EESSTTRRAATTEEGGII AADDEE

La prevención de la delincuencia es una política públicaen la confluencia de los ámbitos seguridad y la justicia. La política de prevención de la delincuencia ha cambiado considerablemente desde sus inicios. Más allá de la prevención denominada «primaria», de carácter educativo y social y dirigida a grupos muy amplios, «situacional» y por el desarrollo de la videoprotección, planteamientos más individualizado(centradas en los grupos más expuestotorno a la prevención de la reincidencia La Ley del 5 de marzo de 2007 sobre la prevención de la delincuencia ha los alcaldes una responsabilidad central en disposición diversos nuevos Interministerial de Prevención de la Delincuencia aprobó elPrevención de la Delincuencia

Dicho plan constaba de desarrollo de la prevención situacional, la coordinación de los actores localesalcaldes, la prevención de la delincuencia juvenvíctimas de violencia doméstica y contra las mujeres).

Ese marco nacional se ha

delincuencia, bajo la dirección de los prefectos, elaborados en los consejos locales (o interdelincuencia (CLSPD o CISPD).

El balance de este primer plan nacional muestra

aplicación de las medidas recoámbito de la seguridad y la numerosos mecanismos desarrolladosComité Interministerial de coordinadores de seguridad, células anti

AA NNAACCII OONNAALL DDEE PPRREEVVEE LL AA DDEELL II NNCCUUEENNCCII AA

La prevención de la delincuencia es una política pública en sí mismade los ámbitos de la educación, lo social, la inserción profesional, la

La política de prevención de la delincuencia ha cambiado considerablemente desde sus Más allá de la prevención denominada «primaria», de carácter educativo y social y

plios, complementada en los últimos años por un el desarrollo de la videoprotección, dicha política cuenta ahora con

más individualizados, con acciones específicas de prevención más expuestos a cometer un primer acto delictivo) y «

reincidencia).

5 de marzo de 2007 sobre la prevención de la delincuencia ha responsabilidad central en la prevención de la delincuencia y ha puesto a su

diversos nuevos medios de acción. El 2 de octubre de 2009, el Comité Interministerial de Prevención de la Delincuencia aprobó el primer

Delincuencia y de Ayuda a las Víctimas, para los años 2010

de 50 medidas articuladas alrededor de cuatro grandes ejes:desarrollo de la prevención situacional, la coordinación de los actores locales

prevención de la delincuencia juvenil y la protección de las víctimas (violencia doméstica y contra las mujeres).

se ha aplicado en planes departamentales de prevención , bajo la dirección de los prefectos, y a veces también

consejos locales (o intermunicipales) de seguridad y de prevención de CLSPD o CISPD).

El balance de este primer plan nacional muestra, en general, un nivel de las medidas recomendadas (en particular en lo referente a

ámbito de la seguridad y la ayuda a las víctimas). Además, también se numerosos mecanismos desarrollados por los diferentes ministerios que forman parte del

Prevención de la Delincuencia (estudios de seguridad, de seguridad, células antirrobo, centrales de ayuda

1

EENNCCII ÓÓNN

Mayo de 2013

en sí misma, aunque se sitúa a inserción profesional, la

La política de prevención de la delincuencia ha cambiado considerablemente desde sus Más allá de la prevención denominada «primaria», de carácter educativo y social y

complementada en los últimos años por un enfoque ítica cuenta ahora con

de prevención «secundaria» acto delictivo) y «terciaria» (en

5 de marzo de 2007 sobre la prevención de la delincuencia ha otorgado a n de la delincuencia y ha puesto a su

El 2 de octubre de 2009, el Comité primer Plan Nacional de

, para los años 2010-2012.

cuatro grandes ejes: el desarrollo de la prevención situacional, la coordinación de los actores locales en torno a los

il y la protección de las víctimas (incluidas las

planes departamentales de prevención de la en planes locales,

y de prevención de la

un nivel satisfactorio de referente a las medidas del ambién se siguen utilizando

que forman parte del (estudios de seguridad, ayuda a las víctimas,

2

coordinadores sobre mujeres víctimas de violencia en la pareja, trabajadores sociales en comisaría y en unidades de la gendarmería, etc.).

Sin embargo, este plan y su aplicación presentan ciertas limitaciones y revelan

problemas persistentes. Es un hecho que los alcaldes han aprovechado de manera desigual las posibilidades que les ofrecía la Ley de 5 de marzo de 2007 y no siempre han contado con el compromiso apropiado de los servicios del Estado.

Por otro lado, en ocasiones ha faltado sintonía entre las prácticas locales en materia de

prevención de la delincuencia, llevadas a cabo por diversos actores (entes territoriales, operadores públicos o asociaciones).

