el sexenio de la resistencialibertadyprotesta.org/wp-content/uploads/2018/12/el_sexenio_de_la... ·...
TRANSCRIPT
EL SEXENIO DE LA RESISTENCIA:
INFORME SOBRE LA PROTESTA SOCIAL
Y LA RESPUESTA ESTATAL 2012-2018
ÍND
ICE
A
C
E
B
D
F
Introducción• Nuestra Búsqueda • Historia • Sobre el presente documento
Violaciones a derechos humanos en contextos de protesta y detenciones arbitrarias• Abuso de la fuerza • Criminalización. Algunos procesos penales injustos •Lista de casos monitoreados
Narrativa contra la protesta
Los rostros de laresistencia• Jóvenes y Estudiantes • Movimiento magisterial (Reforma Educativa) • Ayotzinapa • Feministas • Defensa de la Tierra • Mexicali Resiste • Movimiento por Nuestros Desaparecidos
Legislaciones contra la protesta•Recursos legales contra legislaciones • Buena práctica: el Protocolo de de actuación policial de la SSPCDMX para la protección a personas en contextos de manifestaciones
Pendientes• Reconocer la protesta como un derecho y como un mecanismo de participación. • Derogar tipos penales • Legislaciones que partan de la protección a las personas en manifestaciones y protestas • Controles a la policía y sanción a responsables
4
20
35
10
30
36
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) es un espacio compuesto por Organizaciones de la Sociedad Civil y personas defensoras del derecho humano a la libertad de expresión y la protesta social.
www. libertadyprotesta .org
4
Mural en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero | 2014 | por Queso Rayones
5|Introducción
A
NUESTRABÚSQUEDA
L as acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones, son derechos cuya expresión está siendo criminalizada cada vez con mayor intensidad. En México, a lo largo del sexenio 2012-2018, se presentaron o aprobaron leyes y reglamentaciones que pretenden, tanto a nivel federal como estatal, regular el espacio público y las expresiones de inconformidad social.
Con preocupación, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado y denunciado la forma en la que estas leyes y reglamentaciones buscan de manera reiterada limitar, inhibir y castigar el libre ejercicio de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la protesta, la reunión y la asociación pacífica.
Asimismo, se han documentado actos de represión y agresiones contra quienes se organizan y ocupan el espacio público para defender sus derechos; y muchos de los casos en los que se han cometido violaciones a derechos quedan en total impunidad.
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
6
AINTRODUCCIÓN
HISTORIA
E l Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social surge en abril de 2013 conformado originalmente por 8 organizaciones de la sociedad civil y una red de más de setenta organizaciones y personas preocupadas por un contexto en el que, por acción o por omisión, surgen violaciones a los derechos de las personas que se manifiestan.
A partir de la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto, el FLEPS y otras organizaciones y colectivos han observado que la respuesta del Estado ante la protesta social se caracterizó por su carácter represivo, criminalizante y estigmatizante, en medio de un contexto generalizado de crisis en derechos humanos. Por ello, las organizaciones y personas que conforman este Frente se han dedicado a labores de incidencia y documentación para erradicar esta situación.
En la Ciudad de México, los cambios en diciembre de 2014 de los titulares de la Secretaría de Gobierno (SG) y la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-CDMX) fueron determinantes para disminuir actos violentos durante manifestaciones y para abrir un diálogo más constante con la sociedad civil. Ejemplo de ello fue la aprobación del Protocolo de protección de personas en contexto de manifestaciones o reuniones, resultado de las mesas de trabajo entre el FLEPS, la SSP-CDMX, SG y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) en 2016. Por otro lado, la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución de la Ciudad de México, que incluye artículos favorables a la protesta social y libertad de expresión. En contraste, la discusión de dos protocolos adicionales por la SSP-CDMX, sobre detenciones y uso de la fuerza respectivamente, se realizó sin convocar o solicitar insumos de organizaciones de la sociedad civil.
Introducción 7|
Ciertamente, a nivel federal y en otros estados de la República, los desarrollos en la materia no ha sido tan positivos. En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que incumple estándares internacionales en la materia. Durante varias sesiones de marzo de 2017, la SCJN también discutió sobre los estándares de uso de la fuerza a partir de la impugnación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, resolviendo en sentido negativo a la protesta y avalando dicha normativa, la cual es ambigua y permite el uso discrecional de la fuerza pública en contra de manifestantes. Además, siguen pendientes en la Cámara de Diputados y en varios estados leyes que restringen o criminalizan la protesta social. Asimismo, ocurrieron hechos violentos en contextos de protesta que derivaron en lesiones y hasta muertes, como en el caso de la protesta del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca.
Los primeros meses de 2017 vieron un incremento en el número de protestas tanto en la Ciudad de México como en otras zonas no tradicionalmente reconocidas por sus manifestaciones sociales en el país, dadas en respuesta al Gasolinazo como parte de las medidas implementadas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto debido a la incertidumbre económica generada por la llegada al poder del Presidente Donald Trump en los Estados Unidos. En este contexto, el FLEPS pudo observar de nueva cuenta los esfuerzos del gobierno en articular una narrativa negativa en medios tradicionales de comunicación y redes sociales, buscando desacreditar en los ojos de la población el ejercicio legítimo de la libertad de asamblea pacífica y asociación.
Todo lo anterior demuestra que, si bien hay avances en la materia de promover el ejercicio del derecho a la asociación pacífica y libertad de expresión, también existen retrocesos, los cuales dependen en gran medida en la voluntad política de quienes ocupan altos cargos en instituciones clave.
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
8
SOBRE ELPRESENTE
DOCUMENTO
El presente documento busca hacer una síntesis significativa, más no abarcativa, del ejercicio y situación de los derechos a la libertad de expresión y la protesta social durante el sexenio 2012-2018 con información sobre los movimientos sociales, algunos casos de violaciones a estos derechos, caracterizaciones sobre el proceder de las instituciones y el monitoreo a las leyes que restringen su ejercicio. Asimismo, busca compartir reflexiones de cara al cambio de sexenio que nos permitan construir una nueva agenda para la garantía del derecho a la libertad de expresión y la protesta social.
