en clave republicana

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ÍNDICE

1. Banca Pública: Una banca de los ciudadanos para los ciudadanos

2

2. Despidos y beneficios en tiempo de crisis 6

3. Pensiones y reforma laboral: No más pasos atrás. 13

4. Recortes injustos, democracia cuestionada 16

5. Los republicanos ante la crisis: Es el momento 19

6. Reforma despótica 26


1 BANCA PÚBLICA: UNA BANCA DE LOS CIUDADANOS Y PARA LOS

CIUDADANOS.

Junio 2009

La actual crisis económica, cuyos primeros síntomas vinieron precedidos de las

otrora famosas hipotecas subprime, con la serie de consecuencias que

trasladaron sus efectos a todos los puntos del globo, dio lugar a que de manera

incipiente se planteara el debate sobre la necesidad de que renaciese la

banca pública. Desde diversos sectores de la política y la economía se

reclamaba la actuación de una banca pública sin los excesos y defectos de la

banca privada tanto comercial como de inversión.

Sin embargo, en gran parte del mundo occidental, y particularmente en

nuestro país, esa banca pública que había llegado a jugar un papel notable en

el sistema financiero en tiempos recientes (todavía en los años noventa suponía

un porcentaje del 15% del volumen de créditos concedidos en España) fue

desapareciendo sin que nadie llorase su pérdida. De hecho, para la banca

privada fue un alivio el que desapareciese un competidor. La Corporación

Bancaria Argentaria fue privatizada pasando a formar parte del BBVA, e

incluso, más recientemente el banco alemán Deutsche Bank se hizo con la red

que en su día poseía la Caja Postal en las oficinas de correos. La única

presencia testimonial en nuestros días es la del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Incluso en este caso, el ICO ha de utilizar los canales de la banca privada para

poder articular sus líneas de ayuda a diversos sectores de la economía.

El debate alcanzó cierta notoriedad hasta el momento en el que los gobiernos

de los países occidentales empezaron a inyectar cantidades ingentes de

dinero en los bancos que corrían mayores riesgos fruto de unas políticas

especulativas que se han demostraron absolutamente nefastas y perniciosas


para la economía en general y para los más humildes en particular. El dinero de

todos se puso al servicio de unos pocos. El objetivo declarado por los gobiernos

era el de insuflar liquidez a la economía pero esa liquidez no ha alcanzado a

quien más la podía necesitar: las familias endeudadas, las empresas pequeñas

y medianas,…

En ciertos ámbitos, a la vista de la magnitud de esta intervención estatal en las

instituciones financieras se llegó a plantear la posibilidad de una

nacionalización pero finalmente todo se fue diluyendo para la mayor

tranquilidad de los grandes accionistas y ejecutivos de la banca, que en ningún

caso han tenido que responder en los tribunales por una gestión que roza lo

delictivo.

En España, el Presidente del Gobierno, cercenó cualquier veleidad al declarar

el pasado mes de octubre que “no queremos crear banca pública ni sustituir al

mercado”. El sacrosanto mercado es intocable para nuestro gobierno y para el

principal partido de la oposición.

Desde Izquierda Republica consideramos que una banca pública sí tiene una

razón de existir y que la actual coyuntura hace necesaria su presencia y

actuación en unos parámetros distintos a aquellos en los que existió hasta hace

unos años. En este documento pretendemos lanzar algunas propuestas de

cómo puede ser esa banca pública en la España del siglo XXI.

En los últimos años se ha ido dando por sentado que las funciones y servicios

financieros han de ser guiadas por la mano del libre mercado que, como

hemos visto, de libre tiene bastante poco. Está dinámica ha conducido a una

sofisticación de los productos financieros que buscaban la especulación pura y

dura para alcanzar beneficios enormes para unos pocos en cortísimos plazos

de tiempo. Los modernos gurús y sacerdotes de las finanzas predicaban la


buena nueva del crecimiento ilimitado de las ganancias sin reparar en que las

burbujas terminan explotando.

Sin embargo, los republicanos de IR planteamos que los servicios financieros

han de cumplir una función social en diversas áreas muy sensibles para los

ciudadanos. En particular, en el caso de España, el derecho a la vivienda está

reconocido constitucionalmente. Por ello, la financiación de estas operaciones

no puede responder únicamente a criterios de mercado y maximización del

beneficio. La financiación de la vivienda habitual es un campo en el que la

banca pública puede y debe desarrollar una labor absolutamente necesaria

sin buscar el atar a los clientes a modernas esclavitudes de por vida. Los criterios

de concesión de préstamos hipotecarios y las condiciones de su devolución no

pueden ser en la banca pública tan leoninos como lo están siendo

actualmente. Particularmente, la nueva banca pública ha de tener en cuenta

a los colectivos con mayores dificultades para el acceso a la vivienda como es

el caso de los jóvenes o los inmigrantes.

Por otro lado, una banca pública tendrá que prestar su apoyo decidido a los

proyectos empresariales productivos, creadores de empleo y de riqueza real y

a largo plazo, que en muchos casos están siendo obviados por bancos y cajas

para perseguir fáciles ganancias en operaciones inmobiliarias, energéticas o

financieras de dudosa moralidad en algunos casos y cuyas bondades no

alcanzan a la mayoría de la sociedad. El fomento de iniciativas de desarrollo

sostenible es otro de los campos donde la pública habrá de jugar un papel

notable. Asimismo, la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e

innovación no pueden quedar en manos de la banca privada únicamente, ya

que ello supondría que aquellas propuestas que no tengan un inmediato

retorno pecuniario carecerían de apoyo financiero para su desarrollo.


