra los indígenas yukpa en Venezuela; el aumento de las violaciones de los derechos humanos de los indígenas durante los últimos años en

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Colombia, y las órdenes del presidente Uribe de pagar recompensas por los indígenas que liberan la madre Tierra y de detener a los senadores partidarios de su causa.

Los indígenas no se amilanan por la contraofensiva racista que quiere garantizar la nueva conquista transnacional. Ellos mantienen la iniciativa.

En Ecuador han logrado su objetivo de años, la convocatoria de la Asamblea Cons-tituyente donde se consagre el carácter plurinacional del Estado, y confrontan en este momento al gobierno para exigir que en la Constitución se plasme el derecho a exigir que solamente se exploten los recursos naturales de sus territorios cuando ello cuente con su consentimiento previo, libre e informado, y no se lesione su integridad. Obviamente, los poderosos intereses de las petroleras quieren trancar la lucha de las nacionalidades indígenas.

En Bolivia la Constituyente ha aprobado un texto que consagra el carácter plurinacio-nal del país, y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y los campesinos. Actualmente en Bolivia se libra una batalla decisiva por lograr que esa Constitución entre en vigencia y se abra el paso a un cambio real en ese país.

En Venezuela, después de años de invisibilización, y tras lograr que la Constitución les reconociera derechos fundamentales, los indígenas luchan por la demarcación de sus territorios, contra los apetitos de las empresas mineras.

El discurso neoliberal y los promotores y extensionistas al servicio de las transnacio-nales tratan de contener las aspiraciones de los pueblos indígenas, asegurándoles que quieren hacerlos partícipes a ellos y a sus territorios de los “beneficios del desa-rrollo económico”. Anuncian el supuesto papel redentor del mercado, la carretera, la explotación forestal, la mina, el pozo petrolero o la agroindustria. Pocas veces los indígenas salen bien librados en su integridad cultural, social y económica, y también los resultados ambientales suelen ser funestos. Durante el proceso, la mayoría son despojados de sus tierras y aguas; convertidos en mano de obra barata o migrantes internacionales. Sólo excepcionalmente un indio se convierte en empresario, y en cambio la mayoría participa en el desarrollo en calidad de empobrecido, despojado, cuyo territorio es desarrollado mediante la inversión.

Objetiva e históricamente enfrentados a la concepción desarrollista los pueblos indí-genas se han manifestado como sujetos del derecho a la diversidad étnica y cultural, como gestores de sus propios planes de vida, que deciden sus prioridades. Exigen reconocer el proyecto de vida propio de cada pueblo indígena, con cosmovisión, es-piritualidad, organización, objetivos, prioridades, decisiones y alternativas propias,

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dispuestos a la interculturalidad, pero en términos simétricos y no asimétricos, opre-sivos; dispuestos a concertar pero a la vez a rechazar cualquier imposición.

La aspiración de los pueblos indígenas a la autonomía se basa en el proyecto de cada pueblo, luego no se pueden someter a una nueva forma de subordinación etnocen-trista que supedite los derechos indígenas al sometimiento a proyectos externos, sino que se trata de que cada pueblo, además de gestionar sus propios asuntos de acuerdo con su cultura y mediante sus autoridades propias, exprese su “consentimiento previo libre e informado” sobre todos y cada uno de los proyectos o planes de desarrollo que tengan que ver directamente con su territorio y su vida.

La principal razón por la que el colombiano fue el único gobierno latinoamericano que no votó a favor de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de sep-tiembre de 2007, es lo dispuesto en el numeral 2 de su artículo 32:

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas

interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su

consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus

tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utili-

zación o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

El consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas es lo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no puede tolerar, y es exigido en siete artículos por la declaración, entre ellos el 19 que se refiere a las medidas administrativas o legislativas que los afecten.

¿Quién preguntó a las comunidades directamente afectadas por el Plan Puebla Pa-namá (PPP) o la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA)? Nadie. ¿Quién les ha preguntado si están de acuerdo o no con la expansión de las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera para el negocio de los agrocombus-tibles? ¿Quién les pregunta si les convienen o no, o si aceptan que los aplasten las hi-droeléctricas, los pozos petroleros, las minas y las grandes carreteras? Nadie.

Consideradas las sociedades y los países como multiétnicos y pluriculturales, la di-versidad se asume como una riqueza y como un derecho exigible. Las relaciones de respeto intercultural exigen concertación y consenso. Se trata de sustituir una inter-culturalidad asimétrica, dominadora, por una interculturalidad de consentimientos mutuos y prioridades consensuadas.

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Esta visión no elimina el conflicto, sino que permite resolverlo en términos de cons-trucción social. El conflicto es tan constitutivo del vínculo social como la interdepen-dencia misma,

la erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta

alcanzable, ni deseable (…) es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal

en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro

conduzca a la supresión al otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo

(…) una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocer-

los y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en

ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto,

es un pueblo maduro para la paz1.

El sistema jurídico y la práctica de un Estado democrático se sustentan en el carácter efectivamente conflictivo de la sociedad. No hay democracia ni convivencia simétrica y equitativa, cuando la idea de la colaboración obligatoria reemplaza a la de la acep-tación del conflicto y a la concertación institucional de soluciones alternativas. Se trata de construir una nueva interculturalidad, en la cual las diferencias se concierten a través de diálogo de verdades compartidas cuya tensión es una riqueza mantener. El reconocimiento de todos los territorios indígenas como entidades territoriales de la República, la consulta previa y el requisito del consentimiento libre e informado de los pueblos y las comunidades indígenas es el espacio adecuado para comenzar unas nuevas relaciones interculturales. La reciente sentencia C-030 de 2008 de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la Ley Forestal por ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, puede ser un punto de referencia para comenzar.

Bogotá, 20 de junio de 2008

[1] ZULETA Estanislao (1989). “Sobre la guerra, esa borrachera colectiva”. En Elogio a la dificultad y otros ensayos. Cali, Fundación Estanislao Zuleta, 2001, p. 73.

Carlos Gómez Ariza

PUnt

oS d

e Vi

StA La doctrina Aznar:

claves ideológicas de la desposesión

Renueva tu clóset: las camisas negras

vuelven a estar de moda En algunas ocasiones,

si queremos entender las

claves de una época no es

preciso acudir a los traba-

jos de reconocidos intelec-

tuales o pensadores, incluso

pueden ignorarse los libros

de filosofía, los trabajos cien-

tíficos o los más innovadores

proyectos artísticos. A veces lo

fundamental puede encontrarse

en las expresiones más pueriles y

banales. Muchos ejemplos pueden

citarse al respecto: Jacques Lacan rela-

cionaba la ética de Kant con las novelas

de Sade; Walter Benjamin procuró

explicar la formación social propia

del siglo XIX analizando los pasajes de

Junio

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Alejandro Mantilla QuijanoInvestigador del Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin).

París (algo así como los “centros comerciales” de

la época); Naomi Klein ha expuesto los rasgos

del capitalismo contemporáneo utilizando como

pretexto conocidas marcas de prendas deportivas

y bebidas gaseosas.

Así que para empezar evitaremos los libros de

historia y los informes económicos. Mejor revise-

mos las publicaciones más superficiales, leamos

los informes sobre la moda que no usaremos,

acudamos a las páginas donde se reseñan las fies-

tas a las que no nos invitan. En esa tarea podemos

encontrar datos interesantes, como una diciente

columna de Plinio Apuleyo Mendoza. Leamos un

aparte:

Cada que veo una foto de desdentados in-

dígenas bolivianos, con sus típicos ponchos

y sombreros, aclamando furiosamente al

desastroso Evo Morales, pienso: ¡Caram-

ba, qué suerte tenemos los colombianos!

Somos completamente ajenos a enfren-

tamientos que ligan a la lucha política rei-

vindicaciones de razas o de civilizaciones.

Aceptamos los valores de Occidente” (Men-

doza, 2008, p. 18).

A Plinio le puede molestar una de cuatro cosas, o

las cuatro al mismo tiempo: 1) los indígenas boli-

vianos; 2) las preferencias políticas de los indíge-

nas bolivianos; 3) la desaparición de los dientes

de los indígenas bolivianos; o 4) los ponchos y

sombreros de los indígenas bolivianos (si escribe

en una publicación que trata temas ligados a la

moda puede ser muy estricto al respecto). La

cuestión es clara, debemos reflexionar si a Plinio

le molestan los indígenas por ser indígenas, o

si simplemente es alguien muy escrupuloso en

cuestiones dentales y estéticas. No sobra recor-

dar que los dientes no solo desaparecen por no

acudir al cepillo, sino también por deficiencia

de calcio. Los dientes desaparecen también por

desnutrición y por la ausencia de políticas de

promoción y prevención en salud oral. En cuanto

a moda se refiere, es importante señalar que los

ponchos y los sombreros con sus diseños tradi-

cionales pueden ser más cómodos y más baratos

que la mayoría de prendas de las pasarelas euro-

peas (además, las muchachas que las visten sí que

están desnutridas).

Debemos poner atención a la segunda parte del

párrafo citado, donde Plinio asume su adhesión a

los patrones occidentales, por lo que nos permiti-

mos suponer que su preocupación no es estética

sino de otro carácter: Plinio procura defender la

civilización occidental del acoso bárbaro de los

indígenas desdentados, por algo tiene nombre de

romano.

Continuemos con la lectura; en el aparte siguien-

te Plinio afirma:

Nadie entre nosotros quiere volver a los

tiempos de Tisquesusa. Nuestras comu-

nidades indígenas constituyen minorías

marginales que pueden llevar a uno de los

suyos al Congreso, a una alcaldía o de pron-

to a una gobernación departamental sin

que eso sea un problema para nadie (Men-

doza, 2008).

Podemos reconstruir el argumento de Plinio utili-

zando sus frases más inquietantes: “los indígenas

desdentados bolivianos aclaman al desastroso

Evo Morales, qué suerte tenemos los colombia-

nos, nuestras comunidades indígenas constitu-

yen minorías marginales, por eso aceptamos los

valores de Occidente”.

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editorial P U n t o S d e V i S t A indígenas de América Actualidad documentos10

[ La doctrina Aznar ]

¿No puede notarse cierto desprecio? Puede pen-

sarse que este tipo de afirmaciones son aisladas o

excepcionales, pero si analizamos las preferencias

de algunos centros de investigación, las opiniones

de determinados columnistas, o los discursos de

respetados jefes de gobierno, encontramos nuevas

posiciones racistas revestidas con nuevos trajes y

razonamientos. Este tipo de discursos tiene compo-

nentes que deben ser adecuadamente desvelados,

pues las nuevas formas de racismo no defienden la

simple supremacía “natural” de unos grupos socia-

les sobre otros de acuerdo con prejuicios atávicos. En

nuestro tiempo el racismo se articula con un discur-

so centrado en la defensa de la propiedad individual,

las garantías para la inversión y la promoción de la

democracia liberal. En ese marco puede decirse que

mientras el racista tradicional confiaba en concep-

ciones biológico-raciales que justificaban discursos

de supremacía de un grupo social sobre los demás,

el nuevo racista tiende a ampararse en discursos de

defensa de la civilización occidental y sus valores.

El racista habitual se mostraba como un enemigo

decidido del cambio social, como acérrimo defen-

sor de la tradición y de los órdenes establecidos

por Dios o la naturaleza; por oposición, el nuevo

racista es un convencido partidario del progreso,

de las libertades, de la democracia y la modernidad.

Su racismo se deriva de una concepción que bien

podemos denominar como “modernidad sin eman-

cipación”, pues acepta el legado de Occidente y la

modernidad extrapolando algunos de sus ejes, pero

ignora o combate momentos cruciales de la heren-

cia moderna.

LA CONSIGNA QUE PROCLAMA EL ANSIA

DE TRIUNFO PARA OCCIDENTE IMPLICA

NECESARIAMENTE EL ENFRENTAMIENTO

CONTRA SUS ENEMIGOS

La agenda de libertad de la derecha europea para América Latina Uno de los documentos que merece la pena ana-

lizar lleva por título América Latina. Una agenda de

libertad, editado por la Fundación para el Análisis y

los Estudios Sociales (FAES) (2007). El texto cuenta

con una presentación elaborada por el ex jefe del

gobierno español José María Aznar, y fue coordina-

do por Miguel Ángel Cortés, diputado del derechista

Partido Popular y antiguo secretario de Estado para

la Cooperación Internacional y para Iberoamérica

durante el segundo periodo del gobierno Aznar.

Desde la presentación del documento, el ex jefe

de gobierno español deja muy en claro cuáles son

sus propósitos: “Creemos que Occidente no es un

concepto geográfico sino un sistema de valores uni-

versales. Queremos que Occidente triunfe” (FAES,

2007, p. 7). La consigna que proclama el ansia de

triunfo para Occidente implica necesariamente el

enfrentamiento contra sus enemigos, que tiene

como escenario privilegiado a América Latina:

Ante América Latina se abren dos caminos

opuestos. Uno es el que siguen los países

que tienen éxito: el camino de la apertura al

mundo, de la democracia, del respeto por las

libertades individuales y del fortalecimiento

del Estado de derecho. Un camino que atrae

inversiones, genera crecimiento, incentiva a

los emprendedores, crea empleo y reduce la

pobreza… El otro camino aleja de las sociedades

abiertas, libres y prósperas. Quienes hoy proponen

seguir esta vía se nutren de ideas caducas: del po-

pulismo revolucionario, del neoestatismo, del in-

digenismo racista y del militarismo nacionalista.

Ninguna de ellas es desconocida en Iberoamé-

rica. Constituyen el “socialismo del siglo XXI”,

heredero del que, en el siglo XX, generó miseria

y opresión. Vemos con preocupación que esas

ideas vuelven a renacer, incluso con el aval de

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[ Alejandro Mantilla ]

procesos electorales (FAES, 2007, p. 9) (énfasis

agregado).

El documento de FAES, que bien podríamos denomi-

nar como parte de la “doctrina Aznar”, enfatiza la per-

tenencia de América Latina a la civilización occidental,

ubicando como motores fundamentales de nuestros

pueblos el legado cristiano y la conquista europea.

América Latina es el fruto histórico de esa

expansión que comienza a finales del siglo XV,

cuando los europeos llegan al nuevo continen-

te, y se inicia un proceso de fusión y mestizaje

que no ha tenido parangón en la historia. A lo

largo de más de tres siglos los pueblos origi-

narios del continente se van fundiendo con los

aportes humanos llegados del viejo continen-

te. Pero lo más significativo es la incorporación

de todas esas sociedades a la idea de Occidente,

mediante la extensión del cristianismo, que ac-

túa como elemento transmisor de toda la tra-

dición occidental del momento y como motor

de incorporación de las sociedades americanas

a Occidente (FAES, 2007, pp. 16, 17).

La presentación de Aznar encontrará un cuerpo más

elaborado a lo largo del informe, el cual toma como

base la defensa de los valores de Occidente frente

a los enemigos arriba enumerados: indigenismo,

populismo, neoestatismo y militarismo naciona-

lista. En ese marco, Occidente pareciera reunir dos

grupos de valores:

1. En primer lugar, Occidente es análogo a la suma

de las tradiciones griega, romana y judeo-cris-

tiana. De manera complementaria, Occidente

también es análogo a la democracia liberal, la

tolerancia, el pluralismo, y el pensamiento cientí-

fico y crítico (FAES, 2007, pp. 14-16).

2. En segundo lugar, Occidente es la propiedad pri-

vada, la economía de mercado y la libre iniciativa

para invertir y comerciar (FAES, 2007, p. 16).

En ese sentido, la senda del progreso occidental tien-

de a confundirse con el camino de la acumulación

sin trabas, la liberalización comercial y la garantía de

las inversiones foráneas, pues de manera explícita el

documento plantea que la intervención del Estado

en la economía, el fortalecimiento del mercado

interno o el condicionamiento a los inversores son

medidas que han caído en el descrédito. Por esta vía,

los autores dejan claro que consideran inaplicables

medidas como el proteccionismo económico, la

sustitución de importaciones y el fortalecimiento

del sector público (FAES, 2007, p. 21).

occidente sin modernidad, modernidad sin emancipación Detengámonos entonces en las debilidades de la

doctrina Aznar, pues su razonamiento muestra

agudos problemas. El primer grupo de problemas

se liga con la relación capitalismo/Occidente. El

vincular la herencia filosófica occidental con el

modelo económico liberalizado no resulta tan claro

como imaginan los teóricos de la derecha española.

Sin duda, es confuso creer que el pensamiento de

Platón y Aristóteles tiene tanta importancia como la

reducción de aranceles, o que el método cartesiano

es tan crucial para Occidente como la regulación de

inversiones defendida por la Organización Mundial

del Comercio (OMC). Pero el problema va más allá,

pues el razonamiento no solo está marcado por la

falta de claridad sino por la abierta falsedad.

Giovanni Arrigí, en El largo siglo XX, ha retomado los

argumentos de Ferdinand Braudel para recordarnos

que el nexo entre el capitalismo y Occidente es más

complejo de lo que el sentido común neoliberal pa-

rece aceptar. Para Braudel, anterior a la emergencia

de la empresa capitalista en Occidente puede cons-

tatarse la presencia de mercaderes y comerciantes

provenientes de Japón, Egipto, el Golfo Pérsico,

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Bengala, o India (Arrighi, 1999, pp. 24 y ss.). Por lo

anterior, es claro que los intercambios comerciales y

los mercados del inicio de la modernidad no tienen

un origen exclusivo en Occidente, así que no puede

proclamarse una identidad automática entre la

historia del capitalismo y la historia de la civilización

occidental, el proceso es mucho más complejo, his-

tóricamente hablando.

También resulta abiertamente problemático, en

términos históricos, el vínculo entre el modelo eco-

nómico de no intervención y apertura, con los valo-

res de la democracia y los derechos individuales. Los

redactores del informe omiten recordar que el esce-

nario pionero de aplicación del modelo económico

neoliberal fue precisamente un país gobernado por

una dictadura: Chile. Durante el gobierno Pinochet,

el dictador fue asesorado por la CIA en materia de

torturas y desapariciones forzadas, mientras recibía

la asesoría de los economistas de la Universidad de

Chicago en materia de política monetaria y fiscal.

Eran otros tiempos, épocas en las que Henry Kis-

singer, pensando en el gobierno constitucional de

Salvador Allende, podía declarar tranquilamente

que “no veía razón para que a determinado país se le

permitiera ‘hacerse marxista’, simplemente porque

‘su gente es irresponsable’” (Hitchens, 2002, p. 79).

Semejante expresión, que bien indica los límites del

respeto a la democracia de los defensores del merca-

do liberalizado, muestra un correlato matizado en el

informe del FAES, cuando al hacer alusión a las victo-

rias electorales de la izquierda latinoamericana en la

última década se permite afirmar: “Vemos con pre-

ocupación que esas ideas vuelven a renacer, incluso

con el aval de procesos electorales” (FAES, 2007, p. 9).

El lenguaje de Kissinger, prefigurador de golpes de

Estado, muestra un peligroso calco en el pensa-

miento de la derecha Europea. En suma, la democra-

cia y el libre mercado no son principios que tiendan Car

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Pa coincidir en todos los casos, y la historia reciente

nos enseña que cuando ambos principios entran en

conflicto, es la democracia, infortunadamente, la

que tiende a ceder.1

El segundo grupo de problemas se deriva de la

propia lectura del legado occidental. La versión de

Occidente preconizada por la doctrina Aznar resulta

curiosamente recortada, pues no hace ninguna alu-

sión a uno de sus pilares fundamentales: la pregunta

por la ilustración y la emancipación. Desde finales

del siglo XVIII, la pregunta por la ilustración se ha

visto ligada con la lucha por la emancipación. Este

tipo de reflexiones, inauguradas por Kant, parten

de una idea simple y poderosa: “La ilustración es la

liberación del hombre de su culpable incapacidad.

La incapacidad significa la imposibilidad de servirse

de su inteligencia sin la guía de otro” (Kant, 1979,

p. 25). El servirse de la propia inteligencia implica

tanto la posibilidad de librarse de tutores que se

arrogan la posibilidad de pensar por nosotros, como

la posibilidad correlativa de recorrer un camino dis-

tinto al que dicho tutor nos impone. Esa noción de

emancipación fue completada con la diferenciación

entre emancipación política y emancipación huma-

na efectuada por Marx. La emancipación política

consiste en el proceso de secularización que permite

la liberación del Estado de su identidad con la reli-

gión, así como la participación de los individuos en

la esfera pública. La laicización del Estado y el arribo

del ciudadano son los dos procesos que confluyen

para alcanzar la emancipación política. Pero el pro-

yecto de Marx va mucho más allá, pues se plantea

la búsqueda de la emancipación humana, exenta de

[1] No está de más recordar que durante el fracasado golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela, el gobierno de José María Aznar fue uno de los pocos que reconoció diplomáticamente el breve gobierno del golpista Pedro Carmona.

contradicciones, pues ya no parte de la liberación

del Estado sino de la liberación del hombre como

ser genérico, en plena relación con su comunidad, y

liberado de las limitaciones de la sociedad burguesa

(Marx, 1992, pp. 42 y ss.).

Es en ese marco que la versión de Occidente que

muestran los autores del informe FAES resulta tan

recortada. No es casualidad que, sin sonrojarse, afir-

men que el lazo primordial que incluye a América

Latina en Occidente sean el cristianismo y la con-

quista, pues de esta manera no solo justifican el ge-

nocidio contra los pueblos indígenas que sufrieron

la invasión, sino que además anulan la otra cara de

Occidente, el rostro de la Ilustración, la modernidad

y la emancipación. La doctrina Aznar maneja una

versión ultraconservadora de Occidente, ocultando

las facetas que reflejan la historia de la seculariza-

ción, de las luchas por la democratización, contra los

privilegios de las monarquías y contra las injusticias

desatadas por la acumulación de capital.2

contra los pueblos indígenas y los derechos colectivos Como mencionamos, en el informe de la FAES se se-

ñala al indigenismo como un enemigo declarado de

Occidente, pues tiende a negar la raíz europea de las

sociedades americanas (FAES, 2007, p. 22). Para los

autores del informe, el indigenismo es un mal que

se debe conjurar, al igual que el neoestatismo, el na-

[2] De acuerdo con lo anterior encontramos que, una vez más, el filósofo favorito de este tipo de análisis es Karl Popper. De ahí la presunta actualidad de la pregunta por la ciencia y su método, y no por la crítica; por eso se preguntan por la sociedad abierta y no por la emancipación humana; por eso alaban el pluralismo y la tolerancia y no se preguntan por la igualdad sustantiva; reafirman los derechos individuales pero ven en los derechos colectivos un riesgo que se debe conjurar.

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cionalismo, el militarismo y el populismo. Frente a

tal diagnóstico surge una pregunta necesaria, ¿cuál

es el criterio que les permite agrupar fenómenos tan

dispares en un mismo saco? El informe nos entrega

inmediatamente la respuesta:

Esta izquierda prima los supuestos derechos

colectivos frente a los individuales, ignorando

al individuo en beneficio del grupo, sea etnia,

sindicato o clase social. La pertenencia étnica

y la mirada atrás, a una mítica arcadia pre pre-

colombina, colectivista e igualitaria, es una de

las ilusiones de esta izquierda latinoamericana,

sobre todo en los países con un fuerte compo-

nente amerindio en su población (FAES, 2007,

p. 25) (énfasis agregado).

En ese marco, la base del ataque frente al indigenis-

mo es dual, pues se bifurca en una posición política

concreta y en una fundamentación abstracta. La po-

sición política concreta la encontramos al percatar-

nos de la inclusión del proyecto indigenista dentro

de un marco más amplio compuesto por posiciones

de izquierda. En resumen, lo que le molesta a la

derecha española es el despliegue de un proyecto

indigenista incluido en un proyecto más amplio de

transformación social. En suma, estos apartes se di-

rigen primordialmente al gobierno de Evo Morales

en Bolivia, y al movimiento indígena ecuatoriano

que apoya al gobierno de Rafael Correa.

En segundo lugar, el ataque se muestra explícito

frente a la noción de derechos colectivos, pues se-

gún los redactores del informe, los derechos colec-

tivos son contrarios a los derechos individuales. En

ese sentido, el ataque ya no se dirige contra las posi-

ciones políticas de los pueblos indígenas, sino contra

los derechos de los que son titulares.

Al respecto resulta fundamental destacar que la

ofensiva contra los derechos colectivos no solo im-

plica un ataque a los indígenas, sino objetivos más

amplios, como los derechos de los trabajadores o

los derechos asociados a la clase social. El propósito

de esta elaboración es evitar cualquier tipo de po-

lítica pública que tenga como sustento redistribu-

ciones de ingreso o de factores productivos como

la reforma agraria, o determinadas políticas de

bienestar propias de los ya desmantelados Estados

providencia, pues ambas se articulan en dirección a

la pertenencia a una clase social determinada. En ese

sentido, la doctrina Aznar también se muestra como

un cuerpo de ideas con una clara hostilidad antisin-

dical, ya que derechos como la asociación o la huelga

no solo son derechos de titularidad colectiva, sino

que además son el resultado de acciones colectivas.

No obstante, el franco rechazo de los derechos co-

lectivos tiene mayores implicaciones en relación con

los pueblos indígenas, ya que la doctrina Aznar les

dedica varias críticas que hacen prefigurar ofensivas

ideológicas en tales direcciones en el corto plazo:

1. El informe señala que los pueblos indígenas pro-

mueven un falseamiento de la historia, pues al

reivindicar determinados derechos históricos pre-

tenden frenar el libre mercado e impulsar nuevos

rumbos de dirigismo económico (FAES, 2007).

2. En segundo término, la derecha española afirma

que las pretensiones del indigenismo se basan en

un claro ataque al Estado-nación moderno y al

constitucionalismo liberal del siglo XIX, pues so-

cava la unidad nacional al demandar el respeto a

la diversidad étnica y la crítica a las soberanías na-

cionales. En ese sentido, la doctrina Aznar censura

lo que denomina la sustitución del “concepto de

ciudadano de una república por el de miembro

de una comunidad étnica” (FAES, 2007).

3. El tercer ataque muestra una mayor virulencia,

pues asume que el indigenismo (al igual que los

nacionalismos europeos) “subordina principios e

instituciones liberales como la división de pode-

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res, el mérito y capacidad, la igualdad ante la ley

y el respeto por los derechos individuales, al logro

de sus objetivos muy cercanos al totalitarismo”

(FAES, 2007).

Este ataque a los derechos colectivos de los pueblos

indígenas debe analizarse con detalle. Es fundamen-

tal recordar que los derechos indígenas, en especial

aquellos ligados a su cultura y a su territorio, no pue-

den considerarse como la simple suma del conjunto

de los derechos individuales, ni tampoco como su

negación. La garantía plena de los derechos territo-

riales y culturales depende de un ejercicio colectivo

ligado con prácticas comunitarias acordes con visio-

nes ancestrales de mundo. Si los derechos territoria-

les y culturales de los pueblos indígenas perdieran su

carácter colectivo, puede decirse que los indígenas

perderían el goce efectivo de la mayoría de sus dere-

chos (Berche et al., 2006), pues tal especificidad es la

que los constituye como sujetos con derechos en las

normas internacionales y las constituciones de bue-

na parte de las democracias contemporáneas. Los

derechos colectivos también son individuales pues

el goce de aquéllos se materializa en cada individuo;

lo que ocurre es que las nociones de “colectivo”, de

“pueblo” y de “comunidad” que soportan tales de-

rechos no se pueden explicar por la simple suma de

los individuos. Los promotores de la doctrina Aznar,

quienes se muestran como aparentes defensores de

los derechos individuales, en realidad pretenden la

negación de estos derechos para los indígenas.

Por esta razón resulta tan importante para la de-

recha europea insistir en la defensa del constitu-

cionalismo liberal del siglo XIX, ya que le permite

reafirmar su nostalgia por un Estado que no había

reconocido derechos sociales para la clase trabajado-

ra, que no había presenciado revoluciones agrarias o

proletarias, y donde buena parte de las monarquías

gozaban de buena salud. Así que el ataque a los

derechos colectivos de los pueblos indígenas refleja

la continuidad de tal racionalidad conservadora, ya

que solo hasta el siglo XX, con las luchas por la des-

colonización, y el despliegue de revoluciones agra-

ristas como la mexicana de 1917, se empieza a gestar

de manera plena el reconocimiento de estos dere-

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chos colectivos. En ese marco, los únicos derechos

individuales que le interesa defender a la doctrina

Aznar son los del inversionista y del comerciante

que acude al mercado, el resto de derechos son sus-

ceptibles de censura, máxime cuando amenazan el

proyecto de la acumulación de capital.

De manera complementaria, los argumentos restau-

radores que añoran el Estado-nación del siglo XIX, se

complementan con los argumentos modernizadores

que pretenden desconocer la identidad étnica y los

derechos territoriales indígenas sustentados en

realidades previas a la conformación de los Estados

nacionales. Por esta razón, cuando critican la sustitu-

ción del concepto de ciudadano de una república por

el de miembro de una comunidad étnica, incurren en

una aporía, en una sin salida temporal, ya que obje-

tan al mismo tiempo el reconocimiento de derechos

propio del siglo XX, y las realidades precoloniales que

sustentan tal reconocimiento, ya que el origen y la

identidad indígena son anteriores a los procesos de

unificación nacional y de centralización del Estado.

Por lo anterior, puede decirse que a la Fundación

FAES le molesta la continuidad de las identidades

étnicas que tienen un carácter anterior a los Estados,

pero también le molesta el reconocimiento de de-

rechos que son posteriores a los Estados, pero que

limitan sus ámbitos de acción. Es decir, pretenden

reforzar una noción de soberanía nacional que se

muestra emparentada con los súbditos del siglo XIX,

con los aislados individuos consumidores del siglo

XXI, y con los inversionistas ávidos de ocupar los te-

rritorios colectivos indígenas.

el racismo como herramienta ideológica de la desposesión El apellido de la familia francesa Sidos no nos dice

tanto como otras familias célebres provenientes del

país Galo, pero su historia estuvo bastante ligada a

la historia francesa durante buena parte del siglo

XX. El padre de los hermanos Sidos murió fusilado al

final de la Segunda Guerra Mundial acusado de ser

colaboracionista con los nazis durante la ocupación

de Francia. En la década de los sesenta, Jacques Sidos

fue encarcelado por colaborar con la OAS, la organi-

zación paramilitar que rechazaba la independencia

argelina. François Sidos fundó el grupo ultradere-

chista Europa-Acción, mientras su hermano Pierre

fundó el grupo Occidente, organización cuya princi-

pal afición radicaba en desatar enfrentamientos ur-

banos contra los partidarios franceses del Viet-cong

en los años sesenta.

La ultraderecha francesa defendía el colonialismo

en Argelia y Vietnam arrogándose la defensa de la

herencia de Occidente. Este tipo de discursos, que

muchos consideraban superados, han retornado

con nuevos bríos y nuevas categorizaciones. La

historia de la familia Sidos y el grupo Occidente no

es una simple anécdota inocente, por el contrario,

refleja ciertas lógicas que la historia universal ya

ha conocido. En primer lugar, porque la defensa de

un Occidente colonial que niega sus raíces emanci-

patorias ya ha sido una obsesión propia de ciertos

sectores de ultraderecha. Pero sobre todo porque en

épocas de fuerte competencia imperial, el racismo

tiende a presentarse como el respaldo ideológico de

las ambiciones económicas. Esta es la clave para leer

la doctrina Aznar y sus discursos cercanos.

Como bien lo han mostrado autores como Hannah

Arendt (2004), Perry Anderson (2002) y David

Harvey (2004), durante la etapa inmediatamente

anterior a la Primera Guerra Mundial florecieron

GRUPOS DE CAPITAL SON LOS QUE SE VEN

BENEFICIADOS CON LA DESPOSESIóN

DE LOS TERRITORIOS DE INDíGENAS

y AFRODESCENDIENTES

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de manera uniforme por el continente europeo

ideologías racistas y nacionalistas que abogaban por

el despliegue imperialista a lo largo del planeta, y

por la confrontación militar como destino inevita-

ble de los imperios de la época. Durante el periodo

comprendido entre finales de la década de 1860 y el

inicio de la guerra en 1914, la racionalidad europea

sufrió modificaciones sustantivas: de la exaltación

romántica de la nación, propia de mediados del siglo

XIX, se saltó a las justificaciones positivistas de la na-

cionalidad apoyadas en ideologías de superioridad

racial y hostilidad contra otras naciones. En palabras

de Hannah Arendt, “[l]a verdad histórica de la cues-

tión es que el pensamiento racial con sus raíces afir-

madas en el siglo XVIII, emergió simultáneamente

en todos los países occidentales durante el siglo XIX.

El racismo había sido la poderosa ideología de las

políticas imperialistas desde el comienzo de nuestro

siglo [XX]” (2004, p. 221). Habitualmente, este tipo

de doctrinas tenía como pilares el predominio de los

fuertes sobre los débiles, la presunta grandeza de las

naciones basadas en la pureza étnica, y la superio-

ridad de los pueblos conquistadores por sobre los

conquistados.

Tal vez el más recordado de los pensadores de la épo-

ca sea Gobineau, teórico francés del siglo XIX, quien

sostenía que la raza blanca (como si existiese algo así

como la “raza blanca”) era la única que había podido

desarrollar una vida cultural activa, mientras las ra-

zas negra y amarilla (como si existiese algo así como

la “raza negra” o la “raza amarilla”) no mostraban

vida propia o energía alguna. En ese orden, si tales

“razas” mostraban tales caracteres de inferioridad,

debían ser gobernadas por la “raza” blanca, la única

que podía generar el progreso y la historia.3

[3] Para una exposición crítica del pensamiento de Gobineau ver Ernst Cassirer (1996, pp. 264 y ss.).

Este tipo de planteamientos justificaba tres ope-

raciones diferentes y complementarias: 1) la ex-

pansión colonial de los imperios europeos en Asia,

África, Oceanía y el Caribe; 2) la franca hostilidad

contra las potencias competidoras; y 3) la cohesión

nacional-popular y la afinidad de los pueblos con

sus gobernantes, lo que permitía contener las inten-

ciones de voto dirigidas a los partidos socialistas y

comunistas que pregonaban doctrinas internacio-

nalistas contrarias al racismo.

Pero la fortaleza de tales ideologías no radicaba

únicamente en el mensaje que emitían al servicio

de las elites fanáticas de la época; su operación fun-

damental era fungir como catalizador de las lógicas

de acumulación en un contexto donde los intereses

de los Estados tendían a coincidir con sus empresas

nacionales. Como lo ha señalado David Harvey,

durante este periodo se presentó una oleada masiva

de inversión europea alrededor del planeta, apalan-

cada con ocupaciones de territorios por la vía militar

que, o bien protegían las inversiones realizadas, o

bien abrían espacio para aprovechar nuevos flancos

para la acumulación (Harvey, 2004, p. 50). En suma,

durante el periodo de ascenso de los imperialismos

europeos las ideologías chovinistas, racistas y de na-

cionalismo hostil se convirtieron en el revestimiento

ideológico para la expansión de capital, el sustento

del colonialismo, la contención de los movimientos

populares europeos, y la glorificación de la guerra

entre potencias.

Resulta crucial comprender lo ocurrido durante este

periodo histórico para establecer coincidencias y

diferencias entre las viejas formas del racismo y las

doctrinas contemporáneas que sugieren nuevas jus-

tificaciones de la violación de los derechos y la discri-

minación. En ese sentido, dividamos el argumento

en dos momentos. En primer lugar, comparemos el

marco histórico/económico de la etapa anterior a

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la Primera Guerra Mundial, con el periodo del que

hoy hacemos parte. En segundo término, debemos

analizar las coincidencias y las diferencias frente a

los dos tipos de discurso.

La competencia entre bloques y la acumulación por desposesiónAl comparar el capitalismo contemporáneo con el

de hace cien años encontramos una situación pa-

radójica; aunque ciertos rasgos de la competencia

capitalista tienden a ser similares, los actores en

competencia tienden a diferir.

En la etapa imperialista comprendida entre 1870 y

1914, al igual que en el periodo que inicia en 1973

y aún no termina, la economía vivía una situación

de crisis de larga duración que obligaba a los capi-

talistas a buscar nuevas fuentes de inversión y acu-

mulación que le permitieran ubicar los excedentes

obtenidos. Tal situación llevaba a tres fenómenos

complementarios: 1) la búsqueda de una “solución

espacial” basada en el despliegue territorial de la

expansión del capital, cuyo propósito primordial era

la explotación de recursos naturales y mano de obra

barata; 2) la búsqueda de una “solución temporal”

basada en la ubicación de inversiones a largo plazo

que permitieran darle continuidad al mantenimien-

to de la acumulación (Harvey, 2007, pp. 332 y ss.;

2004, pp. 97 y ss.); 3) como consecuencia de los dos

primeros: la competencia entre actores capitalistas

por controlar tanto las soluciones espaciales como

las soluciones temporales.

La combinación entre soluciones espaciales y tem-

porales tiene como objetivo la resolución de las crisis

inherentes al capitalismo. El propósito de tales ope-

raciones es encontrar canales para la absorción de

los excedentes de capital y de trabajo. Dentro de tales

canales encontramos el aprovechamiento de nuevas

fuentes de mano de obra barata: traslado de las fá-

bricas a lugares donde los trabajadores muestran un

menor nivel organizativo-sindical, o tienen menos

garantías jurídicas; la producción de espacio por vía

de la desterritorialización: ampliando las fronteras

agrícolas o explotando regiones inexploradas; la ex-

plotación de recursos antes ignorados: encontrando

nuevos yacimientos mineros y petroleros, por ejem-

plo; y por último, la penetración en sociedades que no

se encuentran inmersas en las lógicas del capitalismo

y sus instituciones jurídicas (Harvey, 2004, p. 97).

Es en este ámbito donde entra en escena la llamada

“acumulación por desposesión”, la cual puede defi-

nirse como “la liberación de un conjunto de activos

(incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo

(y en algunos casos nulo)” (Harvey, 2004, p. 119). La

desposesión puede entenderse como una recrea-

ción permanente de los procesos de acumulación

originaria analizados por Marx (1998, pp. 891 y ss.).

La clave de estos procesos es la transformación de

determinados modos de producción y subsistencia

ajenos al capitalismo en modos de producción y

subsistencia ligados al capital. Uno de los ejemplos

que Marx destaca es el de la expansión territorial

del capital por la vía del despojo de la tierra de los

campesinos que cultivaban su propia parcela y que

se beneficiaban con el usufructo de la tierra comu-

nal. Marx destaca cómo a través de medios legales

y medios violentos, los campesinos son expulsados

de sus tierras tanto por los señores feudales que

desconocen los títulos jurídicos que acreditaban la

propiedad campesina, como por la legislación que

procura transformar las tierras de labor agrícola en

tierras de pastura de ovejas, operación que permitía

la obtención de lana para las nacientes industrias

textiles inglesas (p. 898).

En ese sentido, la lógica de la desposesión permite

el desarrollo de las soluciones espacio-temporales

que los capitalistas emplean para intentar salir de la

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crisis permanente, pero este tipo de acumulación,

como lo señalábamos, cuenta con la ventaja del bajo

o nulo precio en capital de los activos obtenidos, ya

que el único precio por pagar es la expulsión de los

habitantes de los territorios, o la privación de recur-

sos para quienes usufructuaban aquellos.

En la actualidad estos procedimientos han retoma-

do el impulso, y nuevamente operan mediante una

mezcla de procedimientos legales y mecanismos

violentos. Mientras la lógica de la desposesión an-

terior a la Primera Guerra Mundial pasaba de ma-

nera predominante por la colonización, en nuestro

tiempo observamos una compleja combinación de

mecanismos, como por ejemplo las regulaciones de

la Organización Mundial del Comercio en materia

de propiedad intelectual que permiten patentar

organismos vivos y conocimiento tradicional, las

adjudicaciones de predios baldíos para empresas

transnacionales en legislaciones como el estatuto

rural colombiano, o el desarrollo de guerras dise-

ñadas exclusivamente para la desposesión, como el

caso de la invasión a Irak.

En ese sentido, podemos encontrar variadas co-

incidencias entre los dos periodos históricos, pero

también encontramos diferencias fundamentales,

la más decisiva es aquella ligada a los actores en com-

petencia, ya que en nuestro tiempo no encontramos

empresas nacionales financiando las aventuras

imperiales de sus gobiernos, sino grupos de capital

transnacional asociados con bloques económicos en

competencia (Mondragón, 2007). La competencia

evidente entre bloques económicos como Estados

Unidos, la Unión Europea, China y Rusia, y potencias

emergentes como India o Suráfrica, tiene como te-

lón de fondo a grupos de capital como el Citygroup

y la corporación J. P. Morgan Chase, que cuentan con

inversiones en campos tan diversos como complejos.

Del comercio de armas pasando por los medicamen-Car

los G

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tos, de la venta de semillas e insumos agrícolas a los

teléfonos celulares de alta tecnología, de los auto-

móviles a las cadenas de comida rápida. Estos grupos

de capital no tienen las raíces nacionales que tenían

las antiguas empresas capitalistas de hace un siglo,

por el contrario, son conglomerados transnacionales

que pueden asociarse con cualquier gobierno que les

facilite sus actividades de obtención de ganancia.

Estos grupos de capital son los que se ven beneficia-

dos con la desposesión de los territorios de indígenas

y afrodescendientes, pues tales espacios son la cuna

de nuevas plazas de acumulación que se encuentran

por fuera de su alcance, ya que al constituirse como

territorios de propiedad colectiva inalienable e in-

embargable, los capitalistas cuentan con mayores

dificultades para controlarlos. Esta es la razón pri-

mordial para que la doctrina Aznar tome como blan-

co favorito los derechos colectivos, pues éstos son un

obstáculo para la desposesión de los indígenas y la

acumulación de ganancia de los grupos de capital.

el nuevo racismoPor lo anterior, podemos decir que sería un contra-

sentido para las nuevas doctrinas afines a los grupos

de capital proponer nuevos postulados racistas basa-

dos en el nacionalismo para justificar las operaciones

de desposesión, ya que los actores en competencia

en el capitalismo contemporáneo tienden a rebasar

las fronteras nacionales, razón por la cual no pueden

desarrollar una ideología ligada a tales tipos de iden-

tidad. De ahí que el informe FAES pregone al “nacio-

nalismo económico” como un enemigo que se debe

combatir, pues tales paradigmas se han constituido

en un obstáculo puntual para la acumulación.

Pero sin duda, una nueva lógica racista subyace en

estos razonamientos, solo que ya no depende de la

supremacía racial o del chovinismo patriota, sino de

elementos mucho más sutiles.

En su libro Racismo y discurso de las elites, Teun van

Dijk (2003) destaca, entre otros, los siguientes fac-

tores que circundan al racismo contemporáneo, los

cuales son muy diferentes frente a los racismos de

hace un siglo. Cuatro ideas centrales nos interesa

destacar:

1. En primer lugar, para Van Dijk el racismo cotidia-

no ya no se articula con doctrinas de la suprema-

cía racial, ni comprende únicamente a los actos

cotidianos de desprecio frente a determinados

grupos sociales. El racismo es una categoría

más comprensiva que incluye “todos los actos y

concepciones sociales, procesos, estructuras o

instituciones que directa o indirectamente con-

tribuyen al predominio del sector blanco y a la

subordinación de las minorías” (Teun van Dijk,

2003, p. 24).

2. En segundo lugar, el sistema del racismo cotidiano

no surge espontáneamente, sino que depende de

las elites blancas, “quienes ejecutan, controlan o

condonan muchos de los actos racistas sutiles u

obvios que definen el sistema del racismo coti-

diano” (Teun van Dijk, 2003, p. 25).

3. En tercer lugar, las elites contemporáneas tienden

a rechazar cierto tipo de racismo evidente, ob-

vio o intencional pero “su negación del racismo

presupone una definición que les excluye con-

venientemente, como si no fuera con ellas… [las

nuevas modalidades del racismo] presuponen un

proceso creativo en el cual las elites moderadas

desempeñan un importante papel” (Teun van

Dijk, 2003, p. 28).

4. Por último, las normas de tolerancia y pluralismo

que las elites suelen adoptar en materia étnica se

desvanecen en cuanto se cuestionan sus intereses

(Teun van Dijk, 2003, p. 29).

A partir de estas cuatro proposiciones tomadas de

Teun van Dijk, podemos cerrar el círculo. El retorno

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del racismo contra los pueblos indígenas se explica

por la puesta en riesgo de los intereses de las elites

que pretenden efectuar prácticas de desposesión de

sus territorios, y que encuentran en los derechos co-

lectivos un claro obstáculo para sus objetivos. Ante

tales trabas, no resulta “políticamente correcto”

desarrollar una diatriba basada en el poder de la raza

blanca o la superioridad de los europeos (máxime

cuando muchos de los grandes capitalistas ya no son

de origen europeo). El soporte de su discurso racista

pasa a ser más sutil, destacando la grandeza occiden-

tal y el progreso de la humanidad en su conjunto, es-

tigmatizando a quienes se oponen a la desposesión

como enemigos de Occidente y del progreso.

En ese marco, estos discursos tienen tres pretensio-

nes básicas: la primera es formar cuerpos de opinión

entre las elites de las sociedades de la periferia para

generar un nuevo consenso en favor de las políticas

de desposesión. Este tipo de consensos paulatinos ya

se habían producido en el pasado, cuando Gobineau

glorificaba a la raza blanca, o cuando Friedman y

Hayek afirmaban que los sindicatos impedían el

crecimiento económico. No es casualidad que tras

la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley

Forestal por la violación del derecho de consulta

de indígenas y afros, algunos columnistas hayan

declarado que tal decisión judicial era una afrenta al

progreso nacional, pues era un despropósito el que

unos pocos pueblos minoritarios obstaculizaran los

intereses de la mayoría.

La segunda pretensión es fundamentar políticas pú-

blicas de desposesión contra los pueblos indígenas y

afros. No es casualidad que el texto del Estatuto de

Desarrollo Rural dejara de emplear el término pue-

blos indígenas para hablar de “minorías”, al mismo

tiempo en que tal norma conculcaba los derechos

colectivos de los pueblos indígenas, de los afros, de

los campesinos y los desplazados.

La última operación es la más peligrosa, pues pro-

cura generar versiones domésticas del choque de

etnias y de civilizaciones. Al mostrar a los indígenas

como enemigos de Occidente se incentiva el enfren-

tamiento entre mestizos e indígenas, como bien se

muestra en el caso de la oposición a Evo Morales en

Santacruz, Bolivia.

No obstante, la experiencia histórica nos muestra

que estos discursos tienden a la derrota. Pero nues-

tro peor error sería bajar la guardia.

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VAN DIJK, T. (2003). Racismo y discurso de las elites. Barcelona: Gedisa.

Pueblos indígenas, Autonomía y Libre

determinación

La entrada en vigencia en 1989 del Convenio 169 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OIT), comenzó a eviden-

ciar un cambio de concepción sobre los procedimientos

y aplicaciones a favor de los pueblos indígenas en el

sistema internacional de protección de los

derechos humanos. Allí aparece el recono-

cimiento expreso a los derechos territo-

riales, a formas de autogobierno, a la

no discriminación, a la protección

de los derechos civiles y

PUnt

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e Vi

StA

Carlos Gómez Ariza

Junio

de 2

008políticos, a los DESCA y a la participación activa

en la definición del desarrollo nacional que afecte

los intereses y territorios propios; igualmente, se

reconoce la autodefinición del desarrollo propio.

Sin embargo, los derechos estipulados en el

Convenio han sufrido múltiples restricciones de

los Estados, que bajo enfoques de asimilación o

de reducción de los pueblos, atropellan los dere-

chos colectivos, en tanto que son una amenaza al

modelo de desarrollo, especialmente limitando y

restringiendo el alcance de los derechos colecti-

vos, que contradicen los procesos de concentra-

ción de la riqueza en la economía de mercado.

Esta situación y posición de los Estados podero-

sos contrasta con la Declaración Universal de los

Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por

la Asamblea General de las Naciones Unidas (Re-

solución 61/295, 2007)), que retomó estos te-

mas y discusiones procurando redefinir y ampliar

derechos consagrados en el Convenio 169.

En más de sesenta años de construcción de ins-

trumentos internacionales para la protección

de los pueblos indígenas se nota una evolución

en el contenido de los derechos civiles, políticos,

económicos, sociales y culturales. A pesar de la

posición liberal, integracionista y capitalista de

los Estados, muchas de las naciones han venido

transitando en unos reconocimientos impor-

tantes para los pueblos indígenas del mundo. No

podemos decir que el Convenio 169 y la Declara-

ción son la panacea en el reconocimiento de los

derechos, tal como los reivindican los pueblos

indígenas, pero sí constituyen instrumentos

muy importantes para la protección de derechos

colectivos y autonómicos, apartándose cada vez

más del modelo de desarrollo.

Para llegar a la Declaración Universal de los De-

rechos de los Pueblos Indígenas se tomaron más

de veinte años de discusiones, cambios abruptos

en las propuestas de derechos presentadas por

los representantes de los pueblos indígenas, y

a pesar de la desautorización del recién creado

Consejo de Derechos Humanos por parte de la

Asamblea General de las Naciones Unidas, por

fin fue aprobada la Declaración Universal de los

Derechos de los Pueblos Indígenas.

Un recorrido tan difícil como el que atravesó la

Declaración obviamente estuvo cruzado por

fuertes debates de los Estados-nación sobre

soberanía, el estatus autonómico de los pueblos

indígenas, el grado de subordinación de los indí-

genas a los denominados proyectos de desarrollo

nacional o, en otros casos, a la seguridad nacional,

que para los Estados opositores a la Declaración

no era más que la justificación para la defensa

de la integridad territorial de las naciones. Lo

particular es que estos debates son similares a los

presentados en las discusiones para definir los al-

cances de los derechos del Convenio 169 de 1989,

siendo los principales en este escenario: la noción

de pueblo, la autonomía y autodeterminación, la

LOS ESTADOS CELEBRARÁN CONSULTAS y

COOPERARÁN DE BUENA FE CON LOS PUEBLOS

INDíGENAS INTERESADOS POR MEDIO DE

SUS INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS ANTES

DE ADOPTAR y APLICAR MEDIDAS LEGISLATIVAS

y ADMINISTRATIVAS QUE LOS AFECTEN,

PARA OBTENER SU CONSENTIMIENTO LIBRE,

PREVIO E INFORMADO. ART. 19, DECLARACIóN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDíGENAS,

ASAMBLEA DE NACIONES UNIDAS, SEPTIEMBRE 19 DE 2007

Alejandra María García A.*carlos Andrés Zapata c.**

* Asesora jurídica Organización Indígena de Antioquia (OIA). ** Director ejecutivo del Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin).

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icA


[ Pueblos, Autonomía y Libre Determinación ]

propiedad del territorio y los recursos naturales, y el

alcance de la consulta previa.

Estos debates que se han producido en el seno de

las discusiones de los principales instrumentos so-

bre pueblos indígenas y tribales, no hacen más que

evidenciar los enfoques que se han presentado en

la construcción de las políticas indigenistas desde el

siglo XIX. El enfoque de asimilación, y la integración

de las mal llamadas “minorías étnicas” a los proce-

sos políticos, sociales, económicos y culturales de

la sociedad mayoritaria se encuentra plasmado en

el Convenio 107 de la OIT que, ocupándose sobre

temas de tierras, trabajo y educación, somete su de-

sarrollo y el gobierno de su territorio a la suerte que

decidan los dirigentes de la sociedad mayoritaria.

Sostiene un Manual de la OIT sobre el Convenio 169:

“En la época en la que se adoptó el convenio 107 los

pueblos indígenas y tribales eran considerados como

sociedades ‘atrasadas’ y transitorias. Para que pudie-

sen sobrevivir, se creía indispensable fundirlas en la

corriente nacional mayoritaria mediante la integra-

ción y la asimilación” (Manual OIT, 2003, p. 10).

Este enfoque acogido por la mayoría de los Estados

durante casi todo el siglo XX ha promovido inicia-

tivas tan aberrantes como el exterminio físico, la

prohibición de prácticas tradicionales incluyendo la

lengua, la medicina tradicional, el mestizaje indu-

cido y la expropiación de los territorios ancestrales.

Reconociendo el cambio de contexto de los pueblos

indígenas se critica fuertemente este enfoque de in-

tegración y asimilación, y la OIT comienza a revisar

el convenio 107 durante los años 1987 a 1989 hasta

la aprobación del instrumento.

En la septuagésima quinta reunión de la Conferen-

cia Internacional del Trabajo el representante del

Secretario General: “Observó que había un acuerdo

significativo sobre los temas básicos de la revisión.

El enfoque integracionista y el lenguaje paternalista

del Convenio num. 107 se considera actualmente

en gran medida inaceptable y la presión para que se

adopte una óptica que exprese el respeto a las cultu-

ras y tradiciones de dichas poblaciones era algo ge-

neral” (OIT, Actas provisionales No. 32, 1988, p. 1).

El enfoque opuesto ha planteado una emancipación

colectiva de los pueblos indígenas de la sociedad ma-

yoritaria. Bebiendo de corrientes como el etnodesa-

rrollo de las décadas de los setenta y ochenta, las del

pluralismo jurídico, y otras culturalistas como las de

diversidad, multiculturalidad e interculturalidad, se

ha planteado que hay condiciones jurídicas para que

los pueblos indígenas ejerzan su autonomía y auto-

determinación como etnias diferenciadas históri-

camente del ethos de los Estados-nación, que en el

caso americano se ubican como de origen europeo y

derivados del desarrollo positivo de Occidente.