Por último, el plan de 2010-2012 tuvo el mérito de poner en marcha el proceso de

prevención de la delincuencia como tal, aunque sin definir el ámbito de intervención de una política independiente de prevención de la delincuencia.

Esta estrategia hace prevalecer más aún su carácter colaborativo. Su campo de

intervención es, por definición, complementario, y no se superpone a las competencias de los diferentes actores públicos que se encargan de la prevención primaria. Supone un complemento cuando todos los actores han agotado sus propias competencias.

La estrategia nacional está ideada para aplicarse en todo el país, movilizando sus

recursos preferentemente hacia las zonas de seguridad prioritarias y los barrios en que se centra la política urbana. De esa forma, sus directrices se desplegarán en los planes departamentales y se incorporarán a los contratos urbanos para 2014-2020.

El nuevo contexto político y social requiere definir una nueva estrategia de

prevención de la delincuencia. Esta nueva estrategia encuentra plenamente su lugar en los compromisos adoptados

por el Presidente de la República a favor de la juventud, en materia de educación (lucha contra el abandono escolar), de trabajo (desarrollo de empleos de futuro), de seguridad (lucha contra la delincuencia y los disturbios públicos), de justicia (diversificación de las orientaciones penales, desarrollo de la modulación de las penas y la mejora de la atención a las víctimas), de promoción de los derechos de las mujeres (lucha contra la violencia contra las mujeres, la violencia conyugal e intrafamiliar) y de política urbana (movilización de recursos estatales y de los entes territoriales destinados a los barrios con mayores dificultades).

Esta estrategia se inscribe en la continuidad y es complementaria de las decisiones y

de la labor que se estaba realizando en: - la creación de zonas de seguridad prioritarias (ZSP), mediante la circular del 30 de

julio de 2012; - el Comité Interministerial de los Derechos de las Mujeres y la Igualdad entre

Mujeres y Hombres, reunido el 30 de noviembre de 2012, y el cuarto Plan Interministerial de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres;

3

- las medidas anunciadas el 4 de diciembre de 2012 por el Ministro de Educación Nacional para luchar contra el abandono escolar;

- la conferencia de consenso sobre la prevención de la reincidencia, celebrada los días 14 y 15 de febrero de 2013,

- el Comité Interministerial de las Ciudades (CIV), que se reunió el 19 de febrero de 2013,

- el Comité Interministerial de la Juventud, que se reunió el 21 de febrero de 2013, Esta estrategia nacional de prevención de la delincuencia tiene en cuenta todos

esos datos y, desde una lógica de concentración de recursos y centrada en los grupos implicados, establece tres prioridades (I) que, para su plena aplicación, requieren una gobernanza renovada (II) y medios consolidados y optimizados (III): Las tres prioridades se aplican en los siguientes tres programas de acciones:

- prioridad 1: programa de acciones dirigido a los jóvenes expuestos a la delincuencia.

- prioridad 2: programa de acciones para mejorar la prevención de la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la ayuda a las víctimas.

- prioridad 3: programa de acciones para mejorar la tranquilidad pública.

4

II .. TTRREESS PPRROOGGRRAAMM AASS DDEE AACCCCII OONNEESS

La estrategia nacional de prevención de la delincuencia se concreta con la aplicación de tres programas de acciones que traducen una voluntad de estructuración de las intervenciones.

¿Por qué tres programas de acciones? - Porque la prevención de la delincuencia juvenil y de la reincidencia están entre las

principales preocupaciones a las que se enfrentan un cierto número de territorios, y de ellas hacen eco los representantes electos y los servicios de justicia, de la policía, de la gendarmería y de los interlocutores de las asociaciones;

- Porque las cuestiones de la violencia contra las mujeres y de la violencia doméstica son significativas y constituyen uno de los principales motivos de intervención de las fuerzas de policía y de gendarmería. La ayuda a las víctimas está asociada a estas cuestiones;

- Porque el objetivo de la tranquilidad pública en las ciudades y en los barrios supone luchar contra la sensación de inseguridad, articulando mejor los diferentes tipos de intervenciones existentes.

Estos tres programas de acciones no tienen que desarrollarse necesariamente de manera sistemática en todos los territorios, pero deben orientarse hacia los problemas identificados localmente.

Cada programa dará lugar a la definición de acciones de referencia por parte del

Comité Interministerial de Prevención de la Delincuencia, creadas a partir de experiencias locales de éxito.

5

Prioridad 1: Programa de acciones dirigido a los jóvenes expuestos a la delincuencia

La primera prioridad de la estrategia nacional es evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia y se mantengan en ella.

Los adolescentes y los jóvenes mayores de edad son uno de los principales retos de la prevención de la delincuencia.