Se trata, en definitiva, de que la banca pública se haga a cargo de hacer

llegar financiación a distintas áreas de la economía con un interés social

evidente, y que actualmente no reciben un tratamiento adecuado por parte

de bancos y cajas, ni parece que lo vayan a recibir teniendo en cuenta su

actual dinámica de funcionamiento.

Desde Izquierda Republicana queremos añadir un matiz nuevo a la banca

pública que hemos descrito anteriormente. Se trata de la participación

ciudadana. No estamos hablando de recuperar una banca pública en manos

exclusivamente técnicas que pueda reproducir los defectos de la privada. Hay

que buscar vías e instrumentos que permitan a los ciudadanos ser participes de

las decisiones y líneas de actuación de las entidades financieras públicas.

En este sentido, hay tener presente la fallida experiencia que suponen las cajas

de ahorro. La participación de los impositores en sus órganos de gobierno y

control es puramente formal y se ha terminado traduciendo en un reparto de

poder entre los partidos políticos mayoritarios y en una instrumentalización

mutua entre los altos cargos de las cajas de ahorro y el poder político territorial.

Estos vicios afectan a la adopción de decisiones tanto en los aspectos

puramente financieros de estas entidades como a la obra social y cultural que

desempeñan.

En conclusión, Izquierda Republicana reivindica una nueva banca pública con

una clara visión de la función social de su actividad, que busque la creación de

empleo y riqueza real impulsando a los sectores económicos marginados por el

mercado financiero mediante la existencia de mecanismos de efectiva

participación ciudadana en sus órganos de gobierno. La banca pública habrá

de ser una banca de los ciudadanos y para los ciudadanos.


2

DESPIDOS Y BENEFICIOS EN TIEMPO DE CRISIS

Noviembre 2009

Propuesta de la Agrupación Local de IR de Alicante que recoge la Comisión de

Economía y Mundo Laboral.

Para realizar propuestas que interesen a la mayoría de los ciudadanos y tras el

informe que realizó nuestra Comisión de Economía y Mundo Laboral sobre la

Banca Pública -publicado en el boletín Nº 47, págs 4 y 5- en el que detallamos

el papel que para los republicanos de IR debe cumplir dicha Banca, hemos

abierto un debate sobre la facilidad con la que se está despidiendo,

injustamente, a muchos trabajadores y lo que supone para esas familias. El final

de este debate debe ser un conjunto de normas que defiendan al trabajador

cuando una empresa rentable decida arbitrariamente su despido.

Es algo que creemos de Justicia y nadie está intentando solucionarlo.

Obviamente cualquier opinión o sugerencia no sólo será bienvenida sino que

para nosotros es fundamental. Este es el objetivo de esta nueva sección

"Debate abierto".

Todos conocemos a personas que en la situación de crisis que vivimos han sido

despedidas. Es cierto que si una empresa ve disminuidos sus ingresos durante un

período medio de tiempo, deberá hacer ajustes pues en caso contrario incluso

podría verse en peligro su continuidad. Que en estos ajustes se pierda algún

puesto de trabajo es triste, pero asumible.

En estos casos además de una cobertura económica por parte del Estado, se

debe acompañar una formación adecuada que facilite la reincorporación al

mercado laboral de las personas afectadas.


Esto es lógico y razonable. Pero lo que no es ni una cosa ni otra es el despedir

trabajadores por parte de empresas que no disminuyen sus ingresos y que se

aprovechan de la crisis para realizar despidos que en otra situación serían

absolutamente implanteables. Y lamentablemente este tipo de casos afectan

a un montón de familias y nadie hace nada para evitarlo.

Los poderes públicos lo consideran algo así como una tragedia inevitable y no

es eso. Se podría evitar con una legislación adecuada y que velara por el

interés de la mayoría, que somos los que trabajamos por cuenta ajena.

Las dos líneas generales de la propuesta que estamos debatiendo actualmente

son:

I - Imposibilidad de despido improcedente cuando los resultados económicos

sean positivos y similares a los de ejercicios anteriores.

II - Reubicación del empleado en otros puestos "rentables" de la empresa

mediante la formación profesional necesaria.

Hay países en el norte de Europa donde existe algo similar. En España hay

ciertos Colegios Oficiales que en ocasiones impiden el despido y la

contratación de otro trabajador para ese puesto… ¿Qué opinas? Esperamos

tus comentarios

En nuestro siguiente boletín, contando con todas las opiniones recibidas, te

detallaremos nuestras soluciones.

Para una adecuada comprensión de la situación actual en relación con los

despidos que se están produciendo actualmente en las empresas relacionados

con la crisis económica, el punto de partida no puede ser otro que el análisis de

la normativa básica que regula las relaciones laborales, que no es otra que el

Estatuto de los Trabajadores.