Este ensayo aborda el contenido de algunos dere-

chos colectivos controvertidos por los Estados para

tratar de entender sus posibilidades de exigibilidad.

No desconoce que tanto el Convenio 169 como la

Declaración son complementarios y traen muchos

más derechos para los pueblos indígenas y sus in-

dividuos. Se abordan comparando el contenido del

Convenio 169 y la Declaración desde la evolución de:

la noción de pueblo, de la autonomía a la autodeter-

minación, y de la consulta previa al consentimiento

libre, previo e informado.

A esta reflexión se vincula igualmente el carácter

jurídico del Convenio y la Declaración. Teniendo en

cuenta que algunos Estados como el colombiano

han promovido una política indigenista regresiva

en el contenido de los derechos establecidos a fa-

PARA LLEGAR A LA DECLARACIóN UNIVERSAL

DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDíGENAS SE

TOMARON MÁS DE VEINTE AñOS DE DISCUSIONES

Junio

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008


[ Alejandra García, Carlos Zapata ]

vor de los pueblos indígenas, esto se evidencia en

la justificación del gobierno para abstenerse de

votar la Declaración cuestionando los derechos a

la libre determinación contenidos en los artículos

19,1 30,2 32,3 (ver Rey, 2007, pp. 80-81). Por razones

prioritarias de la nación en su agenda de desarrollo,

explotación de recursos naturales, control territorial

y conflicto armado, viene adoptando la tesis de un

sector de la doctrina que considera dicho instru-

mento como no vinculante, y en esta medida pre-

[1] Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

[2] Artículo 30. Num 1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Num. 2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

[3] Artículo 32. Num. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. Num. 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Num. 3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

tende su inobservancia. Es importante abordar estas

cuestiones para insistir en la necesidad de promover

su aplicación en las Altas Cortes y su observancia

por los Estados dando vida al nuevo contenido de

derechos estipulado en la Declaración Universal de

Derechos de los Pueblos Indígenas.

La definición de pueblo como piedra angular de otros derechosNingún instrumento internacional trae consigo una

definición de pueblo indígena, esto no es un olvido

deliberado, porque desde hace varias décadas los

pueblos indígenas han reivindicado que esta noción

sea igual a la de las demás naciones del mundo. No

obstante, en la doctrina internacional se ha encon-

trado en la definición del informe conocido como

“Martínez Cobo”, un amplio consenso sobre la

noción aquí presentada de pueblo indígena, noción

que tuvo una importante presencia en las discusio-

nes del Convenio 169:

Son comunidades, pueblos y naciones indíge-

nas las que teniendo una continuidad histórica

con las sociedades anteriores a la invasión y

precoloniales que se desarrollaron en sus terri-

torios, se consideran distintos de otros sectores

de la sociedad que ahora prevalecen en esos

territorios o en parte de ellos. Constituyen sec-

tores no dominantes de la sociedad y tienen la

determinación de preservar, desarrollar y trans-

mitir a futuras generaciones sus territorios an-

cestrales y su identidad étnica como base de su

existencia continuada como pueblo, de acuerdo

con sus propios patrones culturales, sus institu-

ciones sociales y sus sistemas legales. 4

[4] Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/sub 2/1986/. “Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas”.

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El grueso de esta noción fue adoptado por el Con-

venio 169 pudiéndose sintetizar claramente los

siguientes criterios para la identificación de los pue-

blos indígenas:

Estilos de vida tradicionales;

Cultura y manera de vivir diferentes de las de

otros sectores de la población nacional;

Organización social propia y costumbres y

leyes tradicionales;

Continuidad histórica de vida en una determi-

nada región o antes que otros la hayan invadi-

do (OIT, 2003, p. 7).

Los debates de la Conferencia Internacional de la

OIT en la Comisión para la revisión del Convenio

107 concluyeron en limitar la utilización del térmi-

no pueblo en el sentido consagrado por el derecho

internacional, ya que algunos representantes de

gobiernos consideraron que dicho término podría

implicar derechos como la libre determinación o

el derecho de veto que iban más allá del campo de

aplicación del Convenio 107 (OIT, Actas provisiona-

les, 1988, p. 32/3).

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas plantea un avan-

ce en dicha concepción al afirmar que los pueblos

indígenas son iguales a todos los demás pueblos

del mundo, reconoce su derecho a ser diferentes y

a que ejerzan su derecho a la libre determinación de

conformidad con el derecho internacional, dando la

posibilidad de ampliar el contenido e interpretación

de los derechos consagrados en el Convenio 169

en relación con la autodeterminación, el consenti-

Car

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ómez

Ari

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miento libre, previo e informado, el control sobre su

desarrollo, su territorio y sus recursos naturales.

Los pueblos indígenas en las discusiones de la onUDespués de 22 años de discusiones promovidas por

el Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas de

la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y

Protección a las Minorías de la ONU fue aprobada la

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indíge-

nas. Esto significa que antes de iniciar la revisión del

Convenio 107 en la OIT, la ONU había comenzado a

discutir sobre esta Declaración. Ahora bien, ¿por qué

discutir durante tantos años el texto de la Declara-

ción, si el Convenio 169 logró ser aprobado en tres

años y los Convenios son tratados que de acuerdo

con el derecho internacional son de obligatorio

cumplimiento para los Estados una vez ratificados

o incorporados al ordenamiento nacional a través

de una norma y tienen mecanismos para su segui-

miento y exigibilidad?

En primer lugar, debates tan importantes como

la definición de pueblo, la libre determinación, el

derecho de veto, el control territorial y de recursos

naturales, entre otros, fueron temas discutidos y de-

fendidos por los representantes de los pueblos indí-

genas y los trabajadores en la revisión del Convenio

107, pero no lograron el reconocimiento esperado.

En segundo, lugar la ONU venía observando con

mucha preocupación la difícil problemática de los

pueblos indígenas generada por su asimilación

forzada a la cultura mayoritaria o su desaparición

en términos de etnocidio, y partiendo del recono-

cimiento de su derecho a ser diferentes y el aporte

indiscutible de estos a la riqueza y diversidad de los

Estados, se comienza a elaborar un instrumento

que puede considerarse como un desarrollo inter-

cultural de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, que busca proteger de acuerdo con sus

particularidades y concepciones diferenciadas de la

sociedad mayoritaria, sus derechos y libertades fun-

damentales, que hacen parte de sus reclamaciones

históricas, como un desarrollo del artículo 55 de la

Carta de la ONU superando las limitaciones que se

encontraban en el seno de la OIT.

Estas determinaciones adoptadas por la ONU para

promover las discusiones, emitir recomendaciones

y dotar de mecanismos de protección a los pueblos

indígenas de forma diferenciada evidencia la im-

portancia otorgada en los últimos veinte años a las

reclamaciones históricas de los pueblos indígenas,

las acciones que se han adoptado buscan disminuir

los efectos nocivos de la integración económica y so-

cial impuesta por los Estados a los pueblos indígenas

en desconocimiento de sus formas organizativas,

su relación con el territorio, su diversidad cultural,

su espiritualidad y su importante contribución a la

sociedad mayoritaria.

Esta situación es abordada nuevamente en la De-

claración y el Programa de Acción de Viena donde

les reconoce la dignidad y su aporte al desarrollo y

al pluralismo de la sociedad, reiterando la determi-

nación de la comunidad internacional de garanti-

zarles el bienestar económico, social y cultural, y el

disfrute de los beneficios de un desarrollo sostenible

(1993, p. 20). Al mismo tiempo, se solicita al Grupo

de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que comple-

te el proyecto de declaración sobre los derechos de

las poblaciones indígenas, y se pide a la Asamblea

General de la ONU que se proclame un decenio in-

ternacional de las poblaciones indígenas del mundo.

Es así como acogiendo esta solicitud se declara dicho

decenio entre los años 1995 y 2004 (ONU, Asamblea

General, Resolución 48/163, 1995), teniendo como

uno de sus principales objetivos la aprobación de la

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Declaración de Derechos de los Pueblos. Terminado

este periodo sin lograr dicha aprobación se procla-

ma el Segundo Decenio Internacional de las Pobla-

ciones Indígenas, a partir del 1 de enero de 2005

(ONU, Asamblea General, Resolución 59/174 de

2004), para definir estrategias de cooperación que

contribuyan a superar la difícil problemática que

afrontan los pueblos y culminar con la aprobación

del instrumento internacional, la misma que con-

cluye el 13 de septiembre del 2007 cuando se adopta

la Declaración (ONU, Asamblea General, Resolución

61/295, 2007).

En el marco del primer decenio también se nombra

un Relator Especial sobre la situación de los derechos

humanos y las libertades fundamentales de los indí-

genas (Comisión de Derechos Humanos, Resolución

2001/57, 2001) y se estableció el Foro Permanente

para las Cuestiones Indígenas con el mandato de

examinar temas relativos al desarrollo económico y

social, la cultura, el medioambiente, la educación, la

salud y los derechos humanos (Consejo Económico

y Social, Resolución 2000/22, 2000).

La autonomía y la autodeterminaciónLa autonomía es un principio constitutivo de la or-

ganización indígena, y es un elemento reivindicativo

de cada una de las comunidades originarias en cada

país. La autonomía siempre ha sido una necesidad

para los pueblos indígenas, cuando se cuenta con

identidad, cultura propia y una sociedad muy distin-

ta a los modelos impuestos de desarrollo de la deno-

minada sociedad occidental, cada pueblo posee un

LA AUTONOMíA ES UN PRINCIPIO CONSTITUTIVO

DE LA ORGANIZACIóN INDíGENA, y ES UN

ELEMENTO REIVINDICATIVO DE CADA UNA DE

LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS EN CADA PAíS. Arc

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Cec

oin

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sentir colectivo de autogobernarse y de administrar

su destino de forma independiente.

Para el movimiento indígena la autonomía se repre-

senta en la capacidad que las comunidades tengan

de definir su desarrollo, administrar sus propios

asuntos y sus territorios. Entonces, la autonomía

empieza por el respeto a sus tierras independientes

y a las autoridades que ejercen el poder sobre ellas.

La autonomía es necesaria para una organización

social que respeta el saber ancestral y que tiene una

visión de la existencia del hombre más allá de él, la

existencia del hombre en armonía con la naturaleza

y con su tierra, preceptos poco comprendidos y que

hasta ahora han venido despertando en algunos

sectores sociales que se levantan frente al desarro-

llo antropocéntrico sin límites, ya que la relación

hombre-tierra-naturaleza es una triada indisoluble,

difícil de gobernar desde miradas libertarias o utili-

tarias. Por eso reclaman autonomía para continuar

haciendo viva la memoria de sus ancestros, para

perpetuar su legado, para preservar su sociedad y su

cultura milenaria.

La autonomía vista desde un gobierno propio impli-

ca una jurisdicción. La capacidad propia para que el

pueblo administre los asuntos públicos de la comu-

nidad, que delegue a una autoridad para que la ad-

ministre, la organice políticamente y ejerza control

social. Pero el control no es sólo sobre las personas

habitantes de la comunidad, el control también se

ejerce sobre el territorio: tierras y todo el ecosistema

que se encuentre dentro de ellas.

La autonomía política y social de una comunidad

indígena es representada en el respeto a la libre

práctica de su cultura, religión y creencias, en el re-

conocimiento de su lengua, de una educación ba-

sada en los valores ancestrales y con posibilidad de

interactuar con las prácticas de la sociedad mayor de

forma horizontal, en las garantías a la independen-

cia de sus autoridades de las del Estado y de la forma

de gobernarse. También es una reivindicación de

respeto a sus instituciones sociales, a sus modos de

producción económica, a la riqueza natural y a la

paternidad de su conocimiento tradicional.

Sobre la autonomía del territorio las comunidades

indígenas pretenden que el Estado reconozca y

garantice la propiedad colectiva y ancestral, per-

mitiendo que la comunidad administre desde su

cosmogonía la relación hombre-naturaleza y los re-

cursos que la tierra posea tanto en el suelo como en

el subsuelo. En otros términos, que las instituciones

de la comunidad sean las autoridades ambientales y

de ordenamiento territorial en el espacio que histó-

ricamente les pertenece, que organicen la forma de

habitar y coexistir en su espacio vital, con todos los

elementos integrales de su cosmogonía.

El Convenio desarrolla el principio de la autodeter-

minación de los pueblos tímidamente y sin men-

cionarlo como tal, con estipulaciones que señalan

derechos expresos que materializan este principio:

en la autonomía de los territorios, el uso y la educa-

ción en la lengua propia, la expresión de su propia

cultura, el autogobierno, la práctica de normas

propias en sus formas organizativas y de control –en

síntesis, jurisdicción propia–, y el derecho a decidir

sobre su propio desarrollo y el de los recursos de su

territorio, a través de la consulta previa de las auto-

ridades estatales sobre medidas legislativas o admi-

nistrativas que los afectan directamente.

“RECONOCIENDO LAS ASPIRACIONES DE ESOS PUEBLOS

A ASUMIR EL CONTROL DE SUS PROPIAS INSTITUCIONES

y FORMAS DE VIDA y DE SU DESARROLLO ECONóMICO

y A MANTENER y FORTALECER SUS IDENTIDADES,

LENGUAS y RELIGIONES, DENTRO DEL MARCO DE LOS

ESTADOS EN QUE VIVEN”.

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Son varias las disposiciones del Convenio 169 de la

OIT que reconocen la autonomía y la autodetermi-

nación de los pueblos indígenas, como en el preám-

bulo: “Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos

a asumir el control de sus propias instituciones y for-

mas de vida y de su desarrollo económico y a mante-

ner y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones,

dentro del marco de los Estados en que viven”.

Pero el propio Convenio 169 trae limitaciones para

entender el principio de la “libre determinación”

en los términos definidos por diferentes pactos y

convenios, por lo menos tal como lo presenta el

artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y

el Pidesc.5 En este sentido Lee Swepston señala: “si la

libre determinación significa –por lo menos en una

parte– la autonomía dentro de las fronteras del Es-

tado, entonces el Convenio 169 es consecuente con

todos los grados de autonomía y otras expresiones

de la libre-determinación dentro de los Estados exis-

tentes (citado por Gómez M. 2006).

La reivindicación del derecho a la libre determina-

ción para los pueblos indígenas no va más allá de

solicitar el reconocimiento que tienen todos los

pueblos del mundo desde la propia Carta de las

Naciones Unidas en su artículo 1.2, en virtud de que

el reconocimiento como Pueblo ya se ha estipula-

do tanto en el Convenio como en la Declaración.

Contraria a esta reclamación, el Convenio 169 en su

artículo 1.3 determinó: “La utilización del término

‘pueblos’ en este Convenio no deberá interpretarse

en el sentido de que tenga implicación alguna en lo

que atañe a los derechos que puedan conferirse a

dicho término en el derecho internacional”.

[5] Artículo 1. Todos los pueblos tienen derechos de libre determinación. En virtud de estos derechos establecen su condición política y proveen así mismo su desarrollo económico, social y cultural.

El Convenio aparentemente ofrece una gran con-

tradicción al disponer de derechos y mecanismos

para garantizar la libre determinación a los pueblos

indígenas, como los artículos 6,6 7,7 8.1,8 14,9 1510

[6] Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente…

[7] Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente…

[8] Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

[9] Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes…

[10] 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las

Junio

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y 16,11 pero al negar que hay una relación entre el

concepto de pueblo indígena y libre determinación

crea relaciones de subordinación a una sociedad do-

minante que se autodenomina Estado-nación sobre

pueblos que se han resistido a hacer parte de este

proyecto de asimilación, creando una desigualdad

en el derecho internacional que en la práctica legi-

tima unas relaciones coloniales contemporáneas.

La OIT es consciente de que ésta ha sido la reivindi-

cación estructural desde donde emanan los demás

contenidos de los derechos colectivos de los pueblos

indígenas. En los debates que se dieron en la Asam-

blea General de la OIT durante 1988 y 1989, las pos-

turas gubernamentales fueron muy contundentes

en defender la integridad del territorio y la unidad

del Estado-nación; no obstante, en un manual pos-

terior para el entendimiento del Convenio 169 la

OIT manifiesta:

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

[11] 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados...

Las cuestiones relacionadas con los derechos

económicos y sociales están dentro del manda-

to de la OIT. Por el contrario, la interpretación

del concepto político de autodeterminación

está fuera de su ámbito de competencia. El

Convenio núm. 169, al no establecer ninguna li-

mitación al derecho a la autodeterminación, es

compatible con todo instrumento internacional

que en el futuro pueda establecerlo o definirlo

(Manual de aplicación del Convenio 169).

Sin entrar a polemizar sobre esta consideración

acerca de los límites al mandato de un convenio de

la OIT,12 no podemos desconocer que las discusio-

[12] Los miembros gubernamentales de Canadá y Francia consideraron que la utilización del término pueblos podría implicar derechos como la libre determinación que van más allá del campo de aplicación del Convenio 107.

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nes generadas alrededor de la reforma del Convenio

107 plantearon abiertamente las implicaciones

de la libre determinación como una amenaza al

poder de los Estados-nación, como una negación

al pluralismo jurídico, como la afirmación de un

proyecto etnocentrista de construcción de nación

que discrimina culturalmente a otros pueblos que

coexisten en el mismo territorio del Estado. Como

decíamos, la integridad territorial del Estado y la he-

gemonía cultural del mismo han sido principios que

los representantes gubernamentales enemigos de

la autodeterminación de los pueblos indígenas han

defendido por encima de sus reivindicaciones. Pero

estos argumentos, aunque mezquinos, no dejan de

esconder la realidad de los debates sobre pueblo y

libre determinación de comunidades que no tienen

el control del Estado, por lo menos en Latinoamérica

no existe ningún pueblo indígena que tenga un áni-

mo independentista o separatista, por el contrario,

las organizaciones observan en el Estado a un sujeto

garante de sus derechos individuales y colectivos.

Esta falsa defensa de la unidad del Estado-nación

esconde realmente una intensión de los Estados de

no renunciar a la discrecionalidad de disponer de los

territorios indígenas para su explotación económi-

ca, con o sin el consentimiento de éstos; se solapan

así los intereses individuales capitalistas sobre los

derechos colectivos reclamados ancestralmente

como pueblos, en este sentido:

No cabe duda de que una de las razones más

poderosas se sitúa en la voluntad de no re-

nunciara al control territorial de zonas ricas

en recursos naturales y biodiversidad, espe-

cialmente en un momento de desarrollo del

capitalismo donde la acumulación de capital

se ve amenazada por la insuficiencia de recur-

sos energéticos y el capital financiero necesita

nuevos espacios para la especulación, como los

que acecha en el terreno de las patentes sobre

conocimientos tradicionales y de las biopaten-

tes (Wilhelmi, 2006, p. 418).

Independiente de los debates sobre el ámbito de

aplicación del Convenio 169 en materia de libre

determinación, o de las justificantes ocultas o reales

que poseen los Estados para negarla, algo sí es cla-

ro y es que el Convenio 169 no dirimió la cuestión

pueblo indígena y derecho a la libre determinación.

Por este motivo, durante más de veinte años de

discusión de la Declaración Universal de Derechos

de los Pueblos Indígenas éste fue el punto nodal de

debate para llenar de contenidos dicha declaración.

Pero a diferencia de la Asamblea General de la OIT,

la Asamblea General de la ONU no puede argüir que

estos elementos se escapan al ámbito de su compe-

tencia. Por eso la Declaración es contundente sobre

este asunto, dirimiendo las ambigüedades que al

respecto dejó el Convenio 169.

La claridad de que la libre determinación de los pue-

blos indígenas es un derecho colectivo consagrado

en la Declaración comienza con el artículo primero.

En él la Declaración estipula que “Los indígenas

tienen derecho, como pueblos o como personas, al

disfrute pleno de todos los derechos humanos…” A

diferencia del Convenio 169, la Declaración plantea

no sólo la igualdad de ejercicio de derechos indivi-

duales de los indígenas, sino también la igualdad

en el ejercicio de los derechos colectivos como pue-

blos. y para que no queden dudas, a continuación

el artículo 2 refuerza este ámbito de la igualdad de

derechos entre personas y pueblos al señalar: “Los

pueblos y personas indígenas son libre e iguales a los

demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser

objeto de ningún tipo de discriminación en el ejer-

cicio de sus derechos, en particular la fundada en su

origen o identidad indígenas”.

La Declaración, al no hacer distinción entre pue-

blos indígenas y pueblos que se reclaman como

Junio

de 2

008



una identidad Estado-nacional, otorga un ejercicio

igualitario de derechos, de esta forma un derecho

invocado por un Estado nacional también puede

ser invocado por un pueblo indígena; así las cosas, la

libre determinación de los pueblos indígenas debe

ser entendida tal como se expresa en los instrumen-

tos internacionales para cualquier nación. Sin dis-

criminación alguna la libre determinación debe ser

entendida para pueblos indígenas tal como aparece

en la Carta de la ONU, el PIDCP, el Pidesc, incluso la

Declaración sobre la concesión de la independen-

cia a los países y pueblos coloniales de 1960. No en

vano, el artículo 3 de la Declaración, que contiene

el derecho a la libre determinación tiene el mismo

texto que el artículo 1 de los instrumentos citados.

Este derecho a su vez queda reforzado en el artículo

4, en donde se estipula que esa libre determinación

va acompañada de la autonomía y el autogobierno,

algo que junto a otros artículos refuerza la soberanía

de las instituciones sociales y políticas de las comu-

nidades, con exclusión de otras autoridades del Es-

tado que traten de imponer sus decisiones sobre el

universo cosmogónico de los pueblos indígenas.

ESTOS CRITERIOS DE CONSENTIMIENTO LIBRE,

PREVIO E INFORMADO BUSCAN PROTEGER EL

DERECHO A LIBRE DETERMINACIóN DE LOS PUEBLOS

INDíGENAS EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A LA DE CUALQUIER ESTADO-NACIóN.

Nat Nat Iguarán

etniA

S &

PoLÍt

icA



de la consulta previa al consentimiento libre, previo e informadoRespecto a la consulta previa a pueblos indígenas

debemos tener una primera consideración para los

propósitos del presente ensayo, la consulta previa

no garantiza el derecho a la libre determinación

de los pueblos indígenas. Es apenas obvio, si no

hay derecho en consecuencia tampoco existirá un

mecanismo idóneo para garantizarlo. Si bien la con-

sulta previa señala unos requisitos para garantizar

la autonomía de las comunidades, su carácter no

vinculante frente a la decisión de los Estados hace

que la protección de la autonomía no llegue hasta la

autodeterminación, de esta forma la consulta previa

se convierte en un mecanismo de participación es-

pecial sin que las comunidades puedan vetar las ac-

ciones legislativas y administrativas que las afecten.

¿Y el derecho de veto?“El Convenio no otorga a los pueblos indígenas y

tribales el derecho de veto. El Convenio especifica

que no debe tomarse ninguna medida contraria al

deseo de los pueblos indígenas y tribales, pero esto

no significa que en caso de desacuerdo nada puedan

hacer” (OIT, 2003).

Esto no significa que los Estados puedan omitir la

realización de la consulta previa con comunidades

con el pretexto de que ésta no tiene un carácter vin-

culante. Con la ratificación del Convenio todo Estado

se obliga a realizar la Consulta antes de la adopción

de cualquier medida administrativa o legislativa que

afecte a pueblos indígenas. En materia territorial es

esencial para la utilización de los recursos minerales

y en general del subsuelo, en especial en aquellos Es-

tados en donde éstos son propietarios de esos recur-

sos. En materia de recursos naturales renovables, la

consulta se hace más compleja, ya que el Convenio y

la mayoría de las legislaciones nacionales proclaman

la propiedad privada y excluyente de los mismos,

por eso, en estos casos, la consulta previa tiene más

elementos de consenso, o sea la búsqueda del con-

sentimiento de las comunidades en los términos del

artículo 15. En el único caso que el Convenio prevé

un consentimiento libre e informado es cuando se

presente un traslado de una comunidad del terri-

torio que ocupan, aunque este evento también es

matizado con un lenguaje ambiguo ya que plantea

“cuando no pueda obtenerse su consentimiento”,

otorgando alternativas compensatorias que en todo

caso evaden la libre determinación.

La virtud de la consulta previa del Convenio 169

consiste en que si bien no está reglamentada, dis-

pone de una serie de criterios para que el ejercicio

del derecho se dé efectivamente. Un gran número

de acciones judiciales dentro del derecho interno y

otras a la luz del derecho internacional han prospe-

rado a favor de comunidades indígenas por el proce-

dimiento adoptado para la realización de la consulta

o por no realizarla. Con ello se garantiza que la parti-

cipación sea efectiva, con buena información, previa

y reduciendo las posibilidades de engaño por parte

de las entidades públicas o las empresas privadas

que tienen intereses en territorios de pueblos indí-

genas. El artículo 6 del Convenio especifica los crite-

rios para que un procedimiento de consulta respete

los derechos autonómicos de los pueblos indígenas,

estos criterios se pueden sintetizar, según las reco-

mendaciones de OIT, de la siguiente manera:

1. Siente criterios de representatividad.

LOS DERECHOS CONTENIDOS EN ESTE INSTRUMENTO

INTERNACIONAL “CONSTITUyEN NORMAS MíNIMAS

PARA LA sUpERvIvENCIA, LA DIGNIDAD y EL bIENEsTAR

DE LOS PUEBLOS INDíGENAS DEL MUNDO”

Junio

de 2

008



2. Tome en cuenta –en la medida de lo posible– las

propuestas de los reclamantes en cuanto a las

características que ha de tener una consulta para

ser efectiva.

3. Determine un mecanismo de consulta que se

adecue en el método utilizado con la finalidad de

llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento

acerca de las medidas propuestas, independien-

temente de que esto se logre o no.

4. Tenga en cuenta, al determinar los mecanismos

de consulta, los valores, concepciones, tiempos,

sistemas de referencia e incluso formas de conce-

bir la consulta de los pueblos indígenas (Gómez,

2006, p. 149).

El manual para la interpretación del Convenio 169

publicado por la OIT en el año 2003, complementa

estos criterios planteando que la consulta debe ser

de buena fe, respetado intereses, valores y necesida-

des de los pueblos indígenas. Con las instituciones,

autoridades y espacios que sean representativos

para los pueblos y las comunidades. Con unos pro-

cedimientos adecuados y acordes a las circunstancia

y las características de los individuos a los que va di-

rigida. y reconociendo un verdadero poder de nego-

ciación, entendida como la defensa de los derechos

por parte de las comunidades.

La Declaración Universal de Derechos de los Pue-

blos Indígenas no desconoce estos principios sobre

la consulta, por el contrario, los acoge pero genera

nuevos criterios explícitos que hacen que la consulta

se convierta en un derecho efectivo de veto sobre las

acciones legislativas y administrativas que compro-

metan sus derechos y sus territorios. Estos criterios

de consentimiento libre, previo e informado buscan

proteger el derecho a libre determinación de los

pueblos indígenas en igualdad de oportunidades a

la de cualquier Estado-nación. La diferencia estriba

en que este procedimiento se hace para la protec-

ción de derechos colectivos de pueblos que hacen

parte de un Estado y las relaciones con el mismo son

desiguales.

La consulta del Convenio 169 en principio denota

una pregunta cuyo procedimiento debe ser de

buena fe y transparente, dirigida a las autoridades o

instituciones que por tradición o pacto representan

a los pueblos, pero cuya respuesta puede ser sí o no,

sin condicionar la decisión final. Por el contrario, el

consentimiento implica que la respuesta debe ser

sí, presentándose unanimidad en la decisión, es el

acuerdo que se espera después de una negociación

entre pares. Precisamente este mecanismo busca

generar un escenario de igualdad entre partes cuyas

relaciones de poder son absolutamente asimétricas;

de esta manera, el poder omnipotente del Estado se

reduce a la esfera transparente de la persuasión o

del convencimiento de un beneficio recíproco.

El consentimiento debe ser libre, esto significa que

además de ser de buena fe debe estar exento de

constreñimiento, engaño o cualquier medio de

fuerza que coloque a las comunidades indígenas

en una situación desfavorable para poder negociar

sus puntos de vista de cara al consenso. Debe ser

previo, antes de adoptar las medidas o incluso antes

de iniciar cualquier tipo de proceso preparatorio a

la acción. Por ejemplo, en el caso de medidas sobre

extracción de recursos del subsuelo, el consenti-

miento debe darse mucho antes de la prospección

o exploración, prácticamente en el momento en

que el Estado decida colocar los pies en el territorio

indígena. Debe ser informado, debiéndosele cla-

ramente transmitir a la comunidad a través de los

medios adecuados para que ésta comprenda lo que

se va hacer, cómo se va hacer, en dónde, con quié-

nes, los resultados y las utilidades que se esperan, los

beneficios y beneficiarios, y los impactos que debe

soportar la comunidad.

etniA

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PoLÍt

icA



A diferencia del Convenio, la Declaración prevé que

en caso de que no se agote el procedimiento de con-

sentimiento con estos criterios, el Estado se ve en

la obligación de reparar y resarcir los derechos a los

pueblos o comunidades afectadas.

Otro asunto particular que llama la atención de

la Declaración es que señala taxativamente los

derechos que son objeto de consentimiento libre,

previo e informado a lo largo de todo el texto. Estos

son: para ser desplazados de sus tierras o territorios

(art. 10); para privarlos de sus bienes culturales,

intelectuales, religiosos y espirituales (art. 11.2);

para la adopción de decisiones en las cuestiones

que afecten sus derechos y antes de aplicar medidas

legislativas o administrativas que los afecten (arts.

18 y 19); cuando se pretendan almacenar o eliminar

materiales peligrosos en sus territorios (art. 29.2);

antes de desarrollar actividades militares en sus te-

rritorios (art. 30); para aprobar cualquier proyecto

que afecte sus territorios, entre los que se cuentan

los relativos al desarrollo y explotación de recursos

naturales (art. 32)

discusiones frente al carácter vinculante de las declaraciones de la onULas Declaraciones son adoptadas a través de resolu-

ciones de la ONU, y reciben ese nombre para resal-

tar la importancia de su contenido. Pero el hecho de

que se dicten a través de Resoluciones ha propiciado

diversas posiciones de los estudiosos para negar o

aceptar las obligaciones de los Estados de cumplir

dichos preceptos (Ponce, 2001-2002, pp. 253-279),

lo cual tiene relevancia al momento de exigir los de-

rechos ante tribunales nacionales e internacionales,

o buscar la solidaridad de otros Estados para presio-

nar el acatamiento del derecho internacional.

En primer lugar, hay quienes consideran que al tener

las resoluciones un carácter facultativo emanado de

la Carta de Naciones Unidas, sus contenidos serán

principios o sugerencias para los Estados: “es priori-

tariamente un producto ideológico propiciado por

aquellos que pretenden otorgar obligatoriedad a

ciertas resoluciones de la ONU” (Barberis, 1990, p.

495) negando tajantemente su carácter obligatorio

o vinculante.

Otros reconocen la importancia jurídica de las De-

claraciones pero no se pronuncian frente a su carác-

ter vinculante (Roldán, 1996, p. 101). La reconocen

como una ley imperfecta ya que son declaración de

principios que no contempla una sanción a los Esta-

dos que la incumplan (Bernard, 1991, p. 31).

Un tercer grupo le reconoce su obligatoriedad jurí-

dica porque consideran que sus contenidos hacen

parte de la costumbre internacional, o son una

interpretación autorizada de la Carta de la ONU a la

que la comunidad internacional le otorga fuerza vin-

culante, o también pueden ser principios generales

o fundamentales del ordenamiento internacional.

Finalmente, algunos doctrinantes consideran que

las Declaraciones hacen parte del derecho de gentes

o ius cogens, tienen como principal fuente la costum-

bre o el derecho consuetudinario (Sanjosé, 1992,

pp. 19 y 20), y se definen como una norma aceptada

y reconocida por la comunidad internacional de

Estados que no admite acuerdo en contrario y sólo

puede ser modificada por una norma posterior de

derecho internacional general que tenga el mismo

carácter (Convención de Viena, 1993, artículo 53).

La declaración de los Pueblos y el derecho de GentesDe las discusiones recogidas es posible apreciar que

aún no existe una norma internacional que niegue

o reconozca taxativamente el carácter vinculante

de las Declaraciones de la ONU. Partiendo de este

Junio

de 2

008



postulado adoptaremos las posiciones que conside-

ramos más ajustadas al derecho ihnternacional de

los derechos humanos para analizar su aplicación en

el contexto colombiano.

La Declaración de Derechos de los Pueblos fue apro-

bada luego de 22 años de discusiones permanentes

que lograron el consenso mayoritario en la Asam-

blea General con el voto favorable de 143 países,

solo 4 países en contra y 11 abstenciones, entre los

que se cuenta Colombia como el único país latino-

americano que no votó a favor de la Declaración.

Esta incuestionable mayoría, generada a través de

consensos en el marco de dos decenios de los pue-

blos indígenas, unida a las innumerables discusiones

al respecto y los pronunciamientos de la ONU en

defensa de sus derechos desde una perspectiva di-

ferenciada, dan a entender que su contenido puede

ser el de una “norma aceptada y reconocida por la

comunidad internacional de Estados”. Refuerza

esta posición el hecho de que el ius cogens “surge de

la vivencia de ciertos valores esencialmente huma-

nos y universales, cuyo respeto y vigencia se estima

como algo absolutamente necesario a la vida y

subsistencia de la comunidad” (Gómez, 2003, p. 78).

Es innegable que los derechos contenidos en este

instrumento internacional “constituyen normas mí-

nimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar

de los pueblos indígenas del mundo” (Declaración

Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas,

artículo 43).

En este sentido, la doctrina coincide en reconocer la

libre determinación de los pueblos como uno de los

Arc

hivo

OIA

etniA

S &

PoLÍt

icA



desarrollos más importantes del derecho de gentes

y, como ya dijimos, el artículo 3 de la Declaración

establece el derecho de todos los pueblos indígenas

a la libre determinación para ser ejercido de con-

formidad con el derecho internacional contenido

en instrumentos como la Carta de la ONU, el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos,

así como la Declaración y el Programa de Acción

de Viena, a los cuales se les reconoce pleno carácter

vinculante.

En segundo lugar, es importante retomar la tesis de

su obligatoriedad en virtud de ser un desarrollo de

los artículos 55 y 56 de Carta de la ONU, donde los

Estados se comprometen a “promover el respeto

universal de los derechos humanos y de las liberta-

des fundamentales”. Si tenemos en cuenta que tales

derechos vienen siendo consagrados progresiva-

mente en normas internacionales a medida que se

considera pertinente por los Estados, es necesario

considerar que los derechos humanos no son limita-

dos, por el contrario, tienden a aumentar.

El primer instrumento que se considera un desarro-

llo de la Carta de la ONU es la Declaración Universal

de los Derechos Humanos; si bien esta contempla la

igualdad, la dignidad y la no discriminación como

piedras angulares, no hay un desarrollo específico

referente a los derechos de los pueblos indígenas,

por el contrario, sus definiciones y contenidos par-

ten de una construcción occidental. Las discusiones

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos permitieron una partici-

Arc

hivo

Cec

oin

Junio

de 2

008



pación amplia de representantes de estos pueblos,

reconocieron sus particularidades y los mínimos

que debían establecerse para su pervivencia como

pueblos; puede considerarse entonces que es un

desarrollo diferenciado de la DUDH y del mandato

de la Carta de la ONU.

En este orden de ideas consideramos que la Decla-

ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de

los Pueblos hace parte del derecho de gentes o ius

cogens, no sólo desde el desarrollo consuetudinario,

es también un desarrollo de la Carta de la ONU sien-

do jurídicamente obligatoria incluso para el Estado

colombiano que se abstuvo de votarla. Será una ta-

rea de los Estados comenzar con su aplicación, de la

ONU promover su cumplimiento, y de los tribunales

nacionales e internacionales garantizar coactiva-

mente su observancia.

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La pluralidad étnica y la nación colombiana: una historia política

Estas notas hacen parte de una permanente búsqueda de nuevos sentidos

y rutas que propicien encuentros y alianzas entre pueblos culturalmente1

diferentes, pero parecidos en la adversidad y unidos por las humillaciones y

vejámenes sufridos. Se quiere con ellas alimentar los debates de la “escuela

de formación interétnica para la resolución de conflictos”, que adelanta Jen-

zera con poblaciones negras, indígenas y campesinas del Pacífico. Ante todo

aspiran a que los excluidos de ayer y de hoy unan sus voluntades, propósitos

y compromisos con un cambio social y cultural que, como decía Saint-Just,

“sólo puede ser frenado cuando se alcance la felicidad”.

El antropólogo Leslie White acostumbraba a decir que las teorías antropoló-

gicas a menudo nos decían más sobre los antropólogos que sobre la materia

objeto de su estudio. Decía también que dependiendo de la teoría del an-

tropólogo, el objeto de estudio cambiaba no sólo de forma, sino también de

esencia a los ojos del observador. De esta manera relativistas, culturalistas,

evolucionistas, funcionalistas, estructuralistas y marxistas, ofrecían diferen-

tes interpretaciones sobre su objeto de estudio. Estas diferencias conceptua-

les, habituales en la antropología, no hubieran tenido un efecto pernicioso en

nuestro medio, si las ideas que llegaban a nuestras tierras hubieran encon-

[1] En este texto la noción de cultura se emplea, en un sentido antropológico, como el conjunto de procesos simbólicos y espirituales, a través de los cuales se comprende, reproduce y se transforma la estructura social. Incluye por tanto todos los procesos de producción de sentido y significación, y las formas de vivir, pensar y percibir la vida cotidiana.

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Junio

de 2

008

efraín Jaramillo JaramilloAntropólogo, investigador y analista del Colectivo Jenzerá

trado mentes abiertas y creativas, pero también

ambientes intelectuales críticos, que hubieran

examinado los contextos históricos y sociopolíti-

cos en que fueron concebidas, antes de aplicarlas.

De haber observado esto, no hubiéramos sido

escolásticos ni librecambistas, no compraríamos

modelos de desarrollo, sino que desarrollaríamos

los propios, acordes con nuestra realidad y nece-

sidades.

La frivolidad de muchos antropólogos, y el dog-

matismo de nuestra formación eclesiástica, junto

a una ausencia de categorías críticas que orien-

taran la acción indigenista, abonaron el terreno

para que echaran raíces toda suerte de ideas,

corrientes del pensamiento y teorías sociales, que

una vez tocaban tierras americanas se convertían

en doctrinas que había que defender, difundir y

aplicar. Si la realidad no estaba sintonizada y se

ajustaba a la interpretación, la que llevaba del

bulto era la realidad, que a menudo terminaba

siendo un mero adorno de la teoría. Un ejemplo

de ello lo tenemos en la ya legendaria teoría de

las “nacionalidades indígenas” que nos llegó de

México, un país donde existen pueblos indígenas

preponderantes en varias regiones por su peso

poblacional y sus logros culturales y políticos.

Aquí algunos epígonos colombianos se dieron

a la brega de aplicarla, imaginando este país

dividido en un igual número de naciones, según

las etnias indígenas existentes. Les faltó a estos

antropólogos observadores la lógica pragmática

del economista y matemático León Walras, que

recomendaba que antes de aplicar el teorema de

Pitágoras había que verificar que se tratara de un

triángulo rectángulo. Aplicaron la fórmula mexi-

cana de las nacionalidades, sin mirar el contexto

colombiano y, de paso, creando cismas en el na-

ciente movimiento indígena caucano. En México,

el planteamiento de las “nacionalidades indíge-

nas” surgió como respuesta a las pretensiones del

Estado mexicano de disolver a los pueblos indíge-

nas, asimilándolos e integrándolos a la sociedad

mexicana. Un contexto político muy particular,

diferente al de Colombia, en donde los indígenas,

juntándose al movimiento campesino, comen-

zaban a recuperar las tierras de sus ancestros y

estaban muy lejos de imaginarse que sus luchas

conducían a crear las naciones páez, guambiana,

embera, wayuu, etc.

Cuando los indígenas, los así llamados “objetos

de estudio”, hastiados de ser observados, inter-

pretados y definidos, se “vuelven desobedientes”,

exigen ser tenidos en cuenta, reclaman su propia

definición, y aspiran a ser sujetos de su propio de-

sarrollo, comienza a cambiar el panorama. “Con

la irrupción del otro en la escena” (Humberto

Eco) se renueva el lenguaje y toman cuerpo los

conceptos de “autonomía”, “desarrollo propio”,

“multietnicidad” e “interculturalidad”.

Hasta entonces, la “conciencia posible” (Lucien

Goldmann) para concebir los nuevos Estados que

se estaban formando en América era el Estado-

nación que surgía en Francia con Napoleón, en

Italia con Garibaldi y en Alemania con Bismarck.

El Estado unitario y la nación homogénea fueron

hasta la década de los ochenta el ideal de las re-

públicas latinoamericanas. Ahora las cosas han

cambiado, y la cuestión étnica se ha tornado en

uno de los más importantes y complejos desafíos

socio-políticos para el Estado y para la nación

colombiana.

Pero hasta ese entonces había transcurrido mu-

cha historia.


[ Pluralidad étnica y nación ]

etniA

S &

PoLÍt

icA Los intelectuales más destacados que habían venido

pensando la nación homogénea, habían identifi-

cado en el mestizaje racial la fórmula ideal para su

construcción. El argumento central era que por me-

dio del mestizaje se superarían por un lado las defi-

ciencias de indios y negros –considerados pobres de

juicio y de imaginación– para formar una sociedad y

pensar una nación. De otro lado, se superarían tam-

bién las limitaciones de los europeos –considerados

los más inteligentes y más capaces– para adaptarse

a climas y medios geográficos catalogados como

hostiles. De este mestizaje, que José de Vasconcelos

calificaría de “fecundo”, emergería entonces un

hombre nuevo que superaría las incapacidades y

limitaciones fundadas en el color de la piel, la raza y

el medioambiente geográfico.

Es con Simón Bolívar, hijo de la Ilustración y de la

Revolución Francesa, que la idea del mestizaje como

solución para la nación homogénea pierde vigor

en la llamada Gran Colombia. Aunque Bolívar era

también de la idea de que la nación debía ser ho-

mogénea, aspiraba sin embargo a que se superaran

las diferencias étnicas, construyendo una identidad

nacional, ya no a partir de la asimilación racial, sino

a partir de la adaptación de todos los individuos a

una cultura política “cívica”, más amplia, donde las

lealtades étnicas, culturales y religiosas no fueran

la base de la identidad nacional, pues se estaría

manteniendo abierto el espacio para reventar en

pedazos a la naciente nación. Se trataría entonces

de una especie de patriotismo basado en la noción

de “ciudadano”, que para Bolívar sería la forma ideal

de compaginar la pluralidad étnica y cultural con un

orden social representado en un Estado.”

Según Bolívar, la condición de ciudadano solo la

adquirían los hombres en libertad. Esta idea la tomó

de Rousseau, quien argumentaba que dentro de la

esclavitud, los esclavos pierden todas sus facultades

y llegaban incluso a amar la esclavitud. “El alma de

un siervo [dice Bolívar al referirse al Perú] rara vez

alcanza a apreciar la sana libertad, se enfurece en

los tumultos o se humilla en las cadenas” (Carta de

Jamaica, 1815).

Su ya célebre frase para definir los estamentos de

la sociedad, que recién se independizaba del poder

colonial, es de un significado proverbial. Decía Bolívar

sobre los criollos (hijos de españoles nacidos en Amé-

rica) que, “no somos indios ni europeos, sino una es-

pecie media entre los legítimos propietarios del país y

los usurpadores españoles” (Carta de Jamaica 1815).

Cuando Bolívar define a los españoles como “usur-

padores”, y a los indígenas como “legítimos propie-

tarios”, implícitamente está delineando la tarea que

le corresponde a los criollos que están en medio:

quitarles la tierra a los usurpadores y devolvérsela a

sus legítimos propietarios. Era la única vía para con-

vertir a los indios en ciudadanos. Aquí Bolívar está

enunciando en su propia historia, como criollo que

era, la causa de los aborígenes. Este planteamiento

de Bolívar nos remite al problema central, aún no

resuelto, sobre la formación de nuestra nacionali-

dad: que para hacerla realidad la población indígena

y negra debía adquirir la ciudadanía, es decir, debía

tener la capacidad para ejercer sus derechos.

Si los criollos, una vez culminadas con éxito las

guerras de la independencia, no restablecían estos

derechos, significaba simple y llanamente que se

CUANDO BOLíVAR DEFINE A LOS ESPAñOLES COMO

“USURPADORES”, y A LOS INDíGENAS COMO

“LEGíTIMOS PROPIETARIOS”, IMPLíCITAMENTE ESTÁ

DELINEANDO LA TAREA QUE LE CORRESPONDE A

LOS CRIOLLOS QUE ESTÁN EN MEDIO: QUITARLES

LA TIERRA A LOS USURPADORES y DEVOLVéRSELA

A SUS LEGíTIMOS PROPIETARIOS.


[ Efraín Jaramillo ]

Junio

de 2

008

había cambiado de amos y señores, pero persistía el

“derecho de conquista”, impuesto por los españoles.

La apropiación que había hecho Bolívar de la causa

de los negros y de los pueblos originarios no hizo es-

cuela en América, pues eran más fuertes los poderes

de la clase criolla emergente, que se beneficiaba de

las tierras y los bienes arrebatados a los españoles.

Repudiado por los criollos, y después de sobrevivir

a dos atentados, Bolívar marchó al exilio. Murió en

Santa Marta.

Otro prócer americano de la Independencia, José

Gervasio Artigas, buscó refugió en Paraguay, “acom-

pañado sólo por su guardia personal de 250 lance-

ros, hombres y mujeres, todos negros y entre ellos

Ansina, compañero de Artigas, hasta la muerte”

(Rosero, 2003). No le perdonaron los criollos a Arti-

gas que a su paso victorioso fuera liberando esclavos.

Los Camba Cua (cabecitas negras en guaraní) son

hoy sus descendientes. Carlos Rosero nos recuerda

que en una de las acciones para repeler

los muchos intentos por terminar de despo-

jarlos de las últimas tierras que les quedan,

de las que les fueron asignadas en el siglo XIX,

colocaron sus banderas de barras horizontales

azules y blancas sobre sus casas, entonaron el

himno de la República Oriental del Uruguay

y se negaron a ser tratados, en esta tierra a la

que llegaron por leales, distinto a lo que eran:

invitados de honor (Rosero, 2003).

La negación de los derechos y las ideas sobre la desigualdad de los hombres2

La historia de Colombia es, desde sus orígenes, una

historia de negaciones. Los españoles le negaron la

humanidad a los indios: “homúnculos”, como fue-

[2] Para una lectura completa de estas ideas, ver el excelente texto del historiador mexicano Silvio Zavala (1963), texto del cual se extraen la mayor parte de las ideas y citas de este artículo.

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PoLÍt

icA ron llamados, no tendrían derechos ni capacidad de

gobierno. Posteriormente, a miles de africanos les

fueron negadas sus vidas y libertades por medio de

la esclavitud. No obstante, había algo común en es-

tas negaciones: eran llevadas a cabo por pueblos que

renegaban de sus orígenes culturales judíos y mozá-

rabes. En estas ideas se fundamentaría la esclavitud

y servidumbre a que fueron condenados aborígenes

y negros. Pero esta negación la extendieron a todo lo

que fuera de América. Por el sólo hecho de nacer en

ella se era ciudadano de segunda clase, y al menos-

precio por sus habitantes se unió el menosprecio por

su flora, su fauna y sus territorios. Con el paso de los

siglos, y de muchas luchas al interior de la Iglesia, se

le reconoció la humanidad a la población aborigen,

y con Alexander von Humboldt se reconoció que la

naturaleza de América, su flora y su fauna no tenían

nada que envidiarle a las europeas. No obstante per-

dura en muchas mentes la idea de que las culturas

y los territorios indígenas no tienen un valor en sí

mismos.

Una Iglesia al servicio de la corona española tam-

bién hizo parte de las corrientes que les negaban

identidades particulares a aquellos que tenían otras

creencias. A finales del siglo XIII, el canonista y santo

católico Gregorio, llamado “El Ostiense”, fijó doc-

trina al afirmar que el Papa, como representante

de Cristo en la Tierra, tenía potestad no solamente

sobre el mundo cristiano, sino sobre el de los infie-

les. Años después, en el siglo XIV, Johann Wycliffe

continuaría desarrollando la doctrina y afirma que

“la falta de gracia del hombre injusto que vive en

pecado mortal, hace que carezca de dominio pro-

pio”. Los derechos de los impíos podían entonces

LAS ELITES CRIOLLAS VIERON A LOS INDIOS y NEGROS

COMO UN OBSTÁCULO PARA EL PROGRESO

y LA CIVILIZACIóN Car

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Junio

de 2

008ser trasladados, “en derecho y por justa causa”, a los

cristianos. Esta doctrina que se emplea en la guerra

contra los moros, durante la reconquista española,

es trasladada a América. De esta forma, la condición

religiosa se convierte en el pilar del dominio de los

conquistadores católicos sobre los indios infieles y

fundamenta el “derecho de conquista” de España.

Intentos que se dieron para defender los derechos

de los así llamados infieles, sólo fructificarían mu-

chos años después, cuando una corriente humanis-

ta comenzó a gestarse en el mundo cristiano.3

La Iglesia se uniría siglos después a la cruzada por la

homogeneización de la sociedad: todos somos igua-

les a los ojos de Dios4 Pero para llevar a cabo esta

empresa, y poder realizar la comunión y hermandad

de todos los hombres en Cristo,5 buscaron definir,

como lo haría cualquier antropólogo, su objeto de

estudio. y allí de nuevo fue Troya, pues encontra-

ron con que además de tener alma, los aborígenes

tenían también sus propias creencias y maneras de

entender el mundo, que diferían sustancialmente

de la religión de Cristo.

Pero hay iglesias de iglesias. Las más retardatarias

todavía hablan de paganismo y de superstición de

pueblos sumidos en la oscuridad para referirse a

aquellas culturas que no siguen el Evangelio. Las

más progresistas hablan de que se encuentran en

un proceso de diálogo intercultural, pero pobres son

[3] Uno de los más destacados personajes de la Iglesia, que se abanderó de la causa de los indios, fue fray Bartolomé de las Casas. Decía De las Casas que dentro de los infieles había reyes y señores que por su dignidad recibían de la naturaleza el “Don de Gentes”.

[4] ya San Agustín en el siglo IV habla de la hermandad de todos los hombres, y no únicamente ante Dios (en el sentido abstracto del alma), sino aquí en la tierra.

[5] Todos los hombres estamos llamados a una vida común en Cristo, ante el cual todos somos iguales.

sus ejecutorias, debido a ese arrogante y a la vez pa-

ternalista talante que asumen, pues consideran que

sus creencias son superiores.

La independencia de España no significó que la nue-

va República asumiera su rostro negro o indio. Por el

contrario, las elites criollas vieron a indios y a negros

como rezagos de un pasado que había que superar,

pues eran un obstáculo para el progreso y la civiliza-

ción de Colombia. Abrazando la corriente en boga

del liberalismo económico, y usurpando el término

de “liberal” –que en su sentido histórico significa ser

generoso, humanista, pródigo, altruista y despren-

dido– les negaron a indios y a negros los rasgos étni-

cos distintivos de sus identidades. Paradójicamente

esta negación se hacía en nombre de “la libertad y la

igualdad de todos los hombres”.

La cara bondadosa de la Iglesia, y el sentido igualita-

rio de las doctrinas liberales, no han logrado superar

el racismo manifiesto en la sociedad colombiana.

No hay mejor indicio para ver la inocuidad de sus

acciones en busca de la igualdad que predican, que

los hechos que bien entrado el siglo XX todavía

sucedían en el país: en los Llanos Orientales de Co-

lombia se cazaba a los cuibas, indígenas nómadas

de las llanuras. En aquella región, a esta práctica se la

denominaba “cuibiar”. Aún hay educadores que re-

prenden a niños indígenas por no mostrar una bue-

na disposición para aprender el castellano. y hace

pocos años, un conocido representante del partido

liberal manifestaba que la raíz de todos los males

de los pueblos indígenas era su persistencia en lo

colectivo y comunitario, refiriéndose a las formas

de concebir la tenencia de la tierra, el trabajo y la

distribución de bienes. Decía este personaje, que los

indígenas vivían bajo “sistemas anacrónicos”, en un

mundo donde precisamente los sistemas colectivos

del Este se derrumbaban. Recomendaba, entonces,

para guiar a los indígenas por la senda del progreso,



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icA abolir los resguardos y ponerlos a disposición de la

iniciativa privada.

Para la izquierda tradicional, más doctrinaria, me-

nos marxista, la problemática étnica ha sido cata-

logada como una “contradicción secundaria”. Las

demandas de aquellos pueblos y grupos que recla-

man autonomías, exaltan órdenes comunitarios y

decisiones colectivas, no merecen atención, pues

estos intereses particulares obstaculizan la unidad

del pueblo. Sólo fusionando todas las expresiones

sociales, políticas y culturales se puede converger en

un movimiento para superar el escollo del Estado

capitalista. Semejante a la homogeneidad que nos

plantea la Iglesia al hermanarnos en Cristo, aquí

seríamos todos iguales, hermanos de clase. Existe en

ambas doctrinas una manifiesta discapacidad para

pensar las nuevas realidades de nuestro tiempo, en

especial las que irrumpen en la escena política con

movimientos sociales generados por demandas ét-

nicas y de género.