Este programa se inscribe en una lógica de prevención secundaria (centrado en grupos

concretos) y terciaria (prevención de la reincidencia), como complemento de las políticas públicas de derecho común, en particular en el ámbito de la educación y la parentalidad, que pertenecen al ámbito de la prevención primaria.

Los signos que indican una deriva hacia la delincuencia y la comisión de los primeros

actos delictivos pueden darse de forma simultánea o sucesiva a un marcado absentismo o al abandono escolar, a comportamientos incívicos en el espacio público, a la participación en grupos turbulentos, a la perturbación reiterada de la tranquilidad del barrio, al consumo de productos adictivos, al deambular, a la participación en una delincuencia de vía pública, a la participación en la degradación de edificios públicos o en robos, a la implicación en actos de tráfico, etc.

Se han adoptado numerosas iniciativas locales para detener esas trayectorias. Con el

fin de favorecer el desarrollo de esos procesos, los actores locales solicitan un marco nacional en materia de prevención de la delincuencia, en particular para atender a los jóvenes de 12 a 25 años, que pueda servir para consolidar la alianza y para legitimar sus intervenciones.

Este programa de acciones pretende ser flexible en sus modalidades de aplicación y se

inspira en las iniciativas locales existentes y validadas por los asociados en cuanto a los resultados esperados. Elaborado en el ámbito local, el programa se basa en un diagnóstico compartido y favorece la concatenación de intervenciones. Se trata de movilizar los recursos existentes de forma ordenada, aclarando las responsabilidades de cada cual y tendiendo puentes entre los diferentes mecanismos.

La aplicación de este programa se basa en la alianza creada en los mecanismos

territoriales existentes, bajo la dirección de los alcaldes, con la colaboración estrecha del Estado (especialmente el prefecto, el fiscal de la República y los servicios de justicia y educación y las fuerzas de seguridad interior).

Según la naturaleza de las problemáticas a que han de hacer frente los jóvenes, hay que

establecer distintos niveles de intervención, que suponen también la implicación de las familias (adhesión, responsabilización de los padres).

Este programa de acciones tiene un planteamiento dirigido, individualizado, destinado a

grupos de jóvenes especialmente expuestos a cometer un primer acto delictivo y también a los que ya hayan sido condenados una o más veces, para evitar su reincidencia. Las medidas propuestas a continuación se dividen según esos dos grupos.

6

1.1. Acciones para prevenir la comisión del primer acto delictivo

Se pueden proponer acciones específicas para los jóvenes de comportamiento particularmente perturbador, que no han sido condenados, pero algunos de los cuales son conocidos de los servicios de seguridad interior. Podría tratarse de acciones en materia de educación para la ciudadanía, respeto mutuo en el deporte —tanto entre quienes lo practican como entre los aficionados—, mediación en el ámbito educativo, mejora de las relaciones jóvenes-policía o sensibilización sobre las consecuencias legales de los actos delictivos.

Respecto a los jóvenes perturbadores con serias dificultades y que necesitan apoyo a largo plazo, deberán desarrollarse acciones más completas que busquen un cambio de dirección. Puede tratarse de acciones de «trayectoria ciudadana» (proponiendo un compromiso o una participación a largo plazo en diversas instituciones locales, mediante un seguimiento individualizado), de obras educativas (proponiendo una experiencia laboral previa a la inserción laboral, guiado por un educador de referencia) o una atención integral mediante un mecanismo apropiado (por ejemplo, inscribirse en un centro de recepción preventivo, un espacio de socialización o una plataforma de reinserción).

1.2. Acciones de prevención de la reincidencia1

Una minoría de jóvenes está muy anclada a la delincuencia y presenta un alto nivel de

reincidencia. Así, según el Ministerio de Justicia, el 41,7 % de los presos tienen menos de 25 años, mientras que los menores y los jóvenes mayores de edad representan solo el 23 % de la población. Más específicamente, el análisis de las sentencias muestra que el 34,5 % de los adultos condenados tienen entre 18 y 25 años, mientras que solo constituyen el 12 % de la población. Los condenados menores de edad representan el 7,4 % de todos los condenados, para un porcentaje de la población del 17 %.

En cuanto a los que cometen un delito y son juzgados por primera vez, que no cuentan

con antecedentes penales, las acciones para prevenir la reincidencia se centrarán en el campo del aprendizaje de la ciudadanía, la gestión de la relación con la autoridad o la realización de tareas de reparación.

Para los jóvenes que se enfrentan a un proceso penal, en particular los reincidentes que

ya han sido condenados, con penas de cárcel o no, las acciones más recomendables serán las centradas en su inserción social y laboral. En particular, deben apoyarse en el desarrollo de una alianza entre el servicio penitenciario de inserción y de libertad vigilada, la protección judicial de la juventud, las misiones locales, los entes territoriales y el sector asociativo e inscribirse de lleno en el marco de los mecanismos locales de prevención de la delincuencia. Tales acciones pueden permitir la asignación de puestos de trabajo de interés general u obras de inserción en el marco de la modulación de las penas.