Introducción 9|
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
10
Casa derrumbada en Xochicuautla por la construcción de carretera impuesta | 2016 | por Erika Lozano
11|Los rostros de la resistencia
B
1 |JÓVENES Y
ESTUDIANTES
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
12
Mar
cha
#an
tiEPN
| po
r Ar
chiv
o Más
de
131
BLOS ROSTROS DE LA RESISTENCIA
#YOSOY132El 11 de mayo de 2012, durante las campañas presidenciales, el entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, realizó un acto en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. En dicho acto, un grupo de jóvenes universitarios se manifestaron por los actos de represión contra pobladores de la comunidad de San Salvador Atenco en 2006, cuando Peña era gobernador del Estado de México.1 De este modo, inició el movimiento #YoSoy132 dentro de las universidades del país, cuestionando la legitimidad de las elecciones de 2012 que favorecieron al candidato priísta. La represión hacia este movimiento estudiantil se dio recién iniciado el sexenio, desde el día de toma de protesta el 1° de diciembre de 2012, en San Lázaro.
#POSMESALTO
Como reacción a la decisión del Gobierno de la Ciudad de México para incrementar la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) más importante, el Metro, surgió de manera espontánea un movimiento protagonizado por jóvenes que utilizó estrategias de desobediencia civil como protesta contra la nueva tarifa. Esa forma de protesta consistía en no pagar el boleto y pasar por arriba o por abajo de los torniquetes para ingresar a los andenes del metro. Además, se organizaron marchas que fueron encapsuladas y reprimidas por la policía de esta Ciudad.
1 “#YoSoy132: a 6 años del movimiento estudiantil que politizó a la generación ‘millennial’ en México”, RT, 2018, https://bit.ly/2Pax5ac
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Ante la aprobación del cambio de reglamento y de planes de estudio del IPN por parte de los consejeros, que reducían el perfil de las personas egresadas de esta institución a nivel “técnico”, los y las estudiantes decidieron organizar paros como forma de protesta. Posteriormente, en una asamblea decidieron generar una movilización a la Secretaría de Gobernación el día 30 de septiembre de 2014, exigiendo no sólo la cancelación de los cambios en los planes de estudio, sino la democratización del IPN, la destitución de la entonces directora de dicha universidad y el aumento al presupuesto federal destinado a la misma, entre otras demandas.
13|Los rostros de la resistencia
2 |MOVIMIENTO MAGISTERIAL
(REFORMA EDUCATIVA)
El caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue, durante la mayor parte del sexenio, objeto de graves violaciones a sus derechos en el marco de protestas sociales en distintos estados de la República, debido a su oposición a la llamada reforma educativa.
Este movimiento magisterial se movilizó exigiendo otro modelo de evaluación de la educación que fuera acorde a las necesidades de estudiantes y docentes de diversas partes del país, así como la garantía de sus derechos laborales y el cese a los actos punitivos por parte de la Secretaría de Educación Pública al negarse a la evaluación entonces impuesta.
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
14
Desa
lojo
mae
strx
s | 2
013
| por
Que
so R
ayon
es
3 | AYOTZINAPA
D espués de los lamentables hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en los que 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa fueron desaparecidos, 3 estudiantes ejecutados y 2 gravemente heridos, después de que tomaran autobuses en Iguala para realizar actividades de boteo para acudir a la manifestación conmemorativa del 2 de octubre en la CDMX, hechos en los que participó policía municipal, estatal, federal y el Ejército, así como miembros del crimen organizado; la solidaridad social con las familias de los estudiantes se volcó a las calles para exigir la presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos de manera forzada. El dolor por la ausencia de los estudiantes, visibilizó la crisis
de desapariciones que enfrenta el país y generó una de las más grandes movilizaciones, visible tanto en las calles (nacionales e internacionales), como en las redes y en expresiones artísticas. La presión social y las movilizaciones multitudinarias, llenas de solidaridad con las madres y los padres de los jóvenes, fue relevante para acompañar las demandas de esclarecimiento, como la llegada del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) y la problematización de la llamada “verdad histórica”. Tras 4 años, las movilizaciones en solidaridad con Ayotzinapa continúan. Algunas de las movilizaciones más grandes fueron también reprimidas en varias partes del país.
Los rostros de la resistencia | 15Mad
res
y pa
dres
de
los
43 |
2017
| po
r Que
so R
ayon
es
4 | FEMINISTAS
#MAREAVERDE
Los movimientos de mujeres y feministas realizaron protestas globales y regionales en apoyo a la iniciativa de ley para la despenalización del aborto en Argentina. Las protestas iniciaron entre la media sanción de la cámara de diputados y continuaron aún después de la votación en el senado argentino en agosto del 2018. Las protestas y la organización social se extendió globalmente manifestando la urgencia de despenalizar el aborto en los distintos contextos y países. A pesar que en la Ciudad de México desde hace 11 años las mujeres pueden interrumpir legalmente su embarazo, el derecho a decidir de las mujeres sigue siendo un tema pendiente en la agenda nacional.
24A (MAREA VIOLETA)
El 24 de abril del 2016 se realizó una movilización nacional ciudadana que se identificó con los hashtags #Vivasnosqueremos y #24A. El motor de este movimiento fue el recrudecimiento de la violencia de género y de los feminicidios a lo largo y ancho de todo el país, así como al aumento de la visibilidad del acoso escolar, laboral y sexual que las mujeres viven en México de manera sistemática. Esta movilización tuvo presencia en más de 42 ciudades con eventos simultáneos para exigir un alto a la violencia en contra de las mujeres en México. A raíz de esta movilización a nivel nacional, el feminismo se ha vuelto una lucha frente a la cual la sociedad y las instituciones mexicanas ya no pueden permanecer indiferentes o neutrales.El
Sex
enio
de
la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
16
24A
inte
rven
sión
en
EDOMEX
| 20
16 |
por Dr
oncita
5 | DEFENSA DELA TIERRA
A lo largo y ancho del país, se han dado movilizaciones sociales en defensa de la tierra y del territorio de comunidades indígenas y campesinas frente a diversos proyectos de inversión, los cuales han generado más de 300 conflictos en todo México.
Como ejemplo de estos movimientos, se encuentran Atenco, comunidad que ha luchado contra la construcción del Nuevo Aeropuerto de la CIudad de México y por justicia para las víctimas de la brutal represión dada en 2006; y las y los habitantes de la comunidad Xochicuautla,
quienes protestaron en contra de la expropiación de terrenos producto de una carretera de la constructora HIGA y fueron agredidos por agentes de la Policía Estatal para permitir la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
Los rostros de la resistencia | 17At
enco
en
mar
cha
2 de
oct
ubre
| 20
14 |
por Da
liri O
rope
za
6 | MEXICALIRESISTE2
E ste grupo de ciudadanas y ciudadanos de la ciudad fronteriza de Mexicali se organizaron en contra de la privatización del agua frente a la empresa cervecera Constellation Brands, y al Gasolinazo de 2017. Mexicali Resiste se identifica a sí mismo bajo estas palabras:
Durante la lucha hemos decidido alzar nuestras voces para modificar nuestro municipio y Estado, somos pueblo exigiendo una vida justa y digna para el pueblo.