Estas posiciones a menudo son difíciles de visuali-

zar, debido a la usual retórica de las organizaciones

y los partidos, que incorporan en sus discursos las

demandas de negros e indígenas como una mani-

festación de su solidaridad con estos pueblos, pero

sin asumir (la mayoría de las veces sin entender),

las implicaciones que tienen para su propia práctica

tales manifestaciones de apoyo y solidaridad.

Estos desconocimientos y negaciones que hemos

enunciado aparecerían como actitudes caprichosas,

si no hubieran estado orientadas fundamentalmente

a despojar a estos pueblos de la potestad que tienen

sobre los territorios y los recursos, que es lo que real-

mente les ha interesado a los conquistadores y coloni-

zadores de ayer y de hoy.

Ahora podemos entender por qué indios y negros

tendrían que esperar más de un siglo de vida re-

publicana para que con la Constitución Política de

Colombia de 1991, el Estado buscara conciliar sus

intereses con estos pueblos, al definir el carácter

multiétnico y pluricultural de la nación. También

podemos entender la intransigencia que encontra-

ron en la sociedad cuando comenzaron a plantear

la multietnicidad de la nación: un año antes de la

convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente,

y para prepararse a lo que sería la celebración ofi-

cial de los “quinientos años del descubrimiento de

América”, indígenas y colaboradores de sus luchas

iniciaron lo que se llamó la “Campaña de autodes-

cubrimiento de nuestra América”, precisamente

buscando que se entendiera la multietnicidad y la ri-

queza que esto significaba para el país. No obstante

esta campaña de sensibilización, los candidatos ne-

gros no recibieron el apoyo esperado, y en las elec-

ciones para la Asamblea Nacional Constituyente no

obtuvieron ningún escaño. y los indios, solo debido

al reconocimiento de sus luchas y sus esfuerzos or-

ganizativos lograron dos puestos. Un tercer puesto

lo obtendría el desmovilizado movimiento armado

Quintín Lame.

A partir del V centenario en 1992, la mayoría de los

países latinoamericanos comenzaron a reconocer

constitucionalmente el carácter multiétnico de sus

sociedades. Esto fue un logro de las luchas de los

pueblos indígenas y negros, pero también se debe

a dos hechos coyunturales: después de quinientos

LA HISTORIA DE COLOMBIA ES, DESDE SUS

ORíGENES, UNA HISTORIA DE NEGACIONES. INDIOS

y NEGROS TENDRíAN QUE ESPERAR MÁS DE UN

SIGLO DE VIDA REPUBLICANA PARA QUE EL ESTADO

BUSCARA CONCILIAR SUS INTERESES CON ESTOS

PUEBLOS, AL DEFINIR EL CARÁCTER MULTIéTNICO y

PLURICULTURAL DE LA NACIóN.



Junio

de 2

008años los gobiernos no quisieron cargar con la lápida

de haberse opuesto a una renovación de los ordena-

mientos legales en favor de los indígenas, de acuer-

do con las recomendaciones de muchas entidades

nacionales e internacionales que trabajan en el cam-

po de los derechos humanos y de los derechos de los

pueblos indígenas de todo el mundo. El otro hecho

es que a partir de la década de los noventa comien-

zan a desplomarse regímenes centralistas y autori-

tarios, a la vez que surgen aspiraciones étnicas que

se creía eran cosas del pasado. Esta tendencia que

observamos a nivel mundial, influenció a muchos

gobiernos para reconocer, aunque fuera en el papel,

derechos fundamentales a los pueblos indígenas.

A pesar de este reconocimiento general a nivel lati-

noamericano, ningún Estado, con excepción de las

actuales Bolivia y Ecuador, ha mostrado voluntad

política para eliminar las condiciones económicas,

políticas y culturales que excluyen y marginan a los

pueblos indígenas y negros. En algunas regiones de

Colombia (principalmente en el Cauca), pero ante

todo en el sur de México (Chiapas), han sido los

propios pueblos indígenas los que con sus moviliza-

ciones han presionado –con logros limitados– para

que se pongan en práctica los derechos reconocidos

en sus constituciones políticas.

Las luchas por el reconocimiento de los pueblos

indígenas y negros, y la búsqueda de la convivencia

intercultural como fundamento de la nación plurié-

tnica

Plantearse la cuestión de la pluriculturalidad supone

preguntarse por el fundamento de toda convivencia

humana, por los horizontes en que las comunidades

y los individuos se la imaginan, por los elementos

que abarca esa convivencia, por los contenidos que

aceptan de otras culturas, o aquellos de los cuales

tienen que despojarse para hacerla viable, y por la

manera como los pueblos van identificando a otros Car

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icA pueblos como iguales a pesar de sus diferencias,

desigualdades, inconexiones y uso de símbolos dis-

tintos para expresar problemáticas semejantes.

Lo primero que deducimos del rápido recuento his-

tórico que hemos hecho sobre las formas de conce-

bir la nación y los caminos para hacerla realidad en

países pluriétnicos, es que sin el reconocimiento y la

restitución de derechos históricos usurpados no es

posible hablar de sujetos con capacidad para decidir

sobre sus vidas y pensar su futuro.

Lo segundo es que sin sujetos con derechos resta-

blecidos y sin apremios económicos y sociales que

coarten o restrinjan sus voluntades, no es posible

entablar un diálogo intercultural que conduzca a la

formación de una nación pluriétnica.

En tercer lugar, podemos afirmar que el legado cul-

tural e institucional que heredamos de los pueblos

ibéricos impidió que se desarrollaran corrientes

propias del pensamiento más acordes con nuestras

realidades. El absolutismo, que en América condujo

al caudillismo, negaría cualquier forma de demo-

cracia, y la unión entre Iglesia y Estado conduciría a

formas dogmáticas del ejercicio del poder.

En cuarto lugar podemos concluir que la imagen

de una América mestiza, no obstante haber tenido

tantos seguidores y haber sido el ideal de muchos

políticos, escritores y artistas de la talla de Bolívar,

José Martí, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda,

los muralistas mexicanos David Alfaro Siqueiros y

Diego Rivera, aquí en Colombia no prosperó, salvo

en algunos murales de Pedro Nel Gómez.

y no prosperó porque las elites colombianas, des-

pués de la muerte de Bolívar y la disgregación de la

Gran Colombia, comenzarían a pensar la nación a

partir del componente blanco europeo, alrededor

del cual debía girar el ideario de la nacionalidad.

Se impuso la idea de que en la diversidad cultural

y regional estaba el principal obstáculo para la in-

dependencia y, por supuesto, la construcción de la

identidad nacional. y se desechó el argumento de

que no es negando la diversidad, sino exactamente

al revés, reconociéndola y afirmándola, donde de-

bemos encontrar las bases para la constitución de la

nación.

ya para finales del siglo XIX las elites, tanto liberales

como conservadoras, no miraban con buenos ojos la

existencia de regiones organizando su vida económi-

ca y política de manera diferenciada, obedeciendo a

particulares patrones sociales, geográficos y cultura-

les, al margen de los lineamientos que para construir

el Estado-nación venían emitiendo los centros de

poder político que se conformaban en el país.

El antropólogo Armando Moreno Sandoval (1998),

en un texto sobre el tema que venimos tratando,

presenta el pensamiento de un ilustre intelectual de

la época:

en 1861 José María Samper (intelectual, po-

lítico y militar colombiano), señalaba en su

“Ensayo sobre las revoluciones” los contrastes

y la diversidad de la sociedad de aquel enton-

ces (...). Colombia a mediados del siglo XIX ya

había logrado consolidar diferentes enclaves

con cierta singularidad regional y étnica, que

le servirían a la elite intelectual y política para

marcar los contrastes entre las diferentes re-

giones y donde los rasgos raciales serían decisi-

vos para definir su componente cultural.

Pero estas regiones que se conformaban a partir

de rasgos étnicos, iban en contravía del poder cen-

tralista que estaban construyendo las elites, ya que

argumentaban que ésta era la forma más expedita

para la desintegración de la naciente República. La

integración de la nación se había erigido como pa-

radigma y objetivo principal de las elites. Es así como

la construcción de una cultura nacional, de una



Junio

de 2

008

colombianidad, se convierte en el principal proyecto

político de estas elites. Todo lo diferente se ve como

estorbo. Las culturas indígenas son catalogadas

como “rezagos del pasado”, sus defensores como

“apóstoles del regreso”.

De la misma manera, pero profundizando y especi-

ficando cómo debía ser el fundamento de la nacio-

nalidad colombiana, piensa el geógrafo y cartógrafo

Francisco Javier Vergara y Velasco. La geografía fue la

disciplina que empleó para conocer el país, sus ríos,

mares, selvas y montañas. Pero también para iden-

tificar a las poblaciones, sus prácticas agropecuarias,

los sistemas de intercambio comercial entre las regio-

nes y, ante todo, su historia y sus culturas. Este pione-

ro comenzó en 1901 a presentar una nueva geografía

del país y a delinear lo que podría ser “la Patria”.

De él nos dice Moreno Sandoval que:

reflexionando que lo colombiano no podía

representarse en la diversidad étnica y pre-

gonando a la vez su visión integradora, se

preguntaba: ‘¿Será pues raro que en Colombia

no exista aún pueblo colombiano, ni lo haya

todavía en muchos años, si no se combaten las

ideas separatistas y el lugareñismo que domi-

na en las varias zonas naturales del país?’”.

y continuaba:

En Colombia, salvo el barniz de la característica

española, ardiente e impresionante, exagerada

a veces por el clima, o la de indios y negros, no

hay tipo en verdad nacional; pero sí existen ti-

pos locales que tienden a acentuarse divergien-

do más y más, y ¡hay de la patria si todos los

hombres entendidos no ayudan a combatir sin

tregua y con esfuerzo grande tales tendencias!6

Moreno concluye que Vergara y Velasco “al no en-

contrar en el mestizaje su tipo nacional, se quejaba

de que el mestizaje se estaba imponiendo en el país”.

De esta forma, Vergara y Velasco manifiesta la idea

de que lo colombiano debía identificarse con el

componente blanco europeo7 .

Pero al encomio de lo blanco como elemento cons-

titutivo de la nacionalidad, las elites gobernantes

unen las ideas de progreso y desarrollo económico,

sin las cuales no sería posible encauzar un proceso

civilizador que superara los estados de pobreza,

ignorancia y violencia8 . En lo corrido de la mitad

[6] Moreno Sandoval toma estas citas de Jorge Orlando Melo (1990).

[7] Como lo refleja este estribillo de la época: “Los blancos/ somos los buenos,/ los blancos/ ni más ni menos”.

[8] Que estas ideas harían escuela nos lo señala la Ley 114 de diciembre 1922, “sobre inmigración y colonias agrícolas”, que en su artículo 1 dice: “Con el fin de propender al desarrollo económico e intelectual del

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icA del siglo XX estas ideas se intensificaron de forma

especial, generando nuevos prejuicios hacia los

pueblos indígenas y negros, caracterizados como

pertenecientes a “culturas renuentes al progreso”.

El avance de la ciencia y la técnica en los países

centrales del capitalismo había deslumbrado de tal

manera a nuestras elites, que la idea del progreso,

basado en esos adelantos, fue convertida en una

ideología, de acuerdo con la cual todos los pueblos

deberían marchar hacia una meta ideal de la civiliza-

ción. Según Walt Whitman Rostow, lograr esa meta

implicaba haber pasado por diversos estadios de de-

sarrollo, después del “take off” (despegue). Para este

despegue se necesitaría un nivel de acumulación

suficiente que garantizara un desarrollo sostenido.

Siguiendo este orden de ideas, la existencia de siste-

mas económicos colectivistas, que no están orienta-

dos por la ganancia y la acumulación, se convierten

en un “lastre para el desarrollo” y en “obstáculos”

para alcanzar esos ideales de civilización9. Tomas O.

Eastman, ministro de Hacienda de Carlos E. Restre-

po, usualmente soltaba perlas del siguiente tenor:

“Cuando uno de esos liberales te espete un discurso

país y al mejoramiento de sus condiciones étnicas, tanto físicas como morales, el Poder Ejecutivo fomentará la inmigración de individuos y de familias que por sus condiciones personales y raciales no puedan o no deban ser motivo de precauciones respecto del orden social o del fin que acaba de indicarse, y que vengan con el objeto de labrar la tierra, establecer nuevas industrias o mejorar las existentes, introducir y enseñar las ciencias y las artes, y en general, que sean elementos de civilización y progreso”.

[9] Los países centrales del capitalismo se habían convertido en el referente obligado para el progreso y desarrollo económico de nuestros países. Según esta idea, todos los países debían recorrer las mismas etapas para alcanzar el desarrollo. Esta visión no solo niega las singularidades propias de cualquier proceso histórico, sino que se convierte en un fundamento de la expansión del capitalismo.

colectivista, fíjate y notarás en él muy pronto el ojo

oblicuo de las razas inferiores”.

Más usual de lo que creemos, en nuestro país hay

más muestras de dogmatismo que de avidez por la

investigación despojada de prejuicios, y por la explo-

ración de nuevas posibilidades para la convivencia,

como lo muestra la patanería arrogante del señor

Eastman con su mordaz y cínico chiste. y como lo

han mostrado también muchos epígonos colom-

bianos de Herbert Spencer, quien introdujo en las

ciencias sociales el concepto que Charles Darwin

propuso para explicar la evolución de las especies:

la supervivencia biológica del más apto. Con funda-

mento en este concepto, y cabalgando en el presti-

gio de Darwin, se buscó explicar por qué los indios y

negros estarían destinados a desaparecer.

También tuvo adeptos en nuestro país el conde Jose-

ph Arthur Gobineau, escritor y diplomático francés,

que en un ensayo sobre la desigualdad de las razas

humanas, publicado en 1855, presenta su teoría

según la cual la raza aria, en especial los pueblos ger-

mánicos puros, era la que más se había destacado

en todas las artes y las ciencias. Consideraba que el

mestizaje era una forma de degeneración y la ma-

nera más eficaz de eliminar las facultades creadoras

de los pueblos arios. Estas ideas fueron acogidas por

el inglés Houston Steward Chamberlain. Su fama se

regó por todo el mundo, pues en su libro Los funda-

mentos del siglo XIX, “presenta las pruebas” de la su-

perioridad de la raza nórdica. Divulgado el libro en

los Estados Unidos de América, revivió la nostalgia

de los hacendados sureños por la esclavitud, dando

lugar en 1915 al resurgimiento del Ku-Klus-Klan,

secta que había aparecido durante la guerra de sece-

sión en 1865, y que había sido prohibida en 1871.

Estas ideas llegadas de Europa fueron discutidas en

nuestro país con más pasión que objetividad, y se

aceptaban o rechazaban de manera intransigente.



Junio

de 2

008Fue este tono proselitista el que empañó el pensa-

miento colombiano frente al indígena y el negro

durante muchas décadas.

Ocuparía mucho tiempo hacer un barrido por todos

los pensadores que bebieron en estas canteras del

pensamiento racista, pero vale la pena mencionar

los más importantes, quizás más representativos,

que con escuetas y lapidarias entelequias del social-

darwinismo o fundadas en “determinismos geo-

gráficos”, justificaron el racismo hacia los pueblos

indígenas y negros.

Con un concepto tan impreciso como es el de “raza”,

Laureano Gómez (1970), en conferencias dictadas

en 1928, nos habla de los problemas del país.

Sobre la raza:

Nuestra raza proviene de la mezcla de españo-

les, indios y negros. (...) Es en lo que podemos

haber heredado del espíritu español, donde

debemos buscar las líneas directrices del carác-

ter colombiano contemporáneo. Pues lo que

aportan los indígenas y negros a nuestra he-

rencia son estigmas de completa inferioridad.

Sobre el negro:

El negro muestra un espíritu rudimentario e

informe. Permanece en perpetua infantilidad.

La bruma de una eterna ilusión lo envuelve y el

prodigioso don de mentir es la manifestación

de esa imagen de las cosas, de la ofuscación

que le produce el espectáculo del mundo.

Después de esta definición rimbombante sobre el

negro, concluye:

El elemento negro constituye una tara: en los

países en donde él ha desaparecido, como en

la Argentina, Chile y Uruguay, se ha podido es-

tablecer una organización política y económica

con sólidas bases de estabilidad.

Sobre el indio:

...segundo de los elementos bárbaros de nues-

tra civilización, ha transmitido a sus descen-

dientes el pavor de su vencimiento, el rencor

de la derrota, (...) parece haberse refugiado en

el disimulo taciturno y la cazurrería insincera y

maliciosa. Afecta completa indiferencia por las

palpitaciones de la vida nacional. Está narco-

tizado por la tristeza del desierto, embriagado

con la melancolía de sus páramos y bosques.

Sobre el mestizo:

el mestizo primario no constituye un elemento

utilizable para la unidad política y económica

de América, conserva demasiado los defectos

indígenas: es falso, servil, abandonado y repug-

na todo esfuerzo y trabajo.

Sobre mestizos y mulatos:

en los mestizos y mulatos se combinan las

cualidades discordantes de los padres. Las dos

cosas tienen por efecto común (...) que son

fisiológica y psicológicamente inferiores a las

razas componentes.

Sobre los norteamericanos:

ya perdimos el istmo. (...) ya nuestros minera-

les preciosos salieron del patrimonio; el único

petróleo que se explota es el de los norteame-

ricanos. Cada día adquieren algo nuestro los

más capaces, los más ricos, los más fuertes.

Sobre la raza y el clima:

La distribución del calor y la humedad no hace

apto nuestro territorio para el establecimien-

to de una buena organización social. Somos

especie de inmenso invernadero, depósito de

incalculables riquezas naturales, que no hemos

podido disfrutar porque la raza no está acondi-

cionada para hacerlo.



etniA

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icA Estas ideas no eran exclusivas de pensadores ultra

conservadores como Laureano Gómez. También

cohabitaban en el partido liberal y en mentes impor-

tantes como la del destacado político y hombre de

ciencia Luis López de Mesa. Sus escritos más conoci-

dos versan sobre la formación de la nacionalidad co-

lombiana: ¿Cómo se ha formado la nación colombiana?,

y Los problemas de la raza en Colombia. Allí plantea la

necesidad de la modernización de la sociedad colom-

biana y la constitución de la nación. El negro y el indio

son, a juicio del profesor López de Mesa, los factores

del atraso en el cual estaba sumida Colombia. Plan-

tea por tanto la integración de estos dos grupos a una

raza superior, que para él era la blanca europea.

Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano, fue uno

de sus grandes seguidores. Solía utilizar, para refe-

rirse a los pueblos indígenas, términos como los de

“decadencia”, “pueblos sin historia”, que tenían una

“concepción fatalista del porvenir”. Sin la religión

estos pueblos seguirían en las tinieblas, pues “la

religión llevó al nuevo mundo el optimismo que se

apoya en la redención del hombre y que faltaba en

las religiones autóctonas”. Recurre al pensamiento

del alemán Oswald Spengler10, para afirmar con

él que “los hechos son más importantes que las

verdades”. De allí que para él la historia de América

empieza con el hecho de la Conquista. y en realidad,

ya para la época en que Gómez (padre) hacía sus

disertaciones sobre la inferioridad de nuestra raza,

de las ideas se pasaba a los hechos: Hitler se alzaba

con el poder en Alemania y preparaba la limpieza

étnica, en Colombia se desataba la violencia contra

indígenas, negros y campesinos mestizos, violencia

que aún no termina. y en Ciénaga (1928) se llevaba

a cabo la masacre de las bananeras (el hecho), para

[10] “Filósofo diletante que le rinde culto a los hechos”, al decir de Jürgen Habermas.

romper la huelga de los trabajadores negros y mes-

tizos por arrancarles mejores condiciones de vida a

sus patrones de la United Fruit Company, “los más

fuertes, los más capaces”.

Aunque hay mucha historia transcurrida, que mar-

caría grandes diferencias con esas ideas, todavía

subyacen prejuicios provenientes de ellas, que han

obstaculizado la construcción de una nación pluri-

cultural.

La búsqueda de la convivencia intercultural como fundamento de la naciónCon el surgimiento de una escuela etnológica en el

país a comienzos de los años cuarenta, comienza a

emerger un discurso que reclama la importancia de

las culturas de los indios y de los negros en el país,

señalando su participación en la historia de Colom-

bia y sus aportes a la formación de una identidad

nacional.

y con el surgimiento del actual movimiento indíge-

na en Colombia, al calor de las luchas campesinas

de los años setenta, se empieza a dar un verdadero

revolcón en el país, en lo que a la idea de la nación

multiétnica se refiere: con estas luchas empezaría

nuestra criolla “ilustración”.

Próximos a celebrar los doscientos años de vida re-

publicana, los indígenas, como también los afroco-

lombianos, los isleños raizales y otros grupos étnicos

y culturales del país, plantean de nuevo, entonces,

la posibilidad de que se establezca una convivencia

pluricultural, solidaria con la construcción de un

proyecto nacional autónomo.

Pero falta mucho camino por andar para que ese

tipo de nación con la cual nos identifiquemos todos

sea una realidad.



Junio

de 2

008

Primero, necesitamos ejercitar la democracia.

Friedrich Nietzsche decía que la democracia era un

asunto para los débiles. Esta idea, en las manos del

avieso Joseph Goebbels, serviría de sustento al pro-

yecto de dominación Nazi. Sin embargo, Nietzsche

tenía razón, pues los débiles necesitan practicar la

democracia si algún día quieren ser fuertes. Ningún

grupo puede entonces imponerles su voluntad a los

otros sin poner en peligro la unidad. Así no se cons-

truye interculturalidad, ni sociedades democráticas.

La democracia es un principio fundamental de la

interculturalidad y la convivencia.

Segundo, aunque después de la Constituyente 1991,

los diferentes pueblos tradicionalmente excluidos

(negros, indígenas y campesinos), han tenido un

notorio acercamiento en términos políticos, son la

competencia por la tierra y sus recursos, factores

significativos que alteran la convivencia. Pero estos

conflictos que se derivan de la competencia por los

recursos territoriales son reconocidos y debatidos

abiertamente por las dirigencias de estos pueblos.

No sucede lo mismo con los conflictos que se derivan

de las diferencias culturales o religiosas. Aquí la diri-

gencia y las organizaciones no aceptan que se deba-

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tan, pues consideran que estos son asuntos propios

de la cultura, que no admiten intromisión alguna.

Tercero, categorías antinómicas como endógeno/

exógeno y propio/ajeno, son útiles para indagar

grados de aculturación o pérdida de autonomía de

un pueblo. Pero exacerbar el valor de las primeras,

menoscabando la importancia de las segundas, pue-

de conducir a una exagerada autonomía, que cierra

las puertas al otro y, por tanto, a la construcción de

la interculturalidad, cosa que es altamente inconve-

niente en regiones multiétnicas. Allí la intercultura-

lidad es necesaria, no solo como herramienta para

“la construcción social de la región” (Sergio Boisier),

sino porque ningún grupo humano, pueblo o so-

ciedad, ha podido avanzar y reproducirse partiendo

de su propio sustrato. El aislamiento conduce, en el

mejor de los casos, al estancamiento.

Cuarto, la interculturalidad es vida, es práctica.

No sólo saber. Es ante todo proceder. La multi-

culturalidad –existencia de muchas culturas– es

una realidad de nuestro país. La interculturalidad

–convivencia, entendimiento entre las culturas– es

una realidad por construir. Pero construir la inter-

culturalidad no es un camino fácil. Tomando lo que

decía Gaston Bachelard para la educación, que “para

aprender, primero hay que desaprender”, para la in-

terculturalidad, a fin de entender al otro, de convivir

con los otros, con los diferentes, hay que despojarse

de muchos prejuicios aprendidos.

La interculturalidad es diferente al biculturalismo,

o sea, vivir dos mundos al mismo tiempo, como

sucedería a niños negros que habitan en regiones

indígenas, donde el cabildo los obligara a practicar

las costumbres indígenas, además de las propias, o

Car

los G

ómez

Ari

za



Junio

de 2

008viceversa. Cuando hablamos de interculturalidad,

estamos hablando de una cultura que apropia y se

enriquece con elementos de otras culturas, y que

en aras de construir una convivencia, prescinde de

aquellos elementos circunstanciales y no esenciales

de su cultura, que afecta a los otros.

Para iniciar un proceso intercultural se requiere un

diálogo entre iguales y entre culturas con capacidad

de decisión, sin que medie algún tipo de coacción.

Es decir, no hay interculturalidad sin cimientos (sin

poseer un núcleo sólido de expresiones culturales

propias que le confieran identidad al grupo), como

tampoco se construye interculturalidad si ese grupo

no abre sus ventanas a los demás para permitir la in-

teracción. La divisa sería construir un futuro que sea

propio y a la vez abierto a los vecinos.

No se construye interculturalidad si se tiene una

visión simple del otro, o no se lo acepta como igual.

Los esencialismos conducen a oposiciones que inhi-

ben o bloquean cualquier proceso intercultural.

Quinto, muchos pueblos, debido al desconocimien-

to autoritario que han sufrido por parte de las elites,

responden a menudo con fundamentalismo. El

fundamentalismo es un producto del autoritarismo,

pero también la forma que a menudo se adopta

para responder al autoritarismo. El fundamenta-

lismo no es un buen consejero para establecer un

diálogo intercultural.

En Europa es donde se ha avanzado más en el es-

tudio de la problemática de la interculturalidad

en países multiculturales, debido a la tradición de

coexistencia de distintos pueblos en un mismo te-

rritorio y, recientemente, a los conflictos culturales

con consecuencias violentas. ¿Cuáles han sido las

conclusiones que han sacado los europeos de los

conflictos que se derivan de la multiculturalidad, es

decir, de la existencia de culturas diferentes en un

mismo espacio? Dicho de otra manera: ¿cómo es

que se han imaginado la compaginación de la plura-

lidad cultural con la unidad de un orden social?

Empecemos diciendo que han perfilado su bagaje

conceptual, diferenciando el multiculturalismo de

la pluriculturalidad. Esta última sería la alternativa al

multiculturalismo.

Para entender esto miremos la definición de los dos

conceptos y sus diferencias. El sirio Bassam Tibi, pro-

fesor de relaciones internacionales de la universidad

de Göttingen (Alemania), explica el multicultura-

lismo mostrando las etapas de formación de este

“pensamiento”: en una primera etapa se parte de la

realidad de que existen varias culturas en un mismo

espacio. En una segunda etapa se acepta que estas

culturas requieren un reconocimiento constitucio-

nal. Hasta allí, nos dice Tibi, todo anda bien, hasta

que vemos la tercera etapa del planteamiento del

multiculturalismo, el cual exige que las diferen-

cias culturales se eleven a la categoría de derechos

fundamentales (o naturales). Esta tercera fase del

planteamiento multiculturalista no es del todo

aceptable, ni tiene fundamento político, pues im-

plica que en un mismo país existan varios derechos

fundamentales derivados de valores culturales que

pueden estar en abierta contradicción.

La diferencia entre los dos conceptos es que la plu-

riculturalidad reconoce la diversidad cultural, pero

establece una condición: para garantizar la armonía

y la convivencia entre las diferentes culturas en un

mismo espacio, es decir, para que se desarrolle la

interculturalidad, debe aceptarse un “consenso de

valores” que delimite los derechos que emanan de

una diversidad cultural que en principio no tiene

límites. Los valores que han ganado consenso en

nuestra Colombia multicultural pertenecen todos

aquellos que tienen que ver con la democracia, la

secularidad y los derechos humanos individuales. El



etniA

S &

PoLÍt

icA planteamiento pluricultural amarraría así la diversi-

dad cultural a un orden de valores, promoviendo la

convivencia, en contraposición de la ideología mul-

ticulturalista que pone barreras y obstruye cualquier

acercamiento intercultural.

La puesta en práctica de las premisas multicultura-

listas (o multiétnicas para hablar en los términos

que habla la Constitución Política de Colombia de

1991), dan como resultado sociedades paralelas,

o conducen a la creación de tantas naciones como

grupos étnicos haya en el país, conduciendo a que

se aleje una vez más la posibilidad de construir la

nación pluricultural y democrática que anhelamos.

y decimos construir una nación, porque hasta

ahora no existe11 . A no ser que coincidamos con el

profesor Bushnell, que con buen sentido del humor

afirma que “la habilidad para ‘arreglarselas’ (el

rebusque) es ciertamente uno de los rasgos (de los

colombianos) para incluir en cualquier modelo con-

fiable del carácter nacional”. En este sentido discre-

pamos de los seguidores de la teoría de la liberación

nacional, pues la nación no es un paraíso secuestra-

do que hay que liberar, sino un espacio en perspecti-

va de construcción, un horizonte por conquistar.

Sin embargo, construir la nación no es un puerto de

llegada. Es un punto de partida para conquistas de

más envergadura como la de “recuperar” el Estado,

[11] “El problema de la imagen de Colombia como nación se complica con las ambivalentes características de los mismos colombianos. Además de su tendencia reciente a ser los primeros en subrayar los aspectos negativos del panorama nacional, los colombianos continúan exhibiendo diferencias fundamentales en cuanto a clase, región y, en algunos casos, raza. Es por lo tanto un lugar común decir (y los colombianos son los primeros en afirmarlo) que el país carece de una verdadera identidad nacional (...) por lo menos si se compara con la mayoría de sus vecinos latinoamericanos” (Bushnell, 2007).

que tradicionalmente ha servido a intereses elitistas

y ha perdido, con la apertura económica neoliberal,

gran parte de su soberanía. Este Estado, para que sea

verdaderamente democrático, no solo debe dirigir

la economía de acuerdo con los intereses de toda la

colectividad y recuperar su soberanía, sino que tiene

que ser reformulado teniendo en cuenta la realidad

sociocultural de la nación, que es multicultural.

Ahora, cuando Colombia se mueve entre la para-

política, la narco-parademocracia, y el clientelismo,

y parece que estuvieran desterradas las posibili-

dades de construir una democracia que parta de

reconocer las particularidades étnicas y regionales,

tenemos que seguir manteniendo viva la idea de la

nación pluriétnica y seguir persistiendo, aun con

más ahínco, con más pedagogía y cercanía a las co-

munidades, en los caminos de la democracia.

Con ese fin surgió la “Escuela de formación inte-

rétnica para la resolución de conflictos”, en la cual

participan indígenas nasa, eperara siapidaara,

wounaan, negros, y campesinos del Pacífico y otras

regiones país. En esta escuela interétnica ha sido

muy importante la participación de los campesinos.

La identificación afectiva de negros e indígenas con

ellos, ha conducido a que haya un inusitado interés

por indagar más sobre la identidad de este grupo.

Cuando en Colombia se habla de “grupos étnicos”

se está haciendo referencia a los pueblos indígenas

y negros, a los gitanos y a los raizales de San Andrés

islas. La escuela considera que es necesario debatir si

este calificativo de pueblos o grupos étnicos debería

extenderse a los campesinos, como sucede en Chia-

pas o Guatemala, donde las luchas han conducido

a que los campesinos sean considerados como un

grupo étnico más, para acortar distancias cultura-

les y derribar fronteras étnicas con el fin de buscar

la unidad para la reconstrucción democrática del

Estado.



Junio

de 2

008Aunque en Colombia esta discusión no se ha dado,

la apreciación que tenemos es que en el Cauca, por

sus particularidades de región pluriétnica, y por el

perfil y desarrollo de sus luchas, se dan condiciones

que favorecen una perspectiva política que difumina

las fronteras étnicas. De hecho, la realidad muestra

que en esa región, más que en otras, a las luchas de

los indígenas se han venido uniendo campesinos

blancos, mestizos y negros, no sólo por la necesidad

de la tierra, sino también por una creciente identifi-

cación con las luchas que desarrolló el CRIC.12

Para la región del río Naya y del Bajo río San Juan

son de gran relevancia estos acercamientos y

“mestizajes”13culturales y políticos, pues señalan

caminos para reducir las tensiones y polarizaciones

entre los grupos, que impiden la fusión de esfuerzos

y voluntades para construir un proyecto social y po-

lítico común.

Echar a andar un proceso intercultural de tal enver-

gadura necesita superar dos obstáculos. El primero

de ellos es que las organizaciones requieren, lo deci-

mos con franqueza, renovar sus liderazgos. Lideraz-

gos que sean receptivos a nuevas ideas. Liderazgos

que le impriman a sus movilizaciones un marco más

coherente y más acorde con la realidad que viven

sus pueblos. Los lemas de “unidad”, “territorio”,

“cultura” y “autonomía” son banderas que unieron

[12] ̈ Pareciera que los indígenas del Cauca, al compartir sus espacios organizativos con los campesinos, estuvieran saldando una deuda histórica, pues no hay que olvidar que las exitosas luchas indígenas del Cauca, en esta última etapa de movilización, surgieron con las luchas campesinas por la tierra.

[13] Más que de un “mestizaje” se trata de una identificación con un proyecto político. Algo diametralmente opuesto al proyecto de la elite, que ha visto en la eliminación de la diversidad de identidades una condición para la fundación de la nación.

en un solo haz las luchas indígenas. Empero, son hoy

insuficientes para enfrentar los nuevos poderes ge-

neradores de desigualdad, que tienen que ver con la

transnacionalidad de las decisiones económicas que

impone la globalización neoliberal.

El segundo obstáculo es el miedo a perder la identi-

dad y el determinismo de lo propio y autóctono de

su historia particular, un miedo que impide enten-

der las condiciones de existencia de los otros, sin lo

cual es imposible unirse con los diferentes y com-

partir con ellos proyectos comunes. Para decirlo en

palabras de un amigo de indígenas y negros: “Perder

el miedo a enfrentar la tarea de construir una esta-

bilidad en la inestabilidad, que implica el ejercicio

mimético de los seres humanos de ‘danzar entre la

similitud y la diferencia’” (Michael Taussig).

Referencias BUSHNELL, D. (2007). Estudiando a Colombia. El Tiempo,

Lecturas Dominicales. Bogotá, 1 de diciembre.

GóMEZ, L. (1970). Interrogantes sobre el progreso de Colombia, Colección Popular, 29, Bogotá.

MELO, J. O. (1990). Qué es ser colombiano. El Tiempo, Lecturas Dominicales. Bogotá, 23 de septiembre.

MORENO, A. (1998). El indio: entre el racismo, la nación y la nacionalidad colombiana. 1º Congreso virtual de antropología. http://www.naya.org/congreso/ponencia1-13.htm consultado 15-07-2008.

ROSERO, C. (2003). Alcances, limitaciones y posibilidades de la resistencia civil. Revista Asuntos indígenas 4, 4/03 IWGIA.

ZAVALA, S. (1963). La defensa de los derechos del hombre en América Latina. París: Unesco.

La batalla en Bolivia es decisiva para los pueblos indígenas

El 4 de mayo en Cochabamba, con sus chalecos tejidos detalladamente con

hilos de todos los colores y con sus gorros, y las mujeres con sus blusas borda-

das, marcharon miles de indígenas. La multitudinaria manifestación fue una

fiesta de lucha en que 500 mil personas explicaron con su desfile diverso que

no están dispuestas a dejar que se detenga el proceso de cambios ni a permi-

tir que los poderes económicos

de siempre mantengan atada a

Bolivia. Eran indios e indias, pero

además el Sindicato de Obre-

ros Fabriles y otras organizacio-

nes obreras, la Coordinadora

Popular del Agua, los barrios

populares de la ciudad, todos

los campesinos, las miles de

campesinas de la organización

“Bartolina Sisa”.

El mismo día hubo manifes-

taciones gigantes en El Alto,

La Paz, Oruro y Potosí. En

cada uno de los sitios que

escribieron la agenda de

octubre de 2005, las vic-

torias de la guerra del gas,

la guerra de la coca y la guerra del agua. indÍ

GenA

S de

AM

ÉRic

A

Marcela Olivera

Junio

de 2

008

Héctor MondragónInvestigador Cecoin.

Toda la historia que no quiere detenerse frente

a la agenda de la autonomía departamental que

quieren imponer los grandes propietarios de

tierras, los grandes empresarios y las transnacio-

nales de la privatización de las riquezas naturales

y los servicios públicos.

Hay quienes piensan que el partido de gobierno,

el Movimiento al Socialismo (MAS), dejó a la

derecha la bandera de la autonomía (Harneker,

2008; Contreras, 2008). Pero este es un juicio

equivocado. No hay ahora en Bolivia, de ninguna

manera, una lucha entre la autonomía y el cen-

tralismo. Para quienes solamente tienen acceso

a la información propalada por los grandes me-

dios, esta afirmación puede resultar sorpresiva,

pero puede probarse fácilmente.

El texto de Nueva Constitución Política del Estado

(2007), aprobado por la Asamblea Constituyen-

te, y defendido por el gobierno de Evo Morales y

por muchas organizaciones populares, y que será

sometido al voto del pueblo, establece cuatro au-

tonomías: la de los departamentos; la de regiones

que unan a las provincias y municipios; la de los

municipios; y la autonomía de las comunidades

indígenas y campesinas. Para la oligarquía, en

cambio, se trata de la autonomía departamental

por sobre la de las provincias y municipios, y anu-

lando la autonomía indígena y campesina.

La oligarquía no acepta la autonomía específica

para las comunidades rurales, sólo admite “mu-

nicipios indígenas”, pero además pretende que

las cuestiones relativas a la propiedad rural, la

reforma agraria, la demarcación de los territorios

indígenas, los recursos naturales y el régimen

económico y laboral no dependan del poder

central, de manera que se trata de una “autono-

mía” a favor del latifundio, los agronegocios, las

concesiones de recursos naturales a empresas

extranjeras y las privatizaciones. Quieren sustituir

el antiguo centralismo nacional que ya nadie

defiende por la centralización del poder en los

gamonales departamentales, buscan una especie

de descentralización perversa que, lejos de forta-

lecer la democracia autónoma de base, aumenta

el poder de la élite y la capacidad de operación del

gran capital transnacional.

¿Qué es lo que se define?Para concretar cuál es la lucha que se libra en

Bolivia se pueden leer las pretensiones del Pro-

yecto de Estatuto del Departamento Autónomo

de Santa Cruz, que como los similares de Beni,

Pando y Tarija, expresa bien lo que quieren las oli-

garquías capitalinas departamentales.

El artículo 6 de los departamentalistas da com-

petencia legislativa al departamento en lo que se

refiere a tierra, bosques, agricultura y ganadería,

trabajo y relaciones laborales. Es decir, que garan-

tiza a los señores que podrán seguir imponiendo

autónomamente su dominio sobre la propiedad

de la tierra, despojo territorial de los pueblos in-

dígenas y relaciones serviles o esclavistas.

El 13 de abril de 2008, autoridades nacionales

bolivianas, acompañadas por Wilson Changaray,

vicepresidente de la Asamblea del Pueblo Gua-

raní (APG) y otros indígenas, intentaron rescatar

a guaraníes retenidos de por vida para ejecutar

servidumbre en la hacienda Larsen (propiedad de

un norteamericano) y otras fincas de Chaparraci-

to (Camiri). Consejeros departamentales, alcal-

des, terratenientes y vándalos de la Unión Juvenil

Cruceñista impidieron, mediante un violento ata-

editorial Puntos de vista i n d Í G e n A S d e A M É R i c A Actualidad documentos60

[ La batalla en Bolivia ]

etniA

S &

PoLÍt

icA que que causó varios heridos, que se cumpliera una

inspección en cumplimiento de las leyes 1715 y 3545

de reforma agraria y función social de la propiedad

(APG, 2008). Así entienden los departamentalistas

el ejercicio de la autonomía en los asuntos de tierras

y régimen laboral.

En todo el mundo, la única forma de romper la ar-

bitrariedad latifundista, patronal y racista es lograr

que las leyes de tierras, derechos laborales y contra

la discriminación racial sean centralizadas y apli-

cadas por el Estado central, debido al control local

o departamental que establecen los gamonales

y racistas. Así, fueron las autoridades “federales”

(centrales) las que impusieron en Estados Unidos

las leyes de derechos civiles contra la discriminación

racial. Solamente protegidos por la guardia nacional

estadounidense podían los estudiantes afroameri-

canos entrar a colegios y universidades bloqueados

por gobernadores como George Wallace, alcaldes y

turbas de linchadores racistas.

El artículo 398 del texto de Nueva Constitución

Política del Estado encausa la lucha contra el la-

tifundio, considerado no solamente como tierra

desperdiciada o que no cumple la función social de

la propiedad, sino además como haciendas donde

se somete al trabajador a condiciones serviles, de

semiesclavitud o esclavitud, o cuya extensión supera

un límite de hectáreas en manos de un propietario

(5 mil o 10 mil). Estas dos últimas causales de la cali-

ficación de una finca como latifundio pretenden ser

eliminadas por el artículo 104 del estatuto departa-

mentalista, que además sólo reconoce la propiedad

privada “tanto individual como colectiva”, y elimina

la definición radicalmente diferente del carácter de

la propiedad colectiva como inalienable, inembar-

gable, imprescriptible, indivisible e irreversible que

el artículo 394 III del texto de Nueva Constitución

Política del Estado reconoce a las propiedades colec-

tivas o comunitarias indígenas y campesinas.

Por otra parte, el artículo 6 de los departamen-

talistas también otorga autonomía legislativa al

departamento para definir sobre el ordenamiento

territorial, únicamente en concurrencia con los go-

biernos municipales autónomos, sin atender a los

derechos de los pueblos indígenas, desatendiendo el

régimen de autonomía de Bolivia.

En cambio, el texto de la Nueva Constitución Po-

lítica del Estado establece en el artículo 290, que

“la autonomía indígena originaria campesina es

la expresión del derecho del autogobierno como

ejercicio de la autodeterminación de las naciones y

los pueblos indígenas originarios y las comunidades

campesinas, cuya población comparte territorio,

cultura, historia y lenguas, organización o institu-

ciones jurídicas, políticas, sociales y económicas

propias”. Así, el artículo 292 de este texto reconoce

tres tipos de entidades territoriales indígenas: los

territorios indígenas, los municipios indígenas y las

regiones indígenas.

El estatuto departamentalista no permite que el

territorio indígena como tal sea considerado enti-

dad territorial autónoma, e impone a los indígenas

como única forma posible de autonomía acogerse a

la institución municipal hispana, extraña a su propia

cultura. Tampoco considera la alternativa de que los

territorios o municipios indígenas se asocien en re-

giones indígenas. La diferencia es clara pues la Nue-

va Constitución Política, desde su artículo 1, define

EL ESTATUTO DEPARTAMENTALISTA NO PERMITE

QUE EL TERRITORIO INDíGENA COMO TAL SEA

CONSIDERADO ENTIDAD TERRITORIAL AUTóNOMA,

E IMPONE A LOS INDíGENAS COMO úNICA FORMA

POSIBLE DE AUTONOMíA ACOGERSE A LA INSTITUCIóN

MUNICIPAL HISPANA, EXTRAñA A SU PROPIA CULTURA.


[ Héctor Mondragón ]

Junio

de 2

008a Bolivia como Estado plurinacional, con pluralidad

cultural, en tanto que en el estatuto departamen-

talista se proclama “con orgullo la condición racial

mayoritariamente mestiza” (art. 161), y supedita

a ella la autonomía y cultura de los “cinco” pueblos

indígenas “oriundos” del departamento.

Puede decirse, entonces, con José Carlos Mariáte-

gui, que:

la descentralización actuada sin otro propósito

que el de otorgar a las regiones o a los departa-

mentos una autonomía más o menos amplia,

aumenta el poder del gamonalismo contra

una solución inspirada en el interés de las ma-

sas indígenas (...) ¿Qué clase se opone a la re-

dención del indio? La respuesta no puede ser

sino una y categórica: el gamonalismo. (...) Se

impone el repudio absoluto, el desahucio radi-

cal de un regionalismo que reconoce su origen

en sentimientos e intereses latifundistas y que

por lo tanto, se propone como fin esencial un

acrecentamiento del poder de los gamonales.

(...) La autonomía municipal, el autogobierno

local, la descentralización administrativa,

no pueden ser regateadas ni discutidas en sí

mismas. Pero, desde los puntos de vista de

una integral y radical renovación, tienen que

ser consideradas y apreciadas en sus relacio-

nes con el problema social. Ninguna reforma

que fortalezca al gamonal contra el indio, por

mucho que parezca como una satisfacción de

sentimiento regionalista, puede ser estimada

como una reforma buena y justa. Por encima

de cualquier triunfo formal de la descentraliza-

ción y la autonomía están las reivindicaciones

sustanciales de la causa del indio (Mariátegui,

1928 )

y en este caso se trata además de priorizar los inte-

reses del indio, los del campesino mestizo boliviano,

los del asalariado rural y urbano, los de los poblado-

res de los barrios populares y, especialmente, los de

Bolivia frente a las transnacionales.

Mariátegui también anota que “el gamonalismo es

el aliado y el agente del capital en las regiones”. Así,

el Proyecto de Estatuto del Departamento Autóno-

mo de Santa Cruz consagra no solo los privilegios

de los grandes terratenientes y empresarios agroin-

dustriales, sino los que interesan al capital transna-

cional. Su artículo 2 considera la llamada “seguridad

jurídica” como un derecho fundamental. Este su-

puesto derecho es en realidad una pretensión de los

grandes inversionistas que se encuentra dispuesta

en los llamados Tratados de Libre Comercio (TLC).

La mal llamada “seguridad jurídica” consiste en la

capacidad de las empresas o los inversionistas para

demandar a los gobiernos por perjuicios pecunia-

rios debidos a cualquier modificación legislativa o

administrativa o cualquier acción reguladora que

afectara sus ganancias, pretensión que se hizo ex-

plícita dentro del proyecto de Acuerdo Multilateral

de Inversiones (AMI), preparado por el grupo de

los 29 países integrantes de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

y negociado con reserva desde 1995 hasta el fraca-

so de las negociaciones en abril de 1998, debido a

que tras hacerse públicos los textos propuestos se

produjeron intensas protestas, tanto en los medios

académicos, como por parte de los movimientos so-

ciales, especialmente en Europa y Canadá, que agu-

dizaron las contradicciones entre los proponentes y

obligaron a abortar el Acuerdo. El rotundo fracaso

del AMI se explica porque hirió gravemente tanto la

conciencia sociopolítica, como la conciencia jurídica

al intentar supeditar las legislaciones nacionales a

un nuevo corpus jurídico en el que la corporación

transnacional es quien tiene las posibilidades reales

de definir los términos, las características y las mo-

dalidades de la nueva contratación social.



etniA

S &

PoLÍt

icA

La invulnerabilidad del inversionista elimina el

derecho inalienable de cada Estado para regular las

inversiones, y pone los derechos de los inversionis-

tas por sobre los derechos humanos individuales y

colectivos. Por otra parte, la invulnerabilidad del in-

versionista desconoce el carácter cíclico de la tasa de

ganancia del capital invertido, y del carácter mismo

de la inversión de capital como riesgo, pretendiendo

que el Estado garantice el rendimiento de determi-

nadas inversiones privilegiadas, estableciendo una

suerte de capitalismo burocrático.

Es semejante invulnerabilidad del inversionista la

que, tras el fracaso del AMI, las transnacionales han

tratado de imponer, por una parte en las negocia-

ciones de la Organización Mundial del Comercio

(OMC), que a su vez han registrado enormes dificul-

tades y traspiés y, por otra parte, con más éxito en

diferentes tratados de “libre comercio” bilaterales o

multilaterales, o en leyes nacionales, aprovechando

las particularidades de los países y gobiernos, que

los hacen proclives a aceptar el resquebrajamiento

del Estado social de derecho y sustituirlo por el Esta-

do de derecho contratado.

Como dice el economista Pablo Dávalos (2004),

profesor del posgrado de la Universidad Católica del

Ecuador,

es como si estuviésemos atravesando el um-

bral histórico de redefinición del contrato

social con el que se inaugura la modernidad,

en el que la corporación se erige como nueva

figura jurídica-política. En esta nueva contrac-

tualidad, los términos básicos entre el Estado

moderno y el individuo se ven transformados

entre el individuo y la Corporación. El Estado se

convierte en cobertura jurídica de protección y

seguridad a la inversión. No representa aquella

noción de contrato social entre individuos

libres, soberanos y racionales, sino la garantía

de funcionamiento del mercado como nuevo

locus político de regulación social.

Es una monstruosidad jurídica que echa por tierra

toda una evolución en materia de soberanía popular.

Mar

cela

Oliv

era



Junio

de 2

008

Otro economista, el español Federico Abizanda Es-

tabén (2004), añade que

la filosofía del AMI es bastante clara: pretende,

ante todo, dejar las manos libres a las empresas

transnacionales, a la vez que ata a los Estados

que se convertirían en sujetos pasivos frente a

las empresas que se instalasen en su territorio.

Estamos entonces haciendo frente a la primera fase

de un “mundo corporativizado”.

La empresa Bechtel demandó a Bolivia porque,

como resultado de la lucha popular en 2000 y 2001,

en la que se conoció como “guerra del agua”, derogó

la privatización del líquido. La Bechtel perdió porque

Bolivia ni había firmado el TLC con Estados Unidos,

ni tenía una ley como la 963 de 2005 de Colombia

que protege a los grandes capitalistas del cambio de

las leyes, ni tenía ningún estatuto como el que pre-

tende la oligarquía de Santa Cruz.

El proyecto de Estatuto del Departamento Autóno-

mo de Santa Cruz pretende un régimen económico

y financiero propio del departamento (art. 40) que

incluya la regulación laboral; la gestión de las tele-

comunicaciones, de manera que puedan evadir la

renacionalización de la empresa Entel, que estaba

en poder de una transnacional italiana, y la gestión

de los recursos naturales, sobre los que no solamen-

te se debate cuántas regalías le corresponden al de-

partamento frente al Estado central, los municipios

y las comunidades indígenas y campesinas en cuyo

territorio se encuentra el recurso, sino se discute si

el departamento tiene facultades legislativas, regla-

mentarias y ejecutivas sobre los recursos no renova-

bles (art. 7 num. 12).

Los departamentalistas pretenden además la com-

petencia ejecutiva en el otorgamiento de la propie-

dad intelectual, tema que ha causado precisamente

la ruptura de la Comunidad Andina con la imposi-

ción de Estados Unidos a Colombia y Perú la patente

de seres vivos, y que resulta especialmente grave

cuando el departamento pretende tener facultades

legislativas sobre la diversidad biológica (art. 6).

etniA

S &

PoLÍt

icA BoLiViA: Por el territorio y las autonomías indígenas, aprobación de la nueva constitución confederación de Pueblos indígenas de Bolivia (cidob)Gran Asamblea nacional Autonómica de los 34 pueblos indígenas del oriente, chaco y Amazonia “Por el territorio y las autonomías indígenas”

conclusiones de la comisión Política orgánica

Ratificamos la unidad de los 34 pueblos indígenas del

Oriente, Chaco y Amazonia boliviana, y nuestra alianza con

los sectores sociales que impulsan el proceso constituyente.

Valoramos y resaltamos la resistencia movilizada de nues-

tras organizaciones, pueblos indígenas, sectores sociales

y pueblo cruceño, demostrada el 4 de mayo de 2008 en

rechazo del referendo y el estatuto logiero y separatista.

Por mandato de la “Gran Asamblea Autonómica de los

34 pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia, por

el territorio y las autonomías indígenas”, se determina la

declaración de la autonomía de los 34 pueblos indígenas

del Oriente, Chaco y Amazonia boliviana, procediéndose

a la socialización y aprobación de los estatutos de las auto-

nomías indígenas.

Se exige al Congreso Nacional que junto al referendo

revocatorio se lleve a cabo el referendo constitucional y

dirimidor.

Se exhorta a participar activa y masivamente en la cam-

paña por la aprobación de la Nueva Constitución Política

del Estado en referendo constitucional. Por la continuidad

del proceso de cambio y el mandato del presidente de la

República en el referendo revocatorio.

Se exhorta a participar activa y masivamente en la cam-

paña por la revocatoria de los mandatos de los prefectos

de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija,

Cochabamba y La Paz, porque sus acciones buscan la divi-

sión, exclusión y negación de los derechos de los pueblos

indígenas.

Rechazamos toda convocatoria a diálogo entre el go-

bierno, las prefecturas y los cívicos sin la participación de

los pueblos indígenas que implique la revisión o modifica-

ción de la Constitución Política del Estado aprobada por la

Asamblea Constituyente.

Convocamos a todas las organizaciones sociales urba-

nas y rurales del país a la oposición, resistencia, desacato,

desobediencia civil y abstención movilizada contra los

estatutos y referendos autonómicos departamentales

convocados ilegalmente.

Desconocemos la validez de los referendos au-

tonómicos de los departamentos de Santa Cruz, Be-

nir, Pando y Tarija por su ilegalidad, y repudiamos el

fraude electoral, los hechos de violencia y la malversa-

ción de recursos públicos en la realización de los refe-

rendos autonómicos departamentales cometidos por

las prefecturas y Cortes Departamentales Electorales.

Exigimos la renovación total de los vocales de las Cortes

Departamentales Electorales de Santa Cruz, Beni, Pando

y Tarija por su manifiesta parcialidad con las prefecturas,

comités cívicos y las logias de esos departamentos.

Reafirmamos la lucha histórica de los pueblos indíge-

nas por la recuperación y consolidación de sus territorios,

exigiendo el saneamiento y la titulación inmediata de

los territorios indígenas (TCO), la aplicación de las leyes

vigentes, debiendo asignarse los recursos económicos su-

ficientes y, en su caso, hacer uso de la fuerza pública para

su cumplimiento.