También deben favorecerse otras acciones, por ejemplo, en los ámbitos del acceso a la vivienda y a la atención a los jóvenes puestos a disposición judicial, de mantenimiento de las relaciones sociales y familiares, del deporte y de la cultura en el marco de proyectos de inserción globales.

1 La expresión «prevención de la reincidencia» no se aborda en esta estrategia desde un punto de vista estrictamente legal (como una nueva condena por un nuevo delito de la misma calificación penal), sino en un sentido más amplio (en el sentido de acusación por diferentes delitos por los servicios de policía y de gendarmería). En ese sentido, los términos «reiteración» y «reincidencia» se pueden utilizar indistintamente.

7

La aplicación de tales acciones individualizadas para grupos muy concretos requiere una asociación más estrecha y una fuerte participación de los actores locales, con una colaboración muy especial de la fiscalía, los servicios de la justicia (protección judicial de la juventud y servicio penitenciario de inserción y de libertad vigilada) y las fuerzas de seguridad interna. Eso requiere también designar a un coordinador de trayectoria.

8

Prioridad 2: Programa de acciones para mejorar la prevención de la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la ayuda a las víctimas

Este programa prolonga y amplía los mecanismos aplicados por el plan nacional

anterior que condujeron al desarrollo de centros de ayuda a las víctimas, líneas telefónicas de ayuda a las víctimas, y un gran aumento del número de trabajadores sociales en las comisarías de policía y las brigadas de gendarmería, de psicólogos que actúan en las comisarías y de coordinadores en materia de las mujeres víctimas de violencia dentro de la pareja.

En el ámbito de la violencia contra las mujeres, este programa aplica localmente el plan

general para la protección de las mujeres contra la violencia, adoptado por el Comité interministerial de los derechos de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres, que se reunió el 30 de noviembre de 2012 bajo la presidencia del Primer Ministro. En particular, resulta necesario mejorar la recepción inicial y fortalecer la protección de las mujeres, definiendo mejor las condiciones de intervención de los actores.

En el campo de la ayuda a las víctimas, se constata sobre el terreno la presencia de una

multiplicidad de especialistas, difíciles de identificar, un solapamiento de las intervenciones y una inserción local insuficiente.

Antes de la aplicación del programa, debe hacerse un balance de todos los mecanismos de ayuda a las víctimas existentes en cada jurisdicción, a fin de mejorar la legibilidad, accesibilidad, coherencia y complementariedad de las intervenciones.

El programa de acciones que se desea poner en práctica ha de incluir la gestión de esos temas mediante la creación de un grupo de trabajo y de intercambio de información, operativo y dedicado específicamente a esta cuestión, que elabore cuanto antes un balance sobre el tema para generar acciones concretas de proximidad en las tres áreas siguientes: prevención de la violencia doméstica, prevención de la violencia contra las mujeres y ayuda a las víctimas.

En esa instancia participarán representantes del municipio o de la comunidad

intermunicipal, de la policía o la gendarmería, de la justicia, de los equipos locales de derechos de las mujeres y de igualdad, los coordinadores para tratar los casos de mujeres víctimas de violencia en la pareja, los trabajadores sociales del consejo general, las asociaciones de ayuda a las víctimas y de los agentes sociales que actúan en la comisaria o en la gendarmería, en caso de que existan. También pueden participar profesionales sanitarios.

Estos grupos tendrán el objetivo de articular y poner en común los mecanismos

existentes, así como desarrollar un vínculo entre las acciones existentes y el programa prioritario de prevención para los jóvenes. Resultará esencial trabajar en red para que los programas destinados a atender a los distintos grupos (mujeres, niños, autores...) se inscriban en un enfoque integral.

Se tendrán en cuenta las estadísticas sobre la violencia doméstica y conyugal, cuya

recopilación y utilización empezarán a mejorarse en el 2013. Dentro de estos grupos, los trabajadores sociales tendrán un mayor protagonismo en el

acompañamiento de las víctimas, incluidas las mujeres víctimas de violencia, y en conexión con los demás actores locales concernidos. Se buscará seguir ampliando tales grupos.

9

Se realizará un cambio en la doctrina sobre la participación de los trabajadores

sociales en las comisarías de policía y brigadas de gendarmería para reforzar y completar sus tareas respecto a los autores de actos delictivos. Esta estrategia se articulará con el protocolo de recepción de mujeres víctimas de violencia previsto por el Comité Interministerial de los Derechos de las Mujeres.