En principio el artículo 49.1.l) establece que el contrato de trabajo podrá

extinguirse por “causas objetivas legalmente procedentes”. Esto debe ser

puesto en relación con lo previsto en el artículo 52.c):

“El contrato podrá extinguirse: (…)

c) Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos

de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y

en número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto, el empresario

acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a

la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas,

organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el

buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el

mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización

de los recursos.

Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la

empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.”

Finalmente, el artículo 51.1, referido al despido colectivo establece lo siguiente:

“A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido

colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas,

técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un período de noventa

días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que

ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más

trabajadores.


Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo

cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son

económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si

son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de

la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada

organización de los recursos.”

Para finalizar esta introducción hay que apuntar que en caso de despido

improcedente, el trabajador no tiene la facultad de poder reincorporarse a su

puesto de trabajo si no que la opción es ejercitada por la empresa entre la

reincorporación o la indemnización. Todo ello da lugar a que podamos hablar

de un despido libre con indemnización.

No conviene olvidar por otro lado, que, aunque el Estatuto de los Trabajadores

contenga una serie de previsiones acerca de la necesidad de que las

empresas justifiquen la situación económica negativa, la jurisprudencia ha

cambiado notablemente a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de

junio de 2008. Desde entonces se ha facilitado la acreditación de las

circunstancias que dan lugar a los despidos por causas económicas.

Simplemente hay que acreditar la existencia de pérdidas cuantiosas y

continuadas que presuman que la amortización de puestos de trabajo

contribuirá a la superación de la situación.

Desde el comienzo de la crisis económica que ahora nos azota hemos asistido

a un goteo cada vez más intenso en la destrucción de empleo por parte de las

empresas tratando de mantener sus cuentas de resultados.

En España, uno de los mecanismos más utilizados ha sido la no renovación de

los diversos tipos de contratos temporales cada vez más precarios. Una fórmula

ágil y barata para los empresarios que recurrieron a este tipo de contratación


con las bendiciones de los gobiernos. Es una forma de mejorar las estadísticas

del paro y el empresario se ahorra costes sociales y futuras indemnizaciones.

Evidentemente, todo confluye en aumentar los beneficios.

No obstante, no podemos decir que estos privilegios sean nada nuevo en la

historia de las relaciones laborales en nuestro país. Históricamente se ha

facilitado a las empresas la realización de ajustes en la plantilla de trabajadores

en cuanto las cuentas de resultados lucían unos resultados menos lustrosos.

Si se consulta la hemeroteca podemos comprobar como en cada momento

de crisis o apreturas económicas la destrucción de empleo ha sido la principal

herramienta utilizada por las empresas: Crisis del petróleo de 1973 y 1979,

reconversión industrial en los años 80, “crash” tecnológico y bursátil en los

noventa,… A todo ello ha contribuido de manera destacada las llamadas

políticas de competitividad de la Unión Europea.

Las formulas han sido diversas: Expedientes de regulación de empleo (EREs),

prejubilaciones, despidos individuales… El interés empresarial cada vez ha sido

más poderoso y los controles externos han ido disminuyendo hasta convertirse

en una mera formalidad. Hemos llegado a nuestros días con una flexibilidad

casi absoluta tanto en la entrada como en la salida de trabajadores del

mercado laboral. Poco a poco, se ha transformado el empleo estable y con

derechos laborales por un empleo precario y sin derechos, llegando a sustituir

las relaciones laborales por relaciones comerciales (contratos mercantiles, falsos

autónomos).

Es por ello que no nos debe extrañar que actualmente nos encontremos con

despidos en empresas que muestran beneficios en su contabilidad. Pueden

revestir la forma de despidos individuales o de despidos colectivos (EREs y otros

similares).


¿Qué planteamos desde Izquierda Republicana?

Los republicanos de IR nos oponemos de forma tajante a que la masa salarial

sea la que cargue con los costes sociales de la crisis. Estamos ante una crisis del

propio sistema con un claro origen financiero. Además entendemos que los

sacrificios de los trabajadores tanto en términos de pérdida de empleo como

de congelaciones o reducciones salariales no van a ser la puerta de salida de

esta situación sino que contribuirá a que ahondemos cada vez más en ella.

Proponemos una modificación normativa inmediata que se debe reflejar en el

Estatuto de los Trabajadores. Se prohibirán los despidos por causas económicas

en empresas que tengan beneficios en sus últimos resultados presentados.

En el caso de empresas con pérdidas en el último ejercicio pero con resultados

positivos en los tres anteriores se establecerán limitaciones en cuanto al

porcentaje de posibles despidos en función del tamaño de la plantilla y de la

cuantía de las pérdidas en último ejercicio.

Se reforzaran los mecanismos de acreditación de las circunstancias

económicas que puedan dar lugar a los despidos incluyendo los controles

externos que deberán correr a cargo de comisiones mixtas con la participación

de representantes de los trabajadores, de la empresa y de los servicios públicos

de empleo cuyo dictamen será vinculante.

Por otra parte, en los casos de despidos improcedentes, la posibilidad de

elección entre reincorporación del trabajador o indemnización no será

facultad de la empresa sino que deberá decidir el Juzgado de lo Social

correspondiente habiendo escuchado las alegaciones de empresario y

trabajador. En determinados casos la reincorporación podrá ir ligada al

compromiso del trabajador y la empresa de recibir una formación que permita


a aquel reubicarse en otro puesto de trabajo más adecuado a los intereses del

empresario.