Respaldamos la demanda del pueblo indígena guaraní

sobre el saneamiento y la titulación de su territorio, y la

liberación de las familias y comunidades cautivas, y repu-

Junio

de 2

008

diamos los hechos de violencia cometidos contra este pue-

blo por latifundistas, prefectura y cívicos de Santa Cruz.

Exigimos al Congreso Nacional la elección inmediata de

los miembros del Tribunal Constitucional y vocales de la

Corte Nacional Electoral.

Exigimos al presidente de la República que las políticas

de desarrollo productivo y social del gobierno nacional

sean llevadas a cabo en coordinación y ejecución directa

con las organizaciones indígenas representativas sin inter-

mediación.

La “Gran Asamblea Nacional Autonómica de los 34 pueblos

indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia por el territorio

y las autonomías indígenas”, determina la declaratoria

de estado de emergencia y movilización de los pueblos

indígenas a nivel nacional hasta la conclusión del proceso

constituyente con la aprobación de la Nueva Constitución

Política del Estado y la implementación de las Autonomías

Indígenas.

Es dado En la ciudad dE santa cruz dE la siErra, a los 11 días dEl mEs dE mayo dE 2008 En la casa GrandE dE los PuEBlos indíGEnas dE Bolivia.

cidoB confEdEración dE PuEBlos indíGEnas dE Bolivia

cnamiB confEdEración nacional dE mujErEs indíGEnas dE Bolivia

cPEsc coordinadora dE PuEBlos indíGEnas dE santa cruz

cPEmB cEntral dE PuEBlos Etnicos mojEños dE Bolivia

cPiB cEntral dE PuEBlos indíGEnas dEl BEni

aPG asamBlEa dEl PuEBlo Guarani

ciraBo cEntral indíGEnas dE la rEGión amazónica dE Bolivia

coPnaG cEntral dE orGanizacionEs dE PuEBlos nativos Guarayos

cmiB cEntral dE mujErEs indíGEnas dEl BEni

orcawEta orGanización dE las caPitanías wEEhnayEk taPiEtEs

ciPoaP cEntral indíGEna dE PuEBlos oriGinarios amazónicos dE Pando

cPitco coordinadora dE PuEBlos indíGEnas dEl tróPico dE cochaBamBa

cPilaP cEntral dE PuEBlos indíGEnas dE la Paz

tsimanE El Gran concEjo

cimaP cEntral indíGEna dE mujErEs amazónicas dE Pando

cEam consEjo Educativo multiEtnico amazonico

cEPos consEjos Educativos dE PuEBlos oriGinarios

www.cidoB-Bo.orG



etniA

S &

PoLÍt

icA También pretenden la competencia ejecutiva sobre

los productos farmacéuticos, lo cual se relaciona

desde luego con su propiedad intelectual. Otro

asunto son los TLC que, al negarse Bolivia a firmar,

las transnacionales quieren pasarlo de contrabando

en los estatutos departamentalistas. Quieren un

neoliberalismo autónomo.

En contraste, el 1° de mayo Evo Morales anunció

un acuerdo entre la COB y el gobierno para enfren-

tar la ofensiva de la derecha, varios decretos para

facilitar los procesos laborales de restauración de

los derechos de los trabajadores, el reintegro de

embarazadas despedidas y el fuero sindical, así

como el decreto de nacionalización de la empresa

de comunicaciones Entel, expropiada administra-

tivamente a la transnacional italiana Euro Telecom

Internacional (ETI).

Anteriormente Evo Morales firmó, con el presidente

de Repsol, el acuerdo por el cual se transfirieron el

51% de las acciones de las explotaciones de hidrocar-

buros de esa compañía a la empresa estatal yPFB, que

pasa a ser operadora de los yacimientos. No se trata

de una nacionalización, como se ha dicho, ni mucho

menos de socialismo, sino de un “nuevo trato” a las

transnacionales, que contrasta con el que ha adop-

tado Colombia, donde la empresa estatal Ecopetrol

pasó de tener derecho al 50% de toda explotación

(sin ser la operadora), a tener el 30% bajo Andrés

Pastrana y el 0%, en los nuevos contratos a partir del

primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo aconteci-

do en este campo en Bolivia muestra que es falso que

las transnacionales se van si se les imponen nuevas

condiciones. El negocio es fabuloso y ellas protestan

pero nunca se van. Pero el autonomismo se opone a

este “nuevo trato”, y quiere mantenerse dentro de las

más rígidas pautas del capitalismo salvaje.

Un aspecto importante para destacar, en el que poco

se ha recalcado, es en el trabajo de la empresa estatal

boliviana que fomenta la producción agropecuaria

y, en especial, de alimentos, la Emapa. Esta empresa

ha logrado, por ejemplo, aumentar la producción

anual de arroz, trigo y maíz. Es decir, que Bolivia ha

podido así amortiguar (no evitar del todo pero sí

suavizar) el alza de precios mundiales de los cereales

y enfrentar el hambre, al contrario de nuestro país y

otros. El alza del aceite se enfrentó prohibiendo las

exportaciones y combatiendo el ocultamiento espe-

Marcela Olivera



Junio

de 2

008culativo del producto, lo que es más conocido por el

conflicto con los agronegocios del oriente por este

tema. Aunque más tímidamente de lo que quisieran

sectores revolucionarios, no me cabe duda que Bo-

livia se encuentra en un proceso de revocatoria del

neoliberalismo en todos los terrenos, y que el objeti-

vo de la oligarquía y del gobierno de Estados Unidos

es detener ese proceso y mantener el neoliberalismo

y el latifundio en el país. En eso consiste la división

de Bolivia y el enfrentamiento que se acrecentará.

¿división? Las gigantescas manifestaciones en Cochabamaba y

otras ciudades contra la ofensiva de la derecha y en

defensa de la unidad de Bolivia, mostraron una gran

disposición de las masas para enfrentar la ofensiva

de la oligarquía, expresada en el referendo de auto-

nomía departamental inconstitucional que se cum-

plió en Santa Cruz el 4 de mayo.

Además, en los barrios populares del Plan Tres Mil

en la ciudad de Santa Cruz, y en múltiples zonas

rurales de Santa Cruz y otros departamentos del

oriente y sur, también se cumplieron actos contra

los planes oligárquicos en torno a las autonomías

departamentales.

Si Bolivia está dividida (Contreras, 2008), el depar-

tamento de Santa Cruz también está dividido: los

indígenas de Camiri (territorio guaraní) y los cam-

pesinos de San Julián yapacaní, Cuatro Cañadas, El

Torno, Montero, Ichilo, San Germán y otros lugares

se levantaron contra el referendo oligárquico, y en

apoyo al proceso de cambio y la reforma agraria, y

por otra parte, en Lagunillas se proclamó que toda

la provincia de Cordillera rechazaba tanto a Santa

Cruz como al Estado central. Muy importante es

la coordinación que se desarrolla entre las organi-

zaciones indígenas (de cada etnia: OICH, Cypim,

Canob; departamental: Cepesc; y del oriente: Ci-

dob), campesinas (FSUTCAT, MST, Confederación

de Colonizadores), juntas vecinales (Fejuve), la

Central de Trabajadores Asalariados del Campo y la

COB en Santa Cruz. Estas organizaciones se han pro-

nunciado unidas y actuado juntas contra los planes

de la oligarquía, por la reforma agraria y contra las

transnacionales. Igual han hecho las organizaciones

indígenas y localidades campesinas en Beni, Pando y

Tarija. En Chuquisaca el antagonismo entre campo



etniA

S &

PoLÍt

icA y ciudad de Sucre es total y las provincias del Chaco

quieren separarse para conformar un nuevo depar-

tamento con las similares del Chaco que se separa-

rían de Santa Cruz.

Esta situación muestra efectivamente una división

del país. Pero en primer lugar hay que negar que es

una división principalmente racial. Afirmación que

también puede sorprender, porque aunque la oli-

garquía se manifiesta cínica y virulentamente racis-

ta y anti-indígena, no predomina en respuesta a ella

un indigenismo rancio, aunque pueda manifestarse

por algunos líderes y bases indias como resultado

de siglos de opresión y explotación. La mayoría de

los indígenas bolivianos, de sus organizaciones y

dirigentes actúa en aras de una gran solidaridad con

el campesinado mestizo, con las comunidades afro

de Los yungas, con las mujeres y con los obreros,

muchos de los cuales son también indígenas y mu-

chos mestizos. En Sucre los racistas de la ciudad no

han vacilado en elegir como prefecta a una indígena

mientras sometían a la humillación pública escan-

dalosa y a tratos inhumanos y degradantes a los

campesinos indígenas.

Al contrario de lo que sucede en Colombia, donde

una mayoría blanca o mestiza reconoció el derecho

a la propiedad colectiva de la tierra a los indígenas

y afros pero no lo reconoció a millones de campe-

sinos, el texto de Constitución aprobado en Bolivia

por la Constituyente, por una mayoría indígena, sí le

reconoce plenos derechos a la tierra a las comunida-

des campesinas (mestizas).

Los términos usados en Bolivia son diferentes a los

de Colombia: aquí hablamos de indígenas sin dis-

tinguir si viven en el campo (70%) o la ciudad (30%).

En Bolivia, la población indígena urbana y obrera es

muy alta, por lo que se usa decir “indígenas origina-

rios campesinos” para designar a las comunidades o

pueblos indígenas que viven en su propio territorio, Mar

cela

Oliv

era



Junio

de 2

008en el campo o en la selva, mientras se designa como

“comunidades campesinas” a las comunidades rura-

les mestizas de campesinos, a quienes el texto de la

nueva Constitución reconoce el derecho a la propie-

dad colectiva inalienable, inembargable e impres-

criptible (art. 394 III), y a la autonomía (art. 290). La

propiedad colectiva se convierte en una opción para

las comunidades campesinas mestizas, colonizado-

ras o interculturales originarias, sin que sea obliga-

toria para los campesinos que pueden optar por su

pequeña propiedad individual (art. 394 I).

Como quedó expuesto, tampoco es exacto decir que

la división es entre departamentos: en el oriente y

en Tarija y Chuquisaca, indios y campesinos están

a favor del gobierno y contra la autonomía depar-

tamental de la oligarquía. En Santa Cruz sucede

otro tanto, pero además hay una COB activa contra

la oligarquía. Así mismo, los grupos oligárquicos

y monopolistas en La Paz y Cochabamba son muy

activos. El 11 de febrero de 2007 se dio en Cocha-

bamba un choque inmenso entre “hijos de papi”,

masas de clase media alta, burgueses y aristócratas,

contra el resto del pueblo, tras un ataque racista en

la zona norte de altos ingresos. Hubo un muerto de

cada lado, los oligarcas dispararon armas de fuego

y, finalmente, ante la gigantesca movilización de la

población urbana y rural, la ciudad quedó en manos

del pueblo el 12 de febrero y la oligarquía está reple-

gada. Al salir de la manifestación del 1° de mayo un

“hijo de papi” en moto se abalanzó sobre los dirigen-

tes del sindicato fabril lanzando ofensas, ninguno de

ellos es indígena, era puro odio de clase, no racial.

Los grupos fascistas de los barrios de ricos en toda

Bolivia se organizan con motocicletas de alto cilin-

draje, varillas y garrotes para ir a linchar indios, pero

también sindicalistas y gente activista mestiza de los

barrios populares.

Se estimulan los enfrentamientos de todo tipo, pero

de todos ellos lo central para la derecha es la aproba-

ción de estatutos departamentales en contravía con

la nueva Constitución, de manera que se imponga la

fragmentación del país. La división regional es una

estrategia que las transnacionales quieren aplicar

tanto en Bolivia como en otros países que no se

han sujetado a los TLC. Así, el alcalde de Guayaquil

(Ecuador), el derechista Jaime Nebot, participa, jun-

to con dirigentes de derecha de Zulia (Venezuela) y

el prefecto de Santa Cruz, Carlos Dabdoud y otros lí-

deres de la oligarquía del oriente boliviano, en la lla-

mada Confederación Internacional por la Libertad

y la Autonomía Regional (Confilar), financiada por

entidades del gobierno de Estados Unidos. La tesis

de Mariátegui sobre el carácter de las autonomías

departamentales parece confirmarse también para

los casos de Ecuador y Venezuela, y tiene anteceden-

tes muy antiguos, por ejemplo, en el intento de la

élite de Guayaquil de declararse independiente de la

República de Colombia (ahora conocida como Gran

Colombia). Al respecto Simón Bolívar (1822)anotó:

“No pienso que el voto [aislado] de una provincia

debe ser consultado para establecer la soberanía na-

cional. (...) No son las partes sino el todo del pueblo

el que delibera en las asambleas generales reunidas

libre y legalmente (...)”.

Que el capital transnacional utiliza el secesionismo

en América Latina y la multiplicación de republique-

tas para impedir nuestra liberación y para imponer

sus intereses y proyectos, no es desconocido para los

colombianos, que sufrimos la separación de Pana-

má para que Estados Unidos tuviera en sus manos el

Canal. El novelista Joseph Conrad (1904), autor de la

LOS GRUPOS FASCISTAS DE LOS BARRIOS DE RICOS SE

ORGANIZAN CON MOTOCICLETAS DE ALTO CILINDRAJE,

VARILLAS y GARROTES PARA IR A LINCHAR INDIOS,

PERO TAMBIéN SINDICALISTAS y GENTE ACTIVISTA

MESTIZA DE LOS BARRIOS POPULARES.



etniA

S &

PoLÍt

icA novela Nostromo, inspirada en este episodio, cambió

los nombres: Costaguana por Colombia, Sulaco por

Panamá y mina de plata por Canal. Escribió:

el rey de la plata y el acero había entrado en

los asuntos de Costaguana con una especie

de pasión. Costaguana se había convertido en

una necesidad para su existencia; en la mina

de Santo Tomé había encontrado la satisfac-

ción (...) Estaba obligado a apoyar la rebelión

provincial como único medio de situar los

enormes intereses materiales en Sulaco, “la

provincia que valía más en riqueza e influencia

que todo el resto del territorio de la República”

(...) No les hubiera merecido luchar por Sulaco

sin la concesión, para ellos Sulaco sin la conce-

sión no era nada. (...) En la demostración naval

internacional, que puso fin a la guerra entre

Costaguana y Sulaco, fue el crucero de Estados

Unidos, el powhattan, la bandera (...) de Sulaco.

El motivo puede ser la plata, el oro, el guano, un

megaproyecto como el Canal de Panamá, la Integra-

ción de la Infraestructura Regional de Suramérica

(IIRSA), o el petróleo y el gas; pueden cambiar las

circunstancias, pero la estrategia es la fragmenta-

ción para tomar la tajada, el departamento transito-

riamente más rico del país.

La embajada de Estados Unidos está en manos de

Philip Goldberg, un experto que fue funcionario en

la embajada en la ex yugoslavia, clave en el proceso

de fragmentar al extremo ese Estado. No hay duda

de que se aplica una estrategia de disuasión discrimi-

nada para exacerbar cualquier contradicción hasta

hacerla antagónica y conducir a Bolivia a ser una

Bosnia, llena de islotes territoriales, pero además de

todo tipo de enfrentamientos raciales, regionales y

sectoriales (entre obreros cooperativistas y obreros

del Estado, por ejemplo).

La estrategia de disuasión discriminada solamente

podrá enfrentarse con la movilización y lucha de un

frente único que agrupe a las organizaciones obre-

ras, vecinales, campesinas e indígenas, indepen-

dientemente de si apoyan o no al gobierno, con un

programa que no solamente destaque los antis, sino

los pros, unas medidas como la reforma agraria,

fortalecimiento de la producción de alimentos, los

derechos de los indígenas del oriente, y las naciona-

lizaciones. La clase media ha sido captada en un 60%

por la derecha (Montero, 2008), y en mayor pro-

porción en Santa Cruz y Sucre, pero su posición no

es homogénea, y en Cochabamba gran parte apoya

el proceso de cambio. Frente a los temas centrales

señalados será desde luego muy importante, y el

tratamiento que los sectores populares puedan dar

a ella, o mejor a sus diferentes capas, va a ser muy

importante para el resultado final de la lucha; pero

nada será más decisivo que la capacidad de movili-

zar al 80% de la población, es decir, a los sectores de

menores ingresos.

Sorpresivamente se aprobó para el 10 de agosto

un referendo revocatorio del presidente de Bolivia

Evo Morales, y además de los prefectos departa-

mentales (casi todos de derecha). Tal vez sea la

última oportunidad para una solución pacífica y

democrática de la división, aunque el prefecto de

Cochabamba, Manfred Reyes, ha declarado que no

aceptará el resultado. Al principio parece someter se

el futuro a un “cara y sello”, pero por lo menos habrá

campo para una confrontación política y de masas

civil, en la cual se va a jugar no sólo el destino de Bo-

livia, sino tal vez el de los procesos de toda América

Latina. Evo mantiene la simpatía de la mayoría de la

población, especialmente de los pobres (Montero,

2008). Las organizaciones sociales populares se

posicionan ante estos acontecimientos. Las inter-

venciones de los dirigentes campesinos indígenas y

del secretario general de la Central Obrera (COB),

Pedro Montes, el 1° de mayo, se centraron en la

necesidad de enfrentar la ofensiva de la derecha y el



Junio

de 2

008chantaje separatista de la oligarquía de Santa Cruz

y otros departamentos. La COB llamó a una huelga

general para defender la “agenda de octubre” de

lucha popular, sin conciliaciones con la oligarquía y las

transnacionales. En contraprestación, la oligarquía de

Santa Cruz decretó un “alza de salarios” para tratar

de captar a los asalariados del departamento con un

argumento economicista, mientras se realiza la vo-

tación de agosto. Los partidos políticos han iniciado

un diálogo nacional apoyado por la Iglesia Católica.

La principal exigencia de la derecha para “concertar”

es que no se vote la política del Estado aprobada por

la Asamblea Constituyente, sino que se desconozca

y se incluyan las propuestas del texto de la minoría

derrotado en la Asamblea. Al tiempo los patronos

despiden sindicalistas, como en la empresa Manaco

de Cochabamba donde los fabriles han protestado

con una huelga de hambre en las oficinas del Minis-

terio de Trabajo.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

(Cidob), y la Asamblea de los 34 Pueblos Indígenas

del Oriente, Chaco y Amazonia, que tanto tiempo y

con tantas movilizaciones lucharon para que se rea-

lizara la Asamblea Constituyente, con sabiduría han

exigido que en la misma votación del referendo re-

vocatorio presidencial y de prefectos se vote la con-

sulta popular para decir sí a la Nueva Constitución

Política del Estado. Está claro que en esa elección se

refleja con claridad cuál es la lucha actual.

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etniA

S &

PoLÍt

icA Bolivia. Fascismo racista en Sucre

alEx contrEras BasPinEiro1

la fuerza y organización de los grupos de jóvenes que

estaban armados no sólo de palos y piedras, sino de gases

lacrimógenos y dinamita, ocasionaron los atropellos a los

derechos humanos.

Las imágenes de violencia registradas en diferentes barrios

de Sucre sencillamente fueron desgarradoras: los jóvenes,

varios en estado de ebriedad, arremetieron con palos y

piedras contra la integridad de campesinos que caían al

suelo. No se salvaron mujeres campesinas ni niños.

Reportes médicos aseguran que 35 personas resultaron

heridas, pero además los campesinos sufrieron el robo de

sus documentos, relojes, y el poco dinero que tenían.

Un golpe a la libertad de expresión“Me empujaban, sentía golpes, patadas, puñetes, jalones

y me rociaron con alcohol. Me acerqué a una ambulancia

pidiéndoles que me sacaran de ahí. Las piedras entraron

al auto, porque la ventana estaba abierta y no dejaban que

saliera, se pararon al frente”, fue el relato de la periodista

Marianela Paco Durán, de radio Aclo-Sucre, miembro de

la red Erbol, quien también fue golpeada e insultada por

los grupos de choque.

Esta periodista se encontraba realizando sus actividades

periodísticas y, en el momento de la agresión, relataba en

vivo el ataque a un grupo de campesinos.

“Fui a cubrir a la zona de Atabi (zona rural), me imagino

que alguien logró identificarme como trabajadora de Aclo

y empezaron a señalarme. Escuché insultos muy fuertes y

vi una turba que se me vino encima. Alguien, que no iden-

tifiqué, fue a sacarme de ahí, después la gente empujó a

quien me estaba ayudando”, relató la periodista agredida.

“De rodillas indios de mierda, griten viva la capitalidad”,

“Sucre se respeta carajo”, “Llamas, pidan disculpas”, fueron

las consignas impuestas por un grupo de jóvenes chu-

quisaqueños que mediante patadas y puñetes obligaron

a cerca de cincuenta campesinos quechuas a quitarse las

camisas, ponerse de rodillas y quemar la bandera del MAS

y la wiphala (símbolo de las naciones originarias) en pleno

frontis de la Casa de la Libertad ubicada en la plaza princi-

pal de Sucre.

Hace 199 años, un 25 de mayo, en ese mismo lugar, se

protagonizaba el primer grito libertario del continente y,

en 2008, contradictoriamente, se produjo un grito lleno

de racismo, odio y discriminación contra representantes

de las mayorías nacionales, justo contra quienes liberaron

a esta patria del yugo español.

“Hay que matar a ese indio decían ellos, todo esto sucedió

en presencia del presidente del Concejo Municipal de Su-

cre, Fidel Herrera, y la alcaldesa Aidée Nava; ellos aplaudían

todo lo que nos hacían esos grupos violentos”, denunció

el alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos, quien también fue

golpeado brutalmente y obligado a andar de rodillas.

El 24 de mayo, el presidente de la República, Evo Morales

Ayma, debería arribar a Sucre para entregar una serie de

proyectos y dos ambulancias a cada uno de los municipios

del departamento de Chuquisaca; sin embargo, grupos de

choque violentos frenaron esa actividad.

A pesar de la intervención policial y militar, cuyos com-

ponentes son también en su mayoría de raíz indígena,

[1] Periodista boliviano. Publicado en Internet por alainet.org

Junio

de 2

008En un comunicado público, Educación Radiofónica de

Bolivia (Erbol) responsabilizó de este hecho “a Aydée

Nava, Tommy Durán, Jaime Barrón y Fidel Herrera por

haber convocado a grupos violentos con el fin de agredir

y destilar odio contra personas que no comparten su línea

ideológica”.

Las personas sindicadas, junto a Jhon Cava, son los repre-

sentantes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca que

bajo la demanda de la “capitalidad plena” intentó hacer

fracasar las actividades de la Asamblea Constituyente y

ahora pretende llevar adelante la autonomía departa-

mental para ese departamento.

El atentado que sufrió la periodista de Acción Cultural

Loyola (Aclo) no es el único que se registró en este proceso

chuquisaqueño que data desde hace exactamente un año,

y que lamentablemente hasta ahora no tiene ningún pro-

cesado, menos sancionado.

La otrora ciudad de los cuatro nombres: Charcas, La Plata,

Sucre y Chuquisaca, la “ciudad culta” quedó sólo para el

recuerdo.

el que no salta es llamaDe acuerdo con los datos del último censo de población y

vivienda, en Bolivia el 63,3 por ciento es considerado como

indígena.

Sin embargo, esta realidad no es aceptada por los pe-

queños grupos que detentaron el poder en los últimos

gobiernos neoliberales, y que se beneficiaron a través de la

corrupción y los negociados.

Los vejámenes y las humillaciones de los últimos días no son nuevosDurante las sesiones de la Asamblea Constituyente los

representantes indígenas que son el rostro de la Bolivia

pluricultural y multilingüe fueron agredidos e insultados

en varias oportunidades.

“El que no salta es llama”, “Fuera de aquí, collas de mierda”,

“Cruce de llamas con adobes” y otros adjetivos acompa-

ñados de agresiones físicas son parte de la historia, pero

también de la impunidad.

Así como quedó en la impunidad la muerte de tres chuqui-

saqueños, ocurrida en noviembre de 2007.

Lamentablemente, desde el año pasado a la fecha, ningún

ciudadano o autoridad fue sancionada por la justicia bo-

liviana, aunque de acuerdo con imágenes, testimonios y

denuncias se puede identificar a los responsables directos

y también a los autores intelectuales.

Más allá del tradicional: “está en proceso de investigación”

o “actuaremos con la ley en la mano”, de algunos repre-

sentantes del gobierno, no se hizo nada concreto.

El enfrentamiento entre el campo y la ciudad, los blancos y

los indios, los k’aras y los t’aras, los oligarcas y los indígenas

se acrecienta cada día más, aunque tanto autoridades del

gobierno como departamentales niegan su autoría.

El presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca,

Jaime Barrón, no descartó que hubiera infiltrados entre los

sucrenses que tomaron como rehenes a los campesinos

y los obligaron a despojarse de sus camisas y arrodillarse

frente a la Casa de la Libertad.

“No debió haberse producido ese hecho. Los hermanos

campesinos merecen todo nuestro respeto. Cuando los vi

arrodillados los hice levantarse de inmediato, los llevé has-

ta la alcaldía y los llevé hasta la salida a Tarabuco, porque

estaban completamente asustados”, dijo.

Según la candidata a prefecta de ACI-MPC (Alianza del

Comité Interinstitucional-Movimiento Poder Ciudadano),

Sabina Cuéllar, los indígenas fueron obligados a trasladar-

se a Sucre para recibir al presidente de la República bajo

amenaza de ser multados con 100 bolivianos.

La Federación de Campesinos de Chuquisaca, al tiempo

de solicitar la expulsión de los representantes del Comité

Interinstitucional, amenazó con cerrar las válvulas en la

localidad de Turupampa y Villa Fernández que conecta con

la ciudad capital.

Desde Cobija, el jefe de Estado se refirió al tema pidiendo

a “algunos jóvenes” de “algunas universidades” recupe-

rar el respeto, la ética y la moral para con los indígenas,

campesinos y los más pobres. “Qué clase de universitarios

tenemos, no son todos ni en todas las universidades. Es im-

portante mejorar esa ética, esa moral de un joven solidario

etniA

S &

PoLÍt

icA

y respetuoso, que siempre esté atento a los problemas

sociales”, manifestó.

impunidad peligrosaMás allá de las declaraciones no existe ninguna acción

concreta para frenar esta serie de atropellos. El gobierno

debe actuar amparado en las leyes.

En enero de 2007, en Cochabamba se produjeron violen-

tos enfrentamientos entre grupos de choque organizados

por la Prefectura y el Comité Cívico contra campesinos e

indígenas, pero no se castigó a ninguno.

existen evidencias de la participación de ciudadanos y autoridadesEn Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico cruce-

ño, Luis Núñez, pidió a los sectores contrarios a las autono-

mías “abandonar Santa Cruz o, de lo contrario, atenerse a

las consecuencias”.

En ese discurso racista además agregó: “Ellos [los bolivianos

del Occidente] han venido aquí. Adáptense a nuestra forma

de vida que es paz, trabajo y tranquilidad, pero no nos sigan

provocando, insultando, denigrando como lo han hecho

ayer o aténganse a las consecuencias”, advirtió el cívico.

Marcela Olivera

Junio

de 2

008Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista en reiteradas

ocasiones agredieron a varias personas en Santa Cruz. La

violencia física también estuvo acompañada de atentados

dinamiteros, amenazas, persecuciones y otras acciones

contrarias a los derechos humanos, pero nadie hizo nada.

En los últimos días en Sucre, el diputado Wilber Flores fue

agredido, lo mismo ocurrió con los parlamentarios poto-

sinos Carmen Flores y César Navarro, o con la senadora

cochabambina Leonilda Zurita.

Si en Sucre ocurren esos hechos de violencia, en poblacio-

nes rurales de Santa Cruz la situación es igual o peor.

Días después del referendo autonómico en San Ignacio de

Velasco, representantes cívicos y el principal dirigente indí-

gena chiquitano agredieron al sacerdote Adalid Vega Vei-

zaga a quien acusaron de ser militante del MAS y contrario

al proceso de las autonomías. Al religioso le exigieron que

abandonara la región, y ninguna autoridad impuso la ley.

Las agresiones no sólo fueron para campesinos, indígenas

o gente común, sino también para ministros y el propio

presidente y vicepresidente de la República que virtual-

mente no tienen pisada en algunas regiones del país.

¡Basta ya!En este país para nadie es desconocido que la “justicia” bo-

liviana está manejada por representantes del viejo modelo

neoliberal. El aparato de la justicia que fue “loteado” por

los partidos neoliberales está manejado por gente ligada al

anterior régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Aunque la Fiscalía del Distrito de Chuquisaca anticipó que

existiendo una denuncia interpuesta sobre los hechos del

pasado sábado, éstos serán investigados, no existe ningu-

na confianza.

La fiscal de Distrito de Chuquisaca, Ana María Lía, afirmó

que el Ministerio Público procederá a investigar conforme

establecen las leyes.

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, pidió que una

fiscalía de Distrito que no sea Chuquisaca investigue los

violentos hechos contra campesinos en Sucre, porque

considera que la justicia chuquisaqueña perdió imparciali-

dad al estar sometida a sectores cívicos.

“Estos hechos no sólo se tienen que censurar, sino deben

ser sancionados. [Pero] la Fiscalía de Distrito de Chuqui-

saca no tiene las condiciones para desarrollar una inves-

tigación parcial, ni siquiera sus tribunales, porque en los

últimos meses demostraron su absoluta subordinación a

la instancia cívica”, manifestó.

Ante las acciones fascistas y racistas, desde diferentes pun-

tos del territorio nacional salió el clamor popular de decir

¡basta! También se demanda gobernabilidad.

En el proceso de la revolución democrática y cultural es

hora de hacer un alto a la violencia y al racismo, es hora

de buscar el diálogo y el consenso, es hora de consolidar el

cambio y la unidad.

Bolivia: grandes oportunidades, grandes peligrosLa cuestión civilizatoria1

El texto aprobado por la Asamblea Constituyente en

Oruro el 9 de diciembre de 2007 es un triunfo impor-

tante para los movimientos indígenas, que excede el

plano puramente discursivo y de “papel mojado” al

que quedan generalmente reducidas las constitucio-

nes en América Latina.

Por un lado, lo que plantea el texto del proyecto de

Constitución tiene importancia. El texto pone en

cuestión el sistema liberal de control estatal sobre los

pueblos oprimidos.

Pone nuevamente en el tablero, no sólo en el ámbito nacio-

nal, sino mundial, la cuestión del reconocimiento de los derechos colectivos,

el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos, y pone en

cuestión el sistema opresivo y homogeneizante del Estado-nación.

Además de esto, establece de la forma más taxativa posible, un conjunto de

derechos individuales que parecen colocar a Bolivia –al menos en el plano

de la teoría– en el puesto más avanzado de la civilización humana actual.

Por otro lado, la circunstancia de este triunfo, independientemente del valor

mismo del texto, ha vuelto a colocar a la llamada “derecha” a la defensiva.

[1] Este artículo apareció inicialmente en la revista Herramienta, 2008.

Marcela Olivera

Junio

de 2

008

Pablo Ariel RegalskyAntropólogo, Secretario General del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda), de Bolivia.

indígena y ya no estarán superpuestas, porque

los territorios estarán delimitados en función del

principio de autodeterminación de cada pueblo.

Cada pueblo tiene el derecho a autodefinirse como

población indígena, originaria campesina o como

población intercultural. Esto por supuesto es una

oportunidad y, a la vez, implica un gran peligro.

¿Qué significa el pluralismo jurídico? Que cada

pueblo indígena tiene derecho a gobernarse en

su territorio en el marco de sus propias normas

y a elegir sus gobernantes de la forma que éstas

establezcan.

En los hechos significa el desconocimiento del

principio liberal que establece “un individuo-un

voto” y el “derecho” al voto secreto. Desconoce

el principio democrático burgués de que todos

los ciudadanos son iguales ante la ley, y que hay

una sola ley para todo ciudadano. Establece la

igualdad del derecho colectivo frente al derecho

individual.

En la generalidad de los pueblos indígenas, al

igual que en las asambleas obreras, se toman las

decisiones –en ejercicio de la democracia popu-

lar– en asamblea pública, levantando la mano.

Muchas veces se realiza de forma nominal: allí

donde están reunidas muchas comunidades, por

ejemplo en un congreso provincial de sindicatos

agrarios o en un cabildo o asamblea de ayllus,

cada comunidad delibera aparte y emite su voto

a través de su representante en público.

En otros casos las votaciones por mayoría no son

determinantes sino que se subordinan al derecho

a la participación equitativa, rigiendo el turno de

rotación: aunque la autoridad se elije pública-

mente, en realidad rige un acuerdo de larga du-

ración por el que ésta sale necesariamente de un

En este artículo, además de introducir algunos

elementos para apreciar los avances del texto

constitucional, y de establecer lo que esto signi-

ficó en términos de expresión y a la vez refuerzo a

las luchas indígenas, campesinas y obreras, inten-

taremos dar un breve vistazo a las relaciones de

fuerza entre las clases (y los sistemas sociales) en

términos de larga duración.

¿Es un triunfo de los movimientos sociales? Afir-

mativo, es una derrota política de una burguesía

que se declara en retirada. ¿Es una transforma-

ción del Estado? Negativo, no lo es. ¡Es un pro-

grama para la acción! y es, a la vez, una proclama

civilizacional.

El texto constitucional aprobado en la Asamblea,

desde el punto de vista leguleyo, podría conside-

rarse contradictorio, incluso inaplicable.

Bajo un mismo Estado existirían dos doctrinas

jurídicas diferentes que quedarían territorializa-

das; una que continúa la tradición constitucional

liberal vigente y cuyo principio fundamental es

el respeto irrestricto a la propiedad privada, la

otra –de inspiración indígena– que no desconoce

la existencia de esta última pero no permite el

ejercicio irrestricto de los derechos de propiedad

privada. Dependiendo de qué territorio se trate,

se aplicaría una u otra doctrina.

Este es un planteamiento de reconocimiento

pleno del pluralismo jurídico. Las dos realidades

jurídicas han existido desde siempre en Bolivia,

existen en la práctica dos jurisdicciones super-

puestas, la estatal-liberal y la indígena-campe-

sina, que se ejercitan a través de dos sistemas de

autoridad paralelas.

El cambio es que hoy el texto constitucional plan-

tea el reconocimiento abierto de la autoridad


[ La cuestión civilizatoria ]

etniA

S &

PoLÍt

icA

determinado sector según un turno establecido (lo

mismo hace la Unión Europea con su presidencia).

Todas estas normas tienen la finalidad de establecer

el derecho de la mayoría a hacer respetar sus deci-

siones dentro de un equilibrio general.

La autoridad indígena originaria campesina ejerce

la atribución de aplicar las normas comunales en

su jurisdicción de una manera amplia. Una norma

fundamental de la jurisdicción campesina originaria

indígena es la que marca los límites al ejercicio de la

propiedad privada.

El derecho a la posesión de la tierra por parte de una

familia que sí tiene derechos de herencia sobre ella

no implica –desde la normativa consuetudinaria

indígena– el derecho a disponer libremente de la

misma, no se la puede vender libremente, no se la

puede cultivar o usar de cualquier forma, sino sola-

mente en función de decisiones comunales especí-

ficas y que pueden modificarse de año en año. Para

las empresas capitalistas, lo mismo que para quienes

se manejan con una lógica de acumulación privada,

estas normas significan un problema.

No es que se impida la acumulación, como tampoco

se excluye al capital, solamente se lo restringe de una

manera que dificulta el proceso de diferenciación

social y la acumulación del poder en pocas manos.

La autoridad indígena, a diferencia de la autoridad del

Estado-nación, resume en si la capacidad de juzgar así

como la capacidad de gobernar. Esto supone que dis-

tintas autoridades, en territorios contiguos, podrían

tener criterios diferentes para juzgar un mismo he-

cho. La justicia ordinaria, según el texto aprobado, no

puede revisar los fallos de la autoridad indígena.

El tribunal constitucional deberá considerar la

jurisdicción indígena en igual jerarquía que la juris-

dicción ordinaria. El tribunal constitucional mismo

deberá estar conformado por igual número de

miembros que representan ambas jurisdicciones.

Por supuesto que se plantean preguntas, ¿es esto

viable en un país sometido a la esfera de influencia

global del capitalismo, un país donde el capital

financiero y el capital petrolero siguen siendo los

que tienen las de ganar en el momento de poner las

reglas de juego?

Mar

cela

Oliv

era


[ Pablo Ariel Regalsky ]

Junio

de 2

008

Junio

de 2

008Esta es una somera explicación de ciertas partes del

texto constitucional aprobado en la Asamblea Cons-

tituyente. Se trata de un triunfo hasta el momento

retórico, es un texto aún sin valor legal alguno.

Hay muchas piedras en el camino: por un lado el

gobierno (al momento de escribir este texto) está

negociando con los gobiernos departamentales en

poder de la derecha un posible cambio (que sería

completamente ilegal).

El texto aprobado por la Asamblea debe ponerse a con-

sideración del pueblo en un referendo (por voto uni-

versal y secreto, o sea muy influenciable por los medios

de comunicación dominados por la burguesía).

A pesar de esto, se trata de un triunfo político pues el

texto constitucional se constituye en un programa

de acción para los movimientos indígenas origi-

narios. y no sólo para los movimientos indígenas

campesinos.

El movimiento indígena debe mucho de este triunfo

a la posición adoptada por sectores avanzados del

movimiento obrero, en particular a los mineros de

Huanuni, que tuvieron una actuación decisiva en

diciembre. Más adelante veremos la intervención

minera en este proceso.

Sin embargo, es importante notar que el movimien-

to obrero no consiguió avances en el texto respecto

al texto vigente, a más de los consabidos derechos

retóricos al trabajo.

Por el contrario, el cooperativismo minero, que es

una amenaza no sólo para la única mina nacionali-

zada subsistente que es Huanuni, sino también para

las mismas comunidades indígenas, ha obtenido

dentro del texto garantías de intocabilidad sobre sus

concesiones de explotación de recursos mineros tal

como exigía.

ésta es una de las incoherencias que inquietan den-

tro del texto porque contradicen abiertamente el

derecho ya establecido desde 1990 cuando Bolivia

se adhiere al Convenio 169 de la OIT que reconoce el

derecho a la consulta previa para el caso de explota-

ción de recursos naturales en territorios indígenas.

La situación es incierta aún Cuando la Asamblea Constituyente aprueba el texto

la situación era muy fluida. El Consejo Nacional de

Defensa de la Democracia (Conade), conformado

por los prefectos de la llamada Media Luna del

oriente boliviano, más los de Cochabamba y Sucre,

y cívicos de cinco departamentos, se habían reunido

en Sucre en diciembre 2007, poco después de los

disturbios que ocasionaron que los constituyentes

debieran abandonar la ciudad en noviembre. Allí el

Conade definió declarar la aplicación inmediata de

las autonomías departamentales a partir del 14 de

diciembre, lanzamiento de los “estatutos autonómi-

cos”, y el desacato a la Constitución oficialista.

Esa fecha era precisamente el día que la Asamblea

Constituyente debía celebrar su última sesión en la

que ratificaba el proyecto de Constitución, después

que una comisión redactora “corrigiera” los posibles

defectos del mismo. Además, la desobediencia civil

apuntaba a desconocer el decreto que redujo la par-

ticipación de los departamentos petroleros en la dis-

tribución del impuesto especial a los hidrocarburos.

Los comités cívicos cuentan con el respaldo político

y económico de la empresa privada de todo el país,

y no solo de Santa Cruz, en particular de la Asocia-

ción de Bancos (Asoban), la Cámara Agropecuaria

del Oriente (CAO), la Cámara de Exportadores y la

Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, todos estos

organismos activos dentro del Comité Cívico.

El Conade, con el apoyo de estos sectores, pretendió

entonces constituirse en un gobierno paralelo al de

Evo Morales, comandando cinco de los nueve de-

partamento del país.



etniA

S &

PoLÍt

icA Sin embargo esos prefectos, unidos al mayor partido

de la oposición, Podemos, encabezado por el ex pre-

sidente Tuto Quiroga, cometieron un grave error de

cálculo al momento en que el periodo de sesiones de

la Asamblea Constituyente estaba a punto de finali-

zar, y aún no había podido avanzar en el proceso de

aprobación del texto final.

Después que el Congreso Nacional aprobara la pró-

rroga del periodo de sesiones de la Constituyente

hasta el 14 de diciembre (según la convocatoria, el

periodo de vigencia del Constituyente finalizaba el

6 de agosto de 2007), el gobierno decidió convocar

a una comisión suprapartidaria, conformada por

los partidos con representación en la Constituyente

a fin de llegar a un acuerdo sobre el texto que se iba

a aprobar.

En esa comisión, dirigida por el vicepresidente Gar-

cía Linera, se llegó a ciertos acuerdos que, en reali-

dad, permitían a la derecha y a los comités cívicos

conseguir prácticamente todos sus objetivos.

Esto significaba que el gobierno de Evo Morales, a

título de garantizar la gobernabilidad de su admi-

nistración, apostaba a un texto que beneficiaba a la

burguesía retrocediendo en ciertos aspectos, incluso

en referencia a la actual constitución liberal todavía

en vigencia.

La “estrategia” fundamental que el gobierno –a tra-

vés de la figura de García Linera– ha ensayado desde

el principio de la administración de Evo Morales es

“déjennos gobernar y hacemos lo que ustedes re-

quieran”, eso es lo que se les dice a las empresas y a

sus voceros, los cívicos.

ya Evo lo había dicho incluso pocos días antes de asu-

mir el gobierno, mientras realizaba su gira mundial

donde puso de moda la famosa “chompa de alpaca”:

“He comprendido que para ser un buen presidente

tengo que lograr buenos negocios para los empre-

sarios”. Se refería a los soyeros, agroexportadores y

otras empresas beneficiarias del latifundismo.

Pero la miopía de esa burguesía “esmirriada” no le

ayuda: en parte lo explica su racismo, a tal punto

no puede tolerar estar siendo gobernada por quien

califican como “indio”, que no advierte que es el

gobierno de Evo Morales el que le está garantizando

sus intereses estratégicos, su propia viabilidad como

clase propietaria, y que sólo en la medida que facilite

la gobernabilidad de la administración de Evo, hará

viable una salida favorable a los intereses capitalis-

tas a mediano plazo.

Bueno, ese ha sido su error: ese grupo de necios

representantes de los comités cívicos y de Podemos

siguió presionando al gobierno y negándose a fir-

mar el acuerdo que les proponía García Linera, pese

a que les estaba ofreciendo el oro y el moro. Al final,

no le dejó salida al MAS.

Los propios constituyentes se vieron acorralados

entre esta derecha torpe y los movimientos sociales

–en ese momento encabezados por los mineros de

Huanuni y la Central Obrera de Oruro– que empe-

zaban a impacientarse con la cobardía política del

vicepresidente, de manera que el gobierno no tuvo

más alternativa que dejarle la vía libre a su propia

bancada para que aprobara “su” texto.

Este texto, el único que había sido propuesto de

forma coherente en el curso de la Asamblea, era el

que había diseñado el Pacto de Unidad de las orga-

nizaciones indígenas, originarias y campesinas, de

colonizadores y afrobolivianos, junto a un pequeño y

eficiente equipo de asesores técnicos y de ONG alia-

das que venían trabajando desde principios de 2005.

Así es como se aprobó, inesperadamente para

todos, un texto que avanza de manera audaz en el

campo de los derechos humanos tanto colectivos



Junio

de 2

008

Junio

de 2

008como individuales, y que es probablemente el texto

constitucional más avanzado desde el punto de vista

democrático en el planeta.

Lo interesante del caso es que frente a un texto tal,

la clase media, que había sido aterrorizada por la

prensa y por rumores de que este texto aseguraría

la perpetuación del gobierno de Evo, además de la

confiscación de sus casitas y sus terrenitos, quedó

más bien encantada ante un texto que en lo funda-

mental está bien elaborado y tiene consistencia.

Ahora bien, pese a que esa votación ponía a la de-

recha ante un hecho consumado, y ahora ya no le

quedaba más salida que enfrentarlo en el terreno

del referéndum por realizarse en los próximos me-

ses, no contaba con la ayuda inesperada, otra vez,

del propio gobierno.

El gobierno, en vez de sacar partido del hecho de que

la población urbana se había rendido a la evidencia

de que este texto era un avance de los derechos en

todo sentido, se esfuerza por dar marcha atrás en la

situación. A principios de enero Evo Morales convo-

ca al diálogo a los prefectos bajo una agenda que no

termina de definirse.

Mientras que al principio la agenda parecía no

contemplar el tema de la Constitución, un tema

ya cerrado, el mismo día que se realiza la reunión

resulta que éste sí aparece. ¿Es falta de visión estra-

tégica y política de este gobierno? ¿Se puede hablar

de cobardía política? La derecha no termina de

precipitarse en la derrota por sus propios errores,

cuando viene el gobierno a rescatarla. No parece ser

cobardía.

Parecería que el gobierno, instintivamente, entiende

que su viabilidad está unida a la existencia de una

derecha con capacidad de presión. De lo contrario

el gobierno quedaría preso de su propia base social,

los movimientos sociales. Este es un gobierno-

árbitro, que lo que más teme no es que la derecha

esté en condiciones de imponerle sus términos. Por

el contrario, pareciera que su instinto (pues no hay

evidencia de una clara estrategia en el gobierno en

su conjunto) lo empuja a favorecer que la derecha

crezca lo suficiente como para colocar en vereda a

los movimientos sociales a fin de que no puedan

crecer en sus demandas.

De esta manera el gobierno no quedaría preso del

programa radical con el que los movimientos socia-

les lo llevaron al “poder”: la llamada “Agenda de Oc-

tubre”. Por el contrario, podría intentar resolver la

crisis de Estado, la crisis del capitalismo “esmirriado”

boliviano, tal como lo calificara Zavaleta, reforzando

el actual estado (neocolonial).

Quien parecería empujar con más firmeza esta es-

trategia del gobierno de convertirse en la expresión

de la burguesía es su vicepresidente García Linera:

su planteo desde un principio ha sido reforzar el Es-

tado-nación, hacerlo nuevamente viable, intentado

ganar como base de sustentación a una burguesía

que vea en esta administración al garante de sus

mejores negocios en muchas décadas.

La situación real está definida, por un lado, por la

determinación de esta burguesía inviable y racista

que, dado que no puede sacar al “indio” del Palacio

Quemado porque se lo impiden el apoyo que el

gobierno recibe tanto de la OEA –e implícitamente

del gobierno de Estados Unidos–, como de Brasil y

Chile, por lo menos de convertirlo en su rehén. Pero

por la otra, la situación también está signada por la

SE TRATA DE UN TRIUNFO POLíTICO PUES

EL TEXTO CONSTITUCIONAL SE CONSTITUyE

EN UN PROGRAMA DE ACCIóN PARA LOS

MOVIMIENTOS INDíGENAS ORIGINARIOS.



etniA

S &

PoLÍt

icA esperanza y seguridad de parte de la gran mayoría

de los movimientos sociales de que este gobierno

es “suyo” y, por tanto, se le puede exigir que cum-

pla con la Agenda de Octubre (el momento de la

insurrección que derribó al gobierno de Sánchez de

Lozada). Hasta aquí hemos visto, a través del triunfo

que logran los movimientos indígenas y populares

en la Asamblea Constituyente, que la relación de

fuerzas establecida por el movimiento semi-insu-

rreccional de octubre pareciera no haberse modifi-

cado sustancialmente. Sin embargo, estamos en un

momento de inflexión.

En primer lugar, examinemos las relaciones de fuerza

estructurales. Está claro que el Estado boliviano no ha

modificado su naturaleza colonial. La actual admi-

nistración, aunque esté dirigida por un movimiento

político surgido de un proceso de levantamiento de

las masas indígenas, no tiene la capacidad y tampoco

la intención de modificar ese carácter colonial.

Por el contrario, existen fuertes sectores no solo

dentro del Estado (las fuerzas armadas, la policía,

la Iglesia, el poder judicial, una amplia mayoría del

poder legislativo, toda la burocracia de la adminis-

tración del poder ejecutivo, los ministerios, ni que

hablar de las prefecturas y los municipios) que resis-

ten cualquier intento de mínima modificación de la

actual estructura. De hecho, una mayoría del apara-

to político que conforma el MAS, constituido por al-

caldes, concejales, diputados, senadores, ministros,

viceministros, y cientos de pequeños burócratas.

Muchos de ellos son provenientes de los partidos

de la burguesía como el MNR, ADN, UCS, MBL, etc.,

que se han pasado al carro del MAS. Con el actual

gobierno se agregan los cuadros del MAS que pasan

a formar parte del aparato administrativo del Esta-

do. Parte de ese fenómeno es la incorporación de

buena cantidad de dirigentes de las organizaciones

indígenas y campesinas que se han asimilado a la

vieja y esclerosada estructura burocrática del Estado

y adoptan cotidianamente el antiguo ceremonial y

protocolo de comportamiento burocrático.

Al incorporarse, asumen una actitud de defensa no

solo de sus nuevos pequeños intereses como buró-

cratas que reciben un sueldo del Estado, sino de la

misma estructura jerárquica y burocrática a la cual

se han asimilado, y que les permite gozar de esas pe-

queñas, a veces pequeñísimas, prebendas. También

se puede encontrar ahora dentro de los ministerios

y organismos administrativos del Estado a una pe-

queña nube de profesionales pseudos izquierdistas

del PC y otros grupos, incluso ex militantes del POR

que no tienen empacho en servir de consultores a los

gobiernos neoliberales, y ahora no saben hacer otra

cosa que dar continuidad a las mismas propuestas y

políticas que habían desarrollado en estos gobiernos.

La reconstrucción de este aparato burocrático actúa

como una pesada losa que parece inmovilizar a los

movimientos sociales, y es un proceso que ocurre a

diario, pero a la vez es un proceso totalmente caóti-

co, cada subsecretario toma sus propias iniciativas y

a veces en una misma reunión se escuchan posicio-

nes completamente diferentes, pero dentro de un

caos armonioso.

Las consignas burocráticas, las mismas realidades de

un Estado colonial y anticampesino, ahora se las re-

viste de una ideología pseudo-andina, bajo un man-

to de supuesta reciprocidad y redistribución, que

sirve de nuevo manto ideológico a la paz burocrática

neoburguesa vestida de ropaje indígena.

Esta situación se verifica en el caso de la problemática

de la tierra. La aprobación de las últimas modificacio-

nes a la ley INRA como resultado de movilizaciones

campesinas e indígenas, que debería permitir ahora

la reversión de los latifundios improductivos que no

cumplen función económico-social, no ha servido



Junio

de 2

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Junio

de 2

008

para recuperar hasta ahora ni un metro cuadrado de

tierra ilegalmente apropiada por los latifundistas.

Primero con la excusa de las inundaciones a prin-

cipios de 2007, y ahora sin necesidad de ninguna

excusa, la “revolución agraria” se limita por el mo-

mento a prometer la mecanización de la agricultura

campesina, una política totalmente inadecuada

para los suelos andinos, y que sólo promete agravar

la depredación y la caída de la productividad.

En noviembre de 2007 se aprueba el Decreto 29215

que determina la expropiación con pago a precios de

mercado de 180.000 hectáreas en el Chaco chuqui-

saqueño para entregar a las comunidades cautivas

guaraníes.

La marcha de indígenas por la tierra Hace un año los guaraníes y otros indígenas llegaron

hasta la sede de gobierno para demandar la aproba-

ción de las reformas a la ley INRA.

La política del MAS, como explica Mayorga, un

analista muy apreciado por los medios de comu-

nicación, “está caracterizada por incertidumbre

estratégica y flexibilidad táctica por ausencia de un

proyecto político elaborado de manera programá-

tica, lo que explicaría la postura cambiante respecto

al referéndum sobre las autonomías departamen-

tales, así como los vaivenes respecto a la reforma

educativa. Su capacidad de acción se traduce en una

enorme flexibilidad táctica que se asienta en esa

elasticidad programática”.

El manejo de una retórica radical (por parte del go-

bierno) neutraliza la izquierda y las moderadas deci-

siones de gobierno desbaratan los cuestionamientos

desde la derecha, lo que le permite ocupar una am-

plia franja del centro político. Mayorga se felicita de

esta característica del MAS, porque permitiría recu-

perar la gobernabilidad del Estado que se perdió en el

periodo desde 2000 a 2005 como efecto de la movili-

zación incontrolable de los movimientos sociales.

Efectivamente, mientras se mantiene una retórica

de nacionalización, tanto de los yacimientos de gas

como de los recursos naturales en general, por el

otro lado, el gobierno se enorgullece en publicitar

las inversiones extranjeras en proyectos gigantes en

minería, como el caso San Cristóbal o el Mutún, y en

haber dado las garantías suficientes a las empresas

petroleras como para que reanuden este año las

inversiones en la exploración de hidrocarburos. La

re-nacionalización del sistema de pensiones parece

Marcela Olivera



etniA

S &

PoLÍt

icA haber quedado sepultada, y en cambio los fondos

privados de pensiones se harán cargo del pago del

nuevo bono Dignidad destinado a todos los ancia-

nos, proveniente de la redistribución del ingreso

impositivo a la producción de gas.