Esta medida irá acompañada de un plan de formación para tales trabajadores a fin de mejorar su capacidad de atención a estos grupos. Se llevará a cabo en el marco de acciones de formación más amplias, destinadas a todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Por último, estos grupos también serán responsables de alimentar regularmente los

sistemas de información y estadísticas del CLSPD con datos anónimos.

10

Prioridad 3: Programa de acciones para mejorar la tranquilidad pública.

Los alcaldes reciben cada vez más quejas de habitantes expuestos diariamente a algún tipo de inseguridad (comportamientos incívicos, molestias, vandalismo, agresiones).

Los habitantes esperan tener seguridad en la vía pública, en las redes de transporte, en

las proximidades de los edificios públicos, escuelas y centros de deportes, en las viviendas sociales (vestíbulos de inmuebles, áreas comunes, etc.) y en las zonas comerciales y de actividad económica.

Hasta ahora, esta preocupación solo se ha tenido en cuenta de forma dispersa, por

ejemplo a través de estudios o diagnósticos de seguridad, por lo general a favor de una decisión de implantación local de un dispositivo de videoprotección.

Se buscará un enfoque integral, que promueva el uso coordinado de los

instrumentos existentes, con una mayor participación de los habitantes y usuarios, y que conduzca a planes locales de tranquilidad pública, especialmente —pero no exclusivamente— en las zonas de seguridad prioritarias (ZSP) y en los barrios de que se ocupa la política urbana. Este proceso se inspirará en parte en una metodología desarrollada en los estudios de protección y de seguridad urbana sobre el funcionamiento de los proyectos urbanos y de sus espacios públicos.

Este plan deberá definirse en el ámbito de las entidades regionales existentes (CLSPD y CISPD) y será llevado a la práctica por su componente operativo.

Siempre que sea necesario, el plan local de tranquilidad pública incluirá:

3.1. El equipo de videoprotección, que debe integrarse en un enfoque situacional global y coherente, y que cuente también con presencia humana para hacer más seguros los espacios públicos.

3.2. La aplicación de acciones de mediación para fomentar la tranquilidad

pública, en los espacios públicos, cerca de establecimientos escolares, de viviendas (por ejemplo, movilizando a los agentes nocturnos y de manera coordinada con otras intervenciones de prevención especializada).

3.3. La inclusión de la acción de la prevención especializada en la ayuda social a la

infancia confiada a la autoridad de los departamentos, interviniendo en el marco de su misión y de sus prácticas profesionales en complementariedad con otros mecanismos y otros profesionales encargados de la prevención de la delincuencia.

3.4. Planes de acción adaptados al ámbito de las viviendas sociales y del

transporte público de pasajeros. Estos planes darán lugar a medidas concretas, incluso legales, si fuera necesario.

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La elaboración de este plan local de tranquilidad pública requiere realizar un diagnóstico compartido entre los representantes del municipio (o de la comunidad intermunicipal) y del Estado, así como con los gestores de viviendas sociales, los operadores de transporte público, las asociaciones, los centros sociales presentes en el ámbito local, los comerciantes o gerentes de zonas comerciales, junto con la gestión urbana de proximidad (GUP), en su caso.

Los residentes, los usuarios, los servicios públicos, los profesionales encargados de los

mecanismos de cohesión social o de prevención especializada presentes en los barrios en cuestión participarán en la elaboración del diagnóstico y de la estrategia definida para la protección y la mejora de la vida cotidiana en tales barrios.

12

II II .. UUNN MM ÉÉTTOODDOO DDEE GGOOBBEERRNNAANNZZAA LL OOCCAALL RREENNOOVVAADDAA

Para poner en práctica eficazmente esos tres programas es esencial aclarar la

gobernanza de todo el mecanismo de prevención de la delincuencia. La política de prevención de la delincuencia es intrínsecamente colaborativa. Para que sea más eficaz, las responsabilidades respectivas en la materia por parte del Estado y de los entes territoriales deben ser reevaluadas a nivel departamental, integradas en los CLSPD o CISPD y, si fuera necesario, reforzadas mediante un componente inframunicipal.

1) El departamento: primer nivel de aplicación de la estrategia nacional de prevención de la delincuencia

La estrategia nacional define una arquitectura de intervenciones en los tres programas

anteriormente citados, diseñada para adaptarse al contexto departamental. Además, la financiación de estas medidas se apoya en el FIPD, el fondo de intervención descentralizado bajo la autoridad de los prefectos de los departamentos.

La estrategia aplicada a nivel departamental no debe contar exclusivamente con el

apoyo del Estado. El nuevo plan departamental sustituye, con una mayor participación de los asociados, al plan previo de 2010-2012.

Los prefectos son los principales actores en la aplicación de la estrategia nacional de

prevención de la delincuencia. Ellos se encargan de organizar la consulta para elaborar el plan departamental de prevención de la delincuencia, junto con el fiscal y todos los departamentos gubernamentales competentes.

