ESTUDIO SOCIALSOBRE VACÍOS DE PROTECCIÓN EN CONFLICTOS RELACIONADOS CON TERRITORIOS

RealizadoDiciembre2016

INTRODUCCIÓNEl presente informe recoge distintas miradas de líderes y lideresas sobre el fenómeno de desplazamiento, territorio, violencia, actores involucrados en la defensa y explotación de los bienes naturales. Intenta echar un primer vistazo sobre las problemáticas que viven las comunidades a partir de la defensa del territorio y sus bienes naturales.

Encontramos algunas pistas que nos dan información sobre las violencias generadas desde los intereses encontrados entre grupos de poder y comunidades, ya sea para la defensa o explotación de los bienes naturales y el territorio.

Sin ser concluyente, sobre una situación vivencial de comunidades ubicadas en la zona rural de la zona norte, occidente y centro de Honduras, se hace una aproximación a los vacíos de protección en conflictos relacionados con el territorio de los pueblos indígenas, garífunas y campesinos de las áreas geográfica del estudio.

Dicho estudio, de carácter cualitativo, centró su trabajo de campo en áreas geográficas que en los últimos años han presentado oposición social y comunitaria al modelo de desarrollo impulsado por el Estado hondureño, a través de proyectos mineros, hidroeléctricos y turísticos, en una propuesta consolidada desde los acontecimientos presentados después “el golpe de Estado de 2009”.

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RESUMEN EJECUTIVOObjetivos general del estudio Caracterizar la situación que viven comunidades rurales en relación a su territorio y los bienes naturales, formas de violencia y la vinculación que tiene con el fenómeno de desplazamiento.

Objetivo Operativo del estudioIdentificar vacíos de protección de la institucionalidad del Estado hondureño hacia comunidades rurales en materia de territorialidad, expresada en el territorio y los bienes naturales.

Generalidades del estudioEl estudio realizado es de tipo cualitativo. Las herramientas utilizadas fueron dos: entrevistas semiestructuradas y sesiones colectivas / grupos focales sectorizados.

La unidad de análisis son comunidades de la zona rural hondureña, que fueron identificadas previamente a partir de los siguientes criterios: • Unidad de análisis identificada con rasgos de ruralidad en el país. • Origen étnico o pertenencia e identificación con su quehacer y el territorio. • Conflictos socio/ambientales presentados en los últimos 5 años.

Variables: riesgos socio/ambientales, vacíos de protección, territorio y desplazamiento.

Experiencia de la institución investigadora en la temática El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación tiene más de 30 años de fundación. En su organigrama interno cuenta con un área específica de Investigación. El equipo es responsable de realizar sondeos de opinión pública, investigaciones relacionadas con fenómenos sociales como violencia, derechos humanos, vulnerabilidad ambiental y extractivismo, migración, estudios de consumo de medios de comunicación, entre otras.

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El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús ha realizado en los últimos 6 años, sondeos de opinión pública que han permitido hacer aproximaciones a temas como la migración y sus razones. Sumado a ello, la participación de la institución en el 2014 en la caracterización del desplazamiento forzado en Honduras, investigación realizada en conjunto con ACNUR e INE. Para el 2015 el ERIC junto a la Universidad de San Luís de Missouri, realizaron una investigación para analizar el modelo de desarrollo impulsado a partir de la implantación de la industria extractiva.

Cobertura geográfica del estudio“El estudio sobre vacíos de protección en conflictos relacionados con el territorio” se realizó en 7 municipios y 5 departamentos del territorio hondureño, abarcó los siguientes: Tela en el departamento de Atlántida; El Progreso y Yoro cabecera, en el departamento de Yoro; Quimistán, en Santa Bárbara; en La Paz, su cabecera departamental La Paz; en el departamento de Intibucá, los municipio de Intibucá y La Esperanza. El principal criterio de selección para los municipios será la zona rural, teniendo en cuenta criterios como hechos de violencia, representatividad de “características o tipos” de violencia (narcotráfico, crimen organizado, megaproyectos turísticos, hidroeléctricas, minas, etc.)

Tiempo del estudioLa investigación estaba planteada para el segundo semestre del 2016: agosto y diciembre. Incluye el diseño metodológico, la preparación logística, la ejecución del trabajo de campo, la transcripción de la información recogida, ingreso de la información en la base de datos y la elaboración del informe final.