No nos olvidamos de que el marco socio-económico en el que España se sitúa

es el de la Unión Europea. En este sentido, es evidente que desde este marco,

los contenidos sociales y singularmente las relaciones laborales no han sido

nunca una prioridad. Los aspectos mercantiles y financieros siempre han ido

muy por delante buscando siempre la mayor flexibilización del empleo para

favorecer una falsa competitividad de los productos europeos en los mercados

mundiales a costa del sacrificio de los trabajadores. Por ello, después de 52

años de andadura, las instituciones europeas han de reorientarse en un sentido

social que garantice para sus ciudadanos unas condiciones dignas en sus

puestos trabajo incluyendo la prohibición de despidos en empresas con

beneficios.

Se trata en definitiva, de recuperar para los trabajadores unos espacios de

derechos que nunca debieron de perderse en nombre de una modernización y

una competitividad que en el contexto actual de crisis han mostrado su

verdadera y desagradable cara. La situación actual, tal y como ya se

apuntaba en nuestro anterior documento sobre Banca Pública, viene a

cuestionar al capitalismo como sistema económico que pueda permitir a la

humanidad progresar de una forma digna y sostenible. Hay que ir buscando

alternativas sobre todo a través de una mayor participación pública en la

economía y en las relaciones laborales. El Estado, con la participación de unos

ciudadanos implicados puede y debe tener un papel notable en la

configuración de lo que debería ser un nuevo sistema socioeconómico que

todavía está por definir.

Desde Izquierda Republicana vamos a seguir trabajando en nuevas propuestas

en ese sentido.


3 PENSIONES Y REFORMA LABORAL:

NO MÁS PASOS ATRÁS

Febrero 2010 En las últimas semanas, la excusa de la crisis económica y sus funestas

consecuencias tanto en el terreno laboral como económico ha servido de

cobertura para que desde el neoliberalismo triunfante se exijan mayores

sacrificios a la clase trabajadora. Hablan de ajuste utilizando su piadoso

lenguaje pero de lo que se trata es de que la mayoría de los ciudadanos, que

no se benefició de las sucesivas burbujas financieras, tenga que apechar con

las consecuencias de los excesos. De momento ya se esta viendo la crudeza

de esos ajustes en forma de incremento desorbitado del paro, que ya supera la

cifra de cuatro millones de personas en nuestro país.

Pero los sacerdotes de la religión capitalista no se conforman. El

presidente del gobierno acudió a la cumbre de Davos y volvió con el encargo

de seguir recortando el gasto público con la amenaza de que si no cumplía, la

deuda española encontraría dificultades para ser financiada en los mercados

especulativos. De este modo, nos encontramos con la propuesta de retrasar la

edad de jubilación hasta los 67 años, el aumento del periodo de cálculo de las

pensiones, un recorte del gasto público por importe de 50.000 millones de euros

y una reforma laboral cuyo calado no se acaba de perfilar pero que

indudablemente supondrá un recorte en los derechos de los trabajadores.

En la propuesta sobre las pensiones se han alegado una serie de motivos

demográficos y de sostenibilidad del sistema que son bastante discutibles

teniendo en cuenta hasta hace escasas fechas, desde el gobierno se nos

aseguraba la gran fortaleza del sistema de Seguridad Social (superávit, Fondo

de Reserva…) que garantizaba las pensiones. Estos bandazos dan a entender


claramente que a los ciudadanos se les miente según conviene y no se le

aportan los datos que les permitan tener un juicio adecuado sobre cuestiones

importantes para sus vidas. Evidentemente se debe asegurar el sostenimiento

del sistema de pensiones actual basado en la solidaridad intergeneracional y

es probable que haya que ajustarlo a las nuevas expectativas en cuanto a

esperanza de vida o evolución de la población activa pero también hay que

apuntar que las pensiones pueden ser financiadas por otras vías que no sean

las cotizaciones sociales. Por otra parte, detrás de este cuestionamiento del

sistema público subyace el propósito nada oculto de fomentar los fondos

privados de pensiones con los que los mercados financieros engrasan su

maquinaria especulativa con resultados nefastos en muchas ocasiones para los

ciudadanos que los contratan.

En cuanto a la reforma laboral, ya apuntábamos en nuestro documento

sobre despidos y beneficios, que esta expresión es la forma amable de llamar al

abaratamiento del despido y al recorte de derechos laborales. Con la

globalización, es sumamente fácil para muchas empresas trasladar su

producción a los países más dispuestos a rebajar los derechos de los

trabajadores y el uso de esa presión les facilita la consecución de mayores

beneficios a costa de la reducción de los salarios. Los sindicatos mayoritarios

deben abandonar sus tibias posiciones al amparo de las subvenciones públicas

para cumplir el papel que se supone que deben cumplir frente a la ofensiva de

las grandes organizaciones empresariales.