Debido a sus funciones propias en materia de protección de la infancia y de

prevención especializada, en particular en materia social, así como en su calidad de autoridad organizadora de los transportes por carretera y del transporte escolar y en la gestión de los colegios, el papel de los consejos generales debe fortalecerse en la elaboración y aplicación del nuevo plan departamental de prevención de la delincuencia. Esto podría resultar en una mayor implicación de la prevención especializada en la alianza local de prevención de la delincuencia, aunque esta mantendría los principios que rigen su funcionamiento.

Corresponde a los prefectos determinar las modalidades de asociación de los

municipios y las comunidades intermunicipales del departamento más afectados por la delincuencia para elaborar el plan departamental. El consejo regional también podrá ser consultado durante esta fase.

13

La estrategia nacional ha de aplicarse en un plan departamental de prevención de

la delincuencia encabezado por el prefecto, con la participación del presidente del consejo general, el fiscal y el director académico de los servicios educativos. Siempre que sea posible, dicho plan deberá ser firmado por el prefecto, que preside el consejo departamental de prevención de la delincuencia, y por los dos vicepresidentes de esa entidad, el fiscal de la república y el presidente del consejo general.

2) El municipio (o la comunidad intermunicipal): el nivel de

participación de las partes interesadas 2.1. El CLSPD o el CISPD como órgano de control de la prevención de la delincuencia

Tal como prevé la ley de 5 de marzo de 2007, el CLSPD (o el CISPD) es el órgano de

control local de la prevención de la delincuencia. En él se elaboran las orientaciones del contrato local de seguridad o de la estrategia territorial de seguridad y de prevención de la delincuencia. El alcalde es su impulsor.

Se espera una mayor participación del Estado en el ámbito local, en el campo de la

prevención de la delincuencia, a fin de no dejar a los alcaldes aislados y sin recursos. Por tanto, la inversión de la fiscalía y de los servicios de justicia (servicio

penitenciario de inserción y libertad vigilada, protección judicial de la juventud) en la política de prevención de la delincuencia debe poder basarse en la inclusión en la alianza local de prevención de los temas de la prevención de la reincidencia y la ayuda a las víctimas. La alianza entre la fiscalía, los servicios de justicia y los municipios debe lograr una mejora del flujo de información.

La participación de las fuerzas de seguridad puede desarrollarse más aún en el campo

de la prevención situacional y de la prevención de la delincuencia juvenil, especialmente para mejorar las relaciones entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes.

También sería útil fortalecer la relación entre el poder judicial y las fuerzas de

seguridad interior para llevar a cabo un seguimiento integral y pragmático de los delincuentes habituales.

La alianza entre el Ministerio de Educación y los municipios y comunidades

intermunicipales también podría fortalecerse en la lucha contra el absentismo escolar, la atención a los alumnos excluidos y el combate contra el abandono escolar.

14

El papel de control estratégico del CLSPD debe reforzarse mediante una mayor participación de los servicios del Estado, del consejo general y de los agentes locales correspondientes.

El CLSPD pretende adaptar el nuevo plan departamental a las características

específicas de la zona y definir un plan de acción local para la prevención de la delincuencia, integrado en el contrato local de seguridad o en la estrategia territorial de seguridad y de prevención de la delincuencia.

Para el plan local se celebrará un contrato entre el alcalde, el prefecto, el fiscal y,

si fuera posible, el presidente del consejo general (en el marco del contrato local de seguridad o de la estrategia territorial de seguridad y de prevención de la delincuencia).

Además, para aumentar la eficacia, el CLSPD debe reforzar la participación en

la elaboración del nuevo plan local de acción de los gestores de viviendas sociales, los comerciantes, las asociaciones de vecinos, los servicios públicos presentes en el municipio y los operadores de transporte público.

De hecho, los gestores de viviendas sociales se enfrentan cada vez más a molestias

diversas que hacen difícil la vida cotidiana de sus habitantes. Ellos tienen la responsabilidad de garantizar una tranquilidad residencial a las familias que allí viven. Además, la información de que disponen los convierte en socios indispensables.

Los gestores del transporte público de pasajeros se enfrentan a las mismas dificultades

y a los mismos problemas. En esa misma situación se encuentran igualmente los administradores de zonas comerciales.

2.2. Buscar el nivel operativo óptimo

Las diferentes circunstancias y necesidades en función del tamaño de los municipios y

las características de la delincuencia conducen inevitablemente a una diversidad de organizaciones locales.

Conforme al principio de la eficiencia y la adaptación a las condiciones locales, se

dejará a la discreción y la iniciativa de los actores locales la decisión de si cabe aplicar o no, a un nivel inframunicipal, los dispositivos operativos de prevención de la delincuencia puestos en práctica bajo la dirección del CLSPD o del CISPD.