Productos esperados• Informe final.• Base cualitativa de información del trabajo de campo.• Transcripción de las sesiones de entrevistas y grupos focales.

Informe final describiendo la metodología utilizada, fuentes de información consultadas y los resultados del estudio.

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Una base de información de carácter cualitativo que nos facilite acceder a información concreta sobre las principales pistas del estudio.

Las transcripciones de las sesiones de entrevistas y grupos focales son el registro detallado de las grabaciones que se realizaron con el permiso previo de los informantes.

Población objetivo o sujeto del estudioPoblación establecida en zonas rurales de Honduras. Hombres y mujeres mayores de 18 años con características socio-demográficas pertenecientes a pueblos originarios y campesinos y, en particular, población con conflictos presentados en los últimos años.

Fuentes de información primarias• Informantes claves: Miembros de organizaciones comunitarias y pobladores. • Patronato, Juntas de Agua, Comité de Vigilancia, organizaciones de mujeres y

jóvenes, organizaciones campesinas, consejos indígenas, etc.• Víctimas de desplazamiento forzado.

Herramientas y métodos de recolección de información• Guía de entrevistas semiestructuradas.• Guía de grupos focales con líderes y lideresas.• Visitas y consulta a organizaciones comunitarias en terreno.• Monitoreo de noticias sobre desplazamiento tratada en los medios de comunicación

y periodistas que abordan el tema.

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Etapas generales del estudio

Grandes etapas Productos y acciones concretas Bloque de Tiempo

Planeación y diseño Estrategia general de trabajo Semana 1 y 2Validación y ajustes Prueba piloto de instrumento Semana 3Recolección y consultas Aplicación de instrumentos Semana 4 y 5Consolidación y tabulación Creación de base de datos Semana 6 y 7Análisis e interpretación Relación y cruce de variables Semana 8Principales hallazgos Presentación de informe final Semana 9

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Cuadro indicativo para el trabajo de campo

Departamentos Municipios Sector CaracterísticaAtlántida Tela Sector Florida, Aldea

Nueva EsperanzaPoblación campesina que ha resistido la instalación de represas y mineras.

Atlántida Tela Comunidad de Barra Vieja

Población Garífuna ubicado en la zona costera atlántica de Honduras con desplazamiento por la instalación de un megaproyecto turístico.

Yoro Yoro Cabecera Sector Locomapa, Aldea San Francisco Campo

Pueblo Tolupán ubicado en la zona montañosa de Yoro, se han opuesto a la explotación de minería y bosques.

Yoro El Progreso Col. Alemania Colonia semiurbana, que enfrenta un conflicto de legalidad de sus tierras.

Intibucá La Esperanza Pueblo Lenca del occidente de Honduras

La entrevista habla más se la situación del pueblo Lenca. Han resistido instalación de proyecto hidroeléctrico y minas.

Intibucá Intibucá La Jarcia Guisé Pueblo Lenca, asentado en el occidente del país. Se han resistido a la instalación de proyectos hidroeléctricos y minas.

La Paz La Paz Las Minitas, El Ocotal, Las Lomas, Laguna Seca, Zazagua

Población campesina y Lenca de la zona centro del país. Oposición a las hidroeléctricas.

Dificultades y limitaciones en el levantamiento de la información• Inseguridad de las zonas que puede poner en riesgo a las personas que son sujetos

del estudio y al personal que realiza el trabajo de campo.• Dificultad para obtener información delicada de la población, sobre temas que

están vinculados a su seguridad de comunidad, familiar y personal.Equipo de Trabajo:• Trabajo de campo: Lorena Santiesteban, Lesly Banegas y Gustavo Cardoza.• Transcripción de entrevistas y grupos focales: Víctor Aguilar.• Base Cualitativa de Información: Gustavo Cardoza.• Coordinación del Estudio: Gustavo Cardoza.• Coordinación General del Área de Investigación: Yolanda González.

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Cronograma

Actividades | Semanas Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8

Definición de metodología a utilizar y preparación de trabajo de campoDefinición del sujeto de investigación, delimitación de la cobertura geográficaIdentificación de los actores y fuentes de información relevantesPreparación y desarrollo de las herramientas de recolección y análisis de información: guías de entrevistas, manuales de campo, plan de sistematización, plan de reporte, entre otras.Cronograma y ruta del trabajo de campo.