Por lo que se refiere a los recortes en el gasto público, es claro que desde

las Administraciones Públicas se debe ejemplificar y proceder con la mayor

austeridad y rigor pero todo ello teniendo en cuenta que el gasto social es en

este momento más necesario que nunca. En este aspecto, no podemos dejar

de criticar como republicanos la opacidad y despilfarro que caracterizan las

cuentas de la casa real. No hay que olvidar las posibilidades de aumentar los


ingresos públicos mediante un sistema tributario verdaderamente progresivo y

un decidido esfuerzo para combatir de forma efectiva el fraude fiscal.

Después del anuncio de estas medidas, se ha levantado una notable

oposición tanto política como social y el gobierno, aparentemente, ha

comenzado a titubear. Pero los ciudadanos no podemos dejarnos engañar. Los

mercados van a seguir utilizando todos los medios a su alcance para conseguir

sus fines. Al igual que amenazaron con el colapso financiero si no se aportaba

dinero público a los bancos, ahora toca profetizar terribles desastres si no se

recortan los derechos sociales. Para ello se sirven de numerosos “expertos” que

desde sus tribunas ilustran y justifican sus exigencias. Todo ello es ejecutado por

unos gobiernos incapaces de mantener las convicciones por las que han sido

elegidos por los ciudadanos. En el caso de España, nos encontramos con un

gobierno socialista que, pretendiendo ser de izquierdas, no duda en ejecutar

políticas neoliberales como lo hizo en su día el Partido Popular.

El chantaje es permanente en el sistema capitalista. Si los ciudadanos,

asustados, seguimos dando pasos para atrás en la defensa de nuestros

derechos terminaremos cayendo al precipicio. No debemos de pensar de

modo egoísta buscando soluciones individuales a costa de la desgracia de los

otros. Estaremos haciendo el juego al sistema y los que piensen que se han

librado terminaran siendo igualmente víctimas de la exclusión social.

Desde Izquierda Republicana pensamos que esta crisis nos da la

oportunidad de elegir, de salir de unas dinámicas perversas cuyos efectos

estamos viviendo día a día en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros

vecinos… No podemos permitir que nuestro futuro se decida en las mesas de

unos poderosos a los que no hemos elegido. Este sistema está agotado y es

cada vez más cruel con los más débiles; demos un paso al frente en dirección

a otro futuro más justo, más libre y más solidario.


4 RECORTES INJUSTOS, DEMOCRACIA CUESTIONADA

Mayo 2010

El anuncio de recortes en el gasto público efectuado ayer por parte del

Presidente del Gobierno viene a suponer la confirmación de la victoria absoluta

de las tesis neoliberales en nuestro país apoyándose en las instituciones

financieras internacionales (como el FMI y los mercados de deuda) así como en

los mensajes enviados desde la Unión Europea. Es evidente que el gobierno

español ha cedido de forma irresponsable y se ha sumado al carro de los que

cargan el peso de la crisis en los sectores más débiles de la sociedad mientras

que los beneficiarios de las sucesivas burbujas permanecen a salvo de

cualquier inquietud.

Injusto es el recorte de los salarios de los empleados públicos en una

media del 5% cuando hasta hace sólo unos meses se nos decía que se

mantendría su poder adquisitivo y que ni siquiera se planteaba la congelación

salarial. Hacen mal algunos sectores sociales en alegrarse de este recorte

puesto que se trata de un medida ejemplificadora y muchos empresarios van a

disponer de una referencia en su negociación al ver el comportamiento del

gobierno con sus empleados. Eso por no hablar de los efectos que pueda tener

esta disminución de ingresos de muchas familias en el crecimiento económico

y en la recaudación fiscal.

También supone una grave injusticia el hecho de que la mayor parte de

las pensiones de nuestros mayores no vayan a ser actualizadas de acuerdo con

el incremento del IPC. Se trata de un sector con graves dificultades


económicas debido a que la mayor parte de las pensiones son de cuantías

ínfimas teniendo que soportar estrecheces para llegar a fin de mes.

Injusto es que se retire tras escasos años de aplicación el llamado

“cheque-bebé”, una de las pocas medidas, ya de por si bastante insuficiente,

de ayuda a las familias. Su implantación de modo lineal, otorgando la misma

ayuda sin atender a los ingresos ya fue errónea pero el gobierno vuelve a

equivocarse en su eliminación para todas las madres.

Finalmente, se remata la injusticia haciendo recaer los recortes del gasto

público en los beneficiarios de la Ley de la Dependencia, aun

insuficientemente implantada.

El gobierno socialista ha optado por las recetas más fáciles servidas por

las cocinas del neoliberalismo. Todo para “tranquilizar” a unos mercados cuya

voracidad es insaciable, lo que supone que los recortes muy probablemente no

se quedarán ahí. Es fácil que próximamente volvamos a escuchar amenazas

respecto a las pensiones y que se articule una reforma laboral gravemente

perjudicial para los intereses de los trabajadores.

Nada se ha concretado con respecto a la posibilidad de elevar los

ingresos de las arcas públicas mediante una persecución decidida del elevado

fraude fiscal, la elevación de los tramos del IRPF de las rentas más altas, la

recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio,… entre otras posibles medidas.

Parece que nos quiere molestar a las grandes empresas y fortunas que con crisis

o sin ella siguen mostrando cuantiosos beneficios.

Llama la atención el contraste entre la generosidad del gobierno con

bancos y cajas cuando estos se vieron apurados por sus pésimas decisiones

inversoras hace escasos meses con el rigor que se aplica a una gran parte de


los ciudadanos que no tuvieron ninguna culpa de la incubación de la actual

crisis.