El marco legislativo vigente permite esa aplicación, en particular respecto a los grupos

de trabajo e intercambio de información territorial. Las zonas de seguridad prioritarias suponen una aplicación concreta de ese componente territorial, a través de la acción de las células de coordinación operativa de la alianza. Pueden preverse otras formas de aplicación territorial en las ciudades, pueblos o sectores que lo justifiquen, sobre todo en barrios considerados prioritarios por la política urbana.

15

Tales aplicaciones han de cumplir los siguientes requisitos: - estar al nivel de proximidad necesario para el seguimiento eficaz de las situaciones

y de las personas; - permitir en las ciudades y pueblos el intercambio de información confidencial bajo

ciertas condiciones; - conducir a acciones concretas, de carácter operativo; - no sobrecargar los mecanismos de gobernanza ni ser redundante con otros

mecanismos existentes.

Cuando se decide crear localmente tales grupos, es necesario que se adapten para hacer frente a los problemas que se desea tratar. En las zonas de seguridad prioritarias, las células de coordinación operativa de la alianza coinciden con los grupos operativos previstos en la estrategia nacional. La representación del Estado depende del tema elegido, e incluirá, por ejemplo, a directores de escuelas, fuerzas de seguridad, representantes del Poder Judicial (fiscalía, servicio penitenciario de inserción o de libertad vigilada o protección jurídica de la juventud), los delegados del prefecto, cuando los haya, y los equipos locales de derechos de la mujer e igualdad, cuando sea posible y útil. El consejo general está presente a través de sus servicios, y por la prevención especializada, en su caso.

Dependiendo de la dinámica local, esos grupos de trabajo e intercambios operativos

han de asociarse también a los directores de los centros sociales, al jefe de proyecto de política urbana, al coordinador del CLSPD, a los interlocutores que participan en la ayuda a las víctimas y en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, a los gestores de viviendas sociales, a los gestores del transporte público y a cualquier otro agente que pueda ser útil.

La composición de cada grupo depende de los asuntos tratados y, sobre todo, de los

programas en cuestión. Estos grupos son dirigidos por una persona designada por el CLSPD.

La operatividad de estos grupos se basa en el intercambio de información relativa

a situaciones específicas, incluyendo cuestiones confidenciales. Los intercambios de información se hacen respetando la legalidad y las normas

deontológicas específicas de cada profesión implicada. Un modelo de código deontológico para el intercambio de información en el consejo local de seguridad y prevención de la delincuencia delimita las modalidades.

El siguiente esquema modelo de gobernanza local de prevención de la delincuencia deberá adaptarse a la situación local, según las entidades existentes y las necesidades identificadas.

16

Esquema modelo de gobernanza local de prevención de la delincuencia para la aplicación de la estrategia nacional

17

II II II .. MM OODDAALL II DDAADDEESS DDEE AAPPLL II CCAACCII ÓÓNN DDEE LL AA EESSTTRRAATTEEGGII AA

La aplicación de la estrategia nacional de prevención de la delincuencia se lleva a cabo

mediante doce fichas de acción y una serie de proyectos a nivel nacional. Cuenta con recursos económicos e instrumentos jurídicos y fija las modalidades

prácticas de su implementación. Además, ya está programada la evaluación de la estrategia nacional de prevención de la delincuencia.

1) Recursos económicos

1.1. El FIPD

El FIPD constituye la base económica de la estrategia nacional de prevención de la delincuencia para permitir iniciar las acciones de los programas prioritarios.

Su uso debe reorientarse a medida que cambien las orientaciones prioritarias. Para

ello, se dedicará casi exclusivamente a los tres programas de intervención antes mencionados. El siguiente cuadro de financiación provisional de la estrategia nacional se basa en el

arbitraje llevado a cabo por el primer ministro en septiembre de 2012, lo que garantiza el nivel de la partida presupuestaria del FIPD hasta 2015.

La nueva estrategia nacional de prevención de la delincuencia supone una inversión de

las prioridades de financiación del FIPD respecto al plan anterior. Mientras que la videoprotección correspondió al 58 % de la financiación del FIPD (para el periodo 2010-2012), en la nueva estrategia ese componente se reduce a un tercio del FIPD (programa 3). Ahora se concede prioridad a la prevención de la delincuencia juvenil y la reincidencia, es decir, al programa 1, que aspira a recibir casi la mitad del FIPD. La financiación de la ayuda a las víctimas y de la lucha contra la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres (programa 2) se fijará en 10 millones de € (casi la quinta parte del FIPD).

En los tres programas prioritarios, el FIPD apoyará de forma preferente las acciones

inspiradas en las buenas prácticas locales identificadas, que se darán a conocer a todos los actores.