2 https://bit.ly/2ADeu1e
Así, Mexicali Resiste se ha movilizado en varias ocasiones exigiendo a los gobiernos local y federal la protección y garantía del derecho al agua. En diversas ocasiones, la respuesta de las autoridades ha sido represiva y amedrentando a este grupo por medio de detenciones arbitrarias.
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
18
Prot
esta
por
la li
bera
ción
de
León
Fie
rro
| 201
8 | p
or M
exicali R
esiste
7 |MOVIMIENTO
POR NUESTROS DESAPARECIDOS
EN MÉXICO
En marzo de 2015 un conglomerado de alrededor de 35 colectivos conformados por familiares de personas víctimas de desaparición forzada, conformaron este movimiento a nivel nacional para exigir al Estado mexicano erradicar esta problemática a nivel local y federal, así como la aparición de sus seres queridos.
Actualmente, el movimiento lo conforman más de 70 colectivos, dedicados a la búsqueda en vida y directa de fosas clandestina, así como a las acciones de incidencia, enfocadas en su momento en la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.
19|Los rostros de la resistencia
Abra
zo d
e m
amás
| 10
.may
o.20
17 |
por Er
ika
Loza
no
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
20
Resistir la represión | 2018 | por Queso Rayones
21|Violaciones a derechos humanos en contextos de protesta y detenciones arbitrarias
C
Uno de los principales cometidos del FLEPS es la generación de información sobre los factores que propician el desarrollo de fenómenos violentos y violaciones de derechos humanos en contextos de manifestaciones. Lo anterior supone una realidad: la repetición de ciertos patrones, conductas o tendencias durante el sexenio 2012-2018 por parte de quienes violaron los derechos de los manifestantes, entre ellos, la policía, algunos funcionarios públicos y un número considerable de medios de comunicación. Así pues, desde el Frente Por la Libertad de Expresión y la Protesta Social consideramos que3 :
3 Véase FLEPS, Control del Espacio Público 3.0. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, s.e., Ciudad de México, 2015, p. 28.
1. la policía usó excesivamente la fuerza, detuvo arbitrariamente, criminalizó y estigmatizó a manifestantes, a periodistas, a medios de comunicación, a documentadores, e incurrió en la violencia de género, principalmente contra mujeres; 2. algunas autoridades estatales hicieron declaraciones negativas sobre las manifestaciones, descalificándolas y asociándolas a priori con desorden y violencia contrarias al estado de derecho, así como tachando a las y los manifestantes de vándalos y delincuentes;
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
22
CVIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS DE PROTESTA Y DETENCIONES ARBITRARIAS
3. algunos medios de comunicación descalificaron las
protestas sociales, invisibilizando sus movimientos y sus causas, pero a la vez
sobredimensionando ciertos hechos violentos que justificaron disoluciones
de las protestas o detenciones arbitrarias, generando discursos discriminatorios y clasistas, y provocando posiciones dicotómicas entre la sociedad que interactúa con la protesta y los grupos movilizados.
Encontramos casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta social durante el sexenio 2012-2018, motivo por el que presentaremos las características que nos llevaron a elegirlos como ejemplos paradigmáticos, e igualmente una descripción sucinta de tres de ellos, a saber: 1 de diciembre de 2012, 20 de noviembre de 2014 y 19 de junio de 2016. Iniciaremos, consiguientemente, con las características4 y después con los casos:
1. el número de participantes
2. las respuestas gubernamentales a través del uso de la fuerza, determinados patrones de detención y procesamiento de personas 3. la calificación de las manifestaciones y de los actos por parte de actores públicos y por el fuerte impacto en medios de comunicación.
4 Cfr. Ibid., Protesta social en la Ciudad de México, Ciudad de México, 2016, p. 31.
5 Cfr. Ibid., Control del Espacio Público 3.0…, p. 40.
6 Cfr. Ibid., Protesta social…, p. 37.
INICIO DEL SEXENIO 2012-2018
El 1 de diciembre de 2012, día que marcó el inicio de la administración federal y de la capitalina, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, se realizaron distintas movilizaciones en Guadalajara y en la Ciudad de México. ambas fueron reprimidas y resultaron múltiples personas detenidas de forma arbitraria, y a aquellas que resultaron consignadas en un primer momento se les imputó el delito de ataques a la paz pública.5 Ante lo sucedido, funcionarios de los gobiernos federal y de la Ciudad de México6:
1. negaron las evidencias de agresiones y de la represión desproporcionada de las fuerzas policíacas que la misma ciudadanía documentó; 2. afirmaron la presencia de grupos “infiltrados” que realizaron acciones “ilegítimas”, con lo cual justificaron el uso de la fuerza pública contra los manifestantes en general; 3. Insistieron en que el actuar de las fuerzas de seguridad se realizó dentro de lo establecido por las leyes y los protocolos pertinentes.
23|Violaciones a derechos humanos en contextos de protesta y detenciones arbitrarias
MOVILIZACIONES POR EL CASO AYOTZINAPA
El 20 de noviembre de 2014 se realizaron distintas movilizaciones que exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tanto en la capital del país como en numerosos estados de la República, entre ellos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Detuvieron a 11 personas en Ciudad de México,7 y la Procuraduría General de la República (PGR) justificó las mismas imputándoles a los inculpados los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio y delincuencia organizada.
Aunque los manifestantes fueron agredidos por las fuerzas policíacas, funcionarios públicos como Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Rodríguez Almeida:8
1. emitieron constantemente declaraciones negativas sobre las manifestaciones, adjudicándoles cargas negativas, asociándolas per se con desorden y violencia; 2. calificaron a los manifestantes como “vándalos”, “anarquistas”, “peligrosos”, “delincuentes”; 3. y legitimaron el uso de la fuerza pública apelando al carácter violento de los manifestantes y a los supuestos delitos graves de los acusados.
7 Cabe señalar que en los días posteriores detuvieron a más personas
8 Presidente de la República, Secretario de Gobernación y Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, respectivamente, los cuales aludieron a los hechos del 20 de noviembre de manera explícita o implícita. Véase Ibid., Protesta social…, p. 35ss.