Recolección y trabajo de campoCapacitación de personalValidación de la prueba piloto y adaptaciónDesarrollo del trabajo de campo según la ruta planificada

Procesamiento, digitalización de mapas y análisis de resultadosImplementación y supervisión del levantamiento de informaciónSistematización de la información, con software para el manejo de información geográfica.Redacción de un informe operativo y técnico sobre la implementación del ejercicio.

RESULTADOS1. Caracterización de la zona / Perfil comunitario

El estudio social sobre vacíos de protección en conflictos relacionados con el territorio centró su campo de acción y trabajo en aldeas y comunidades con un perfil sociodemográfico que tiene características de la ruralidad hondureña. Para ello encontramos algunos puntos de coincidencia entre las zonas consultadas.

La actividad económica de estas comunidades está basada, mayoritariamente, en la agricultura de subsistencia y en pocos casos para comercializar a grandes mercados; ganadería en menor escala, sobre todo las personas que tienen más de acceso a invertir en este rubro; el turismo es otra fuente de ingreso económico, sobre todo para las comunidades asentadas en el litoral atlántico, pero siendo este tipo de turismo muy informal, a partir de los bienes naturales y de las costumbre y hábitos culturales propios del pueblo garífuna; y por último, en este sector se mantiene la actividad de comercio y trabajo no formal, expresado en la venta de productos varios, construcción de viviendas, obreros de maquila, jornaleros, carpinteros, mecánicos, trabajo domésticos, etc.

La población estudiada tiene identificación y pertenencia a dos sectores poblacionales que se cruzan en algunos casos, los pueblos originarios, como ser el Tolupán, Lenca y Garífuna; y el sector campesino.

Esta población tiene poco acceso a servicios públicos y en algunas comunidades no existen. En general cuentan con pocos servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, letrinas, carreteras de fácil acceso y hay inconformidad en la calidad de prestación y acceso a los mismos.

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En materia de educación y salud, hay una evidente ausencia de la institucionalidad pertinente en este sector de asistencia social. Escasos centros educativos y los que hay son para educación primaria, además de tener las condiciones mínimas de calidad educativa. Lo mismo pasa en la prestación de servicios de sanidad pública. Las comunidades no cuentan con centros de salud y los que hay no están abastecidos de medicamentos, ni de personal ni capacidad de atención.

Las familias que habitan estas comunidades son aproximadamente 1,759, según los registros de las propias comunidades. Registros que están en modo de confirmación para la precisión y exactitud necesaria.

La ubicación geográfica del estudio está en siete municipios de cinco departamentos y más de 12 comunidades de la zona noroccidente y centro de Honduras.

2. Identificación de riesgos que enfrentan las comunidades

Tejido social / organizativo comunitario de la zona

Al hacer una rápida lectura del tejido social y organizativo de las comunidades, encontramos un tejido muy vulnerable en su funcionalidad y fines. Tradicionalmente son las que han existido en la práctica a nivel nacional. Las comunidades cuentan con organizaciones como patronatos, juntas de agua, consejos indígenas, grupos de jóvenes y mujeres. En ese sentido estas organizaciones comunitarias nacen identificadas desde dos grandes fuentes: la primera, desde una práctica e identificación con la forma de hacer política tradicional, y la segunda, desde una vinculación con la religiosidad tanto católica, como evangélica. El tejido social comunitario analizado en este estudio, está muy ligado a la práctica hegemónica tanto de política proselitista como a la práctica religiosa dominante.

Esa vulnerabilidad del tejido social comunitario está constantemente socavado por las estrategias de empresarios y partidos políticos, que a mediano y largo plazo lo que provocan es división entre los pobladores y pobladoras de las comunidades sobre temas comunes. Esa División es provocada conscientemente para beneficiar los intereses particulares de las empresas (mineras, hidroeléctricas y turística) y partidos políticos (Nacional

y Liberal). Esa división, expresada en las opiniones de los sujetos de estudio, es motivo para desestabilizar cualquier oposición comunitaria y articulación de las distintas fuerzas de la comunidad, además imposibilita el debate comunitario y análisis de la situación, por lo tanto crea condiciones inexistentes para el fortalecimiento de las organizaciones y evita que sean espacios para promover y aportar formas de desarrollo más comunitarias.