Paralelamente, se espera que se priorice la financiación de las acciones de prevención

de la delincuencia en las zonas de seguridad prioritarias actuales y futuras y en los barrios de la política urbana.

18

1.2. Articulación con recursos generales de los ministerios

Sin embargo, el FIPD no supone toda la contribución económica del Estado para la prevención de la delincuencia.

Diversos ministerios, miembros del Comité Interministerial de Prevención de la

Delincuencia, también contribuyen a esta estrategia, con recursos generales de derecho común y según los programas prioritarios.

1.3. Articulación con los entes territoriales y los EPCI Los entes territoriales y las autoridades locales y los organismos públicos de

cooperación intermunicipal (EPCI, por sus siglas en francés) pertinentes también participan en la financiación de las acciones de prevención de la delincuencia en su territorio.

19

Estrategia nacional de prevención de la delincuencia: Previsión de uso del FIPD 2014-2015

Programas de intervención del FIPD 2014 2015 Total acumulado

(2014-2015)

Montantes % montantes Montantes %

montantes Montantes % montantes

Programa de acciones destinado a los jóvenes expuestos a la delincuencia (incluida la mediación social)

25,6 M€ 47 % 24,5 M€ 46 % 50,1 M€ 46 %

Programa de acciones para mejorar la prevención de la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la ayuda a las víctimas

10,0 M€ 18 % 10,0 M€ 19 % 20,0 M€ 19 %

Programa de acciones para mejorar la tranquilidad pública (financiación de la prevención situacional - videoprotección)

19,0 M€ 35 % 18,4 M€ 35 % 37,4 M€ 35 %

TOTAL 54,6 M€ 100 % 52,9 M€ 100 % 107,5 M€ 100 %

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2) Instrumentos jurídicos disponibles

La aplicación de la estrategia nacional se basará en la prioridad otorgada a los grupos

prioritarios, también desde una dimensión de seguimiento personalizada e individualizada. Para permitir el desarrollo de este enfoque, es necesario que el intercambio de

información se dé en el marco de instancias adaptadas y de acuerdo con la legislación vigente. La naturaleza de la información intercambiada dependerá del objeto de trabajo cada grupo temático, pero también de los miembros que lo formen.

Se debe hacer referencia al modelo de código deontológico para el intercambio de

dicha información en los consejos locales de seguridad y prevención de la delincuencia, que ha sido preparado por la secretaría general del Comité Interministerial de Prevención de la Delincuencia, en colaboración con los representantes de la Comisión de Ética y Deontología del Consejo Superior de Trabajo Social. Este documento de referencia podrá transponerse directamente o adaptarse localmente.

Por otro lado, la secretaría general del Comité Interministerial de Prevención de la

Delincuencia iniciará un proyecto nacional con la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) y los diversos ministerios y socios pertinentes para conseguir en un futuro la creación de un tratamiento de datos personales en el campo de la prevención de la delincuencia.

3) Cronograma y aspectos prácticos

La estrategia nacional se aplicará en los planes departamentales de prevención de la delincuencia, que serán objeto de amplias consultas realizadas por los prefectos con el fin de responder eficazmente a las necesidades locales. Y se asociarán con los fiscales, los demás servicios pertinentes del Estado y los entes territoriales.

Los nuevos planes departamentales entrarán en vigor antes de finales de año, y

definirán a nivel local, para el resto del mandato, hasta el 2017, el marco de la política del gobierno en materia de prevención de la delincuencia.

Se invitará a los consejos locales de seguridad y de prevención de la delincuencia a considerar las nuevas orientaciones.

4) Evaluación

La estrategia nacional de prevención de la delincuencia que se aplicará en el período 2013-2017 será objeto de un proceso de evaluación.

En primer lugar, el SG-CIPD creará un sistema de identificación de las experiencias

locales, dotado de evaluaciones cualitativas, que permitirá mejorar la pertinencia del empleo del FIPD.

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Además, ya hay en marcha una evaluación nacional del componente de prevención de

la delincuencia de las ZSP, cuyo control se le confió al SG-CIPD, en colaboración con la Agencia Nacional para la Cohesión Social y los diversos ministerios concernidos, realizada mediante un contrato para evaluar la gobernanza, las acciones y el impacto sobre los grupos prioritarios para la prevención de la delincuencia. La aplicación de las directrices de la estrategia nacional para la prevención de la delincuencia, que se pretende aplicar plenamente en las ZSP, también se tendrá en cuenta en el trabajo de evaluación.

Por otra parte, se solicitará a la misión permanente de evaluación de la política de prevención de la delincuencia que lleve a cabo una evaluación de los tres programas incluidos en la estrategia nacional.

El documento de la estrategia nacional se complementa con: - doce fichas de acción - una lista de proyectos nacionales en torno a la prevención de la delincuencia