9 LANZA, Edison, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Volumen II, CIDH, s.e., 2017, p. 274ss.
NOCHIXTLÁNEl 19 de junio de 2016 fue realizado un operativo policial conjunto de las Fuerzas Estatales y Federales en la autopista Oaxaca-México, en Nochixtlán, Oaxaca, con la finalidad de retirar un bloqueo de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes protestaban contra la reforma educativa planteada por el Gobierno Federal.9
La agresión por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes dejó un saldo de ocho muertos, siete desaparecidos, 24 personas detenidas y torturadas, por lo menos 137 personas (33 de ellos menores de edad) lesionadas por arma de fuego, balas de goma; con quemaduras, golpes, fracturas e intoxicaciones. Asimismo, el 5 de julio del mismo año la periodista Ana Espinosa Rosete fue golpeada por agentes de la Policía mientras cubría las manifestaciones de la CNTE.
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
24
CHALCHIHUAPANEl 9 de julio de 2014 perdió la vida el menor de 13 años, José Luis Tehuatlie, según el testimonio de su madre, como consecuencia de la intervención de la policía, quienes dispararon balas de goma y latas de gas lacrimógeno para dispersar la protesta que ocurría en la carretera de la comunidad de Chalchihuapan, Puebla. Además sufrieron daños físicos y psicológicos irreversibles al menos 5 manifestantes a causa de las agresiones. Las autoridades de Procuración de Justicia locales falsearon la versión sobre los hechos para responsabilizar a los manifestantes.10
DESALOJO DE LA CNTE DEL ZÓCALO CAPITALINOEl 13 de septiembre de 201311, fue una fecha que dio inicio a una generalizada represión contra las personas integrantes del movimiento magisterial. El desalojo violento del Zócalo de la Ciudad de México fue el inicio de constantes impedimentos para que las maestras y maestros de la CNTE ingresara a dicho lugar. Posteriormente, tuvimos registro de diversas agresiones durante los años 2014 y 2015, culminando con las graves violaciones a derechos humanos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 201612, donde Policías Federales atacaron a personas de la comunidad e integrantes de la Coordinadora.
10 FLEPS, Derechos Humanos y Protesta Social en México, México, 2014, p. 23.
11 “El viernes 13 de la CNTE: desalojo del Zócalo y enfrentamientos con la PF”, Animal Político, 2013, https://bit.ly/2BFyp1h
12 Redacción Animal Político, “Los enfrentamientos en Nochixtlán, Oaxaca, narrados con fotografías y videos”, Animal Político, 2016, https://bit.ly/2Si0a5l
13 “Ejército disparó contra civiles en Ostula, confirma la CNDH”, Proceso, 2016, https://bit.ly/2ELZeEt
OSTULAEl 15 de julio de 2015, se registró una agresión armada por parte de miembros del Ejército mexicano contra comuneros de Ostula, Michoacán, instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinaron que 15 soldados del 65 Batallón de Infantería dispararon contra la población civil y provocaron la muerte de un niño y lesiones en al menos 10 personas13.
La agresión se registró en el marco de una protesta de integrantes de comunidad de Ostula, Michoacán, dado que se pretendía detener a uno de sus integrantes, Semeí Verdía Zepeda. Se documentó la agresión directa de militares contra una comunidad indígenas que defiende sus bienes comunes, haciendo uso legítimo de la protesta social.
25|Violaciones a derechos humanos en contextos de protesta y detenciones arbitrarias
1 |ABUSO DELA FUERZA
AGRESIÓN A MUJERESAunado a los hechos ya descritos, el FLEPS ha documentado también agresiones diferenciadas por razones de género que implican agresiones sexuales tanto físicas como verbales. Es importante hacer mención de este tipo de agresiones en virtud de que la protesta no es ejercida en igualdad de condiciones por razones de género. Las mujeres, lesbianas, bisexuales, personas trans y personas que no se ajustan a las normas de género establecidas, enfrentan violencia y discriminación debido a las dinámicas sexistas, machistas y LGBTIfóbicas instaladas en la sociedad y en las autoridades, mismas que se replican en las agresiones de elementos policiacos contra personas manifestantes. Así, durante la represión del 20 de noviembre del 2014 Layda Negrete, realizadora del documental Presunto culpable, junto con sus compañeras, fueron agredidas de manera física por policías mientras éstos les gritaban “pinches putas ¿pero querían venir a marchar?”14 De manera similar, el día 20 de junio del 2016, hubo una concentración frente a la Representación del estado de Oaxaca, en la Ciudad de México. Tras este ejercicio de protesta, elementos de la policía capitalina detuvieron a 9 personas y, durante el traslado, hubo amenazas de violación a mujeres detenidas y tocamientos, además de violencia física.15
14 “‘A 4 mujeres nos golpearon de frente’ los policías: Productora de ‘Presunto Culpable’”, Aristegui Noticias, 2014, https://bit.ly/2E04l1W
15 “Comunicado de personas detenidas el 20/06/2016”, 2016, http://bit.ly/29261XV
16 “Criminalización de la ANUEE y la protesta social”, Contraínea, 2017, https://bit.ly/2PsPKTu
Asimismo, el día 14 de octubre de 2017, elementos de la policía municipal de Naucalpan detuvieron a integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), entre ellas a dos mujeres. Al detenerlas, a una de ellas la sacaron de su automóvil y arrastraron por el pavimento para luego ser inmovilizada contra el suelo por dos policías de sexo femenino, sentándose en sus piernas y golpeándola, mientras alrededor se encontraban otros agentes del sexo masculino indicándoles a aquéllas donde golpear para someter a la víctima, mofándose y vociferando insultos como: “¡Eres una puta!, ¡te lo sacaste por revoltosa!” A lo que siguió la puesta a disposición y posterior traslado al seguro social, porque no había un médico legista. Todo con una violencia brutal y un trato degradante.16
AGRESIÓN A MEDIOS Y DOCUMENTADORES
Según datos de la organización Reporteros Sin Fronteras, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Aunado a la situación generalizada de violaciones a los derechos de las y los periodistas y otras personas que documentan, se encuentra el hecho de que estas éstas también se encuentran vulnerables en contextos de protesta social.