Otro aspecto a señalar, que diferencia enormemente de las características de comunidades y zonas más urbanizadas, es la “No presencia de maras ni pandillas”. No existen en las comunidades consultadas “maras ni pandillas” como organizaciones sociales delictivas, sin embargo advierten de la utilización de sicarios locales o personas pagadas para realizar acciones delictivas.

Un elemento al que hay que darle seguimiento especial es a la participación, cada vez más activa y de liderazgo, de la mujer en la vida comunitaria. Encontramos juntas directivas dirigidas por mujeres, liderazgos femeninos muy presentes en las comunidades (Magdalena López, Berta Cáceres, Consuelo Soto, Raquel López), mujeres asesinadas, criminalizadas, amenazadas, violentadas por la defensa del territorio y los bienes naturales. En definitiva, la mujer está jugando un rol coordinador y gestor en las conflictividades comunitarias actuales.

Por último, es pertinente indicar la existencia de tres tipos de apoyo que según las comunidades han recibido y necesitan mantener para su fortalecimiento comunal: a) acompañamiento legal, b) acompañamiento formativo y, c) acompañamiento organizativo. Manifiestan, las poblaciones estudiadas, tener relación de acompañamiento de instituciones nacionales, regionales e internacionales como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la Organización Fraternal Negra de Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, de Radio Progreso, Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Honduras, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras.

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Riesgos identificados

Sumado a la vulnerabilidad del tejido social comunitario, está el impacto provocado por la intervención con proyectos de empresas mineras, turísticas e hidroeléctricas, en el medio natural y social de la población, que lo sitúa en riesgos identificados de forma muy puntual en dos grandes bloques: riesgos medioambientales y sociales de la comunidad.

Riesgos medioambientales

Entre los riesgos medioambientales, que las poblaciones estudiadas denuncian, encontramos la tala de bosques y la contaminación/afectación de las fuentes de agua que definimos como riesgos primarios. Ambos riesgos primarios están relacionados directamente con la intervención de empresas impulsoras y ejecutoras del proyecto de extractivismo de bienes naturales como agua, minerales y bosques.

Como consecuencia de los riesgos primarios mencionados anteriormente, las comunidades se encuentran con riesgos medioambientales secundarios, expresados en eventos de derrumbes de tierra en laderas de montañas e inundaciones potenciales por la construcción y funcionamiento de grandes infraestructuras para represas y minas.

En tal sentido, las comunidades manifiestan sentirse atemorizados e indefensas ante los proyectos de estas empresas, primero porque el territorio en donde viven es de interés para la instalación de sus proyectos, entonces son desplazados forzosamente de la zona, en seguida talan el bosque para la construcción del proyecto. Después, las comunidades que no son desplazadas y que están cercanas a dichos proyectos, corren los riesgos de derrumbes e inundaciones, por la alteración del ecosistema.

Riesgos sociales

Por otra parte, las comunidades sujetos del estudio, expresaron una variedad de riesgos sociales que sufren actualmente y que podrían profundizarse al continuar con las prácticas implementadas por los sectores de poder interesados en el modelo de desarrollo desde la promoción de la industria extractiva en Honduras.

Punteamos lo siguiente: 1) Debilitamiento del proceso organizativo comunitario y debilitamiento de sus hábitos ancestrales y culturales, en el caso de los pueblos originarios. 2) Desplazamiento de comunidades y personas que luchan en defensa del territorio y migración por falta de apoyo del Estado al desarrollo de las comunidades. 3) División de familia y comunidad sobre temas relacionados al funcionamiento y explotación de proyectos extractivos, como resultado de las estrategias puestas en marcha por parte de los sectores de poder de la región. 4) Materialización de amenazas al concretar asesinatos de líderes, lideresas y dirigentes populares y comunitarios por oponerse y apoyar luchas de inclusión para las comunidades. 5) Con todo esto, se prevé un proceso de profundización de la violencia a defensores y defensoras sociales y ambientalistas en las comunidades.