Mientras tanto, de parte de las comunidades cam-

pesinas ni siquiera es posible reclamar contra la total

contaminación e inutilización de sus tierras agríco-

las por parte de las multinacionales mineras y, peor

aún, de las cooperativas mineras. La COD de Oruro

(2007), en cambio, considera que no existe espacio

para esa política de conciliación:

El gobierno de Evo Morales surgido como con-

secuencia de las luchas sangrientas del pueblo

contra la oligarquía, tiene como base de su

política la concertación y la convivencia con el

enemigo de clase, compuesto por los pocos ri-

cos de este país, culpables de la pobreza, atraso

y desempleo en nuestro país…

En ese sentido, su política de pactos con la

derecha que terminaron en acuerdos de claro

retroceso para el pueblo como se puede ad-

vertir en la Ley de convocatoria a la Asamblea

Constituyente y los acuerdos de la suprapar-

tidaria, entre otras, nunca conformarán a la

clase capitalista, detentadora del poder y de

los gobiernos durante la casi totalidad del pe-

riodo republicano, así como también no serán

solución definitiva a los problemas de nuestro

pueblo empobrecido aunque mayoritario.

La emergencia de la COD de Oruro y de una fuerte

dirección clasista en Huanuni, que se han puesto

claramente del lado de las organizaciones y pueblos

indígenas campesinos, de alguna manera ha dismi-

nuido el margen de maniobra del gobierno y le ha

obligado a inclinarse un poco más hacia la izquierda,

a fin de evitar que la dirección obrera en emergencia

le gane las espaldas.

Eso explica que estos últimos días el gobierno cada

vez hable de forma más pesimista sobre la posibili-

dad de un acuerdo con los prefectos derechistas. La

estrategia del gobierno de establecer un acuerdo

político con los empresarios que de alguna manera

convierta al MAS en su propia expresión política

no es hueca. La bonanza de los altos precios de las

materias primas, que ha permitido cuadruplicar

los ingresos por exportaciones lo permitiría. Lo

demuestran también las cifras de las entidades

financieras. Las reservas internacionales del Banco

Central se han duplicado en un año.

Los depósitos en moneda nacional en la banca se

han incrementado de la misma manera y la cartera

de préstamos también ha crecido en 60%. ¿Por qué,

en tal situación de bonanza aún es difícil un acuerdo

y cuál parecería ser el proyecto estratégico del em-

presariado boliviano y la derecha que lo representa?

La lucha por la hegemonía y el traslado del eje geopolítico bolivianoDesde octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada y

su gabinete, poco antes de huir del país, especularon

con la posibilidad de trasladar su gobierno –y por lo

tanto la sede de gobierno– a Santa Cruz, cobró nuevo

impulso a lo que se dio en llamar las luchas regionales.

Desde que se impone la Agenda de Octubre, cuando

Carlos Mesa inesperadamente para todos, acepta

como parte de su programa de gobierno la convoca-

toria a una Asamblea Constituyente, empieza en serio

el intento de trasladar la capital fuera de La Paz.

LOS GUARANíES y OTROS INDíGENAS

LLEGARON HASTA LA SEDE DE GOBIERNO

PARA DEMANDAR LA APROBACIóN

DE LAS REFORMAS A LA LEy INRA.



Junio

de 2

008

Junio

de 2

008Es un hecho que el cerco de los movimientos sociales

indígenas a La Paz, establecido en octubre de 2003, y

que luego se repite en mayo-junio de 2005, no fue

hasta ahora derrotado. Es más, está pendiente aún

sobre las cabezas del sistema político como una es-

pada de Damocles. Tanto en octubre de 2003 como

en mayo-junio de 2005, con el antecedente de la

crisis de febrero de 2003 que llevó al enfrentamien-

to armado entre policías y militares, el Estado está

en una crisis que se debe, en buena medida, al cerco

que han establecido los movimientos sociales sobre

el gobierno y sobre su sede geográfica.

El levantamiento social paralizó entonces al gobier-

no y al aparato estatal en su conjunto. La subida al

gobierno de Evo Morales –un logro que es el resul-

tado directo de las luchas populares pero en gran

medida hay que atribuir a la estrategia de la Iglesia

para neutralizar esas luchas– parece haber logrado

un cuarto intermedio en las luchas sociales. La gente

tiene cierta esperanza en que este gobierno “arre-

gle” las cosas, aunque mantiene su vigilancia.

Dado que los sectores claves del aparato productivo

nacional (la energía, la minería, las telecomunica-

ciones, la tierra, los bosques, los bancos, la prensa y

la televisión), están en manos de multinacionales o

de sus socios –los sectores empresariales, latifundis-

tas o lumpen burguesía boliviana–, es poco lo que se

presume que el gobierno pueda hacer, a más de sa-

near las finanzas del Estado elevando la recaudación

impositiva.

Esto último se lograría a través de la llamada “nacio-

nalización de los recursos naturales” que modifica

los contratos petroleros existentes –que nunca fue-

ron anulados– de manera que el Estado perciba ma-

yores ingresos por la explotación del gas. Se suponía

que la Asamblea Constituyente era el escenario para

cambiar radicalmente la situación generada por

la privatización de las empresas y los recursos del

país, pero el propio gobierno se encargó de trabar al

máximo esa posibilidad acordando con la derecha

una ley de convocatoria que transformaba lo que

debía ser un espacio de poder político fundacional y

soberano en un ente ineficaz para hacer las transfor-

maciones necesarias, subordinado al aparato políti-

co, judicial y administrativo establecido del Estado.

Así mismo, el gobierno ha permitido que la dere-

cha ponga como condición para la realización de la

Asamblea Constituyente, la previa realización de un

referendo autonómico vinculante.

Este referendo determinó que cualquier departa-

mento donde haya sido aprobada la pregunta sobre

autonomía departamental con una mayoría simple,

se transforma en autónomo, una vez que se promul-

gue la nueva Constitución. Los constituyentes, tanto

por la ley de Convocatoria a la Asamblea, como por

el texto de la ley de referendo, están obligados a ava-

lar el resultado positivo de esa votación en un depar-

tamento, aunque la opinión nacional mayoritaria se

demuestre en contra.

¿A qué apunta ese proyecto autonomista? ¿Acaso

apunta a la disgregación nacional? Lo mismo se

decía cuando se estaba librando la Guerra Federal

que tuvo lugar en Bolivia en 1899. Sin embargo, el

triunfo de los federalistas no derivó en el estableci-

miento de un sistema federal, sino en el traslado de

la sede de gobierno a La Paz, y el establecimiento de

un sistema de gobierno centralista. El interés actual

del empresariado que respalda esta propuesta auto-

nomista se expresaría en dos posibles salidas:

a) La salida política mínima a que aspiran, consiste

en que efectivamente no logran derrotar a los

movimientos sociales durante todo o parte del

gobierno de Evo Morales, y se ven entonces en

la necesidad de atrincherarse temporalmente en

la sede de Santa Cruz, pero con prerrogativas y



etniA

S &

PoLÍt

icA competencias que les permitan manejar la parte

más jugosa del presupuesto nacional, aspirando

también a manejar de la forma más directa po-

sible –según las relaciones de fuerza que logren

para la Asamblea Constituyente– los recursos

naturales que ya sabemos: la tierra, el agua, los

bosques, los recursos del subsuelo.

b) La máxima consiste en lograr derrotar o confun-

dir lo suficiente a los movimientos sociales para

comenzar a trasladar, de hecho o de derecho, la

sede de gobierno a Santa Cruz. Ese proceso puede

comenzar bajo una apariencia de descentralización,

o de traslado de organismos autárquicos o semiau-

tárquicos, como por ejemplo yPFB, u otras entida-

des de gran peso económico a Santa Cruz. Aunque

lograran solamente la autonomía, ya se estaría

empezando a aplicar de hecho el traslado paulatino

de la sede del gobierno nacional a Santa Cruz.

Pero si la derecha lograra dividir y desmoralizar lo

suficiente a los movimientos sociales, es posible un

cambio rápido de escenario geopolítico. Esto puede

hacerse efectivo si acorralan y reducen a la impoten-

cia al gobierno de Evo Morales, y lo obligan a servir

simplemente de administrador eficiente de un mo-

delo neoliberal maquillado de populismo, sin nin-

guna transformación de fondo. Por ejemplo, sin que

se logre la reversión de una porción significativa de

los 50 millones de hectáreas de tierras ilegalmente

distribuidas desde la Reforma Agraria de 1953 entre

la nueva oligarquía.

En la medida que el gobierno –para sostenerse en el

sillón– deba acudir a la desmovilización y a la división

de las organizaciones que lo apuntalaron para ganar

las elecciones de 2005 y 2006, el mismo gobierno

serviría como instrumento para lograr ese fin. La

deslegitimación del gobierno lo volvería cada vez

más débil y vulnerable a las presiones de las camari-

llas empresariales y mafiosas, hasta que lo obliguen a

rendirse y aceptar, él mismo, cambiarse de sede. Ese

sería el proyecto estratégico del empresariado lati-

fundista y sus aliados mafiosos y petroleros.

Por supuesto, no apuntamos a que la “burguesía

esmirriada” y sus mafiosos se salgan con la suya y

logren establecer este escenario político que descri-

bimos arriba; por el contrario, estamos seguros de

que los movimientos sociales sabrán derrotarlos a

tiempo. Pero nuestro análisis pretende alertar con-

tra sus verdaderas intenciones, que no se quedan

en la autonomía departamental. Hay una forma

para que los movimientos sociales, acompañados

por aquellos que desde el gobierno están de su lado,

puedan neutralizar esa estrategia y ganarles la bata-

lla actual. Esa forma es, dicho de forma llana, revertir

los latifundios.

Las implicaciones “civilizatorias” del proceso actualLa crisis de Estado que se presenta en Bolivia nos

obliga a utilizar un término un poco desgastado:

aquello de “el eslabón más débil”. Efectivamente

Bolivia es, quizás, uno de los eslabones débiles del

sistema hegemónico establecido por la civilización

occidental capitalista en todo el planeta. Un sistema

que ha establecido como pivote de su dominación

política a los Estados-nación.

No hay duda de que estamos ante un periodo de

declinación hegemónica, pero ¿de qué tipo es esa

declinación hegemónica? Nadie, ni siquiera en el gi-

gante imperialista, se atreve a dudar de que los Esta-

dos Unidos hoy atraviesan una crisis de hegemonía,

pero hay poco acuerdo sobre el significado de esa

crisis. Otros gigantes imperiales han caído antes.

Recordemos cómo el imperio inglés se desmoronó

en la Segunda Guerra Mundial, pero ya hoy las ca-



Junio

de 2

008

Junio

de 2

008racterísticas de la declinación hegemónica han cam-

biado fundamentalmente. En ningún momento,

durante el proceso de relocalización del eje geo-he-

gemónico mundial que se traslada desde Inglaterra

hacia Estados Unidos, se había puesto en duda el

sistema civilizatorio occidental mismo. Por el con-

trario, la reconstrucción de Europa, pero sobre todo

el movimiento anticolonial y nacionalista de la pos-

guerra, comenzando por la independencia de India y

siguiendo por la descolonización de África, se llevó a

cabo siguiendo el modelo de “modernización”.

En estos últimos casos, conducidos por las burgue-

sías nacionales del Tercer Mundo, proponían un

desarrollo capitalista basado en la “sustitución de

importaciones”, hasta ahí no más llegaban. También

fue en ese periodo de transición inter-imperialista

que se generó un vacío temporal de poder o, más

bien, un periodo en el que las burocracias estatales

mantuvieron su lealtad a los antiguos jefes impe-

riales, y así surgieron los movimientos naciona-

listas en Latinoamérica, con fuerte arraigo en las

burocracias militares, y a los cuales se adhirió un

sector importante de la clase obrera. Recordemos el

peronismo, el APRA en Perú, Vargas en Brasil, MNR

en Bolivia, etc., todos del mismo periodo de finales

de la Segunda Guerra Mundial, teñidos de discurso

anti-americano pero, al menos en algunos casos,

muy sospechosos de conducta pro inglesa, y que

finalmente debieron ceder sin pena ni gloria ante el

avance de los capitales americanos.

Así, los años cincuenta se caracterizan porque llega

a su mayor auge el ciclo de expansión civilizatoria

de la modernidad capitalista occidental: todos los

países quedan integrados en la red de los Estados-

nación que forman el mercado mundial capitalista.

Es probable que incluso los países de la llamada

esfera socialista, después de la Segunda Guerra, ha-

yan quedado también semi-integrados en esa red, a

consecuencia del propio proceso de regresión buro-

crática en que estaban sumidos.

La lucha nacionalista revolucionaria entonces se

entendía, paradójicamente, como la construcción

de “verdaderos” Estados-nación, es decir, se acudía

a la utopía de naciones “independientes” y “desarro-

lladas” según el mismo modelo que planteaba el im-

perialismo. El actual periodo se caracteriza no solo

por una creciente competencia interimperialista,

existiendo de hecho ya tres grandes bloques que se

disputan esferas de influencia económica, sino por

una declinación civilizacional.

El capitalismo a escala mundial ha sufrido una re-

gresión que la clase obrera vive en carne propia: se

ha vuelto al capitalismo salvaje, primitivo, al capi-

talismo basado en el trabajo a domicilio y otras for-

mas utilizadas ahora, no por el pequeño capitalista

emergente, sino por el gran capital transnacional

consolidado a escala global. Como consecuencia

de esa regresión histórica, la clase obrera se ve en

disgregación física y políticamente, y no se avizora el

camino para su recuperación.

Si bien hay grandes huelgas en los últimos tiempos,

las realizan básicamente los obreros estatales, como

es el caso de los sindicatos del transporte en Francia,

Alemania y Hungría, porque la industria misma

se ha vuelto transhumante. Pero en el nudo de la

declinación se encuentra el problema de la crisis de

legitimidad del Estado-nación.

SÁNCHEZ DE LOZADA y SU GABINETE,

POCO ANTES DE HUIR DEL PAíS, ESPECULARON

CON LA POSIBILIDAD DE TRASLADAR

SU GOBIERNO –y POR LO TANTO

LA SEDE DE GOBIERNO– A SANTA CRUZ.



etniA

S &

PoLÍt

icA Desde el mismo momento que la civilización capita-

lista global basada en la red de Estados-nación se ex-

tendió por todo el planeta y dominó todo el mundo,

comenzó su declinación. El Estado-nación, por otra

parte, dejó de ser garante del nivel de vida de la po-

blación, y se convirtió en el garante de la expansión

del capital, exclusivamente.

y entonces sucede algo aparentemente contradic-

torio. La gran amenaza que desafía a Occidente

pareciera que ya no es el fantasma del comunismo,

ahora es retratada como el fantasma del “funda-

mentalismo” y el “terrorismo” islámico. El desafío

que plantea el islamismo propone un tipo de civiliza-

ción que ataca las bases del individualismo burgués

que domina nuestra cultura. Aquí me incluyo, como

incluyo a la mayoría (¿la totalidad?) de los marxistas

occidentales que hasta ahora no han sabido dar una

mínima respuesta a este nuevo proceso global, por

más que ya lleva cerca de treinta años en expansión,

desde la revolución iraní.

Lo paradójico es que a la crisis del capitalismo como

civilización también le sucede la crisis del “comu-

nismo real”, de los socialismos en un solo país,

construidos sobre el modelo de la industrialización

forzada. Entonces, al desafío islamista contra esa

civilización liberal individualista que nos ha penetra-

do hasta los huesos, se suma la emergencia indígena

que recorre Latinoamérica.

Hasta ahora esa emergencia ha dado pasos tibios y a

tropezones, sin encontrar un camino independiente.

Cuando se ha encontrado en posición dominante,

como ocurrió en octubre de 2003, la corriente que

supuestamente representaba los intereses de cam-

pesinos indígenas ha rehuido ese propio camino,

ha vuelto a asumir la ruta de los derrotados, en este

caso de los neoliberales que estaban en plena huida.

Para peor, se disfrazan de nacionalistas y llegan al

extremo de reivindicar el éstado-nación colonial y

su soberanía, es decir, los supuestos representantes

del movimiento indígena terminan negándose a sí

mismos.

Hasta ahora no ha surgido una corriente indígena

latinoamericana con el suficiente coraje como para

plantarse y asumirse como alternativa civilizatoria y

reclamar la devolución total de la soberanía al pue-

blo, a los pueblos. Sin embargo, cuando los pueblos

indígenas se sientan a deliberar surgen espléndidas

ideas como las que dieron contenido a la propuesta

de Constitución que elaboró el Pacto de Unidad de

las organizaciones indígenas originarias campesinas

de Bolivia.

Esa experiencia nos demuestra que es posible una

respuesta a la crisis civilizatoria. Es la hora ya de

crear un frente indígena y obrero que recupere esa

extraordinaria experiencia y se plantee desterrar de

una vez la corrupta cultura liberal capitalista, inclui-

da su versión seudo-nacionalista.

Referencias CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE ORURO, COD DE

ORURO (2007). "La posición de la clase trabajadora en el momento actual". 20 de diciembre.

MAyORGA, F. (2007). Encrucijadas: ensayos sobre democracia y reforma estatal en bolivia. Cochabamba: CESU-UMSS. Gente Común.

UDAPE (2006). Economía y política económica. La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.

ZAVALETA M. R. (1987). El poder dual. Cochabamba: Los amigos del libro.

Junio

de 2

008carta de Óscar olivera

a la empresa canadiense Bataen huelga de hambre por abusos de su filial Manaco

le paga el beneficio del sobretiempo, que consiste en el

pago doble por hora extra de trabajo, tal como señalan

las leyes bolivianas. En cambio, a los obreros, quienes son

parte del Sindicato y que ganan salarios mucho menores

a los de los empleados, no se les paga este beneficio.

4. Un acoso laboral que consiste en la intervención de la

Policía en la revisión de casilleros de los obreros como si

fueran delincuentes, algo que es absolutamente ilegal.

5. Toma de fotografías a los obreros que reciben informa-

ción de dirigentes de nuestras organizaciones, a quiene

se les obliga a brindar información sobre estos hechos, y

luego son convocados para llamarles la atención, lo que

en la práctica es amenazarlos.

6. Existe una evidente intromisión de algunos personeros

de la empresa en las actividades del Sindicato, lo que

también está prohibido por ley, así como por los Conve-

nios de la OIT.

Desde esta huelga de hambre, los 10 trabajadores y ex tra-

bajadores de Manaco le decimos que estas actitudes dañan

la imagen de BATA, contradicen la filosofía del Sr. Tomas

Bata y olvidan que en el pasado las relaciones entre obreros

y administradores se tejieron con base en esfuerzos con-

juntos para construir bienestar en nuestras familias. Desde

hace un tiempo atrás, desde la gestión de Arturo Blanco,

estas condiciones de trabajo han desmejorado considera-

blemente.

Por eso los invitamos a que nos escuchen, a que algún ejecu-

tivo superior de Bata venga a Cochabamba, Bolivia, a ver en

el terreno lo que pasa, para que sepan que no les estamos

mintiendo y que los que dañan la imagen de esta empresa

transnacional son algunos de los que hoy están a cargo de

Manaco.

Atentamente,

Óscar Olivera FOrOnda

Cochabamba, Bolivia,

julio 7 de 2008

señorasOnja BataBatatoronto-canadá

Sra. Bata:

Le escribe un obrero de nombre óscar Olivera, trabajador

regular de la empresa Manaco desde el 12 de marzo de

1979, quien el año 2003 fue privado de sus salarios en se-

ñal de represalia a raíz de una serie de denuncias contra la

administración de Manaco que en ese entonces ejercía el

Sr. Arturo Blanco. Usted recordará que mi persona, junto a

varios trabajadores, le mandamos una carta en ese enton-

ces. Esas denuncias, que eran ciertas, seguramente fueron

luego comprobadas por la compañía, ya que supimos que el

Sr. Blanco fue retirado de la firma Bata.

Hoy, 21 trabajadores de diferentes fábricas en Bolivia nos

encontramos en una huelga de hambre, uno de ellos es Ale-

jandro Saravia, trabajador de 55 años, 28 de los cuales los

pasó trabajando en Manaco, y quien fue retirado de la em-

presa, desde nuestra perspectiva, de manera injusta e ilegal.

Este retiro ha visibilizado varias cosas que ocurren en esta

fábrica y que enumero a continuación:

1. Contratos de trabajo con los obreros nuevos donde se

les induce a presentar datos falsos, como por ejemplo, el

lugar donde viven para evitar el pago del transporte del

obrero.

2. En estos contratos se obliga a los trabajadores a RENUN-

CIAR A SUS DERECHOS conseguidos por acuerdo de

partes desde hace más de 60 años entre la Empresa y el

Sindicato de trabajadores.

3. Una discriminación laboral donde sólo a un sector, el de

los empleados (que no forman parte del Sindicato), se

Marcela Olivera

e&P: ¿qué deja para nuestros pueblos la experiencia de ustedes en la Coordinadora del Agua de Bolivia?

oo: creo que básicamente deja la experiencia de

que sólo con la movilización de los trabajadores,

del pueblo, de la gente del campo y la ciudad, va a

ser posible la recuperación de nuestra propia voz, y

como dicen los zapatistas “echar a andar la palabra”.

Esta movilización de “recuperación de la Voz” nos ha

permitido recuperar nuestra capacidad de decidir,

que creo que es lo que exactamente queremos como

democracia, no delegada, no representativa, sino una

democracia donde la gente en grandes asambleas

óscar Olivera es dirigente del sindicato de obreros fabriles de Cochabamba y ha desempeñado un importante papel en la Coordinadora del agua de esa ciudad, que en abril de 2000 derrotó la privatización del agua y expulsó a la transnacional Bechtel.

y grandes cabildos tenga la capacidad de deliberar

y tomar decisiones para construir su presente y su

futuro.

e&P: ¿crees que esa experiencia tan importante va a seguir repercutiendo en la historia de Bolivia, en los acontecimientos próximos a ocurrir?

oo: yo creo que sí, creo que lo que no ha podido

hacer el neoliberalismo aquí en nuestro pueblo, en

nuestro país, es porque, primero, nuestro pueblo

nunca ha perdido la memoria, y segundo nunca

nos hemos quedado callados frente a la injusticia,

a la imposición, frente al racismo y la exclusión. Así Mar

cela

Oliv

era

Junio

de 2

008

de articulación para poder recuperar nuestras

capacidades de indignarnos frente a la injusticia, la

solidaridad, la igualdad, la fraternidad y a la capacidad

de encontrar los objetivos comunes, nos podemos

unir como pueblo, porque los enemigos son comunes,

son enemigos de todos los pueblos. Los enemigos

que existen aquí en Bolivia son exactamente los

enemigos que existen en Colombia o en Sudáfrica, o

en Sudán o en Irán o Irak, es el capital transnacional,

son los partidos políticos de derecha, son los grandes

reinos financieros internacionales, son todos los que

quieren destruir la humanidad. y al tener enemigos

comunes, las luchas son comunes y las victorias que

hemos alcanzado hasta ahora y las que vamos a seguir

alcanzando, son victorias de toda la humanidad.

e&P: en Colombia estamos trabajando para convocar un referendo sobre el derecho al agua, ¿crees que esto es importante? ¿Qué puedes decirle a nuestra gente sobre esta tarea?

oo: yo tuve el privilegio de pisar territorio

colombiano y tuve el privilegio de compartir varios

días con las hermanas y hermanos de Colombia,

tanto del campo como de la ciudad, profesionales,

campesinos, obreros, indígenas, y me sentí como

nunca me había sentido en otro pueblo, como si

estuviera en mi propia casa, y he aprendido dos

cosas de los hermanos colombianos: una vez se me

acercó un campesino y me dijo, “óscar , compañero,

nosotros solamente somos visibles cuando nos

movilizamos, si no, no existimos para el poder”. Eso

me dejó muy marcado, y qué sabiduría la de este

hermano. Otra frase que me impresionó mucho

fue que me dijo, “en Colombia hemos comenzado a

perder el miedo cuando hablamos del agua porque

hablar del agua es hablar de la vida”. Creo que luchar

por el agua en Colombia, como hemos luchado

por el agua en Bolivia, es luchar por la vida y no se

trata de una disputa simplemente por la gestión del

agua, por una gestión comunitaria, pública, social y

participativa o de expulsar a una u otra transnacional

de la gestión de un bien público, creo que al luchar

por el derecho al agua ante todo se trata de luchar por

la gestión de la vida.

hayan logrado privatizar todo en Bolivia antes del

2000, lo que no han podido privatizar son nuestros

sueños, y mientras eso no ocurra tenemos la enorme

responsabilidad de seguir luchando por nuestros

derechos y sueños mientras sigamos estando vivos.

e&P: ¿cuál crees que sea el futuro desenvolvimiento de la actual ofensiva que tiene la derecha en Bolivia?

oo: creo que, como lo dijimos hace unos días en el

libro que presentamos, Nosotros somos la Coordinadora,

el pueblo es la Coordinadora, el pueblo ha sentido en

la vida drástica y concreta, que solo con su capacidad

Desde el 30 de junio Óscar Olivera, con otros trabajadores fabriles, está en huelga de hambre en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Bolivia para protestar por el despido de un obrero y otros abusos de calzado Manaco, filial de la empresa canadiense Bata.

e&P: ¿desde cuando comenzaste a relacionarte con los movimientos sociales?

aG: desde que comencé a trabajar a muy temprana

edad, desde 1978, fui dirigente sindical, obrero fabril,

textilero, primero de base, luego departamental

de todos los sectores asalariados, y luego nacional

de la COM. Luego me relacioné con organizaciones

indígenas y campesinas a raíz del golpe de Estado

de Alberto Natusch Busch y Luis García Mesa, en

1981. Los golpistas mataron a varios dirigentes

e intervinieron a la Central Obrera Boliviana, la

máxima representación de los trabajadores; ahí

mataron al líder del Partido Socialista 1, Marcelo

Santacruz, uno de los hombres rescatables de

la historia del país. últimamente también me

he relacionado con las organizaciones obrera y

populares de otros países, y he tenido oportunidad

de ir a la Cumbre Social de Río.

Alex Gálvezentrevista con

e&P: ¿eres indígena?

aG: sí, soy de ascendencia aymara. En las ciudades de

Bolivia viven muchos indígenas que se han trasladado

desde el campo por la falta de tierras y recursos. Es

así como gran parte de los obreros y de la dirigencia

sindical somos indígenas.

e&P: ¿qué significa para los indígenas el actual gobierno de Bolivia?

aG: mucho. Nos da la esperanza de encontrar un

equilibrio de justicia en vivienda, educación, salud. Si el

gobierno atiende más a la educación propia, podemos

descolonizarnos en lo personal y en lo social.

e&P: ¿por qué se dio una Asamblea Constituyente en Bolivia?

aG: muchos sectores, fundamentalmente los

Ex ministro de Trabajo de Bolivia

Junio

de 2

008

indígenas, hemos sido marginados desde la creación

de la República de Bolivia. La mayoría de la población

es indígena, pero en las muchas reformas durante

la vida republicana siempre dejaron al margen.

Ahora que elegimos un presidente indígena, y por las

exigencias de varios sectores sociales, especialmente

los indígenas, y hay que mencionar a los pueblos

indígenas de las tierras bajas, del oriente, que

levantaron la lucha por la constituyente. Pero no

han sido sólo los indígenas sino todos los sectores

populares los que han participado y han logrado una

votación acorde con la participación popular.

e&P: en el texto de nueva constitución que aprobó ya la Constituyente y va a ser sometido a la consideración del pueblo boliviano ¿qué aspectos te parecen más importantes?

aG: se está jugando la vida y la muerte que es la

distribución de tierras. Los grandes ganaderos y

grandes empresarios agroindustriales tienen fincas

de hasta aproximadamente 250 mil hectáreas, pero

en esas mismas zonas los originarios, que nacieron

allí, no tienen ni una hectárea. Entonces en la

Asamblea Constituyente se ha puesto un parámetro,

que el máximo de tierra debe ser 10 mil hectáreas.

Será parte de la consulta el tope por imponer a los

latifundios. La nueva Constitución es entonces un

golpe muy importante al latifundio, con el cual se

juega el destino del país.

e&P: y frente a los recursos naturales como el petróleo, el gas, las minas...

aG: consideramos que estos recursos son para

resolver necesidades prioritarias de nuestro país.

Solamente se puede aceptar una explotación

equilibrada. El gobierno del presidente Evo

Morales, desde los primeros meses, ha tomado

medidas para revertir la privatización y avanzar

hacia la nacionalización, y ha logrado una mejora

considerable en los ingresos recibidos por Bolivia.

Anteriormente el Estado recibía unos 280 millones

de dólares anuales, y en el primer año de Evo se llegó

a más de 1.600 millones, y en el 2007 sobrepasó los 2

mil millones de dólares. Esto es una buena señal hacia

el futuro, porque además los ingresos percibidos

están apuntando hacia la salud, la educación y

la producción de alimentos. Como una parte

importante se distribuye en forma descentralizada,

es esencial que los gobiernos departamentales y

los alcaldes también dirijan adecuadamente estos

recursos económicos.

e&P: y en cuanto a la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, la naturaleza...

aG: dentro del nuevo texto constitucional se

establece la necesidad de un equilibrio entre

los hombres y el resto de la naturaleza, con la

Pacha mama. Somos muy respetuosos con el

medioambiente porque sabemos que con una

explotación hay muchos riesgos, por ejemplo, se

pueden romper los conductos y también se producen

otras contaminaciones, entonces hay que mantener

un equilibrio entre la necesidad de los ingresos y la

protección integral de la naturaleza.

e&P: ¿por qué los líderes políticos de Santa Cruz han llamado a un referéndum para obtener una autonomía aparte de la Constitución?

aG: es precisamente allí donde se encuentran

los grandes propietarios que poseen las mayores

extensiones de tierras. Allí están también los

grandes empresarios de agronegocios, para cuyas

empresas se importa diésel. Ellos alegremente

quieren defender sus privilegios, el favoritismo del

que han disfrutado, y mantener el dominio de la

vida del Estado. No es como ellos dicen que quieren

beneficiar a Santa Cruz, quieren beneficiarse ellos,

impedir que se apliquen en Santa Cruz las normas

de tierras y también las normas laborales y las que

ordenan que dejen de tener esclavizados a nuestros

hermanos guaraníes.

e&P: ¿crees que van a tratar de independizarse de Bolivia?

aG: sus intenciones son esas. Su texto autonómico

apunta a separarse del país. Eso lo trabaja el pueblo

con mucho cuidado. La gente pobre de la misma

ciudad y los pueblos indígenas de Santa Cruz están en

contra de ese Estatuto y han hecho cabildos en que

han quemado el texto “autonómico” y proclamado

que lo hacen porque solamente favorece a unos

pocos empresarios y latifundistas.Ale

x G

álve

z Mam

ani e

n G

ijón,

Ast

uria

s, E

spañ

a. F

oto

Sold

epaz

estados plurinacionales

y constituyente1

Ecuador, en el momento actual, se caracteriza por el hecho de que las

fuerzas progresistas asumieron la bandera planteada por el movimien-

to indígena en la década de los noventa para la elaboración de una nueva

Constitución que reconozca la diversidad de una manera profunda a través

de la plurinacionalidad. Los avances en los últimos veinte años han permitido

pasar de la invisibilidad a la visibilidad, de la resistencia a la propuesta,

y ahora, de la interculturalidad a la plurinacionalidad. Es importante

tener en cuenta esto para analizar el actual proceso constituyente.

La Constitución es simplemente un papel que ha sido fuente de frustra-

ción durante mucho tiempo. Varios derechos han sido incluidos pero

los pueblos continúan siendo excluidos, empobrecidos, invisibilizados y

oprimidos. Estamos ante un nuevo tipo de constitucionalismo que im-

plica un proyecto político de país diferente, otra forma de cultura, de

convivencia, de territorialidad, de institucionalidad del Estado.

Se trata de un periodo nuevo, interesante pero muy difícil, ya que

existen muchos enemigos internos y externos que están muy bien or-

ganizados. Lamentablemente, las fuerzas progresistas no se organizan

tan bien como sus opositores. El actual modelo de Estado es homoge-

[ 1] Intervención magistral realizada en el Encuentro Internacional “Pueblos indígenas, Estados plurinacionales y derecho al agua”, Quito, 12-14 de marzo de 2008 (editado por Lina Cahuasquí), Alainet.in

dÍGe

nAS

de A

MÉR

icA

Archivo Cecoin

Junio

de 2

008

Boaventura de Sousa Santos Profesor de la Universidad de Coimbra (Portugal).

neizante porque implica una sola nación, cultura,

derecho, ejército y religión. Esta idea de homoge-

neidad predomina en las cabezas de las élites, de

la cultura, y hasta en las fuerzas progresistas que

son o pueden ser aliadas de este proceso. De allí

la importancia de defender otro tipo de unidad

en la diversidad que no sea simplemente acep-

tada sino celebrada. La unidad no tiene por qué

ser homogénea y tampoco la diversidad tiene

que ser desintegración. Estos son los retos que

debe enfrentar la nueva Constitución para que

efectivamente el actual proceso político implique

una importante ruptura con el colonialismo que

no terminó con las independencias. Las diversas

iniciativas políticas que están emergiendo en el

continente solo pueden ser entendidas recono-

ciendo la existencia de un profundo racismo en la

sociedad. Por ejemplo, no podemos entender los

conflictos en Bolivia sin antes recordar que para

sus élites un indio es solo un indio y no conciben

que haya llegado a ser presidente, porque según

ellos no es competente. Si revisamos la historia

recordaremos que en la Colonia creían que los in-

dios no tenían alma y fue un papa, en 1537, quien

tuvo que reconocer que sí la tenían. Han tenido

que pasar quinientos años, un proceso histórico

muy largo, para que un indio sea elegido demo-

cráticamente.

En Venezuela también existe racismo, basta

observar muchas de las críticas lanzadas contra

el presidente Hugo Chávez que lo tildan de ma-

caco y de no pertenecer a las élites blancas de la

sociedad dominante. De allí la importancia del

reconocimiento de la continuidad del colonialis-

mo, y de que en el proceso constitucional, la plu-

rinacionalidad es un acto de poscolonialidad que

rompe con la herencia colonial. La independencia

fue dada, concebida, conquistada por los descen-

dientes de los colonizadores no por lo pueblos

originarios; es decir, no fue realmente descolo-

nizadora. En África sucedió todo lo contrario, las

independencias se dieron por los territorios, por

los países a los pueblos originarios con excepción

de Sudáfrica que conquistó su independencia a

mediados de los años noventa.

Este nuevo tipo de constitucionalismo es impor-

tante pero no es exclusivo de América Latina. En

el mundo existen varios países como Canadá,

Suiza, Bélgica y España que se reconocen como

plurinacionales. No se entiende entonces por qué

el drama, el enfrentamiento y las dudas. En una

reunión de la Secretaría Nacional de Planificación

y Desarrollo (Senplades) a la cual fui invitado les

preocupó que la plurinacionalidad desintegre y

destruya el país, como también a un periódico

de gran circulación en el Ecuador, y les expliqué

por qué no deben tener miedo. Primero, la plu-

rinacionalidad tiene como objetivo descolonizar

el país debido a esa profunda herencia colonial.

Segundo, exige otra concepción del territorio y

del manejo de los recursos naturales. Es allí don-

de surgen los temores respecto a la propiedad

de la tierra, el manejo de los beneficios y las

ganancias que producen los recursos naturales.

Este proceso político significa una nueva visión

de país, una refundación del Estado ecuatoriano.

Bolivia y Ecuador están inventando otro tipo de

LA UNIDAD NO TIENE POR QUé SER

HOMOGéNEA y TAMPOCO LA DIVERSIDAD

TIENE QUE SER DESINTEGRACIóN.


[ Estados plurinacionales ]

etniA

S &

PoLÍt

icA Estado, uno moderno que amerita nuevas institu-

ciones y nuevos territorios con un marco político di-

ferente que permita pasar del discurso a la práctica,

y que los cambios se reflejen de una manera visible.

La plurinacionalidad es un acto fundacional o de re-

fundación del Estado, y todos los actos fundacionales

son transicionales. Pasar de las viejas estructuras

a la construcción de nuevos Estados es un proceso

de transición que no es únicamente político sino

cultural, y que puede provocar enfrentamientos

como está sucediendo en Ecuador y Bolivia. Son

choques sobre la memoria entre aquellos que no

pueden olvidar y los que no quieren recordar. Esta

confrontación, que no es solo política sino también

cultural, exige construir otro tipo de memoria.

El nuevo modelo de Estado implica una nueva insti-

tucionalidad, otra territorialidad pero también otro

modelo de desarrollo. De allí la importancia de las

concepciones indígenas que están ganando terreno

porque van más allá de las reivindicaciones pura-

mente étnicas. Hoy en día el punto de vista de los

pueblos indígenas es importante en el continente, y

no solamente para ellos sino para todo el país porque

el actual modelo de desarrollo está destruyendo los

recursos naturales, el medioambiente, contaminan-

do el agua, particularmente en Ecuador, como es el

caso de la Texaco que durante treinta años causó po-

breza, destrucción ambiental y contaminó las aguas.

Este es un viejo modelo y posiblemente las palabras

“de desarrollo” no sean las más adecuadas. Por qué

entonces no utilizar la palabra “revivir” que tiene una

connotación mucho más profunda y que da cuenta

de una relación diferente con la Pacha Mama. El

concepto de naturaleza es muy pobre comparado

con el de Pacha Mama, que es más profundo y rico

porque implica armonía y cosmovisión. Los indíge-

nas colombianos suelen decir “El petróleo es la san-

gre de la tierra, es nuestra sangre, nuestra vitalidad,

si nos sacan la sangre nos matan”. Esta concepción, Arc

hivo

OIA


[ Boaventura de Sousa Santos ]

Junio

de 2

008

Junio

de 2

008que para los pueblos indígenas resulta muy natural,

empieza a tener otra aceptación. No solamente está

en juego una crisis del capitalismo sino la super-

vivencia de la humanidad si se mantiene el actual

modelo de desarrollo.

Este acto refundacional tiene una enorme poten-

cialidad para el establecimiento de relaciones más

amplias y el movimiento indígena tiene que estar

preparado para la construcción de nuevas alianzas.

Se trata también de otro modelo de democracia

porque la actual es muy excluyente dado que ha

marginado a las grandes mayorías de la mesa de

las negociaciones y de las decisiones. Por tanto, es

necesario democratizar la democracia con nuevas

formas de participación más incluyentes que bien

pueden ser de origen occidental como la democra-

cia participativa o de origen comunitario como las

formas indígenas. La Constitución boliviana, por

ejemplo, distingue entre democracia represen-

tativa, y, democracia participativa y comunitaria.

La democratización de la democracia va acompa-

ñada de otro proceso interesante que es el de la

“ciudadanización” de la ciudadanía, es decir, la am-

pliación de la ciudadanía a formas de ciudadanía in-

tercultural con diferentes maneras de pertenencia.

Cuando me preguntan si la plurinacionalidad puede

poner en peligro la unidad del país yo respondo

rotundamente que no porque esa ha sido mi larga

experiencia con los movimientos indígenas de este

continente, que básicamente muestran dos cosas.

Los pueblos indígenas son originariamente transna-

cionales como es el caso de los aymaras, quechuas,

mapuches que fueron divididos en varios países y

ahora son chilenos, argentinos, peruanos, ecuato-

rianos o bolivianos. Se reconocen simultáneamente

con su identidad nacional indígena y también con la

ciudadanía de su país. Han guardado además lealtad

a sus países en guerras fronterizas participando con

mucha valentía en los ejércitos nacionales. Un ejem-


[ Estados plurinacionales ]

etniA

S &

PoLÍt

icA plo de esta doble pertenencia lo podemos observar

en Canadá, en donde no es lo mismo ser canadiense

para un blanco que para un indígena, sin embargo,

todos son canadienses de una manera muy distinta.

Existen varias formas de pertenencia y, por tanto, de

convivencia. La unidad en la diversidad es una nueva

solidaridad social que puede tener un impacto muy

fuerte en los territorios y recursos naturales. Pueden

producirse enfrentamientos pero en las rupturas

también existen continuidades. Por ello, es impor-

tante que estos conflictos sean manejados dentro

de un marco pacífico y democrático.

Pasar de la interculturalidad a la plurinacionalidad

es un salto muy largo pero también en esto se da

una continuidad. La actual Constitución Política del

Ecuador establece las circunscripciones indígenas

pero lamentablemente no fueron reglamentadas.

Cuando me insisten en el riesgo de que la plurina-

cionalidad pudiera resquebrajar la unidad nacional,

me pregunto, ¿dónde están las pruebas, los resul-

tados de estos fenómenos? Por el contrario, los

agronegocios y grandes latifundistas de Santa Cruz

de la Sierra en Bolivia que plantean el separatismo,

ellos sí constituyen un grave peligro para la unidad

del Estado. Por tanto, la desintegración no viene de

los pueblos indígenas.

El objetivo de la plurinacionalidad no es solamente

la idea del consenso sino del reconocimiento de las

diferencias, de otra forma de cooperación nacional

con unidad en la diversidad. Es un acto de justicia

histórica que no puede ser resuelto como un tema

LOS PUEBLOS INDíGENAS RECLAMAN

PARTICIPACIóN EN LOS PROCESOS DE DECISIóN

NO PARA ADUEñARSE DE LOS RECURSOS

NATURALES SINO PARA DEVELAR

OTRO TIPO DE SOLIDARIDAD NACIONAL.

de geometría de la democracia representativa. ¿Cuál

es el porcentaje de indígenas en Ecuador, 30, 20, 7

mil personas? Cuanto más pequeña es la cantidad

demuestra el nivel de exterminio y, por tanto, la plu-

rinacionalidad tiene que ser más profunda. Un reto

para la institucionalidad es compatibilizar la igual-

dad con la diferencia. Es difícil pero no imposible.

Los pueblos indígenas son los defensores de la

soberanía nacional en el actual periodo del neoli-

beralismo, en el que Estados Unidos, a través de la

diplomacia y la estrategia militar han garantizado

por años a sus multinacionales el libre acceso a

los recursos naturales. Son para estos sectores

que los pueblos indígenas constituyen una ame-

naza por sus concepciones de territorio, cosmo-

visiones y la propuesta de la plurinacionalidad.

La arrogancia imperial no tiene límites al incluir

los territorios indígenas y los recursos naturales

como parte de su estrategia de seguridad nacio-

nal. Por ello, es importante analizar estos prin-

cipios en Ecuador y Bolivia como procesos más

amplios que deben enfrentar grandes desafíos.

Varios son los retos que tiene el movimiento indí-

gena, tales como el de articular identidad cultural

con interculturalidad igualitaria, formas propias de

gobierno con participación política en parlamentos,

instituciones y otras formas organizativas que no

sean indígenas, sin perder su integridad, autono-

mía y la característica propia de pueblos indígenas.

Otro, superar las divisiones internas, que de hecho

existen, y analizar profundamente los errores come-

tidos en el pasado reciente. Transformar las energías

milenarias en conquistas políticas. La gente no pue-

de continuar siendo humillada. Este proceso consti-

tucional puede tener retrocesos pero es irreversible.

La idea de la plurinacionalidad se traduce en una

nueva institucionalidad, el concepto que nos pro-

pone es el de una asimetría constitucional. Las

diferencias exigen instituciones apropiadas, y las


[ Boaventura de Sousa Santos ]

Junio

de 2

008

Junio

de 2

008convergencias exigen instituciones compartidas

como la democracia representativa que permite la

votación electoral. Por tanto, tiene que haber com-

patibilización entre éstas y las formas propias de

autogobierno indígena.

El pluralismo jurídico es otra área que exige el reco-

nocimiento de la jurisdicción como una institución

con derecho propio, autónomo, que existe y coexiste

con el derecho nacional. Las incompatibilidades se

pueden resolver siempre y cuando los pueblos indí-

genas se sienten en la misma mesa de negociaciones

y toma de decisiones para crear instituciones apro-

piadas o compatibles, como por ejemplo el Tribunal

Constitucional Plurinacional propuesto en Bolivia.

Ciertamente que no es fácil articular las viejas for-

mas con la nueva institucionalidad de culturas, terri-

torios, lenguas, cosmovisiones, pero es plenamente

posible si asumimos que éste es un proceso transi-

cional y, por tanto, un Estado experimental.

La lucha empieza cuando termina la Constitución,

no al revés. En este Estado experimental, la gente

tiene temores y es necesario reconocer esos miedos

para encontrar soluciones. En Bolivia hice una pro-

puesta que lamentablemente no se pudo aplicar,

quizás las condiciones en Ecuador sean diferentes.

Consiste en la generación de un proceso global de

participación popular que permita evaluar al cabo

de cinco años los aspectos positivos, negativos o los

fracasos de la nueva Constitución. Erróneamente se

cree que la Constitución es algo permanente, pero

no es así. Este proceso de experimentalismo puede

disminuir los enfrentamientos, como en el caso de

Bolivia en donde cada vez se agudiza el conflicto.

La nueva territorialidad también implica el manejo

de los recursos naturales, y el miedo de la derecha –e

incluso de sectores progresistas– es que los pueblos

indígenas se apropien del agua y de todos los recursos

naturales. Esto refleja el nivel de racismo existente.

Los pueblos indígenas reclaman participación en

los procesos de decisión no para adueñarse de los

recursos naturales sino para develar otro tipo de

solidaridad nacional, de reparto de los beneficios,

de un manejo distinto que no destruya la tierra o

contamine el agua, de una visión para el conjunto de

la sociedad y no simplemente para ellos. Una con-

cepción que permita vivir bien y no ponga en riesgo

la supervivencia de los pueblos. Esta tarea no es fácil

porque los medios de comunicación están en contra

y el movimiento indígena no ha podido comunicar

bien su visión de país, y tampoco ha logrado tejer

alianzas con fuerzas progresistas e incluso aliados

blancos que son actores importantes en este pro-

ceso. Los ecologistas son uno de ellos porque están

luchando por entender mejor lo que es la Pacha

Mama, una concepción absolutamente evidente

para los indígenas que conciben los recursos natu-

rales como parte de su cosmovisión, de su cultura,

a diferencia de la cultura eurocéntrica que separa la

naturaleza del resto.

El movimiento feminista es otro potencial aliado

que ha colocado la lucha de la mujer indígena contra

el sexismo indígena en la sociedad blanca. Por tanto,

es una alianza que se puede ampliar.

Finalmente, Ecuador está en condiciones muy favo-

rables para crear avances importantes en un marco

de profundización democrática. Los ojos del mundo,

y particularmente del continente, están puestos en

él. Es una oportunidad histórica que no puede des-

perdiciar.

PASAR DE LA INTERCULTURALIDAD

A LA PLURINACIONALIDAD ES UN SALTO

MUy LARGO PERO TAMBIéN EN ESTO

SE DA UNA CONTINUIDAD.

Luis Macasentrevista con

Ex presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

(Conaie), y ex ministro de Agricultura de Ecuador .

e&P: ¿nos puedes contar por qué hay una Asamblea Constituyente en Ecuador?

lm: es una propuesta del movimiento indígena desde

1990, cuando hubo el levantamiento, una movilización

nacional con alrededor de medio millón o seiscientos

mil gentes, en las carreteras, en las plazas. Nuestra

primera intención era hacernos visibles en la sociedad

y ante el Estado, porque cinco años atrás habían

divulgado una estadística dirigida a la evaluación

del sistema de educación intercultural bilingüe que

habíamos arrancado en nuestras comunidades.

Entonces los datos decían que solamente los indígenas

estábamos presentes en cinco provincias y en el resto

ya no existíamos. Según ellos, por ejemplo, en mi

propia provincia, en Loja, no había indígenas, y en la

provincia del Azuay tampoco. Esa era una forma de

ocultar lo que pasaba en nuestro país.

En cuanto a la cuestión de la tierra, tras la llamada

reforma agraria de 1964, y luego tras la reforma de

1973 las cosas no se habían resuelto, sino más bien se

habían agravado. Se produjeron luchas locales, puedo

enumerar Guamote en la provincia de Chimborazo;

Cayambe en la provincia de Pichincha, cerca de Quito;

Quigua en la provincia de Cotopaxi; fueron luchas

que movieron cielo y tierra desde las provincias, y

ello afectaba a los gobiernos de turno. Pensaban que

había que aplastarnos y la forma era decir que no

había indios. Cuando se entregaron algunas tierras,

la mayoría no eran tierras buenas, cultivables, sino

que se entregaron lo que se llama allá los huasipungos,

lo que el mismo hacendado entregaba al indio que

trabajaba para él, no para que fuera propietario de

la tierra, sino como un agregado, que cultivaba una

parcela para tener algo de comer, y trabajaba para el

hacendado. Entregaron entonces esos pedacitos de

tierra. Eso nunca resolvió el problema de la tenencia

de la tierra.

La educación bilingüe había empezado como una

experiencia clandestina. Una vieja luchadora, una

Mama nuestra, en 1936 empezó trabajando con la

educación en lengua indígena. y esta experiencia siguió

creciendo poquito a poco. Luego llegó a los Shuar en

la Amazonia. En la década de los setenta, dirigentes y

organizaciones la fortalecieron y esto de que surjan

organizaciones, luchas por la tierra, movilizaciones

locales, querían taparlo todo diciendo que no

existíamos.

Entonces sucede que se dio este levantamiento,

esta gran movilización, y los políticos y los medios de

comunicación dijeron “¿de dónde salieron? ¿Acaso hay

tanto indio en este país?”, porque eran miles y miles

de gentes, empezando por el límite con Colombia,

Carchi, Imabura, Cotopaxi. Era muchedumbre

de gentes, no eran cosas pequeñas. Se tomaron

los estadios, llenaron los estadios. Entonces un

Junio

de 2

008

propósito era que nos vieran, que ahí estábamos,

que la discriminación no nos dejaba ver y había que

terminar la invisibilidad.

Además, como habíamos entendido lo que es el

Estado, dijimos que no estábamos de acuerdo con

ese Estado y queríamos una asamblea constituyente,

no pedíamos nada más. No fuimos a pedir que

nos dieran herramientitas, no. Hemos planteado

al presidente de ese entonces, Rodrigo Borja, la

constituyente. Me acuerdo que el ministro de

Gobierno de entonces, que ahora está prófugo por

corrupción, nos preguntó ¿asamblea constituyente?

¿Ustedes entienden qué quiere decir asamblea

constituyente? Porque así nos tratan, como gente

que no supiéramos absolutamente nada. Nosotros

le contestamos “lo que queremos es acabar con este

Estado”. y tomaron el término exactamente y algunos

dijeron “qué les pasa, ustedes vienen a subvertir el

orden”. El ministro dijo “les entiendo, pero la gente no

les va entender, ojalá les entiendan dentro de treinta

o cuarenta años y entonces podrán lograr algo”. y

parece cierto, pero fue un poco antes.

ésta se convirtió en una lucha de los trabajadores,

de los campesinos, de los pobladores urbanos por la

asamblea constituyente. Porque lo que se logró es

consensuar con la base de la sociedad durante estos

tiempos, obviamente no con los políticos, sino con

las alianzas de base que hemos ido estableciendo. Se

entendió y ha sido claro que la insistencia del pueblo

ha sido “asamblea constituyente”.

En 1998 se dio una asamblea constituyente pero

abortada porque, si bien es cierto nos reconocieron

algunos derechos como la propiedad colectiva y las

circunscripciones territoriales, nos goliaron cuando

dijeron que se privatizaría el agua y se dijo que la

forma de hacer reforma agraria era expandir

la frontera agrícola hacia los páramos y la

selva. y luego se atrevieron a decir que habían

consensuado con los indígenas que no había

reforma agraria.

Quiero decir que la constituyente es una

lucha de todos los sectores populares de

nuestro país, que si bien es cierto fue puesta

en la mesa del debate por el movimiento

indígena, ahora es un sentir popular.

Creo que el punto fundamental de

la constituyente ha estado en nuestra

agenda siempre, cuando se dio la

fracasada alianza con Lucio Gutiérrez

era un punto básico, pero él nunca la

convocó. En el primer viaje que fue a Sold

epaz


Estados Unidos se entregó, se declaró aliado de Bush y

ahí se terminó la alianza.

El presidente Correa sí fue lo suficientemente

inteligente para interpretar y catalizar todo esto, y

no sólo la asamblea sino otros postulados. En toda su

campaña electoral dijo que la asamblea constituyente

era el objetivo y uno de los primeros puntos de su

agenda. y a los dos meses de gobierno la convocó,

primero con una consulta popular que ganó con

una votación abrumadora, el 82% respondió que sí

queríamos la asamblea.

Al instalarse la asamblea constituyente se generó una

expectativa muy grande. La gente está esperando

los cambios y está siguiendo a través de los medios

de comunicación qué temas se van discutiendo. Hay

una preocupación; lo que nos preocupa es que el

gobierno aunque tiene 80 asambleístas, no son un

grupo homogéneo, políticamente hablando, sino un

grupo muy heterogéneo. Hace pocas semanas fui a

la asamblea con Boaventura de Souza, que nos visitó,

y pude constatar que hay asambleístas de la propia

coalición de gobierno que no están de acuerdo con

los cambios ni con el reconocimiento de los derechos

de las nacionalidades indígenas.

e&P: ¿los indígenas tienen una propuesta?

lm: tenemos una propuesta de constitución

elaborada. Un proyecto completo e integral. No

simplemente una constitución para los pueblos

indígenas, sino una constitución para todo el Ecuador,

legislando sobre los derechos fundamentales, el tema

ambiental, la economía. La propuesta está ahí pero

tenemos temor de que se pueda lograr apenas un 10

o 15 por ciento.

e&P: una de las luchas importantes de la Conaie ha sido frente a las compañías petroleras y mineras. ¿Qué cambios ha habido o puede en Ecuador haber con respecto a este tema?

lm: justamente es otro punto crítico. Las concesiones

y los contratos hechos con las compañías petroleras

extranjeras en los gobiernos anteriores no han

variado; siguen los mismos contratos y concesiones

y siguen las transnacionales como si nada. No ha

habido nada por parte del gobierno para cuestionar,

por ejemplo, la participación del 80 por ciento que

se llevan las compañías, mientras que sólo el 20 por

ciento queda para la parte nacional, algo totalmente

inequitativo, totalmente injusto. Además, la política

de explotación no ha variado, esa vieja forma sigue

presente: una política de explotación depredadora,

extraccionista. Ese es el punto de crisis en nuestras

relaciones con el gobierno.

e&P: la declaración de derechos de los pueblos indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre pasado dice que se debe obtener el consentimiento previo informado del respectivo pueblo indígena para adelantar una explotación petrolera en un territorio indígena ¿se cumple ya esto en Ecuador?

lm: desde antes el Convenio 169 de la OIT exigía una

consulta previa, pero eso está escrito en el papel y no

ha pasado de ahí. Ninguno de los pueblos afectado

por la explotación petrolera ha sido consultado, y

ninguna de las concesiones ha cumplido con este

requisito, que es fundamental, no ha habido consulta

previa jamás, ni para las concesiones petroleras, ni

para las concesiones mineras, y este es un asunto que

en el país va a reventar y es uno de los problemas que

podría enfrentar el presidente Correa.