• Marcha conmemorativa por el 2 de octubreEl 2 de octubre de 2013, 45° aniversario de la matanza de Tlatelolco, estuvo marcado por la agresión que defensores de derechos humanos sufrieron mientras realizaban labores de documentación a violaciones a derechos humanos, con el propósito de presentar quejas o denuncias. Los hechos ocurrieron cuando los observadores se percataron que
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
26
policías golpeaban a un joven,17 situación que documentaron inmediatamente, lo cual provocó las agresiones a defensores y a representantes de medios de comunicación por parte de elementos del cuerpo de granaderos.18 Varios periodistas sufrieron daños y robos de sus equipos de trabajo, algunos resultaron gravemente heridos y otros fueron detenidos ilegal y arbitrariamente, acusados mediante declaraciones falsas de los elementos policíacos y sujetos a procesos penales. Así pues, se documentaron 46 agresiones directas a comunicadores sociales (30 varones, 11 mujeres y cinco personas más). Asimismo, un periodista fue amenazado de muerte y atacado por la policía.19 Este mismo tipo de agresiones se han producido en protestas que han tenido lugar en otras fechas, como el 1 de septiembre de 2013, y no sólo en el Distrito Federal, también en distintos estados de la República, como el desalojo de la Plaza Lerdo de Tejada en el estado de Veracruz.20
17 Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
18 Véase Ibid., Control del Espacio Público 3.0…, p. 49; y también FLEPS, Audiencia Temática. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos Humanos y Protesta Social en México, s.e., México, D.F., 2014, p. 26.
19 Cfr. Ibid., FLEPS, Audiencia Temática. Comisión Interamericana…, p. 40.
20 FLEPS, Control del Espacio Público 3.0. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, s.e., Ciudad de México, 2015, p. 49.
21 FLEPS, Derechos Humanos y Protesta Social en México, México, 2014, p. 21.
22 Respecto a este delito, la SCJN resolvió diversos amparos en los que declaró la inconstitucionalidad del tipo penal.
23 El principio de taxatividad consiste en que “al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado.” Fragmento Amparo en revisión 448/2010. 13 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disi-dente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González
2 | CRIMINALIZACIÓN
ALGUNOS PROCESOS
PENALES INJUSTOS
E l sexenio de 2012-2018 se ha caracterizado por la criminalización durante las manifestaciones por medio del uso y aplicación de sanciones administrativas y delitos ad hoc que posibilitan la persecución penal de grupos y personas que protestan21, cosa que está directamente relacionada con las detenciones arbitrarias. En este sentido, se han aprovechado tipos penales que se caracterizan por su ambigüedad a nivel local y federal, tales como son los “ataques a la paz pública”, “sedición”, “ultrajes a la autoridad”22, y “terrorismo”, “ataques a las vías de comunicación” por mencionar algunos, cuya ambigüedad y amplitud de conductas que abarcan son contrarias al principio de taxatividad y mínima intervención del derecho penal.23 Asimismo, existen otras disposiciones que de manera indirecta mitigan el ejercicio del derecho a la protesta social, tal como es el delito, tipificado en
27|Violaciones a derechos humanos en contextos de protesta y detenciones arbitrarias
el artículo 185 del Código Penal Federal, de oposición a la ejecución de un trabajo público, el cual consideramos debe derogarse en vistas de que una de las principales causas de la movilización en el espacio público se relacionan con megaproyectos y la instalación no consultada e ilegal de infraestructura energética; de tal
modo que una protesta encaminada a oponerse a este tipo de acciones por parte del Estado es susceptible de ser fuertemente criminalizada.
A continuación, presentamos un par de casos ejemplificativos de estos hechos:
CASO DELITOSIMPUTADOS
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
ANUEE Naucalpan
Oposición a la ejecución de un trabajo público
El 19 de agosto de 2017, dos integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), movimiento social movilizado frente a los cobros indebidos de luz y por las tarifas justas, fueron detenidos al manifestarse contra trabajadores de la CFE que buscaban instalar infraestructura eléctrica en la colonia Minas Palacio en Naucalpan, Estado de Méxi-co, sin la consulta previa de las vecinas y vecinos y sin los permisos correspondientes. Con la imputación del delito, ambas personas fueron trasladadas al Penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. No fue sino hasta el 16 de octubre, dos meses después de la detención, que se dictó una sentencia favorable a ambas personas dictando un auto de no vinculación a proceso. Además, en la sentencia se reconoció que dicha imputación consistía en un acto de criminalización de la protesta social.1
Raymundo Sedición En el marco de las movilizaciones contra el gasolinazo a inicios del 2017, el día 5 de enero de dicho año hubo una protesta a las afueras del Palacio Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, para pedir al municipio apoyo para difundir la convocatoria de una asamblea. Ese mismo día, se giró una orden de aprehensión contra Raymundo Pascual por el delito de se-dición en agravio del Estado. La detención se dio de manera violenta, pues Raymundo fue agredido física y verbalmente durante su traslado la madrugada del 6 de enero, tras el cual fue vinculado a proceso por el delito ya mencionado. En julio del mismo año, se dictó sentencia a favor de Raymundo, desvinculándolo del proceso; sin embargo, fue hasta el mes de octubre que se canceló la orden de aprehensión en su contra.2
Mario Luna y Fernando Jiménez
Secuestro El 11 y el 23 de septiembre de 2014, Mario Luna y Fernando Jiménez fueron detenidos respectivamente por personas vestidas de civil y trasladados en un vehículo no oficial al Cereso de Hermosillo, Sonora. Mario es Autoridad Tradicional y Fernando vocero de la Tribu Yaqui en dicho estado. Unos días después, el 17 de septiembre, se emitió un auto de formal prisión por el delito de secuestro supuestamente cometido contra Francisco Romo, cuando los hechos a los que refiere la denuncia se trataron de una detención de acuerdo a la Ley Tradicional de la Tribu Yaqui. Las autoridades tradicionales y organizaciones internacionales reconocieron que su detención estuvo relacionada con la defensa del río Yaqui frente a la construcción del Acueducto Independencia.3
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
28
1 Causa 100/2017, Constancia de no vinculación a proceso. Respecto a este caso, véase también “Criminalización de la ANUEE y la protesta social”, Contraínea, 2017, https://bit.ly/2PsPKTu2 “Caso Raymundo Pascual, el poder judicial frente al delito de sedición”, Nexos, 2018, https://bit.ly/2K59N4n3 “La historia de Mario Luna, el vocero Yaqui detenido que lucha contra acueducto en Sonora”, Animal Político, 2014, https://bit.ly/2RWujHq
3 |LISTA DE CASOS
MONITOREADOS
A unados a estos casos ejemplificativos, el FLEPS ha documentado desde julio de 2015 hasta noviembre del 2018 un total de 175 casos de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta social; esto quiere decir que, en promedio, se dio un acto represivo a la semana a lo largo de estos dos años y medio. En este proceso de documentación se contempló toda acción por parte de autoridades locales, estatales y federales que faltaran a las obligaciones de proteger y respetar el ejercicio del derecho a la protesta social; asimismo, ésta se entendió en sentido amplio, considerando las diversas formas en las que exigencias sociales pueden ser expresadas de manera colectiva: marchas, plantones, caravanas, bloqueos a vialidades, volanteos, escraches, tomas simbólicas de instituciones, concentraciones, procesiones y huelgas.