Desplazamiento forzado

En relación al desplazamiento que se ha venido expresando en las comunidades resaltamos lo siguiente: hay “desplazamiento pausado y a cuentagotas” y vinculado a la defensa del territorio y los bienes naturales. Ese desplazamiento está dirigido a dos sujetos concretos: a) comunidades establecidas en territorios de interés para los proyectos extractivos y, b) liderazgos comunitarios estrechamente ligados a expresiones de oposición al extractivismo. También podemos decir que el desplazamiento hacia liderazgos comunitarios de oposición al extractivismo es el fin último de las estrategias utilizadas para contrarrestar cualquier intento de lucha organizada comunitaria. Sí el desplazamiento a esos liderazgos comunitarios de oposición no funciona, entonces se recurre al asesinato.

En la información recabada en este estudio se pudo detectar varios casos de desplazamiento de líderes y lideresas de comunidades. Alrededor de 22 casos de individuos desplazados según las personas consultadas, algunas de ellas víctimas directas de desplazamiento, que siguen fuera de sus comunidades de origen y causado por su activa participación en defensa del territorio y los bienes naturales.

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También se pudo detectar desplazamiento por búsqueda de tierras para construcción de viviendas y cultivos. Es decir hay algunas expresiones de desplazamiento por la necesidad de construcción de viviendas y cultivo de parcelas para subsistencia de la familia. Entonces señalamos que hay indicios de un desplazamiento económico/social para satisfacción de necesidades de vivienda y cultivo y por otro lado encontramos un desplazamiento por intereses particulares de empresas extractivas o intereses de grupos de poder. Dos ejemplos claros son los casos de la Colonia Alemania y la aldea de La Jarcia Guisé.

Pistas para contribuir a reducir el riesgo Consultamos a las comunidades sujetos de estudio lo que pensaban que podría contribuir a reducir los riesgos que antes habían señalado. ¿Qué aportes esperan de las autoridades y qué harían como comunidad?, la conclusión es simple: no hay confianza en la institucionalidad del Estado, local ni nacional, y por lo tanto de nada servirían las sugerencias. Hay una percepción que las mismas autoridades son instrumentos de represión y obstaculizan la posibilidad de diálogo para solventar las disputas. Son las autoridades, en muchas ocasiones, parte promotora y ejecutora del conflicto. Encontramos señalamientos directos del uso de poder de autoridades para beneficiar intereses de empresas extractoras en detrimento de mejores condiciones de vida para las comunidades afectadas e involucradas en estos conflictos de territorio. Por su parte las comunidades por la fragilidad organizativa y de formación que tienen, no cuentan con las competencias y conocimientos para diseñar estrategias ni medidas que puedan reducir los riesgos que las mismas y sus dirigentes sufren.

Podemos señalar muy someramente algunas pistas para la reducción mínima de riesgos en los conflictos relacionados con el territorio y la defensa de bienes naturales: a) diálogo que permita acercamiento entre las partes involucradas, b) formación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para el abordaje de temas que tienen que ver con su territorio y bienes naturales, c) respeto de costumbres e idiosincrasia de los pueblos originarios, d) aplicación de consultas populares y participativas sobre su territorio y bienes naturales, e) debate inclusivo de estrategias de desarrollo de las comunidades, f) procesos de legalización y titulación de territorios.

3. Vacíos de protección frente a esos riesgos

Principales derechos violentados

En el estudio realizado encontramos algunos derechos humanos violentados señalados por la población consultada, entre los cuáles resaltamos: el derecho a la vida, derecho a la organización, derecho a la cultura ancestral, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a la educación. Todo lo anterior visto desde las condiciones de vida de las comunidades. De forma concreta se evidencia en las entrevistas y grupos focales, casos ocurridos en los últimos cinco años.

Casos de población afectada

Los casos descritos a continuación son mencionados por los pobladores y pobladoras consultados, de los cuales no se tienen registros sistemáticos por parte de las mismas comunidades. Pero todos estos eventos están ligados con las acciones de defensa de los bienes naturales y el territorio. Encontramos cerca de 22 asesinatos y 3 intentos de asesinatos; registramos el secuestro de 2 personas extranjeras que daban acompañamiento y vigilancia de los derechos humanos de la población. Más de 40 personas amenazadas. Como acciones de respuesta de los grupos de poder local encontramos 4 casos de personas golpeadas, 2 líderes comunitarios acusados y señalados de falsificación de documentos y utilización de identidades de otras personas. Alrededor de 22 casos de personas desplazadas, algunas fuera de sus comunidades a la fecha de realización de este estudio. Y, un estimado de 26 personas encarceladas y con procesos judiciales, acusados por autoridades y terratenientes de la zona; dicha acción es parte de las estrategias que se utilizan desde las instancias de poder formal en contra de poblaciones que se resisten a abandonar la defensa y lucha de sus territorios.