Por otra parte, parece claro que en lo que respecta a las políticas

económicas, los españoles no somos soberanos a la hora de tomar decisiones.

Los mandatarios de la UE, EEUU y las instituciones financieras internacionales son

las que marcan su particular modo de que salgamos de la crisis. Ni nuestro

gobierno ni el parlamento, fruto de la voluntad popular, parecen tener margen

de maniobra. Los ciudadanos debemos cuestionarnos si lo que vivimos en

España es una democracia real o virtual. Nuestro gobierno no puede ser el

títere de intereses particulares de grandes empresas, fondos de inversiones,

bancos,…

Reiteramos desde Izquierda Republicana la necesidad de buscar un

nuevo modelo económico y social alternativo que supere el actual sistema

capitalista. Esta no es una crisis más. Revela las graves carencias del

capitalismo para responder a las demandas de la sociedad. Sus recetas van en

el camino de empobrecer a la gran mayoría de los ciudadanos y abrir un

abismo social cuyas repercusiones pueden ser muy graves.

Asimismo queremos insistir en que las decisiones sobre políticas

económicas no pueden quedar en manos de organismos e instituciones no

elegidos por los ciudadanos y cuya presunta independencia es bastante

cuestionable a la luz de su actuación en esta crisis.

Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana

Mayo de 2010


5

LOS REPUBLICANOS ANTE LA CRISIS:

ES EL MOMENTO

Septiembre de 2010

En el momento en el que se escriben estas líneas, la angustiosa situación de los

mineros chilenos ha vuelto a recuperar un cierto protagonismo en los titulares

de los informativos televisivos, así como en las portadas de la prensa debido la

favorable evolución de los trabajos de rescate. Desde aquí vayan nuestros

mejores deseos de una pronta reunión con sus familias.

Pero el análisis de este episodio particular nos interesa no tanto como

siniestro laboral sino como ilustración de las múltiples paradojas,

contradicciones y crueldades que supone el sistema capitalista en el mundo en

el que vivimos y en la forma en la que los humanos percibimos lo que sucede

en ese mundo.

Evidentemente, no se pueden criticar los loables esfuerzos que las

autoridades chilenas están realizando para salvar la vida de los 33 trabajadores

de la mina San José. Incluso se ha recurrido a una compleja y costosísima

tecnología alemana junto con la ayuda de la Agencia espacial

estadounidense (NASA).

El problema es que al mismo tiempo que se utilizan los más modernos

artefactos y técnicas de perforación para rescatar a estos mineros, a muy

escasa distancia muchos compañeros de profesión continúan trabajando en

condiciones de inseguridad equivalentes a las que derivaron en siniestro que


nos ocupa, pero de eso nos hablan los principales medios de comunicación y

persuasión (me permito tomar prestada esta certera expresión del profesor

Vicenç Navarro) de nuestras acomodadas sociedades occidentales capitales.

Es muy bonito hablar de la epopeya del rescate y de diversos detalles

anecdóticos (nacimiento de la hija de uno los atrapados, regalos por parte de

estrellas del deporte, entrega de videoconsolas…) que, en el fondo, sirven para

tapar la extrema dureza de las condiciones de trabajo de miles de seres

humanos que se juegan su vida literalmente para arrancar esos recursos

naturales que el sistema necesita ir depredando para que nuestras sociedades

funcionen del modo que nos dicen que necesitamos.

Al mismo tiempo, con esos recursos extraídos se engrasan los mercados

de materias primas en los que unos pocos se lucran de forma indecente en el

casino de la especulación, abierto 24 horas todos los días del año. Las

consecuencias de ese juego no son nada inocentes: los débiles siempre

pierden, los que tiene mucho siempre ganan. Esta es otra de las realidades que

pasan desapercibidas para el ciudadano corriente, pero esta ahí presente en

toda su crudeza. Los movimientos especulativos que se esconden detrás de las

frías páginas de color salmón de los diarios económico se traducen en hambre

física y real de personas de carne y hueso.

Hace pocos días se conocía la noticia de que una conocida productora

de contenidos audiovisuales (Endemol) se encuentra en la fase de

preproducción de una serie de televisión sobre la circunstancias de este

rescate…¡que todavía no se ha producido y que con suerte acontecerá en el

mes de noviembre!. Verdaderamente tremendo. Toda la tragedia, sufrimiento e

incertidumbre de unos trabajadores y sus familias reducidos a unas horas

escasas de televisión en prime time, esperando que las audiencias respondan

para que se produzca el correspondiente dividendo publicitario.


Dejamos el episodio de los mineros chilenos, extrayendo las oportunas

conclusiones para centrarnos en nuestro tema de portada: La crisis económica

que nos azota desde hace más de dos años y el papel que desde un partido

de republicanos de izquierda podemos jugar en su superación.