Se identifica que el mayor número de actos de protesta donde se registran agresiones de parte de agentes del Estado se ubican en la Ciudad de México con 57 actos del total. Le siguen estados como, Oaxaca (17), Estado de México (17), Chiapas (11), Michoacán (14) y Baja California (11).
Conforme a la información recabada a través de notas de prensa y en algunos casos de información recibida directamente de las personas manifestantes, se identifican que las protestas realizadas durante este periodo, se centran en la exigencia de respeto y garantía de derechos, tales como Derechos laborales (36%), donde sobresalen las manifestaciones de las diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) debido a la reforma educativa; Tierra, territorio y bienes comunes (17.7%), manifestaciones relacionadas con la privatización de los bienes comunes, intromisión de empresas donde se obvia respetar la participación y
consulta de las personas, grupos y comunidades afectadas en sus territorios por estos megaproyectos; DESCA (28.5%), en su mayoría como consecuencia del impacto de las urbanizaciones que generan la escasez de agua, falta de vivienda digna o falta de garantías para acceder a la salud y seguridad social, así como el aumento a costos de servicios de transporte público; Derechos Civiles y Políticos/ Derecho a defender Derechos Humanos (13.1%), relacionadas con personas presas por causa de motivos políticos y situaciones donde se documentan violaciones a derechos humanos en el espacio público. El resto se distribuye con temas se relaciona con temas de género, diversidad sexual, derechos sexuales y derechos reproductivos.
Durante los actos de protesta, se identifica que los agentes del Estado involucrados en estas limitaciones y violaciones a los derechos a la libertad de expresión y protesta social, pertenecen a grupos militares, policías del ámbito federal y estatal, así como policía de tránsito y empresas privadas de seguridad.
En 6 casos se identificó la participación coordinada entre militares y policías civiles; mientras que agrupaciones de policías estatales en coordinación con la Policía Federal tuvieron participación en 17 casos; la Policía Federal actuó sola en 20 ocasiones; y la policía Estatal, también sola, 98 veces; el resto se distribuye en policías municipales, bancaria y privadas.
Los distintos actores de seguridad en todos los niveles de gobierno, que participaron en actos de limitación e impedimento, hicieron uso de diversas formas de agresión. Se documentó que hicieron uso de hostigamientos en 53 ocasiones; desalojos violentos en 30 casos; asimismo, se registraron detenciones arbitrarias durante 11 actos de protestas; disolución de manifestaciones en 24 ocasiones; identificamos en 14 casos el uso de la estrategia de policías denominada encapsulamiento. Asimismo, se documentaron 13 casos en los que se hizo uso de armas de fuego. También se registraron uso de gases lacrimógenos y uso de balas de goma.
El registro realizado por el FLEPS sirve para describir un panorama, entendiendo que los distintos actos violatorios de derechos en contextos de protesta se combinan.
29|Violaciones a derechos humanos en contextos de protesta y detenciones arbitrarias
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
30
Marcha #a50del68 | 2018 | por María f/Ruíz
31|
D - E
E l FLEPS documentó, que, de 2012 a 2018, se aprobaron distintas legislaciones relacionadas con la movilidad, el tránsito, la cultura cívica o el uso de la fuerza en
24 Las legislaciones son las siguientes:1. Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo.2. Ley de Movilidad para el Distrito Federal.3. Ley de Vialidad, Aguascalientes.4. Ley de Tránsito Territorial, Baja California Sur.5.Ley de Vialidad y Tránsito, Campeche.6. Ley de tránsito, Chihuahua.7. Ley que Regula el Uso de la Fuerza, Estado de México.8. Ley de Tránsito y Vialidad, Michoacán.9. Ley Uso de la Fuerza, Morelos.10. Ley de Tránsito y Movilidad, Oaxaca.11. Ley de Tránsito, San Luis Potosí.12. Ley de Tránsito, Tabasco.13. Reglamento de la Ley de Tránsito, Veracruz14. Reglamento de la Ley Tránsito, Yucatán.15., Ley de Transporte, Zacatecas.Además de dos legislaciones que fueron aprobadas y posteriormente abrogadas: el Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, publicada y posteriormente abrogada; y la Ley para Proteger los Derechos Hu-manos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, publicada y años después, abrogada.
15 entidades federativas24, en las cuales se encuentran disposiciones restrictivas del ejercicio de libertad de expresión y reunión en contextos de protesta social.
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
32
DLEGISLACIONES CONTRA LA PROTESTA
Dicha tendencia se incrementó principalmente durante el 2013 y 2014, año en el que el FLEPS documentó un incremento de protestas como rechazo a las políticas del sexenio de Enrique Peña Nieto, así como a nivel estatal, algunas quedando únicamente como iniciativas (se tiene documentadas 6 iniciativas locales y 2 federales en tan solo dicho periodo25). Lo anterior incluso fue retomado por la CIDH, que al referirse a la audiencia temática sobre “Derechos humanos y protesta social en México” de 2014, observó “una tendencia por parte de las autoridades por restringir este derecho [a la protesta] desde el 2012. Dicha tendencia se estaría presentando a través de iniciativas de leyes, algunas de ellas ya aprobadas, y normas federales y locales que presentan restricciones mediante la regulación del espacio público para manifestaciones sociales, la obligación de dar aviso a las autoridades con anticipación, el uso de un lenguaje ambiguo en dichas leyes, así como el uso del derecho penal para sancionarlas.”26
25 Iniciativa local: Iniciativa de Ley que Regula las Reuniones y Manifestaciones en Lugares Públicos del Estado de Jalisco, 14 de octubre de 2013, Iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí, presentada el 27 de marzo de 2014, Iniciativa de Ley de Tránsito y Seguridad Vial (Veracruz), Iniciativas presentadas en Oaxaca: Ley que re-gula las manifestaciones en lugares públicos en el estado de Oaxaca. Presentada el 27 de marzo del 2014, Iniciativa de ley para la regulación de manifestaciones públicas y protección de los derechos humanos de los ciudadanos en el estado de Oaxaca, presentada el 3 de abril del 2014, Iniciativa de Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, presentada el 26 de septiembre de 2014.Iniciativas federales: Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Expide la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, presentada por la senadora Mariana Gómez del Campo Garza del Partido Acción Nacional (PAN), noviembre de 2013; Iniciativa que Expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, Diputado Federal Jorge Sotomayor (PAN), octubre de 2013.
