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Memoria narrativa

El pasado 5 de junio, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social

(AMUCSS), en colaboración con FedRural, realizó el Primer Foro Nacional de Sociedades

Financieras Comunitarias en la Ciudad de México. El evento, posterior a la iniciativa de Ley

Ficrea, reunió a organizaciones, investigadores, políticos y representantes de las diferentes

sociedades financieras con el objetivo de desarrollar un plan de acción en defensa de las

comunidades rurales y campesinas.

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La sesión inaugural, a cargo de la Lic. Isabel Cruz, el senador Benjamín Robles, y Urbino

Martínez, dio paso a la primera mesa de análisis sobre el financiamiento rural, la inclusión

financiera y la agricultura familiar. Dentro de este espacio, la directora del área de

investigación de AMUCSS, Mariana Carmona, presentó un análisis sobre los impactos

económicos de la Ley Ficrea, así como un panorama actual de la inclusión financiera en

zonas rurales.

Dentro de este espacio, líderes e integrantes de las sociedades financieras comunitarias

también compartieron sus experiencias y análisis sobre los impactos de esta ley en el

modelo de financiamiento para zonas rurales. Esta segunda mesa estuvo integrada por

Urbino Martínez Cortes de SMB Rural, César Leyva Camacho de Impulsando Desarrollo

en Angostura, José Antonio Rocha de SMB Biocafé, Adán Noé Ocampo Mendieta de

SMB Morelos, Martín Belmont de Credimich, Carlos Razura de Ixtlán del Río SOFINCO

y José Antonio Ortega Carbajal del Organismo de Integración (INTEGRA).

La última mesa de análisis abordó el tema de la Ley Ficrea y sus implicaciones en la

inclusión financiera. A partir de la presentación de los ejes centrales de esta

iniciativa, se trazó un panorama más amplio sobre las consecuencias de ésta para el

campo y las zonas rurales.

Dentro de los cambios a la Ley de Ahorro y Crédito Popular se encuentran:

Desaparición del capítulo rural y, por ende, de las sociedades financieras

comunitarias y sus organismos de integración.

Elimina la supervisión auxiliar y obliga a la transformación de las sociedades

financieras comunitarias en sociedades financieras populares.

Otorga poder discrecional a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual

tiene un impacto directo en la inseguridad jurídica de las sociedades financieras.

No modifica los sistemas de supervisión para controlar riesgos.

No protege el interés público de los sectores vulnerables y favorece a las grandes

instituciones.

Rumbo al cierre del evento, se esbozaron las siguientes propuestas para evitar el impacto

negativo de esta ley en la vida de las familias rurales e indígenas:

Reforzar la Supervisión Auxiliar permitiendo que los Organismos de Integración

Financiera lo hagan con sus socios.

Fortalecer a las SOFINCO y OIFR en sus procesos de supervisión

Participar en los medios de pago

Tratamiento fiscal acorde a las zonas donde trabajamos de alta y muy alta marginalidad:

reconocer un porcentaje de gastos deducibles y permitir capitalizar utilidades en un

capital comunitario.

Diferenciar bien SOFIPOS de SOFINCOS

Reconocimiento de la SOFINCO en su rol para la inclusión financiera a partir de la

vinculación de esta figura con los programas de apoyo para los pequeños productores.

Apoyo para la creación de programas de recursos humanos dentro de las cooperativas y

las sociedades financieras.

Las modificaciones a la Ley Ficrea dibujan cuatro posibles escenarios para defender la

existencia de estas sociedades financieras comunitarias:

a) Unificación de las SOFINCO a nivel de control, operaciones y organización.

b) Incorporación de las SOFINCO a los organismos de integración financiera

c) Solicitar apoyo de algunos senadores para que la CNBV emita la reglamentación

adecuada

d) Buscar el diálogo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para evitar la

aprobación de la Ley Ficrea