Se ha admitido convencionalmente que la quiebra de Lehman Brothers

es el momento inicial de la crisis si es que atendemos a lo que nos cuentan en

la versión “oficial”: Se trata de un colapso financiero de la burbuja inmobiliaria

que, por sus extraordinarias dimensiones, ha terminado por afectar a la

economía real con sus nefastas y consabidas consecuencias de paro,

empobrecimiento de las clases medias y bajas, insostenibilidad del gasto

público, etc.…

A lo largo de estos dos últimos años, desde la Comisión de Economía y

Mundo Laboral de Izquierda Republicana hemos ido realizando diversas

propuestas y anticipando lo que se venía encima: Banca pública, reforma

laboral, pensiones, recortes del estado social… Es claro que como una primera

línea a seguir, hay que tratar de preservar el escaso Estado de bienestar que en

España hemos alcanzado tan recientemente a costa de la lucha y el sacrificio

de muchos de los que nos precedieron.

En este sentido, entendemos y apoyamos la convocatoria de huelga

general para el próximo día 29 de septiembre efectuada por los sindicatos tras

la ruptura del dialogo social y la aprobación en las Cortes de un reforma

laboral sumamente perjudicial para los intereses de los trabajadores en España.

Una reforma, cuyo verdadero fin es cumplir con las indicaciones de organismos

internacionales al servicio de políticas neoliberales. Desde luego, no es la

reforma que necesitan los más de cuatro millones de personas que sufren la

tragedia social y personal del paro; y tampoco va a beneficiar a los

afortunados que conservan su empleo.


No obstante, en muchos de nuestros documentos ya apuntábamos que

lo que está sucediendo viene determinado por la incapacidad del capitalismo

para procurar una vida digna a la mayoría de los ciudadanos. Esta no es una

crisis más del sistema, es la crisis del sistema capitalista como forma de

organización económica y social del mundo. Esbozábamos muchas de sus

carencias el principio de este artículo al analizar la situación de los mineros

chilenos atrapados.

Pero las políticas neoliberales y sus defensores en todas las escalas del

poder político, social, económico y mediático no van a renunciar fácilmente a

su privilegiada posición. De hecho están fuertemente armados para lo que se

pueda venir encima y están jugando al ataque con una ofensiva en todas las

líneas.

No tenemos más que abrir el periódico en las últimas semanas y ver

todos los gobiernos occidentales esforzándose como aplicados alumnos en

cumplir los dictados de los mercados en cuanto a los recortes de gasto público.

La tijera es la herramienta de moda y no hace ascos a ninguna de las

conquistas sociales: Seguridad Social, sanidad, educación, pensiones, derechos

laborales y sindicales, infraestructuras… Todo lo que haga falta con tal de

mantener contentos a los auténticos amos de nuestro mundo.

Resultaría cómico sino fuese siniestro el hecho de ver a toda una ministra

de economía de un país europeo como España mendigar el favor de

instituciones financieras, agencias de calificación y prensa anglosajona

especializada. O sea, los mismos que atizan las sucesivas burbujas cuyo estallido

envía a la exclusión social y económica a millones de ciudadanos mediante

sencillos clic en un ordenador. También resulta chocante, por ejemplo, ver

como se celebra la colocación de deuda pública española en los mercados

por debajo de determinado diferencial como si fuese alguno de los éxitos de

nuestros deportistas.


¿Es este el mundo que queremos? La respuesta debería ser no, pero no es

menos cierto que una gran mayoría de la población actúa como si quisiera

que esta situación se mantenga en la medida en la que su bienestar personal

no se vea afectado. Aquí esta el gran meollo de la cuestión y el nudo gordiano

que la fuerzas de izquierda transformadora tenemos que abordar. Y hasta

ahora, hemos de confesar que no hemos sabido hacerlo.

Podemos llegar al ciudadano inquieto que se informa y no se deforma

por los medios de persuasión pero el problema lo tenemos cuando nos

enfrentamos al mero cliente-consumidor-usuario-espectador, cuya felicidad (o

sucedáneo) consiste en poseer bienes materiales sin importar el dónde y el

cómo se obtienen puesto que el sistema le hace ver el mundo de esa manera.

Es difícil encontrar sensibilidad hacia el sostenimiento de los servicios públicos en

aquel que considera que los puede obtener mediante sus recursos privados sin

mayor problema. Es cierto que este tipo de personas asumen un engaño

puesto que nadie esta libre de situaciones que mermen sus capacidades

económicas hasta el extremo de requerir el auxilio de los derechos sociales que

en otro momento desdeñaba.

Como republicanos de izquierdas tenemos la misión de dotar a los

ciudadanos de las herramientas de información y formación que les permitan

afrontar los cambios que se avecinan en la coyuntura de transito del

capitalismo hacia una nueva forma de organizar y entender el mundo. Hay

que recuperar al ciudadano como parte activa de los procesos de toma de

decisiones. Son décadas las empleadas en ir apartando a la ciudadanía de los

asuntos que le conciernen y hay que reconocer que el capitalismo lo ha hecho

muy bien porque ha contado con mucho tiempo y recursos para conseguir sus

objetivos. Es un proceso difícil, que exige incontables dosis de constancia frente

a la incomprensión del mensaje que transmitimos pero se trata de un cambio

cultural, el más complejo de todos.