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Mecanismos de protección y acceso a la justicia

En correlación con los derechos humanos violentados, expresamos algunas secuelas de esas violaciones. En primer lugar, la población tiene una manifiesta desconfianza en las instituciones del Estado porque se han visto involucradas en acciones que no contribuyen a resolver situaciones o conflictos, y en algunos de los casos forman parte de esas conflictividades sirviendo como plataformas del poder local de empresas, terratenientes y políticos. En segundo lugar, las comunidades señalan la ausencia del Estado, a través del funcionamiento de las instituciones. Esa ausencia se refleja en dos niveles: a) no hay autoridades locales ni nacionales para resolver sus necesidades, y b) la única presencia del Estado que hay es a través de los servicios sociales presentes en la zona (centro de salud, escuela, posta policial) que no cumplen su función, ya sea por escases, falta de calidad del servicio o mal manejo del mismo. En conclusión, la desconfianza hacia la institucionalidad del Estado es por dos razones: ausencia del Estado y además esa institucionalidad del Estado es utilizada para atender las demandas de los grupos de poder y no de las comunidades.

No hay mecanismos de seguridad y protección ni del Estado ni de las comunidades, esta es una conclusión que se refleja en las distintas opiniones obtenidas. Ante casos de conflictos, las comunidades de pueblos originarios, utilizan instancias del Estado como la fiscalía de Etnias del Ministerio Público y otras dependencias para hacer denuncias y en las comunidades campesinas, acuden al Institutito Nacional Agrario y el Instituto de la propiedad para aclarar la situación de tierras. El Estado no tiene mecanismos de seguridad y protección, claros ni concretos, ante solicitud de las comunidades. Éstas por su parte tienen mecanismos básicos para atender emergencias como ser reuniones comunitarias, llamadas telefónicas y mensajes para estar informados de la situación de los líderes y recibir acompañamiento legal y asesoría de organizaciones no gubernamentales a las que acuden por la desconfianza a las instituciones del Estado.

Esa falta de mecanismos y medidas de seguridad de las comunidades es porque no tienen conocimiento de las leyes que les protejan, no obstante encontramos que varias comunidades expresan conocer mínimamente el Convenio de la OIT referente a pueblos originarios en el artículo 169.

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4. Aproximaciones mínimas entre defensa de territorio y desplazamiento.

Activismo contra extractivismo

Hay una pugna entre el extractivismo de bienes naturales y el activismo de defensa de los derechos humanos. Esa pugna se ha venido intensificando a partir de los hechos acontecidos en el Golpe de Estado de Honduras en 2009 con la aprobación de paquetes legislativos que garantizan la consolidación del modelo de desarrollo a través de la industria de extractivismo en la región. Según la investigación “Impacto Socioambiental de la Minería en Honduras”, presentada en junio de 2016 por el ERIC-SJ y la Universidad de San Luis de Missouri, señalan cuatro características de este modelo de desarrollo: 1) acumulación por desposesión, 2) La desterritorialización. Es decir, el territorio se convierte en reservas minerales o en recursos ociosos, que se da a través de concesiones, licencias o permisos de explotación; 3) fractura del tejido social. Para ello el modelo opera al menos en tres vías: (a) creación de mecanismos artificiales de consulta ciudadana, (b) neutralización de la oposición y (c) respaldo fiel de las autoridades públicas y, 4) uso de tecnologías y métodos de explotación que dañan los territorios de las comunidades con el uso del método de explotación a cielo abierto.

Hechos/acciones ocurridas en relación a la defensa de bienes naturales y territorio

Hay un corolario de hechos y acciones que se han utilizado en estos procesos de explotación de los bienes naturales y los territorios, entre los que señalan los sujetos del estudio son el asesinato, amenaza, intimidación, violación sexual, encarcelamiento y detención judicial de líderes y lideresas, secuestro de defensores de derechos humanos, desalojo con destrucción de propiedad de viviendas y cultivos, extorsión, violencia física y sicológica hacia mujeres y niños, invasión de tierras y desplazamiento forzoso de liderazgos comunitarios.