El 95 por ciento de las áreas concesionadas son

territorios indígenas. No quiero ser pesimista, pero si

las cosas siguen como están, yo creo que la gente se

va a levantar.

Estas son las señales de que las cosas en nuestro

país lastimosamente no han cambiado aún. No han

cambiado para nada.

Otra de las propuestas que está en nuestro proyecto

de Constitución es dejar de depender del petróleo y

reactivar la producción, especialmente la producción

de alimentos. Porque del petróleo y la minería no

vamos a vivir siempre. Son recursos que se acaban y

Junio

de 2

008


producen daño ambiental. Además, desde antes el

modelo económico produjo un gran desempleo y

muchísima gente se ha ido del país a buscar trabajo

e ingresos. Nos hemos vuelto importadores de

alimentos; hasta la papa ya se importa de Estados

Unidos. Un objetivo fundamental es recuperar la

soberanía alimentaria y para lograrlo hay que hacer

reforma agraria, que no solamente no se ha aplicado,

sino que se ha concentrado la propiedad territorial

en un 9 por ciento de los propietarios, que tienen el

63 por ciento de la tierra cultivable. Eso quiere decir

que hay que resolver un problema estructural e ir a la

reforma agraria, pero tampoco esto se ha dado.

e&P: ustedes lograron parar la firma del TLC, ¿cree que van a lograr cambiar la política petrolera y minera, reactivar la producción y defender la soberanía alimentaria?

lm: seríamos demasiado irresponsables para que

esto no lo pudiéramos hacer en el país. Vamos ha

hacer todo lo posible y vamos a jugarnos el todo por

el todo. Ahora mismo está trabajando un equipo de

gente para responder a quienes nos han dicho que

ese proyecto de constitución se tiene que explicar

en su complejidad. Vamos a ir hasta las últimas

consecuencias, pues si no se incorporan en la

constitución nueva estos cambios fundamentales no

hemos hecho nada. y entonces la gente va a tener que

movilizarse otra vez, no hay duda.

e&P: ¿qué opinan ustedes de la situación que vivimos en Colombia y del Plan Colombia?

lm: siempre hemos estado en una posición única:

ese no es un diseño de los colombianos, sino un

diseño que viene del Norte, que tiene un aliado en

el gobierno de Colombia, pero que no es un diseño

para Colombia, sino un diseño regional. Creo que

ahí se está jugando esa política que siempre ha

jugado Estados Unidos para un área, una geopolítica

en términos regionales. Por eso hemos dicho

desde mucho antes de los acontecimientos críticos

que recientemente han pasado: no queremos

involucrarnos en estos problemas. No es nada

conveniente ni aconsejable que el Ecuador esté

secundando estas cosas. Pero sucedió que el

entonces presidente Mahuad, sin siquiera pedir

consentimiento al Congreso, consintió y firmó el

acuerdo para establecer la base de Manta y ahí están

los gringos norteamericanos. Hemos rechazado esta

política de los gobiernos anteriores.

Además, hay documentos públicos en que

le hemos dicho al presidente Correa que hay que

reclamar indemnización para las poblaciones del

norte, para la gente que se está muriendo de cáncer

o que tiene enfermedades, para la gente que se

está muriendo de hambre porque le destruyeron

los sembrados de alimentos por las fumigaciones

aéreas con glifosato. Pero el presidente Correa dijo

que iba a hacer que pidan las disculpas y con eso

bastaba. Ahora hay una guerra verbal terrible, pero

yo sí creo que somos los pueblos los que pagamos

los platos rotos en toda la frontera, por ejemplo el

pueblo Awá, cuyo territorio está a ambos lados de la

frontera, estamos sufriendo los impactos; en Carchi,

en Sucumbiós, que son pueblos indígenas y también

colonos.

La crisis ha llegado por no ser más frontal el

gobierno ecuatoriano contra el Plan Colombia; por

no decir y hacer todo lo que tiene que decir y hacer,

y mantener una doblez, ahora nos cayeron con ese

bombardeo dentro del territorio ecuatoriano, porque

antes no se actuó de acuerdo con las exigencias de la

población asentada en la frontera. Se sabía que hay

que exigir que se indemnice a esa población, pero no

se había hecho esta exigencia antes.

Mientras dure el conflicto interno de Colombia

habrá problemas en la frontera. No se trata de poner

allí más militares sino de fortalecer las fronteras vivas

que son las comunidades, que están abandonadas

desde hace mucho.

Siendo un problema regional, hay que ver las

intenciones de desbaratar todo el aire nuevo que

hay en América Latina, quieren que esa euforia del

pueblo por vivir una época de transición y de cambios

en la región, sea desmantelada a través del gobierno

colombiano, pero eso viene de arriba, del norte que

ha armado esto.

Entrevistó Héctor Mondragón, Cecoin, para Etnias & Política, en abril de 2008.

Autonomías indígenas y comunalidad:

debates y propuestas para el estudio y la praxis de las autonomías en el estado de oaxaca

introducciónEl estado de Oaxaca está ubicado en la parte sureste del país, colinda al norte

con Veracruz y Puebla, al sur con el Pacífico, al oeste con Guerrero y al este

con Chiapas, con una variedad impresionante de

climas, recursos, flora y fauna. Oaxaca es atrave-

sada por la Sierra Madre Oriental y por la Sierra

Madre del Sur. En Oaxaca se desarrollan 15

grupos etnolingüísticos1 reconocidos oficial-

mente: amuzgos, mixtecos, ixcatecos,

chochos, triquis, chatinos, nahuas,

chontales, zapotecos, cuicatecos,

mazatecos, chinantecos, huaves,

zoques y mixes. Algunos de ellos

son minoritarios, no rebasan los

indÍ

GenA

S de

AM

ÉRic

A

[1] Sin embargo, existe una gran diversidad que supera los 15 grupos reconocidos; tan solo para el caso de los zapotecos se reconoce una gran variedad tanto lingüística como cultural.

Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO.

Junio

de 2

00810.000 habitantes; otros, como los zapotecos, los

mixtecos o los mazatecos superan los 100.000. El

total de la población indígena según estimaciones

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía

e Informática (Inegi) en el Censo del 2000, es de

1’684.426 indígenas, de una población total de

3’438.765 para el 2000.2 Administrativamente el

estado cuenta con 570 municipios.

El estado de Oaxaca es uno de los más pobres del

país, junto con los estados de Guerrero y Chiapas,

en los cuales además se presenta un grado alto

de población indígena. Tan solo para el caso de

Oaxaca se reconoce que el 94,9% de los muni-

cipios considerados como indígenas viven bajo

condiciones de marginalidad muy alta, alta o

media, condición que comparte con los estados

antes mencionados.

Bajo esta lógica, este estado tan complejo ha

adoptado como una de las formas concretas de

autodeterminación la demanda de autonomía,

demanda que además se visualiza como una

forma ancestral y propia de organización, sin la

cual no se entendería la amplia resistencia que

los pueblos han mostrado a lo largo de cientos

de años. Se señala a lo largo y ancho de estas

comunidades que no existen términos propios o

en lenguas locales para referirse a este concepto,

sin embargo, la coincidencia se presenta en este

punto: las autonomías de facto, las cuales se vi-

ven y se practican en pueblos y comunidades en

convivencia no equitativa con formas nacionales.

Este camino ha llevado a pueblos y comunidades

a transitar por un sin fin de acontecimientos

[2] Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002. Según datos de INI-Conapo e Inegi.

en los cuales la voz y el pensamiento indígena

han quedado plasmados, tal es el caso del movi-

miento amplio desarrollado durante el 2006 y

2007, cuya demanda principal giró en torno a la

destitución del gobernador de este estado Ulises

Ruiz, y dio pie a la conformación de la Asamblea

Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO),3 que si

bien cayó en varios vicios políticos y una sofoca-

ción violenta, es reflejo del poder de esta palabra

y de estas visiones que se desarrollan constante-

mente en pueblos y comunidades indígenas de

este estado.

En este sentido, este trabajo pretende mostrar

una serie de debates que se desarrollan en estos

pueblos, así como una interpretación desde una

visión antropológica, teniendo como eje la de-

manda actual de autonomía.

Antecedentes de la demanda de autonomía en el estado de oaxacaLas autonomías indígenas en México, como una

de las tendencias de la libre determinación, son

relativamente una nueva estrategia política de

pueblos y comunidades indígenas frente a los

Estados-nación en los cuales se desarrollan, y

han sido abordadas desde el ámbito intelectual

y político desde diversas posturas. Estos debates

se han dado con un constante enriquecimiento

y debate desde diversas experiencias a lo largo de

varios pueblos y comunidades indígenas. Para el

caso de América Latina esta demanda ha sido de

[3] Para mayor información consultar las páginas: http://mexico.indymedia.org/Oaxaca, http://www.oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php y http://maldeojotv.net/

isis contrerasAntropóloga, Universidad Autónoma Metropolitana.


[ Autonomías indígenas y comunalidad ]

etniA

S &

PoLÍt

icA igual forma un camino transitado, con un recorrido

importante en países como Bolivia, Brasil, Nicaragua

y Ecuador.

Estas demandas, para el caso de México, se encuen-

tran mayormente ancladas en debates y en proble-

máticas incluso violentas, a pesar de la existencia de

un ámbito en el cual se están desarrollando de facto.

En este sentido, en México, las autonomías conti-

núan siendo un reto en el marco del reconocimiento

jurídico abogando por reconocer lo que de hecho

existe. Pero esta problemática es aún más compleja,

puesto que tales demandas, a pesar de ser legiti-

madas política y jurídicamente en espacios amplios

como el estatal para el caso de Oaxaca, continúan

siendo paradójicamente violentadas.

Dentro del panorama nacional son los estados de

Guerrero, Oaxaca y Chiapas con mayor presen-

cia de población indígena, en donde se observan

condiciones e índices más altos de pobreza a nivel

nacional.4 De igual forma, llama la atención que es

precisamente en estos estados que ha florecido y se

ha impulsado de manera importante la práctica de

las autonomías, en ese sentido se visualiza a estas

como una estrategia de sobrevivencia y reproduc-

ción frente a los Estados-nación5 en los cuales se

desenvuelven.

Un recuento breve del camino de las autonomías

lleva a plantearlas dentro de un marco histórico de

resistencias, luchas o rebeliones, en una serie de

movilizaciones tan antiguas como la historia de las

[4] Más adelante presento datos estadísticos al respecto, sin embargo, estos análisis estadísticos dejan fuera otros elementos como lo han demandado pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, valores humanos, o conocimientos ancestrales, visualizados como una riqueza humana.

[5] La nación es una comunidad humana estable, surgida históricamente como la forma de establecer hegemonía burguesa; esto es, su predominio político, económico, social y cultural sobre un territorio que reclama como el ámbito de su producción y como su mercado interior de mercancías y fuerza de trabajo; estableciendo así mismo, una imposición lingüística y cultural sobre poblaciones generalmente heterogéneas en su composición étnico-nacional (Castellanos y Rivas, 1992).A

sam

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Pop

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uebl

os d

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axac

a, A

PPO

.


[ Isis Contreras ]

Junio

de 2

008

Junio

de 2

008movilizaciones étnicas frente a los “otros” coloniza-

dores, e incluso a las disputas precoloniales en que

se encontraban los diversos grupos en el estado de

Oaxaca. Posteriormente, estas pugnas continuarán

con el establecimiento de la figura del estado y de

la conformación de pequeños poblados que darán

origen al municipio.

Así por ejemplo, para el caso de la Mixteca oaxaque-

ña Francisco Barcenas, originario de esta región, de-

sarrolla esta visión en la cual observa rebeliones de

autonomía remontándose a conflictos entre grupos

mixtecos y grupos mexicas, lo cual después se vivirá

en rebeliones frente a la dominación española, con-

tinuando con rebeliones importantes porque aun

después de la conformación del Estado-nación las

comunidades continuarán bajo una colonización

interna: “Durante el siglo XIX y principios del XX los

pueblos mixtecos sostuvieron diversas rebeliones

en contra de las fuerzas políticas ajenas que trataban

de dominarlos para imponerles sus intereses, con lo

cual violentaban sus derechos históricos, políticos,

económicos y culturales” (Bárcenas, 2007).

La historia de estas rebeliones, con diversas deman-

das y tintes, que se pueden observar en prácticas

cotidianas, marcará la historia de estas reivindica-

ciones, en donde las resistencias además se dan en

todos los ámbitos de la vida social y cultural. Pos-

teriormente, ya durante el siglo XX, emanarán

movimientos amplios en donde la condicionante

no será la etnicidad, sino un movimiento amplio: el

campesino, que durante las décadas de los sesenta

y setenta será el sujeto político que reivindicará

demandas propias del sector agrícola en el sentido

marxista como clase social y clase explotada, es de-

cir, como proletariado agrícola; esta visión, y el auge

de otros movimientos como el estudiantil, llevan a

visualizar la importancia de alianzas entre “los secto-

res oprimidos”; bajo estas lógicas se da, por ejemplo,

la conformación de la Coalición Obrero Campesino

Estudiantil de Oaxaca y la Coalición Obrera Campe-

sino Estudiantil del Istmo (Cocei).

Posteriormente, el movimiento campesino dará

paso al movimiento etnopolítico, en donde se co-

mienzan a visualizar ciertas especificidades de este

sector:

Después del movimiento campesino, en los se-

tenta comenzaron a formarse organizaciones

que englobaron sus demandas en un discurso

de reivindicación étnica. Esas organizaciones

ya no se orientaron solamente a la defensa y a

la lucha por la tierra, sino que delinearon estra-

tegias vinculadas a la lucha por el poder local y

en contra de cacicazgos, por la apropiación del

proceso productivo, por la defensa cultural, de

procuración de justicia y derechos humanos,

así como de revaloración de las instituciones

políticas tradicionales, posteriormente con-

quistada en el marco del derecho internacional

(Sánchez, 1999).

Pero será hasta la década de los ochenta cuando en

Oaxaca el movimiento étnico-político acrecentará

su fuerza y sus demandas como grupo:

Las primeras organizaciones etnopolíticas

en Oaxaca se constituyeron a principios de la

década de los ochenta. Estas organizaciones

surgieron como resultado del trabajo organi-

zativo y pastoral de varios sectores, como el

magisterio y la Iglesia católica, así como de la

experiencia de lucha campesina de la década

DUN RECUENTO BREVE DEL CAMINO

DE LAS AUTONOMíAS LLEVA A PLANTEARLAS

DENTRO DE UN MARCO HISTóRICO

DE RESISTENCIAS.



etniA

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PoLÍt

icA anterior … son dos las principales condiciones

que confluyeron para dar vida a estas organiza-

ciones regionales con demandas y propuestas

claramente étnicas: la lucha local contra caci-

quismo y explotación, y el surgimiento de inte-

lectuales indios (Maldonado, 2003, p. 17).

Es a través de estas organizaciones que la demanda

de autodeterminación comienza a aparecer en el

espacio público y privado, principalmente entre la

Organización de Defensa de Recursos Naturales y

Desarrollo Social de la Sierra Juárez A C (Odrenasij),

el Comité de Defensa de los Recursos Naturales y

Humanos Mixes (Codremi), y el Comité Organiza-

dor y de Consulta para la Unión de los Pueblos de la

Sierra Norte de Oaxaca (Codeco), como demanda y

como una condición antigua de pueblos y comuni-

dades: “la libertad o autodeterminación comunitaria

era entendida como herencia ancestral, tradicional,

que era necesario no conquistar, sino conservar y

defender frente a las amenazas externas y el sistema

de poder opresivo nacional” (Sánchez,1999).

En este sentido se comienza a vislumbrar la con-

dición comunitaria de las demandas de autode-

terminación, que darán pie a la comunalidad y a la

reivindicación de una autonomía comunitaria.6

Así, las nuevas dinámicas del movimiento étnico

en este Estado se encontrarán con la organización y

rebelión de grupos indígenas del estado vecino de

Chiapas, que bajo condiciones semejantes de mar-

ginación, exclusión, pobreza, cacicazgo, entre otras,

[6] Para el caso de los mixes o ayuujk, este comunitarismo y la demanda por una autodeterminación comunitaria se verán fuertemente influidos por la historia caciquil que privó hasta esta década de los ochenta con una fuerte violencia y sojuzgamiento de todas las comunidades mixes a una sola, la comunidad de Zacatepec en manos de una sola persona, el cacique Luis Rodríguez, en donde posteriormente se instalaría el Distrito Mixe.

darán fuerza al movimiento étnico en el estado de

Oaxaca, que poco tiempo después, al igual que el

movimiento Neo-Zapatista del Ejército Zapatista de

Liberación Nacional (EZLN), hará suya la reivindica-

ción de autonomía.

derecho indígena y constitución de 1995En esta investigación el concepto de campo es útil

para la comprensión de las luchas de poder, las di-

námicas de las autonomías en el marco de campos y

arenas en donde unos y otros echan a andar estrate-

gias por el control. Para el caso de Oaxaca, y tras el sur-

gimiento de la demanda de autonomía, comienzan a

generarse procesos encaminados a conseguir este fin.

Así, el ámbito jurídico será el campo en el cual los in-

telectuales indígenas tendrán avances importantes.

En este sentido, el derecho indígena se ha regido

como “un conjunto de arenas de disputa en las que

confluyen diversos aspectos culturales como lo

político, lo cultural, lo social y lo económico, y es un

punto de partida para comprender las dinámicas

internas de las comunidades indígenas y su relación

con el Estado mexicano” (Cruz, 2007, p. 23).

De esta manera, el estado de Oaxaca se erige como

el estado con mayores avances en materia de legis-

lación indígena, y la más sobresaliente corresponde

a la de 1998 con la modificación del artículo 16 de la

Constitución de este estado, en donde formalmente

se reconoce el derecho de los pueblos y las comuni-

dades a regirse por sus usos y costumbres, además

de reconocerse la capacidad de autonomía:

El derecho a la libre determinación de los pue-

blos y comunidades indígenas se expresa como

autonomía, en tanto partes integrantes del es-

tado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico;

por tanto dichos pueblos y comunidades tie-

nen personalidad jurídica de derecho público y

gozan de derechos sociales.


[ Isis Contreras ]

Junio

de 2

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Junio

de 2

008Así mismo, el estado reconoce a los pueblos

y comunidades indígenas sus formas de or-

ganización social, política y de gobierno, sus

sistemas normativos internos, la jurisdicción

que tendrán en sus territorios, su participación

en el quehacer educativo y en los planes y pro-

gramas de desarrollo, sus formas de expresión

religiosa y artística, la protección de las mismas

y de su acervo cultural y en general para todos

sus elementos que configuran su identidad.

En la Ley Indígena de este estado, promulgada el mis-

mo año, además se reconocen las autoridades locales

y los usos y costumbres como un sistema válido para

impartir justicia, en el artículo 29 se menciona: “el

Estado de Oaxaca reconoce la validez de las normas

internas de los pueblos y comunidades indígenas …

siempre y cuando no contravengan la Constitución

política del estado, las leyes estatales vigentes, ni vul-

neren derechos humanos ni de terceros”.

Sin embargo, y a pesar de estos logros, el sistema

Oaxaqueño y las comunidades enfrentan toda una

serie de contradicciones en la aplicación y uso de

estas normas, además de una serie de irregularida-

des importantes en materia de violación de dere-

chos humanos y de la autonomía reconocida de los

pueblos indígenas. En este sentido, Kraemer (2008)

reconoce el valor simbólico de estas propuestas, au-

nadas a una serie de modificaciones en materia de

educación intercultural e indígena que desarrollaré

más adelante, sin embargo, aboga por reparar en

el carácter de sistemas en conflicto, en cuanto a la

relación del derecho universal o constitucional y el

derecho indígena o consuetudinario, en este sentido

observa que en realidad no se da una articulación

entre ambos sistemas, como se proponía , ya que

“una auténtica articulación supone que los sistemas

en contacto se enriquecen y fortalecen mutuamen-

te”, sino que más bien “lo que prevalece es un fun-

cionamiento paralelo de sistemas distintos y el uso

estratégico de las alternativas abiertas”.

En este nivel la influencia del EZLN con la propuesta

de los Acuerdos de San Andrés, en donde se da la

aparente negociación entre el gobierno federal y

este movimiento Indígena, y la posterior negación

y rechazo de esta por parte del mismo gobierno

federal, llevará a varias organizaciones indígenas del

estado de Oaxaca a replantear los niveles y alcances

mediante este nivel jurídico:

Indy

med

ia



etniA

S &

PoLÍt

icA Con la ausencia de mecanismos constituciona-

les que hagan posible la libre determinación y

la autonomía, los derechos indígenas estarán

quedando prácticamente mutilados. Con el

desconocimiento constitucional de la comu-

nidad y del municipio indígena, así como de las

posibilidades de asociación de los mismos –tal

como lo plantea la iniciativa de la Cocopa– la

reconstitución el desarrollo de los pueblos

indígenas, seguirá estando solo en discursos,

pero no en el terreno de la construcción prác-

tica” (Resoluciones del Foro estatal Indígena

de Oaxaca, mayo del 2001, documento pre-

sentado ante la LVII legislatura del estado de

Oaxaca).

Después de este recorrido el panorama de pugnas

dentro de este campo continúa siendo una arena

importante de disputa, ya que la “reivindicación del

derecho indígena y reforma constitucional y legal del

estado (es)… uno de los ejes en los cuales se concen-

tra actualmente la tensión de la relación entre los

pueblos indígenas y los estados” (Iturralde, 1997).

Dentro del ámbito de estas disputas del derecho, en

el plano internacional también se han marcado ten-

siones y contradicciones:

uno de los preceptos más importantes que

establece el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) –y del cual

México es firmante– es el reconocimiento

de que las sociedades indígenas constituyen

“pueblos”, es decir, colectividades que poseen

su propia especificidad histórica y cultural [sin

embargo]… inconformó a los pueblos indíge-

nas: reconoció las nociones de “autodetermi-

nación externa” y “autodeterminación interna”

(reconociendo a las comunidades indígenas

como pueblos pero) solo reconoce a aquellas

su derecho a la autodeterminación interna

(Hernández, 2006).

Visión comunalista de las autonomíasLa propuesta oaxaqueña en torno a las autonomías

se ha desarrollado principalmente a través de la

visión comunalista de las mismas, visión que nace

y se genera desde la realidad oaxaqueña en donde

coexisten 570 pueblos constituidos jurídicamente

desde el estado en municipios, integrado por 9.826

comunidades, dentro de las cuales conviven 15 gru-

pos etnolingüísticos reconocidos y afromestizos de

la costa oaxaqueña.

Esta visión comunalista surge dentro de la visión

antropológica de indígenas mixes y zapotecos, en un

intento de entablar un diálogo entre la antropología,

la praxis política y la visión emic o desde adentro. Sien-

do el comunalismo una forma de entender el colec-

tivismo que se vive y práctica en las comunidades de

Oaxaca. “Tal es en síntesis la idea de la comunalidad:

cuatro elementos centrales (territorio, trabajo, poder

y fiesta comunales)7 que son atravesados por los

demás elementos de la cultura (lengua, cosmovisión,

religiosidad, conocimientos, tecnologías, etcétera) en

un proceso cíclico permanente” (Maldonado, 2003).

Para Floriberto Díaz ayuujk8 de Tlahuitoltepec el

debate de las autonomías parten de la vida en co-

munidad:

…no se entiende una comunidad indígena so-

lamente como un conjunto de casas con per-

sonas, sino de personas con historia, pasada,

[7] Básicamente, estos cuatro elementos son los que visualizaran y plasmaran los ideólogos de la comunalidad, como propios de las comunidades oaxaqueñas. Los principales teóricos de esta postura son: Juan José Rendón, Floriberto Díaz, Benjamín Maldonado, Joel Aquino, Jaime Luna, Adelfo Regino y Gustavo Esteva.

[8] Autoadscripción del grupo mixe, con ciertas variaciones dependiendo de la variante lingüística.


[ Isis Contreras ]

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Junio

de 2

008presente y futura, que no sólo se pueden definir

concretamente, físicamente, sino también espi-

ritualmente en relación con la naturaleza toda.

Pero lo que podemos apreciar de la comunidad,

es lo más visible, lo tangible, lo fenoménico. En

una comunidad9 se establece una serie de rela-

ciones, primero entre la gente y el espacio, y en

segundo término, entre las personas. Para estas

relaciones existen reglas, interpretadas a partir

de la propia naturaleza y definidas con las expe-

riencias de las generaciones (Díaz, 2004).

Floriberto Díaz observa la relación complementaria

e indisociable del pueblo y del territorio:

En la variante tlahuitoltepecana de ayuujk,

la comunidad se describe como algo físico,

aparentemente, con las palabras de näjx, käjp

(näjx: tierra; käjp: pueblo). Interpretando, näjx

hace posible la existencia de käjp pero käjp le

da sentido a näjx (Díaz, 2004).

Para Maldonado, la comunalidad se presenta como

parte indisociable de la resistencia india:10

[9] Para Juan José Rendón, comunalista zapoteco, la comunidad india como la denomina, “es un núcleo que subsiste con base en el cultivo de la milpa, se organiza y resiste apoyado en un modo de vida comunal y se mantiene unido a través de una red de relaciones de parentesco y con una identidad que gira en torno a símbolos culturales y el conocimiento más o menos objetivo, de la historia y del territorio, base de su asentamiento” (Rendón, 2003).

[10] Miguel Bartolomé desarrolla el concepto de “cultura de resistencia”, para referirse no a la resistencia cultural sino a “El mantenimiento durante siglos de lenguas, tradiciones y específicos procesos de producción de significados, aún en el marco de las compulsiones coloniales sugiere la presencia de lo que podríamos denominar, un espacio interior de las sociedades colonizadas. Espacio que han tratado de mantener al margen de la presencia del dominador y dentro del cual se reproducen tradiciones milenarias … No se trata de una sufrida adaptación pasiva, sino de una lucha activa

Si la comunidad es la esencia del ser indio y los

indios han seguido siéndolo porque han resis-

tido a la dominación, entonces la comunalidad

es también el cimiento de la resistencia y por

tanto la incubadora de la liberación (Maldona-

do, 2003).

Así, las autonomías planteadas desde una visión

de resistencia, en el marco del ámbito territorio-

naturaleza, lleva a esta propuesta a plantear una

autonomía comunitaria:

autonomía significa el derecho a conservar,

desarrollar y defender la posesión comunal de

nuestras tierras…; el derecho a organizarnos de

acuerdo a nuestra propia decisión comunitaria,

tanto a nivel local, como a nivel regional y más

allá de nuestras regiones…11 (Díaz, 2003).

Las críticas más fuertes ante esta visión comunitaria

han girado en torno a encerrar a las comunidades

en sí mismas, es decir, dentro de un comunitarismo

cerrado, sin embargo, varios ideólogos de esta pos-

tura aseguran que esta visión prevé fortalecer desde

las comunidades estos procesos para enmarcarlos

en ámbitos más amplios; así por ejemplo, esto se

–a veces silenciosa y cotidiana–. Desarrollada durante siglos, y que pretende lograr la conservación de matrices culturales e ideológicas consideradas fundamentales para la reproducción de la filiación étnica” (Bartolomé, 1997, p. 80, citado en Maldonado, 2003).

[11] En general Floriberto Díaz visualizaba una autodeterminación en los diversos campos de la vida en comunidad, en este mismo texto continúa preguntándose y preocupándose por la autodeterminación económica, ya que menciona tener sus dudas acerca de ésta, no siendo la misma condición para el resto de los campos. Para Alicia Castellanos el aporte de esta visión de autodeterminación económica será enriquecedora para la comprensión y la puesta en práctica de procesos de autonomía. Plática informal con Alicia Castellanos, marzo del 2005.



etniA

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PoLÍt

icA discutía ya a un año del levantamiento zapatista,

en donde pueblos indígenas, campesinos y negros

declaraban:

Autonomía es la capacidad de decidir no solo

sobre nuestro destino, sino también sobre las

cuestiones y acciones más inmediatas y dia-

rias en las comunidades, con una identidad y

conciencia propia, y con la suficiente capacidad

de apertura para comunicarse con los demás

ciudadanos del país y del mundo.12

En este sentido, la comunidad se erige como una

categoría teórica y política, y la comunalidad como

[12] V Foro estatal sobre la realidad indígena, campesina y negra, 1995.

la “ideología que destaca los valores colectivos sobre

los individuales… ” (Medina, 1996).

Algunos datos estadísticos sobre la condición de los grupos indígenas en oaxacaEn el estado de Oaxaca existen 570 municipios, inte-

grados por 9.826 comunidades. Los municipios a su

vez están agrupados dentro de un nivel más amplio:

el distrito, cuyas facultades quedan como jurisdic-

ción territorial y administrativa entre los municipios

y el estado, siendo Oaxaca el único estado en el cual

se da la existencia de esta figura, 30 distritos lo con-

forman y, dentro de estos se desarrollan y conviven

alrededor de 17 diferentes grupos etnolingüísticos



[ Isis Contreras ]

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Según los indicadores socioeconómicos de los pue-

blos indígenas de México, del 2002, de la Comisión

Nacional para los Derechos Indígenas (CDI), dentro

del territorio nacional mexicano la población indíge-

na llega a un total de 10’253.627, es decir el 10,5% de

la población total. De los 2.443 municipios de la na-

ción mexicana, 871 presentan en mayor o menor me-

dida población indígena, y de las 199.369 localidades

del país, 17.436 presentan más del 70% de población

indígena. En donde 295 municipios considerados

como indígenas según la representación proporcio-

nal, con alto número de población indígena, presen-

tan un índice muy alto de marginación, es decir, el

33,9% del total de municipios indígenas, aunándose

otros 363 municipios que representan el 46,5% del

total de municipios considerados como indígenas

con alto grado de marginación, es decir, un total de

658 municipios indígenas que viven bajo condiciones

de marginalidad extremas, lo cual representaría un

total del 80,4% de los municipios indígenas, sumán-

dose los que según la CDI viven bajo un índice de

“marginación baja”, 45 municipios, ósea el 5,2%, y los

que viven bajo “muy bajo” índice de miseria, que ven-

drían a ser 81 municipios que representan el 9,3%.

Por lo que tenemos 784 municipios, de los 871, o sea el 94,9% de los municipios considerados como indígenas

viviendo bajo condiciones de marginalidad.

Esto traducido para el estado Oaxaqueño, según

estudios oficiales del gobierno federal a través de

su institución del CDI, en su Informe sobre Desa-

rrollo Humano de los pueblos Indígenas 2006, las

condiciones de marginalidad del estado de Oaxaca

que existen desde tiempos prehispánicos.13 Dichas

divisiones jurídicas datan en muchas ocasiones,

pero no únicamente, de la época colonial, pero estas

no correspondientes en muchas ocasiones al mismo

grupo etnolingüístico.

Dentro de los 95.000 km cuadrados del territorio

de Oaxaca, viven alrededor de 1’518.410 indígenas

de los 10’189.514 calculados a nivel nacional, y

de los 3’506.821 habitantes totales del estado de

Oaxaca, es decir, casi el 50% de la población total

del estado.

También en el estado de Oaxaca 411 de los 570

municipios mantienen la elección por usos y cos-

tumbres, es decir, las autoridades son electas por

sistemas propios de elección de representantes

frente al estado, sin embargo, este sistema convive

con el nacional, acatándose a tiempos y registro de

los mismos (Barabás et ál, 2003).

[13] La historia de los grupos indígenas de Oaxaca se remonta a unos 10.000 años a. C., con la llegada de los primeros grupos nómadas a los valles centrales de Oaxaca. Los indicios más antiguos que documentan la domesticación del maíz en el valle de Oaxaca datan del año 5.000 a. C. y los del frijol, entre 4.000 y 3.000 a. C.; dando así inicio a la transición definitiva entre la vida nómada y seminómada a la sedentaria. Se cree que desde el año 4.000 a. C. comienza el proceso de diversificación lingüística del tronco otomangue, y que hacia 1.500 a. C. se separan nueve familias, cuatro de ellas en Oaxaca: las familias zapotecana, mixtecana, popolocana y chinantecana. A partir de entonces se empiezan a diferenciar, creándose paulatinamente las lenguas asociadas a ellas: zapotecana (zapoteco y chatino), mixtecana (mixteco, cuicateco, amuzgo y triqui), popolocana (mazateco, popoloca, chocho e ixcateco) y chinantecana. También se supone que sucedió algo similar con el tronco mixe-zoqueano, del que se derivan las familias mixeana y zoqueana, formadoras de las lenguas mixe y zoque. Perfil indígena del estado de Oaxaca. Ciesas: http://pacificosur.ciesas.edu.mx/diagnosticoestatal.html.

PARA EL CASO DE OAXACA,

y TRAS EL SURGIMIENTO DE LA DEMANDA

DE AUTONOMíA, COMIENZAN A GENERARSE

PROCESOS ENCAMINADOS

A CONSEGUIR ESTE FIN.



etniA

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icA son bastante altas y son similares a las condiciones

presentadas en las entidades en donde se concentra

mayor número de población indígena como son

Chiapas y Guerrero, textualmente el informe ejecu-

tivo se presenta así:

Oaxaca, en donde el desarrollo de la población

indígena es 13,7% inferior al de la no indígena

(0,6677 para indígenas, 0,7733 para no indíge-

nas, 0,7183 para la entidad), y Chiapas son las

dos entidades que de manera individual con-

centran los mayores volúmenes de población

indígena del país y son los que presentan los

niveles de desarrollo humano más bajos para el

conjunto de su población.

En Oaxaca, Guerrero y Chiapas los índices de

alfabetismo continúan siendo inferiores a

0,8. En gran medida debido a ello, estos tres

estados ocupan los últimos lugares en el índice

educativo, alcanzando valores inferiores a 0,8

(en un rango que va de 0,7760 a 0,7414).

…cinco de los once municipios declarados por la

CDI, como de desarrollo humano bajo en Méxi-

co se encuentran en Oaxaca, en los cuales se es-

tima poco más del 98% de población indígena.

Al considerar la ubicación de los municipios con más

bajo desarrollo humano por entidad federativa, ob-

servamos que cincuenta y nueve de estos municipios

se localizan en Oaxaca, veinte en Chiapas, diecisiete

en Puebla, once en Guerrero, nueve en Veracruz, tres

en Chihuahua, y uno en cada uno de los estados de

Hidalgo, Nayarit y San Luis Potosí.

Para concluir esta condición de pobreza y margina-

lidad se encuentra presente no solo para el caso de

Oaxaca o México, pues es una condición que al pare-

cer se extiende con diversas dinámicas y panoramas

dependiendo de la política nacional en la cual se in-

sertan y sus características internas,

Se estima que entre 5.000 y 8.000 pueblos in-

dígenas…, se encuentran oprimidos por algún

Estado-nación etnocrático… la tesis de que a

cada nación corresponde un Estado y que un

Estado es expresión de una sola nación ha lle-

vado a que solo un puñado de 200 Estados se

asuma como representante de 8.000 pueblos

(Olguín, 1998).

Tan solo para el caso de América Latina se calculan al-

rededor de 40 millones de indígenas, los cuales viven

en los Estados-nación latinoamericanos, que “han

desarrollado en su gran mayoría practicas encamina-

das al etnocidio” , es decir, la desaparición de los gru-

pos, tal es el caso de los grupos amazónicos en Brasil

o mayas en Guatemala y México (López, 2002).

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre

Discriminación, realizada por la Secretaría de De-

sarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir

la Discriminación (mayo 2005), “La democracia

tan sacralizada no puede existir en un país donde

el 34% de los entrevistados expresa, por ejemplo,

que para que los indígenas salgan de la pobreza ‘lo

único que tienen que hacer es no comportarse como

indígenas’”. O donde el 43% opina que “los indígenas

tendrán siempre una limitación social por sus carac-

terísticas raciales”. y menos cuando “un doloroso

40% de mexicanos estarían dispuestos a organizarse

para impedir que un grupo de indígenas se establez-

ca a vivir cerca de su casa” (Rodríguez, 2006).

La Coordinadora Asturiana de Organizaciones No

Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD de

Asturias)14 señalan que existen en el planeta más de

5.000 comunidades indígenas, que siendo apenas el

5% del total de la población mundial, conforman el

10% de la población más empobrecida.

[14] http://www.congdasturias.org


[ Isis Contreras ]

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Junio

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de la utonomía y el sujeto autónomoHablar de autonomías para el caso de los pueblos y

comunidades indígenas es hablar de un arduo cami-

no por la supervivencia, reproducción y continuidad

de estas dentro de los Estados-nación. El debate de

igual forma se presenta de una manera extendida y

diversificada, y se enmarca desde aquellas posturas

de total rechazo a esta demanda autonómica, hasta

aquellas posturas que bajo una visión alejada de las

múltiples realidades de los diversos grupos étnicos,

pretenden instaurar regímenes de autonomías con-

trapuestos a la idea central de las mismas.

El caso sin duda múltiples veces citado es el de los

zapatistas chiapanecos, quienes a raíz de una serie




etniA

S &

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icA

de demandas que surgen debido a la marginalidad

y violencia extrema en la cual viven, finalmente con-

cretan una demanda por la autonomía, causando

un eco impresionante a lo largo y ancho de pueblos

y comunidades indígenas del país, cuyo proceso irá,

desde la toma de las armas, hasta la actual vivencia y

recreación de formas de gobierno impulsadas en lo

que se ha llamado las Juntas de Buen Gobierno.

Sin embargo, desde sus inicios esta demanda de

autonomía se ha ido redefiniendo, tanto concep-

tualmente como en las prácticas de sistemas auto-

nómicos.

Así, la lucha por las autonomías en un ámbito polí-

tico se plantea como una redefinición del poder y de

las concepciones sobre el mismo, en el ámbito de la

cuestión étnico-nacional. En este sentido retomo al

filósofo latinoamericanista Enrique Dussel, quien

propone dos formas de comprender el poder:

Una afirmativa, que describe en primer lugar

al poder como la expresión de la voluntad, que

es el querer del viviente que se afirma como

el que lucha por permanecer y aumentar la

vida, al “poder-poner” los medios (entre ellas

las instituciones) para dicha reproducción.

Este primer sentido del “poder” no se puede

“tomar”, como cuando se dice “tomar el po-

der”. El “poder” es un momento de la plenitud

de la voluntad y la vida, se tiene como una

facultad necesaria en la afirmación de la vida.

El poder puede negarse en otro, pero no pue-

de extinguirse jamás, mientras alguien viva.

Mientras viva el viviente que quiere vivir, como

voluntad, tendrá siempre poder, aunque sea

potencialmente. No “lo toma” sino que “lo es”

(es su misma voluntad como afirmación de

vida que intenta sobrevivir). … En este sentido

el oprimido (negado) sigue teniendo siempre,

mientras viva, voluntad de vivir (que cuando se

pierde, se pierde todo), y por lo tanto luchará

para poder ejercer (no tomar) el poder-poner

los medios para su plena sobrevivencia que el

dominador le niega (Dussel, 2004).

Esta concepción del poder expresado como la afir-

mación de la vida y su reproducción, y la capacidad

de poder poner los medios para la plena supervi-

vencia del oprimido o negado, nos lleva al mismo

entramado de la construcción individual y colectiva

de las autonomías, ya que este proceso supone la

toma de conciencia para sí,15 es decir “se pasa a la

conformación del sujeto autónomo, activo, participa-

tivo, forjador de sus propias decisiones, elaborador

de sus propias estrategias en la lucha por sus dere-

chos” (López y Rivas, 2003, p. 35).

[15] Recordando a Karl Marx, en donde el proletariado pasa de la conciencia en sí a la conciencia para sí, proceso que supone la toma de conciencia de un proceso de organización mayor.

Indymedia


[ Isis Contreras ]

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Junio

de 2

008La segunda forma bajo la cual podemos entender “el

poder”, sería “como ‘voluntad de poder’ (Wille zur

Macht nietzscheano) es voluntad sobre los otros, y

por lo tanto el ‘poder-poner’ del dominador niega el

poder de los dominados. … Pero al final, en su sen-

tido negativo y defectivo, aquí el poder es “poder-

sobre” (en el sentido de Holloway)” (Dussel, 2004).

Por tanto hay a) un poder negativo que es el “poder-

sobre” los otros, y b) un poder creador positivo que

es el “poder-anterior-y-por-sobre-el poder-sobre”

(Dussel, 2004).

Así, mediante esta concepción del poder como una

forma de construcción de posibilidades y “de otros

mundos posibles”, que además es anterior, es decir,

existe y además se impone sobre el “poder sobre”, es

que encontramos a las reivindicaciones de los pue-

blos y comunidades indígenas, con base en concep-

ciones, utopías y acciones comunes que sirven de eje

y de postulado o posicionamiento político frente al

sistema dominante en el sentido del poder negativo,

“poder sobre”, de Dussel.

Bajo esta lógica además,

De lo que se trata es de la “trans-formación”

(veraenderung, decía Marx) de las instituciones

cuando de mediaciones para la vida se han

transformado en instrumentos de muerte, de

impedimento de vida, que se observa empíri-

camente en el grito de dolor de los oprimidos,

que son los que sufren las instituciones (Dus-

sel, 2004).

Por tanto, las autonomías reconocidas jurídicamen-

te se pueden presentar como esa trans-formación

necesaria; sin embargo, no se darán sin la transfor-

mación de una serie de dinámicas ya que el fenóme-

no es mucho más complejo puesto que dinámicas,

tanto al interior como al exterior de las comunida-

des indígenas, sugieren una serie de fenómenos que

tienden a mirar el poder desde ambas vertientes y

reproducir dinámicas de dominación, aun cuando

el sujeto autonómico ha tomado conciencia de un

proceso autonómico.16

En este sentido López y Rivas menciona:

…es necesario aclarar de manera reiterada

que las etnias se encuentran firmemente rela-

cionadas con la estructura socioeconómica y

política en que se insertan. De ahí que las agru-

paciones étnicas no son entidades “armónicas”

o “equilibradas”, como pretenden presentarlas

los etnicistas, ya que en ellas repercuten los

antagonismos que caracterizan el conjunto

nacional del que forman parte (López y Rivas,

2005, p. 41).

Es así que la situación en la que se encuentran las co-

munidades y los pueblos indígenas no puede quedar

aislada del complejo sistema nacional en el cual se

desarrollan; así la relación Estado/nación-pueblos

y comunidades indígenas no puede mirarse desde

una perspectiva unidireccional (e incluso no solo

bidireccional); los pueblos y comunidades indígenas

también construyen y proponen visiones y acciones

encaminadas a esta redefinición del poder, al interior

e incluso hacia el exterior de ellas, en una relación

dialéctica, que sin embargo no se da en términos

equitativos.17

[16] Este entramado complejo además se ve inmerso en dinámicas antiguas de colonización y neocolonización, de racismos y de un juego de poder de diversas instituciones y actores que vuelven particular cada caso.

[17] Si bien esta “no armonía” bajo esta incorporación en el sistema más amplio es una certeza, se introduce también aquí el papel de las comunidades para revertir de la mejor forma estas problemáticas, así también la discusión frente al conflicto surgido en comunidades a raíz no solo de esta inserción; sin embargo, a mi parecer



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PoLÍt

icA Ahora bien, sería erróneo considerar solamente

el ámbito político de las autonomías, ya que és-

tas se insertan en un marco integral que abarca

varios campos, como lo ha propuesto el proyecto

Latautonomy,18 cuya hipótesis central es: “Autono-

mías multiculturales en América Latina: una condi-

ción necesaria para el desarrollo sostenible”; lo cual

nos lleva al planteamiento, por un lado de las auto-

nomías en un marco integral y, por otro, a visualizar

estas como una condición indispensable para el de-

sarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.19

Este proyecto parte de una visión de las autonomías

multiculturales que enfoca “el tema de la autono-

mía desde un ángulo político-intercultural” (Gabriel

y López, 2005). En donde se propone una mirada

más elaborada de las autonomías al interpelar a una

interculturalidad en las autonomías, lo cual supon-

dría la superación de ciertos conflictos internos en

lo que se refiere a la relación entre grupos culturales,

por ejemplo entre zapotecos y mixes, sin perder

de vista particularidades, pero sin dejar de lado la

resultaría difícil delimitar los orígenes de este entre el afuera y el adentro, y aún más sería hacerlo sin desatar esencialismos de las culturas indígenas.

[18] Latautonomy es un proyecto que abarca el trabajo en doce regiones latinoamericanas diferentes, bajo el marco de los procesos autonómicos; dicho proyecto se llevó a cabo durante tres años, del 2003 al 2005. Para el caso de México hubo un importante acercamiento a los casos de Chiapas con el EZLN, a Oaxaca con los mixes, y la ciudad de México con el caso de los pueblos de Tlalpan, en donde además del rescate valioso de las experiencias se ha desarrollado, con la participación conjunta de intelectuales indígenas o bilingües, e intelectuales latinoamericanos y europeos con años de experiencia al respecto, un marco teórico interesante para adentrarnos al estudio y trabajo con las autonomías indígenas latinoamericanas.

[19] Ver página del proyecto Latautonomy: http://www.latautonomy.org/

condición de pueblos étnicos,20 indígenas, indios, o

afromestizos.21

De igual forma, bajo la dirección de este proyecto en

México, Alicia Castellanos propone una definición

que me parece acertada, ya que rescata una postu-

ra integral de las autonomías desde donde poder

analizarlas, pero además esta visión permite actuar

desde las comunidades en los diferentes campos

que integran la vida en comunidad, con miras a una

autonomía multicultural como proyecto comunita-

rio indígena:

Se propone definir la autonomía como una

realidad no solo jurídica, si no cultural, social,

política y económica, para lo cual es necesario

reconocer al sujeto autonómico, abordando

[20] Esta visión más amplia no se encuentra tan alejada en ámbitos como encuentros de discusión de estas temáticas, foros, mesas de discusión, encuentros políticos, etc., ya que se hace alusión a términos como “hermanos” y “hermanas”, y se reafirma una condición semejante en los retos que enfrentan las comunidades. Sin embargo, dinámicas interculturales se ven cruzadas con diversos procesos, en donde en varias ocasiones esta “hermandad” no se visualiza y, por el contrario, se rivaliza, siendo para el caso de Oaxaca un elemento importante de pugnas la lucha por la tierra, es decir, los conflictos agrarios. Talvez en algunos casos esta “hermandad” obedezca a un plano estratégico, y en otros más aún no se encuentren formas precisas para erradicar los conflictos interétnicos.

[21] El debate en torno a los términos que se deben emplear para referirse a esta colectividad es una discusión bastante amplia que desde la antropología no se ha resuelto, sin embargo, para este trabajo me parece más acertado el término de pueblos etnolingüísticos propuesto por Miguel Bartolomé haciendo referencia a un grupo cultural en donde se rebasan fronteras territoriales y se apuesta por la consolidación de alianzas entre grupos de iguales. Para casos particulares me inclino por llamar a cada pueblo como se autodenominan, en este caso son el pueblo de los ayuujk jaay.


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Junio

de 2

008las formas sociales de subsistencia y actividad

económica, las formas sociales y políticas de

organización colectiva del grupo (que com-

prende relaciones de parentesco, comunita-

rias, intercomunitarias, entre pueblos y Estado

y con el exterior) y las formas culturales de la

identidad (que comprenden el campo de las

representaciones y el sistema religioso) (Cas-

tellanos, 2004, p. 2).22

Por otro lado, menciona Alicia Castellanos:

...la autonomía concebida como… instrumen-

to y estrategia del movimiento indígena repre-

senta una alternativa (para el caso mexicano)

a la articulación corporativa que el gobierno

impone a las comunidades indígenas, tanto

a través de los organismos indigenistas del

estado, como por medio de las redes de suje-

ción política del partido oficial... (Castellanos y

López, 1997).

Por lo que las autonomías instauradas en una na-

ción, menciona el equipo Latautonomy:

son procesos de resistencia mediante los cuales

pueblos o etnias soterradas y negadas recu-

peran o fortalecen su identidad, a través de

la reivindicación de su cultura, el ejercicio de

derechos colectivos y el establecimiento de es-

tructuras político-administrativos con diversas

competencias, ámbitos o niveles de aplicación

y una base material propia (Castellanos, 1997).

Así las cosas, las autonomías como procesos de

resistencia, nos llevan a tener otra mirada más: “La

resistencia india no es eterna, por que no es un fin,

[22] Alicia Castellanos, Latautonomy. Informe Nacional México. http://www.latautonomy.org/InformeNacional_Mexico.pdf.

sino sólo un medio para lograr su objetivo étnico,

que es la liberación” (Maldonado, 1998).

Así también dentro de este marco, López y Rivas

menciona un replanteamiento de la naturaleza del

Estado-nación:

el debate en torno a la cuestión nacional, en su

aspecto de sectores hegemónicos y excluidos,

pone en el centro de la pregunta respecto de

que nación estamos hablando y que nación

queremos construir. El debate habrá de resol-

ver, como lo han formulado los pueblos indios,

cuál es el papel o el lugar que en ella habrán de

tener las etnias (López, 2003, p. 37).

Es así como se presenta una constante tensión entre

dos formas de concebir la nación mexicana, puesto

que este queda “…fundamentado en concepciones

basadas en una ‘nación de ciudadanos’ y excluyente

de la ‘nación de pueblos’” (López, 2003, p. 8).

Por otro lado, bajo el proyecto Latautonomy el sujeto

autonómico es entendido “como una red de comu-

nidades basada en una identidad étnica o cultural

que está luchando en determinadas regiones por

el establecimiento o la conservación de un espacio

vital común y autodeterminado” (López, 2003, p. 8).

Sin embargo, como lo planteo más adelante, la con-

formación y constitución de regiones autónomas,

como el caso de los ayuujk, continúa siendo un eje

de acción y de visión a futuro en el cual se ha venido

trabajando con altibajos, pero que sigue siendo un

reto en sí mismo, partiendo del hecho de que “Cada

grupo etnolingüístico de Oaxaca posee las caracte-

rísticas que definen a un pueblo: tienen una historia

de siglos, identidad común, cultura compartida y

diferenciada y gobierno de los territorios habitados.

Solo falta que consoliden un proyecto común. Esa es

la tarea en la que están empeñados” (Barabás et ál.,

2003).



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icA

Estos procesos de discusión, a la par de los procesos

autonómicos de facto que se viven en los pueblos y las

comunidades indígenas de la región mixe de Oaxaca

nos llevan a cuestionar cuidadosamente aquellas

propuestas que a la par han generado visiones aleja-

das de las pretensiones y visiones de las comunida-

des, “instaurando modelos alejados a los de nuestras

comunidades”,23 parafraseando a Floriberto Díaz

la discusión de las autonomías no puede pro-

venir solamente de disertaciones teóricas sino,

y sobre todo, de la reflexión de las realidades

concretas en las cuales se matizan ciertas prác-

ticas autonómicas…” (Díaz, 2004).

Igualmente, es fundamental señalar que los actuales

movimientos indígenas reivindicativos de autono-

mías, al menos para el caso del estado de Oaxaca,

han planteado la creación de instituciones, o de

niveles de gobierno, pero a su vez se presenta la idea

de la recreación o la reconstitución de instituciones

indígenas antiguas, así lo señala el siguiente artículo,

con referencia al pueblo Triqui de San Juan Copala,

que desde los primeros días de enero del 2007 se

declara autónomo, regido bajo el sistema de usos y

costumbres:

Como en otras partes de la República, la creación del

municipio autónomo de San Juan Copala represen-

ta una respuesta pacífica de los pueblos indígenas

[23] Plática informal con comunero de Totontepec mixes Oaxaca. Diario de campo, 2005.

…NO SE ENTIENDE UNA COMUNIDAD

INDíGENA SOLAMENTE COMO UN CONJUNTO

DE CASAS CON PERSONAS,

SINO DE PERSONAS CON HISTORIA.