Hemos hablado de una forma nueva de organizar la sociedad y la

economía. La izquierda todavía no ha terminado de perfilar un discurso nítido y

fácil de comprender sobre la alternativa que pretendemos ofrecer. Es una

desventaja notable puesto que no hay mayor enemigo para el cambio que la

incertidumbre y aunque lo malo conocido es muy malo (y de continuar en la

misma dirección va a ser mucho peor) no es menos cierto que es lo conocido,

el entorno socioeconómico en el que se han movido durante generaciones

millones de personas.

Existen una serie de aspectos difusos que poco a poco se van abriendo

camino y ya se han elaborado algunas propuestas interesantes y bien

fundamentadas: decrecimiento, renta básica de ciudadanía, eliminación de

paraísos fiscales, fiscalidad verdaderamente progresiva, imposición sobre los

movimientos especulativos financieros, banca pública, los servicios sociales

como fuente de empleo, el buen vivir frente al vivir bien, la participación

ciudadana “real” en los asuntos públicos…

Gran parte de las mismas han contado y cuentan con nuestro apoyo y

compromiso como partido pero seguramente habremos de esforzarnos aún

más en la búsqueda de otros proyectos coherentes que permitan resolver los

interrogantes y problemas que se plantearán en la sociedad. Hay que

conseguir propuestas asequibles, coherentes y atrayentes.

Un aspecto fundamental será la difusión y explicación de todas esas

propuestas de futuro; hacer que lleguen a la mayor parte de la ciudadanía y

que esta pueda analizarlas y contrastarlas para que sean pulidas y mejoradas

con la aportación de todos. En ese empeño sabemos que tendremos viento

contrario procedente de los grandes conglomerados de comunicación que

ignoran sistemáticamente todo lo que ponga en cuestión el status quo

socioeconómico. Afortunadamente, disponemos de la herramienta de Internet

para alcanzar una divulgación notable.


Mucha es la tarea que nos queda por abordar porque estamos en los

albores de un cambio trascendental a todos los niveles. Como republicanos

pensamos que es el momento de hacer que esa evolución sea hacia un

mundo con más libertad, más igualdad y más fraternidad.


6 REFORMA DESPÓTICA

Septiembre 2011

Desde la Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda

Republicana llevamos tiempo denunciando que el capitalismo está en una

fase terminal como forma de organización social y económica, pero aquellos

que están al mando de los gobiernos, las finanzas y las grandes empresas se

han propuesto que muera matando y su víctima predilecta son los derechos

sociales y laborales de los ciudadanos.

En España lo hemos experimentado a través del incremento en la edad de

jubilación, la congelación de las pensiones, la reducción del sueldo de los

funcionarios públicos, una reforma laboral que facilita el despido y fomenta la

temporalidad y la precariedad en el empleo... Todas ellas medidas tomadas

por el gobierno autodenominado socialista en aras de incrementar la

confianza de los mercados, nombre que trata de ocultar a los especuladores y

rapiñadores de las arcas públicas. Los medios de intoxicación al servicio de

estos personajes han decidido que el mal supremo es lo público y

singularmente el estado de bienestar (bastante raquítico en nuestro país) y

utilizan toda las armas posibles desde la artillería pesada al navajeo infame

para acabar con su enemigo.

El ultimo episodio, por ahora, de esta desigual batalla, es la reforma

constitucional que en plan comida rápida han cocinado los partidos

mayoritarios para limitar el gasto publico. La indecencia de los partidos

dinásticos que dicen representarnos empieza a alcanzar cotas incompatibles

con la dignidad de los ciudadanos. Parece ser que lo principal es tranquilizar a


los insaciables mercados aunque sea tragándose el sapo de reformar

esa granítica constitución intocable hasta hace una semana.

Aunque la propia Constitución contempla la posibilidad de que esta reforma

sea sometida a referéndum si así lo demandan una décima parte de los

diputados o senadores, la composición actual de las cámaras fruto de la injusta

ley electoral que padecemos no permitirá que los ciudadanos puedan

pronunciarse acerca de esta trascendente medida. En la línea del más puro

despotismo ilustrado "todo para el pueblo pero sin el pueblo". Según el PSOE, la

convocatoria de un referéndum solo serviría para aumentar la incertidumbre

de los temerosos mercados. Al parecer las incertidumbres de los ciudadanos no

suponen especial preocupación para el partido del gobierno. En cuanto al

partido de la oposición aplaude con fervor una medida sobre la reclama su

indiscutible paternidad. El PP se frota las manos con el trabajo sucio que les está

haciendo Zapatero.

España ha vivido un sucedáneo de democracia desde 1978, ahora ya no

podemos hablar ni de sucedáneo. Se va a constitucionalizar una medida

injusta, absurda y que impide que el gasto público pueda financiar inversiones

a largo plazo que son imprescindibles para el adecuado funcionamiento de los

servicios públicos. Es una medida con consecuencias gravísimas para la vida

de los españoles y se quiere hacer sin un debate ciudadano, de forma

apresurada y al final de una legislatura moribunda.

Si los ciudadanos no reaccionamos ante esta situación, estaremos empezando

a perder nuestra dignidad para ser unos simples títeres en manos de déspotas

que deciden por nosotros. ¿Es lo que queremos?


Desde Izquierda Republicana tenemos claro que no, por lo que apoyamos la

recogida de firmas para pedir la celebración de un referéndum así como

las movilizaciones que se realicen en contra de esta reforma.

en clave republicana

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