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Principales actores de relación-conflicto

Encontramos instancias gubernamentales, sociales, políticas y empresariales involucradas, de manera directa e indirecta, en los conflictos de las comunidades consultadas que enumeramos a continuación: gobierno local (alcaldías y regidurías) y gobierno nacional y sus dependencias (procuraduría general, secretarías, ministerios y sus representantes, INA, ICF), algunos diputados del Congreso Nacional y miembros de partidos políticos. En la parte privada, encontramos empresas vinculadas a la banca; al rubro minero, hidroeléctrico y turístico y terratenientes locales.

También se señala la participación de agentes del orden público como la Policía Nacional y los militares. Además de operadores de Justicia del Ministerio Público y distintas fiscalías. Cómo recurso extremo hay presencia de sicarios y personas pagadas para asesinar, amenazar e intimidar. Y por último, la participación a favor o en contra de las iglesias (Católica y Evangélica).

Territorio

Expresan graves problemas de legalización y titulación de las tierras de sus comunidades, esto genera las disputas de esas tierras tanto para vivienda como para cultivo. Por ello, las comunidades apuntan algunas razones que contribuyen a la agudización de esos conflictos: a) falta de apoyo del Estado al desarrollo de las comunidades en materia de empleo, préstamos agrícolas, microempresas comunitarias, b) poca claridad de la legalidad de la tierra. No hay procesos que faciliten el acceso a tierras ociosas y eso provoca que los conflictos se agudicen invadiendo tierras por parte de grupos organizados a tierras que ya tienen dueños. c) No hay asesoría en materia de legalidad y titulación de la tierra. Las comunidades y organizaciones campesinas no cuentan con asesoría ni formación de organismos estatales en la materia; d) irrespeto al derecho ancestral de los pueblos originarios. Hay un desconocimiento, voluntario o no, de las autoridades sobre legislación internacional referente a pueblos originarios. Encontramos casos en los que hay documentación existente que da derecho a comunidades garífunas y tolupanes sobre sus tierras, pero el Estado ha otorgado documentos a particulares sobre esas mismas tierras; e) utilización del poder y las instituciones formales sobre el desconocimiento de las comunidades. Las comunidades

son sometidas al poder de personas e instituciones porque desconocen los pasos y canales indicados para solventar un conflicto y por último, f) la vulnerabilidad de líderes y lideresas en las luchas por tierras. Estas medidas de fuerza se incrementan ante los líderes identificados que hacen oposición a los poderes económicos y sociales de la zona.

5. Apuntes varios del estudio

• Los conflictos socioambientales se han incrementado a partir de la aprobación de paquetes legislativos ocurridos en el gobierno de facto durante la crisis de 2009. Estos paquetes legislativos van encaminados a fortalecer el modelo de desarrollo, expresado en la generación de condiciones para el fomento y consolidación de la industria extractiva en Honduras.

• El desplazamiento de las zonas rurales está diferenciado del desplazamiento de las zonas urbanas, por las múltiples estrategias utilizadas para lograr el apropiamiento y aprovechamiento de territorios ricos en recursos naturales como agua, minerales y tierras para el monocultivo.

• 3. La desconfianza en la institucionalidad del Estado de parte de las comunidades es creciente, ya sea por la ausencia de éste o por la parcialidad benefactora hacia los grupos de poder de la zona.

• 4. Los conflictos comunitarios a partir de las disputas de tierras son por la escasa legalidad de tierras, por el abuso de poder y por el desconocimiento y uso de mecanismos de resolución de conflictos, tanto de funcionarios del Estado como de las comunidades. Es apremiante establecer políticas que conduzcan a la definición de legalidad de las tierras, a través de diálogos entre las autoridades competentes, organizaciones comunitarias, sector empresarial y las propias comunidades.

• 5. Conocimientos mínimos de leyes que protegen a las comunidades y a sus líderes, además la existencia básica de mecanismos de protección ante emergencias. Ante ello es urgente crear estrategias de acompañamiento en formación, organización comunitaria y construcción de propuestas inclusivas de desarrollo a partir de la visión y realidad de las comunidades.

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