26 Informe Anual 2014. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, .OEA/Ser.L/V/II. Doc. 13,. 9 de marzo de 2015, párr. 753
En dichas legislaciones se observan las siguientes restricciones respecto al ejercicio de la protesta:
1. Obligación de dar aviso o solicitar autorización previa, sin considerar manifestaciones espontáneas
2. Restricción del espacio público estableciendo el uso de ciertas vialidades o espacios públicos restringidos para manifestarse, así como horarios permitidos para manifestarse
3. Conceptos que pre clasifican las manifestaciones, como “perfectamente lícitas” o “violentas”
4. Inadecuada regulación sobre armas letales y menos letales
5. Sanciones desproporcionadas o sin especificar (leyes incompletas) por contravenir las disposiciones anteriores e incluyendo para las personas organizadoras o convocantes de las protestas
6. Otorgan amplias facultades discrecionales para el uso de la fuerza, sin controles adecuados para privilegiar el ejercicio de derechos y la rendición de cuentas. Dichas facultades amplias e imprecisas permiten a las autoridades para tomar “medidas necesarias”, bajo criterios indeterminados como “tranquilidad” o “paz pública”.
33|Legislaciones contra la protesta
RECURSOS LEGALES CONTRA LEGISLACIONES
El FLEPS interpuso una serie de recursos de amparo en contra de legislaciones como la Ley de Movilidad para el Distrito Federal, la Ley sobre uso de la Fuerza en el estado de Puebla (Ley Bala) y la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo27, argumentando que su sola entrada en vigor generaba violaciones a los derechos de libertad de expresión y reunión al imponer restricciones desproporcionadas que inhiben su ejercicio. En el caso de la Ley de Movilidad, se logró que en diversos amparos se reconociera la inconstitucionalidad de la Ley28. Sin embargo, debido a las acciones de inconstitucionalidad presentadas tanto por la CNDH como por la CDHDF, finalmente la SCJN resolvió que la Ley de Movilidad es constitucional, pero únicamente si se realiza una interpretación conforme a los estándares internacionales, estableciendo que el aviso no debe implicar una restricción y se deben permitir manifestaciones espontáneas, y que no se habilita el uso de la fuerza que debe estar regulado en otra norma.29
27 Como parte del FLEPS, también emprendimos una estrategia jurídica respecto a la “Ley de para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla” y la “Ley de Ordena-miento Cívico del Estado de Quintana Roo”, las cuales también fueron aprobadas en el mismo año 2014 y a la par de la Ley de Movilidad del DF. Promovimos una serie a juicio de amparo, 11 en Puebla y 3 en Quintana Roo. en Puebla todos los juicios de amparo fueron sobreseídos, y en Quintana Roo, uno fue desechado, otro fue negado y el último fue sobreseído.
28 “Juzgados federales confirman que la Ley de Movilidad viola derechos humanos”, 2014, https://bit.ly/2RooAKv; “Poder Judicial de la Federación reafirma que la Ley de Movilidad es inconstitucional”, 2015, https://bit.ly/2Q43S5T; “Reconoce Juez que Ley de Movilidad favorece actos de criminalización de la protesta”, 2015, https://bit.ly/2DWoZ2G
29 “Suprema Corte pone en riesgo el derecho a la protesta social”, 2017, https://bit.ly/2U1DyHT
BUENA PRÁCTICA: EL PROTOCOLO DEACTUACIÓN POLICIAL DE LA SSPCDMX PARA
LA PROTECCIÓN A PERSONAS EN CONTEXTOSDE MANIFESTACIONES
En la Recomendación 7/2013, la CDHDF recomendó modificar el Protocolo de actuación para el control de multitudes que era utilizado por la policía en contextos de manifestaciones. El FLEPS participó en las mesas de trabajo que finalmente concluyeron con la aprobación del Protocolo de actuación policial de la SSPCDMX para la protección a personas en contextos de manifestaciones y reuniones, en el que se incorporó una perspectiva de derechos humanos y de protección a las personas que se manifiestan. Se incluyó una serie de restricciones al actuar de la policía (prohibiendo encapsulamientos y el uso indebido de cualquier arma, así como mandando evitar la disolución de manifestaciones, actuar en casos concretos protegiendo los derechos de las personas e incorporando una perspectiva de género y multicultural). También se incluyó un apartado sobre rendición de cuentas y acceso a la información, que permita, en casos de violaciones, contar con información suficiente para que los responsables rindan cuentas.
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
34
El sexenio 2012-2018 se ha caracterizado también por las connotaciones negativas que se han adjudicado a la protesta social y a las personas que la ejercen. La narrativa negativa sobre la protesta emerge principalmente de dos actores: funcionarios públicos y los medios de comunicación.
El discurso de agentes estatales buscó generar, particularmente a raíz de las movilizaciones dadas en 2013 y 2014, por el movimiento magisterial y la sociedad indignada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la polarización de la sociedad distinguiendo a “los buenos manifestantes” de grupos de “anarcos”, “inadaptados”, “infiltrados” o “vándalos” que supuestamente ocasionan los eventos de violencia en las movilizaciones. Señalar a estos supuestos grupos consistió en una estrategia por parte de los gobiernos locales y el federal para justificar la disolución de movilizaciones y las detenciones de supuestos manifestantes dadas de forma arbitraria, entre otros actos represivos o mitigantes de la protesta social. Por otro lado, esta narrativa se focalizó sobre ciertos movimientos, tal como es el caso de la CNTE y el movimiento magisterial, deslegitimando sus demandas debido a que “la reforma en materia educativa no tiene marcha atrás”, según palabras del entonces Secretario de Gobernación quien también dijo
30 FLEPS, Diagnóstico de Protesta Social en la Ciudad de México, México, 2016, pp. 33-34.
“la voluntad de las mayorías está por [sobre] las minorías, y en esto está, sin lugar a dudas, la Reforma Educativa… [Ésta] la esperábamos todos los mexicanos”.30
Los medios de comunicación masiva (radio y televisión principalmente) también abonan a la narrativa contra la protesta social. Los mensajes de los medios de comunicación suelen omitir las demandas de las movilizaciones, desinformar sobre el conflicto y enjuiciar las formas de protesta. Por ejemplo, una columna del DIario de Coahuila en 2016 acusó a la CNTE de ser un grupo de “falsos movimientos sociales” y de tener un “brazo criminal”. Además, es común encontrar que las noticias dadas por medios televisivos se enfocan en los “destrozos” que las y los manifestantes supuestamente generan en las calles. Esto es especialmente preocupante en México, ya que los mercados de telecomunicaciones y comunicación se encuentran concentrados por unos pocos empresarios, lo que limita la diversidad de opiniones. Además, la publicidad oficial y el derecho de rectificación y respuesta (art. 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) no se encuentran suficientemente regulados, lo cual deja a las personas manifestantes y líderes sociales con poco margen de acción para contrarrestar y responder los mensajes estigmatizantes contra la protesta.