Indy

med

ia


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Junio

de 2

008por encontrar espacios de participación y represen-

tación política, atendiendo a sus condiciones econó-

micas, políticas y culturales concretas. Para lograrlo

crean o recrean viejas instituciones,24 adaptándolas

a sus propias necesidades. Por eso cada que lo hacen

apelan a su derecho a la libre determinación en su

versión de autonomía y la encajonan en la figura del

municipio, que es la base de la organización política

del país y no se levantan en armas para destruir el

Estado, como sucede en algunos países de Europa.25

experiencias autonómicas en el estado de oaxacaHablar de la reivindicación actual de autonomía

indígena para el estado de Oaxaca es hablar de

una historia cargada de hostilidades, marginación,

racismo, políticas de exterminio, cacicazgos, asesi-

natos de líderes indígenas y campesinos, primacía

del PRI sobre las decisiones en las comunidades,

etc.; pero también es hablar de una organización

comunitaria más o menos sólida, una memoria

histórica y oral bastante fuerte, prácticas encami-

nadas a la consolidación de proyectos comunitarios

e intercomunitarios, una lucha y organización ma-

gisterial, estudiantil, campesina y social que an-

tecedió a la actual demanda de autonomía para

pueblos y comunidades indígenas, como “un reco-

nocimiento a lo que de por sí se practica en nuestras

comunidades”.26 Es decir, la demanda de autono-

mía en Oaxaca hoy responde a la cristalización de

toda una serie de demandas en diversos ámbitos y

[24] La recreación y la revitalización de formas ancestrales de organización es un discurso más o menos generalizado entre varios líderes indígenas oaxaqueños.

[25] Francisco López Barcenas, periódico La Jornada, 10 de enero del 2007.

[26] Plática informal con comunero zapoteco.



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icA

prácticas de la vida comunitaria. De tal forma que se

podría hablar de una propuesta concreta de auto-

nomía para el Estado de Oaxaca, compuesta por los

antecedentes de organización y lucha de diferentes

actores dentro y fuera de sus comunidades, la visión

del derecho indígena plasmada en la modificación

de la constitución del estado en 1998, y la ley indíge-

na de este mismo año, la propuesta comunalista de

las autonomías, generada por intelectuales indíge-

nas principalmente zapotecos y mixes.

En este proceso las propuestas regionales también

enriquecen el panorama, aunque estos valiosos

intentos aun no consolidados en muchas de ellas

brindan toda una gama de experiencias. Aquí se

destaca el caso de los Pueblos Mancomunados27

de la Sierra Juárez, que son ocho localidades (Llano

Grande, Nevaría, Cuajimoloyas, Benito Juárez, La-

tuvi, Amatlan, Lachatao y yavesia; dispersas en tres

municipios que abarcan 29.430 ha de bosque en la

Sierra Juárez) quienes tras un largo proceso de lucha

por la defensa de sus recursos naturales y territorio

han conformado empresas comunitarias más o me-

nos sólidas.28

[27] El Mancomun está reconocido como región autónoma por el Registro Agrario Nacional de La Reforma Agraria.

[28] Desde la década de los ochenta pueblos mancomunados de la Sierra apostaron su capital al cuidado de sus bosques, hoy este trabajo comienza a brindar frutos. Para Hermilo Hernández, representante comunal de Santiago Textitlán, “hoy desde la Sierra sur

Otra propuesta interesante en el estado de Oaxaca

se presentó en comunidades Triquis de San Juan Co-

pala, declaradas autónomas en enero del 2007, sin

embargo, esta declaración y su posterior desarrollo

nos remite a las condiciones y dinámicas a las que

se enfrentan los municipios indígenas del estado de

Oaxaca:

Para nadie que conozca la región es una no-

vedad que San Juan Copala y las comuni-

dades que se aglutinan en torno a ella han

permanecido aisladas por siglos, abandonadas

a su suerte por los municipios a los que formal-

mente pertenecen desde 1948, cuando la 60

Legislatura del estado le arrebató la categoría

de municipio libre que tenía desde 1826. Junto

con ello persiste una brutal explotación de la

mano de obra triqui y un irracional saqueo

de sus recursos naturales (López Bárcenas,

2007).29

La disputa territorial en la cual se ven enfrascados

cientos de pueblos y comunidades en territorio

oaxaqueño ha llevado a fortalecer pugnas internas

entre municipios y agencias o localidades munici-

pales por el acceso a recursos económicos principal-

mente, situación que desarrolló más adelante, y por

ende esto también genera visiones encaminadas a

una autonomía comunitaria en donde cada comu-

hasta la sierra norte nos unimos después de décadas en las cuales las comunidades forestales han venido revisando alternativas para poder unirse”. Periódico Noticias de Oaxaca (22/09/06).Corresponsal Francisco Ramírez.

[29] Recientemente, en abril del 2008, este proceso autonómico sufre un revés cuando dos locutoras de la radiodifusora local comunitaria La voz que rompe el silencio fueron asesinadas cuando viajaban a bordo de un automóvil particular en la región mixteca al poniente de la ciudad de Oaxaca.

HABLAR DE AUTONOMíAS

PARA EL CASO DE LOS PUEBLOS

y COMUNIDADES INDíGENAS ES HABLAR

DE UN ARDUO CAMINO POR LA SUPERVIVENCIA.


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Junio

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008nidad apuesta por los márgenes de autodetermina-

ción sobre sus territorios y dinámicas.

El caso de Oaxaca frente a las autonomías no queda

exento del tejido social amplio en el cual se desen-

vuelve, de tal forma que la política de confrontación

por parte del Estado-nación hacia las comunidades

indígenas que se organizan por las autonomías es

la constante como lo han advertido organizaciones

sociales, indígenas, intelectuales, etc.30 Por consi-

guiente, una constante ha sido la deslegitimación

de este tipo de demandas siendo una estrategia

actual el uso de comparaciones con términos como

terrorismo o delincuencia organizada, prevalecien-

do toda una serie de prejuicios y racismos que se

echan a andar para referirse a estas experiencias y

[30] Sin ser totalmente representativo, el caso que presento a continuación me parece interesante, en el sentido de las demandas a las cuales hace alusión un indígena zapoteco de la comunidad de Xanica Oaxaca, en entrevista con la Haine declara, días después de su liberación: “Los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, ¿a qué se referían?” Esos delitos se refieren a los hechos ocurridos en el 2005, cuando a algo más de un mes de llegar Ulises Ruiz al gobierno, manda a masacrar a nuestra organización por estar exigiendo el respeto, la justicia y la democracia y sobre todo la autonomía de una comunidad indígena como es xanica. Dos patrullas balacearon a los compañeros, tres de ellos gravemente heridos (Abraham Ramírez Vázquez, Juventino García Cruz y Noel García Cruz) quienes hasta hoy se encuentran encarcelados injustamente. Para justificar esto el gobierno del estado siembra una muerte de un policía (¿) y varios heridos, de lo cual también se me acusaba a mí. “Porque vosotros estáis luchando por la instauración de un gobierno basado en los usos y costumbres ... Así es”. Un gobierno que sea elegido por el pueblo, que tenga autoridad moral por haber servido según las leyes de nuestro pueblo. y esto al gobierno no le conviene porque son leyes basadas en la autonomía que nos ha regido desde siempre, opuesta a los partidos políticos, y que no permite la introducción del Estado. De ahí que no le convenga al gobierno. (www.lahaine.org . Corresponsal: Sergio de Castro Sánchez).

frenar a los grupos indígenas organizados bajo esta

demanda.

Por otra parte, el aporte de migrantes y actores po-

líticos que migran a las ciudades ha jugado un papel

importante dentro de esta valoración estratégica

de las autonomías indígenas para sus pueblos y co-

munidades de origen. Así por ejemplo, se encuentra

la experiencia del Frente Indígena Binacional (FIB)

originado por migrantes mixtecos31, o el caso de la

Asamblea de Migrantes de la ciudad de México en la

ciudad capital, que desde su condición de migrantes

siguen en constante vinculación y apoyo de sus co-

munidades trasladando sistemas de organización

comunitarios a su organización interna y en las

ciudades como el caso del Centro de Apoyo al estu-

diante Kutääy (Cae-k) en la ciudad de Oaxaca, ade-

más apoyando en la construcción, la revalorización

y el reconocimiento de sus comunidades de origen

como comunidades autónomas.

Es notable actualmente el uso extendido de la

demanda de autonomía en diferentes pueblos y

comunidades indígenas del estado, este reclamo de

[31] Producto de esta fluida migración a Estados Unidos ha sido la constitución, en 1991, del Frente Binacional Mixteco-Zapoteco, que ha buscado el apoyo del gobierno mexicano y de las agencias internacionales para demandar el respeto a sus derechos humanos y laborales. Este frente, al incorporar a otros grupos indígenas de Oaxaca, como mixes, triques y chatinos, se transformó en el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. Esto ha significado la transnacionalización de la problemática indígena, introduciéndola en la agenda política de México y Estados Unidos (Perfil Indígena del estado de Oaxaca, Ciesas).

ESTE PROyECTO PARTE DE UNA VISIóN

DE LAS AUTONOMíAS MULTICULTURALES QUE

ENFOCA “EL TEMA DE LA AUTONOMíA DESDE

UN ÁNGULO POLíTICO-INTERCULTURAL”.



etniA

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PoLÍt

icA autonomía se encuentra en estrecha relación con la

defensa frente a la intromisión partidista en las co-

munidades, en este sentido, por ejemplo, el siguien-

te caso de una comunidad Mazateca:

…Claudio Betanzos, actual presidente munici-

pal, ha permitido la intromisión de los partidos

políticos y las autoridades estatales y federales

en la vida de nuestras comunidades, y ello ha

traído la división y los problemas, además de

que no cumplió con su palabra y el compromi-

so de defender los usos y costumbres y la auto-

nomía del pueblo de Eloxochitlán, sino que ha

hecho todo lo opuesto.32

Por otro lado, las autonomías de facto entendidas

como aquel ejercicio que de antemano se da en pue-

blos y comunidades indígenas en el marco de la libre

determinación, y ante el fuerte comunitarismo pre-

valeciente en Oaxaca me llevan a pensar que hablar

de autonomías en Oaxaca implica hablar de auto-

nomías de facto en mayor o menor medida, con al-

gunos casos en donde se ha llevado a la declaración

abierta de municipios autónomos, y en donde como

en el caso de los pueblos mancomunados se vienen

desarrollando experiencias de autogestión aunadas

a los procesos de autonomía de facto, con aportes

y con retos por vencer en cada comunidad. Junto

con estos retos se enfrentan los de generar espacios

más amplios de discusión y de unidad dentro y entre

pueblos etnolingüísticos.

Por otra parte, dinámicas internas a las comunida-

des indígenas llevan a observar dentro de las formas

de organización la prevaleciente visión comunal,

la cual no podría ser entendida sin la base del ser

indígena: la comunidad, en la cual se desarrollan

[32] Comunicado de Prensa, del 5 de octubre de 2001. Comité Civil de Solidaridad con las Comunidades Indígenas Mazatecas.

pensamientos y formas locales de organización,

en este sentido la comunidad indígena se instaura

como pilar para estas autonomías de facto, y como

pilar para una organización más amplia que invo-

lucre a varias comunidades para las autonomías re-

conocidas, lo cual supone superar la fragmentación

y la hostilidad prevaleciente entre grupos diversos

conviviendo en regiones, como el caso de munici-

pios en donde conviven “mestizos” y grupos indí-

genas, en donde en muchas ocasiones se presenta

la dominación de municipios “mestizos” frente a

sus agencias “indígenas”. Así las cosas, la alteridad

presente en el multiculturalismo propio del estado

de Oaxaca se presenta como un reto en el sentido

político-social de convivencia, y como marco para la

praxis de las autonomías comunitarias, municipales

y regionales.

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www.lahaine.org . Corresponsal: Sergio de Castro Sánchez.

e&P: ¿cómo se originó la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos?

lc: se originó a partir de que se evidenciaron cuáles

son los agravios contra el pueblo de Oaxaca. Se violan

los derechos humanos en el estado; se agrede a las

diferentes fuerzas organizadas y a la población al

quererle imponer, por ejemplo, la pertenencia a partidos

políticos a las comunidades que tienen indígenas que

se rigen por sus usos y costumbres; se arremete contra

el patrimonio cultural que es muy importante para

nuestro pueblo, como ocurrió con el centro histórico

de Oaxaca y con la privatización de la fiesta de la yexta.

Pero además, el movimiento oaxaqueño se da porque

hay unas circunstancias de marginación y pobreza que

vienen desde hace muchos años en Oaxaca, que tiene un

porcentaje de población indígena alto, son 16 pueblos

indígenas, con el idioma y variantes de cada uno, pueblos

a los que les ha pegado directamente el endurecimiento

de las políticas neoliberales y el endurecimiento de la

represión. Por eso surge la APPO, con todos los principios

a partir de las formas organizativas propias de los

pueblos indígenas.

e&P: qué quiere decir eso de “privatizar una fiesta”.

lc: en Oaxaca se realiza una fiesta a la que se le llama

la Guelaguetza, que en los pueblos significa el dar a los

demás, el apoyar, el compartir. Entonces cuando los

pueblos bajaban con sus diferentes trajes a compartir su

propia cultura, a compartir sus bailes, es decir una fiesta

popular, y cuando una fiesta así está tan profundamente

arraigada del pueblo cuyo principio es el dar y el

compartir, se le pone precio para que la gente pueda

asistir, pues es privatizar la cultura.

e&P: ¿qué pueblos indígenas viven en Oaxaca?

lc: viven los amusgos, los mixtecos, los triquis, los

tacuates, los mixes, los mazatecos, zapotecos, son 16.

e&P: ¿cuál es la participación indígena en la lucha de la Asamblea?

lc: es fundamental. Se retoma la manera asamblearia

en la cual las comunidades se organizan, participan de las

asambleas, en las tomas de decisiones, y eso permite que

haya una participación directa de las comunidades en la

lucha política que se está dando en el estado de Oaxaca.

e&P: ¿qué derechos de los indígenas están siendo violados?

lc: pues en primer lugar el que tiene que ver con

autodeterminación y el respeto a sus usos y costumbres.

Cuando, por ejemplo, en una comunidad que elige a sus

representantes en la asamblea, que discute cuál ha sido

el trabajo y la trayectoria de las personas que van a ser

elegidas, y en vez de eso se impone el uso de partidos

políticos, ésa es una violación. Cuando se discrimina y no

se da la educación en el idioma propio de la gente y se le

impone el castellano como un idioma en el que a fuerza

se tiene que educar la gente en esa lengua y no en la suya,

materna, originaria.

e&P: ¿hay presencia de transnacionales y megaproyectos en Oaxaca?

lc: ¡claro! y eso viene agudizando toda la situación

de pobreza y de marginación, como ocurre con el Plan

Puebla-Panamá, donde las transnacionales le tienen

puesto el ojo a la región, porque ahí está el que se llama

el istmo de Tehuantepec, además en este istmo lo que

se prevé va a ser el corredor económico para permitir

el paso de lo que saquen de América Latina. Además,

Oaxaca tiene yacimientos de petróleo, de hierro,

leyla centeno castro, del comité de defensa de los derechos del Pueblo de oaxaca, méxico, forma parte de la asamblea Popular de los Pueblos de oaxaca (aPPo).

EntrEvistó héctor mondraGón, cEcoin

Leyla centenoentrevista con

Soldepaz

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de uranio, es rico mineralmente hablando. Por otro

lado, tiene mucho agua, es una zona rica en madera

y rica en mano de obra que quieren explotar barata,

aprovechándose de la ignorancia en que supuestamente

está sumergida la población, “supuestamente”, porque

el gobierno siempre piensa que los pueblos indígenas

somos tontos, sin embargo vemos que se está dando una

resistencia.

e&P: ¿qué aspectos positivos quedan de la lucha que realizó el año pasado la Asamblea?

lc: positivos quedan muchos. Primero, que la

experiencia de la asamblea popular se repite, es un

gran referente; ahora en México se está tomando en

cuenta esa experiencia, no para copiarla de manera

mecánica sino para analizar y ver qué elementos fueron

los que permitieron que los sectores populares que no

estaban organizados, que no habían hecho presencia

en la lucha, se sumaran. Queda toda una población

que está receptiva, que se está organizando, que está

construyendo de sus comunidades una forma diferente

de vivir. Queda lo que la gente llama el poder del pueblo,

“el poder popular”, eso es lo más positivo, y un proceso

enorme de organización en las comunidades y en los

pueblos, del cual se va posteriormente a construir el

cambio; y además, algo que entendió la población en su

gran generalidad, es que no puede estar desorganizada,

que el hecho de organizarse constantemente les

va a permitir defender sus territorios, su dignidad,

y defenderse de la represión que se venga encima,

entonces eso es algo fundamental que quedó, que se

permea en toda la población.

e&P: ¿cómo fue la represión?

lc: fue algo que sí marcó a la sociedad oaxaqueña

porque nunca se reprimió de tal manera, porque fue

una represión masiva, porque se reprimió a millones de

gentes que salieron a defender sus derechos, a resistir

de manera pacífica, porque el pueblo no utilizó armas,

el pueblo resistió con poner barricadas, tomar las

instalaciones de radiodifusuón, de televisión, tomando

en sus manos el protagonismo para impedir que los

siguieran agrediendo. Entonces la represión se dio de

muchas maneras, tanto selectiva, como abierta y masiva,

y hubo muchos compañeros asesinados por grupos

paramilitares, y además grupos que utilizaban porras

y los mismos policías, a quienes no les importaba abrir

fuego de manera directa en contra de la población.

Hubo desaparecidos, exiliados por amenazas de muerte.

La represión sigue porque ahora buscan, después de

golpear de manera abierta a la población, desarticular

lo que hay en las comunidades, en el sentido de que hay

esfuerzos que ya están más consolidados, como también

las organizaciones sociales que llevamos años de trabajo

en las comunidades. El gobierno del estado y el gobierno

federal ven un riesgo demasiado grande en que estas

organizaciones sigan ahí y entonces ahora viene esa

represión en contra de las organizaciones sociales, y

están utilizando a los grupos paramilitares, al ejército

para la represión, y usando ciertos proyectos económicos

para fomentar la cooptación y la división interna de

las comunidades, queriendo marearlas para tratar de

sacarlas del proceso organizativo.

e&P: ¿el ejército ha participado en la represión?

lc: ¡sí! El 25 de noviembre el ejército mexicano participó

en la masacre que se le hizo al pueblo de Oaxaca, pero

al ejército lo vistieron de policía federal, pero esos eran

efectivos del ejército; lo decimos porque hay fotos en las

cuales se ve cómo cambian de uniformes de los efectivos

militares por los uniformes de la policía.

e&P: ¿y la organización de la asamblea continúa?

lc: sí sigue. Pero hay que señalar que la asamblea

popular tiene una composición muy diversa y hay ciertos

grupos que fueron sólo por una prebenda económica,

utilizando la Asamblea Popular para escalar a puestos

del gobierno, pero el gran movimiento de base se sigue

dando, sigue vivo y se está recomponiendo, porque no

pudieron aniquilarlo con toda la represión que se vivió.

La asamblea sigue reivindicando su sistema asambleario

y su experiencia que es histórica. No podemos dejar

que la APPO desaparezca, porque tenemos caídos cuyos

asesinos no han sido procesados por la justicia, porque

tenemos presos políticos y perseguidos, y porque Ulises

Ruiz sigue en el estado de Oaxaca, y mientras él siga es

una acusación viva de todos crímenes y asesinatos que

cometió en contra del pueblo de Oaxaca. y porque una

experiencia como la de la APPO no puede quedar ni va a

quedar en el baúl del olvido.

Leyla centenoentrevista con

ActU

ALid

Ad después de la caída

El 23 de enero de 2008 pasará a la historia como una fecha

trascendental para la consolidación de los derechos funda-

mentales de las comunidades indígenas y afrocolombianas

de nuestro país. Ese día la Corte Constitucional –mediante la

sentencia C-030 de 2008– declaró inexequible en su totalidad

la Ley 1021 de 2006 o Ley General Forestal, por el hecho de no

haber sido consultada previamente con las comunidades étnicas y

tribales de Colombia, tal y como lo establecen el artículo 330 de la

Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT. Esta decisión, que es

el resultado de una acción pública de inconstitucionalidad redactada y

presentada por el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad

de los Andes (G-DIP), condujo a que la Corte ampliara su precedente en

materia de consulta previa. Específicamente, dicha ampliación del pre-

cedente se tradujo en el reconocimiento explícito por parte del tribunal,

de la existencia del deber de consulta en cabeza del Estado colombiano,

siempre que se pretenda adoptar una medida legislativa susceptible de

afectar directa y específicamente a las minorías culturales que habitan el

territorio nacional.

Dada la importancia que tiene el contenido de esta sentencia para los

miembros de las comunidades afro e indígenas, así como también para

las organizaciones que los representan, y de manera más amplia, para

los defensores de derechos humanos y la opinión pública colombiana,

este artículo propone un análisis detallado de los argumentos esgrimi-

dos por la Corte en la sentencia C-030 de 2008. Desde esta perspectiva,

el propósito del texto es proporcionar al lector una mirada comprensiva

frente a la declaratoria de inconstitucionalidad la Ley Forestal, que incor-

pora tanto elementos jurídicos como políticos al análisis permitiendo

Car

los G

ómez

Ari

za

Junio

de 2

008

Alejandra Azuero QuijanoAsesora Jurídica del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (G-DIP). http://gdip.uniandes.edu.co

estudiar la decisión judicial como parte de un

proceso que se inicia con la construcción de la

estrategia de litigio que condujo a la redacción de

la demanda.

El artículo se divide en tres partes. En la primera

parte se abordan los aspectos centrales relacio-

nados con el diseño e implementación de la es-

trategia de litigio. En la segunda parte, se analiza

el contenido de la sentencia C-030 de 2008, se

resalta la importancia de los argumentos esgrimi-

dos por la Corte, y su importancia para la conso-

lidación y el desarrollo del contenido del derecho

fundamental a la consulta previa. Por último, en la

tercera parte se plantea una reflexión en relación

con los retos y las perspectivas de acción que sur-

gen en relación con la consulta previa para medi-

das legislativas tras la caída de la Ley Forestal.

diseño e implementación de la estrategia de litigioEl proceso que condujo a la redacción y presenta-

ción de la acción pública de inconstitucionalidad

en contra de la Ley Forestal se inició en 2006 gra-

cias a la iniciativa conjunta de la Asociación Inte-

ramericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

y el G-DIP. En ese momento se concluyó acerca de

la necesidad de estudiar la Ley General Forestal

y las implicaciones constitucionales de su conte-

nido, así como las condiciones bajo las cuales se

había dado trámite legislativo a dicha norma. El

G-DIP asumió la tarea de diseñar e implementar

la estrategia jurídico-política, la cual se centró en

la redacción de dos acciones públicas de incons-

titucionalidad que serían presentadas indepen-

dientemente teniendo en cuenta que se trataba

de dos temas distintos. En la primera de ellas se

argumentó que con la expedición de la norma

demandada se violó el derecho fundamental a

la consulta previa de las comunidades étnicas

del país, mientras que en la segunda demanda se

argumentó que la Ley Forestal violaba el derecho

de todos los colombianos a gozar de un ambiente

sano al igual que el deber de garantizar el desa-

rrollo sostenible del país.

Finalmente, el 18 de mayo de 2007 fue radicada

ante la Corte Constitucional la demanda por el

cargo de consulta previa.1 El proceso contó con

la participación de un importante número de or-

ganizaciones y actores de la sociedad civil colom-

biana, entre los cuales se encuentran la Comisión

Colombiana de Juristas, la Universidad Nacional

de Colombia, la Universidad del Rosario, el Proce-

so de Comunidades Negras (PCN), la Asociación

de Autoridades del Consejo Regional Indígena del

Medio Amazonas (CRIMA), la Red Latinoameri-

cana Contra los Monocultivos de Árboles (Reco-

[1] Posteriormente, en julio de ese mismo año fue radicada la segunda demanda ante la Corte Constitucional. Sin embargo, dado que el tribunal declaró inexequible en su totalidad la Ley Forestal al examinar el cargo relativo al derecho fundamental a la consulta previa, la Corte concluyó improcedente analizar los cargos por violación al derecho a un ambiente sano y el deber de garantizar el del desarrollo sostenible en el país, y por ende, decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-030 de 2008.

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA

ERA CONSECUENCIA DEL DESCONOCIMIENTO

POR PARTE DEL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES

DERIVADAS DEL ARTíCULO 6

DEL CONVENIO 169 DE 1989 DE LA OIT.

editorial Puntos de vista indígenas de América A c t U A L i d A d documentos130

[ Después de la caída ]

etniA

S &

PoLÍt

icA ma), la Organización Indígena de Colombia (ONIC),

Censat Agua Viva, el Grupo Semillas y el Centro de

Cooperación al Indígena (Cecoin), así como tam-

bién varios miembros de resguardos indígenas del

país. A través de la presentación de intervenciones

ciudadanas, estas personas y organizaciones contri-

buyeron de manera notable al éxito de la estrategia

de litigio, al fortalecer los argumentos de la deman-

da, los cuales apuntaban a demostrar que la Ley Fo-

restal no había sido consultada, y que dicha omisión

acarreaba la inconstitucionalidad de la norma.

Dicha demanda fue articulada alrededor de cuatro

argumentos centrales.2 En primer lugar, se argu-

mentó que la inconstitucionalidad de la norma era

consecuencia del desconocimiento por parte del

Estado de las obligaciones derivadas del artículo 6

del Convenio 169 de 1989 de la OIT, el cual hace par-

te del bloque de constitucionalidad colombiano en

sentido estricto. En segundo lugar, se sostuvo que la

incorporación del artículo 6 del Convenio 169 de la

OIT al ordenamiento jurídico colombiano se tradujo

en la ampliación del ámbito de protección del dere-

cho a la consulta previa3, por un lado, al reconocer

también como titulares del mismo a las comunida-

des afrocolombianas, y por el otro, al incluir el deber

de consulta para medidas legislativas susceptibles de

afectar directamente a los pueblos tribales.4

[2] El texto de la acción pública de inconstitucionalidad puede ser consultado en http://gdip.uniandes.edu.co

[3] Usualmente se había interpretado el derecho a la consulta previa como exclusivo de las comunidades indígenas, y aplicable solamente a medidas que previeran la explotación de recursos naturales en sus territorios.

[4] El Convenio 169 de la OIT amplía el derecho a la consulta previa en dos áreas: sus titulares y el objeto de la obligación estatal. En primer lugar, el Convenio reconoce como titulares de este derecho a todas las comunidades tribales. Por tanto, en el caso colombiano, este tratado

En consecuencia, en tercer lugar se arguyó que la Ley

Forestal era inconstitucional, pues al no haber sido

consultados sobre dicha medida legislativa los in-

dígenas y afrocolombianos culturalmente diversos

no pudieron manifestar sus puntos de vista sobre

la misma, en particular, sobre la manera como esta

norma jurídica podría afectar su entorno natural,

y por ende, su integridad y existencia en tanto que

minorías étnicas. En cuarto lugar, se demostró que

en el proceso de creación de la Ley General Fores-

tal no se realizó la consulta previa en los términos

establecidos por la jurisprudencia de la Corte Cons-

titucional, violando así un derecho fundamental de

las comunidades étnicas y tribales del país. y por

último, se argumentó que la no realización de la

consulta previa condujo también a la violación de

otros derechos de rango constitucional establecidos

en los artículos 1 (participación y pluralismo), 3

(democracia directa y participativa), 7 (diversidad

étnica y cultural), 9 (reconocimiento de principios

de derecho internacional aceptados por Colombia),

13 (protección a grupos discriminados) y 93 (bloque

de constitucionalidad) de la Constitución.

Esta línea argumentativa condujo a que la Corte

Constitucional se pronunciara favorablemente frente

a las pretensiones de los accionantes, al concluir que

la Ley 1021 de 2006 era inconstitucional en su totali-

dad por el hecho de no haber sido consultada previa-

mente con las comunidades afro e indígenas del país.

internacional declara como titulares del derecho a la consulta previa tanto a los afrodescendientes como a las comunidades indígenas. En segundo lugar, este Convenio, además de ordenar la realización de una consulta previa cuando quiera que se vaya a adelantar un proyecto de explotación de recursos naturales en territorios indígenas (art. 330 de la Constitución Política de Colombia), la ordena cuando se vaya a tramitar cualquier medida legislativa que pueda afectar directamente a los pueblos tribales.


[ Alejandra Azuero ]

Junio

de 2

008

Junio

de 2

008el contenido de la decisión

de la corte constitucionalEl contenido de la decisión de la Corte Constitucional

puede ser sintetizado en dos puntos clave. En primer

lugar, el tribunal reconoció que –tal y como fue

sostenido por los demandantes– la consulta previa

es un mecanismo de participación que, en virtud de

lo establecido por el artículo 6 del Convenio 169 de

la OIT, también es aplicable a medidas legislativas. y

en segundo lugar, la Corte también coincidió con los

demandantes en que la Ley Forestal era susceptible

de consulta debido a que se trataba de una medida

legislativa que afectaba de manera directa a las co-

munidades indígenas y tribales del país. Estos dos ar-

gumentos fueron desarrollados por el tribunal en la

sentencia C-030 de 2008, la cual se divide en tres par-

tes. En la primera parte, la Corte estudió la naturaleza

del vicio de inconstitucionalidad, en la segunda,

desarrolló el marco jurídico del derecho a la consulta

previa en el ordenamiento nacional, y por último, es-

tudió la ausencia de consulta en el caso concreto.

naturaleza del vicio de inconstitucionalidadEn su intervención dentro del proceso, tanto el Mi-

nisterio de Agricultura como el de Medio Ambiente

instaron a la Corte para que profiriera un fallo in-

hibitorio. Esto, bajo el entendido de que: “El cargo

formulado se reduce a la configuración de un vicio

de trámite por la ausencia de consulta previa en el

proceso de expedición de la Ley General Forestal, de

suerte que la demanda formulada está sometida al

término de caducidad de un año consagrada en el

artículo 242 de la Carta Política”.5

[5] Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2008. Concepto rendido por los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente dentro del proceso a solicitud de la Corte Constitucional. C

arlo

s Góm

ez A

riza



etniA

S &

PoLÍt

icA Sin embargo, la Corte no acogió el argumento de

los intervinientes, según el cual el cargo de incons-

titucionalidad por consulta previa debía tramitarse

como un vicio de procedimiento, y por tanto, ser

sometido a los términos de caducidad previstos por

la Constitución para este tipo de casos.6 Al contrario,

la Corte concluyó que –de acuerdo con su propia

jurisprudencia– ante la ausencia de reglas jurídicas

procedimentales aplicables a la consulta previa de

medidas legislativas, no es posible tramitar el cargo

como un vicio de procedimiento. En ese caso –dijo

la Corte– se debe concluir forzosamente que la omi-

sión de consulta “afecta la materialidad misma de la

ley”.7 Aún así, el tribunal instó al Estado para que re-

solviera la ausencia de regulación del procedimiento

para surtir la consulta de medidas legislativas. Dijo

la Corte:

En desarrollo de los compromisos adquiridos

en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, el

Estado colombiano debe legislar sobre la ma-

nera de hacer efectivo el derecho de consulta

a los pueblos indígenas y tribales frente a las

medidas legislativas que sean susceptibles de

afectarles directamente. Sería, entonces, la ley

orgánica, en armonía con la Constitución y

sin desnaturalizar el alcance del compromiso

adquirido por virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 6º del Convenio 169, la que establecería

los casos en los que procede la consulta, la

oportunidad y los procedimientos para llevarla

a cabo. Se configuraría así, un procedimiento

legislativo especial, aplicable, desde la fase de

la iniciativa legislativa, en el evento de medidas

[6] La Constitución prevé que las acciones de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento solamente podrán ser presentadas dentro del año siguiente a la promulgación de la norma que se pretende demandar.

[7] Id.

legislativas que sean susceptibles de afectar

de manera directa a los pueblos indígenas y

tribales y cuyo incumplimiento daría lugar a

un vicio de procedimiento en la formación de

la ley. El procedimiento especial previsto para

adelantar la consulta se convertiría así en una

garantía institucional del derecho que tienen

las comunidades a que la misma se haga efec-

tiva.

Así, la Corte concluyó que la omisión de consulta

previa en el caso de la Ley General Forestal, exigía un

pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones

de la demanda.

Marco jurídico del derecho a la consulta previaLa Corte define el marco jurídico del derecho fun-

damental a la consulta previa, reconociendo que la

Constitución otorga especial protección al derecho

de participación de los grupos étnicos en las decisio-

nes que los afectan, protección que se traduce “en

el deber de adelantar procesos de consulta con las

comunidades indígenas y tribales”.8 Para el tribu-

nal, esta obligación surge a partir de uno de los dos

grandes compromisos adquiridos por el Estado co-

lombiano tras la ratificación del Convenio 169 de la

OIT.9 Este compromiso tiene como elementos cen-

[8] Id., párrafo 4.1.

[9] Id., parráfo 4.2. Según la Corte, el segundo gran compromiso que surge para el Estado colombiano en virtud del Convenio 169 tiene que ver con “las medidas que deben impulsar para obtener los fines propios del convenio en los distintos aspectos que son objeto del mismo, que, como se ha dicho, de una manera amplia, se orienta a promover las condiciones que permitan el desarrollo de los pueblos indígenas y tribales de un modo que respete la diversidad étnica y cultural, asegure los espacios de autonomía requeridos para ello y se desenvuelva en un marco de igualdad, y que específicamente se refiere a su relación con las tierras



Junio

de 2

008

Junio

de 2

008trales la participación y el respeto por la diversidad y

autonomía de las comunidades étnicas y tribales, y

alude a la manera como deben adoptarse y ponerse

en ejecución las medidas legislativas y administrati-

vas susceptibles de afectarlas. En ese orden de ideas,

ha dicho la Corte acerca del carácter fundamental

del derecho a la consulta previa:

El mismo es consecuencia directa del derecho

que les asiste a las comunidades nativas de de-

cidir las prioridades en su proceso de desarro-

llo y preservación de la cultura y que, cuando

procede ese deber de consulta, surge para las

comunidades un derecho fundamental sus-

ceptible de protección por la vía de la acción

de tutela, en razón a la importancia política del

mismo, a su significación para la defensa de la

identidad e integridad cultural y a su condición

de mecanismo de participación.10

Seguidamente, el fallo plantea un avance en torno al

alcance y contenido del deber de consulta de medi-

das legislativas susceptibles de afectar directamente

a las comunidades indígenas, aun cuando éstas no

estén circunscritas a: 1) la explotación de recursos

naturales en sus territorios, o 2) a la delimitación

de los mismos. En ese orden de ideas, la Corte se

o territorios; a las condiciones de trabajo; a aspectos relacionados con la formación profesional, la artesanía y las industrias rurales; a salud y seguridad social; a educación y medios de comunicación y a contactos y cooperación a través de las fronteras…”

[10] Id., párrafo 4.2.2. En los párrafos siguientes de la sentencia, la Corte lleva a cabo un pormenorizado recuento jurisprudencial de los pronunciamientos que han tenido por objeto delimitar el contenido del derecho a la consulta previa en relación con medidas legislativas. Las sentencias a las que hace alusión la Corte son las siguientes: C-169 de 2001, C-418 de 2002, C-891 de 2002, C-620 de 2003, C-208 de 2007, C-620 de 2003, T-737 de 2005, SU-383 de 2003, T-382 de 2006.

plantea tres problemas jurídicos que resuelve de la

siguiente manera.

1. ¿Cuándo es obligatoria la consulta previa de una

medida legislativa de acuerdo con el artículo 6

literal a) del Convenio 169?

La Corte concluye que, en virtud del Convenio 169,

la consulta previa de una medida legislativa es obli-

gatoria cuando afecta de manera directa y específica a las comunidades indígenas o tribales, sin importar

que dicha afectación sea positiva o negativa. En

cuanto al primer requisito, el tribunal precisó que

“hay una afectación directa cuando la ley altera el es-

tatus de la persona o de la comunidad, bien sea por-

que le impone restricciones o gravámenes, o, por el

contrario, le confiere beneficios”.11 Adicionalmente,

la Corte exige que la afectación sea específica, es de-

cir, que la medida debe estar dirigida concretamente

a las comunidades en su calidad de tales. Es decir, se

trata de una norma que está “orientada a regular de

manera específica la situación de esos pueblos”12,

o que, aun cuando ha sido concebida con alcance

general, repercute sobre las comunidades. En ese

orden de ideas, la Corte concluye:

En cada caso concreto sería necesario esta-

blecer si opera el deber de consulta, bien sea

porque se esté ante la perspectiva de adoptar

una medida legislativa que de manera directa

[11] Id., párrafo 4.2.2.2.1.

[12] Id.

LA CONSULTA PREVIA DE UNA MEDIDA

LEGISLATIVA ES OBLIGATORIA CUANDO AFECTA

DE MANERA DIRECTA y ESPECíFICA

A LAS COMUNIDADES INDíGENAS.



etniA

S &

PoLÍt

icA

y específica regula situaciones que repercuten

en las comunidades indígenas y tribales, o

porque del contenido material de la medida se

desprende una posible afectación de tales co-

munidades en ámbitos que les son propios.13

2. ¿En qué condiciones de tiempo, modo y lugar

debe producirse esa consulta?

Dado que el Convenio 169 no establece reglas de

procedimiento, y hasta tanto el legislador no re-

gule la materia a nivel interno, las condiciones de

tiempo, modo y lugar deben atender al mandato de

flexibilidad contenido en el Convenio. Aún así, para

la Corte es claro que este mandato no deja la consul-

ta sometida por completo a la discrecionalidad de

los Estados. Los principios de buena fe, efectividad,

conducencia, utilidad y oportunidad deben ser

aplicados al momento de definir las condiciones

en que se realizará la consulta. Así mismo, la Corte

estableció que los requisitos desarrollados en la sen-

tencia SU-039 de 1997 son aplicables a la consulta

previa de medidas legislativas. Dichos requisitos

son: a) el conocimiento pleno de la medida por par-

te de las comunidades; b) una suficiente ilustración

sobre posible afectación que esta pueda acarrear

para la comunidad; c) la oportunidad para valorar

las ventajas y desventajas de la medida libremente

y sin interferencias; d) que la consulta involucre a

[13] Id.

las organizaciones/instituciones genuinamente

representativas de la comunidad; e) que la comu-

nidad se manifieste mediante sus representantes

autorizados; f) que ante la imposibilidad de acuerdo

o concertación la decisión estatal sea proporcional.

Por último, la Corte reafirmó que no tiene el valor

de consulta la mera información o notificación

sobre la medida, y juzgó necesario especificar que

corresponde al gobierno promover la consulta tanto

de los proyectos de ley que son de su iniciativa, como

de aquellos que no los son.

3. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la omisión

frente al deber de consulta?

Según la Corte, existen tres consecuencias jurídicas

posibles frente a la omisión del deber de consulta

LA CORTE ENCONTRó QUE EL CONTENIDO DE

LA LEy GENERAL FORESTAL AFECTABA

DE MANERA PARTICULAR A AQUELLOS SECTORES

QUE TIENEN UNA RELACIóN MÁS ESTRECHA

CON LOS BOSQUES y CON LA ACTIVIDAD

FORESTAL, ENTRE QUIENES SE ENCUENTRAN

LAS COMUNIDADES AFRO E INDíGENAS.



Junio

de 2

008

Junio

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008

previa.14 La primera consecuencia posible es la in-

constitucionalidad de la norma en su conjunto. La

segunda y tercera opción operarían cuando se trata

de una ley que de manera general concierne a los

pueblos indígenas y tribales y los afecta directamen-

te. En ese caso, la Corte podría: optar por resolver

la omisión mediante la exclusión de las comuni-

dades afectadas del ámbito de aplicación de la ley.

O también podría declarar una omisión legislativa

derivada de la falta de previsión de medidas especí-

ficamente orientadas a las comunidades indígenas

y tribales, de forma tal que la ley se conserve en el

ordenamiento y se adopten las medidas necesarias

para subsanar la omisión.

[14] Id., párrafo 4.2.2.2.3.

Ausencia de consulta previa en el caso concretoFinalmente, en la tercera parte de la demanda la

Corte estudió un último problema jurídico. En efec-

to, analizó si a la luz de los criterios desarrollados en

el fallo era necesario o no llevar a cabo la consulta

previa en el caso de la Ley General Forestal, y de ser

así, cuáles serían los argumentos que permitirían

concluir que la consulta no se surtió. En cuanto a

la necesidad de consultar la medida legislativa, la

Corte encontró que el contenido de la Ley General

Forestal afectaba de manera particular a aquellos

sectores que tienen una relación más estrecha con

los bosques y con la actividad forestal, entre quienes

se encuentran las comunidades afro e indígenas. Por

tanto, concluye que la consulta sí era necesaria a la

luz de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT,

toda vez que la norma demandada era susceptible

de afectar directa y específicamente a tales comuni-

dades. Al respecto señaló la Corte:

En la medida en que establece políticas ge-

nerales, definiciones, pautas y criterios, que

en cuanto que de aplicación general, pueden

afectar las áreas en las que se encuentran asen-

tadas las comunidades, lo cual, a su vez, puede

repercutir sobre sus formas de vida y sobre la

relación tan estrecha que mantienen con el

bosque (…) la adopción de la ley debió haberse

consultado con esas comunidades.15

Ahora bien, una vez reconocido el deber de consulta

en el caso concreto, la Corte entró a estudiar si se ha-

bía cumplió adecuadamente con dicha obligación. En

ese orden de ideas, el tribunal observó que la medida

legislativa que se buscaba promover en el Congreso

no fue puesta en conocimiento de las comunidades

[15] Id., párrafo 5.3.

Car

los G

ómez

Ari

za



etniA

S &

PoLÍt

icA

por intermedio de instancias suficientemente re-

presentativas. Así mismo, la Corte constató que las

comunidades afectadas por las medidas tampoco

fueron ilustradas debidamente sobre el alcance y la

manera en que se produciría dicha afectación. Por

último, la Corte verificó que dichos grupos tampoco

tuvieron una oportunidad efectiva para pronunciar-

se frente a la medida que se tramitó posteriormente

ante el Congreso. Por tanto, en virtud de estos argu-

mentos la Corte Concluyó que, si bien en el trámite

del proyecto de ley se cumplió de manera general

con el proceso participativo previsto en la Constitu-

ción y la ley, lo cierto es que la consulta no se surtió

en los términos previstos por la jurisprudencia cons-

titucional y, por tanto, la norma debía ser declarada

inexequible. Así lo expresó la Corte:

Dado que la ley versa sobre una materia que se

relaciona profundamente con la cosmovisión

de esas comunidades y su relación con la tierra,

y que, por acción o por omisión, es susceptible

Carlos Gómez Ariza



Junio

de 2

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Junio

de 2

008de afectarlas de manera directa y específica,

no hay alternativa distinta a la de declarar la

inexequibilidad de la ley.16

después de la Ley ForestalLa declaratoria de inexequibilidad de la Ley Forestal

es un triunfo innegable para el desarrollo del dere-

cho a la consulta previa de las comunidades étnicas

y tribales en Colombia. y en esa medida, es también

una decisión judicial que contribuye notablemente

al fortalecimiento de la democracia participativa en

nuestro país. Sin embargo, como suele suceder con

las grandes decisiones judiciales tanto en Colombia

como en el extranjero, éstas también ayudan a evi-

denciar los retos a los que se enfrentan las organi-

zaciones y los ciudadanos al acudir al derecho como

herramienta de transformación social.

Tras la “caída” de la Ley Forestal son innumerables

los frentes en los cuales se hace palpable la nece-

sidad de seguir trabajando en defensa del derecho

fundamental a la consulta previa. Algunos ejemplos

permiten ilustrar de qué manera abogados, activis-

tas y academia tienen el reto de seguir articulando

estrategias jurídicas, políticas y sociales que permi-

tan afianzar los logros alcanzados con la sentencia

C-030 de 2008.

Por un lado, se puede mencionar la importancia

que tendrá en los días por venir la tarea de cabildeo

y seguimiento al nuevo proyecto de ley que fue

presentado por el Ministerio de Agricultura ante

el Congreso, por medio del cual se pretende regla-

mentar la actividad de las plantaciones forestales

comerciales a nivel nacional. y por el otro, también

será vital la intervención de las organizaciones ante

la Corte Constitucional, como coadyuvantes de

[16] Id.

la acción pública de inconstitucionalidad que fue

presentada recientemente en contra del Estatuto de

Desarrollo Rural por ausencia de consulta previa.17

Esta decisión, precedida por las sentencias C-030 de

2008 y C-416 de 2008,18 será de vital importancia

para la consolidación del precedente que durante el

último año ha desarrollado la Corte en materia de

consulta previa.

Sin embargo, los esfuerzos de las comunidades y or-

ganizaciones en favor de la materialización del dere-

cho fundamental a la consulta previa son necesarios

mas no suficientes. Corresponde al legislativo y al

ejecutivo la responsabilidad de llevar a cabo la con-

sulta previa siempre que las comunidades afro e in-

dígenas sean susceptibles de verse afectadas por una

medida legislativa. Es claro que de estos dos órganos

del poder público también depende que la “caída”

de la Ley Forestal no se convierta en letra muerta.

[17] Número de radicación: D-7308. Acción pública de inconstitucionalidad presentada el 15 de mayo de 2008 por la Comisión Colombiana de Juristas y suscrita por la Corporación Grupo Semillas, la Corporación Colectivo José Alvear Restrepo, la Fundación Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC).

[18] En esta última sentencia la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la Ley 1151 de 2007 –por medio de la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo– de manera que hasta tanto se realice dicha consulta, se suspenden los proyectos, programas y presupuestos plurianuales que puedan incidir directa y específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades étnicas afrodescendientes.

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Los territorios indígenas traslapados con áreas del Sistema de Parques nacionales naturales en la Amazonia colombiana:

Situación actual y perspectivas1

En la región amazónica un alto porcentaje de las áreas del Sistema de Parques

Nacionales Naturales (SPNN) se encuentran superpuestas con extensos

territorios reconocidos en propiedad a favor de los pueblos indígenas. Las

nuevas consagraciones constitucionales privilegiaron notablemente el esta-

tus jurídico de los parques naturales y de los territorios indígenas, a tal punto

que actualmente se hace imperativo propender por articular y armonizar en

mutuo beneficio los intereses representados en estas figuras jurídicas, más

aún cuando las condiciones del ambiente adquieren una situación crítica re-

conocida a nivel global.

El Sistema de Parques Nacionales Naturales se encuentra estructurado le-

galmente bajo la concepción de incompatibilidad con la habitación humana

permanente y la explotación de los recursos naturales. En efecto, el régimen

general dispuesto en la normatividad vigente para estas áreas establece un

estricto y restrictivo control sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los

recursos naturales, que impide el desarrollo de actividades agrícolas, fores-

tales, pesqueras, de caza, mineras o de hidrocarburos. Adicionalmente, dicho

régimen opera de manera prevalente sobre las competencias de protección y

[1] El presente artículo corresponde al Documento de Políticas Públicas No. 23 del Foro Nacional Ambiental de diciembre de 2007, en prensa.

Junio

de 2

008conservación de la biodiversidad biológica reco-

nocidas a las restantes autoridades ambientales

del nivel regional o local.

Los territorios indígenas se encuentran reconoci-

dos como un derecho fundamental constitucional

a favor de los pueblos indígenas, el cual opera prin-

cipalmente en dos aspectos: en primer lugar se re-

fiere a la propiedad colectiva de las tierras y de los

recursos naturales,2 y en segundo lugar en lo que

se refiere al ejercicio del derecho de autonomía y

autogobierno a nivel local, el cual se materializa

en un sistema jurídico propio en lo administrativo,

judicial y legislativo que debe ser armónico con las

normas del sistema jurídico nacional.3

[2] Corte Constitucional T – 188 de 1993: “El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos lleva implícito, dada la protección constitucional del principio de diversidad étnica y cultural, un derecho a la constitución de resguardos en cabeza de las comunidades indígenas. El derecho fundamental de petición es aquí un medio o presupuesto indispensable para la realización de aquellos derechos.” (negrillas fuera del texto)

[3] Corte Constitucional, sentencia T-979 de 2006: “Los criterios señalados en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, enmarcan, y al mismo tiempo refuerzan, el derecho al auto-gobierno de las comunidades indígenas, que el Constituyente de 1991 puso de presente en varias disposiciones constitucionales. De otra parte, tales principios y criterios encajan claramente dentro del entorno

Variados y extensos estudios jurídicos se han rea-

lizado en busca de definir los aspectos que harían

o no compatibles dichas figuras superpuestas. En

principio se asume de manera generalizada que

la ocupación y el aprovechamiento de las áreas

del Sistema de Parques Nacionales Naturales

por parte de los pueblos indígenas no comporta

amenaza o riesgo para la conservación de los

ecosistemas estratégicos que se busca proteger,

a diferencia de lo que podría ocurrir con otras

poblaciones rurales.

Los aspectos sobre los cuales ha recaído el análisis

jurídico y que en adelante se desarrollarán son los

siguientes:

La propiedad y administración de la tierra y de

sus recursos naturales renovables en las áreas

traslapadas.

de un Estado social de derecho (art. 1° de la Constitución Política), respetuoso y protector de la diversidad étnica y cultural (art. 7° ibídem). De allí que, en desarrollo de las obligaciones resultantes de su participación en este convenio, al Estado colombiano le corresponda desarrollar una labor activa encaminada a promover el respeto y la prevalencia de la autonomía y los demás derechos de las comunidades indígenas. Ahora, si al Estado y sus autoridades les corresponde promover y defender el derecho fundamental de las comunidades indígenas a gobernarse por autoridades propias, se entiende que a fortiori, les compete el deber de abstenerse de interferir de cualquier manera en la toma de las decisiones que en desarrollo de su autonomía corresponde adoptar a los integrantes de las comunidades indígenas. Siendo sin duda una de tales decisiones, e incluso una de las más importantes, la referente a la elección de las autoridades que de conformidad con sus propias tradiciones, usos y costumbres, habrán de gobernar a la comunidad indígena en cuestión, dentro del ámbito de sus competencias reconocidas por la Constitución de 1991”.

Ramón esteban LabordeAbogado, asesor de organizaciones indígenas de la Amazonia.


[ Territorios indígenas en la Amazonia ]

etniA

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PoLÍt

icA La afectación o restricción sobre el uso, manejo

y aprovechamiento de los recursos naturales por

parte de los pueblos indígenas. Particularmente

se evidencia una tensión en relación con el apro-

vechamiento para fines comerciales de los recur-

sos naturales por parte de los pueblos indígenas

en situación de traslape.

La articulación de los sistemas jurídicos nacional e

indígena: la coordinación o coadministración te-

rritorial entre autoridades ambientales naciona-

les, y las instituciones de gobierno local indígena.

Aprovechamiento económico y concesiones de

servicios ambientales y turísticos en los territo-

rios indígenas traslapados, por parte del Estado y

terceros.

Instrumentos de planificación: régimen especial

de manejo, planes de ordenamiento territorial,

planes de vida indígena o planes de manejo de las

áreas del SPNN.

Necesidad de adecuación normativa para estas

áreas traslapadas.

La propiedad y administración de la tierra y de sus recursos naturales renovables en las áreas traslapadasEn los análisis jurídicos sobre este tema, uno de los

principales cuestionamientos que se han realizado

es acerca de quién es el titular del derecho de do-

minio sobre la tierra y los recursos naturales en las

áreas traspaladas del SPNN y los territorios indíge-

nas; este cuestionamiento se genera a partir de la in-

terpretación realizada por el Ministerio de Ambiente

según la cual la nación es propietaria de los recursos

naturales y en particular de las áreas del SPNN, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y

332 de la Constitución. En estas normas se establece

que los bienes de uso público, los parques naturales Car

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[ Ramón Esteban Laborde ]

Junio

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Junio

de 2

008y los territorios indígenas, entre otros bienes, son

inalienables, imprescriptibles e inembargables y que

el Estado es propietario de los recursos naturales.

Efectivamente, de una parte, las autoridades am-

bientales entendieron que las áreas del SPNN eran

propiedad de la nación y en consecuencia proce-

dieron a autorreconocer la propiedad y a inscribirse

como propietarios en el registro público,4 mientras

que las autoridades del sector agrario reconocían

la propiedad de los pueblos indígenas sobre los

territorios tradicionalmente ocupados por éstos y

procedían a su registro, en razón de lo cual existen

actualmente títulos y registros superpuestos sobre

una misma área territorial, con diferentes titulares.

Las autoridades ambientales en el acto de auto-

rreconocimiento de la propiedad de las áreas del

SPNN fundamentan su decisión en lo dispuesto en

el artículo 42 del Código Nacional de los Recursos

Naturales Renovables, según este artículo “Perte-

necen a la Nación los recursos naturales renovables

y demás elementos ambientales regulados por este

código que se encuentren dentro del territorio na-

cional”. Dentro de éstos se encuentra el género de

las áreas de manejo especial donde se incluyen las

pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales,

entendiendo por tales “el conjunto de áreas con va-

lores excepcionales para el patrimonio nacional que,

en beneficio de los habitantes de la Nación y debido a

sus características naturales, culturales o históricas,

[4] Resolución 2394 del 24 de octubre de 1995 del Inderena “Por la cual se solicita cambio de titular de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales”, el cambio de titular que se solicitó e inscribió efectivamente fue del Inderena a la Nación-Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en la oficina de registro de Leticia (Amazonas) se encuentra registrada la propiedad de la nación sobre el Parque Nacional Natural Amacayacu (Folio de matrícula inmobiliaria No. 400-0001038) y el PNN Cahuinari (Folio de matrícula inmobiliaria No. 400-0002262).

se reserva y declara comprendida en cualquiera

de las categorías que adelante se enumeran”.5 Fi-

nalmente, la Ley 99 de 1993 le asigna la función al

Ministerio de Ambiente para reservar, alinderar y

administrar las áreas del SPNN, reglamentando su

uso y funcionamiento.6

Los pueblos indígenas obtienen el reconocimiento

de la propiedad sobre sus territorios y de los re-

cursos naturales de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 329 de la Carta, así como lo establecido en

el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, entre otras

normas. En efecto, el derecho de dominio de los

territorios indígenas se establece en beneficio de los

miembros de determinado grupo étnico o de varios

de ellos, nunca en beneficio de la nación. Esta pro-

piedad colectiva se asimila a la propiedad privada, y

en consecuencia les corresponderá a sus titulares la

administración y, adicionalmente, en ejercicio de las

facultades de autogobierno local les correspondería

determinar lo referente al uso del suelo, incluida la

preservación de los recursos naturales renovables.7

El régimen legal vigente para las áreas del SPNN se

aplica plenamente a los propietarios particulares.