35|Narrativa contra la protesta
ENARRATIVA CONTRA LA PROTESTA
36El
Sex
enio
de
la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
2015 | por Daliri Oropeza
Pendientes | 37
F
A lo largo de este informe, se puede constatar que la represión, la criminalización y la estigmatización de la protesta social llevan consigo violaciones no sólo a los derechos a la libertad de expresión, asociación y tránsito, sino a otros derechos fundamentales como la vida, la integridad, la seguridad jurídica y la libertad, entre otros. Por ello, consideramos que la respuesta del Estado mexicano a la situación actual del derecho a la protesta social debe encaminarse a proteger, respetar y garantizar su ejercicio, así como en asegurar la no repetición y la reparación de violaciones a este derecho clave para la construcción de una sociedad democrática. En este sentido, vemos urgentes las siguientes tareas:
1 |RECONOCER LA PROTESTA
COMO UN DERECHO Y COMO UN MECANISMO
DE PARTICIPACIÓNLa protesta social es un derecho humano contenido en los diferentes tratados de derechos humanos. No es “un problema de orden público” o de “seguridad pública”, por lo que deberá realizarse una caracterización positiva de la protesta como un mecanismo de exigibilidad de derechos humanos, así como de participación social y política. En ese sentido, debe transitarse a un modelo de seguridad ciudadana que proteja y garantice el ejercicio
de la protesta. Igualmente, debiera existir protocolos de concertación que permitan la interlocución de las personas que hacen uso de la protesta social con las autoridades correspondientes, de tal manera que se facilite la resolución de los conflictos y de las demandas hacia el gobierno. De la misma manera, vemos importante la creación de protocolos de comunicación social que generen narrativas positivas de la protesta para la apertura del debate público a la sociedad en general respecto a las demandas de las personas que se movilizan en el país.
2 |DEROGAR TIPOS PENALES
Con el fin de erradicar la criminalización directa de la protesta, consideramos imperativo derogar aquellos tipos penales a partir de los cuales se realiza un uso desviado e ilegítimo del derecho para imputar y procesar a personas manifestantes; tales como son “ultrajes a la autoridad”, “ataques a la paz pública”, “resistencia de particulares”, “sedición”, “sabotaje” o similares. Este criterio debe utilizarse también en el caso del delito de “oposición a la ejecución de un trabajo publicación”, el cual ha servido en la práctica para judicializar a personas que manifiestan de manera pacífica su rechazo a proyectos realizados sin el consentimiento de las comunidades. El derogar estos delitos permite transitar a un modelo de seguridad ciudadana.
El S
exen
io d
e la R
esiste
ncia
: inf
orm
e so
bre
la p
rote
sta
social
y la
res
pues
ta e
stat
al 2
012-
2018
38
FPENDIENTES
3 | LEGISLACIONES QUE PARTAN DE LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN MANIFESTACIONES Y PROTESTASLa regulación del uso de la fuerza debe estar encaminada a proteger a las personas en contextos de protesta, de tal modo que se sigan los estándares internacionales pertinentes: evitar el uso de la fuerza letal, utilizar la fuerza como último recurso, etc. En este sentido, deben evitarse y, en caso de ya existir, derogarse aquellas leyes que habilitan a las autoridades a utilizar la fuerza pública de manera arbitraria e indiscriminada. Asimismo, debe plantearse una estrategia de seguridad ciudadana a nivel nacional, de tal manera que se impida el riesgo de que integrantes de las Fuerzas Armadas intervengan en contextos de protesta. Las organizaciones del FLEPS hemos documentado que su presencia en dichos contextos genera violaciones a derechos humanos y mitiga el ejercicio pleno de la protesta social, además de que el ejército no está facultado para realizar tareas de seguridad pública durante movilizaciones.
31 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Handbook on police accountability, oversight and integrity, pág. 58. http://bit.ly/2dLMXD9
4 | CONTROLES A LA POLICÍA Y SANCIÓN A RESPONSABLES Cumplir con las obligaciones de prevenir, investigar (tanto en el ámbito administrativo como penal), sancionar y reparar violaciones a derechos humanos cometidas con motivo o en contexto de una protesta social. Esto amerita que deben realizarse investigaciones imparciales, serias, exhaustivas, diligentes y eficientes, tomando como base las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, sin desacreditaciones o estigmatizaciones, con el objeto de esclarecer los hechos y sancionar a quienes sean responsables. las responsabilidades deben extenderse a las y los servidores públicos que se encuentren al mando y no hayan desempeñado su función adecuadamente, así como a las y los oficiales al mando cuando no hayan ejercido un mando y control efectivos.
Crear controles adecuados para la supervisión de la policía, incluyendo una entidad externa de supervisión, considerando las características mencionadas por la ONU31, y que cuente con facultades para recibir quejas, realizar investigaciones, obtener acceso a la información en poder de la institución policial y de órganos internos de control de ésta, recibir testimonios, recomendar acciones disciplinarias y penales, formular recomendaciones estructurales para mejorar el desempeño de la institución y hacer públicos sus hallazgos y recomendaciones y el seguimiento que realice a las mismas.
39|Pendientes
EL SEXENIO DE LA RESISTENCIA:
INFORME SOBRE LA PROTESTA SOCIAL
Y LA RESPUESTA ESTATAL 2012-2018
Edición | 1ra, diciembre de 2018, Ciudad de México, México
Investigación y redacción | Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
Organizaciones | ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.; Centro de Derechos Huma-nos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.; Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Espacio Libre e Independiente Marabun-ta A.C.; Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
Diseño editorial | Queso Rayones
Fotografías | Daliri Oropeza, Droncita, Erika Lozano, María f/Ruíz, Archivo Más de 131, Queso Rayones
Con el apoyo financiero de | Open Society Foundations
La presente obra se respalda en una licencia de Creative Commons, Reconocimiento-No Comercial, México.
w w w . l i b e r t a d y p r o t e s t a . o r g