Frente a ellos se entiende y justifica que el Estado

adquiera la propiedad de los predios incluidos en el

[5] Decreto-ley 2811 de 1974, artículo 327 (énfasis agregado).

[6] Ley 99 de 1993, artículo 5 numerales 18 y 19.

[7] Artículo 330 Constitución Política.

EL DERECHO DE DOMINIO DE LOS TERRITORIOS

INDíGENAS SE ESTABLECE EN BENEFICIO

DE LOS MIEMBROS DE DETERMINADO GRUPO

éTNICO O DE VARIOS DE ELLOS,

NUNCA EN BENEFICIO DE LA NACIóN.



etniA

S &

PoLÍt

icA

sistema, aún de manera forzada. Así mismo, se en-

cuentra establecido el beneficio general para todos

los habitantes del territorio nacional de usar los PNN

con fines recreativos, educativos, investigativos, etc.

En este caso, la propiedad privada no adquiere la

connotación de ser un derecho fundamental consti-

tucional, no existe una relación espiritual, cultural e

histórica con el territorio, la relación es simplemente

económica o patrimonial, por lo que puede incluso

ser expropiado, previa indemnización.

El régimen legal vigente para las áreas del SPNN no

es aplicable para los pueblos indígenas, pues su pro-

piedad territorial no puede ser objeto de adquisición

voluntaria o forzosa, ya que constitucionalmente ha

adquirido el carácter de inalienable y en consecuen-

cia es inalienable su administración. Por ser éste un

atributo esencial al derecho de dominio, es decir, que

sin ésta se desnaturaliza el derecho de propiedad, lo

cual no es procedente para los territorios indígenas.

Sin discusión se acepta que la propiedad de la tierra

y los recursos naturales se encuentra radicada en los

pueblos indígenas; sin embargo, como se ha estable-

cido, formalmente la nación-Ministerio de Ambien-

te, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene inscritas en

las oficinas de instrumentos públicos la propiedad

de la totalidad de las áreas que componen el SPNN,

incluidos los titulados y registrados a nombre de los

pueblos indígenas. Esta situación debe ser corre-

gida, pues no son aceptables estas ambigüedades

por parte del Estado. La obligación de reconocer la

plena propiedad de los territorios ancestralmente

utilizados por los Pueblos Indígenas por parte del

Estado se encuentra establecida en el Convenio 107

de la OIT (Ley 31 de 1967) y reiterado en el Convenio

169 de la OIT (Ley 21 de 1991), normas que hacen

parte del bloque de constitucionalidad en estricto

sentido.8 Por tanto, se debe revocar la Resolución

2394 de 1995 del Inderena, y ordenar la cancelación

de los folios de matrícula inmobiliaria de las áreas

del SPNN traslapadas parcial o totalmente con terri-

torios indígenas.

La afectación o restricción sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturalesLos territorios indígenas, al igual que todas las pro-

piedades, se encuentran sometidas al cumplimiento

de la función ecológica: lo que habría que determi-

nar son las limitaciones adicionales al uso, manejo y

aprovechamiento a las cuales tendrían que sujetarse

los pueblos indígenas cuando sus territorios se en-

cuentren superpuestos con áreas del SPNN.

La jurisprudencia constitucional ha dicho al paso

(obiter dicta)9:

Dentro de las zonas delimitadas y, por con-

siguiente, reservadas o destinadas a parques

naturales, no sólo se comprenden terrenos de

propiedad estatal, sino de propiedad privada.

Si bien en estos casos subsiste la propiedad

privada, que es enajenable, ella esta afectada

a la finalidad de interés público o social propia

del sistema de parques nacionales, afectación

que implica la imposición de ciertas limita-

[8] Ver Corte Constitucional, sentencia C-401 de 2005.

[9] Parte no vinculante u obligatoria de las sentencias judiciales, solo tienen valor pedagógico o de ilustración. Ver Corte Constitucional, sentencia SU-047 de 1999.

SIN DISCUSIóN SE ACEPTA

QUE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

y LOS RECURSOS NATURALES SE ENCUENTRA

RADICADA EN LOS PUEBLOS INDíGENAS.



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Junio

de 2

008ciones o cargas al ejercicio de dicho derecho,

acordes con dicha finalidad. No obstante, debe

aclararse, que en cuanto se afecte el núcleo

esencial del derecho de propiedad con la refe-

rida afectación el respectivo inmueble debe ser

adquirido mediante compra o expropiación

(sentencia C-649 de 1997).

En el caso de los territorios indígenas, siguiendo esta

cita tendríamos que considerar que la afectación a

su propiedad sobre la tierra y los recursos naturales

renovables no puede llegar a la imposición de limi-

taciones o cargas que afecten el núcleo esencial de

tales derechos, pues como se sabe éstos no podrían

ser objeto de adquisición por parte del Estado debi-

do a su carácter de derecho fundamental inaliena-

ble. Convenido lo anterior tendríamos que reiterar

que en los territorios indígenas comprendidos en

unas de las áreas del SPNN no se aplica el régimen

general de dicho sistema; recordemos que en éste

se encuentran prohibidas las actividades de tumba,

quema y siembra, caza, pesca, forestales, agrope-

cuarias, industriales, mineras, petroleras, hoteleras,

etc.10, o cualquier otra actividad que vaya en contra

de los objetivos de conservación del área.

En principio no habría inconveniente en aceptar

que de las anteriores actividades no permitidas en

las áreas del SPNN, las que se refieren a las propias

de la subsistencia de las comunidades indígenas

no pueden ser objeto de limitación. Es claro que de

éstas depende su supervivencia física, de igual modo

ocurre con las que se requieran para su bienestar

espiritual, en general no se les podrá limitar o regla-

mentar, ni será necesario formalizar acuerdos sobre

el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos

naturales que adelanten de manera tradicional. De

igual manera, no será admisible que en estas áreas

[10] Artículo 30 del Decreto 622 de 1977.

traslapadas el Estado pueda autorizar exploración

y explotación de los recursos del subsuelo, pues

frente a sí mismo operan las limitaciones que hacen

incompatible las actividades mineras o petroleras

en áreas de especial importancia ecológica. La

cuestión que habrá de resolverse es el desarrollo

de actividades de carácter industrial o comercial

que no puedan considerarse como de subsistencia

o tradicionales, en efecto, la siembra extensa de

monocultivos, la explotación forestal a gran escala,

la caza o pesca con fines comerciales, el montaje de

industrias, la hotelería y turismo, entre otras, serán

las actividades sobre las cuales deberá alcanzarse un

acuerdo entre el Estado y las comunidades indígenas

que se encuentran en áreas del SPNN.

Dentro de estas actividades que hemos denomina-

do de carácter industrial o comercial existen algunas

que tampoco representan una amenaza para los ob-

jetivos de conservación de las áreas del SPNN. Parti-

cularmente la hotelería y el turismo son realizada y

promovidas por el mismo Estado en otras áreas del

SPNN, por lo cual no parece haber justificación para

que las mismas comunidades puedan adelantarlas

dentro de sus territorios, determinando previamen-

te la capacidad de carga y demás condiciones reque-

ridas en la zona donde se adelantará.

Sobre las otras actividades de carácter industrial

o comercial plantearemos algunos principios por

considerar:

Derecho de los pueblos indígenas a definir sus

prioridades en lo que atañe a su proceso de de-

sarrollo económico, cultural y social. Artículo 7

del Convenio 169 de la OIT: para las comunidades

indígenas que han manejado sosteniblemente

sus recursos naturales, no resulta prioritario el

interés de la nación por la conservación in situ,

sus intereses prioritarios se dirigen a aspectos

culturales, sociales y económicos, por lo cual no Car

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etniA

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icA resulta justo ni proporcionado imponerles unas

prioridades externas. No puede ocultarse que los

pueblos indígenas en la actualidad y cada vez con

más fuerza, vienen adoptando y requiriendo de

bienes y servicios propios del sistema de la eco-

nomía de mercado, lo cual genera consecuente-

mente la necesidad de obtener mayores ingresos

para satisfacer estos nuevos requerimientos y, en

principio, podrían buscar alternativas produc-

tivas o económicas en sus territorios, pudiendo

optar por la utilización sostenible de sus recursos

naturales renovables.

En caso extremo, es decir, cuando el desarrollo de una actividad industrial o comercial pueda gene-

rar una verdadera amenaza para los objetivos de conservación del área del SPNN, el Estado podrá resolver motivadamente prohibir dicha activi-dad en aras del interés general, esto sin perjuicio del daño especial que se cause a la comunidad indígena11y la responsabilidad patrimonial del

Estado.

[11] De acuerdo con la doctrina vigente se produciría un daño especial que conlleva una indemnización de perjuicios independientemente de que se ajuste a la ley la prohibición de adelantar determinada actividad industrial o comercial por parte de los pueblos indígenas, se trata de un caso de responsabilidad objetiva del Estado según lo disponen el artículo 90 de la Carta y la jurisprudencia del Consejo de Estado.



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Junio

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Carlos Gómez Ariza

El aprovechamiento industrial o comercial de los

recursos naturales por parte de los pueblos indí-

genas en las áreas del SPNN deberá ser realizado

con tecnologías compatibles con la conservación

del área superpuesta, y debe ser sostenible am-

bientalmente, estando el Estado en la obligación

de aportar los requerimientos técnicos y finan-

cieros para este propósito.

La resolución de los conflictos que puedan surgir

entre las prioridades del Estado y los pueblos

indígenas deben ser resueltos a partir de los ele-

mentos que proporcione cada caso en particular

(casuística), atendiendo al nivel de conservación

de los recursos naturales y de la cultura de la res-

pectiva comunidad indígena, y deben ponderarse

los intereses en conflicto en concreto. No se puede

generalizar o resolver en abstracto y de antemano

soluciones a dichos conflictos, así lo ha señalado

la Corte Constitucional para este tipo de casos.

El interés de la conservación in situ no puede

erigirse como un nuevo instrumento de domi-

nación estatal en relación con los pueblos indí-

genas, cualquier forma de colonialismo interno

se encuentra proscrito de nuestro ordenamiento

jurídico, por tanto la relación debe estructurarse

horizontalmente en igualdad de condiciones,

libre de cualquier arbitrariedad o con abuso de la

posición dominante.



etniA

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PoLÍt

icA La articulación y coordinación de los sistemas jurídicos: nacional e indígena, en la función de las áreas traslapadasLos pueblos indígenas obtuvieron con la Consti-

tución de 1991 y las normas internacionales espe-

cialmente referidas a estos el reconocimiento a su

autonomía política y jurídica a nivel local, lo cual se

traduce en la posibilidad de ejercer funciones admi-

nistrativas, legislativas y judiciales

dentro de su ámbito territorial, en armonía con las

normas nacionales. Esta circunstancia determina

una diferencia sustancial con relación a las autori-

dades regionales, departamentales o municipales,

estas últimas en lo administrativo se encuentran

sometidas a las políticas, planes y programas dis-

puestos por el nivel central de la administración

pública, adicionalmente carecen totalmente de fun-

ciones legislativas o judiciales. Sin llegar a extremos,

se puede señalar que esta condición les permite a los

pueblos indígenas, por lo menos, obtener un trato

horizontal por parte del Estado, es decir, no jerar-

quizado o de dominación y, en consecuencia, surge

la necesidad de alcanzar un consenso y articulación

para el manejo de las áreas traslapadas.

Los pueblos indígenas amazónicos, entre otros,

mantienen sofisticados y complejos sistemas de

manejo de su territorio y de sus recursos naturales

los cuales bien pueden ser entendidos en su conjun-

to como un cuerpo normativo completo, suficiente

y eficiente para garantizar el interés de la nación en

la conservación in situ. No obstante, ante las nuevas

realidades económicas y sociales requieren de la

colaboración de las autoridades ambientales para

garantizar definitivamente dicho interés nacional,

de tal manera que los dos sistemas jurídicos deben

articularse y armonizarse de manera complementa-

ria o subsidiaria.

En principio, debe darse aplicación plena al sistema

de regulación dispuesto por las autoridades indíge-

nas y en relación con sus miembros, y de manera

subsidiaria y complementaria debe operar la autori-

dad y normatividad nacional en relación con las per-

sonas que no están bajo la jurisdicción y autoridad

indígena. De lo contrario se presentaría una confu-

sión al no tenerse claridad acerca de la autoridad y la

normatividad que rige determinada área traslapada,

sería esta la única manera de realizar la articulación

entre los diversos sistemas jurídicos indígenas y el

nacional, particularmente en lo que se refiere a las

concepciones y regulaciones sobre el uso, manejo

y aprovechamiento de los recursos naturales. En

el caso del PNN Cahuinari se pudo comprobar el

error de pretender fusionar los diferentes sistemas

normativos y las actuaciones de las autoridades

indígenas con las del SPNN en una sola “masa”, pues

se terminan desnaturalizando el cuerpo normativo

y ejecutivo de cada una de las partes, la cuestión es

mantener la diversidad dentro de la unidad sin pre-

tender generar un sincretismo.

La coordinación territorial entre las autoridades am-

bientales nacionales y las autoridades e instituciones

de gobierno local indígena no puede materializarse

con el esquema centralizado y hegemónico que de

manera general opera en las áreas del Sistema de

Parques Nacionales Naturales. En estos casos, la

función de conservación de la diversidad biológica

requiere del reconocimiento de un esquema des-

DEBE DARSE APLICACIóN PLENA

AL SISTEMA DE REGULACIóN DISPUESTO

POR LAS AUTORIDADES INDíGENAS

y EN RELACIóN CON SUS MIEMBROS.



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Carlos Gómez Ariza

centralizado y pluralista donde la autoridad indíge-

na mantenga su autonomía política y jurídica, y las

autoridades ambientales nacionales actúen por de-

fecto a nivel interno y de manera complementaria

frente a los particulares externos a las comunidades

indígenas; considero que este planteamiento no

solo responde a una situación jurídica indudable,

sino a una realidad práctica.

Las limitaciones o cargas que se requieren implan-

tar en un área de conservación traslapada con un

territorio indígena deben operar frente a diversos

destinatarios, de una parte a los miembros de las co-

munidades indígenas que comprenden y responden

a los postulados de su propio sistema normativo,

y de otra parte, a los miembros de la sociedad na-

cional que comprenden y responden a sus propios

postulados normativos; entonces, para lograr de

manera eficiente el fin propuesto cada cual debe

atender sus responsabilidades de acuerdo con sus

normas, articulándose y actuando conjuntamente

cuando se requiera en los casos donde se presente

la intersección de los sistemas normativos o cuando

simplemente las necesidades lo requieran.

necesidad de adecuación normativa para estas áreas traslapadasLa UAESPNN viene promoviendo la discusión y con-

sulta previa de un proyecto de decreto que introdu-

ciría reformas al Decreto 622 de 1977 reglamentario

de la normatividad referida al SPNN contenida en el



etniA

S &

PoLÍt

icA Código Nacional de los Recursos Naturales Renova-

bles con el cual se pretende actualizar, entre otras, lo

referente a los territorios indígenas.

Como se ha expuesto, el régimen general del SPNN

no tiene aplicabilidad dentro de los territorios

indígenas, salvo para el caso de la autorización de

exploración y explotación de recursos del subsuelo

de propiedad del Estado o de permisos de explota-

ción comercial o industrial de recursos naturales

renovables. Es decir, que los miembros de las comu-

nidades indígenas en áreas traslapadas de manera

ininterrumpida y pacífica han venido realizando

el manejo, uso y aprovechamiento de sus recursos

naturales, sin que hubieren operado las limitaciones

dispuestas en dicho régimen.

Entre otras razones, dicho régimen no se ha aplica-

do debido a que no se contemplan allí normas que

actualmente se destinen a los pueblos indígenas. En

su momento estuvo vigente el artículo 7 del Decreto

622 de 1977, en el que se disponía la compatibilidad

entre las áreas del SPNN y las reservas indígenas, y

la necesidad de establecer un régimen especial en

beneficio de esta población, con lo que respetaría

su permanencia en el área y el derecho al aprove-

chamiento económico de los recursos naturales

con tecnologías compatibles con los objetivos del

sistema. Esta norma perdió su fuerza de ejecutoría12

[12] De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 66 del CCA, los actos administrativos pierden su fuerza de ejecutoria cuando desaparezcan sus fundamentos de derecho y en el presente caso la figura de las reservas indígenas desaparecieron del ordenamiento jurídico al ser derogado el Decreto 2117 de 1969, por el Decreto 2001 del 28 de septiembre de 1988 en el que se dispuso la conversión de las reservas indígenas en resguardos indígenas, debiéndose aclarar que esta última figura reconoce la plena propiedad de los territorios indígenas, mientras que las reservas otorgan un derecho de usufructo. Adicionalmente, debe considerarse que las reservas y los resguardos no son

pues desde el 28 de septiembre de 1988 desapare-

cieron los fundamentos de derecho en los cuales

se sustentaba sin que se hubiera aplicado en algún

caso, es decir, no se constituyó ningún PNN sobre

alguna reserva indígena, ni se estableció un régimen

especial sobre alguna reserva indígena.

Se cuestiona la viabilidad de realizar la actualización

normativa del SPNN en relación con los pueblos

indígenas a través de una reforma a la norma re-

glamentaria, sin reformar el Código Nacional de

los Recursos Naturales Renovables. Tenemos que

considerar que la limitación para compatibilizar la

presencia humana permanente se encuentra en este

último, y que un decreto reglamentario no puede

utilizarse para modificar la normatividad en que se

sustenta, el objeto de un acto reglamentario no pue-

de comprender la reforma de la norma superior a la

cual se encuentra sujeta, en palabras más simples,

las normas de menor jerarquía no pueden reformar

o desconocer las de superior jerarquía, cuando esto

ocurre se genera la nulidad del acto irregular.

Las normas del SPNN contenidas en el mencionado

código disponen que la finalidad principal de dicho

sistema es conservar sin deterioro los recursos natu-

rales reservados y declarados bajo algunas de las ca-

tegorías allí contenidas, los cuales estarán sometidos

o regulados en un régimen especial de manejo.13

Ninguna de las categorías aludidas contempla o per-

mite la presencia humana, como tampoco ninguna

de sus zonas internas, ya que desde el principio se

acogió el modelo de parques sin gente, aunque por

otra parte, se constata que existe desde el principio

figuras iguales; cuando se promulgó el Decreto 622 de 1977 existían jurídica y fácticamente los resguardos, sin embargo, no se dispuso su compatibilidad con las áreas del SPNN.

[13] Decreto 2811 de 1974, artículos 327 y 328.



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Junio

de 2

008los pueblos indígenas pueden habitar permanente-

mente las áreas del SPNN. No es el modelo o sistema

de manejo, uso y aprovechamiento de los recursos

naturales el que determina la posibilidad de per-

manencia de las personas en las áreas del SPNN,

el derecho de permanencia allí se determina con

fundamento en prejuicios raciales, lo cual resulta

inaceptable dentro del marco constitucional.

Para el caso de los pueblos indígenas, en el proyecto

de reforma al Decreto 622 de 1977 se propone lo

siguiente:

Declarar la compatibilidad de las áreas del SPNN

con los resguardos indígenas o territorios indíge-

nas no titulados.

La declaración de un área del SPNN sobre terri-

torios indígenas se hará previa consulta con los

pueblos interesados.

Se reglamenta el proceso de consulta previa para

declarar áreas del SPNN con comunidades indí-

genas, si no se logra acuerdo la decisión final la

adopta el gobierno.

Las competencias constitucionales y legales de

las entidades territoriales para elaborar y adoptar

los POT se pierden totalmente sobre las áreas del

SPNN.

Se incluye una zona denominada de superposi-

ción con resguardo indígena, la cual funcionará

bajo un régimen especial de manejo, y que podrá

de dichas comunidades que son compatibles con la naturaleza, objetivos y funciones del área de que se trate. Para tal efecto, la entidad administradora del Sistema de Parques Nacionales promoverá mecanismos de consulta y participación con estas comunidades. Si las personas a que se refiere el presente artículo no se allanan a cumplir el plan de manejo expedido por la entidad, se convendrá con ellas y con el Incora su reubicación a otros sectores en los cuales se pueda practicar la titulación colectiva”.

presencia humana permanente en casi la totalidad

de las áreas del SPNN, situación que incluso llevó a la

administración a implementar la política institucio-

nal de parques con la gente.

En la actualidad, el régimen jurídico se encuentra

estructurado bajo el modelo sin gente, y la política

institucional bajo el modelo con gente, resultando

que los funcionarios y habitantes de las áreas del

SPNN se ven en la disyuntiva de cumplir el régimen e

incumplir la política o viceversa.

El régimen jurídico opera de acuerdo con la cali-

dad racial o étnica que se tenga: a) las personas

pertenecientes a la sociedad nacional no pueden

habitar permanentemente las áreas del SPNN, las

que se encuentran en éstas deben ser reubicados

en su exterior; b) las personas pertenecientes a las

comunidades negras14 en principio no pueden

habitar permanentemente las áreas del SPNN, el

reconocimiento territorial no puede comprender

áreas de dicho sistema; excepcionalmente, si se

han establecido con anterioridad a la declaratoria

del área del SPNN podrán permanecer mientras

cumplan con el plan de manejo dispuesto por la

autoridad ambiental, en caso contrario se procederá

a su reubicación,15 y c) las personas pertenecientes a

[14] De acuerdo con la Ley 70 de 1993 se entiende por: “Comunidad negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos”.

[15] Ley 70 de 1993, “Artículo 22. Cuando en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales ubicados en las zonas se encuentren familias o personas de comunidades negras que se hubieran establecido en ellas antes de la declaratoria del área-parque, el Inderena o la entidad que haga sus veces definirá, en el plan de manejo que se debe expedir, las prácticas tradicionales



etniA

S &

PoLÍt

icA tener una zonificación interna establecida con-

juntamente entre las autoridades ambientales y

las autoridades indígenas.

El Régimen Especial de Manejo garantizará el

ejercicio del conjunto de derechos constituciona-

les y legales de los pueblos indígenas, en especial

los territoriales, de uso y aprovechamiento soste-

nible de los recursos naturales renovables.

El Régimen Especial de Manejo será el marco téc-

nico y de gestión del área superpuesta, y se elabo-

rará teniendo como insumos el plan de manejo

del área y el plan de vida de las comunidades.

El Régimen Especial de Manejo contiene el con-

junto de reglas y procedimientos de planeación,

implementación y seguimiento de las acciones

coordinadas de las autoridades ambientales y las

autoridades indígenas.

Se establece que en ningún caso la articulación

y coordinación de acciones implica traslado, re-

nuncia o desprendimiento de las funciones de la

UAESPNN.

Cuando las comunidades carezcan de título se les

consultará el Plan de Manejo del área.

Las actividades de control y vigilancia en las áreas

superpuestas se realizará de manera conjunta o

coordinada con las autoridades indígenas, según

lo dispuesto en el Régimen Especial de Manejo.

Los Regímenes Especiales de Manejo estable-

cidos con anterioridad a la vigencia del decreto

deberán ser ajustados a éste en un término no

superior a tres (3) años.

En relación con las anteriores propuestas se realiza-

rán algunos análisis o críticas generales.

La compatibilidad de los resguardos indígenas

y las áreas del SPNN. Puede existir acuerdo con

la consagración positiva de la compatibilidad de

estas figuras. Sin embargo, ésta no ésta al alcance

de un decreto reglamentario, en la actualidad

ninguna de las categorías ni zonas del SPNN con-

templa la presencia humana, lo cual no puede

realizarse sino a través de la reforma del código,

además porque en el caso de los resguardos

indígenas, por tratarse de la regulación de un de-

recho fundamental constitucional, tiene reserva

de ley estatutaria.16 Finalmente, debería referirse

integralmente a los territorios indígenas, es decir,

tanto al resguardo (propiedad) como a la Entidad

Territorial Indígena (autogobierno) más cuando

adelante se establece un sistema articulado y

conjunto de administración del área superpuesta

entre las autoridades ambientales y las autorida-

des indígenas. En estas últimas solo tienen razón

en el marco del ejercicio de las funciones consti-

tucionales contenidas en los artículos 246 y 330,

más aún cuando se contempla la pérdida de las

competencias constitucionales de las entidades

territoriales en relación con el uso del suelo y la

protección del patrimonio ecológico local (POT)

en las áreas del SPNN;17 no se menciona a las ETI,

pero no se excluyen tampoco de su aplicación

cuando podrían estar en igual condición.

La consulta previa y su reglamentación. La con-

sulta previa es un derecho fundamental cons-

titucional que algunos casos no tiene efectos

vinculantes para el Estado, es decir, que agotado

el proceso el gobierno podrá adoptar la decisión

que considere sin arbitrariedad. En el caso de la

declaración de un área del SPNN, habría que acla-

[16] De acuerdo con el literal a) del artículo 152 de la Constitución, mediante las leyes estatutarias el Congreso deberá regular los derechos y deberes fundamentales de las personas, los procedimientos y recursos para su protección

[17] Ver artículo 17 del Proyecto de Decreto elaborado por la UAESPNN.



Junio

de 2

008

Junio

de 2

008rar si la consulta es vinculante o no; si el área tiene

exclusivamente como objetivo la conservación

de la diversidad biológica podría pensarse que el

Estado podría afectar o limitar el derecho de los

pueblos indígenas, y aún habría que tener mayor

precisión sobre el alcance de la afectación en con-

creto, mientras que los objetivos de recreación,

investigación, educación, cultura, que pueden

implicar el ingreso público de particulares a una

propiedad colectiva-privada no pueden ser re-

sueltos por las autoridades ambientales con pres-

cindencia de la voluntad de los pueblos indígenas.

Igualmente, la calidad de derecho fundamental

constitucional imposibilita la reglamentación a

través de un acto administrativo, pues como se

explicó, tiene reserva de ley estatutaria.

Concesiones comerciales de servicios en los terri-

torios indígenas traslapados. Se omite cualquier

referencia al tema de las concesiones de bienes

y servicios de hotelería y turismo en las áreas del

SPNN a favor de particulares; debe atenderse

a la circunstancia de que la conservación de la

biodiversidad es la que permite el ejercicio de las

prerrogativas estatales en las áreas del Sistema de

Parques Nacionales Naturales, pero no el mono-

polio en la explotación económica en las mismas

áreas a través de terceros; de igual manera, nada

se establece en relación con los beneficios eco-

nómicos provenientes de la venta de servicios

ambientales en las áreas superpuestas, las cuales

pueden establecerse a favor de los pueblos indí-

genas, aún con exclusión del gobierno nacional,

atendiendo a su condición indiscutible de propie-

tarios de los recursos naturales.

Instrumentos de planificación: régimen especial

de manejo, planes de ordenamiento territorial

o planes de vida indígena, y planes de manejo

de las áreas protegidas del sistema. El carácter

alcanzado por los territorios indígenas como

entes territoriales no permite que el instrumen-

to de planificación de su territorio se enmarque

exclusivamente dentro de un Régimen Especial

de Manejo o de un Acuerdo sobre el Uso, Manejo

y Aprovechamiento de los Recursos Naturales,

cuando lo que se trata de regular desborda el

ámbito de la conservación de la diversidad bio-

lógica. En el territorio indígena se debe además

incluir la planificación de desarrollo económico,

social, cultural y ambiental, lo cual se ha venido

realizando por parte de los pueblos indígenas a

través de planes de ordenamiento territorial o

planes de vida.

EL RéGIMEN ESPECIAL DE MANEJO

GARANTIZARÁ EL EJERCICIO DEL CONJUNTO

DE DERECHOS CONSTITUCIONALES y LEGALES

DE LOS PUEBLOS INDíGENAS

Uribe incumple reparación

integral por masacre

y amenaza

El gobierno ha tardado 17 años en cum-

plirle al pueblo Nasa con la reparación

integral por la masacre de El Nilo. ya

en reiteradas ocasiones se ha hecho

denuncia pública por el incumplimien-

to a los acuerdos establecidos entre el

gobierno y los pueblos indígenas del de-

partamento del Cauca, y de las sistemá-

ticas violaciones por parte del gobierno,

incluso asesinatos.

Lorenzo Largo Dagua, alguacil del ca-

bildo de Tacueyó, fue abaleado en la

hacienda La Emperatriz el 29 de no-

viembre de 2007, cuando participaba

en los rituales de liberación de la Madre

Tierra para reclamar el cumplimiento

gubernamental, y murió como con-

secuencia de las heridas, mártir por su

pueblo, el 14 de diciembre siguiente.

Archivo CRIC

ActU

ALid

Ad

Junio

de 2

008La respuesta de Uribe en consejo con los lati-

fundistas en Popayán, el 15 de abril de 2008, fue

ofrecer recompensas por los dirigentes indígenas

y llamarlos delincuentes. Pero antes ir alguien

a declarar contra los líderes indígenas, fue en

cambio yidis Medina quien acudió a denunciar a

los delincuentes que compraron la reelección de

Álvaro Uribe.

El 21 de mayo de 2008, en la hacienda La Empe-

ratriz, cerca de 500 personas que reclamaban su

derecho a la tierra y a la reparación integral por la

masacre de El Nilo fueron atacadas por el ESMAD

de la policía Nacional con bombas explosivas y

armas de fuego, ocasionando heridas de grave-

dad en ocho indígenas nasa, entre ellos Eulogio

Dagua Cuetia, Luis Enrique Ramos, Alex Méndez

y Luis Eduardo Ramos, comuneros de los resguar-

dos indígenas de Jambaló, San Francisco, Huellas

y Toribío.

En el consejo comunitario realizado en el munici-

pio de Florida, Valle, el pasado 24 de mayo, el pre-

sidente de la República, en un acto inadmisible e

impropio de la investidura del jefe del Estado, or-

denó a un general de la República detener a “esos

congresistas que estimulan, tras bambalinas, la

violencia de los invasores”. Pretende el señor Uri-

be Vélez amedrentar a quienes se atrevan a so-

lidarizarse con los pueblos indígenas en la lucha

por sus derechos. Hay que decirlo con claridad: lo

que hizo Uribe es característico de una dictadura:

el presidente juzga, condena y ordena la judiciali-

zación y el arresto de dos senadores en un Conse-

jo Comunitario. Los senadores Alexander López y

Jesús Piñacué han respondido enérgicamente la

orden inconstitucional de Uribe. A continuación

las intervenciones de este último en el Senado:

Senador. Alianza Social Indígena.

¡Llamo a los jóvenes nasa a levantarse!

Fragmento del discurso del senador Jesús Piñacué en el Senado en respuesta al presidente de la República

mayo de 2008

La esperanza de una sociedad como la nuestra es el

motor de las culturas que creen en las leyes, y la pa-

ciencia es la fuerza heroica que se presenta en una co-

munidad como la nuestra no obstante la adversidad y

la amenaza.

Nos cansamos de tal tragedia, y desde 1991 estamos

luchando por nuestro territorio. Es muy tonta la

pretensión esa de alegar que como América es el te-

rritorio ancestral de los indios, entonces vamos a pre-

tender recuperar toda América. Ilusa conclusión en la

pretensión de combatir nuestras pretensiones.

La Emperatriz, El Japio, como las fincas aledañas a es-

tos predios hacen parte de nuestro territorio. Hoy cité

al ministro de Defensa para que como un hombre de

política confronte con nosotros a la luz de la verdad y

de los argumentos, pero eso de que anden ministricos

por ahí, ilustrados por falsas expectativas, diciendo

que por ejemplo Villacarola es de los reasentados

a quienes parece que el gobierno les ha comprado,

está cometiendo un error grave, lo que no ha dicho es

que está comprando esos predios en los resguardos

indígenas.

Mentirosos, tontos. Incapaces de resolver los proble-

mas que está viviendo esta sociedad, y como parami-

litares, narcotraficantes recurren desde el gobierno a

matar indios, a dispararles, y después como cobardes

a decir que nosotros estamos utilizando bombas,

armas de fuego para hacerle daño a la fuerza pública,

fuerza pública que entre otras cosas infiltrada por pa-

ramilitares asesinó a buena parte de nuestra gente, y

hoy quieren hacer lo mismo a la luz de un imperio del

que estamos viviendo.

Jesús Piñacué


[ Uribe incumple reparación integral por masacre y amenaza ]

etniA

S &

PoLÍt

icA Claro, en Florida tuvo que haber dicho el presidente seme-

jante arbitrariedad porque lo hizo antes en el Cauca dicien-

do que había que pagar recompensas para capturar indios.

yo sí le quiero preguntar al senador Salazar a cuál senador

se refiere el presidente de la República para que sea sujeto

de la captura. Esto no es nada raro, ya ha pasado.

Pero llamo desde este atril a los jóvenes indígenas paeces:

levántense tómense esas tierras; he buscado la manera de

dialogar, de discutir, de concitar el interés del gobierno y no

hay posibilidad de que nos escuchen.

No vamos a morir de rodillas, preferimos morir en la con-

dición en que nos están condenando, antes que guardar

silencio y paciencia como lo guardamos durante tantos

siglos. 1971 nos levantamos, llevamos treinta años prepa-

rándonos.

Creo que no habrá fuerza capaz de destruirnos si somos

capaces de levantarnos con la fuerza de la conciencia y de

la historia que nos da la razón ante una sociedad incapaz de

legislar en función de la convivencia. La propiedad privada

claro que hay que respetarla, pero ella tiene una función

social, por ella han habido guerras, y hoy en el Cauca se

está dando la posibilidad de una guerra atroz, miserable,

inconveniente. Esos policías ni siquiera la investidura de

este senador respetan, porque me han gritado y me han

insultado, y si no me han dado patadas o bolillos o disparos

es porque les da miedo aún, pero no tienen miedo de dis-

pararle a gente moribunda de hambre y de necesidades, así

que doctor Salazar es bueno medir el lenguaje, los términos

con que se dirigen las situaciones como la que estamos

viviendo, simplemente no hay una actitud de diálogo, y

ante ella la situación es evidente: de guerra, de sangre atroz,

horrible lo que estamos viviendo, pero no retrocederemos.

debate en la comisión Segunda del Senado sobre la situación de los pueblos indígenas del caucaJesús Piñacué Achicue

La razón única, la que explica y justifica la decisión de

las autoridades indígenas de respaldar las acciones de

liberación del territorio que las comunidades indígenas

en el Cauca han escogido como opción para poner en

el ámbito público sus demandas, y que tanto cuestiona

el gobierno, está en el incumplimiento de las respon-

sabilidades constitucionales y el incumplimiento de los

compromisos acordados entre las autoridades indígenas

y el gobierno nacional.

Jamás se podrá tomar como juicio serio el que se nos

señale como que renunciamos a la concertación y al diá-

logo, pues, la verdad es que desde 1971 hemos tomado

la decisión de hacer valer la autonomía y, en tal sentido,

ante el agobio de las urgencias sociales nos hemos pues-

to de acuerdo en la priorización de las soluciones. Uno

de los aspectos que rigurosamente se evalúa es la rela-

ción de los pueblos indígenas y el Estado.

Con esperanza y paciencia esperamos la intervención

del Estado, pero nos cansamos y entonces las vías de

hecho se han constituido en nuestro único instrumento

eficiente. Recordemos que los acuerdos y convenios fir-

mados, y que constituyen importantes avances, se han

dado cuando hemos acudido a estas vías, no por volun-

tad espontanea del Estado:

Miremos algunos de ellos:

Acuerdo de Totoró y el Incora en 1986, suscrito direc-

tamente por los totoró.

Acuerdo de La Salvajina en 1987: se planteó la exigibi-

lidad, entre indígenas de Morales, sector campesino

de Suárez y otros municipios, para la reparación por

los perjuicios causados por la construcción de la re-

presa de La Salvajina.

Acuerdo de Paz del Quintín Lame en 1991: se suscribe

”LLAMO DESDE ESTE ATRIO A LOS JóVENES

INDíGENAS NASA ¡LEVANTENSE, TóMENSE ESAS

TIERRAS!... EN 1971 NOS LEVANTAMOS,

LLEVAMOS 37 AñOS PREPARÁNDONOS, CREO

QUE NO HABRÁ FUERZA CAPAZ DE DESTRUIRNOS,

PORQUE SOMOS CAPACES DE LEVANTARNOS CON

LA FUERZA DE LA CONCIENCIA y DE LA HISTORIA.”


[ Jesús Piñacué ]

Junio

de 2

008

Junio

de 2

008

Archivo CRIC

este acuerdo entre el movimiento Quintín Lame y el go-

bierno nacional, que recoge el proceso de reinserción de

los combatientes y las necesidades de las comunidades

indígenas.

Acuerdo por la masacre en la Hacienda El Nilo en 1991,

a raíz de la masacre de veinte indígenas, el cual com-

prende: indemnización por los hechos ocurridos en la

masacre, reparación y adquisición de 15.663 hectáreas

para las comunidades indígenas. La indemnización se

haría durante los años 1992, 1993, 1994.

Acuerdo por sustitución voluntaria de los cultivos ilíci-

tos, conocido como el convenio de Jambaló, firmado en

1992.

Acuerdo de las minas de azufre de 1993.

Acuerdo de la avalancha del río Páez de 1994.

Acuerdo para la construcción de una planta procelulosa

en Caldono.

Todos estos acuerdos fueron llevados a un acuerdo único

que se firma como convenio de la María-Piendamó, que

recoje el estado de incumplimientos de todos los acuerdos

puntuales que presentaban proyecciones, se trataba de

implementar los acuerdos en un convenio para ser más

vinculantes en términos jurídicos y políticos, complemen-

tario al Acta de Novirao. Posteriormente, para conseguir

una mayor vinculación y compromiso del gobierno, fueron

recogidos en el decreto 982 de 1999.


[ Uribe incumple reparación integral por masacre y amenaza ]

etniA

S &

PoLÍt

icA En dicho decreto se crea un mecanismo de interlocución di-

recto entre representantes indígenas del departamento del

Cauca y una comisión gubernamental del nivel nacional

para tratar de darle solución a todos los acuerdos, pero a la

fecha continúa el incumplimiento.

Otro ejemplo es lo relacionado con la masacre de El Nilo:

ante la impunidad evidente e indiscutible del Estado co-

lombiano las víctimas se ven en la necesidad de acudir a

instancias internacionales como es la Comisión Interameri-

cana de Derechos Humanos, ante la cual el Estado reconoce

su responsabilidad y muestra un interés conciliatorio (caso

11.101). En la conciliación, entre otros aspectos muy impor-

tantes se compromete a entregar 15.663 hectáreas de tierra

como reparación colectiva a la comunidad indígena Páez, la

cual adquiriría en los años 1992, 1993, 1994.

Según el informe 114 de 1999 la CDIH, entre otras, expresó:

la comisión no puede sino concluir que después de 8

años el éstado no ha investigado, juzgado y sanciona-

do de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la

responsabilidad penal que les cabe en la masacre de

caloto. (…) La protección judicial debida por el Estado

incluye también el deber de reparar a las víctimas o

sus familiares (…) conforme a la información recabada

por las partes y aquella obtenida durante el proceso de

solución amistosa se arribó a una serie de conciliaciones

en los procesos contenciosos-administrativos cuya eje-

cución aún no se ha hecho efectiva.

Ante el evidente incumplimiento, la Comisión hace una

serie de recomendaciones entre las que en forma clara la

número tres señala: “el Estado debe adoptar las medidas

necesarias para cumplir con los compromisos relativos a

la reparación social a favor de la comunidad indígena Páez

del Norte del Cauca”, y la recomendación cuatro señala

que: “debe adoptar las medidas necesarias para que en el

futuro se produzcan hechos similares, con forme al deber

de prevención y garantía de los derechos fundamentales

reconocidos en la Convención Americana”.

Teniendo en cuenta que el incumplimiento continúa, la

CDIH emite el informe 36 de 2000 en el que ratifica las

recomendaciones, entre ellas las recomendaciones tres y

cuatro citadas anteriormente, y “lamenta que la solución

amistosa de este proceso haya fracasado en su etapa final”.

En septiembre de 2005 se firma un nuevo compromiso que

ofrece dar cumplimiento a la obligación de reparación del

Archivo CRIC


[ Jesús Piñacué ]

Junio

de 2

008

Junio

de 2

008Estado entre el Ministerio del Interior y las comunidades

indígenas, que tampoco se cumple, por lo que la ACIN emi-

te un comunicado informando que:

Hoy cerca de 18 años después de la masacre no se ha

cumplido con la indemnización de los familiares de

las víctimas, no se ha terminado de adquirir las 15.663

hectáreas, y no ha iniciado el apoyo del plan de vida que

permita resolver las NBI en el marco de autodetermi-

nación, según artículos constitucionales y convenios

internacionales. Lo más grave es que no se ha judiciali-

zado y se protege a los responsables de la masacre”. y en

lo que tiene que ver con los aspectos de la prevención de

nuevas violaciones la misma ACIN señala: “Lo que ha su-

cedido es todo lo contrario de lo acordado. Por ejemplo:

la masacre del Naya con más de 100 víctimas en el año

2001, la masacre de 13 indígenas en la vereda Gualan-

day municipio de Corinto en el año 2001, la masacre de

7 indígenas en la vereda San Pedro en el municipio de

Santander de Quilichao en el 2001. Han sido asesina-

dos 3 indígenas a partir de la firma del último acuerdo

durante acciones de la fuerza pública para reprimir las

movilizaciones reclamando el cumplimiento de sus

acuerdos. Ha ocurrido un gran número de desaparicio-

nes forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos.

Todos estos hechos criminales han ocurrido dentro del

área donde debía realizarse la reparación integral del

pueblo nasa del norte del departamento del Cauca”.

Referencias COMISIóN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

Masacre “Caloto” vs. Colombia, Caso 11.101, informes 114 de 1999, 036 de 2000.

Comunicado: El gobierno incumple acuerdos frente a la masacre de El Nilo, emitido por la Junta Directiva de Autoridades Tradicionales de la ACIN, mayo 20 de 2008.

EL ESTADO DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS

COMPROMISOS RELATIVOS A LA REPARACIóN

SOCIAL A FAVOR DE LA COMUNIDAD INDíGENA

PÁEZ DEL NORTE DEL CAUCA

etniA

S &

PoLÍt

icA

[ Biodiversidad, cambio climático y derecho de los indios en Colombia ]

Biodiversidad, cambio climático y derechos de los pueblos indígenas en colombia

Pueblos indígenas de colombia presentes en el foro permanente para las cuestiones indígenas En Colombia, la Madre Tierra manifiesta su dolor. El volcán del Huila está

empezando a hacer erupción, y el Estado no quiere verlo como señal de la

emergencia climática en que estamos, ni quiere responder para proteger a los

pueblos nasa y guambianos que viven alrededor del volcán.

En la discusión sobre alternativas para la generación de energía debemos ir

con precaución y seguridad. En Colombia se implementó un parque eólico en

territorio wayúu, que ha sido presentado por el gobierno y otros organismos

como un ejemplo exitoso de energía alternativa. Sin embargo, para el pueblo

wayúu ha significado la llegada del paramilitarismo a su territorio, como

respaldo a los grupos económicos con interés en la obra; se hacen amenazas y

atentados, secuestro, límites a la libre circulación y al pastoreo que es tradicio-

nal para el Pueblo wayúu, así como el desconocimiento de la espiritualidad

de este pueblo, ya que el parque desconoce lo sagrado de sus cementerios.

Por tanto, solicitamos en nombre de los pueblos indígenas de Colombia que

el Foro recomiende:

Al sistema de las Naciones Unidas para que reoriente la discusión sobre el

cambio climático en lo referente a los pueblos indígenas y no se siga plan-

docU

Men

toS

[ Biodiversidad, cambio climático y derecho de los indios en Colombia ]editorial Puntos de vista indígenas de América Actualidad d o c u m e n t o s

159

[ ONIC ]

teando que los indígenas nos debemos adaptar a la destrucción de nuestro

planeta, sino que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de trans-

formar sus prácticas industriales, y sobre todo sus posturas políticas, para

así caminar hacia la reversión de los efectos climáticos y salvar la Madre

Naturaleza.

A los gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y otros actores, para

que garanticen que los pueblos indígenas estemos presentes activamente

en la toma de decisiones sobre protocolos y convenios que conciernen al

tema del calentamiento global y a la biodiversidad a nivel global y regional.

A los gobiernos que se niegan a firmar pactos y protocolos internacionales

sobre los cambios climáticos, como es el caso del Protocolo de Kyoto, a que

se responsabilicen por los efectos nocivos del cambio climático.

A los gobiernos, los organismos y las agencias de financiación, para que en

el caso de la implementación de energías renovables como plantas solares

y energía eólica, no atropellen la integralidad de sus territorios y consulten

a los pueblos involucrados, en los términos del Convenio 169 de la OIT y de

la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

autoridad nacional dE GoBiErno ProPio, onic

orGanización dE PuEBlos indíGEnas

dE la amazonia colomBiana, oPiac

cEntro dE cooPEración al indíGEna, cEcoin

fuErza dE mujErEs wayúu, sürsüin jiyEyu wayúu

ener

o de 2

008

vii foro PErmanEntE dE los PuEBlos indíGEnas dE la orGanización dE las nacionEs unidas (onu), nuEva york, 21 dE aBril dE 2008

etniA

S &

PoLÍt

icA

editorial Puntos de vista indígenas de América Actualidad d o c u m e n t o s160

[ Los diez mandamientos para salvar el planeta ]

Los diez mandamientos para salvar el planeta

evo Morales Ayma

1. Si se quiere salvar el planeta, hay que erradicar al modelo capitalista y lo-

grar que el norte pague la deuda ecológica en vez de que los países del sur

y de todo el mundo paguen la deuda externa.

2. Denunciar y acabar con las guerras, que solo traen ganancias para los im-

perios, las transnacionales y un grupo de familias, pero no a los pueblos.

Los millones y millones de dólares destinados a las guerras deberían ser

invertidos en la tierra, herida por el maltrato y la sobreexplotación.

3. Desarrollar relaciones de coexistencia y no de sometimiento entre los

países en un mundo sin imperialismo ni colonialismo. Son importantes

las relaciones bilaterales y multilaterales porque somos de la cultura del

diálogo y de la convivencia social, pero esas relaciones no deben ser de so-

metimiento de un país a otro.

4. El agua es un derecho humano y para todos los seres vivientes del planeta.

No es posible que haya políticas que permitan privatizar el agua.

5. Desarrollo de energías limpias y amigables con la naturaleza, acabar con el

derroche de energía. En cien años estamos acabando con la energía fósil

que ha sido creada en millones de años. Evitar que se promuevan los agro-

combustibles. No se puede entender que algunos gobiernos y modelos de

desarrollo económico puedan reservar tierras para hacer funcionar au-

tomóviles de lujo y no para alimentos del ser humano. Promover debates

con los gobiernos y crear conciencia para que la tierra beneficie a los seres

humanos y no sea usada para producir combustibles.

6. Respeto a la Madre Tierra. Aprender con las escenas históricas de los pue-

blos nativos e indígenas sobre el respeto a la Madre Tierra. Se debe generar

editorial Puntos de vista indígenas de América Actualidad d o c u m e n t o s161

[ Evo Morales Ayma ]

ener

o de 2

008una conciencia social, colectiva, de todos los sectores de la sociedad, de que

la tierra es nuestra madre.

7. Los servicios básicos, como agua, luz, educación, salud, comunicación y

transportes colectivos deben ser tomados en cuenta como un derecho hu-

mano, no puede ser un negocio privado, sino de servicio público.

8. Consumir lo necesario, priorizar lo que producimos y consumir lo local,

acabar con el consumismo, el derroche y el lujo. No es entendible que al-

gunas familias solo busquen el lujo, a cambio de que millones y millones

de personas no tengan posibilidades de vivir bien.

9. Promover la diversidad de culturas y economías. Somos tan diversos, y esa

es nuestra naturaleza. Un Estado plurinacional, donde todos convivamos,

blancos, morenos, negros, rubios.

10. Queremos que todos puedan vivir bien, que no es vivir mejor a costa del

otro. Debemos construir un socialismo comunitario y en armonía con la

Madre Tierra.

vii foro PErmanEntE dE los PuEBlos indíGEnas

dE la orGanización dE las nacionEs unidas

(onu), nuEva york, 21 dE aBril dE 2008

Bogo

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2008

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15.0

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1673

El Observatorio Indígena de Políticas Pú-blicas de Desarrollo y Derechos Étnicos es un espacio intercultural de investigación y de formulación de propuestas políticas, orientado a sistematizar, producir y di-fundir de manera regular y permanente conocimientos pertinentes y especializados sobre las problemáticas políticas, cultura-les, económicas, territoriales y de exigibi-lidad de derechos más relevantes para los pueblos indígenas de Colombia, a la vez que busca generar propuestas de políticas y estrategias para el movimiento indígena sobre dichos aspectos. La divulgación de los resultados del Observatorio se recogen en la revista Etnias & Política y otras publica-ciones tales como boletines, libros y otros.

El Centro de Cooperación al Indígena (Ce-coin) es una ONG indígena adscrita a la Organización Indígena de Antioquia (OIA), que tiene como finalidad primordial de su acción aportar al conjunto del movimien-to indígena colombiano herramientas investigativas y analíticas para la profundi-zación de sus procesos de construcción de autonomía territorial, al tiempo que con-tribuye con el conjunto de la sociedad en la producción de conocimiento cualificado que permita apuntalar los principios de la diversidad étnica y cultural que promulga la Constitución Política colombiana.

7

EN EstE NúmErO

Bolivia, batalla decisiva7Compañero de lucha:

Rafael CoicuéNuestro hermano rafael Coicué ha perdido su

ojo izquierdo a causa de un ataque del Esmad. Lo

pierde como consecuencia de la injusticia y del

abuso que cumplen 516 años causando dolor,

pobreza, sufrimiento y muerte. Lo pierde por-

que pasaba frente a “La Emperatriz” en su moto,

mientras otras y otros Nasa resistían los ataques

de la fuerza pública por exigir “Libertad para la

madre tierra”, lucha de rafa y de todas y todos

los que defendemos la vida.

si no hubiera sido por esta injusticia de siempre,

rafael no habría comenzado su vida tenien-

do que recuperar tierras con su comunidad,

arriesgando la vida sin conocer su infancia, para

escuchar el mandato de Quintín Lame y negarse

a pagar terraje y a ser siervo en la tierra, en la que

recibimos al extranjero para que nos cobrara con

explotación y miseria por dejarlo vivir en nuestra

madre.

si no hubiera sido por la injusticia, rafa no habría

tenido que vivir hasta hoy con el peso en el alma

de haber sobrevivido la masacre de El Nilo en

la que la fuerza pública, los paramilitares y los

narcos asesinaron a su hermano entre las 20 per-

sonas que allí cayeron.

si hubiera justicia, el Estado y los diversos gobier-

nos, en consecuencia con sus obligaciones, desde

diciembre de 1991 habrían entregado las 15.663

hectáreas por las que seguimos luchando hoy en

día. si no gobernara la injusticia, la fuerza pública

estaría liberando tierra con nosotras y nosotros

para cumplir el deber de defender los derechos

de los pueblos y la vida en vez de perseguirnos

para así defender privilegios de terratenientes.

Como no hay justicia, rafael, desde el Cabildo

de Corinto, organizó la Audiencia del 4 de julio

de 2008, porque el ejército de Colombia fusiló

dentro de su humilde vivienda a dos comuneros

de tacueyó y pretendió hacerlos pasar como

guerrilleros muertos en combate y porque desde

Corinto, se levanta la dignidad hoy a reclamar y

construir resistencia y vida ante el proyecto de

muerte que, desde el Plan Colombia II viene a

robarnos el territorio para entregarlo a las corpo-

raciones transnacionales. Cuando recorría las co-

munidades y viajaba a Quilichao para completar

los preparativos de la Audiencia, fue impactado

en su ojo.

Porque debe haber justicia, nosotros, hermano

rafa, amigo, ejemplo, compañero, te reconoce-

mos hoy y desde hace tiempo como lo que eres:

humilde, comprometido, estudioso, sabio, leal

y cercano a nuestras almas y a nuestra tierra. te

honramos rafael, porque has estudiado como

nadie esta realidad, porque conoces como pocos

el proyecto global egoísta y porque te has de-

dicado a aprender para enseñarnos y para tejer

una jigra de unidad y dignidad con otros pueblos

y procesos. Nos honras como Nasa porque tu

vida es ejemplo y por eso nos cuesta trabajo no

dejarnos llevar por la ira y el odio ahora mismo,

mientras pierdes el ojo. No podemos echar atrás

lo sucedido aunque quisiéramos. No podemos

devolverte el ojo, pero sí defender tu mirada

transparente y de futuro. Esa, no te la pueden

quitar porque es de todas y de todos y porque tie-

nes más fuerza, más claridad y más compromiso

que toda la injusticia que te han hecho.

Bolivia batalla decisivate

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